La situación personal y de salud de Jorge Lanata sigue sumando capítulos. Este miércoles, se confirmó que la Justicia designó un administrador para manejar los bienes del periodista, tras un pedido realizado por sus hijas luego de un conflicto con Elba Marcovecchio, su esposa, quien habría bloqueado una de sus cuentas bancarias.

“A partir de ahora, cualquier movimiento que se haga será por pedido del juez. Hay un administrador designado que trabaja muy bien y será quien decida cómo se maneja el dinero”, detallaron en el programa “A la Barbarossa”.

Tras cinco meses de internación y múltiples complicaciones, a Lanata le colocarán un botón gástrico como parte de su tratamiento. Desde la próxima semana, el periodista continuará su recuperación en el Centro de Neurorehabilitación Santa Catalina, ubicado en el barrio porteño de San Cristóbal.

La decisión de solicitar un administrador responde a una serie de desacuerdos familiares sobre la gestión del patrimonio de Lanata. Según trascendió, las hijas del periodista habrían presentado el pedido luego de un supuesto bloqueo de cuentas realizado por Marcovecchio, su actual pareja.

La situación, que mezcla lo personal y lo judicial, pone el foco en las tensiones familiares y la necesidad de un manejo transparente durante este difícil momento para el conductor de PPT.

La Justicia dictaminó este martes por la noche la inhibición de los bienes del ex presidente Alberto Fernández en la denominada causa de los seguros, que involucra a una empresa estatal del rubro.

Así lo decidió el juez Julián Ercolini, quien además determinó que se levante el secreto fiscal del ex mandatario. En tanto, una medida similar se aplicó para otros ex funcionarios y varios empresarios vinculados al escándalo como integrantes de una presunta red de corrupción.

El magistrado está investigando las supuesta irregularidades surgida en torno al Decreto 823/2021, mediante el cual el ex mandatario impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa "Nación Seguros SA, por los cuales se pagaron alrededor de 3.400 millones de pesos en concepto de comisiones.

Además, el juez ordenó la inhibición general del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la secretaria del expresidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri y San Germán, entre otras.

La inhibición también alcanzó a dos ex funcionarios de Nación Seguros, que había sido despedidos recientemente: Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general, y Marcos Eufemio, quien se desempeñaba como gerente de compras. También quedaron involucradas las dos cooperativas allanadas la semana pasada: ‘7 de mayo’ e ‘Irigoin’.

En consecuencia, ninguno de los implicados en la inhibición podrán vender o disponer de sus bienes. Además, Ercolini le solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales (públicas y privadas) de Alberto Fernández, Pagliano, y María Cantero desde 2009 a la fecha. Lo mismo requirió sobre Tanos y Eufemio.

El pedido lo había solicitado Carlos Rívolo, titular de la Fiscalía Federal número 6, y este martes el Juzgado Criminal y Correccional federal 11 avaló las actuaciones y autorizó la "inhibición general de bienes respecto de las personas físicas y jurídicas" detrás del escándalo de los "brokers".

La denuncia surgió a partir de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros del ANSES y otros organismos durante la gestión de Alberto Fernández, finalizada en diciembre último.

La Cámara Federal de La Plata impuso hoy la inhibición general de bienes sobre el ex jefe de Gabinete Martín Insaurralde, su ex pareja Jésica Cirio y la modelo Sofía Clerici, en el marco de la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

La medida había sido pedida por el fiscal Sergio Mola pero rechazada por el juez Ernesto Kreplak, tras lo cual el caso por apelación llegó a la Cámara y ésta lo dispuso.

De esta manera, la inhibición impone que no podrán deshacerse de sus bienes y quedarán cautelados a la investigación hasta que concluya.

Los tres están imputados luego del viaje a Marbella entre Insaurralde y Clerici, y de allí salpicó a Cirio pues se sospecha de un acuerdo de divorcio millonario que habría pactado con el ex funcionario en Uruguay, donde ya se abrió una investigación por lavado de dinero.

