El Gobierno analiza la iniciativa de trasladar parte del Ministerio de Justicia al edificio de la sede de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionan actualmente dependencias de la Secretaría de Derechos Humanos, cuya estructura también está siendo objeto de modificaciones, incluyendo algunos despidos para reducir personal.

En las últimas horas hubo cesantías en el Centro Cultural Haroldo Conti y Archivo General de la Memoria, que funcionan en el predio del barrio porteño de Núñez y esto desató fuertes críticas y marchas de organismos de derechos humanos.

Por su parte, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, deslizó que el gobierno de Javier Milei puso en marcha despidos como parte de un plan para "cerrar la ex ESMA" y días después el secretario de DD.HH., Alberto Baños, le salió al cruce y dijo que "miente".

En el marco de la iniciativa de Milei de reducir el Estado, el Ministerio de Justicia que comanda Mariano Cúneo Libarona disminuyó un 37 por ciento su planta de personal el año pasado, lo que implicó -según el Gobierno- un ahorro mensual de 820 millones de pesos.

Esto incluyó la supresión del Inadi y la reducción del 90% del Ministerio de la Mujer, mientras que en 2025 tiene previsto continuar suprimiendo o bajando la estructura.

Como parte de esos cambios, se estudia reacomodar personal del edificio de la sede la cartera de Justicia, en la calle Sarmiento al 300, que seguirá funcionando, y terminar la construcción que se realiza en la ex-ESMA, denominado edificio Presidente Raúl Alfonsín, que está destinado a ser la sede del Ministerio.

El ajuste en esa cartera incluyó la reducción de un 50 por ciento de los autos oficiales y se disminuyó entre un 20 y un 30 por ciento el gasto destinado al personal de custodia. En 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, mudó la sede del ministerio de Justicia a la ex-ESMA.

Mediante el Decreto 696/2024, se dispuso la disolución del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), una entidad descentralizada que se encargaba de formular y ejecutar políticas públicas para combatir estas problemáticas. El decreto, firmado este martes, marca el fin de una gestión marcada por graves irregularidades y falta de eficacia en el cumplimiento de sus objetivos.

El INADI, creado por la Ley N° 24.515 en 1995, tenía como misión la implementación de políticas para erradicar la discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia. Sin embargo, a lo largo de los años, se acumularon denuncias y problemas en su funcionamiento que llevaron al gobierno a la decisión de disolver el organismo.

La disolución del INADI responde a una serie de irregularidades y deficiencias detectadas en su gestión. Según el informe realizado por las nuevas autoridades del instituto, se encontraron serios problemas en la administración de recursos, contratación de personal y gestión de bienes. Entre los hallazgos más preocupantes se incluyen:

Ineficiencia y Sobrecarga Administrativa: El informe reveló un sobredimensionamiento excesivo en la estructura del INADI. En el momento de la intervención, el instituto contaba con 431 empleados distribuidos en 44 sedes en todo el país. En marzo de 2024, el Estado Nacional gastó más de 315 millones de pesos en salarios, una suma equivalente a aproximadamente 2,347 jubilaciones mínimas.

Irregularidades en Contratos y Pagos: Se descubrieron graves irregularidades en la contratación de personal y en la gestión de inmuebles. Además, hubo retrasos significativos en el pago de servicios y gastos operativos, lo que generó intereses y costos adicionales para el Tesoro Nacional.

Desorganización y Falta de Control: El instituto presentaba alrededor de 7,788 actuaciones administrativas sin resolver desde 2016. Las campañas de sensibilización y capacitación ejecutadas carecían de documentación y expedientes administrativos necesarios para respaldar su ejecución.

Ineficiencia en la Gestión de Recursos: La gestión del INADI no contaba con registros fidedignos ni procedimientos adecuados para el control y fiscalización de los recursos, lo que llevó a una administración ineficiente y al incumplimiento de sus funciones esenciales.

Todos los recursos materiales y financieros del INADI serán transferidos al Ministerio de Justicia. Este ministerio asumirá ahora la responsabilidad de diseñar y ejecutar las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo.

La disolución del INADI implica también la reubicación del personal del instituto que se encuentra en régimen de estabilidad. Según el decreto, este personal deberá ser reubicado de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley N° 25.164 y sus modificatorias.

