Mauro L. Muñoz

El Senado aprobó este viernes y convirtió en ley la reforma del Régimen Penal Juvenil, la iniciativa emblemática del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La votación en general arrojó 44 afirmativos, 27 negativos y 1 abstención; luego se avanzó con la votación en particular, y recién entonces el recinto giró hacia el segundo tema del día: la reforma laboral, que llegó en revisión desde Diputados.

La sesión comenzó a las 11.14, con quórum de 40 legisladores y presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Mientras afuera del Congreso se producían protestas, La Libertad Avanza difundió en redes un video en el que planteó que, con esta reforma, el Gobierno está “impulsando las reformas que Argentina necesita para ser cada día un país más seguro”.

La ley reemplaza el régimen penal que regía desde 1980. El oficialismo reactivó el expediente en febrero apoyado en dos elementos que se repitieron durante toda la jornada: el impacto social del crimen de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe y el cambio de números en ambas cámaras tras el recambio legislativo de las elecciones de octubre.

La apertura del debate estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Gonzalo Guzmán Coraita, quien sintetizó el espíritu del proyecto con una frase de alto voltaje: “Estamos frente a una jornada histórica”. Afirmó que la actual Ley de Minoridad rige desde 1980, “anterior a la reforma constitucional de 1994” y a la jerarquización de la Convención de los Derechos del Niño. En esa línea, defendió la idea de un régimen “moderno, integral y especializado”, con garantías del debido proceso para el adolescente.

La norma sancionada reemplaza la legislación vigente desde 1980, baja la edad de imputabilidad a 14 años y fija una arquitectura de proceso y sanciones que, según el texto, apunta a “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos” y lograr su “educación, resocialización e integración social”. El objetivo declarado es que el adolescente “supere el riesgo social y la conflictividad” evidenciada en el delito.

Entre los puntos centrales, el nuevo régimen establece que, desde el inicio del proceso y hasta su finalización, niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías de la Constitución Nacional y tratados internacionales; incorpora el derecho de padres o responsables a acceder a información sobre imputación y actos procesales; y fija como principios rectores la “protección integral de la víctima y sus familiares”, la “seguridad pública” y la “protección de la sociedad”.

La intervención de la asesoría tutelar correspondiente se vuelve obligatoria en procesos que involucren como imputada o víctima a una persona menor de 18 años. También se explicita que juez y Ministerio Público Fiscal deberán proteger “en todo momento” los derechos de víctimas y personas perjudicadas. En el mismo paquete aparece un punto sensible: los progenitores serán “responsables civilmente” por los ilícitos cometidos por sus hijos, conforme al Código Civil y Comercial.

Así votaron los senadores por el nuevo Régimen Penal Juvenil.

Para los casos de condena condicional o supuestos previstos, el juez deberá imponer medidas complementarias (asesoramiento, asistencia a programas, tratamientos médicos, entre otras), con control judicial. En todos los casos, la ley ordena oír y tener en cuenta la opinión del adolescente imputado, su defensor, el fiscal y la víctima.

La norma prevé reemplazos de prisión por penas alternativas en delitos con penas de hasta 3 años, y abre una facultad para el tribunal en el rango de 3 a 10 años siempre que no haya muerte, violencia grave física o psíquica, lesiones gravísimas, muerte en delitos culposos o daño psíquico grave, y si el adolescente no tiene otras condenas o procesos con auto de procesamiento.

El artículo 12 enumera sanciones posibles: amonestación; prohibiciones de contacto o aproximación; restricciones de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salida del país; servicios a la comunidad; monitoreo electrónico; reparación integral del daño; y penas privativas de libertad.

En cuanto al encierro, se contemplan tres modalidades: privación de libertad en domicilio; en instituto abierto; o en instituto especializado de detención. La norma prohíbe reclusión perpetua y prisión perpetua para menores y fija un máximo de 15 años para penas privativas de libertad. También prevé que, cumplidos dos tercios de la pena y dadas circunstancias del Código Penal para libertad condicional, el tribunal puede disponer que el resto se cumpla con penas restantes.

Si el adolescente incumple injustificadamente una pena alternativa, el juez deberá sustituirla por otra más severa. Y una vez determinadas medidas o penas, el juez designará un supervisor especializado para seguimiento, asistencia y control.

