Ante el agravamiento de la crisis económica, que impacta en el conjunto del sistema de salud en todo el país, en los últimos tiempos se multiplicó la cantidad de reclamos a causa de prestaciones médicas o medicamentos que se rechazan o se demoran excesivamente por parte de obras sociales, empresas de medicina prepaga y programas nacionales. 

Ese cúmulo de quejas se canaliza por distintos organismos, en todos los niveles, como la Defensoría del Pueblo u organismos de defensa de los consumidores, mediante trámites gratuitos (presenciales o virtuales) en busca de soluciones por vía administrativa, aunque en ocasiones los planteos suelen judicializarse a través de recursos de amparo en el ámbito provincial o federal, generando una creciente litigiosidad en la materia que se desconocía hasta hace unos pocos años.

Tanto es así que numerosos estudios jurídicos se especializaron en el denominado Derecho de la Salud, y otros, al menos, se dedicaron a profundizar en las particularidades de un rubro cada día más requerido por la clientela, y que le sigue de cerca a los conflictos en áreas tradicionales, como penal, laboral y familia.

En Venado Tuerto, uno de los estudios dedicados a la problemática es el que integra la abogada María Carolina Regis, quien señaló que “en el caso específico de la ciudad y la región, desde el año pasado se intensificaron los reclamos por falta de cobertura de los prestadores, y no sólo de tratamientos, tecnologías sanitarias o fármacos de muy alto precio, sino también de valores bastante más accesibles, que tampoco se brindan, o bien se interrumpen una vez iniciados”. 

“Se observan comportamientos de los financiadores de la salud que antes no sucedían, como solicitar la presencia en el rol de garante del Estado nacional ante servicios de alto precio, o bien que se financie en conjunto cuando el afiliado cuenta con una obra social secundaria. Antes, por lo general, esas prestaciones no se cuestionaban, y si había alguna demora se activaba el proceso con alguna gestión que disparaba una pronta solución, pero hoy, en muchos casos, se hace inevitable desembocar en una acción de amparo, a veces por la urgencia, y a veces por el desgaste derivado de un largo recorrido de reclamos infructuosos”.

Asimismo, recordó que “a partir de la pandemia se verificó una mayor inquietud de la ciudadanía por informarse, conocer sus derechos, saber dónde puede hacer sus reclamos ante un conflicto o para esclarecer dudas”. Y añadió que, en este aspecto, tanto la Superintendencia de Servicios de Salud, como la Agencia Nacional de Discapacidad, “publican más información que en otras épocas y ejercen mayor contención al paciente ante la falta de cobertura, lo que significa un gran avance. Además, en el caso de la Superintendencia, las resoluciones son más expeditivas”. 

Sobre el escenario que se avecina, Regis advirtió que serán necesarias “decisiones políticas adecuadas” para evitar un cuello de botella que colapse las posibilidades de la salud pública, sobre todo ante la paulatina salida del sistema de medicina prepaga de miles de argentinos, en su mayoría por la dificultad de afrontar los costos mensuales de los abonos. 

“Hasta el momento, los efectores públicos siguen dando una buena respuesta en casos de patologías graves y/o crónicas; por lo general, cuando los pacientes ya vienen de un recorrido con su patología a cuestas y con historia clínica, mantienen el acceso a la medicación y los tratamientos, aunque a veces no se cuenta con la misma tecnología sanitaria que en el privado, por ejemplo, en oncología, porque se prescriben tratamientos de inmunoterapia que no son los de última generación”, reveló.

“Es posible -continuó la especialista- que nos aproximemos a los esquemas de países europeos, como Alemania o Inglaterra, donde el servicio público de salud prioriza la urgencia, y para aceptar el resto de las patologías son muy rigurosos en cuanto a las certezas de la preexistencia, el diagnóstico y las prescripciones, pero cuando se logra ingresar al sistema, es una maravilla cómo funciona. Al mismo tiempo, para casos que no son de urgencia, mientras nosotros nos enojamos porque los turnos demoran un mes, allá pueden tardar seis meses o más”, comparó en relación con el sistema público de salud.

