La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), del Gobierno de Santa Fe, confirmó que 5.411 personas se inscribieron para participar en la próxima subasta pública, que se realizará el jueves 16 de abril en el Salón Metropolitano de la ciudad de Rosario.

El dato cobra relevancia no solo por la magnitud de interesados -el número más alto de todos los remates-, sino también por la amplitud federal de la convocatoria, ya que se registraron participantes de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, señaló que “el nivel de inscriptos demuestra que hay confianza de la ciudadanía en un proceso que se caracteriza por su transparencia, publicidad y accesibilidad y que se ha demostrado en las cuatro ediciones anteriores de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Cada lote que se subasta vuelve a la sociedad convertidos en recursos útiles para todos los santafesinos”.

Asimismo, el funcionario subrayó que “desde el Gobierno Provincial impulsamos estas iniciativas porque entendemos que los bienes que provienen del delito deben transformarse en oportunidades para la comunidad, y eso es lo que logramos con cada subasta”.

La subasta contará con 150 lotes, entre los que habrá un avión, autos, y motos, entre otros elementos.

Con este nivel de participación, la Provincia ratifica el interés creciente que despiertan estas iniciativas y la importancia de consolidar políticas de administración de bienes destinadas a garantizar un Estado más eficiente y cercano a la gente.

Seguridad

Para poder participar del proceso fue requisito obligatorio completar la inscripción online, ya que todos los datos de las personas interesadas se cruzarán ahora con el Ministerio de Justicia y Seguridad y con la Policía de Investigaciones para corroborar que no tengan ninguna vinculación con organizaciones criminales de la provincia de Santa Fe.

Como se informara, la Provincia garantiza el bloqueo de dominio de los vehículos, un dato importante para dar tranquilidad a la ciudadanía que se quiera inscribir y que quiera participar de la subasta. En este sentido, se cambian las patentes de los vehículos asignándoles un dominio totalmente diferente anulando la vinculación con el anterior titular registral.

Será la quinta subasta de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Entre las cuatro anteriores se recaudaron más de 3.500 millones de pesos.

Sobre la Aprad

La Aprad es el organismo provincial que administra los bienes y efectos secuestrados o sometidos a otras medidas judiciales derivadas de delitos o contravenciones, con el fin de darles utilidad social.

Los bienes pueden ser automóviles, insumos informáticos, celulares, joyas o muebles. En el caso de vehículos, pueden asignarse a la Policía, al Servicio Penitenciario o a instituciones educativas y asistenciales de la provincia. También pueden ser rematados o compactados. Los elementos de cocina, vestimenta y demás bienes hogareños pueden destinarse a entidades de beneficencia.

La Sede Fiscal de Venado Tuerto -antes Fiscalía Federal- a cargo de los fiscales Javier Arzubi Calvo y Daniela Ghiorzi ordenó en la madrugada de este viernes, el secuestro de más de 38 millones de pesos en efectivo y cheques por más de 24 millones de pesos en un procedimiento de control vehicular llevado a cabo por la Sección Vial de la Gendarmería Nacional Argentina en la Ruta Nacional 8.Se trata de un hecho ocurrido cerca de las 12.30 de la madrugada, cuando los gendarmes advirtieron que una camioneta Fiat Ducato conducida por quien dijo ser un comisionista, transportaba en la parte delantera del vehículo dos cajas que no poseían documentación respaldatoria. 

Así fue que la Auxiliar Fiscal de esa Sede, la Dra. Rocío Estrada, quien estuvo a cargo del procedimiento solicitó al juez subrogante del Juzgado Federal, Dr. Carlos Villafuerte Ruzo, la requisa de la camioneta -que provenía desde Buenos Aires-.

El resultado de la requisa de las cajas trasladadas en la Ducato dejó perplejos a los intervinientes debido a la gran cantidad de dinero hallado, el cual fue secuestrado y puesto a disposición de la justicia federal.  

El Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a través de la Secretaría de Gestión de Registros, continúa con el proceso de compactación de vehículos incautados y en desuso. Los operativos se realizan con los autos y motos que se encuentran en los galpones de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) en las localidades de Alvear y Santo Tomé y en el Polo Tecnológico de Rosario. En tanto, se avanza en el retiro de vehículos de distintos puntos de la provincia para llevarlos a los depósitos y avanzar con los procedimientos.