El alojamiento deberá ser en institutos adecuados con personal capacitado, con reglas estrictas: sin contacto con mayores de edad; contemplar personalidad y salud; edad; identidad cultural y educativa; y distinguir si la privación es cautelar o punitiva. Se garantiza atención médica, psicológica y psiquiátrica, y se promueven actividades formativas, capacitación laboral, deporte, cultura, religión y recreación para favorecer inserción social y laboral.

Así votaron los senadores por el nuevo Régimen Penal Juvenil.

La ley amplía un capítulo de derechos para víctimas: asistencia especializada, patrocinio jurídico gratuito en ciertos casos, y posibilidad de instancias de mediación si les interesa. También habilita que el fiscal prescinda total o parcialmente de la acción penal si el delito atribuido tiene pena máxima igual o inferior a 6 años, siempre que no haya muerte, delitos culposos o lesiones gravísimas; y permite suspensión del proceso a prueba en delitos de hasta 3 años cuando no sea posible mediación.

Finalmente, la norma deroga la Ley 22.278 y sus modificatorias; invita a provincias y CABA a adecuar su legislación procesal penal y normas aplicables a adolescentes de 14 a 18; y fija un capítulo de financiamiento: las erogaciones se atenderán con recursos presupuestarios y, para el año de entrada en vigencia, se pronuncian $23.739.155.303,08. Nación, provincias y CABA podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación para cumplir estándares.

Una parte de los cuestionamientos del debate se concentró en un problema viejo para el Congreso y nuevo para cualquier reforma: el financiamiento de la norma. El senador chaqueño Jorge Capitanich lo planteó en términos directos. Dijo que “son las provincias las que efectivamente tienen que dar cumplimiento” al régimen penal en capacidad instalada y lugares de alojamiento, además de “políticas públicas necesarias” para separar causas y consecuencias. “Su aplicación y ejecución corresponde a las provincias y, si no se garantizan los recursos para su aplicación, puede quedar en letra muerta”, advirtió.

Sobre el presupuesto, fue duro: el componente de “24 mil millones de pesos” le pareció insuficiente si se proyecta la construcción de alojamientos. “Si tomamos alojamientos de 100 personas esto implica una proyección para cada jurisdicción y equivale a 9 años. Este presupuesto es insuficiente porque no puede tardar 9 años un proceso de construcción de capacidades instaladas eficientes”, sostuvo. Su cierre fue político: “El exceso de punitivismo no resuelve el problema, solo lo traslada. Hay que atacar las causas”.

Antes de la votación, se realizó un minuto de silencio a pedido de Bullrich por las víctimas de delitos a manos de menores.

En un sentido similar, la senadora Alicia Kirchner cuestionó cómo se destinará el presupuesto hacia las provincias. “En Argentina tenemos 56 lugares de encierro para atender a los niños y niñas que han delinquido. Seis provincias no tienen absolutamente nada, ¿quién las va a apoyar?”, preguntó. Planteó si será Nación la que derivará fondos o si “todo va a caer de nuevo en las provincias”. Y remarcó, desde otra óptica, que hay áreas como salud mental que también requieren inversión: “Hay artículos que no puedo dejar de compartir, pero sí me preocupa el cumplimiento concreto”.

Ese eje federal apareció, ya como advertencia de fondo, en el discurso del exgobernador santiagueño Gerardo Zamora, quien afirmó que, si se aprueba “de esta manera”, la reforma nacerá como “una ley muerta” por vulnerar “el ordenamiento federal”. “Convertirán estas necesarias reformas en algo que prácticamente, al vulnerar el ordenamiento federal, nace como una ley muerta antes de nacer”, lanzó, con una crítica que apuntó al diseño normativo y a la capacidad real del Estado para implementarlo.

Del lado de los votos afirmativos, la defensa se apoyó en tres columnas que se repitieron: reparación a víctimas, fin de la “impunidad” percibida y actualización de una norma pre-democrática.

