A través de la Resolución 336/2026, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso nuevas medidas para bloquear el uso de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios.

La decisión se formalizó este lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina y apunta directamente a uno de los puntos más sensibles del sistema carcelario: las comunicaciones ilegales desde el interior de las cárceles federales.

La normativa, firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, establece la implementación de tecnología específica para detectar y neutralizar dispositivos móviles dentro de las unidades del Servicio Penitenciario Federal, en línea con lo que ya prevé la legislación vigente.

El eje central de la resolución es la autorización para instalar sistemas de detección y bloqueo de códigos IMEI e IMSI, herramientas técnicas que permiten identificar y anular la operatividad de teléfonos celulares. El objetivo es impedir que internos utilicen estos dispositivos para coordinar delitos desde el encierro.

La medida se apoya en lo dispuesto por la Ley 24.660, que regula el régimen penitenciario. Si bien esa norma garantiza el derecho de los detenidos a mantener contacto con el exterior, también prohíbe expresamente las comunicaciones a través de equipos móviles no autorizados.

En ese sentido, desde la cartera de Seguridad se remarcó la necesidad de reforzar los controles ante el uso creciente de tecnología en maniobras delictivas organizadas desde el interior de los penales.

El argumento oficial pone el foco en la seguridad pública. Según se desprende del texto, la utilización de celulares en cárceles federales ha sido detectada como una herramienta clave para la planificación de delitos, extorsiones y otras actividades ilegales.

La resolución también se vincula con antecedentes normativos como la resolución conjunta firmada en 2019 junto al Ente Nacional de Comunicaciones, que habilitó el uso de inhibidores de señal en contextos de seguridad.

Bajo ese marco, el Estado busca “prevenir, disuadir y neutralizar” conductas delictivas que se gestan intramuros, fortaleciendo el rol del sistema penitenciario como espacio de cumplimiento de pena y no como base operativa del crimen organizado.

Otro de los puntos clave de la normativa es la instrucción a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información para que lleve adelante el proceso de adquisición, instalación y supervisión de los equipos.

En paralelo, se establece la obligación de realizar los ajustes técnicos necesarios para evitar que los bloqueos de señal afecten zonas externas a los establecimientos penitenciarios, un aspecto que en experiencias previas generó controversias.

Además, la resolución aprueba un manual de procedimiento específico que fija los lineamientos operativos para la detección y bloqueo de dispositivos, lo que marca un intento de estandarizar los controles en todas las unidades federales.

Con entrada en vigencia inmediata, la medida abre una nueva etapa en la política de control carcelario, con foco en la tecnología como herramienta para limitar la criminalidad organizada desde el encierro.

A partir de la denuncia de los vecinos, y por solicitud de la Justicia, la Central de Videovigilancia Municipal de Firmat facilitó imágenes a fin de colaborar en el esclarecimiento de hechos delictivos. Por tal motivo, el Gobierno Municipal advierte a la población “sobre la posible  utilización de inhibidores de alarmas”, expresa el municipio en su comunicado.

La presunción radica en que “las víctimas habían dejado en el interior de sus vehículos elementos de valor, entre ellas las llaves de sus domicilios, y tras el accionar de los delincuentes lograron ingresar en al menos una de las casas particulares”, aseguran según lo manifestado. 

Los inhibidores de alarmas son dispositivos diseñados para bloquear las señales de radiofrecuencia utilizadas por sistemas de seguridad, como alarmas y cámaras. Al operar en la misma frecuencia que estos dispositivos, los inhibidores impiden que las señales de alarma lleguen a su destino, permitiendo a los delincuentes realizar sus actividades sin ser detectados.

Ante esta modalidad de delito, desde el municipio firmatense, recomiendan: "Cuando active el dispositivo en su vehículo, antes de retirarse, vuelva a verificar de manera visual, auditiva y mecánica que haya quedado encendido, dado que existen inhibidores de alarma operados a distancia, capaces de interferir en ese instante, ocasionando que no se active correctamente.Además, “nunca deje objetos de valor, documentación ni llaves dentro del rodado”, advierten.

Por Mario Cáffaro

La Cámara de Diputados votó, por unanimidad, un proyecto de ley disponiendo la instalación de inhibidores de señal de telefonía móvil e internet inalámbrica en las unidades penitenciarias provinciales. El objetivo es evitar que desde las cárceles se ordenen negocios ilícitos e incluso ejecuciones como viene ocurriendo tanto desde institutos santafesinos como federales.

