El Senado convirtió este jueves en ley el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal II, con 44 votos a favor y 23 en contra, iniciativa que apunta a incorporar al sistema dólares que el gobierno nacional dijo están fuera del circuito oficial.

El proyecto redefine el concepto de discrepancia significativa en el régimen y modifica el criterio de intervención de ARCA para el sistema de declaraciones simplificadas; según el texto, la discrepancia se mide sobre el impuesto determinado y no sobre el saldo definitivo, y se introduce un piso mínimo del 5% junto al umbral del 15% que ya existía en el régimen fiscal.

En el debate legislativo el senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero sostuvo que “los dólares de abajo del colchón no le sirven al país como dijo el ministro de Economía (Luis Caputo)” y afirmó que hay U$S 170.000.000.000 fuera del sistema; Olivera Lucero defendió el nuevo proyecto como una herramienta para confiar en los contribuyentes y facilitar la regularización voluntaria.

La ley también establece que la rectificativa presentada dentro de los 15 días hábiles no excluirá al contribuyente del régimen si regulariza los saldos, y fija límites para funcionarios que podrán usar el sistema operativo pero sin los beneficios de presunción de exactitud del régimen.

El texto sancionado modifica el régimen simplificado de ganancias para ampliar quiénes pueden ingresar al sistema; se eliminan límites de ingresos y patrimonio que hoy restringen el acceso al régimen y se permite la incorporación de contribuyentes con residencia fiscal en el país.

Entre los cambios centrales figura la nueva forma de calcular la discrepancia significativa, la introducción de un umbral mínimo equivalente al 5% del monto previsto en el artículo 1° del régimen penal y la posibilidad de rectificar declaraciones dentro de 15 días sin perder beneficios del régimen.

Además, el nuevo proyecto contempla reducciones automáticas de sanciones para MicroPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro, y limita a funcionarios el acceso a las presunciones y liberaciones de fiscalizaciones previstas por el régimen.

En el recinto, Patricia Bullrich defendió el proyecto como un sistema que distinguirá fraude de error y sostuvo que ni el presidente ni funcionarios podrán usar los beneficios del régimen, mientras la senadora radical Silvana Schneider explicó aspectos técnicos y destacó la seguridad jurídica para los contribuyentes.

José Mayans, jefe del bloque Justicialista, criticó la iniciativa y sostuvo que la norma favorece a ciertas personas; en tono irónico propuso el “día de los inocentes fiscales” y afirmó que la ley no está pensada para trabajadores, jubilados ni pensionados.

Jorge Capitanich cuestionó la presunción de Inocencia y sostuvo que adherir al régimen no legitima el origen del patrimonio, actitud que dio lugar a un cruce con los defensores del nuevo proyecto durante el debate.

La sanción deja al sistema Fiscal con nuevas reglas operativas y de control y abre el camino para que, según el oficialismo, más contribuyentes se incorporen al circuito formal; el cambio tendrá efectos administrativos en ARCA y consecuencias prácticas para la regularización voluntaria de saldos.

Traspaso de la justicia de menores

Previamente, fueron aprobados acuerdos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires sobre traspaso de la justicia de menores y competencias penales, por 44 votos a favor y 21 en contra, correspondientes al bloque Justicialista y los santiagueños. Ambos convenios fueron firmados el pasado 3 de julio por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el titular de la cartera de Justicia porteña, Gabino Tapia.

En cuanto al acuerdo que transfiere la justicia criminal y correccional de menores, la Ciudad asume la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes a partir de los 14 años y hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, aunque al ser juzgados ya sean mayores.

También comprende a adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o hechos conexos, para preservar la unidad de investigación y juzgamiento. Para menores de 14 años, contempla intervenciones judiciales de protección.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Inocencia Fiscal II. La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones, por lo que continuará su tratamiento en el Senado.

El texto amplía el universo de contribuyentes que pueden adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias. El oficialismo sostiene que la medida permitirá formalizar ahorros mantenidos fuera del sistema, mientras la oposición denuncia un nuevo blanqueo.

La reforma elimina los límites de $10.000 millones de patrimonio y $1.000 millones de ingresos que regían para acceder al esquema. Se mantendrán como requisitos contar con residencia fiscal argentina y no estar registrado como Gran Contribuyente Nacional.

Quienes ingresen al sistema podrán presentar una declaración simplificada y acceder a una presunción de exactitud sobre los datos informados. La propuesta también flexibiliza el concepto de “discrepancia significativa”, utilizado por ARCA para iniciar fiscalizaciones.

El proyecto limita la posibilidad de que el organismo recaudador cuestione el origen de fondos correspondientes a ejercicios anteriores. Además, reconoce como compatibles con el régimen los pagos en efectivo formalizados mediante escrituras públicas.

El oficialismo incorporó una restricción para quienes ocupen o hayan ocupado cargos públicos de alta responsabilidad durante los cinco años anteriores a la adhesión. Podrán utilizar la declaración simplificada, pero no recibirán las protecciones previstas en el régimen.

La exclusión comprende a funcionarios desde el rango de secretario de Estado, legisladores, concejales, jueces, fiscales, defensores del Pueblo y miembros de consejos de la Magistratura y jurados de enjuiciamiento.

En esos casos, ARCA podrá investigar cualquier diferencia detectada y aplicar multas o sanciones mediante las reglas generales. La limitación no fue extendida a cónyuges ni familiares de los funcionarios, uno de los puntos cuestionados durante el debate.

Diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda advirtieron que la reforma reducirá la capacidad del Estado para controlar fondos sin justificar. También cuestionaron el posible impacto sobre las investigaciones por evasión, corrupción y lavado de activos.

El oficialismo rechazó esas acusaciones y afirmó que la norma busca concentrar los controles de ARCA en inconsistencias relevantes. Laura Rodríguez Machado sostuvo que la propuesta apunta a dejar de considerar sospechosos a quienes recurrieron al ahorro informal durante períodos de alta inflación.

La iniciativa disminuye un 25% determinadas multas por infracciones formales para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.

También establece una reducción del 50% para algunas sanciones anteriores que todavía no estén firmes ni hayan sido canceladas. Para acceder al beneficio, el contribuyente deberá regularizar el incumplimiento que originó la multa.