La senadora radical Gabriela Valenzuela habló de una “reforma trascendental”. “No estamos discutiendo solamente edades o penas, estamos discutiendo qué Estado queremos frente a delitos cometidos por adolescentes. Si uno anclado en normas de la dictadura o uno sostenido en leyes de la democracia, que aporta garantías”, sostuvo. En esa línea, definió la reforma como una “deuda democrática” desde 1983: “No podemos sostener un régimen que permite amplias discrecionalidades”.

Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, fue más frontal y buscó una frase que se entendiera en cualquier sobremesa: la ley actual “es arcaica, vetusta y vieja. No sirve. No permite solucionar los problemas”. Y apuntó contra la oposición: “Me muero si alguien dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal”.

Beatriz Ávila sostuvo que se trata de un tema “complejo, sensible, pero profundamente necesario” y que el Estado no puede estar “indiferente” frente a delitos cometidos por menores. En su lectura, son jóvenes que antes de delinquir “ya han sido desprotegidos por el propio Estado”, pero la respuesta debe existir: “Hay que proteger a la sociedad y rescatar a esos jóvenes antes que el delito se convierta en una identidad”.

Afuera del Congreso hubo manifestaciones que fueron enfrentadas por las fuerzas de seguridad. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.

El senador misionero Carlos Arce insistió en que “no es un proyecto punitivo, es un proyecto formativo”, y dijo que el debate público se concentró demasiado en la edad. A la vez, subrayó el lugar de las víctimas: “Estamos acá para proteger a las víctimas”. Y adelantó el voto afirmativo de los dos misioneros de su espacio.

Edgardo “Peteco” Vischi, presidente del bloque UCR, apoyó la reforma pero pidió no reducirla a un “enfoque policial”. Habló de pobreza consolidada, falta de esperanza y de reconstruir un “contrato social” para que el joven sienta que el país le da futuro. “El problema de la juventud y la delincuencia es una deuda de la política… no es una cuestión de mano dura o blanda”, sintetizó.

Edith Terenzi también buscó bajar el dramatismo del “encierro masivo”. “Acá nadie está pensando en encarcelar masivamente a menores”, dijo, y remarcó que la ley es clara al limitar la privación de libertad a riesgos procesales ciertos, con dependencias acondicionadas, personal idóneo y prohibición de alojamiento junto a adultos.

Martín Goerling, senador por Misiones, definió la reforma como “una ley del sentido común” frente a “menores que delinquen y matan”, y la enmarcó en una comparación regional: Brasil con 12, Uruguay con 13, y el resto “ya zanjó el debate”. “Mano de obra barata, impune”, dijo, apuntando a la utilización de adolescentes por redes delictivas.

Desde el oficialismo, Ezequiel Atauche lo expresó como parte de una identidad de gestión: “Los mayores de 14 años entienden perfectamente qué están haciendo… y tienen que ser reinsertados en la sociedad a través de un procedimiento”. “Esta ley es un avance… de un gobierno reformista que ataca de frente los problemas de la gente”, afirmó.

Juan Carlos Pagotto agregó una crítica política clásica: cuestionó al kirchnerismo por objetar la norma tras “haber sido gobierno en cuatro períodos”. Y Luis Juez, ya dentro del bloque libertario, pidió que se “hable con los padres de las víctimas” y criticó la discusión con “politiquería” y “discurso berreta”. Para él, la baja de edad es “casi accesoria” frente al resto del sistema que ordena compromisos internacionales.

Desde Santa Fe, Carolina Losada defendió puntualmente la baja de imputabilidad. “Las madres de los soldaditos en Rosario me dicen que si aprobamos la baja de la edad imputabilidad vamos a salvar más chicos”, contó. Y agregó: “Tenemos que mirar a las familias de víctimas de frente y darles una respuesta”.

En la vereda contraria, el peronismo y otros sectores pusieron el acento en el impacto real, en las cifras de delitos juveniles y en el riesgo de que la ley opere como un gesto político más que como solución.

Senadores participan durante la sesión donde se debate el proyecto del Régimen Penal Juvenil y reforma laboral. Foto: Xinhua / Martín Zabala.