Durante el paso por tres comisiones, la Cámara elaboró un texto a partir de iniciativas de Ximena Sola (Pro) que apunta a regular el derecho a comunicación telefónica que gozan quienes se encuentran recluidos en establecimientos penitenciarios para tomar contacto con familiares, amigos, abogados, curadores y abogados; y otro de Nicolás Mayoraz y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) que se propone prohibir el uso de telefonía móvil e internet inalámbrica creando el programa “Cárceles seguras, Santa Fe segura”.

El texto votado por los 33 diputados presentes determina que la Secretaría de Asuntos Penales y Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Seguridad, es la encargada de la aplicación para lo cual deberá realizar las licitaciones correspondientes para contratar el servicio de provisión, control técnico y reparación del sistema de inhibición de señal que garantice un adecuado funcionamiento sobre la telefonía móvil, internet inalámbrica, sistema de telefonía fija e internet por cable. También deberá brindar mecanismos especiales de seguridad a la empresa prestadora del servicio, a fin de garantizar una segura prestación del mismo; y ejercer el contralor del cumplimiento de la norma.

Por otra parte, la Secretaría de Asuntos Penales y Penitenciarios deberá realizar las gestiones pertinentes ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) correspondientes a la asistencia técnica y las excepciones normativas, para dar cumplimiento con lo dispuesto.

Sola no estuvo presente en la sesión durante la votación mientras que Mayoraz expuso argumentos a favor del proyecto aunque adelantó que insistirá su bloque en profundizar acciones para evitar la continuidad de “negocios” ordenados desde los establecimientos penitenciarios. El legislador señaló que a decir de los fiscales de Rosario especializados en balaceras, el 90% de los hechos son ordenados desde las cárceles, especialmente desde Piñero.

“Privados de la libertad y a cuidado del Estado, se las arreglan para seguir cometiendo delitos e incluso con mayor violencia para intentar mantener el territorio”, señaló. “Rosario es víctima de delitos ordenados desde las cárceles, donde la sociedad está azorada y la política no da respuesta. Es difícil explicar a la sociedad porqué no sancionamos una ley para prohibir el uso de celulares en las cárceles”, acotó. Recordó que en la discusión en comisiones, algunos legisladores y funcionarios hicieron notar que hay una ley nacional que prohíbe el uso de ese tipo de tecnología y que la provincia de Santa Fe adhirió a esa norma nacional.

El legislador rosarino que votó favorablemente el texto admitió que éste tiene “sabor a poco” porque está ordenado en la ley nacional. No dejó de marcar que “no espero nada de este gobierno provincial que se fue en promesas, en expedientes para colocar inhibidores que nunca llegan. Necesitamos un régimen legal que llene en vacío que tiene la legislación santafesina donde no hay un régimen de sanciones para el que use celulares”. Relató las quejas del personal penitenciario que requisa, quita aparatos que luego vuelven a los internos, sin sanción alguna. “Nuestro proyecto busca un régimen sancionatorio severo, prohibición acompañada de régimen sancionatorio. Hay otros herramientas además de los inhibidores” y aclaró que no se violan derechos humanos porque se cumple a rajatabla con las reglas de Mandela de Naciones Unidas para personas privadas de su libertad.

“Es absolutamente necesario reglamentar el derecho de los internos a las comunicaciones telefónicas como mecanismo para poner freno a la recurrente ola de delitos que padece la sociedad, buscando permanentemente la reinserción social de quienes se encuentran en establecimientos carcelarios”, escribió Sola en los fundamentos del proyecto.

“Privados de la libertad y a cuidado del Estado, se las arreglan para seguir cometiendo delitos e incluso con mayor violencia para intentar mantener el territorio”, aseguró el diputado Mayoraz.

Mediante la Ley N° 11.661 (de ejecución penal) la provincia adhirió a la Ley Nacional N° 24.660. Así afirma la norma santafesina que “la ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. (Art. 1 Ley 24.660 Ejecución de pena privativa de la libertad)”.

“El condenado podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten y cumplirá con todos los deberes que su situación le permita y con todas las obligaciones que su condición legalmente le impone. (Art. 2 Ley 24. 660 Ejecución de pena privativa de la libertad)”.

