Dos policías fueron condenados por haberle sustraído 1.500 dólares a un hombre en el marco de un control vehicular en la ciudad de Santa Fe. Se trata de Pablo Tomás Pérez y Leandro Nahuel Cárdena, a quienes respectivamente se les impusieron tres años de prisión condicional y dos años y seis meses de prisión condicional y se los inhabilitó para ejercer la función policial por el doble del tiempo de las penas que recibieron. Además, se les ordenó pagar multas por 2.400.000 pesos –cada uno tendrá que abonar 1.200.000 pesos.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Rosana Carrara, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló esta tarde en los tribunales de la capital provincial.

El fiscal Ezequiel Hernández llevó a cabo la investigación que permitió llegar a las condenas. En tal sentido, destacó que “la víctima pudo recuperar la totalidad de su dinero momentos después del ilícito”, y agregó que “hoy estuvo presente en la audiencia y manifestó ante la jueza su conformidad con lo resuelto”. 

Hernández afirmó que “el viernes 3 de julio alrededor de las 19:00, los condenados brindaban servicio en la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I y, con abuso de sus funciones, en Boulevard Pellegrini y San Lorenzo interceptaron a un hombre que circulaba en un automóvil en el que también iba su pequeño hijo”.

El fiscal relató que “los policías le dijeron al hombre que resultó víctima que se trataba de un control vehicular, revisaron el auto y encontraron dinero en moneda nacional y en dólares estadounidenses”. En tal sentido, remarcó que “le aseguraron que estaba prohibido tener efectivo en el auto, amenazaron con detenerlo y poner al niño a disposición ‘de Niñez’ y le manifestaron que si en lugar de obedecerlos decidía denunciarlos, iba a terminar ‘dentro de una bolsa’”.

Según detalló el funcionario del MPA, “a raíz de la intimidación y por temor a sufrir daños mayores, el conductor les entregó a los uniformados 400 dólares en la esquina de Luciano Molinas y Saavedra”. A su vez, puntualizó que “cuando los policías se alejaron, advirtió que además le habían hurtado 1.100 dólares que tenía guardados debajo de un asiento”.

En tanto, el fiscal valoró que “de inmediato, la víctima radicó la denuncia correspondiente ante la Unidad Especial de Asuntos Internos, cuyos integrantes hallaron los 1.500 dólares en poder de los condenados”, y remarcó que “actuaron de forma rápida y eficaz”.

“Pérez además fue condenado porque el año pasado agredió físicamente a un joven en el marco de un procedimiento policial desarrollado en Santo Tomé por el supuesto robo de una motocicleta”, sostuvo Hernández.

En relación con este ilícito, señaló que “al requisar a la víctima, quien estaba junto a otras personas en cercanías de la esquina de Uruguay y Gobernador Iriondo, el uniformado le dio un golpe de puño y un codazo en el rostro”. Al respecto, precisó que “el joven resultó herido”.

Responsabilidad penal

Pérez y Cárdena reconocieron su responsabilidad penal como coautores de exacciones ilegales agravadas y hurto calificado (por haber sido cometido por integrantes de la fuerza policial). A su vez, el policía al que se investigó por el ilícito que tuvo lugar en Santo Tomé admitió la autoría de vejaciones.

Junto con sus abogados defensores, los condenados aceptaron la atribución delictiva, las penas impuestas y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

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El Tribunal de Apelación de París confirmó el martes el fallo del Tribunal de París que declaró culpable a Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) en el Parlamento francés, de malversar fondos públicos para pagar a asistentes parlamentarios europeos ficticios, aunque suavizó la condena.

De acuerdo con el tribunal, Le Pen fue condenada a tres años de prisión, lo que comprende una pena suspendida de dos años y un año a cumplir fuera de la prisión bajo vigilancia electrónica, y una multa de 100.000 euros (114.000 dólares).

Además, se le prohibió ejercer cargos públicos durante 45 meses, pero merced a una reducción que se aplicó, Le Pen sigue siendo elegible en principio para postularse en las elecciones presidenciales de 2027, señalan análisis de los medios de comunicación franceses.

Le Pen puede ser candidata en las elecciones presidenciales de 2027. Foto: Reuters.

Le Pen fue condenada a finales de marzo de 2025 por malversar fondos del Parlamento Europeo; su sentencia incluía una prohibición de cinco años para ejercer cargos públicos, con efecto inmediato, una pena de prisión de cuatro años, con dos años cumplidos bajo vigilancia electrónica, y una multa de 100.000 euros.

La disposición de inelegibilidad le prohibía postularse en las elecciones presidenciales de 2027 o en cualquier votación parlamentaria anticipada hasta 2030.