El Tribunal evaluó que en función de “la naturaleza de los delitos investigados” y “el incipiente estado de la investigación justifican el dictado de las medidas solicitadas por el Ministerio Público”.

La fiscalía había hecho hincapié en la intención de ocultar las maniobras investigadas por parte de los imputados, en la prolongada duración del proceso y en posibles “conexiones internacionales de los denunciados”.

El fiscal Mola está intentando determinar quién o quiénes financiaron los varios vuelos de Insaurralde, sobre los cuales el Gobierno de la Provincia aclaró que ninguno es de carácter funcional, y lo mismo para con Jesica Cirio.

Asimismo, parte de la investigación es el acuerdo de divorcio que habrían firmado en Uruguay.

Están pendientes de ser contestados varios exhortos que el juez Kreplak envió a Estados Unidos, Uruguay y España, este último país por el viaje que hicieron Insaurralde y Clerici en septiembre pasado y sobre el cual la Justicia cuenta con una parte de información sobre quiénes pagaron los hospedajes, el día de navegación en “El bandido” por las aguas del Mediterráneo y los vuelos respectivos.

Asimismo, la investigación también se focaliza sobre un entramado de sociedades de la cual es integrante Insaurralde y que estarían vinculada a su vivienda suntuosa en Fincas de San Vicente, la cual había sido allanada en el marco de la causa.

El juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak y el fiscal federal Sergio Mola analizan vuelos llamativos de la conductora televisiva Jesica Cirio hechos durante este año al extranjero, y en muchos en vuelos particulares.

Son viajes que forman parte del análisis del historial patrimonial que está realizando la Justicia en el marco de la causa que también se investiga al ex jefe de Gabinete Martín Insaurralde y la modelo Sofía Clerici.

Uno de los vuelos de Cirio lo realizó junto a Insaurralde y fue el 27 de diciembre del 2022, desde el Aeroparque Jorge Newbery en un vuelo privado hacia Paraguay. El retorno de ambos fue el 14 de enero desde los Estados Unidos, ingresando por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Cirio también viajó el 18 de enero del 2023 en avión privado hacia Uruguay y volvió el mismo día ocho horas después.

Pero también cuenta con varios viajes a Paraguay, todos realizados en avión privado. Uno el 18 de junio donde despegó desde el Aeródromo de San Fernando para volver seis días más tarde.

El 2 de julio voló nuevamente a Paraguay para volver cinco días más tarde y el 16 de julio también viajó hacia ese país, para volver al a semana.

En el listado que recibió la Justicia Federal también está un vuelo de Aerolíneas Argentinas desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo España.

Un último viaje registrado por Cirio fue el avión que tomó el 3 de septiembre de Air France hacia Francia y regresó el 9 de ese mes desde España.

El yate “El bandido” en el que Sofía Clerici y Martin Insaurralde navegaron unas ocho horas por el Mar Mediterráneo, tuvo un costo de 13.176,17 euros.

Esa información la aportó la Justicia española contestando un exhorto del juez federal Ernesto Kreplak. Clerici viajó a España el 7 de septiembre mientras que Insaurralde lo hizo recién el 16 de ese mes. Ambos volvieron el 21 por vuelos separados, cuyo costo rondó los 8000 mil dólares.

Según la información que llegó de españa, por la estadía en el hotel Marbella Club pagaron 26.311,48 euros.

El pago del hotel se hizo a través de una tarjeta American Express emitida por los Estados Unidos y a por intermediación de una agencia de turismo en Miami. Es la misma con la que Insaurralde pagó el pasaje un día antes de tomar el vuelo

También se informó desde España que durante los días en que Clerici estuvo sola, se alojó en el hotel Hubo, en Milla de Oro de Marbella y por un costó de más de 7600 dólares.