El Ministerio de Justicia será el encargado de elaborar y poner en marcha nuevas políticas para abordar estas cuestiones, y dictará las normas necesarias para la implementación de estas políticas. Esta medida busca optimizar el uso de recursos y asegurar una gestión más eficiente en el combate contra la discriminación.

El gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), implementó una significativa reducción en los contratos de alquiler de oficinas utilizadas por distintos ministerios en todo el país. Esta medida forma parte de una política de optimización y eficiencia en la gestión de recursos públicos.

La cartera, que opera dentro del organigrama del Ministerio del Interior conducido por Guillermo Francos, informó que se dieron de baja 71 contratos de alquiler en todo el territorio nacional, lo que representa un ahorro mensual de 191.518.251 pesos y un ahorro anual de 2.298.218.220 pesos.

Según se informó, los contratos anulados pertenecen a 23 delegaciones públicas en la provincia de Buenos Aires y siete en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), además de alquileres en otras provincias como Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

En dichas oficinas funcionaban más de 3.500 puestos de trabajo pertenecientes a diversas dependencias, incluyendo la Secretaría de Turismo y Deporte, Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), INADI, ENARGAS, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), Migraciones, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Policía Federal Argentina y ENACOM, entre otras.

En la mayoría de los casos, los trabajadores fueron relocalizados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional.

El titular de AABE, Nicolás Pakgojz, indicó que esta medida es solo el primer paso de un plan más amplio de optimización de recursos. En los próximos 12 meses, se prevé la baja de otros 106 contratos de alquiler adicionales, siguiendo los lineamientos establecidos para continuar con esta política de austeridad y eficiencia en la administración de los recursos del Estado.

Según la información brindada por el equipo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, todos los contratos de alquiler que se dieron de baja fueron contratados durante la gestión de Alberto Fernández, específicamente entre 2021 y 2023. Gran parte de estos contratos no fueron renovados al finalizar su período vigente.

Este martes por la mañana, las inmediaciones del edificio del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) de la ciudad de Buenos Aires se llenaron de trabajadores protestando por nuevos despidos.

En la noche del lunes, muchos empleados de planta transitoria recibieron un mail notificándoles que sus designaciones no serían prorrogadas.

Al llegar a sus puestos de trabajo, un cordón policial impidió que los empleados ingresaran al edificio del INADI.

Los trabajadores fueron informados de su desvinculación a través de un correo electrónico en el que se les comunicaba que “no correspondía prorrogar su designación transitoria” y, por lo tanto, estaban “desvinculados” del organismo.

El pasado 22 de febrero, el Gobierno nacional había anunciado el cierre del INADI y la transferencia de sus funciones al Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona. En respuesta, los empleados marcharon hacia la sede de dicha cartera para exigir la "urgente reincorporación".

“Hay empleados con 17 y 20 años de antigüedad. En mi caso, como en el de muchos, me renuevan el contrato cada tres meses; se me vence el mes que viene y no sé qué va a pasar. Esto es una masacre, una ruleta rusa. Se manejan con mucha crueldad”, declaró a Noticias Argentinas Mariana, una de las profesionales del personal de capacitación.

Los trabajadores estatales destacaron que la mayoría de los despedidos pertenecen al colectivo LGTBIQ+ y que, además, hay una persona con discapacidad entre los afectados. También señalaron que la actual interventora del INADI, María Ángeles Quiroga, no ha recibido a los sindicatos desde febrero.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) criticó al Gobierno por esta decisión y acusó a la actual gestión de “avanzar con el desguace del Estado”. “Ahora despiden a otros 120 compañeros en el INADI, llevando el número de cesantías a casi la mitad de sus trabajadores. No podemos permitir que sigan desmantelando las políticas públicas”, publicaron en su cuenta oficial de la red social X.

Los gremios estatales también aguardan con preocupación la revisión de unos 57 mil contratos regidos bajo el artículo 9 y de asistencia técnica, que fueron prorrogados en marzo pasado por otros tres meses. Se teme que a fines de junio ocurra una nueva oleada de cesantías entre los empleados de planta transitoria.

En su informe de gestión ante el Senado, el jefe de gabinete, Nicolás Posse, informó que "al 31/03/2024 se registra un total estimado de 14 mil bajas en la Administración Centralizada y Descentralizada". Además, el oficialismo adelantó su intención de continuar con las auditorías de los miles de empleados en la planta transitoria.