Al respecto de esta política, en ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia expresó: “Estas acciones se dan en el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro, que apuntan al reordenamiento, la registración y la limpieza de los espacios, con el compromiso de colaborar con el orden, cuidar el ambiente y respetar el real destino para el cual fueron pensados estos espacios”.

“Hemos trabajado muchísimo en el ordenamiento y regularización de los vehículos que estaban depositados en Aprad, con galpones totalmente abandonados. No había trazabilidad de los bienes que la Justicia mandaba a depósito, no se sabía de qué causas llegaban, ni con qué motivo”, finalizó el funcionario.

En lo que va de esta gestión, se compactaron 1.700 vehículos (autos y motos) y 400 toneladas de materiales. El proceso sigue adelante en toda la provincia y se espera llegar a 500 toneladas en los próximos meses.

La idea es actuar en cada rincón del territorio provincial para reducir la cantidad de vehículos que debido a su estado de abandono deben ser destruidos.

Al iniciar la gestión del gobernador Máximo Pullaro, existían en toda la provincia más de 30.000 vehículos en distintos depósitos, principalmente en el Polo Tecnológico de Rosario, donde había más de 1.000 unidades.

La compactación se produce luego de un relevamiento para determinar en qué condiciones se encuentran cada uno de los vehículos que están en los depósitos judiciales a cargo del Estado provincial.

De esta manera, se define si deben ser compactados, subastados, reparados o desguazados para reacondicionar móviles de seguridad, salud o desarrollo.

En los últimos días la provincia ya comenzó a relevar para poder intervenir el depósito judicial “Santa Emilia” ubicado en Elortondo, donde se encuentran más de 1300 vehículos entre autos, motos y hasta bicicletas.

En el caso de los materiales ferrosos y no ferrosos, son el producto de decomisos realizados en chatarrerías que son clausuradas por no poder justificar el origen de los elementos allí depositados.

Con relación al trabajo que se lleva adelante sobre chatarrerías y desarmaderos, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza dijo: “Estamos persiguiendo este tipo de robo hormiga. Estamos controlando a quienes reducen lo robado, estamos en ese eslabón de la cadena”.

“En los distintos allanamientos hemos encontrado placas de cementerio, material de la EPE, de Aguas, de empresas de telefonía, etc. Este tipo de robos son pequeños, pero afecta a la ciudadanía muchas veces dejándola durante horas, o días sin algún tipo de servicio”, puntualizó el funcionario.

Las inspecciones a chatarrerías se dan en el marco de las políticas activas que viene llevando adelante el Gobierno de la provincia con relación a la inspección de depósitos de materiales que se presumen robados o sustraídos.

La Aprad se encuentra en la órbita de la Secretaría de Gestión de Registros del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.

Todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones, son puestos a disposición de Aprad. Los bienes y efectos o su producido tienen como objetivo primordial su utilidad social.

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó la incautación de más de 1.800 celulares en las requisas que se realizaron, desde el inicio de su gestión, en distintos pabellones de las unidades penitenciarias de la provincia de Santa Fe.

Durante una visita a la Dirección General de Asuntos Penitenciarios, el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, con quienes observó los 1.800 dispositivos incautados en los diferentes penales durante las requisas que se llevan adelante desde que asumieron las nuevas autoridades.

Con los celulares ocupando gran parte del patio que la institución posee en la ciudad de Santa Fe, el gobernador resaltó que la decisión de llevar adelante estas requisas "se tomó en un marco de mucha violencia y criminalidad; y de muchos delitos que, se probaron, se cometían desde la cárcel, con teléfonos celulares. Producto del control que se está teniendo de las cárceles, y de la imposibilidad de comunicarse, hoy hay delitos que empiezan a bajar, fundamentalmente el robo y la extorsión", detalló.

A continuación, Pullaro indicó la importancia de "las herramientas que la Legislatura nos dio y que nos permitieron intervenir con más fuerza y tener mayor niveles de control en el Servicio Penitenciario, porque el Estado tiene que tener lo mecanismo que permita limitar la comisión permanente de delitos".

