El Poder Ejecutivo nacional dispuso una actualización integral de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales, herramienta clave para determinar el grado de daño físico o psíquico que sufre un trabajador a raíz de un accidente laboral o enfermedad profesional.

La nueva versión reemplaza a la que estaba vigente desde 1996 y promete más objetividad, rapidez y equidad en el otorgamiento de compensaciones.

Mediante el Decreto 549/2025, publicado este 6 de agosto en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió sustituir la tabla aprobada en 1996 por un nuevo baremo que incorpora avances médicos, tecnológicos y científicos en la valoración de incapacidades.

El texto oficial señala que el objetivo es “garantizar la igualdad de trato” para todos los trabajadores afectados y evitar criterios discrecionales en la determinación de indemnizaciones.

El sistema de riesgos del trabajo en Argentina se apoya en esta tabla —conocida como Baremo Laboral— para calcular el grado de incapacidad y, en consecuencia, el monto de las prestaciones económicas. Según la normativa, la medición debe tener en cuenta factores como la edad del trabajador, el tipo de actividad que realiza y sus posibilidades de reubicación laboral.

La actualización fue aprobada por unanimidad en el Comité Consultivo Permanente de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, un órgano tripartito que reúne representantes de trabajadores, empleadores y el Estado. Su dictamen es vinculante, por lo que el Poder Ejecutivo debía aplicarlo.

Uno de los puntos centrales de la reforma es reforzar la aplicación obligatoria de la tabla en todos los casos, tal como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallos recientes. El máximo tribunal sostuvo que no utilizar el baremo oficial implica apartarse de la ley y genera desigualdades entre los damnificados.

El decreto también busca reducir la litigiosidad, es decir, la cantidad de juicios por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Según el texto, aplicar criterios uniformes previamente establecidos contribuye a que las prestaciones se otorguen de forma más automática, evitando disputas prolongadas en los tribunales.

Para lograrlo, la norma invita a las provincias a integrar Cuerpos Médicos Forenses especializados en riesgos laborales. Estos equipos estarán conformados por peritos con formación específica y tendrán la misión de realizar evaluaciones objetivas, sin que su remuneración dependa del resultado de la causa, lo que —según el Gobierno— aumenta la imparcialidad.

La nueva tabla comenzará a aplicarse 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, a partir de febrero de 2026. Desde esa fecha, toda valoración o determinación de incapacidad laboral que no haya sido resuelta —ya sea en instancia administrativa o judicial— deberá hacerse con el nuevo sistema.

Para los trabajadores, el cambio implica que sus casos serán evaluados con criterios actualizados y unificados en todo el país, lo que podría traducirse en resoluciones más rápidas y menos posibilidad de resultados dispares ante situaciones similares.

Para los empleadores y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), la reforma puede significar una disminución en los costos derivados de procesos judiciales prolongados y la posibilidad de prever con mayor certeza el monto de las indemnizaciones.

El decreto también faculta a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a dictar normas complementarias, implementar planes de capacitación y difundir los cambios entre los profesionales médicos que integren los cuerpos forenses y oficiales.

Dentro de 15 días, el artículo que comprende a las víctimas de delitos en Santa Fe, permitirá que las mismas puedan solicitar una pensión, que será equivalente a las que se pagan en la provincia por incapacidad.

Podrán acceder al beneficio aquellas personas que, por un hecho delictivo, queden con una incapacidad laboral permanente mayor al 40 %. También, si la persona fallece en el hecho, quienes convivían con ella podrán gestionar la pensión. Este beneficio lo podrán cobrar las víctimas, siempre y cuando no sean autores o coautores del hecho.

“Siempre hablamos de grupo de vulnerabilidad social, es para aquella gente que no tenga recursos o no pueda seguir generando recursos a partir de este hecho”, comentó José Luis Rosetto, director provincial de la Caja de Jubilaciones Ley 5110.

“Si hay un fallecimiento es para los familiares convivientes de esa víctima, que tiene que ser mayor de 18 años porque tiene que tener capacidad laboral. En el caso de que la persona quede viva y tenga una discapacidad, lo puede cobrar la propia persona o un representante”, añadió Rosetto.

El cobro es equivalente al de las pensiones sociales que se cobran en la provincia de Santa Fe por incapacidad, es decir: 36.400 pesos.

El monto de la pensión “se va adecuando con la misma política nacional que tienen los trabajadores estatales”, explicó el director de la Caja de Jubilaciones y añadió: “En abril tuvieron un ajuste del 20 %, en mayo un 10 % y ahora en principio era un 8 más para julio pero el ministro de Trabajo planteó que se va a revisar”.

Esperar que se defina una condena para confirmar quién es víctima de delito puede llevar entre dos y tres años. Por eso, la Caja trabajó con el Ministerio Público de la Acusación para acceder a esta información de manera más rápida.

“El MPA nos facilitó la herramienta que nos faltaba porque hay todo una biblioteca con el tema de las víctimas: quién es y en qué momento se justifica su situación como víctima”, relató Rosetto. “Con esta información ya estamos en condiciones en 15 días de estar iniciando los trámites”, cerró.

Cómo acceder

Toda la información para solicitar el beneficio estará cargada en la página web de pensiones sociales. En principio, estiman que las primeras solicitudes pueden llevar hasta 4 ó 5 meses para concretarse.