“El dinero, los objetos de valor y demás prendas propias que el interno posea a su ingreso o que reciba con posterioridad y que reglamentariamente no pueda retener consigo serán, previo inventario, mantenidos en depósitos. Se adoptarán las disposiciones necesarias para su conservación en buen estado. Conforme los reglamentos, el interno podrá disponer de su dinero y otros objetos. Los efectos no dispuestos por el interno y que no hubieren sido retenidos o destruidos por razones de higiene, le serán devueltos a su egreso. De todo depósito, disposición o devolución se extenderán las correspondientes constancias y recibos. (Art. 68 Ley 24.660 Ejecución de pena privativa de la libertad)”.

“Las visitas y la correspondencia que remita el interno y las comunicaciones telefónicas, se ajustarán a las condiciones de oportunidad y supervisión que determinen los reglamentos, los que no podrán desvirtuar lo establecido en los artículos 158 y 159.- (Art. 160 Ley 24.660 Ejecución de pena privativa de la libertad)”.

90% de las balaceras en Rosario son hechos “ordenados” desde las cárceles, especialmente desde Piñero, según los informes de fiscalía.

El equipo israelí que adquirió la provincia para inhibir de manera total la cárcel de Piñero en primera instancia, y la de Coronda, después, ya está en el país. Se encuentran en Aduana para su correspondiente proceso de nacionalización y se estima que a mediados de junio, estará en funcionamiento. Se trata de una herramienta fundamental para bloquear las comunicaciones que entablan internos alojados en esos penales – a pesar de que el uso de celulares está prohibido- con interlocutores que terminan ejecutando los planes criminales que se diseñan intramuros.

Según estimó el titular del Servicio Penitenciario provincial, Walter Gálvez, “en 15 días” comenzarían las pruebas preliminares de los equipos.

“Hoy estamos trabajando sobre las 8 torres donde se encuentran las garitas. Allí ya funciona todo el equipamiento nacional; sobre él se está actuando y creemos que lo vamos a poder ensamblar en un par de semanas. Y en 10 ó 15 días a partir de ello, el sistema tendría que estar operativo. Por pliego – acotó-, en la primera quincena de junio, el sistema debería estar funcionando. No se pueden exceder de allí. Estamos muy expectantes porque esto se suma a los sistemas de control que ya están instalados en las unidades penitenciarias de la provincia, como los scanners, la cinta transportadora y body scanners donde los resultados son sorprendentes”, sostuvo.

Gálvez resaltó que se trata de un “sistema nuevo, importado de Israel y con una tecnología inédita, que no existe en el país. Esto es una novedad para todas las unidades penitenciarias de la Argentina. Por lo tanto, hay mucha expectativa por ver cuándo y cómo empieza a funcionar el sistema, y los resultados que arrojará”.

Advirtió, en otro orden, que tan importante como la instalación de los equipos es la capacitación que deberá tener el personal. “Se están buscando los perfiles (de los trabajadores), y vienen desde Israel la semana que viene a hacer la capacitación junto a personal del INVAP”, adelantó.

Según explicó, el equipamiento consta de una central desde donde se monitorea el sistema en su totalidad. “Nadie puede tocarlo, manejarlo, cambiarlo de lugar o modificar las antenas porque inmediatamente las alertas suenan. Estamos muy esperanzados en que este sistema puede dar los resultados que estamos esperando”, expresó.

Gálvez se refirió, en otro orden, a la inscripción que cerró días atrás para incorporar nuevos agentes en el Servicio Penitenciario. Recordó que se disputaban seiscientos lugares para que se anotasen los aspirantes y se iniciara luego el proceso de selección. Pero manifestó que del total, sólo un ínfimo porcentaje de los interesados pertenecen a Rosario. Es un dato contradictorio, si se repara en que algunos de los principales penales están radicados en el sur provincial. Según mencionó, de los inscriptos de manera on line, entre el “8 y 10%” eran oriundos de esa ciudad, con el agravante de que al momento de cumplir con toda la documentación exigida, sólo se presentaron doce personas.

“Ocurre lo que ocurrió históricamente – dijo-. Tuvimos un muy buen porcentaje de inscriptos, pero del universo total, una pequeña porción es de Rosario. Eso nos obliga a seguir con el sistema del traslado del personal, con todo lo que ello implica en cuanto a costos para la provincia y esfuerzo para el personal”.

