Enero de 2026 arrancará con una serie de aumentos confirmados. Los ajustes alcanzan a rubros sensibles como los alquileres, la medicina prepaga, los combustibles, los servicios de telecomunicaciones y las tarifas de gas y electricidad.

Se trata de subas que, en su mayoría, ya fueron comunicadas por las empresas o se desprenden de esquemas de actualización vigentes.

El escenario se da en un contexto en el que la inflación continúa marcando el ritmo de la economía, con incrementos mensuales más moderados que en años anteriores, pero aún con efectos acumulativos sobre el poder adquisitivo.

Incrementos mensuales con efectos sobre el poder adquisitivo.

Uno de los aumentos más significativos de enero será el de los alquileres para aquellos contratos que todavía se rigen por la derogada Ley de Alquileres. En estos casos, la actualización se realiza de manera anual a través del Índice de Contratos de Locación (ICL), que combina inflación y evolución salarial.

Para enero de 2026, el ICL marca un incremento del 36,39%, lo que implica un ajuste considerable para los inquilinos que deban renovar el valor mensual de su contrato. Si bien el porcentaje representa una desaceleración respecto de los picos registrados en años anteriores, sigue siendo una suba de peso en el ingreso familiar, especialmente en un contexto de gastos crecientes en otros rubros.

Otro rubro clave es el de la medicina prepaga.

En paralelo, los contratos firmados bajo el nuevo esquema, posterior a la derogación de la ley, se actualizan según lo pactado entre las partes, con ajustes trimestrales o cuatrimestrales, generalmente atados a la inflación. En estos casos, los incrementos suelen ser menores en términos porcentuales, pero más frecuentes.

Otro rubro clave es el de la medicina prepaga. Las principales empresas del sector ya notificaron a sus afiliados aumentos en las cuotas a partir de enero, con subas que en la mayoría de los casos se ubican por debajo del 3%, aunque con variaciones según el plan y la empresa.

Además del valor de la cuota mensual, algunas compañías aplicarán ajustes en copagos y coseguros. Si bien se trata de incrementos más moderados que los registrados en años anteriores, el gasto en salud privada sigue siendo uno de los más sensibles para las familias, en especial para jubilados y trabajadores independientes.

Actualización de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC).

A los aumentos en alquileres y salud se suman los ajustes previstos en combustibles. Desde el 1° de enero está prevista la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), correspondientes a tramos que habían sido postergados durante 2024 y 2025.

La aplicación de estos impuestos impacta de manera directa en el precio final de la nafta y el gasoil en surtidor. Si bien el Gobierno nacional mantiene la facultad de postergar o escalonar estos aumentos, el esquema vigente contempla su entrada en vigencia durante enero, lo que agrega presión sobre los costos de movilidad y logística.

En cuanto a los servicios públicos, también se esperan ajustes en las tarifas de gas y electricidad. El Ejecutivo nacional oficializó aumentos en el precio mayorista del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un componente central de la factura final que pagan los usuarios.

Estos incrementos se trasladarán a las boletas residenciales una vez que se publiquen los nuevos cuadros tarifarios, en el marco del esquema de segmentación de subsidios que continuará vigente durante 2026. En el caso de la electricidad, se prevé un proceso similar, con actualizaciones graduales que buscan reducir el peso de los subsidios en las cuentas públicas.

Otro rubro que tendrá aumentos en enero es el de telecomunicaciones. Las empresas de telefonía móvil, internet y televisión por cable comenzaron a informar a sus clientes subas que oscilan entre el 3% y el 4,5%, según el servicio contratado. Estos ajustes suelen aplicarse de manera mensual o bimestral y forman parte de la política de actualización permanente del sector.

Natalia Sarramone

La organización Inquilinos Agrupados creó la Canasta Inquilina para reflejar cuánto dinero necesita una persona o familia que alquila para no ser pobre. La Canasta Básica del Indec no tiene en cuenta los gastos de alquiler y expensas, pero en Argentina, según el último censo, el 21 % de las personas no son propietarias (número que asciende al 36 % en CABA).