Desde ATE advierten que ya ha comenzado "la cuenta regresiva" hacia nuevas cancelaciones de contratos y denuncian que la situación podría empeorar si el Congreso sanciona la ley Bases, que no solo contempla la privatización de empresas públicas, sino también la autorización para "disolver" organismos e institutos.

El pasado mes marzo, el propio presidente Javier Milei se había expresado al respecto. “Estamos convencidos de llevar adelante un ajuste fiscal, que tiene mucho de motosierra y licuadora. Si lo queríamos hacer rápido, teníamos que hacer las dos cosas. Hay mucho de ambas hoy en día. Entre ellas, eliminamos la obra pública de cuajo, de lo que estoy orgulloso y algo a lo que toda la gente de bien debería oponerse. Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias. Echamos 50.000 empleados públicos. Y van a caer 70.000 contratos más”, destacó en aquella oportunidad el líder de La Libertad Avanza.

Este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno nacional decidió cerrar de forma definitiva el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

El anuncio de la medida generó el rechazo inmediato de los trabajadores del organismo estatal nacional, que este viernes confirmaron que realizarán una jornada nacional de protesta el próximo lunes 26 de febrero.

En Santa Fe, la concentración será frente a la sede del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo desde las 9 horas. Y de acuerdo a lo comunicado también "participarán trabajadores de los distintos organismos nacionales de la ciudad".

A su vez, desde la Asociación de Trabajadores del Estado subrayaron: "Rechazamos los despidos, el ajuste salvaje implementado por el Gobierno Nacional y la destrucción del estado de derecho con la ejecución de este tipo de medidas".

"Reiteramos nuestro compromiso con las políticas públicas inclusivas e igualitarias que han beneficiado enormemente a nuestro país. No toleraremos la pérdida de los derechos que tanto nos costó conquistar", enfatizan en el comunicado.

La delegación local del instituto se encuentra en 1° de Mayo 3163. Actualmente, cuenta con cinco trabajadores -tres de ellos en la capital provincial y dos en Rosario- y reportaron que aún no recibieron ninguna información oficial.

Organizaciones sociales como la DAIA, la Fundación Huésped, Amnístia Internacional, intelectuales y exfuncionarios lamentaron la decisión del Gobierno.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas publicó en su cuenta de la red social X que "la discriminación en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos. Por eso la DAIA, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi tres décadas la creación del INADI, un verdadero ejemplo en el mundo".

"La decisión de cerrarlo, atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es ejemplo a nivel mundial", afirmó la DAIA en un tuit en el que arrobó al INADI y al vocero Adorni.

Sobre el INADI.La discriminacón en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos. Por eso la DAIA, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi tres décadas la creación del INADILa decisión de cerrarlo, atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la…

Por su parte, la Amnistía Internacional Argentina destacó en sus redes que "fuimos el primer país en el mundo en tener un organismo que atiende denuncias por discriminación".

"Reafirmamos la necesidad de políticas públicas que promuevan la diversidad e igualdad. El INADI no puede ser disuelto por la voluntad unilateral del Poder Ejecutivo, pues fue creado por el Congreso para la protección y defensa de todas las personas que sufren discriminación", escribió la ONG en su cuenta de X.

La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) también manifestó su "más profundo repudio" a las intenciones del gobierno de cerrar el organismo y recordó que la discriminación por discapacidad es el principal motivo de discriminación en el país con un 22,47% del total de las denuncias recibidas por el organismo en 2023.

REDI repudia el cierre del #INADI. Acá te explicamos por qué. https://t.co/hDWeMmOIu0 (hilo)

"La discriminación por discapacidad en nuestro país es tan grande que es el colectivo que mayor número de denuncias ha realizado al INADI", continuó la REDI y se preguntó "dónde quedarán registrados los abusos y la discriminación hacia las personas con discapacidad si cierran el INADI", a la vez que se solidarizaron con "los trabajadores del organismo. En particular, nos preocupa el destino de las personas con discapacidad que trabajan en el INADI".

Ornella Infante, dirigente del movimiento Evita y exdirectora de Políticas contra la Discriminación del Inadi, sostuvo que el organismo "supo ser el oído fundamental para aquellos y aquellas que no éramos escuchados por nadie, incluso para quienes éramos detenidas y torturadas por leyes que venían de la época de (la dictadura de 1966 de Juan Carlos) Onganía".

