Con preferencia para la sesión de este jueves 19, se encuentra en la Cámara de Senadores, un proyecto con el que el Estado provincial busca tanto conocer a fondo con qué inmuebles cuenta así como cuál es el uso que se les da o no. El "Régimen Especial de Optimización de Gestión de Bienes Inmuebles" está contenido en un mensaje de ley que está entre los 17 asuntos habilitados por el Poder Ejecutivo Provincial durante el presente período de sesiones extraordinarias.

La norma pedida por el gobernador Maximiliano Pullaro está contenida en el mensaje 5.126, que cuenta también con la firma del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia. Cuenta con 12 artículos, entre los que se destaca la facultad para el jefe de la Casa Gris de disponer de esos bienes.

El artículo quinto contiene una "autorización especial" que le permitirá al gobernador tanto la "administración como la disposición", según el siguiente texto: "Autorícese al Poder Ejecutivo Provincial a realizar todos los actos de administración y disposición de los bienes inmuebles de dominio privado de titularidad provincial que se encuentren sub utilizados en relación con sus características, las de su entorno o las potencialidades que presenten o que se hallen en desuso. En los casos de que el Poder Ejecutivo realice actos de disposición respecto de bienes inmuebles de titularidad provincial referidos en el párrafo precedente deberá informar de modo previo a la formalización de tales actos a la Comisión Bicameral creada por la presente".

Obviamente, "en los supuestos en que los actos de disposición impliquen transferencias a personas humanas o jurídicas privadas se deberá garantizar la vigencia de los principios de "publicidad, concurrencia, competencia y transparencia a través de los procedimientos de selección que determine la reglamentación. Asimismo, se deberán realizar una tasación de aquellos inmuebles que se pretendan transferir, por medio de los organismos o entes provinciales que determine la reglamentación".

El Régimen Especial a crear (que tanto dejará al jefe del Estado en condiciones de cambiar el destino de los inmuebles como de disponer de ellos con un tercero) se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 y tiene previsto el control de de una Comisión Bicameral de Seguimiento, para la aplicación de la presente ley "constituida por tres senadores y tres diputados, que contará con las más amplias facultades para el seguimiento y control de todas las acciones que se desarrollen en el marco" de la norma en debate.

El "Régimen Especial de Optimización de Gestión de Bienes Inmuebles" tiene según el primer artículo de la norma el objeto de "identificar bienes inmuebles de dominio privado de titularidad de la Provincia de Santa Fe que se encuentren sub utilizados en relación con sus características, las de su entorno o las potencialidades que presenten o que se hallen en desuso".

También los siguientes fines: "1. Promover el desarrollo de sistemas de información georreferenciada en relación con bienes inmuebles de titularidad del Estado Provincial para identificar de modo particular aquellos bienes inmuebles que se encuentren subutilizados, en desuso o que representen oportunidades para la realización de gestiones y acciones estratégicas de desarrollo productivo, urbano, ambiental, social, económico u otro destino de interés público; 2. Organizar la elaboración de un plan de relevamiento sobre inmuebles de titularidad provincial que contemple información sobre su estado y destino actual; 3. Estimular la utilización y aprovechamiento de la infraestructura y el equipamiento existente en las zonas donde se emplacen los inmuebles objeto del presente régimen"

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También, "4. Desarrollar planes tendentes a optimizar la gestión del patrimonio inmobiliario provincial, promover su uso racional y eficiente y procurar la incorporación del valor social mediante la afectación de bienes inmuebles de titularidad provincial a la ejecución de políticas públicas de desarrollo productivo, urbano, ambiental, social, económico u otro destino de interés público; 5. Impulsar espacios de articulación entre los ámbitos nacional, provincial y locales a fin de desarrollar acciones y gestiones estratégicas que requieran el involucramiento de distintos niveles de gobierno; y 6. Apoyar la generación y desarrollo de ámbitos de colaboración y articulación entre el sector público y el sector privado con el objeto de desarrollar acciones estratégicas vinculadas a los objetivos de la presente".

En Rosario, de a poco, empieza a moverse el mercado inmobiliario de la mano de los créditos Nido y de la actualizada Ley de Alquileres. Así lo destacan desde el Colegio de Corredor Inmobiliarios de la ciudad (COCIR).

Es que, según cuenta la titular de la entidad, Gabriel Ortiz de Urbina, “la venta de inmuebles en la ciudad viene bien; no de una manera acelerada, pero sí las propiedades que estaban por debajo de entre 50 y 60 mil dólares, se viene moviendo. Es dinero genuino, dinero ahorrador”.

Entre los tipos de propiedades que más se están buscando en el mercado local y que se terminan concretando son: monoambientes, departamentos de un dormitorio y casas a reciclar.