Lucía Corpacci calificó el proyecto como “una pantalla de distracción” que “no busca mejorar la inseguridad”. “No estamos para responder el enojo. Sino para dictar leyes que hagan una sociedad mejor”, dijo. Afirmó que “solo el 0,45% del universo de adolescentes tuvo conflicto con la ley” y que Argentina tiene “el menor índice de delitos en toda América Latina”. “Ustedes nos quieren hacer creer que la mano dura es lo que mejora todo”, sostuvo, y dejó una pregunta que cruzó el recinto: “¿A quién se le ocurre que encerrar a un niño de 14 años va a construir una sociedad más justa?”.

El cierre del bloque Justicialista estuvo a cargo de Martín Soria. Planteó que no hubo “un debate serio y responsable” y acusó al oficialismo de manipular condiciones. “Esta ley es muy mala, tiene errores, no va a solucionar lo que ustedes creen que va a solucionar”, dijo. Y apuntó contra el eslogan de “pena de adulto para delito de adulto”. También comparó este debate con el trunco de 2025 y señaló que en el Senado se modificaron artículos “porque contradecían la Constitución Nacional y tratados internacionales”. En su conclusión política, marcó la grieta conceptual: “Queremos un Estado que brinde una respuesta integral, y del otro lado únicamente la respuesta es penal: cárcel o bala”.

El último discurso oficialista quedó en manos de Patricia Bullrich, que celebró una votación “histórica” y dirigió los dardos al kirchnerismo. “El kirchnerismo hizo de la Seguridad el mundo del revés. Habló del victimario, nunca de la víctima”, dijo. Y agregó: “Convirtió a los detenidos… en personas que parecían que habían cometido un delito porque la sociedad no se había desarrollado”.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció este jueves que el oficialismo logró el dictamen del nuevo Régimen Penal Juvenil, que será tratado en el recinto la semana próxima.

“La semana que viene lo vamos a convertir en ley. En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada”, expresó desde sus redes sociales.

La legisladora planteó que “a las víctimas y a sus familias nadie les devuelve lo que perdieron ni justicia para los responsables. Pero se terminó se terminó mirar para otro lado”.

La publicación de Bullrich.

La firma del dictamen del proyecto fue celebrada por el propio presidente Javier Milei desde Estados Unidos: "TMAP. VLLC!". El "TMAP" significa "todo marcha de acuerdo al plan" y se le suma el ya tradicional "viva la libertad carajo".

La Cámara de Diputados sancionó el jueves último por una amplia mayoría el proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La publicación de Milei.

La iniciativa fue sancionada por 149 a favor contra 100 votos en contra del peronismo y la izquierda, Elijo Catamarca, y Defendamos Córdoba, y había sido respaldada por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia.

La propuesta plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.

Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Con ayuda de bloques aliados, el oficialismo aprobó este jueves en Diputados la baja de la edad de imputabilidad. De esta manera, el gobierno logra imponer la agenda de las sesiones extraordinarias, luego de la media sanción conseguida este miércoles por la reforma laboral.

El nuevo Régimen Penal Juvenil alcanzó 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin que hubiera abstenciones. Junto a La Libertad Avanza se pronunciaron a favor el PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal y Por Santa Cruz. En tanto que Unión por la Patria y la izquierda lo rechazaron y apuntaron al “marketing” y al enfoque punitivo.

El Gobierno, a través de un comunicado difundido en redes sociales, agradeció a los diputados que votaron a favor de la Ley Penal Juvenil propuesta por el oficialismo. El texto firmado por Javier Milei destaca que el proyecto “establece un principio básico de cualquier sociedad ordenada: quien comete un delito, debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad”.

Diputados aprobó la baja de la imputabilidad juvenil a 14 años con 149 votos afirmativos y 100 negativos.

"Durante más de cuarenta años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión. Se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado. Mientras tanto, la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz (...) Este proyecto pone fin a esa distorsión", se lee en el comunicado.

"El Presidente agradece a los diputados que acompañaron esta media sanción y dieron respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad. El gobierno nacional confía en que en el Senado de la Nación trate esta reforma con la urgencia que la situación exige", agrega el texto.

El comunicado de la Oficina de Presidencia.

También celebró el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, expresó.

Lo propio hizo la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que la media sanción de la ley de la baja de la imputabilidad a 14 años "pone fin a la impunidad de los menores que cometen delitos graves".

El posteo de Bullrich en X.

