Este viernes, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia del Gobierno de Venado Tuerto a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria y de Inspección General, clausuró una carnicería que funcionaba sin habilitación y en condiciones de higiene inadecuadas en una vivienda particular ubicada en Catamarca 1225.

Según precisaron desde el área, el procedimiento se activó luego de reiteradas denuncias anónimas de vecinos que advertían la comercialización de carne desde el interior de la casa. Durante la inspección se detectó el ingreso de un camión habilitado para transporte de carnes, lo que permitió confirmar la actividad comercial.

“Recibíamos reclamos de vecinos que indicaban que en esa casa se vendía carne sin condiciones de higiene; en la mañana del viernes último se constató la presencia de un camión y se convocó a la guardia de los Pumas para avanzar con la inspección”, señaló la titular del área de Control y Convivencia, Silvia Rocha.

La propietaria, a raíz de la intervención de la brigada de Los Pumas, permitió el acceso voluntario y el personal municipal constató elementos de comercialización (conservadora, herramientas de corte), presencia de carne lista para la venta y tickets de compras mayoristas. La mercadería estaba almacenada en freezers y heladeras domésticas sin medidas de higiene y seguridad alimentaria. En total se decomisaron 123 kilos de productos cárnicos: 35 kilos de vaca, 62 kilos de cerdo, 2,2 kilos de chorizos, 21 kilos de milanesas y cortes de pollo.

El área municipal también confirmó que la propietaria presentaba antecedentes por la misma actividad: años atrás se habían labrado múltiples actas y clausurado una carnicería sin habilitación en Santa Fe y Marconi. “En esta oportunidad la actividad se trasladó a su vivienda particular”, remarcó Rocha.

Además de las faltas vinculadas al comercio clandestino, se constataron severas deficiencias sanitarias: fuerte olor a carne en mal estado y condiciones de trabajo inapropiadas, presencia de plagas y de animales domésticos en el lugar como herramientas de corte y picado de carne con falta de higiene. La intervención se profundizó a partir de denuncias vecinales que incluían capturas de publicaciones promocionando ventas por redes sociales.

En relación con los reclamos previos, desde el Gobierno local recordaron que la misma vivienda había recibido denuncias por desborde cloacal hacia la vía pública, lo que había motivado actuaciones anteriores. “Este tipo de procedimientos forman parte del trabajo cotidiano para ordenar la ciudad, cuidar la salud de los vecinos y garantizar reglas claras en el comercio. Cuando detectamos actividad comercial sin habilitación y sin condiciones, actuamos. Es una cuestión de convivencia y de salud pública. Y frente a las denuncias de vecinos, la respuesta tiene que ser firme”, señaló Rocha.

Vale señalar que, como ocurre en estos procedimientos, la mercadería fue decomisada y desnaturalizada debido a que no se encontraba apta para el consumo humano ni animal. En estos casos el producto recibe un tratamiento específico para su descarte y destino final, evitando cualquier tipo de aprovechamiento posterior.

La Fiscal General, María Cecilia Vranicich, mantuvo un encuentro de intercambio con una delegación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). La reunión se llevó a cabo ayer en la sede Rosario de la Fiscalía General.

En representación del organismo nacional, participaron los comisionados Gustavo Palmieri y Kevin Nielsen y el integrante de la Dirección de Litigio, Juan Cardozo.

En tanto, por parte del MPA, Vranicich estuvo acompañada por el Secretario de Política Criminal y Derechos Humanos, Gustavo González, y el funcionario de la Fiscalía General, Mauro Trucco.

La reunión fue solicitada por la CNPT, a raíz del informe final de la visita de inspección que ese organismo de control realizó en abril del año pasado a unidades penitenciarias de la provincia de Santa Fe.

Luego del encuentro, la Fiscal General valoró que “la delegación de la CNPT propuso abordar cuestiones advertidas en la inspección y articular acciones para la implementación de recomendaciones para prevenir actos de tortura en perjuicio de personas privadas de su libertad”.