"Hoy la sociedad puede ver algún tipo de resultado que le ha dado el Gobierno, pero fundamentalmente los poderes del Estado", destacó el gobernador, al tiempo que manifestó: "Somos conscientes de las críticas, pero solamente estamos haciendo cumplir la ley y la Constitución de la República Argentina y de la provincia de Santa Fe"

Durante la visita a la Dirección General de Asuntos Penitenciarios, el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni; y la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri.

Por su parte, Cococcioni detalló que "estos 1.800 celulares son equivalentes, en número, a todos los secuestrados en los cuatro años anteriores" y destacó "la decisión, que ha tomado el Gobierno de Santa Fe y ejecutado la Secretaría de Asuntos Penales y el Servicio Penitenciario, de restituir los grupos de requisas organizados, que habían sido disueltos".

El funcionario precisó que "la decisión fue volver a un solo grupo que irrumpe de manera no anunciada y sorpresiva, no se le avisa a los directores de unidad; y que reporta directamente a la directora del Servicio Penitenciario, por vía de su plana mayor. Esto permite, por supuesto, una mayor efectividad, porque quienes están en el grupo de requisas no tienen contacto regular y familiar con los privados de la libertad, y actúan como un grupo de choque externo".

Asimismo, el ministro detalló que los celulares incautados "están a disposición del Ministerio Público de la Acusación, porque entendemos que la mejor opción siempre es una investigación externa e imparcial".

Por último, Cococcioni manifestó que "la realidad nos exige ser contundentes en nuestra acción. A lo mejor hace 10 ó 15 años el celular podía ser considerado inofensivo, pero hoy, en un contexto de criminalidad organizada, no tenemos más alternativa que proceder de esta manera, porque no podemos permitir que los delincuentes sigan manejando sus organizaciones desde dentro de la cárcel".

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó más de 100 toneladas de granos que eran transportadas en cuatro camiones de manera irregular.

La maniobra, realizada a través de la Dirección General Impositiva (DGI), fue desarticulada durante operativos llevados adelante en rutas del sur de la provincia de Santa Fe. En los procedimientos participaron miembros de las fuerzas federales y locales.

Las tareas de fiscalización y control presencial se realizaron en las cercanías a las localidades de Rufino y Maggiolo tras investigaciones de las áreas especializadas en el sector agropecuario de la AFIP.

La AFIP incautó 70 toneladas de maíz en rotonda de 8 y 33

Luego de comprobar que la mercadería era trasladada sin su respaldo documental correspondiente, los inspectores procedieron a interdictar 91 toneladas de maíz y 10 toneladas de avena, equivalentes a la carga de 4 camiones.

Los cereales están valuados en 5 millones de pesos y permanecen en un acopio de la ciudad de Venado Tuerto.

Los procedimientos contaron con la intervención de Gendarmería Nacional y de la Policía de la provincia de Santa Fe. La AFIP realizará los ajustes impositivos y aplicará las sanciones correspondientes por la maniobra fraudulenta.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), incautó 70 toneladas de maíz durante controles realizados en el cruce de las rutas nacionales 33 y 8, cercano a la localidad de Venado Tuerto. El valor de la mercadería asciende a 3.500.000 de pesos y equivale en cantidad a un total de 2 camiones de transporte.

Como resultado del procedimiento, agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto detectaron que uno de los camiones no contaba con la Carta de Porte Electrónica que es un documento obligatorio para amparar el transporte automotor y ferroviario de granos que no están destinados a la siembra de legumbres secas.

En el caso del segundo camión, el personal de la AFIP constató irregularidades en el transporte de mercadería ya que, el remito presentado por el transportista no correspondía con la verdadera carga del camión y además fue sustituido recientemente por la Carta de Porte Electrónica de derivados granarios.

Las áreas de la AFIP especializadas en actividades agropecuarias focalizan sus esfuerzos para desarticular potenciales maniobras de evasión impositiva y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. De esta manera, el organismo busca evitar que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal para los productores legítimos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó irregularidades en la comercialización de granos en cinco camiones durante controles de ruta en provincias del noreste argentino, con una carga total de 113 toneladas de soja y maíz, valuadas en 6,6 millones de pesos.