La política presentó una apelación ante el Tribunal de Apelación de París en abril del año pasado.

Le Pen se postuló a la presidencia en tres ocasiones, avanzando a la segunda vuelta en las elecciones de 2017 y 2022, pero perdió ante el presidente Emmanuel Macron en ambas ocasiones.

Por César Rodríguez

La provincia de San Juan celebrará este domingo una inédita jornada electoral en la cual sólo estarán en disputa las categorías de Gobernador y Vicegobernador, luego que en mayo pasado, los ciudadanos de la provincia cuyana concurrieran a las urnas para elegir al resto de las autoridades locales ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dar lugar a un planteo de inconstitucionalidad de la candidatura a la reelección del mandatario provincial, Sergio Uñac.

En un principio, las elecciones para elegir a todos los cargos provinciales debían llevarse a cabo el pasado 14 de mayo, pero el fallo del Máximo Tribunal ordenó que se suspendieran hasta resolver si la Constitución provincial habilitaba la posibilidad de que el gobernador Sergio Uñac se presentara a un nuevo mandato.

Ante esta decisión del máximo tribunal, las autoridades locales decidieron postergar los comicios para la categoría de gobernador y vice, pero mantener la convocatoria para el resto de los cargos, es decir para legisladores provinciales, intendentes y concejales.

Posteriormente, al pronunciarse sobre la cuestión de fondo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que Uñac no podía ser candidato a la relección, no porque la Constitución local lo impidiera, sino por violación al artículo 5 de la Constitución Nacional, referido al sistema republicano de gobierno.

Sergio Uñac, gobernador de San Juan.

Debido a esto, el Tribunal Electoral Provincial, le ordenó al oficialismo reemplazar a su candidato a gobernador -para lo cual fue lanzada la postulación del hermano del gobernador, el senador nacional Rubén Uñac- y se convocaron elecciones para este domingo.

Como en mayo pasado, en los comicios de este domingo -para Gobernador y Vice- regirá el denominado Sistema de Participación Democrática Abierta (SIPAD), similar a la Ley de Lemas, que establece la tributación de los candidatos de un mismo espacio hacia quien gane una competencia interna.

Así, de cara a la nueva jornada electoral de este domingo, se encuentran habilitados para votar 603.276 ciudadanos y ciudadanas sanjuaninos, quienes podrán hacerlo en 1.795 mesas distribuidas en 234 escuelas de los 19 departamentos de la provincia.

En tanto, desde el Ejecutivo provincial se consignó que no habrá clases ni este viernes por la tarde y ni el lunes por la mañana en los establecimientos educativos habilitados para el acto comicial.

En las elecciones provinciales a gobernador, entonces, competirán diez fórmulas, que son las nueve que ya estaban en carrera para el 14 de mayo más la modificada del oficialismo, representada por el actual senador nacional Rubén Uñac y el intendente del departamento de San Martín, Cristian Andino, en una subagrupación denominada “Vamos”.

Se trata de una de las corrientes que forma parte del lema oficialista “Todos por San Juan”, en el que también está contenida la subagrupación “Volver”, encabezada por el exgobnernador y actual diputado nacional, José Luis Gioja, secundado por el jefe comunal de Chimbas, Fabián Gramajo.

Entre ambos espacios, se tributarán los votos que beneficiarán a quien obtenga más sufragios dentro de ese lema en las urnas este domingo.

En tanto, de cara a las PASO nacionales del próximo 13 de agosto el nombre del actual gobernador Sergio Uñac volverá a aparecer en las boletas cuando compita por la candidatura de Unión por la Patria (UxP) para el Senado de la Nación, según se formalizó el sábado último a la medianoche, en el marco del vencimiento del plazo para la inscripción de listas.

En las elecciones por la gobernación de este domingo, Juntos por el Cambio (JxC) se presenta a la compulsa con cuatro fórmulas: la que encabeza el diputado nacional Marcelo Orrego junto al intendente de Rivadavia Fabián Martín y luego figuran las propuestas que encabezan el presidente del GEN, Marcelo Arancibia, el empresario libertario Sergio Vallejos y el ex diputado del PRO Eduardo Cáceres.

Las fórmulas lideradas por Arancibia, Vallejos y Cáceres sumarán sus votos con los de Orrego en la disputa interna de JxC.

En tanto, los denominados “libertarios”, que se identifican con el diputado nacional Javier Milei, se presentan con tres listas: “Desarrollo y Unidad” de Agustín Ramírez; “El Rugido de Libertad” de Paola Miers y el sub lema “Libertarios” de Yolanda Agüero.

Finalmente, La Izquierda se presenta unida en la Agrupación Frente de Izquierda y Trabajadores (FIT), con los docentes Cristian Jurado y Gloria Cimino para gobernador y vice.