Por su parte, el ministro del Interior Diego Santilli se pronunció breve pero marcadamente sobre la media sanción que logró este jueves en Diputados el proyecto de ley para reformar el Código Penal Juvenil. "Delito de adulto, pena de adulto. Media sanción, ¡dale que falta menos!".

En la misma línea, la senadora Patricia Bullrich celebró la media sanción del proyecto que la tuvo como una de las impulsoras. “Mientras las familias lloran y vuelven a sus casas sin justicia, los menores que delinquen salen libres, sin antecedentes y sin consecuencias. Eso se termina. El menor que mata, paga. El que roba, responde. Es el primer paso para que nunca más la edad sea una excusa para el crimen”, escribió la ex ministra de Seguridad.

Además, el bloque de diputados del PRO que lidera Cristian Ritondo se expresó por la media sanción en términos positivos a la aprobación en la Cámara baja del proyecto de ley de Reforma Penal Juvenil, impulsado por el oficialismo pero consensuado con sectores dialoguistas.

"Celebramos la media sanción a la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. Desde el PRO impulsamos esta reforma durante años, con una propuesta clara: responsabilidad penal, infraestructura propia y reinserción. Valoramos que el Gobierno haya incorporado estos aportes", escribieron desde la cuenta oficial del bloque .

Unicef destacó la importancia de que Argentina avance con un debate amplio y la sanción de una Ley de Justicia Penal Juvenil que esté en línea con los estándares internacionales.

En ese sentido, marcaron que "la adecuación normativa requiere la implementación de un sistema de justicia especializado que asegure - de manera real y efectiva - el acceso a la justicia, el debido proceso, penas y medidas diversas y graduales enfocadas en la prevención del delito y de la reincidencia".

Del mismo modo, "la incorporación de la perspectiva restaurativa y de la víctima, y que establezca criterios de responsabilidad para los autores dentro del marco de la comprensión de la criminalidad de sus actos, en consonancia con su madurez y evolución".

La organización dejó en claro que la seguridad ciudadana es un derecho y una condición indispensable para que todas las personas —incluidos niños, niñas y adolescentes— puedan vivir plenamente y en comunidad.

Por lo demás, remarcó que el Comité de los Derechos del Niño indica que "pruebas documentadas en los campos del desarrollo infantil y la neurociencia indican que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en los niños de 12 a 13 años, debido a que la parte frontal de su corteza cerebral aún se está desarrollando", haciendo poco probable que comprendan completamente las consecuencias de sus acciones o los procedimientos penales.

Unicef se manifestó respecto a la Ley de Justicia Penal Juvenil. Crédito: Unicef

"De allí viene justamente la noción de inimputabilidad frente a un proceso penal riguroso. Es necesario, por lo tanto, un régimen penal para adolescentes que sea especializado dada la falta de madurez, plena conciencia y razonamiento para tomar decisiones determinantes en esta etapa de la vida", planteó.

Por ello el Comité insta a los Estados a que tomen nota de los últimos descubrimientos científicos y a que eleven en consecuencia la edad de responsabilidad penal en sus países a 14 años como mínimo.

A la vez, llamó a los Estados que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, por ejemplo 15 o 16 años, a que no la reduzcan en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

Unicef insiste en que "proyectar una reforma de la justicia juvenil implica pensar en un proyecto socioeducativo que incluya la responsabilización y que resguarde el cumplimiento de garantías procesales y constitucionales".

Esta diferencia en el desarrollo madurativo y la adquisición de capacidades es la que fundamenta, entre otras, la prohibición para el consumo de alcohol, la edad para manejar o la posibilidad de incorporación a las fuerzas de seguridad, argumenta.

E indica que "un sistema penal juvenil deseable debe considerar el creciente nivel de responsabilidad en función de la edad del infractor, la reparación a la víctima y a la sociedad, y la existencia de mecanismos de apoyo que generen oportunidades para la gradual inclusión social de aquellos que han cometidos delitos".

Desde ya, en casos excepcionales y conforme las leyes provinciales en la materia, esas medidas pueden incluir como último recurso la privación de la libertad, pero desde el ámbito de la protección y para evitar riesgos a sí mismo y respecto de los demás, en línea con el principio de brevedad y excepcionalidad consagrado en el Art. 37 de la Convención de los Derechos del Niño.