“No tengo dudas de que esta nueva realidad va a tensionar el sistema y eso va a poner a prueba a los ministerios de Salud de cada provincia, porque algunos podrán hacer pie y otros no, y también habrá que estar atentos a los lineamientos políticos del Ministerio de Salud de la Nación en los próximos meses”, avisó la abogada.

La polémica por los fuertes aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, que incluso generó acciones administrativas y judiciales por parte del gobierno nacional, dio lugar también a reclamos que, en muchos casos, desembocaron en amparos individuales y colectivos en distintas partes del país. 

“Ahora la situación se aplacó porque no se llegó a determinar un criterio por parte de la Corte Suprema, sino que los procesos se limitaron a creaciones jurisprudenciales de primera instancia o de cámaras de apelaciones de diversas provincias, es decir que, más allá de los lineamientos adoptados por el Poder Ejecutivo, no se estableció ningún precedente desde el Máximo Tribunal hacia los jueces inferiores”, describió Regis.

Cabe recordar que las prepagas acordaron con la Superintendencia de Salud la devolución de los montos cobrados en exceso entre enero y abril en 12 cuotas, y desde julio las cuotas volvieron a liberarse. En este marco, en los últimos días las empresas comenzaron a comunicar a sus afiliados los aumentos que sufrirán las cuotas en agosto, que van desde el 4,9% al 7,8%, siendo el segundo retoque luego de que la Justicia dejó sin efecto la cautelar que impedía las subas por encima de la inflación.

Desde la Defensoría del Pueblo, el abogado Alberto Turcato comentó que “en los casos relacionados con la salud, nosotros hacemos el trabajo primario, tomando el reclamo y acompañando al vecino en su queja ante quien corresponda, y la mayoría de los planteos los venimos solucionando; en los que no se logra un acuerdo, se inicia la gestión con el asesoramiento del abogado particular del ciudadano, porque la Defensoría deja de tener intervención. También hay situaciones de urgencia en las que el interesado acude directamente al ámbito judicial en busca de un amparo, porque no dispone de un margen de tiempo para transitar las instancias administrativas, que siempre implican alguna demora”, explicó.

“En los últimos tiempos aumentaron los reclamos en gran medida, tanto en el programa nacional Incluir Salud, por el recorte de varias de las prestaciones que se venían brindando, como en las prepagas y obras sociales, donde suele ocurrir que se ofrecen prestaciones que no son las prescriptas por los médicos, derivando en amparos y otros recursos”, graficó Turcato. 

(Por Ana Inés Dobal) - Los ajustes a nivel nacional en casi todas las áreas no son una novedad, pero este miércoles 7, una concentración de profesionales prestadores de servicios a personas con discapacidad y sus concurrentes, se concentraron en plaza Sarmiento de Rufino para manifestar su descontento y explicar el porqué de la emergencia.

Los voceros que pusieron palabras a esta manifestación pacífica en el centro de la ciudad fueron Gisela Festini y Enzo Rosli, prestadores de CIAD y San Teodoro, respectivamente, quienes ofrecieron detalles sobre la situación de alarma.

En palabras de Rosli, “las obras sociales y prepagas están poniendo muchas trabas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”, dado que “las prestaciones a discapacidad, tales como centros de día y hogares en los que los jóvenes desayunan o almuerzan, por ejemplo, han tenido un alto incremento”. 

Y con respecto al transporte, el arancel también está desfasado, y no sólo se afecta a las prestaciones, sino que “muchas personas del programa Incluir Salud -que tienen pensión por discapacidad- no están recibiendo sus prestaciones como corresponde porque no las están autorizando directamente”, explicó por su parte Festini.

“Al haber un incremento significativo del costo de las prepagas, sin control, hay muchas personas con discapacidad que no han podido seguir pagando por ese servicio, tampoco pudieron hacerlo sus familias y se quedaron sin cobertura en salud integral, en todo lo que necesitan, por lo que no podemos dejar de visibilizarlo”, agregó.

Mientras tanto, en un polémico posteo en su muro de la red social Facebook, el intendente local Natalio Lattanzi, expresó este jueves: “¿En particular, en general y privado, la discapacidad al fin es un negocio, un kiosco más, si no hay plata te sacan a la calle?”