(Por Luis Rodrigo) – En apenas unos minutos, la sesión conjunta de ambas cámaras de la Legislatura santafesina votó la remoción del cargo de fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación a Rodrigo Germán González, además de imponerle una inhabilitación por diez años y la prohibición de ingresar a las oficinas del MPA.

Tras la verificación del quórum de cada cuerpo deliberativo y la lectura del dictamen por unanimidad de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, presidida por el diputado radical Fabián Bastia, se contaron 12 votos afirmativos del Senado y otros 40 de Diputados.

González fue apartado del MPA por “mal desempeño en sus funciones”, de acuerdo con lo que disponen varios artículos de la Ley 13.013 que regula el trabajo de los fiscales y del órgano de la Acusación.

La denuncia fue presentada por su superior, el fiscal regional Rubén Martínez, sobre “la desaparición de expedientes y retención de dinero de juicios a prueba que se encontraban en su custodia”.

El presidente provisional de Cámara de Senadores,  Rubén Pirola (PJ-NES-Las Colonias), presidió la sesión conjunta ante la licencia sin goce de haberes de la vicegobernadora Alejandra Rodenas, por su candidatura a senadora nacional.

En marzo pasado, González había sido suspendido, con una reducción de su salario del 50%. Esa medida disciplinaria provisoria correspondía a un proceso en el Poder Legislativo, iniciado hace ya más de cinco meses, con la diputada provincial María Laura Corgniali (PS), en el rol de acusadora. Tanto aquella decisión como la actual se tomaron por unanimidad.

Este jueves también se pronunció el senador venadense Lisandro Enrico contra la inconducta del funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Sin embargo, el trabajo del fiscal adjunto González está en observación en la Legislatura desde hace más de tres años y medio. Incluso en diciembre de 2018 fracasó otra sesión especial conjunta (producto de otro expediente anterior) en la que Acuerdos había propuesto dictarle también una medida disciplinaria. Aquella vez, fue el bloque mayoritario del peronismo en el Senado el que impidió el quórum. Este año, en cambio, hubo un completo acuerdo de todos los sectores políticos que componen ambos cuerpos.

El titular de Acuerdos, indicó a El Litoral que hubo un solo despacho para el caso del fiscal adjunto González, destacó que el integrante del MPA encartado ha contado con las debidas oportunidades para llevar adelante su defensa y destacó la labor de su par acusadora, la diputada Corgniali.

En 2018, un superior de González en el MPA presentó una denuncia en su contra por “la desaparición de expedientes y retención de dinero de juicios a prueba que se encontraban en su custodia”.

En febrero de 2019 González fue imputado por el delito de “amenazas coactivas” mientras se lo investigaba por los hechos sobre los que no había avanzado el Legislativo.

Aquella investigación, dentro del propio MPA fue iniciada hace tres años. El fiscal general Jorge Baclini dispuso que Alejandro Sinópoli, fiscal regional de la Circunscripción Judicial de Venado Tuerto llevara adelante las actuaciones.

Ese año, respecto del “manejo irregular de fondos” el fiscal González dijo: “puedo reconocer de mi parte un error quizás funcional de no haber hecho el depósito más inmediatamente, pero está firmado el acto de lo que yo cobré… reconozco que fue una desprolijidad de mi parte”, y aseguró que lo había comunicado a sus superiores.

El caso escaló en su gravedad y finalmente fue removido del cargo ante las evidencias de que había colaborado con el juego ilegal.

La Sesión Especial Conjunta de ambas Cámaras requiere de mayorías más exigentes que la Asamblea Legislativa. En el primer caso sesionan los dos cuerpos a un mismo tiempo, mientras que en el segundo simplemente se suman sus integrantes. Así, para una sesión conjunta se requiere entonces que cada Cámara tenga los números necesarios para sesionar y quórum por separado. En cambio, una Asamblea Legislativa puede llegar al quórum con presentes de una y otra Cámara. Obviamente, en el primer caso ambas tienen el mismo peso. En el segundo, por el contrario, es Diputados quien tiene las riendas.

Con el acuerdo de todos los sectores con representación política en la Legislatura, la sesión de ambas cámaras aprobó una declaración frente a la balacera del miércoles 18 en el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario.

El texto fue presentado por el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Pablo Farías y votado por unanimidad.

Entre otros conceptos, el Poder Legislativo de Santa Fe “reafirma su compromiso” con “los jueces y fiscales” y expresa su condena y rechazo “contra todo tipo de amedrentamiento del Poder Judicial, instando al gobierno provincial a que garantice a través de Ministerio Seguridad el normal funcionamiento la Justicia”.