"Es muy preocupante porque el Inadi es el segundo en América Latina y el Caribe, solo México tiene un organismo que lucha contra la discriminación y nuestro país es de avanzada en materia de derechos humanos justamente porque el instituto fue un bastión fundamental para ello", afirmó.

El gobierno nacional anunció la decisión de cerrar el Inadi (Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), en el marco de la política de “reducción del Estado y elminación de lo que no genere beneficio”.

El vocero presidencial Manuel Adorni inscribió la medida en el marco de acciones de “desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la politica o lugares para generar empleo militante. Empezamos a avanzar, ésto lleva un tiempo”.

En ese sentido, confirmó que “el primero va a ser el Inadi, estamos empezando con su cierre definitivo. El instituto cuenta con 400 empleados, tiene decenas de oficinas a lo largo y ancho del país, y muchas veces además tienen la particularidad de que están conducidas por funcionarios de dudosa idoneidad”.

El Gobierno nacional prorrogó por 180 días la intervención del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y designó a María de los Ángeles Quiroga como interventora.

El ámbito educativo es el lugar donde más frecuentemente se viven situaciones de discriminación, de acuerdo al último relevamiento realizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). En base a esa estadística es que se pensó la campaña “Escuelas sin discriminación”, cuyo objetivo es fortalecer a las instituciones educativas como espacio prioritario para garantizar la equidad en el acceso al derecho a la educación de todas las infancias y juventudes.

En ese sentido, la Delegación Santa Fe del INADI abrió una nueva convocatoria para realizar la capacitación durante este año. La formación está pensada en modalidad de taller para realizar durante momentos de encuentros como las reuniones plenarias y está destinada tanto a personal administrativo y auxiliares escolares como a profesores, directivos y supervisores de escuelas secundarias e institutos de formación docente de toda la provincia.

Paula Saini, delegada del INADI Santa Fe invitó a la comunidad educativa santafesina a participar de la iniciativa: “La convocatoria actual es para escuelas o colegios o institutos de formación docente que se quieran sumar y se va a mantener durante todo el año”.

“En caso de ser de Santa Fe o zonas aledañas la capacitación está a cargo del equipo de Santa Fe y en caso de ser de Rosario o zonas aledañas, el equipo de Rosario. Con respecto a las localidades más distantes, estamos definiendo alternativas, una posibilidad es hacerlo virtual en caso de que haya demanda, pero la idea es poder responder a todas las llamadas y demandas que tengamos”, contó Saini.

La capacitación consta de una instancia de formación de un encuentro de reflexión y debate con una propuesta interactiva. Además, se incluye la entrega de recursos educativos para trabajar los temas en las aulas con los estudiantes, como entrevistas a referentes, glosario audiovisual, secuencias didácticas, entre otras.

La campaña del INADI tuvo en Santa Fe su primera edición el año pasado. Por ello, Saini comentó que el objetivo en este 2023 es ampliar su aplicación: “Queremos llegar a las instituciones educativas que el año pasado no se sumaron o no pudimos abarcar”.

A modo de resumen, la delegada del INADI Santa Fe detalló los números que la campaña “Escuelas sin discriminación” tuvo en la provincia durante el 2022: “En total, fueron 360 docentes que participaron de las capacitaciones en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Esperanza. Además, tuvimos 620 estudiantes de las ciudades de Gálvez, Santa Fe y Santo Tomé que participaron de la jornada ya sea a través de escuelas, colegios o institutos de formación docente”.

Para dar el puntapié inicial de la iniciativa en 2023, el próximo 5 de mayo se realizará en la ciudad de Santa Fe una capacitación del INADI junto al Ministerio de Educación dirigida a supervisoras y supervisores de las diferentes regionales de la provincia, con el objetivo de abordar la problemática del acoso escolar de forma integral y con perspectiva de derechos humanos.

Quienes se encuentren interesados en sumarse a la capacitación, pueden escribir a las siguientes direcciones de correo electrónico: prensasantafe@inadi.gob.ar o santafeinadi@gmail.com .