La Canasta Inquilina se realizó con base en la Canasta Básica Total que hizo el Indec para junio 2024 y la Encuesta Nacional Inquilina que realiza la agrupación. Los resultados fueron que una persona adulta que alquila necesita $649.556 por mes para no ser pobre; una pareja, $1.052.947; y una familia de cuatro integrantes, $1.507.276.

Inquilinos Agrupados se encarga de recolectar información acerca de los precios de los alquileres en todo el país, la letra chica de las leyes y las distintas situaciones de injusticia. La diferencia con la Canasta Inquilina que realiza el Indec es muy alta, ya que los alquileres suelen representar un porcentaje elevado del sueldo de un inquilino. Mientras una persona adulta que no alquila necesitaría en junio $282.579 para no ser pobre, una que alquila precisa más del doble.

“Lanzamos la #CanastaInquilina porque somos 10 millones de inquilinos/as que pagamos alquileres que representan el gasto más importante del hogar, mientras el INDEC lo invisibiliza para que no se le dispare el % de pobreza“, escribió la organización en su cuenta de X.

Entre otros datos que publica la agrupación, hace unos días resaltó los aumentos de junio que publicó el Indec: la inflación general se marcó en un 4,6 %, pero los alquileres, servicios y combustibles aumentaron un 14,3 % solo en un mes.

A finales del año pasado, el decreto 70/2023 del Gobierno de Javier Milei modificó la última Ley de Alquileres y cambiaron las reglas para todos los contratos que se firman a partir del 29 de diciembre de 2023. Entre los ítems más importantes, se eliminaron los plazos mínimos de contrato, se puede actualizar el precio con la frecuencia y el índice que quiera el dueño, y se puede alquilar en cualquier moneda.

En la última Ley de Alquileres, el plazo del contrato era de tres años y el valor se actualizaba cada un año por inflación. En la Ley anterior a esta, el plazo era de dos años y los aumentos eran cada seis meses, fijados previamente en el contrato.

El proyecto de Rubén Giustiniani y Agustina Donnet elimina el impuesto al sello en los alquileres con destino a vivienda, por lo que será más barato concretar un contrato de alquiler. Es una es una herramienta que busca atender a la economía doméstica, en un contexto de crisis social y económica, con exorbitantes incrementos en los alquileres.

En un alquiler promedio, el inquilino se ahorraría una suma de dinero importante al momento de celebrar el contrato, disminuyendo los altos costos de la mudanza que tanto dificultan acceder a un alquiler.

Giustiniani señaló: "Las profundas desigualdades en el acceso a un hábitat digno, necesitan de una respuesta concreta a quienes necesitan acceder a una vivienda a través de un alquiler.

Esta iniciativa es una herramienta para atender a la economía doméstica en un contexto de crisis social y económica, donde alquilar es cada vez más difícil".

“Estamos dando una respuesta concreta a quienes necesitan acceder a una vivienda a través de un alquiler, para disminuir los costos de la mudanza”, sostuvo Giustiniani.

Alquilar una casa en Venado Tuerto sigue siendo una verdadera odisea. Con una demanda altísima y una oferta cada vez más acotada, el panorama del sector es crítico, al punto que aseguran que, en Venado Tuerto, por cada casa que se deshabita hay, en promedio, 40 familias interesadas.

Desde el sector inmobiliario vienen advirtiendo hace tiempo sobre los perjuicios de la nueva Ley de Alquileres y lo poco favorable que resulta tanto para inquilinos como para propietarios, poniendo el foco en dos puntos clave de la normativa: la imposibilidad de celebrar contratos de menos de tres años (solicitan la reducción del plazo legal mínimo de un nuevo contrato de locación a dos años) y achicar el período de actualización de los cánones locativos a un mínimo de cuatro meses.

Esta vez, el reclamo fue escuchado y el próximo 23 de agosto se llevará a cabo el debate en la Cámara Diputados de la Nación.

