El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, participó este jueves del cierre de la XV Asamblea General Ordinaria del Consejo Federal para la Transparencia (CFT), que se desarrolló en la ciudad de Santa Fe. El encuentro reunió a representantes de todo el país con el objetivo de fortalecer, de forma coordinada y federal, las políticas de transparencia, acceso a la información y protección de datos. Además, se abordaron temas clave que formarán parte de la Reforma Constitucional que tendrá lugar este año.

“Para nosotros es un honor que esta asamblea se reúna en nuestra provincia. Celebramos que el Consejo esté aquí trabajando sobre temas que trascienden a los individuos, fortalecen a las instituciones y definen políticas estratégicas para el futuro”, afirmó Pullaro.

En esa línea, el mandatario sostuvo que “estamos en un momento histórico: después de 63 años, Santa Fe actualizará su Constitución. Buscamos consagrar en ella institutos e instituciones que garanticen que no retrocedamos, y eso implica consolidar herramientas como las que se abordan en esta asamblea”.

Pullaro subrayó la necesidad de consagrar en la reforma “la construcción de políticas públicas, la medición de datos, la transparencia informativa y el acceso a la información pública, para que la ciudadanía y las instituciones puedan interpelar al poder político y a todos los órganos del Estado”.

“Necesitamos que todo el aparato estatal -no solo el Poder Ejecutivo- tome verdadera conciencia sobre lo que implican los procesos de transparencia y de elaboración de políticas públicas basadas en información. Hay que construir indicadores que reflejen el impacto de las políticas, el uso de los recursos, y permitan corregir el rumbo si no se alcanzan los resultados esperados”, añadió.

En ese marco, reiteró que su gestión aspira a que Santa Fe sea “la provincia con mejor calidad de información para sus ciudadanos y la más transparente del país”. Y remarcó que esto solo será posible si todos los sectores institucionales comprenden la importancia de estas políticas, más allá de la sanción de leyes o reformas constitucionales.

El acto tuvo lugar en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y contó también con la participación del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la presidenta del CFT y titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena; el vicepresidente del CFT y subsecretario de Lucha Contra la Corrupción, Transparencia y Ética del Sector Público de la provincia, Marcelo Trucco; y representantes de todas las provincias vinculados a políticas de transparencia y acceso a la información.

Durante su intervención, Anchorena recordó que el CFT es un órgano autónomo creado por la Ley N.º 27.275 de Acceso a la Información Pública, encargado de garantizar derechos vinculados a la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales.

Señaló que la provincia de Santa Fe atraviesa “un momento histórico”, ya que muchos de los temas tratados en el Consejo serán también discutidos en el marco de la Reforma Constitucional. Asimismo, destacó que “la ley de gobernanza y acceso a la información de Santa Fe avanza significativamente hacia un Estado inteligente”, al integrar transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, digitalización y fortalecimiento institucional.

“La legislación santafesina articula de forma innovadora estos aspectos, algo que no he visto en otras normativas. Lo que buscamos es transformar el Estado, y con ello, transformar la vida de las y los argentinos”, expresó.

Por su parte, Marcelo Trucco explicó que la Subsecretaría de Lucha Contra la Corrupción, Transparencia y Ética del Sector Público tiene una orientación preventiva. “No somos un organismo de investigación de hechos de corrupción. La visión del gobernador es generar un ámbito transversal que impulse políticas de transparencia en todos los ministerios y secretarías, bajo estándares nacionales e internacionales, para garantizar eficiencia, honestidad y rendición de cuentas dentro de un marco legal claro”, concluyó.

El subsecretario de Lucha Contra la Corrupción, Transparencia y Ética del Sector Público de Santa Fe -y vicepresidente del Consejo Federal de Transparencia-, Marcelo Trucco, encabezó en la ciudad capital el primer encuentro de la Red de Enlaces de Acceso a la Información Pública, espacio integrado por representantes de los distintos ministerios del Poder Ejecutivo Provincial, con el objeto de garantizarle a la ciudadanía santafesina el derecho irrestricto a la información vinculada a la gestión gubernamental. La actividad se desarrolló en la Sala Auditorio de Casa de Gobierno. 

Al respecto, Trucco explicó que “en este primer encuentro trabajamos sobre un derecho tan importante como es el de acceso a la información pública. Desde el dictado del Decreto Nº 692, en 2009, somos autoridad de aplicación de ese decreto y de todo lo que refiere al acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo”. 

“En ese marco -prosiguió el funcionario- tenemos una gran respuesta por parte de todos los ministerios de la Provincia en lo que respecta al compromiso y la responsabilidad de trabajar en conjunto para poder intercambiar opiniones y, de esta manera, poder brindar las respuestas que la ciudadanía nos demanda. Los grandes proyectos de gestión se trabajan mancomunadamente porque permiten intercambiar opiniones e información para optimizar nuestro trabajo. Por eso, el objetivo es continuar a lo largo de la gestión con mesas de trabajo y talleres”, destacó.

Compromiso con la ciudadanía

Asimismo, Trucco recordó que “el gobernador (Maximiliano Pullaro) decidió crear la Subsecretaría  de Lucha Contra la Corrupción, Transparencia y Ética del Sector Público con el objetivo de trabajar en políticas de promoción y prevención en materia de transparencia. Además, en abril de este año, se sancionó la Ley Provincial N° 14.256 de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública, lo cual demuestra la importancia que este Gobierno le da al acceso a la información. Estamos convencidos de que en una sociedad democrática este derecho tiene que estar garantizado de manera concreta, real y efectiva. Por eso, tenemos la necesidad de articular con quienes llevan a cabo esa tarea dentro de cada ministerio”, afirmó.