El funcionario insistió en que éste es un fenómeno que se da año tras año, aunque admitió que en esta ocasión, el desinterés fue más marcado. “Más allá de los esfuerzos que se hicieron en municipios y comunas para lograr inscriptos, hay otras alternativas laborales que son elegidas antes que el Servicio Penitenciario – planteó-. La gran cantidad de gente es del norte provincial, del departamento Vera, sobre todo; y del Gran Santa Fe o Coronda. Pero del sur, son siempre pocos los inscriptos”.

Gálvez reconoció que el riesgo que implica la profesión y los bajos salarios inciden negativamente en la convocatoria. “Entiendo que debe ser así, pero esto es con lo que contamos hoy . Hace 15 días salieron casi 300 agentes que están trabajando en las unidades de Rosario pero son todos de la zona del Gran Santa Fe o de Coronda. No nos quejamos, pero evidentemente, esto requiere también de un esfuerzo grande de todo el Servicio Penitenciario en el armado de la estructura para todos los días”, concluyó.

Este viernes personal de la Agencia de Investigación Criminal procedió a la aprehensión de dos individuos acusados de un hecho de hurto en el centro de Casilda. Dicho operativo se llevó adelante en las calles Dante Alighieri y Sarmiento. Según el relato de la víctima, los sujetos se encontraban circulando sin destino en un Citroën C3 de color negro.

A partir de eso, una brigada de la AIC logró identificar a los sospechosos, estacionando finalmente sobre Sarmiento al 1900 de esa ciudad del sur santafesino. Posteriormente, los ocupantes descendieron del vehículo donde finalmente fueron detenidos. Se trataría de hombres mayores edad que serían oriundos de Rosario.

Los delincuentes intentaban abrir los vehículos estacionados con inhibidores de señal

Asimismo, se realizó la requisa del auto y se secuestró un handy inhibidor de señal, dinero en efectivo y demás elementos de interés para la causa. Automáticamente se dio aviso a la fiscal Marianela Luna para que tome intervención del caso.

Del operativo participaron diez efectivos y tres móviles de la AIC. Como así también, una vez aprehendidos los sospechosos, se solicitó colaboración a personal de la Agrupación Cuerpos de Unidad Regional IV, quienes realizaron el corte de calles.

Alan Vidaña

La Policía neuquina detuvo a tres delincuentes oriundos de Córdoba Capital, que venían realizando un raid delictivo interprovincial bajo la modalidad del uso de inhibidores, cuando se encontraban la zona del bajo para enviar una encomienda con dinero y otros elementos. En la requisa del VW Suran que se movían, encontraron escondido en el torpedo una pistola 9 milímetros y un inhibidor.

La compleja investigación a la que puso punto final la Policía neuquina arrancó en Venado Tuerto, donde la banda compuesta por tres cordobeses, de entre 33 y 47 años, habían hecho estragos con los inhibidores, pero no se los pudo detener en ese momento.

A partir de la denuncia de un hecho ocurrido en marzo, el fiscal Damian Casullo ordenó a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Venado Tuerto iniciar las escuchas telefónicas que pudieron establecer que el camino que se había iniciado en Córdoba, continuó por Venado Tuerto y de allí a Mendoza. Luego de una estadía de una semana, que era el promedio de su paso en cada provincia, se fueron a Neuquén.

Esta información recibida por la policía santafesina fue comunicada a sus pares de Neuquén y Criminalística se puso manos a la obra y constató que habían ingresado a la provincia el 20 de abril por el puente que une Cinco Saltos y Centenario.

Un puntual seguimiento por antenas permitió días después su detención en momentos en que iban a enviar en encomienda a sus familiares el producido de los ilícitos.

El robo investigado por las pesquisas venadense ocurrió el 16 de marzo pasado, en la estación de servicios ubicada en rutas 8 y 33, donde sustrajeron de una pick up la suma de 28 mil dólares y 190 mil pesos que tenía en su camioneta.

El conductor denunció que dejó estacionada su pick up Toyota Hilux, color gris, en el estacionamiento y al salir a los 15 minutos se subió y se dirigió a una farmacia ubicada en la ciudad. Al levantar la baulera que está entre los 2 asientos notó que faltaban las bolsas de nylon donde tenía el dinero.

Al evaluar lo acontecido supuso que podrían haber usado un inhibidor ya que las puertas no estaban forzadas. Un posterior análisis de las cámaras de videovigilancia permitió corroborar esa hipótesis y dio inicio a la investigación