Rosario: los alquileres cuestan el doble que hace un año atrás

Otra de las variables que atenta contra el mercado de alquileres es la alta inflación de Argentina y de la que Venado Tuerto no escapa. Los índices de incremento interanual de suba en los costos de locación para contratos vigentes superan el ciento por ciento, todo esto agravado con el vencimiento de los primeros contratos de alquiler celebrados bajo la nueva normativa, donde muchos de los dueños de las propiedades están optando por fuertes subas en el canon para no perder, ya que la polinómica tampoco arroja el precio real que deberían cobrar por la locación, teniendo en cuenta el avance en los precios de compra y venta de los inmuebles. De hecho, muchos de ellos optan por retirar las casas del mercado y, en muchos casos, la figura del alquiler por día o temporario logró satisfacer las necesidades de muchos propietarios, pero no así de las familias que necesitan alquilar.

En diálogo con Sur24, Eduardo Di Nardo, delegado del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, sede Rosario región sureste, que es la que comprende al departamento General López (Cocir), sostuvo que “el mercado locativo en la ciudad está con gran dificultad para satisfacer la demanda, que es casi nula; por cada propiedad que se desocupa, hay 40 familias que necesitan ese mismo inmueble”.

Además, el directivo reflejó que lo más solicitado son casas de uno o dos dormitorios para familias, y lo que más se construye son departamentos de un dormitorio”, presagiando que, por ese motivo, “la demanda persistirá por mucho tiempo “.

Seguidamente, el corredor inmobiliario expuso sobre la nueva Ley de Alquileres, que, según su testimonio, “perjudicó a todas las partes por igual. Propietarios que reciben el canon locativo por un año al mismo valor, inquilinos que por esa razón no encuentran inmuebles para alquilar, y profesionales del sector que no pueden satisfacer las demandas”. Y añadió: “En un país con índices de inflación alarmantes, es inviable alquilar en esas condiciones”.

Alquileres por las nubes: aumentarán casi 110% en agosto

Di Nardo informo que el Cocir “ha expresado en reiteradas oportunidades a los dirigentes la necesidad imperiosa de modificar, al menos, dos artículos claves para la modificación de esta ley. Uno de ellos es el plazo de tres años, y el segundo es el índice de actualización”.

Por otra parte, destacó que “el Colegio ha llevado propuestas, como la utilización de algunos impuestos, para volcarlos a la construcción de viviendas para locación por períodos establecidos de 10 años”, deseando que “los legisladores tomen esta solicitud con premura. A las familias argentinas, además de todos los problemas, ahora se le suma la incertidumbre de no saber dónde podrán realizar su vida”.

El vencimiento de los primeros contratos celebrados bajo la reglamentación de la flamante Ley de Alquileres, puesta en marcha hace tres años, está agrandando la brecha entre inquilinos y propiedades, ya que aumenta la demanda y cada vez se retiran más inmuebles del mercado y, los que quedan sufren aumentos inviables para las familias interesadas.

“En este momento (fines de julio) se están venciendo los primeros contratos de locación desde el inicio de la ley en medio de la pandemia, en el 2020”, expuso el corredor inmobiliario venadense, analizando que “es por eso que la demanda es inmensa y el retiro de las propiedades en locación también lo es. La mayoría de los propietarios opta por acordar prórrogas de seis o 12 meses y ajustando fuertemente los valores para no volver a perder”.

Según los datos recabados del sector inmobiliario local, el índice de julio para los contratos vigentes arroja un incremento del 109,4 % interanual, “es decir que si pagaban 50 mil por el departamento, pagarán ahora 110 mil”, destacó Di Nardo, aunque también subrayó que esos valores aún así están “muy por debajo de los precios reales de mercado”.

Los valores en Venado Tuerto, para departamento de un dormitorio, oscilan “desde $35 mil a $55 mil; de dos dormitorios, desde $70 mil a $120 mil y de tres dormitorios, desde $120 mil a $220 mil”.

El Gobierno nacional estudia suspender la Ley de Alquileres

La compra y venta de inmuebles no escapa a la preocupante realidad que atraviesa el mercado de alquileres en Venado Tuerto.

Según los especialistas, las tasaciones de casas están cayendo abruptamente en cuanto a su valor en dólares.