Los agentes de la AFIP llevaron adelante los operativos en el acceso al Puente General Manuel Belgrano (Chaco), Paso de la Patria (Corrientes) y Tatané (Formosa), en los que se llevaron tareas de control sobre la validez de origen de la mercadería y el cotejo documental y registral requerido para el transporte de materias primas.

“Se verificó que los granos tenían un origen dudoso, ante la falta de cartas de porte que respalden la adquisición de la mercadería por parte de productores legítimos. En ese sentido, la DGI comprobó que los remitentes y destinatarios de la soja y el maíz carecían de capacidad económica y financiera para llevar adelante la actividad”, detalló AFIP en un comunicado.

Prefectura decomisó más de 7,6 toneladas de soja de contrabando

A raíz de las irregularidades detectadas, los inspectores procedieron a interceptar la carga de cinco camiones que transportaban una carga de 83 toneladas de maíz y 30 de soja, mercadería que, de acuerdo a la cotización vigente en la Bolsa de Comercio de Rosario, tiene un valor que asciende a los 6,6 millones de pesos.

“Las acciones de la DGI especializadas en actividades agropecuarias focalizan sus esfuerzos para desarticular potenciales maniobras de evasión impositiva y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente para evitar que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal para los productores legítimos”, afirmó el organismo que conduce Carlos Castagneto.

La Aduana encontró en una encomienda postal un kilo de una sustancia de estupefaciente gamma-butirolactona (GBL), también llamada éxtasis líquida o “droga del sexo”, proveniente de los Países Bajos. El hallazgo se dio en las oficinas de las Encomiendas Postales Internacionales ubicada en el barrio de Retiro. 

Cuando el envío estaba por ser retirado, las autoridades procedieron a la apertura de la caja y visualizaron dos frascos de removedores de pintura transparentes, similares a un gel líquido, que fueron sometidos al analizador portátil de sustancia TruNarc, arrojando resultado positivo de la sustancia GBL. 

También informaron que el kilo/litro de GBL en el mercado vale unos mil dólares, o sea, 337.000 pesos al cambio del dólar libre del día. En la calle, según los investigadores, se vende en dosis de 10 a 30 mililitros por 10 o 30 dólares, respectivamente; o sea, entre 3.370 y 10.110 pesos. 

Esta sustancia se comercializa comúnmente en estado líquido o en gel. Por ello, suele consumirse de manera oral, aunque se encuentran reportes de quienes la administraron vía endovenosa e incluso vía rectal. 

Tras la ingesta, una vez dentro del organismo, la gamma-butirolactona se transforma casi inmediatamente en ácido gamma hidroxibutírico, sustancia depresora del Sistema Nervioso Central, que posee un efecto dual según la dosis administrada. 

Cuando es a bajas dosis, predomina una acción estimulante: 

En tanto que a altas dosis, superiores a los cuatro gramos, presenta un efecto fuertemente depresor: 

Por estos efectos, la gamma-butirolactona también es conocida como “la droga del sexo”, ya que por sus características incoloras e insípidas puede ser fácilmente incorporada a bebidas sin que la víctima note su presencia. Incluso, su efecto sedante se potencia si se ingiere junto con alcohol. 

La dosis máxima a suministrarse para percibir los efectos deseados y la dosis mínima requerida para que esta sustancia sea letal, se encuentran muy próximas entre sí, por lo cual es muy fácil incurrir en una sobredosis con potencial riesgo de muerte. 

Un buque de la Guardia Costera de EE. UU. descargó el jueves más de 30 toneladas métricas de cocaína y marihuana, supuestamente por un valor de más de mil millones de dólares, que fueron incautadas en el mar durante un despliegue de meses frente a las costas de América del Sur.

El botín de narcóticos ilegales traído a casa por el patrullero James de la Guardia Costera de EE. UU. fue uno de los más grandes en la memoria reciente, un reflejo del arsenal estadounidense cada vez más sofisticado que incluye poderosos drones y cámaras infrarrojas especiales que pueden detectar el calor de pequeñas embarcaciones cargadas de cocaína.

Pero también destaca un aumento reciente de narcóticos provenientes de Colombia, un aliado cercano de Estados Unidos y el mayor productor mundial de cocaína.

