Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos revelan, comparando el 3º trimestre del 2025 con igual período del 2023 -el trimestre anterior al inicio del gobierno de Milei- que el PBI aumentó en 1,3% mientras que el empleo urbano se incrementó en 2,3%.

Sin embargo, advierte el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, en ese contexto "el empleo no asalariado o por cuenta propia creció aproximadamente un 14%" mientras que "el empleo asalariado registrado en empresas privadas cayó un -3%".

No es lo que parece. Baja el desempleo, pero la ocupación es de baja calidad.

Para el Centro de estudios que dirige el economista Jorge Colina, "el resto de las ocupaciones (la suma de empleo público más empleo asalariado no registrado) cayó un -1%".

La CGT ha calificado a la "modernización laboral" -que tiene despacho de comisión en el Senado nacional- como una "reforma regresiva, precarizadora y antiobrera", que constituye un "ataque directo a los derechos fundamentales de los trabajadores".

La CGT marchóy amenaza con parar contra la reforma. REUTERS/Tomas Cuesta

La evidencia representa un problema para ese alegato. Es que con la normativa vigente, "mientras las empresas privadas destruyeron empleos, la totalidad de la expansión del nivel de ocupación fue autoempleo, es decir, trabajadores sin empleador".

Según información complementaria de la Secretaría de Trabajo expuesta por Idesa, de los nuevos puestos de ocupación, "el 80% son cuentapropistas informales, esto es, no inscriptos en el Monotributo".

Más aún, a mediano plazo las cuentas no son mejores. Santiago Bulat, el economista que presentó el informe laboral en el último Coloquio de Idea, expuso que la productividad está por debajo de principios de los '90; desde 2012 los asalariados privados crecieron 3%; el empleo público creció 34% y el empleo "independiente" -en particular el monotributo- creció 42% desde ese mismo punto de partida.

Para dejar en claro la magnitud del problema, en materia previsional hacen falta 27 monotributistas para equiparar lo que un solo trabajador formal y su empleador, aportan al sistema previsional.

"Ya no hay creación de empleos en relación de dependencia. El 100% del aumento del empleo se explica por el cuentapropismo. Que las empresas no generen empleo es consecuencia del deterioro productivo, la desactualización de las leyes del trabajo y la arbitrariedad con la que los jueces laborales la aplican". Un proceso verificable antes de que llegue Milei al poder.

El estancamiento en el empleo registrado, una marca de la economía argentina.

Idesa expone que "el desafío no solo es reformar la legislación laboral sino lograr que la Justicia la aplique. En una reciente entrevista con El Litoral, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro admitió la existencia de la Industria del Juicio en la provincia, aunque reconoció los esfuerzos realizados con el fuero laboral y la necesidad de ajustes nacionales.

El diputado provincial José Corral es autor de un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Laboral. El legislador expresó que la "industria del juicio" le demanda al sector privado 100 millones de dólares por año.

José Corral. Crédito: El Litoral

Según sus cálculos, "la alícuota que se paga en Santa Fe" en concepto de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, es un 15% superior a la de Córdoba y casi 50% más que el promedio del país. Las PYMES santafesinas pagan una alícuota del 4% de la masa salarial mientras que Córdoba es 3,4% y el promedio país es 2,7%, es un verdadero impuesto al trabajo registrado".

En línea con ese fenómeno, Idesa expone que "las decisiones de contratación de un trabajador por parte de las empresas dependen básicamente de dos factores. Uno es el crecimiento de la economía, lo que deriva en la necesidad de contratar trabajadores. El otro son las normas laborales y cómo los jueces la interpretan al momento de su aplicación.

"En la Argentina -confirmó el reporte- la producción está estancada desde 2011 y las instituciones laborales están caracterizadas por desalentar las contrataciones. Ambos factores explican por qué las empresas no generan empleo asalariado registrado".

Mientras el país económico discute si la Argentina crecerá en 2026 (4,5% según el FMI o 5,4% según el proyecto de presupuesto) presupuesto, Santa Fe es la provincia con más litigiosidad laboral del país.

Los juicios por trabajadores asegurados crecieron en Santa Fe hasta el tope de la escala nacional.

"Las tasas de juicios iniciados por cada mil trabajadores presentan grandes diferencias: van desde 0,1 casos en Salta, hasta 24 y 23 juicios por mil asegurados en Santa Fe y San Luis, respectivamente.

"La consecuencia es un fenómeno de arbitrariedad territorial que erosiona el principio de igualdad ante la ley y profundiza la incertidumbre económica", señaló Laura Caullo en un reciente informe de la Fundación Mediterránea.