“En el caso de ventas, las propiedades, según las estadísticas que los matriculados relevamos en operaciones que utilizamos para las tasaciones, han bajado entre un 35 y 45 por ciento de su valor en dólares”, admitió. “Hemos visto que propiedades que se ofrecían hace cuatro años en 340 mil dólares, han sido vendidas en 200 mil; la caída no tiene piso, al menos hasta después de las elecciones”.

Ante esta situación, que preocupa de sobremanera tanto a los dueños de inmuebles, como a los protagonistas del mercado inmobiliario, es que recomiendan a los propietarios que “siempre deben contratar un corredor matriculado para realizar una tasación. A veces, esperar un precio muy lindo, pero irreal, puede hacerles perder su capital”, recomendó Di Nardo, advirtiendo además que “sólo los matriculados del Colegio tenemos la información y preparación necesarias para tasar un inmueble o intervenir en operaciones de locación y compraventa de inmuebles”.

Alquilar en Venado Tuerto: poca oferta y precios por las nubes

En septiembre, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, con sede Rosario, tendrá elecciones y se presentarán dos listas en la puja por la conducción del próximo período.

En este sentido, Di Nardo puso de relieve la importancia de “la cantidad de personas que se han acercado a trabajar para una y otra lista”, deseando que sea un proceso virtuoso donde se consigan más beneficios de los ya obtenidos.

Entre las bondades del Colegio, el delegado venadense expuso que la organización cuenta con “asesoría contable, jurídica y notarial para los matriculados, sin cargo. Además, tiene un portal propio donde los matriculados pueden publicar y compartir los inmuebles; también tenemos un centro de mediación donde se preparan los especialistas para resolver conflictos sin vía judicial, y últimamente se consiguió con la UNR la diplomatura gratuita de Licenciatura en corretaje inmobiliario”.

Por último, el matriculado reflexionó: “Hemos recorrido un largo camino en estos 12 años de la sanción de la ley que nos contiene y estamos cada vez más orgullosos de nuestro Colegio y nuestra profesión”.

El presidente de la Asociación en Defensa de Inquilinos, José Griselli, aseguró este miércoles que su sector y el de propietarios lograron llegar a un acuerdo “en varios puntos” para descomprimir lo que definió como una “caótica situación” generada en el mercado debido a “la escasez de oferta” producto de la implementación de la nueva Ley de Alquileres.

“Nos pusimos de acuerdo inquilinos y propietarios en varios puntos. Nuestro proyecto es superador, no está radicalizado, y ambas partes cedimos con miras a que se descomprima esta situación tan caótica que se ha generado con la escasez de oferta”, dijo Griselli en declaraciones formuladas a FM Milenium.

Griselli aseguró que existen “buenas proyecciones” en cuanto a los efectos del nuevo esquema normativo, a la vez que cuestionó el “sentido de la oportunidad” para sancionar la ley vigente, que a su juicio tiene dos puntos muy sensibles: el plazo mínimo legal y la aplicación del Índice para Contratos de Locación (ICL)

“Entiendo que veníamos con muchas restricciones en el 2020 pero la sanción de la ley no generó seguridad jurídica para nadie”, consideró el referente de la Asociación en Defensa de Inquilinos.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados inició este martes el tratamiento de los proyectos que buscan modificar la Ley de Alquileres, en una reunión en la que se designaron las autoridades de ese cuerpo asesor y en la que se estableció un cronograma de trabajo que contempla la emisión de un dictamen entre el 26 y el 27 de abril.

La próxima reunión de la comisión será el martes próximo, bajo la modalidad remota, entre las 13 y las 17, con la participación de especialistas que expondrán sus puntos de vista sobre la actual normativa.

En tanto, la semana siguiente, el martes 19 y el miércoles 20 de abril, los diputados recibirán a invitados en forma presencial.

De acuerdo con el cronograma acordado, el martes 26 y el miércoles 27 los legisladores se reunirán en forma presencial para abocarse a la discusión interna de las iniciativas, y buscar emitir un dictamen de consenso en base a la veintena de proyectos presentados por legisladores de diferentes fuerzas políticas.