Los principales funcionarios antinarcóticos de la administración Biden viajaron al sur de Florida para dar la bienvenida a la tripulación del barco y promocionar el papel de la Guardia Costera en la interceptación de drogas antes de que lleguen a las calles estadounidenses.

Foto: Periodistas, políticos y funcionarios federales junto con miembros de la Guardia Costera de los EE. UU. y otras agencias de aplicación de la ley, mientras ven más de mil millones de dólares en cocaína y marihuana incautados a bordo del guardacostas James en Port Everglades, el jueves 17 de febrero. de 2022, en Fort Lauderdale, Florida. La Guardia Costera dijo que el botín incluía aproximadamente 54,500 libras de cocaína y 15,800 libras de marihuana de múltiples interdicciones en el Mar Caribe y el Pacífico oriental. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

“Estamos golpeando a los traficantes de drogas donde más los golpea: sus bolsillos”, dijo el Dr. Rahul Gupta, jefe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca.

Gupta dijo que la administración de Biden busca aumentar el presupuesto del gobierno de EE. UU. para construir la infraestructura de tratamiento de adicciones de la nación y reducir el suministro de opioides sintéticos como el fentanilo y otras drogas.

Pero las redadas récord de la Guardia Costera, las fuerzas del orden público federales y los países socios también subrayan lo poco que ha disminuido el flujo de cocaína proveniente de América Latina desde que el presidente Richard Nixon declaró la guerra a las drogas hace medio siglo.

El cultivo de coca en Colombia en 2020 se disparó a 245.000 hectáreas (945 millas cuadradas), suficiente para producir 1.010 toneladas métricas de cocaína, según el último informe de la Casa Blanca sobre tendencias de cosecha en la región andina. Recientemente, en 2014, la producción potencial era menos de la mitad de esa cantidad. La producción en Perú y Bolivia también ha aumentado constantemente.

El almirante Karl Schultz, comandante de la Guardia Costera de EE. UU., dijo que esos números serían aún mayores y que el impacto desestabilizador en la región por parte de las organizaciones criminales transnacionales sería aún peor, si no fuera por los esfuerzos de interdicción de EE. UU.

“¿Importa? Es absolutamente importante porque mantiene un control sobre las cosas”, dijo.

El Embajador Todd Robinson, quien dirige la oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado, se hizo eco de él.

“No siempre se trata solo de incautaciones”, dijo Robinson, quien anteriormente se desempeñó como el principal diplomático de Estados Unidos en Guatemala y Venezuela, dos importantes zonas de tránsito de la cocaína colombiana. “También se trata de desarrollar la capacidad de nuestros socios”.

Dos horas después, los gendarmes hallaron otros 916 kilos 328 del estupefaciente acumulado entre la maleza, en cercanías a la Ruta Nacional N° 12.

VIDEO. Detectan 4 toneladas de marihuana ocultas entre paquetes de aserrín

Durante la mañana de ayer, personal dependiente del Escuadrón 10 “Eldorado”, mientras efectuaban tareas de patrullaje motorizado en la localidad de Puerto Esperanza, fueron alertados por marcas de vehículos aparentemente recientes, las cuales se encontraban sobre caminos de tierra, a la altura del Paraje Istueta.

VIDEO. Interceptan camionetas con cientos de kilos de cocaína y de marihuana en la puna salteña

Consecuentemente, los funcionarios llevaron a cabo un rastrillaje en la zona, detectando 19 bultos de diferentes formas y tamaños ocultos entre la vegetación con 586 paquetes rectangulares con “cannabis sativa”. Se decomisó un total de 262 kilos 970 gramos.

Luego de dos horas, efectivos dependientes de la misma Unidad, siguieron a pie otras huellas vehiculares macadas en la zona del Paraje 5 Arroyos y hallaron otros dos acopios similares a los anteriores.

Los uniformados contabilizaron un total de 79 bultos que contenían 916 kilos 328 gramos de marihuana, distribuidos en 1.616 “ladrillos”.

En ambos procedimientos, intervinieron el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, quienes orientaron el secuestro de la totalidad del estupefaciente, 1.179 kilos 298 gramos.

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