“Esto de tener un dólar estable colabora mucho. El hecho de tener los dólares parados no sirve y el bien inmuebles es un ahorro a largo plazo, al cual también se le puede sacar su rédito. Hoy lo que mas conviene es comprar algún bien”, explica la presidenta.

Además, “ahora se están viendo el tema de los créditos, crecieron las consultas y aumentaron las reservas al igual que las ventas”.

En esta línea, la referente del mercado destaca que “la ley de alquileres sirvió”. “Esto lo vemos en los números. Por ejemplo, en el mes de diciembre teníamos 450 inmuebles en alquiler y ahora tenemos 2.850”, ejemplificó Ortiz de Urbina.

“Sirvió porque al haber mayor oferta, hay mas competencia. Se mejoraron los valores de inicio, las condiciones de la misma manera. El precio no convalidado por le mercado no se alquila y hay que bajarlo”, agregó.

También “es positivo”, porque el inquilino “puede alquilar lo que quiere”. Antes estaban “obligados” a agarrar solamente lo que había. “Si no reservaba algo que veía, no tenía chances”.

“Esto es un traje a medida para el negocio. Se charla mucho el plazo y se pactan las necesidades tanto de propietario como inquilino”, concluyó.

Por Ignacio Pellizzón  

No es la panacea ni mucho menos, pero después de haber vivido un aplanche total durante la pandemia y con un piso en dólares que alcanzó una caída de un 30%, los inmuebles en Rosario volvieron a ser demandados para la compra-venta. Comparando abril del año pasado con el de este 2022, las adquisiciones se duplicaron en la ciudad, en base a las escrituras. 

“Hay un crecimiento significativo”, admitió a El Litoral el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios local (Cocir), Andrés Gariboldi. En este abril que acaba de concluir, “tuvimos más de 1.300 ventas”, lo cual es el doble si se compara con el mismo mes del año pasado que apenas se superaron las “650 escrituras”. 

El referente del sector señala que no se trata de que se esté “atravesando un buen momento”, sino que teniendo en cuenta de dónde se viene “esto es una oxigenación”. Si bien hay un incremento en las transacciones, lo que más aumentaron fueron las consultas y las negociaciones “arduas”. 

Un factor clave que impulsa las ventas es que “los inmuebles están en un piso en dólares que alcanzó una caída del 30%, con lo cual más no van a bajar”. De hecho, el dólar paralelo alcanzó en junio un record de 214 pesos, lo que expone que la divisa se está empezando a mover y esto implica que se ajusten los cotos en moneda estadounidense. 

Gariboldi, no obstante, recalcó que “lo que falta” es aquel inversor que destinaba sus fondos para comprar un departamento y volcarlo al alquiler. “Esto no está pasando” desde hace años y, según el titular de Cocir, se debe “a la nueva Ley de Alquileres” que se encuentra en revisión en el Congreso de la Nación. 

Un ejemplo que expuso el Andrés Gariboldi es que en el portal del propio Colegio (Propia) hay en venta 55 mil propiedades, mientras que solamente para alquiler hay unas 800. “Esto demuestra que una gran mayoría salió del mercado locativo para volcarse a la venta”, porque no ese nicho “ya no es redituable”, por lo menos con esta legislación vigente. 

A diferencia de lo que pasa con el alquiler de viviendas, en los locales comerciales la situación es diferente. “Hay mucha más oferta y se están alquilando cada vez más”, informó el presidente de Cocir. 

Esto es así en este rubro, porque “los alquileres no están alcanzados por la legislación”, con lo cual es un mercado “mucho más dinámico” donde se pueden pactar arreglos totalmente distintos de lo que sucede con las viviendas. 

La Cámara de Diputados buscará avanzar la semana próxima con el dictamen de reforma a la ley de alquileres, donde se analizará la posibilidad de avanzar en un dictamen consensuado. 

El tema será debatido a partir de las 13 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General que presiden respectivamente los diputados del Frente de Todos, Carlos Heller y Cecilia Moreau. 

Las modificaciones a la norma tuvieron tres dictámenes en la comisión de Legislación General a principios de mayo, pero como se incluyeron incentivos fiscales para mejorar la oferta de alquileres, los proyectos deben pasar por la comisión de Presupuesto. 

El Frente de Todos -que logró el despacho de mayoría con 16 firmas- propuso mantener los aspectos esenciales de la ley vigente, que son los contratos con plazos de tres años, una actualización anual y un ajuste basado en un promedio de la inflación y los salarios. 

Además, impulsó que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen general cuando superen las tres unidades ejecutoras si alguna de ellas está destinada a alquiler, y que no paguen bienes personales si son destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos. 

También establecieron un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler, entre otras cuestiones. 

En tanto, desde Juntos por el Cambio impulsaron un dictamen donde se propone reducir los plazos de los contratos de tres a dos años y un esquema de actualización semestral, que puede ser pactado entre las partes.