Idesa deja entrever que no hay mucho para festejar en el oficialismo con la baja del desempleo. "En la mayoría de los casos, el aumento en el trabajo por cuenta propia no responde a una vocación emprendedora sino a la necesidad de generar ingresos de subsistencia. Es clara la extrema necesidad y urgencia de dinamizar la producción y abordar una profunda reforma de las instituciones laborales.

"El proyecto en el Senado -sostiene el informe- responde a esta lógica. En su amplitud y complejidad aparecen varios puntos perfectibles que es recomendable que sean abordados en su tratamiento legislativo. Pero los desafíos no terminan con mejoras en la ley. Además, es crucial y decisiva la aplicación que las justicias laborales de cada provincia hagan de las nuevas normas laborales".

Julio Cordero y Patricia Bulrich en el Senado.

Idesa concluye que "es factible que la producción salga del aletargamiento de la última década e inicie una senda de crecimiento". Pero advierte que "para maximizar su impacto sobre la generación de empleos de calidad es fundamental mejorar y sancionar la reforma laboral".

Pero aún así, reconoce que "lo más desafiante será lograr que las justicias provinciales se apeguen a las normas. Que se asuma que ni la autonomía de las provincias ni la independencia del poder judicial legitiman que los criterios personales de los jueces prevalezcan sobre las leyes aprobadas por el Congreso".

El cobro de las Asignaciones Familiares es unos de los puntos que debiera abordar la reforma laboral para que su aplicación ayude a reducir la informalidad en el mercado de trabajo.

Así lo interpretó un trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas.

“Promover la formalización requiere más que cambios en la ley laboral”, señaló el informe, que además consideró crucial “rever los factores que inducen a las microempresas y trabajadores de menores niveles de ingreso operar en la informalidad”.

IDESA señaló que uno de los factores que incentiva la informalidad y que "trascienden la legislación laboral" son las asignaciones familiares.

De hecho, "el trabajador informal cobra asignaciones familiares mucho más altas que el formal". Por ejemplo, un trabajador con un hijo menor de 3 años, si está registrado, cobra $ 60.000 en concepto de Asignación por Hijo.

En cambio un trabajador formal cobra $ 120.000 por la "Asignación Universal por Hijo (AUH)".

El trabajador informal agrega además a la AUH $ 52.000 por "tarjeta alimentar" y $ 45.000" por "complemento alimentario" por ser el hijo menor de 3 años, sumando $217.000 por mes. Esto implica que el trabajador informal recibe un beneficio mucho mayor.

El análisis de IDESA señala que "el trabajador para ingresar a la formalidad va a demandar un aumento en la remuneración que le compense esta diferencia de casi 4 veces en el beneficio de asignación por hijo".

En sueldos bajos, "es un poderoso factor inductor a la informalidad". "Para generar un proceso dinámico de formalización laboral se necesita un abordaje integral, incluyendo mejorar el diseño de los beneficios sociales".

Si bien tiene un "impacto fiscal", "es imprescindible que las prestaciones por hijos entre los informales y los formales de más baja remuneración se nivelen".

La "formalización masiva en las microempresas es un proceso deseable", pero "se necesita una estrategia más integral que el cambio de las leyes laborales".

“La alta informalidad, los bajos salarios y las brechas de género son tres de los principales problemas estructurales del mercado laboral argentino. Si bien estas dificultades se presentan en distintos sectores, hay uno en el que se observan con particular claridad: el trabajo doméstico remunerado es la rama de actividad con las tasas más altas de informalidad (78%) y feminización (98%), y presenta una de las peores remuneraciones de todo el mercado de trabajo (EPH 2022, INDEC)”. Así lo señala un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) publicado en ocasión del Día Internacional del Trabajo Doméstico que se conmemora el 22 de julio.

Estas características se vuelven aún más alarmantes cuando se analiza el tamaño que tiene el sector. Según los últimos datos disponibles, más de 1,2 millones de personas se desempeñan como trabajadoras domésticas remuneradas, lo que representa el 6,3% del empleo total de la economía argentina. La proporción cobra una dimensión mayor cuando observamos solamente el empleo femenino: del total de mujeres empleadas, alrededor del 14% (una de cada 7) se dedica a trabajos domésticos en casas particulares.

El informe fue elaborado por Juan Camisassa, Coordinador de Protección Social; Bruno Muñoz, Coordinador de Protección Social, y Emanuel López Méndez, Analista de Protección Social.