“Como autoridad de aplicación recibimos las solicitudes de información por parte de ciudadanas y ciudadanos, y luego las trasladamos a cada ministerio y jurisdicción. Esos pedidos refieren generalmente a la marcha de algunos programas; a cómo se ejecutan algunas partidas relacionadas con el Presupuesto, entre otras, lo cual representa un ejercicio interesante para eficientizar, transparentar y democratizar el Estado, a través del control ciudadano”, concluyó Trucco.

Este jueves, por décima vez en lo que va del siglo, la Cámara de Diputados dará media sanción a un proyecto de ley para regular y garantizar el derecho al libre acceso a la información pública "a los fines de promover el principio de transparencia de la actividad de los órganos del Estado". Así lo señala el artículo inicial de la iniciativa que impulsa Gabriel Real (PDP) y que como en las nueve ocasiones anteriores tendría el voto por unanimidad en el pleno del cuerpo.

El Diputado Provincial Gabriel Real, del Partido Demócrata Progresista.

El proyecto es uno de los once que tiene dictámenes de las comisiones y que está en el Orden del Día de la sesión ordinaria de esta semana. El proyecto inicial es de 2002 cuando lo impulsara el entonces diputado Carlos Favario. "Luego de reiteradas presentaciones y aclarando que la Cámara aprobó por unanimidad esta propuesta, anexando proyectos similares, entendemos que debemos insistir con esta vieja demanda, aún no resuelta", explicó Real a El Litoral. Reconoció que desde 2009 la provincia a través del Decreto 0692/2009 cuenta con una herramienta que permite de alguna manera acercarse al ideal que busca este proyecto, "no deja de ser limitada, pues existen barreras aún, que no pueden ser salvadas sino a través de una ley, que consagre de una vez por todas la plena vigencia del derecho de acceso a la información pública", acotó el legislador.

El objetivo del proyecto de ley es que la información pública del estado santafesino debe ser accesible para todas las personas; determina que las reglas del procedimiento deben facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y determina que la información "debe ser publicada de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por vía de la mayor cantidad de medios disponibles". Acota que esa información debe ser accesible en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por medios automáticos que permitan su reutilización o su redistribución por parte de terceros y regirse por los principios de igualdad de las personas que lo soliciten y de celeridad y gratuidad.

Uno de los capítulos está destinado a los sujetos obligados a proporcionar la información. Son sujetos obligados el Poder Ejecutivo y los organismos o entes de la Administración Central; los organismos o entes descentralizados de la Administración Pública; el Poder Legislativo; el Poder Judicial; las Municipalidades, sus entes autárquicos o descentralizados y las Comunas; la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público; entes estatales autárquicos; empresas y sociedades del Estado; personas jurídicas públicas de carácter no estatal; sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y las organizaciones en las que el Estado tenga participación en el control de la voluntad social o en la formación de las decisiones societarias. También comprende a las organizaciones empresariales donde el Estado Provincial, por medio de su administración, tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones; asociaciones empresariales, sindicales y las personas jurídicas privadas que reciban subsidios o aportes creados por el Estado, en lo atinente a la utilización o actividades desarrolladas con esos subsidios o aportes; instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado; empresas privadas que prestan servicios públicos independientemente de la modalidad jurídica adoptada, o las que exploten bienes del dominio público, en relación a los servicios que prestan o la explotación que desarrollan; y, fideicomisos total o parcialmente constituidos con recursos o bienes del Estado.

Por primera vez en los 40 años de la vuelta a la vida democrática en Santa Fe, un gobernador electo es miembro de la Cámara de Diputados. Es el caso de Maximiliano Pullaro quien tiene mandato hasta el 10 de diciembre. Desde 1983 a la fecha hubo candidatos surgidos de la Cámara Baja pero ninguno fue electo ejerciendo el mandato. El socialista Antonio Bonfatti fue gobernador habiendo sido antes diputado, pero al sector electo se desempeñaba como ministro de Gobierno de Hermes Binner.

A partir de las 16:00 horas de este lunes se puede acceder a la información de Empleo Público de la administración central y de las empresas descentralizadas de todo el país a través del sitio web oficial del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

Se da en el contexto del congelamiento de planta de las empresas públicas e incluso las privadas que le prestan servicios, en una medida anunciada por Sergio Massa, Ministro de Economía, apenas asumió el cargo frente al Palacio de Hacienda, continuando una propuesta de su antecesora Silvina Batakis.

La medida fue oficializada mediante la Decisión Administrativa 827/2022 de la Administración Pública Nacional y está firmada tanto por Massa como por el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

el ajuste en el Estado alcanzará no solo a ministerios, secretarías y subsecretarías -entre otras dependencias oficiales- que forman parte del Sector Público Nacional, sino también a empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, YPF, Trenes Argentinos, Aysa y otras, además de fondos fiduciarios e incluso a las firmas privadas que prestan servicios eventuales.

No estarán alcanzadas por dicha prohibición las contrataciones de personal por circunstancias de estacionalidad o requerimiento de producción debidamente acreditado, de acuerdo a las particularidades de cada empresa o sociedad.

El informe será de acceso público y actualizará mes a mes con las presentaciones de las declaraciones juradas, permitiendo controlar que no se viole el compromiso de no aumentar el personal de la administración pública nacional y sus empresas, salvo cuestiones operativas explicadas.