Más de 200 detenidos y 150 imputados hay hasta ahora por los disturbios y las protestas por los resultados de las elecciones del domingo en Paraguay, según confirmó este jueves en conferencia de prensa el fiscal general de Estado, Emiliano Rolón.

El funcionario detalló además que se conformaron tres equipos de fiscales para investigar los hechos presuntamente delictivos y los incidentes que se desataron tras los comicios.

Un equipo está encargado de investigar específicamente los hechos “vandálicos” registrados en medio de las movilizaciones que se iniciaron el lunes último y que estuvieron lideradas por seguidores del excandidato presidencial de Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas.

En este caso, dijo, hay más de 100 procesados compareciendo ante el Juzgado de Garantías.

El segundo grupo indagará la denuncia del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) contra los manifestantes que se movilizaron en las inmediaciones de la institución.

La denuncia fue presentada por los hechos punibles contra la seguridad de las personas, perturbación de la paz pública, apología del delito, hechos punibles contra la constitucionalidad del Estado y el sistema electoral, impedimento de las elecciones, hechos punibles contra órganos constitucionales y coacción a órganos constitucionales contra persona innominada.

Finalmente, un último equipo de fiscales tendrá a su cargo dilucidar el supuesto fraude electoral o de acceso indebido a datos, falseamiento de las elecciones, sabotaje y lesión de confianza.

“Estamos trabajando en equipos técnicos. Las informaciones que surgen a través de los medios, de las redes sociales, se tienen que procesar, no tienen rango de evidencia, pero tan pronto se tenga una visión de conjunto”, afirmó Rolón.

La Policía detalló que son 208 los detenidos por los disturbios y 70 los imputados, aunque hay otros 80 imputados por causas conexas o similares, según el sitio del diario Última Hora.

En las noches del domingo y del lunes, los seguidores de Cubas bloquearon varias rutas, atacaron ambulancias y se enfrentaron en varias ocasiones a la Policía Nacional.

Denuncian un supuesto fraude electoral en los comicios que ganó el colorado Santiago Peña por más de 460.000 votos sobre el opositor Efraín Alegre, que hoy reclamó transparencia en los números.

“Exigimos control y apertura de todas las actas. Porque sin control, la ciudadanía no aceptará como legítimo un resultado en el que no cree. ¿Por qué hay tanto miedo a que los ciudadanos sepan lo que realmente ocurrió?”, se preguntó Alegre en un mensaje en la cuenta oficial de Twitter de la Concertación, la alianza que lo postuló.

Cubas fue tercero, con alrededor de un 20% de los votos, y se convirtió en figura emergente del nuevo mapa electoral.

Además de tener un candidato al Senado preso por supuesto abuso sexual de una menor, la fuerza de Cubas fue denunciada hoy por la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco por un audio viralizado en el que un dirigente del partido insta a “matar indígenas” que respaldaron al oficialismo colorado.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Pozo Colorado, informó el sitio del diario ABC Color.

Dos policías están siendo investigados por un brutal abuso sexual ocurrido en el sur de la provincia, a fines del año pasado, en el que la víctima fue una colega. El ataque fue grabado en video y luego difundido entre otros miembros de la fuerza. Esta semana, los acusados fueron aprehendidos. El viernes, la Justicia les impuso a ambos la prisión preventiva.

La violación denunciada ocurrió en horas de la madrugada del pasado 23 de diciembre, en inmediaciones de un boliche céntrico de la ciudad de San Lorenzo, cabecera del departamento santafesino homónimo.

Los imputados son el subinspector José Matías Roldán y el suboficial Leandro Roberto Pucheta. El primero prestaba servicio en la Comisaría 4ta. de la localidad de Fray Luis Beltrán y el segundo en el Grupo de Operaciones Complejas de la U.R. XVII.

Condenaron a un comerciante a 11 años de prisión por abusar sexualmente de su empleada

Ambos fueron arrestados el pasado martes por la Agencia de Control Policial, en un operativo solicitado por el fiscal del caso, Maximiliano Javier Nicosia Herrera, y ordenado por la Justicia.

Los investigadores allanaron un domicilio en Capitán Bermúdez y otro en Rosario, donde incautaron elementos de sumo interés para la causa. También secuestraron los teléfonos celulares de los imputados y otros colegas, al igual que el automóvil en el que se habría producido el hecho y que está siendo sometido a peritajes.

Este viernes, en los tribunales de San Lorenzo, tuvo lugar la audiencia imputativa en la que el fiscal acusó formalmente a Roldán de “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por miembro integrante de las fuerzas de seguridad policiales en ocasión de sus funciones en calidad de autor y consumado” y a Pucheta de “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por miembro integrantes de las fuerzas de seguridad policiales en ocasión de sus funciones en calidad de partícipe necesario”.

En el mismo acto, la jueza de Primera Instancia Griselda Strologo le impuso la prisión preventiva a ambos imputados, al primero por el plazo de ley y al segundo por 90 días.

La hipótesis fiscal sostiene que la madruga del 23 de diciembre pasado los acusados prestaban “servicio adicional” en un boliche céntrico de la ciudad de San Lorenzo cuando se toparon con la víctima, a la que conocían porque formaba parte de la misma fuerza. Ella venía de una despedida de año para entrar al local, pero estaba cansada y posiblemente bajo los efectos del alcohol.