La Cámara Federal de La Plata deberá decidir si impone una medida de inhibición general de bienes a Martín Insaurralde, Sofía Clerici y Jesica Cirio en el marco de la investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Esta solicitud proviene del fiscal Sergio Mola, quien previamente había tenido un rechazo por parte del juez de primera instancia, Ernesto Kreplak. Ahora, la decisión recae en la Cámara Federal de La Plata.

La medida propuesta impide la transferencia y venta de los bienes de los tres involucrados, manteniéndolos inmovilizados hasta la resolución final del caso.

Paralelamente, el juez Kreplak ha ordenado una pericia del teléfono confiscado a Sofía Clerici durante un allanamiento. Esta investigación busca determinar los contactos que mantuvo en las semanas previas a su viaje a Marbella en septiembre, en compañía de Insaurralde.

Asimismo, se ha solicitado una revisión de los registros de ingresos y egresos del barrio cerrado de Nordelta, donde se encontraron cerca de 600 mil dólares en posesión de Clerici.

La investigación también aborda una flota de vehículos propiedad de ambas mujeres.

En el caso de Jesica Cirio, se destaca la adquisición de una camioneta 4x4 Mercedes GLC en septiembre pasado, valuada en 80 mil dólares, así como dos Jeep Compass y una Ford Territory, comprada de segunda mano este año.

Por su parte, la investigación sobre los bienes de Sofía Clerici se enfoca en "la bestia", un Ford Mustang GT 5.0L V8 que ella exhibe en sus redes sociales, además de una camioneta Jeep Compass del año 2020 y un Peugeot 308.

En una audiencia cautelar que se llevó adelante en la mañana de hoy, desde el Poder Judicial resolvieron “trabar un embargo sobre los bienes” de Alberto Maurino, ex Secretario Seccional de Amsafe General López, y Leandro Gonzalo, ex Secretario Adjunto. Además, se dispuso “la prohibición de salida del país para ambos”.

La denuncia había sido radicada a mediados de 2016 por la actual conducción del gremio docente departamental, encabezada por Javier Delgado.

El ex jefe de la Amsafe es investigado por posible “Administración Fraudulenta” y “Calidad Simulada”.

El fiscal que lleva adelante la investigación es Damián Casullo, mientras que el juez de la causa es Adrián Godoy.

Lo cierto es que el proceso tuvo distintos momentos críticos. Y los dirigentes actuales de Amsafe departamental mostraban su preocupación ante un posible “cajoneo” de la investigación.

Desde 2016 fueron cuatro los fiscales que estuvieron a cargo de la causa. Y recién el último, Damián Casullo, fue quien decidió realizar la imputación en audiencia que se llevó adelante el 27 de diciembre de 2021.

Posteriormente, a pedido de las partes, se postergó la audiencia cautelar, la cual se concretó en la mañana de este viernes.

A poco de asumir la conducción del gremio, Javier Delgado radicó una denuncia contra su antecesor Alberto Maurino. En conferencia de prensa, en el año 2016 sostuvo que “la situación es cuanto menos preocupante, el mandato de ellos se venció el día domingo 26 de junio y los días anteriores, jueves y viernes (23 y 24 de ese mes), hubo movimientos en efectivo de más de 4,5 millones de pesos”.

También había denunciado que “nos presentaron un balance donde hay más de 2 millones en indemnización a los trabajadores. Eso nos preocupa desde el vamos por una cuestión de principios, nosotros nunca planteamos echar a los empleados del sindicato. Además, es raro cómo lo hacen, más de 2 millones a los trabajadores y entre las personas echadas está la esposa de un ex delegado a la que se le pagó casi 500 mil pesos”.

Por último, Delgado expresó en su momento que “otro de los gastos incluidos en los últimos días de mandato de la anterior comisión fue en materiales de construcción y en pago de arquitectos. Por ejemplo, en el día de la elección, el 15, hay un pago por honorarios de 600 mil pesos a un arquitecto y a su hija. Y todas las compras de materiales de construcción se hicieron después del proceso eleccionario”.