Más de un mes atrás, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) presentó el cuestionario definitivo del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, compuesto 12 páginas y 61 preguntas, 24 vinculadas con las características de las viviendas y los hogares, y 37 sobre la estructura de la población.

El día del censo presencial, declarado feriado nacional, será el miércoles 18 de mayo, y en esta oportunidad se incorporará el censo digital, que estará habilitado desde este miércoles 16 de marzo hasta las 8 del mencionado 18 de mayo.

Entre otros aspectos, el cuestionario contempla un apartado en la página 2 sobre “Dificultad o limitación”, y se consultará, por ejemplo, si alguna persona tiene problemas para “caminar o subir escaleras”, para “recordar o concentrarse”, para “comunicarse, por ejemplo, entender o ser entendida por otras personas”, para “oír, aun con el uso de audífonos”, para “ver, aun con anteojos puestos”, o para “comer, bañarse o vestirse sola”, es decir, no hay referencias específicas a discapacidades, sino a un concepto más general como “dificultad o limitación”, que podría relacionarse con una edad avanzada o la convalecencia de un accidente.

Fabrizio Trossero, abogado.

Sin embargo, aunque el proceso organizativo está muy adelantado, Sur24 consultó a Fabrizio Trossero, quien en su condición de delegado del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), y en el marco de la Comisión de Discapacidad, es co-autor de una denuncia al INDEC por medio del INADI y de un recurso de amparo contra el INDEC, que se presentó este miércoles 9, luego de observar “algunas falencias” en el formulario del censo que, según su criterio, impedirán obtener una base de datos correcta, a los efectos de poder diseñar políticas públicas en el área de la discapacidad.

“Si bien Argentina, en el Censo 2010, fue el primer país en el mundo que incluyó en el formulario a las personas con discapacidad, y que por ello mereció la felicitación de la ONU, descubrimos que en este Censo 2022 no hay referencias a la palabra discapacidad. En ese entonces (2010) se hicieron preguntas genéricas, siguiendo la línea censal de 2001, en referencia a limitaciones o dificultades, pero consultando a la vez si las mismas eran totales, muchas, medias o pocas. Y el INDEC prometió que en función de esa graduación se definiría quiénes entrarían en la categoría de discapacidad, y no sólo eso, sino que se implementaría una encuesta complementaria de 37 preguntas a todas esas personas para lograr un perfil más preciso, como lo prevé el Grupo de Washington, y que se disparan a partir de esas seis preguntas iniciales”, describió el especialista.

“Consideramos que este capítulo del censo, así como está planteado, es inaceptable, y por eso lo exponemos públicamente y ante los organismos correspondientes, sin prejuicios ni animosidades, pero en busca de una corrección, porque será imposible diseñar políticas públicas precisas y eficientes si se parte de un mal diagnóstico”, advirtió Trossero, quien se había desempeñado entre 2009 y 2012 en la Comisión Nacional de Jóvenes Abogados de la FACA.

“Una persona puede padecer una dificultad o limitación temporaria, como consecuencia de un accidente, por ejemplo, o incluso por lógicas razones de edad avanzada, pero eso no tiene nada que ver con una discapacidad, sea adquirida o de nacimiento”, argumentó el abogado oriundo de Gödeken.

“No queremos que se reitere el error que ya cometió el Gobierno nacional, a través del INDEC, cuando en 2018 se llevó a cabo el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad -prometido en 2010-, abarcando apenas unas 40 mil viviendas de todo el país, que arrojó como resultado una prevalencia de población con dificultad del 10,5 % (de personas desde los 5 años de edad y en localidades a partir de 5 mil habitantes). De haber evaluado a fondo esas conclusiones -detalló-, el INDEC hubiera descubierto que esa encuesta era técnicamente incorrecta porque el 46,6% de las personas que ellos tenían registradas con dificultades eran mayores de 80 años y el 25% entre 65 y 79 años, es decir que más del 70% de los encuestados que reconocieron dificultades o limitaciones eran personas adultas mayores, y no personas con discapacidad”, puntualizó.

“Los encuestados responden según su percepción, pero si nosotros, con estos datos, queremos chequear cómo está la discapacidad con respecto a la posibilidad de trabajo, vivienda, educación, etc., hallaremos que no es la realidad de las personas con discapacidad, sino de personas que a lo largo de su vida pudieron trabajar, educarse y hasta lograr su vivienda propia, y que al momento de la encuesta informaron limitaciones o dificultades propias de la edad”, sostuvo. “De hecho, las discapacidades denunciadas por los mayores de 65 años son en su gran mayoría las motrices y de audición o visión”, acotó.