La sintética manifestación, en modo interrogante, del dirigente macrista generó, de inmediato, comentarios a favor y en contra. Las instituciones y personas expresaron su punto de vista con comentarios, y algunas entidades encargadas de prestar servicios y nuclear a los familiares de personas se manifestaron públicamente al respecto.

Desde Marea Azul, que nuclea a padres y familiares de personas con autismo, señalaron: “Mi hijo/a no es un negocio. Es una persona con discapacidad que necesita atención para obtener una mejor calidad de vida. Es alguien que requiere de terapias en manos de profesionales especializados. Es ante todo una persona con derechos a obtener atención en salud como cualquier otra. Es alguien que nació con una condición y sólo puedo acompañar su crecimiento desde la comprensión, la empatía y la aceptación en un mundo que no está preparado o adaptado para incluirlo”.

“Para cualquier familia, contener a un familiar con discapacidad es cambiar absolutamente la mirada y padecer la ignorancia y los prejuicios. Nada sobre nosotros sin nosotros. Pedimos que quienes hablen sobre discapacidad, se informen, dialoguen con terapeutas y docentes y, sobre todo, con familias de personas con discapacidad”, versa uno de los comunicados.

La situación es tensa y crítica, y las expresiones de descontento, además de las dificultades generalizadas, se evidencian en todo el territorio con este tema que repercute localmente con fuerza, y otros que se suman a una lista interminable de crisis con las que habrá que seguir lidiando. 

El martes último, en Venado Tuerto y distintos puntos del país, prestadores de servicios a personas con discapacidad se movilizaron para visibilizar sus reclamos ante las demoras en los pagos de las obras sociales, que los afectan en mayor medida en tiempos de inflación desbocada, a lo que debe sumarse los anunciados recortes presupuestario en dicha área.

María Carolina Regis, abogada.

Al respecto, la abogada María Carolina Regis, presente en la manifestación en la plaza San Martín, comentó a Sur24 que los prestadores son los que brindan servicios a las personas con discapacidad, mencionando entre otros a transportistas, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales y centros de día. “Algunos trabajan en forma particular y otros en instituciones. Veamos qué está pasando: las prestaciones por discapacidad se brindan a través de obras sociales y para aquellos que no tienen obra social, les cubre el Estado a través del programa Incluir Salud. Para cubrir estas prestaciones existe el Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Las obras sociales se financian principalmente con los aportes de los trabajadores y empleadores. Cada trabajador en relación de dependencia aporta automáticamente un 3% de su sueldo para financiar su obra social y su empleador aporta otro 5 %. De ese total, entre un 80% y un 85% (dependiendo de los ingresos del trabajador) se destina a la obra social para la prestación del servicio y el restante 15% o 20% se dirige al Fondo Solidario de Redistribución (FSR)”, describió. Y amplió: “Los recursos del FSR se integran además con el producido de las multas que aplica la Superintendencia de Servicios de Salud. El Estado le asigna ese fondo a las obras sociales por los servicios que pagan de discapacidad y de otras prestaciones médicas de baja incidencia, de alto impacto económico y las de tratamiento prolongado”.

Más adelante, la especialista en Derecho de Salud, alertó que “ese fondo no es dinero del Estado, es dinero que el Estado le retiene a los trabajadores y a las empresas para administrarlo. Si este fondo entra en crisis, lo que entra en crisis es el sistema de atención de las personas con discapacidad que brindan las obras sociales. Desde hace dos meses circula un borrador de DNU que el propio director de la Agencia Nacional de Discapacidad admitió públicamente y por el cual quieren estatizar las prestaciones. Es decir, le quieren avisar a las obras sociales: ‘Señores, no paguen más las prestaciones de discapacidad que ahora las va a cubrir el Estado’.

Y sostuvo: “Nosotros nos oponemos totalmente a la estatización del sistema, como familias de personas con discapacidad y como profesionales. Todos marchamos el martes 30 porque defendemos el sistema de prestaciones a través de las obras sociales, ya que, al menos, con sus deficiencias, hay mucha gente que tiene que pelear con la obra social, pero es un sistema que existe, y que con sus carencias y demoras, funciona. Muchas familias de personas con discapacidad deben recurrir a reclamos y juicios de amparos, pero por lo menos la obra social existe y responde. ¿Cuál es el mayor miedo? Si lo que hace el Estado con ese fondo, es estatizarlo y administrarlo… probablemente desaparezca el sistema y no le paguen a nadie”.

