La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, detuvo la tramitación de solicitudes de inmigración, incluidas las de residencia permanente y ciudadanía, presentadas por inmigrantes de 19 países sujetos a las restricciones de viaje impuestas a comienzos de este año.

En base a publicaciones de medios estadounidenses, una directriz interna del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) estableció nuevas instrucciones el lunes. Los funcionarios deberán "detener la adjudicación final de todos los casos" relacionados con personas provenientes de 19 naciones afectadas por una proclamación presidencial emitida en junio, conocida como el veto migratorio, informó CBS News.

Se trata de una medida provisoria mientras el Gobierno de Donald Trump elabora instrucciones adicionales sobre los procedimientos de verificación de los inmigrantes afectados.

El diario The New York Times, por su parte, destacó que la lista incluye a algunos de los países más pobres e inestables del mundo.

En junio, la Casa Blanca restringió totalmente la entrada de ciudadanos de 12 países que, según el Gobierno, tienen "deficiencias en materia de control y verificación" y representan "un riesgo muy alto" para Estados Unidos: Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Luego, el Gobierno estadounidense también restringió y limitó parcialmente la entrada de ciudadanos de siete países “que también suponen un alto riesgo para Estados Unidos”: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Las autoridades estadounidenses tomarán fotografías de todos los extranjeros y los datos biométricos de algunos de ellos cuando entren y salgan del país por aire, tierra o mar, según una nueva regla que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) publicó este lunes.

La normativa, que entrará en vigor el 26 de diciembre tras difundirse ahora en el Registro Federal, permitirá al DHS recolectar los datos biométricos, como las huellas digitales y aspectos faciales, de los extranjeros en los aeropuertos, puntos terrestres y puertos marítimos cuando abandonen Estados Unidos.

El DHS argumentó que “implementar un sistema biométrico integrado de entrada y salida que compare los datos biométricos de los extranjeros recolectados a su llegada con los recolectados a su partida ayudará a abordar las preocupaciones de seguridad nacional”.

Entre las amenazas que combatirá el nuevo sistema, el Gobierno citó el terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje, la sobrestadía de los visitantes, e información incorrecta o incompleta de los viajeros.

“Dicho sistema también permitirá al DHS confirmar de manera más concreta la identidad de los extranjeros que estén buscando entrada o admisión a Estados Unidos, y verificar su salida de Estados Unidos”, expuso el DHS en la regla.

La nueva directriz abarca a todos los no ciudadanos, incluyendo a quienes tengan una visa, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.

El hecho que estos datos se tomen a la salida del país “simboliza un cambio fundamental en la política fronteriza y de vigilancia biométrica”, advirtió la firma legal Lincoln-Goldfinch Law, con sede en Austin, Texas, en un posicionamiento.

“Cuando se recolectan datos biométricos tanto en la salida como en la entrada, estamos entrando en un nuevo paradigma de vigilancia que exige supervisión jurídica activa. Las familias deben saber qué pasará con sus datos, cuánto tiempo se conservarán y cómo aclarar malentendidos”, declaró Kate Linconl-Goldfinch, abogada migratoria.

La defensora de derechos civiles opinó que “el Gobierno no puede tratar por igual a todos los no ciudadanos sin evaluar cada caso”, por lo que pidió “asegurar que esta regla se aplique con aviso claro, salvaguardias constitucionales y mínima interferencia con los viajes legales”.

Por Gabriel González Zorrilla

Las nuevas políticas migratorias en Estados Unidos y la falta de oportunidades están empujando a miles de migrantes a regresar a sus países de origen o a detener su camino. En un giro sin precedentes, el número de cruces ilegales en la frontera entre México y Estados Unidos cayó en junio de 2025 un 92 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, según datos del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS su sigla en inglés).

Apenas 6.070 personas fueron interceptadas en la frontera suroeste, la cifra más baja en un cuarto de siglo. Este desplome marca un nuevo capítulo en la historia migratoria de la región. La "ofensiva contra la migración irregular" en Estados Unidos, como la denomina Amy Pope, directora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ha provocado un impacto en cadena en varios países de América Latina, pero la experta no cree que esta sea una situación única.