Por otro lado, sostienen que se ha demostrado que la privación de la libertad, como medida habitual, genera un entorno de violencia para los jóvenes detenidos, lo cual favorece la reincidencia. Los adolescentes privados de su libertad son los que presentan mayores dificultades para la reinserción comunitaria, terminar la escuela e insertarse laboralmente.

Además, para la determinación de las penas asociadas a delitos cometidos por niñas, niños y adolescentes, opera de manera relevante el principio de proporcionalidad. Por lo tanto, las penas no deben ser desmedidas ni deben determinarse de la misma forma que a las personas adultas.

Posicionamiento Justicia Penal Juvenil 2026 by El Litoral

Mauro L. Muñoz

La Cámara de Diputados de la Nación avanzó este martes con el proyecto de ley para la reforma al Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años.

El dictamen logrado por el oficialismo tuvo el respaldo de bloques "dialoguistas" como el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y algunos sectores de Encuentro Federal.

Conseguida la mayoría para avanzar con la iniciativa, el proyecto podrá ahora ser debatido en el recinto. Pese a no tener todavía una fecha definida, se espera que sea durante las próximas semanas.

Por su parte, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron de plano la propuesta, en línea con la postura de organizaciones de derechos humanos, argumentando que criminaliza a la juventud y no soluciona las causas estructurales de la violencia.

La reunión se llevó a cabo este martes en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda; luego de semanas de postergación derivada por la reprogramación de actividades tras el fallecimiento del Papa Francisco.

El gobierno de Javier Milei impulsa la iniciativa desde comienzos de su gestión. Tuvo una primera aceleración hace un año, cuando ocurrió en Rosario el asesinato de parte de un menor al playero Bruno Bussanich. Luego, volvió a cobrar fuerza luego de la muerte en La Plata de la niña Kim Gómez a manos de dos adolescentes en ocasión de un robo de un auto y fuga.

La iniciativa despierta una fuerte resistencia desde los organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica. Sin embargo, la administración libertaria hizo suya la bandera de la baja de la edad de punibilidad bajo el lema "delito de adulto, pena de adulto". En ese sentido, trabajó desde las carteras de Seguridad y Justicia para avanzar con un nuevo régimen penal de menores que reemplace la ley 22.803 sancionada en 1983, que elevó de 14 a 16 la edad dispuesta en el decreto-ley 22.278 dictado por Jorge Rafael Videla en 1980.

El proyecto establece que los adolescentes serán imputables en hechos tipificados como delitos cuando sean de gravedad, como homicidios, violaciones o robos con armas, de acuerdo a lo que establece el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.

El despacho final que el plenario pasó a la firma y llegará al recinto es el resultado de un consenso entre los proyectos del Ejecutivo, el del diputado massista Ramiro Gutiérrez; los del PRO de Cristian Ritondo y Diego Santilli; el del tucumano Gerardo Huesen (LLA); de Juan Manuel López por la Coalición Cívica; el de la cordobesa Carla Carrizo; y la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo).

El objeto de la ley es el establecimiento del régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los 14 años de edad.

La presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes, destacó algunas modificaciones que se aceptaron para el dictamen, como que se quitó la figura de los inimputables, “porque aquellos no pueden ser pasibles de ningún tipo de pena o medida”; al igual que el haber bajado la pena máxima de 20 a 15 años cuando corresponde la detención.

El texto también consigna que las penas privativas de la libertad para los menores serán en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario. En los procesos penales seguidos contra niños, niñas o adolescentes, regirán todos los principios, derechos y garantías que surgen del sistema procesal acusatorio.

Este motivo llevó a que los integrantes de la Coalición Cívica y los de Democracia para Siempre firmen en disidencia, debido a que exigen que ningún juez dicté la prisión efectiva hasta que los institutos no estén adecuados para albergar a adolescentes de 14 a 18 años.

"Buscamos dejar de lado la persecución penal como única finalidad, y generar una herramienta que impulse la educación, resocialización e integración social de los menores y adolescentes", sostuvo en esa línea la diputada Carrizo de Democracia para Siempre.