Con tono enérgico, Regis advirtió que “el borrador del DNU prevé que ese fondo lo va a administrar la Agencia Nacional de Discapacidad, que es un organismo bastante burocrático y que no da soluciones concretas a nadie, y lo más probable es que ese fondo se pierda en más burocracia y corrupción, en lugar de llegar a las personas con discapacidad por las prestaciones que requieren. Esa es la gran preocupación de hoy en día de los prestadores y de las familias de personas con discapacidad. Hay mucha presión y lobbies para que este fondo se estatice. Y ese es justamente el ajuste que quieren hacer. Tememos que el Estado diga ‘me hago cargo yo’ y que después no pague”.

Sin embargo, ése no es el único problema, pues últimamente las personas con discapacidad se encuentran con otra barrera: la escasez de dólares: “El Banco Central está impidiendo que las empresas importadoras de insumos esenciales para la vida cotidiana de las personas con discapacidad, como sillas de ruedas, elementos para gastrostomía o traqueotomía, etc., puedan hacerlo, ya que no facilita los dólares para la operación. Las obras sociales en este momento no están recibiendo los pedidos de ese tipo de insumos que hacen los afiliados porque entienden que después no lo van a conseguir en el mercado, ya que están frenando las importaciones. Este es otro drama que están viviendo hoy las personas con discapacidad y sus familias”.

“Hay convenciones internacionales que defienden los derechos de las personas con discapacidad, nuestra Constitución Nacional y numerosas leyes en nuestro país. Por eso insistimos y nos unimos en la preocupación de los prestadores, porque todos defendemos los derechos de las personas con discapacidad. No estamos ajenos a la crisis argentina que atravesamos, pero nos oponemos rotundamente a que el ajuste empiece con el sector más vulnerable de la sociedad: las personas con discapacidad. Los mayores problemas que atraviesan las prestaciones de discapacidad son la inflación y la escasez de dólares. Y ahora, para sumar más preocupación, el intento de estatizar el Fondo Solidario de Redistribución”, sintetizó.

En horas de la mañana de este miércoles, se realizó una reunión convocada por la Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad y el Programa Federal Incluir Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, con representantes de instituciones y transportistas de personas con discapacidad. El encuentro se desarrolló en la sede del Rotary Club Venado Tuerto.

Marcelo Gieco, coordinador del Programa Federal Incluir Salud en Santa Fe. Foto: Gentileza.

En representación del Ministerio Marcelo Gieco, coordinador del Programa, señaló que, pandemia mediante, el objetivo es visitar las distintas localidades para informar sobre los programas vigentes, escuchar inquietudes y acordar estrategias comunes en beneficio de las poblaciones a las que están destinadas las políticas del área.

“Nos urgía venir a esta ciudad donde vemos que se han expedido una gran cantidad de certificados de discapacidad y esto genera demandas a las que hay que dar respuesta. Sabemos que han surgido comentarios e inquietudes y queremos tranquilizar las ‘ansiedades’ y sobre todo informarles sobre nuestras programas”, indicó Gieco.

En otro tramo el funcionario señaló también que quieren reactivar estas reparticiones que, a su entender, en la gestión anterior “se minimizaron y se dejaron de lados programas y de otorgar pensiones por discapacidad, si bien los certificados seguían entregándose”.

“Esta es una primera reunión, de acuerdo a las inquietudes que recibamos, haremos un diagnóstico sobre la discapacidad en la ciudad y a partir de allí informar y aplicar nuestra políticas de atención e inclusión para esta población”, subrayó.

Participaron del encuentro la directora de Inclusión de Personas con Discapacidad Marcela Tourn, el jefe de la Zona de Salud, Pedro Bustos y la trabajadora social Mónica Villa, instituciones que trabajan con discapacidad, entre otros, Creni, Trazando, Los Pinos, Hogar Familia y transportistas particulares.