El Gobierno formalizó la suspensión del pago del programa Potenciar Trabajo a más de 4.500 personas por supuestas incompatibilidades.

Los trabajos judiciales arrojaron que "luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan".

Las 14 provincias investigadas hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz, se informó en un comunicado.

Los titulares de Potenciar Trabajo cobran $78.000 y el Gobierno del presidente Javier Milei ya aclaró que ese monto se congelará, por lo que no habrá aumentos en los próximos meses.

En el anexo a la resolución, que salió publicada este martes en el Boletín Oficial, figuran 170 santafesinos. A partir de la publicación cada uno de ellos dejará de percibir el Potenciar Trabajo por incompatibilidades.

A través de la Resolución 17/2023, firmada por Sandra Petovello, ministra de Capital Humano, toma como base el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 8 del 10 de diciembre de 2023, que estableció la creación del mencionado ministerio y asignó las responsabilidades de varios otros, incluyendo el antiguo Ministerio de Desarrollo Social. Además, se consideran otras normativas como el Decreto N° 86 del 26 de diciembre de 2023 y la Resolución N° 121 del 18 de marzo de 2020, que creó el Programa Potenciar Trabajo.

El programa contempla dos tipos de prestaciones: la Salario Social Complementario, una prestación económica individual de percepción periódica y duración determinada, y el otorgamiento de subsidios y/o créditos ministeriales a las Unidades de Gestión y/o Unidades de Gestión Asociadas para la ejecución de proyectos socio-productivos, socio-laborales y socio-comunitarios.

Según el Artículo 2° de la Resolución del ex Ministerio de Desarrollo Social N° RESOL-2021-1868-APN-MDS, se aprobaron los lineamientos generales y acciones del programa, estableciendo criterios de ingreso, permanencia y egreso de los titulares, así como compatibilidades e incompatibilidades para obtener la prestación económica.

Con la creación del Ministerio de Capital Humano mediante el Decreto N° 8, se trasladaron los compromisos y obligaciones del antiguo Ministerio de Desarrollo Social. A su vez, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) remitió al nuevo ministerio oficios con nóminas de personas detectadas en posible infracción de las normas del Programa Potenciar Trabajo.

En respuesta a estos informes, el Asesor de Gabinete solicitó la suspensión preventiva de las personas beneficiarias que se encontraran en los listados de infracción, conforme a la Resolución N° 121/2020 del antiguo Ministerio de Desarrollo Social. Para llevar a cabo esta tarea, se recopiló la información necesaria a través de la Dirección de Servicios Digitales, Informáticos y de Telecomunicaciones.

Según las Notas identificadas como NO-2023-153471331-APN-DISEDIT#MDS y NO-2023-154066222-APN-DISEDIT#MDS, se ha vinculado al expediente de la referencia el listado final del cruzamiento de datos de los titulares del PROGRAMA que se encontrarían en infracción del punto 7.2 de los lineamientos generales.

La Ministra de Capital Humano, en ejercicio de sus facultades, resolvió suspender el pago del Salario Social Complementario a los titulares identificados en el listado adjunto a la resolución. Esta medida se extiende también a las establecidas en el punto 8 de la Resolución del ex Ministerio de Desarrollo Social N° RESOL-2021-1868-APN-MDS, con respecto al pago en el marco de los regímenes establecidos.

Además, se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos a notificar la medida a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), fortaleciendo así la colaboración entre el Ministerio de Capital Humano y la fiscalía especializada.

Anexo by El Litoral

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El Ministerio Público de la Acusación dejó sin efecto la licencia sin goce de sueldo que se le dispensó a Marcelo Sain antes de asumir como ministro de Seguridad de Santa Fe y de esa manera queda libre el camino para que vuelva a su cargo en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), al que accedió por concurso.

La decisión fue notificada a Saín el pasado 31 de marzo mediante una nota firmada por Sabrina Sánchez, jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección de Legal y Técnica del Ministerio Pública de la Acusación.

En el documento se hace mención a las investigaciones que se llevan adelante en la Legislatura santafesina a partir de denuncias presentadas por el diputado Pablo Farías y el presidente de la Comisión de Juicio Político, Joaquín Blanco. El planteo principal es la incompatibilidad entre el cargo ejercido (ministro de Seguridad) y rol al que solicitó reincorporarse en el MPA.

Puerta abierta. Fiscal general Jorge Baclini.

El martes 23 de marzo, 27 diputados le solicitaron al fiscal general, Jorge Baclini, que no permita la reincorporación y permanencia de Marcelo Saín al frente del Organismo de Investigaciones, al tiempo que advirtieron que en caso de que no haga lugar al pedido, iban a llevar el planteo a otros ámbitos de la justicia y “ante los organismos de contralor de vuestra función”.

Además advierten que hay un expediente iniciado por la Comisión de Juicio Político a raíz de la presentación de dos ciudadanos.

La presentación ante Baclini lleva la firma de 22 frentistas (12 socialistas, 8 radicales, PDP y Gen); los cuatro del interbloque de Juntos por el Cambio (2 Pro y 2 UCR), más Amalia Granata (Somos Vida).

Para la mayoría de los firmantes, la gestión de Saín en el Ejecutivo “agravó esta situación porque tomó partido con fuertes críticas a la oposición, permanentes dichos discriminatorios y despectivos hacia dirigentes y muy pero muy polémicos”.

En el escrito se afirma que “el desempeño en el cargo de Ministro de Seguridad, conservando su cargo como director del OI, genera incompatibilidades y prohibiciones manifiestas y flagrantes al momento de solicitar el levantamiento de la licencia oportunamente otorgada y pretender reincorporarse y permanecer en su cargo de origen”.

A entender de los legisladores las incompatibilidades surgen de la Constitución Provincial y de las leyes 10160, 13013 y 13459.

Además dicen que como ministro, Sain evidenció “su participación en la política partidaria de manera explícita y agresiva, a diferencia incluso de sus pares del propio Poder Ejecutivo, destacándose sus apreciaciones descalificantes para con figuras políticas de otros espacios político e incluso del suyo propio”.

Advierten que de volver a la función eventualmente tendría que investigar su propia gestión como ministro o la de sus ex compañeros de gabinete y que incluso podría desde el OI condicionar a su sucesor.

Finalmente, mencionan 18 hechos generados por Sain ministro de Seguridad que van desde referencias despectivas al propio Baclini como al fiscal regional 1, Carlos Arietti y a fiscales locales; contra el gobernador; contra los intendentes de Santa Fe y Rosario; referencias a la política y a la prensa santafesina; a legisladores, dirigentes políticos, contra la justicia; maltrato a varios intendentes; ser “partidario de cagarlos a tiros a todos”, así como burla y falta de respeto institucional.

Y le recuerdan al fiscal Baclini que “se ha presentado, al menos, una denuncia penal respecto a la actuación de Saín en su etapa de ministro, así como también ha habido denuncias públicas en los medios de comunicación y/o redes que ameritan iniciar investigaciones de oficio por parte del MPA”.

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“el desempeño en el cargo de Ministro de Seguridad, conservando su cargo como director del OI, genera incompatibilidades y prohibiciones manifiestas y flagrantes al momento de solicitar el levantamiento de la licencia oportunamente otorgada y pretender reincorporarse y permanecer en su cargo de origen”

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