Asimismo, se establece que las sanciones aplicadas en ningún caso pueden implicar una interrupción de los estudios. A los fines de la escolaridad obligatoria, deberán implementarse programas específicos de manera coordinada con el sistema educativo de la jurisdicción. El texto también indica que el plazo máximo de las penas privativas de la libertad respecto de personas adolescentes será de 15 años.

Desde la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli advirtió que “con este proyecto se busca que ese menor pueda ser oído, se lo contenga que hoy no tiene respuesta de un Estado ausente”. También advirtió que este dictamen le ha hecho importantes modificaciones al redactado por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.

Del mismo, remarcó que este nuevo sistema penal tiene las “garantías procesales como la defensa del juicio, el debido proceso y garantías juveniles” con una “mirada socioeducativa y no punitiva”. Sostuvo, además, que “hoy un menor de 14 años comete un delito y el Estado no puede hacer nada cuando vuelve a su casa”.

Por Democracia para Siempre, el diputado formoseño Fernando Carbajal aclaró que “este dictamen no tiene nada que ver con el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo”, y acusó al bloque de La Libertad Avanza de expresar “discursos cargados de odio que buscan negar de calidad humana y llenar de estigmas”.

Luego, explicó que esta legislación se trata de un sistema de penas progresivo: “Cuando un joven que sea condenado de 0 a 3 años no habrá prisión efectiva; cuando la pena sea de 3 a 10, el juez debe evaluar una combinación de prisión efectiva y domiciliaria; y la prisión efectiva será para sentencias de 10 años”. Además, ratifico que el dictamen “prohíbe la prisión perpetua”.

En contra del proyecto se expresó Christian Castillo (Frente de Izquierda), señalando que “esto es una bomba de humo que no resuelve ninguno de los problemas y no disminuye el delito”. “Se quiere transformar a los niños, niñas y adolescentes en chivos expiatorios”, cuestionó.

También lo hizo el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. El santafesino consideró que “este tema no está maduro para dictaminar”, y agregó: “entiendo que hay un deseo por avanzar, pero hay una dinámica de tratar de ver y revisar, y nos están faltando instancias de procesamiento de información”.

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) adelantó que presentaría un dictamen de minoría y criticó el despacho de mayoría: “Tenemos un proyecto, por lo menos, desprolijo, contradictorio. Si un problema tiene el dictamen al que se ha llegado es justamente la dificultad de implementación en las provincias”.

Luego de que el presidente Javier Milei pidiera explícitamente en la Asamblea Legislativa un paquete de medidas de corte punitivista, la titular de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, puso manos a la obra y prepara una intensa agenda de trabajo que comenzará el miércoles 12 del presente mes con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la cordobesa del PRO, cercana a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, convocará a un nutrido plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto el miércoles de la semana próxima al mediodía para debatir una reforma del Régimen Penal Juvenil.

El 1 de marzo, Milei insistió en la necesidad de reducir la edad de imputabilidad, argumentando que "quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adulto, paguen las consecuencias como adultos".

El proyecto que el Poder Ejecutivo presentó en junio del año pasado con el impulso de Bullrich y de su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años (de los 16 actuales), pero hay otras 12 iniciativas con estado parlamentario presentadas por representantes de casi todos los bloques.

En medio de la conmoción por el asesinato de Kim en La Plata a manos de dos adolescentes, sumado a otros crímenes que volvieron a poner en agenda el debate por la edad de ingreso a la delincuencia, Rodríguez Machado reanimará un debate que había quedado estancado en agosto del año pasado, cuando el plenario de comisiones recibió a especialistas y funcionarios.

Pese a que los debates de comisión fueron potentes, no se pudo avanzar a la instancia de la firma de dictámenes por falta de acuerdos sobre el tipo de reforma del régimen de minoridad, y tampoco el Gobierno presionó para evitar que el tema perdiera protagonismo en la agenda legislativa.

El enfrentamiento abierto de Milei con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, utilizando a la inseguridad como caballito de batalla, reavivó el interés de la Casa Rosada y el tema pasó a ser de máxima prioridad para el comienzo del año parlamentario.

Si bien el aspecto más resonante de la reforma gira en torno de la edad de imputabilidad, la reforma del régimen penal juvenil no se agota allí sino que también se discute qué tipo de delitos deberían ser punibles para los menores que cometan los ilícitos, qué penas de prisión se aplican, qué otros castigos alternativos se contemplan y qué medidas de resocialización se deberían especificar en la normativa para evitar que una vez que cumplan con la condena se reinserten a la delincuencia.