"Lo que vemos en Estados Unidos es similar a lo que vemos en todo el mundo cuando hay demanda de migrantes", señala Pope, advirtiendo de las consecuencias laborales y sociales que esta situación está generando.

Panamáy Honduras son dos ejemplos claros de este fenómeno. En el Darién, histórica ruta de migrantes hacia el norte, el número de personas cruzando cayó un 99,7 por ciento en el mes de abril de 2025, en comparación con el mismo mes de 2024, según datos ofrecidos por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Las autoridades panameñas incluso cerraron la principal estación migratoria en la zona.

La vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha traído consigo medidas migratorias mucho más drásticas que las de la gestión precedentes e incluso del anterior gobierno del líder republicano (2017-2021): cierre práctico de la frontera, cancelación de citas de asilo, despliegue militar y cero liberaciones de migrantes en situación irregular.

Debido a todo esto, la vicepresidenta para Programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Maureen Meyer, remarcó que "se ha creado un clima de miedo, las vías legales se han cerrado y también los caminos para quienes buscan protección". Por eso mismo Meyer alerta sobre el impacto humanitario: "Muchos migrantes que se encuentran varados en México están intentando regularizar su estatus allí o incluso regresar a sus países".

Este retorno no siempre es voluntario. Desde Estados Unidos también se está promoviendo la "autodeportación" mediante incentivos económicos y aplicaciones como CBP One Home. Sin embargo, advierte Meyer, "muchos de los migrantes con lazos familiares en Estados Unidos difícilmente optarán por regresar, pese al endurecimiento".

El giro en los flujos migratorios plantea enormes desafíos para los países latinoamericanos. En palabras de Maureen Meyer, "ningún país de la región está preparado para una migración inversa de esta magnitud". La falta de recursos, la violencia en los lugares de origen y la ausencia de programas de reintegración complican el panorama. Amy Pope, de la OIM, coincide en señalar que "no hay suficientes vías legales para que los migrantes puedan entrar de manera regular". A esto se suman los efectos de la desinformación y las tensiones en las comunidades receptoras.

Colombia, Panamá, Honduras, Venezuela y República Dominicana se encuentran en el centro de esta crisis. Algunos Gobiernos, como el de Venezuela, han reactivado programas de retorno asistido, pero las respuestas siguen siendo limitadas frente a la magnitud del fenómeno. Según Meyer, "es demasiado pronto para medir el impacto total de estas políticas".

El riesgo es que, mientras los retornos aumentan, se agraven también las tensiones sociales y se debiliten los sistemas de acogida en países con economías frágiles. La situación también plantea un dilema económico para Estados Unidos, que enfrenta escasez de mano de obra en sectores clave como la agricultura y la construcción, donde los migrantes indocumentados desempeñan un papel esencial.

"La migración no se detiene. Los seres humanos siempre se moverán", resume Amy Pope. La gran pregunta es cuánto daño se causará en el intento de frenarla y cuál será el costo humanitario para las comunidades afectadas en ambos extremos del continente.

La administración de Donald Trump tomó la decisión de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS su sigla en inglés) que protege de la deportación a cerca de 76.000 hondureños y nicaragüenses en Estados Unidos desde 1999, según un documento preliminar difundido el lunes 7 de julio de 2025 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El DHS justificó la medida, que entrará en vigor sesenta días después de la publicación oficial del documento en el Registro Federal –realizada el 8 de julio-porque los dos países "ya no continúan cumpliendo los criterios para la designación del TPS". La pérdida del estatus legal, que tenía como fecha límite para ampliarse el pasado sábado 5 de julio, afectará a un número aproximado de 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses, según las estimaciones de la propia Casa Blanca.

El DHS argumentó que Washington concedió el TPS a estas nacionalidades tras el golpe en octubre de 1998 del huracán Mitch, el segundo ciclón más mortífero en la historia del Atlántico porque dejó más de 11.300 muertos en Centroamérica, incluyendo cerca de 7.000 en Honduras y casi 4.000 en Nicaragua. Pero aseguró que, desde entonces, "ha habido mejoras notables" en las condiciones de ambos países que "permiten el adecuado retorno de sus ciudadanos".

