Alan Vidaña (El Litoral)

Sábado 6 de febrero de 2005. Arequito. Homicidio. Desde el comienzo de la investigación, María Gauna fue sindicada como la principal sospechosa de haber matado a su marido en esa localidad del departamento Caseros. Pasó 12 años de su vida tras las rejas, pero tiempo más tarde mediante una revisión médica se comprobó que no fue así.

El 20 de diciembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dispuso la absolución y ordenó su libertad. La condena se revirtió gracias a un recurso de revisión presentado por el abogado Hernán Augusto Martínez. Luego de la denuncia de Gauna al Estado provincial por haber sido condenada injustamente, se dictó la sentencia a través del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 2 de Rosario, que resolvió abonarle a María Antonia Gauna la suma de 7 millones de pesos en concepto de reparación, por la pérdida de su fuente de ingreso en la docencia.

“El sábado 6 de febrero de 2005 fuimos a cenar a la casa de mi hermana Olga. Después de la reunión nos volvimos a nuestra vivienda. Al llegar, mi marido me deja en la casa y luego se dirige a guardar el Ford Falcon en la cochera de mis suegros. Cuando ingreso a mi casa, veo algo extraño: estaba la puerta que daba al pasillo de los dormitorios entrecerrada y nosotros siempre la dejábamos abierta. Me acerco y me encuentro con una persona encapuchada que tenía un arma en la mano. Cuando veo esa escena comienzo a gritar, en ese instante el hombre me toma de la cintura y me dice que no me iba a pasar nada. Al escuchar su voz, reconocí que era ‘Pirulo’, el cuñado de mi marido. Me pedía plata, entonces fui hasta el cajón y le di 1.000 pesos. Me hizo tirar a la cama boca abajo y me ató de las manos”, relató María.

“Al rato llegó mi marido, le abrí la puerta con las manos atadas y le dije que estaba su cuñado. Nos apuntó a los dos con el arma y nos obligó a entrar al comedor. Nos hizo arrodillar y nos pedía constantemente plata. El dinero que él quería eran 25 mil pesos que mi esposo había retirado del banco Bisel días atrás. En ese ínterin, hace unos pasos y se va hasta el baño. Yo lloraba desesperadamente y le pedía que no nos hiciera daño. Luego se dirigió hasta la cocina y revolvió una sustancia en dos vasos. Nos obligó a tomar ese líquido a los dos, yo tomé todo y mi marido no. Finalmente nos hizo levantar y nos llevó al dormitorio. Automáticamente me quedé dormida y me desperté en un sanatorio”, indicó Gauna.

En cuanto a la resolución de la justicia, sostuvo: “Me procesaron por hipótesis, porque no había ningún elemento de prueba que diga que yo lo maté. La jueza que tomó mi declaración dijo que yo fabulaba. Desde el momento que me encontraron tirada en el jardín de mi casa junto a mi marido yo estaba peleando por mi vida, pero el juez decía que era un crimen pasional. Aún tengo cortadas las muñecas, tendones y flexores”.

Respecto a los días en la cárcel, María recordó: “Fueron días muy dolorosos y agobiantes, pero jamás bajé los brazos. Yo declaré quién era el asesino y lo único que hicieron fue buscar pruebas para incriminarme. Jamás llamaron al cuñado de mi marido, a pesar de que siempre lo mencioné”.

“Ningún dinero alcanza para retribuir mi proyecto de vida. Me casé para tener una familia, perdí muchos años de mi vida en la cárcel, ahora no puedo ser mamá”, expresó Gauna. Y concluyó: “Yo tengo fe de que se va a hacer justicia y que el asesino va a ir preso. Y luego, voy a recuperar mi casa”.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El fiscal Juan Patricio García Elorrio pidió la absolución para los 35 acusados de “estrago doloso” en el juicio que se les sigue por la tragedia del avión de Austral que se estrelló el 10 de octubre de 1997 en Fray Bentos, Uruguay, donde murieron 74 personas.

Durante su alegato, que finalizó el jueves por la tarde, el representante del Ministerio Público entendió que las pruebas recabadas en la investigación y en los debates del juicio oral “no tiene el grado de consistencia requerido para que caiga el principio de inocencia”.

Al respecto, García Elorrio agregó que ante esta realidad prima el principio de “In Dubio Pro Reo”, lo que significa que ante la insuficiencia probatoria se está a favor del acusado.

Uno de los peritos oficiales puesto por el tribunal, Carlos Lupiañez, presentó su propio informe en el que sostuvo que lo sucedido fue por una falla en la aeronave.

Además, consideró que no resulta válido como prueba el Informe Final de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación Civil de la República Oriental del Uruguay (Ciada), que determinó como una de las causas de la tragedia aérea la condición de engelamiento de los tubos Pitot que produjeron lecturas erróneas en los velocímetros.

Esto se debe a las conclusiones de una pericia ordenada por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 5, en la que la mayoría de los peritos consideraron que resultaban válidas las observaciones que formuló la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil de la República Argentina (Jiacc) a dicho Informe Final y, por ende, la responsabilidad de la tragedia recae en los errores cometidos por los pilotos.

Pero uno de los peritos oficiales puesto por el tribunal, Carlos Lupiañez, presentó su propio informe en el que sostuvo que lo sucedido fue por una falla en la aeronave.

No obstante, y en lo que a priori parece una contradicción, el fiscal decidió acusar por “falsedad ideológica” al imputado Danilo Wenk, quien era director de Certificación Aeronáutica de la entonces Dirección Nacional de Aeronavegabilidad (DNA), para quien solicitó la pena de 3 años de prisión condicional.

Ahora, el Tribunal Oral Criminal Federal 5, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palloti y José Martínez Sobrino, deberá escuchar los alegatos de las defensas y luego emitirá su veredicto.

Esta mañana, los familiares de las víctimas emitieron un comunicado en el que aseguraron que “el fiscal con su decisión de no acusar y pedir la absolución, consagra la impunidad y somete a las víctimas y sus familiares al más horrendo y cruel estado de indefensión”.

“Es un doloroso retroceso que ilustra acabadamente que en el fuero penal Federal de Comodoro Py no existe el estado de justicia y solo reina el estado de indefensión, con mucho olor a podredumbre”, aseguraron.

El vuelo 2.553 de Austral se estrelló el 10 de octubre de 1997 y dejó 74 muertos, y el juicio recién comenzó el 24 de marzo de 2019.

Según se indicó en un informe, el avión McDonnell Douglas DC-9-32 con matrícula argentina LV-WEG, que se dirigía desde la ciudad argentina de Posadas hacia la ciudad de Buenos Aires, se precipitó a tierra en la estancia Nuevo Berlín, zona rural cercana a la ciudad uruguaya de Fray Bentos, luego de una falla con el sistema de tubo de Pitot.

Austral Líneas Aéreas había sido gestionada hasta 1995 por la aerolínea española Iberia, y era gerenciada en ese momento por el Instituto Nacional de Industria (INI) de España.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]