El proyecto del gobierno propone un abanico de sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto o acercamiento a la víctima, prohibición de salir del país o del lugar de residencia, prohibición de conducir vehículos, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad, entre otras medidas.

Para la resocialización, el régimen penal de minoridad incluye programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario.

Además, se propone la creación de la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad.

El proyecto establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua, siendo el máximo de prisión 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

También permite revisar la pena cuando se hayan cumplido los dos tercios de la condena, para que el resto de la pena se pueda cumplir en su domicilio.

Además de la cárcel y el domicilio, el proyecto propone otros lugares para el cumplimiento de la pena como un instituto abierto o un instituto especializado de detención de menores.

En declaraciones recientes, Rodríguez Machado consideró que la iniciativa que se discute "establece, de acuerdo al ilícito, una serie de situaciones alternativas no solo para evitar que siga cometiendo delitos sino para evitar que los jóvenes ingresen a la espiral delictiva".

"La modificación del Régimen Penal Juvenil es mucho más que cambiar la edad de la imputabilidad", aclaró la diputada del PRO, que destacó que en el debate participarán 113 legisladores, casi la mitad de la Cámara baja.

"No solo es la prisión la alternativa cuando tienen menos de 16 años, sino que se busca que el menor tenga contención por parte del Estado, y distintas modalidades de prisión muchas atenuadas por ser menor, dependiendo del delito, como la prisión domiciliaria", indicó la cordobesa.

El proyecto que el Poder Ejecutivo presentó en junio del año pasado con el impulso de Bullrich y de su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años (de los 16 actuales), pero hay otras 12 iniciativas con estado parlamentario presentadas por representantes de casi todos los bloques.

En un juicio oral y público que tuvo lugar el pasado 17 de mayo en los Tribunales de Melincué, se dictó una medida de seguridad inédita para esta Circunscripción Judicial. En un caso de abuso sexual agravado, la magistrada Dra. Mariana Vidal sobreseyó al acusado al considerarlo inimputable, pero impuso su internación en la Colonia de Oliveros como medida de seguridad.

El juicio, que comenzó el 24 de abril, estuvo a cargo del Dr. Julián Cochero, quien acusó a M.A.M de abuso sexual contra una niña de una localidad vecina.

Por su parte, la defensa, representada por la Dra. Gisela Figuera, del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, argumentó que el acusado era incapaz de enfrentar un juicio y solicitó que el caso fuera remitido a la Justicia Civil.

La Dra. Vidal recordó que esta cuestión ya había sido resuelta en dos instancias previas, primero por el Dr. Aldo Baravalle y luego por el Juez del Colegio de Segunda Instancia, Dr. Tomás Orso.

El fiscal Julián Cochero, en representación del Ministerio Público de la Acusación, sostuvo que el hecho había sido probado y solicitó una medida de seguridad de ocho años revisables, argumentando la peligrosidad del imputado tanto para sí mismo como para terceros. Aclaró que también era un derecho del acusado que se llevara a cabo el juicio y que la medida de seguridad solicitada tenía como objetivo proteger a la víctima y disminuir la conflictividad.

La Dra. Vidal, al pronunciar su fallo, planteó la pregunta de qué sucede con las personas inimputables que no pueden participar en un juicio y cuya incapacidad se prevé que persistirá durante toda su vida. Subrayó que el propósito del juicio era determinar si el imputado había participado en el delito y evaluar el riesgo existente para sí mismo y para terceros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Código Penal. En consonancia con esto, consideró la imposición de la medida de seguridad y su posterior ejecución, teniendo en cuenta la protección de la víctima.

En resumen, el juicio oral y público concluyó con el sobreseimiento del acusado debido a su inimputabilidad, pero se impuso una medida de seguridad que incluye su internación en la Colonia de Oliveros. Esta decisión busca brindar asistencia al acusado y proteger tanto a la sociedad como a la víctima del delito. Cabe destacar que este fallo marca un precedente en la jurisdicción y refleja la complejidad de abordar casos donde la inimputabilidad es un factor determinante.