“No es casual que ese 10,2% de personas ‘con discapacidad’ que surgió del relevamiento de 2018 sea el mismo porcentaje que el de adultos mayores del último censo. La verdad es que venimos de una distorsión de las cifras reales de discapacidad y seguiremos agravando la situación si no se corrigen estos formularios. Una cosa es tener una discapacidad y otra muy distinta es autopercibirse con limitaciones luego de una vida muy activa, muy ágil y muy saludable”, definió Fabrizio Trossero.

Por Nancy Balza 

Paula Saini es delegada en la ciudad de Santa Fe del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Abogada y docente, fue designada hace un año al frente de la oficina local del organismo pero conoce su funcionamiento desde hace mucho más tiempo: es asesora legal desde hace más de una década. 

En este diálogo con El Litoral analiza las formas que adquiere la discriminación en nuestro propio territorio, donde a comienzos de 2020 la pandemia puso al descubierto la solidaridad pero también el miedo que se tradujo en sesgo negativo hacia agentes de salud, mientras se sostienen conductas de marginación y exclusión en otros ámbitos. ¿En cuáles? Aquí lo explica. 

– La realidad es que no sigue vigente, fue un momento en que las personas eran hostigadas por este nuevo motivo discriminatorio que, si bien se enmarcaba en una causa prevista en el Inadi que es en el ámbito de la salud, sucedió durante los primeros meses de la pandemia. Así fue como personal de salud que quería subirse a un colectivo, o que regresaba a su casa era hostigado. A la vez hubo casos de mucha empatía cuando vecinos y vecinas esperaban con comida o frutas a agentes de salud que estaban dando la batalla contra el coronavirus. A partir de allí empezamos a perderle el miedo a lo desconocido, a ese otro u otra. 

– Creo que si. Una no puede ponerse en la cabeza de la persona que discrimina pero sí establecer que está otorgando una característica negativa a otra persona por cómo es. Pero esa característica no habla de la persona discriminada sino de la subjetividad que construye quien discrimina, que a la vez construye una jerarquía que la ubica en un lugar de superioridad: por ejemplo, el nacional sobre el migrante; pero no el migrante europeo sino el paraguayo, el boliviano. Después puede haber una idea en la que “blanco, rico, heterosexual, sin discapacidad” se construye como una hegemonía y todo lo que sale de ese marco se encuentra en una jerarquía menor. 

– Diría que más que por discriminar, porque tiene muchos prejuicios. Todos y todas tenemos prejuicios en relación con las personas. La discriminación se va a configurar si a partir de ese prejuicio se vulnera un derecho. Si eso no ocurre y queda en el imaginario individual, en principio estaría dentro de márgenes de construcción de pensamiento. El problema es cuando ese pensamiento se exterioriza a través de un discurso de odio o de un hecho discriminatorio. Hay hechos discriminatorios concretos en todas las esferas: en la provincia el ámbito en el que mayor cantidad de denuncias recibimos durante 2021 fue el laboral, por diferentes motivos como discapacidad, género, orientación sexual; entre pares, de superiores hacia trabajadores y trabajadoras. Y el principal motivo en todos los ámbitos sigue siendo la discapacidad. 

Las personas con discapacidad siguen sufriendo situaciones de discriminación a lo largo de su vida: al momento de acceder a una obra social, en el ámbito educativo, en el trabajo, en el transporte público. En todos esos ámbitos la persona con discapacidad sigue encontrando obstáculos para ejercer sus derechos. 

 Esos siguen siendo los ámbitos en los que se necesita trabajar con más fuerza en la prevención. 

– Esa es una opción. El año pasado realizamos un curso de capacitación junto a la Dirección de Empleabilidad Inclusiva del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, destinado a las cámaras empresarias para prevenir prácticas de discriminación en el ámbito de trabajo. Porque no solamente se puede tener una situación de discriminación en el momento del acceso al empleo sino durante toda la relación laboral. Es fundamental que eliminen prejuicios y reconozcan de qué manera enriquece la diversidad en la contratación del personal. 