A su vez, Vranicich destacó que “en la reunión también se abordaron diversos temas como los establecimientos penitenciarios en los que hay detenidos de alto perfil y el proceso de implementación de la ley de desfederalización de microtráfico en la provincia de Santa Fe”.

Finalmente, los comisionados fueron recibidos por el Fiscal Regional Interventor de Rosario, Matías Merlo.

En la madrugada de este sábado, efectivos de la Sección Seguridad Vial Venado Tuerto, dependiente del Escuadrón 46 “Rosario – Victoria”, fueron alertados por personal de la fuerza que se encontraba en el kilómetro 381 de la Ruta Nacional N° 8, acerca de un transporte de carga que había evadido el control de pesaje de Vialidad Nacional.

Ante este hecho, una patrulla de gendarmes se desplazó hacia el lugar y logró ubicar el rodado a la altura de la Ruta Nacional N° 33 y calle Lisandro de la Torre de Venado Tuerto.

Al momento de efectuar el control pertinente del vehículo, los uniformados detectaron que transportaba 31.000 kilos de soja, sin la documentación que avale su legal traslado.

Asimismo, con apoyo del Equipo de Investigación de Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Venado Tuerto, y con intervención de AFIP-DGI Delegación Rosario, constataron que el camión no contaba con la Carta de Porte Electrónica necesaria para transportar granos.

Los gendarmes anoticiaron sobre el hecho al Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, que dispusieron la interdicción del rodado y de la carga, como así también que se labren las actuaciones correspondientes en presencia de testigos, en el marco la Resolución N° 2.556, Disposición N°1.173, 03/09 de AFIP-DGI e infracción a la Ley 24.653.

La jueza María Eugenia Capuchetti se trasladó esta mañana a la puerta del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, para realizar una inspección en el lugar donde anoche ocurrió el ataque contra la Vicepresidenta. 

La magistrada concurrió al domicilio ubicado en el barrio porteño de Recoleta acompañada por el fiscal Carlos Rívolo. 

En el lugar, estuvieron unos pocos minutos, donde se les informó del lugar exacto donde fue el atentado y los movimientos que realizó el hombre que gatilló a la Vicepresidenta. 

Se trata de Fernando André Sabag Montiel, un ciudadano brasileño de 35 años que fue apresado esta noche en la puerta de la casa de la vicepresidenta, en el barrio de Recoleta. 

El hombre quedó detenido, a disposición de la jueza federal número 5 María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rívolo. 

Los investigadores explicaron que el arma utilizada en el atentado fue una pistola marca Bersa calibre .32 apta para el disparo y con al menos cinco balas en su cargador. 

Durante la mañana de hoy personal de la Unidad Regional VIII de Policía llevó a cabo inspecciones y control de actividades en más de una docena de talleres de motos en Venado Tuerto, de conformidad a lo normado en el Art. 10 Inc. d, de la LOP N° 7395/75.

“El objetivo es totalmente preventivo y apunta a desalentar la sustracción de motos y motocicletas en la ciudad y la circulación de motopartes ilegales en esos locales. Es por eso que en esta oportunidad no solo se realizaron los controles sobre procedencia de distintas piezas de autos y motos en los establecimientos habilitados sino que ampliamos la inspección a los pequeños talleres que funcionan en garajes o no están registrados comercialmente”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad.

Tal lo planteado oportunamente por el Ministro de Seguridad, Jorge Lagna, las fuerzas de seguridad trabajan firmemente en desbaratar el robo y comercio ilegal de motos en Venado, para continuar en días posteriores en localidades de la región.

La actividad se desarrolló con conocimiento de la Fiscalía Regional y fue coordinada por el sub jefe de la URVIII, Sergio Romero, con presencia del delegado ministerial Hernán Porta. En la oportunidad se contó con la participación de Agrupación Cuerpos, Agencia de Investigación Criminal, Policía Rural y Gendarmería Nacional, Comisarías 12 y 2da, además de la Guardia Urbana Municipal.