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó en las notificaciones de cancelación que los países habían logrado una recuperación significativa, citando el turismo en ambos países, la inversión inmobiliaria en Honduras y el sector de las energías renovables en Nicaragua. La medida se revela menos de dos semanas después de que el gobierno de Trump anunciara el fin del TPS para cerca de 521.000 haitianos, sentencia que frenó un juez federal la semana pasada. El Supremo, no obstante lo anterior, ratificó la retirada del TSP a miles de venezolanos.

Honduras, por su parte, registró una disminución drástica en los flujos hacia el norte. Según un informe de la OIM, entre enero y marzo de 2025 apenas 14.270 personas emprendieron el viaje, frente a las 133.518 del mismo periodo del año anterior. Simultáneamente, se multiplica la llamada "migración inversa", es decir personas que, desalentadas o sin recursos, deciden volver a sus países de origen. En Colombia, más de 9.000 migrantes han cruzado de regreso el Tapón del Darién en lo que va de año.

(*) Nota original de Agencia Deutsche Welle, adaptada para su publicación en El Litoral.

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Efectivo a partir de ayer, 9 de diciembre, el servicio de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos modificó uno de los requerimientos para la famosa Green Card (tal como se conoce en inglés a la tarjeta de residencia) que según los abogados estaba provocando mayores complicaciones para los migrantes.

Durante los primeros años de la administración Trump se impuso una norma conocida como la “regla de los 60 días”. Toda persona que solicite residencia permanente en los Estados Unidos debe presentar un formulario I-693, en el que un médico certificado por el gobierno de este país debe firmar una certificación indicando que tras examinar exhaustivamente a la persona, el migrante no tiene ninguna enfermedad que lo invalide a permanecer en territorio estadounidense. Adjunto, el gobierno solicita comprobantes de vacunación completa. La regla de los 60 días indicaba que dicho formulario era sólo válido si el médico lo había firmado exclusivamente durante los 60 días previos a la evaluación de los papeles de solicitud de residencia.

Pero el problema es que durante la pandemia del Covid-19, los servicios médicos se vieron saturados cancelando muchas veces todo tipo de servicios que no representaran un peligro eminente para el paciente. En los casos en los que se atendían cuestiones que no eran de gravedad, los turnos tardaban mucho en llegar y los resultados se demoraban mucho más de lo habitual.

Es por eso que muchos abogados de inmigración y organizaciones en defensa de los inmigrantes comenzaron a quejarse indicando que había muchas personas en condiciones de solicitar una residencia que no podían hacerlo por no tener el formulario I-693 en los últimos 60 días.

Peor aún, se reportaron muchos casos en los que se entregó un formulario firmado durante los 60 días previos a presentar los papeles. Pero por demoras internas en el departamento de inmigración, la carpeta no fue revisada por un tiempo, y al momento de que un oficial evalúe el caso, el formulario dejaba de ser válido.

Según acaba de anunciar la administración Biden, esta regla quedó fuera de vigencia ayer, y se mantendrá de ese modo al menos hasta el 30 de septiembre de 2022.

“Debido a la pandemia del Covid-19, y las demoras en los procesos relacionadas a la pandemia, el servicio nacional de ciudadanía e inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) ha experimentado demoras en todos los aspectos de sus operaciones. Entendemos que los solicitantes también han experimentado complicaciones por fuera de su control, incluyendo demoras para completar el formulario médico de inmigración”, indica el anuncio de la nueva regla en la página web oficial de USCIS.

Las organizaciones pro-inmigrantes han venido denunciando que en los últimos dos años procesos migratorios como la residencia permanente en Estados Unidos se han demorado años, cuando en otro momento podían obtenerse respuestas en cuestión de meses. Si bien el cambio anunciado por las autoridades no modifica todo el proceso, es un aliciente para aquellas personas a las que les urge tener residencia en el país.

“Para hacerle frente a estos problemas, USCIS está levantando temporalmente el requerimiento de que el médico haya firmado el formulario I-693 en los 60 días previos a que el migrante presente la documentación”, agrega el comunicado.

Este tipo de certificados médicos no puede ser firmado por cualquier galeno, sino solamente por aquellos reconocidos oficialmente por el departamento de inmigración, tanto en Estados Unidos como en el exterior.

La regla original, que es la que vuelve a entrar en vigor, indica que dicho formulario es válido por dos años desde el momento en el que el médico lo firma.

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