– Es una pregunta retórica (risas). Las redes de comunicación tienen esta velocidad donde los prejuicios y los discursos de odio se exacerban. Tenemos una deuda en la regulación de las redes sociales y de los medios de comunicación porque parece que hasta en los comentarios de los medios digitales se pude decir cualquier cosa con un perfil falso. Es grave esta situación porque genera muchísimo daño y construye discursos; y la construcción de discursos de odio es muy peligrosa porque se multiplica con mucha velocidad. 

Con respecto a los medios digitales y los comentarios, hay que considerar que la libertad de expresión no es decir cualquier cosa ni atacar o construir un discurso de odio sino que todo tiene límites como cualquier otro derecho. Hay que saber que esa opinión que se expresa puede generar situaciones de violencia y discriminación en la realidad. 

La libertad de expresión tiene algunos límites: se puede actuar a través de lo que uno dice. Si ese comentario es xenófobo o discriminador y genera violencia, tiene que tener consecuencias y no está mal poder avanzar sobre esos comentarios. La libertad de expresión no puede atentar contra la democracia y los derechos humanos porque es un derecho humano en si mismo. 

– Puede hacerlo a través de la línea telefónica gratuita 168 que empezó a funcionar en marzo de 2020 y reemplazó al 0800. En Buenos Aires se renovó todo el Call Center, se jerarquizó la línea y hasta la actualidad alcanzamos un total de casi 12.500 consultas telefónicas desde todo el país. A esto se suman asesoramientos y consultas a través de las delegaciones. 

Esto puede desembocar en una denuncia, pero empieza por un asesoramiento por parte del organismo. 

– Moralmente es un impacto fuerte. Por eso siempre tratamos de apelar al diálogo y a canalizar el conflicto a través de una gestión, resolución o conciliación. En algunos casos es posible y en otros no, por ejemplo, cuando median situaciones de violencia o no se logra el acercamiento. En ese caso, se emite un dictamen y se recomiendan los pasos a seguir. 

– No sanciona ni multa. Sí tiene capacidad de sanción moral: que se diga que una empresa o una persona ejerció un acto de discriminación habilita otros medios como los judiciales o daños y perjuicios. 

“¿Alguna vez te negaron o te sentiste excluido/a/e del ingreso a un local nocturno, comercial, gastronómico, fiesta, playa, excursión por tu color de piel, tu forma de vestirte, tu corporalidad, tu discapacidad, tu orientación sexual o tu identidad de género? Eso es discriminación”. La pregunta y la respuesta pertenecen al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y permite llamar la atención sobre una campaña desplegada para los meses de vacaciones. Verano sin discriminación es el nombre de esta movida que permite poner atención sobre los discursos y conductas estigmatizantes que “reflotan” en los meses en que los cuerpos están más expuestos. 

Con lenguaje inclusivo, como todo el material elaborado por el organismo nacional, se insiste en que “tenemos derecho al disfrute, al turismo y la accesibilidad”. 

Paula Saini, delegada del Inadi en la ciudad de Santa Fe anticipa que la campaña se va a desarrollar en puntos concretos de la capital santafesina con el objetivo de “deconstruir estereotipos de belleza que indican que estar flaco está bien y estar gordo es un disvalor”, pero también para abordar desigualdades territoriales “que se presentan cuando los pibes de un barrio quieren ir a la playa y qué ocurre si ese espacio es público o privado”. 

La tarea tiene dos ejes: por un lado, “empoderar a la población sobre sus derechos” y por el otro, “sensibilizar a quienes están en una situación de autoridad, como guardavidas o personal municipal en las playas o en la costanera”. 

Una de las apuestas fuertes para este año que recién despunta es trabajar con el Ministerio de Educación en el proyecto “Escuelas sin discriminación”, que va a involucrar la formación de docentes y tiene otras aristas como los concursos para estudiantes y acompañamiento en la elaboración de documentos que van a formar parte de una recopilación nacional sobre experiencias educativas inclusivas. 

La delegación Santa Fe del Inadi funciona en 1° de Mayo 3163. 

El teléfono es: 342-4563295. 

La sede local y la de Rosario tienen correo electrónico: santafe@inadi.gob.ar y rosario@inadi,gob.ar, respectivamente. 

En IG: inadisantafe 

168 es la línea gratuita para todo el país.