Otro dato que surge de este análisis es que “además de ser muchas, estas trabajadoras son fundamentales para la organización social del cuidado y el funcionamiento de la economía”. Y así lo explican: “En un mundo en el que el trabajo de cuidados se encuentra fuertemente feminizado y estratificado por ingresos, la contratación de trabajadoras en el hogar permite que las mujeres de mayores ingresos tengan más tiempo disponible para dedicar a su empleo. Así, las trabajadoras domésticas no solo participan en el mercado laboral por sí mismas, sino que además facilitan la inserción laboral de otras mujeres”. Por todo ello se vuelve indispensable revalorizar el aporte que hacen las más de 1,2 millones de trabajadoras que hay en Argentina y avanzar en el cumplimiento de sus derechos, ya que el 78% de ellas no se encuentra registrada (porcentaje que duplica la tasa de informalidad promedio del empleo asalariado privado), lo que limita su acceso a los derechos laborales y la protección social”.

Empleo doméstico: se confirmó una nueva revisión salarial y extienden un programa clave

Las características del trabajo doméstico remunerado -bajos salarios, alta informalidad y falta de acceso a la seguridad social– hicieron que fuera el sector más afectado durante la pandemia. Si bien ha habido una reactivación del sector durante los últimos dos años, esta ha sido significativamente más lenta que la del resto de la economía y con desigualdades al interior de la rama. El empleo doméstico no registrado ya alcanzó los mismos puestos de trabajo que en el último trimestre de 2019 (+0,8%), pero sus mejoras han sido menores que en el resto del mercado de trabajo: la cantidad de puestos laborales no registrados totales aumentó 12% en el mismo período.

Por otro lado, el segmento registrado todavía se ubica 6% por debajo de los niveles previos a la pandemia, lo que representa aproximadamente 28 mil puestos de trabajo menos. Esto contrasta significativamente con la evolución del empleo privado registrado total, que se incrementó un 3% en el mismo período.

El sector formal del empleo doméstico es el que más dificultades tuvo para recuperarse luego de la pandemia, insiste el informe de Cippec. Frente a este escenario, es importante avanzar en políticas que incrementen la registración de las trabajadoras y mejoren sus condiciones laborales. Algunas acciones en línea con este objetivo (y complementarias al Programa Registradas, lanzado en septiembre de 2021) son: el fortalecimiento de políticas de inspección laboral para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente; el diseño e implementación de acciones de formación para promover la profesionalización del sector; y la difusión de la legislación vigente y los derechos laborales mediante campañas de sensibilización.

Estas acciones deben formar parte de un objetivo más amplio que impulse una nueva organización del cuidado. Para ello, se requiere avanzar en un sistema integral de cuidados que amplíe, fortalezca y mejore las políticas que brindan tiempo, dinero y servicios para cuidar, al mismo tiempo que promueva la representación y recompense de manera adecuada a las trabajadoras domésticas remuneradas.

Una persona soltera que obtiene sus ingresos en el sector informal necesitó trabajar 25 días para adquirir una Canasta Básica Alimentaria. Por otro lado, para cubrir la Canasta Básica Total, serían necesarios 54 días. La informalidad apenas llega a cubrir con sus días de trabajo mensuales, los requerimientos alimentarios.

Los trabajadores del sector privado formal necesitaron trabajar 13 días para alcanzar una Canasta Básica Alimentaria y 28 días para la Canasta Básica Total. Si se piensa en ahorrar 100 dólares, en el mercado blue si esta formalizado necesita trabajar 5,5 días. para comprar un nuevo teléfono celular 22 días, 88 para comprarse una moto y 2 años y 8 meses para poder comprar un auto O km.

En tanto que si el mismo trabajador se desempeña en la informalidad necesitó trabajar 11 días para comprarse 100 dólares en marzo en el mercado paralelo, 42 días para comprar un nuevo teléfono celular, 169 días para comprarse una moto y 5 años y 4 meses para poder comprar un auto O km.

Canasta básica: en marzo, una familia necesitó $ 191.228 para no ser pobre

Los salarios de la administración pública y del sector privado crecieron 10,1% en marzo, por encima de la inflación del mes, en lo que fue la variación intermensual más alta en los últimos ocho años. Según el INDEC, los salarios superaron en marzo el Índice de Precios al Consumidor del 7,7%, y en el primer trimestre del año se ubicaron levemente por encima de la inflación al alcanzar una suba del 22,2%, contra el el 21,7% de la variación del costo de vida.

Sin embargo, en los últimos doce meses los salarios subieron un 102,4%, y quedaron dos puntos porcentuales por debajo de la inflación de ese período del 104,3%. La suba promedio de marzo del 10,1% del Índice de Salarios es la más alta desde octubre del 2015, cuando el INDEC comenzó a difundir el indicador, y superó el anterior récord del 7,4% de marzo del año pasado.

El crecimiento mensual de marzo se debió a las subas del 7,9% en el sector privado registrado, 16,3% en el público y 6,1% en el privado no registrado o de la economía informal. La suba del primer trimestre fue consecuencia de los aumentos en las remuneraciones del 20,6% en el sector privado registrado, 25,5% en el público y 21,2% en el privado no registrado.