El funcionario del MPA asegura que en ese momento Roldán le ofreció a la joven su propio auto, con la excusa de que pudiera descansar. El subinspector la dejó allí y volvió a cumplir con su deber pero poco después regresó y abusó sexualmente de ella, mientras su compañero grababa todo con su teléfono celular.

En el video, que fue enviado a otros miembros de la fuerza, se vería cómo Roldán ataca a la mujer y la obliga violentamente a tener relaciones sexuales, a pesar de la fuerte resistencia y los gritos de la víctima.

(Por Sebastián Casse) – A casi tres años del crimen, este lunes comenzará el juicio a los ocho jóvenes, conocidos como “rugbiers”, acusados de asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche de la ciudad balnearia de Villa Gesell en enero de 2020.

El proceso se llevará a cabo en la Ciudad de Dolores en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 a cargo de los magistrados María Clauda Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.

Se prevé que finalice el 31 de enero, aunque existe la posibilidad de que supere ese límite por la gran cantidad de testigos citados en la causa, que alcanzan las 130 personas.

Máximo Pablo Thomsen; Ciro Pertossi; Enzo Comelli; Matías Franco Benicelli; Blas Cinalli; Ayrton Michael Viollaz; Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi están imputados del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, y también por “lesiones leves” sufridas por amigos de Fernando que estaban junto a él la madrugada del crimen.

Los ocho acusados.

En la causa fueron sobreseídos otros dos jóvenes acusados de ser partícipes necesarios: Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi.

Los diez son oriundos de la localidad bonaerense de Zárate y habían alquilado una casa en Villa Gesell.

Los familiares de Fernando piden la pena máxima de prisión perpetua para los ocho acusados, que actualmente se encuentran detenidos en la Alcaldía Departamental La Plata 3.

Rugbiers: desde un principio, al grupo que atacó a Fernando se los llama de esa forma ya que varios de ellos jugaban al rugby en el Club Náutico Arsenal Zárate, de su ciudad natal.

El crimen ocurrió el sábado 18 de enero en las inmediaciones del boliche Le Brique en pleno centro de Villa Gesell y en medio de una gran oleada de jóvenes que visitan para esa fecha la ciudad balnearia.

Previamente, el grupo de rugbiers y Fernando habían tenido un altercado dentro del local bailable, por lo que intervino la seguridad del lugar y echó a los dos grupos, por separado, pero los primeros fueron en búsqueda de la víctima una vez que ambos estaban en la puerta del boliche.

Según la imputación, por la cual llegan a juicio, Thomsen, Pertossi, Comelli, Benicelli y Cinalli “abordan por detrás a Fernando Báez, aprovechándose de que el mismo estaba de espaldas e indefenso, y de ésta manera actuando sobre seguro, en virtud de la superioridad numérica y física, lo rodean, se abalanzan sobre él y comienzan a propinarle golpes de puño en su rostro y cuerpo” hasta que cae inconsciente y pierde la vida”.

El joven de 18 años recibió una golpiza mortal a la salida del boliche Le Brique.

El crimen de Fernando quedó grabado de principio a fin por testigos y cámaras de seguridad. También fueron pruebas clave el análisis de los chats y los videos hallados en los celulares de los propios imputados y donde se hallaron mensajes como el Lucas Pertossi anunciándole al resto que Fernando “caducó”, o las pericias que encontraron sangre de la víctima en prendas de vestir de alguno de los rugbiers.

Posterior al hecho, los acusados siguieron con su rutina diaria de vacaciones pero fueron detenidos a las pocas horas tras ser identificados.

Una vez detenidos, el grupo de rugbiers aseguraron que el asesino de Báez Sosa había sido Pablo Ventura, un joven que practicaba remo, también oriundo de la localidad de Zárate, pero con quien no tenían relación alguna.

En un primer momento, la fiscal del caso, Verónica Zamboni, puso en duda su testimonio ya que las cámaras de seguridad captaron a un automóvil igual al de la familia de Pablo volviendo de la Costa Atlántica y el joven tenía un pasaje para viajar a Uruguay. Días más tarde, la justicia pudo comprobar que Ventura había estado cenando en un restaurante de su ciudad y que el viaje fuera del país que tenía planeado estaba agendado desde septiembre de 2019.

Después de las ruedas de reconocimiento, en las cuales nadie apuntó contra él, fue sobreseído de la causa. Terminado el peritaje de los teléfonos celulares de los imputados se encontraron varios memes con la cara de Ventura e insultos a su persona.

Finalmente, el padre de Pablo aseguró que su familia procederá legalmente contra los rugbiers por daños y perjuicios.

Fernando José Báez Sosa nació en Buenos Aires el 2 de marzo de 200. Era el único hijo del matrimonio de Silvino Báez, portero del edificio donde residen, y Graciela Sosa, cuidadora de ancianos, ambos inmigrantes paraguayos, originarios de Carapeguá, radicados en la Argentina. La familia Báez Sosa residía en el barrio porteño de Recoleta.

Fernando Baez Sosa, el estudiante de abogacía que fue atacado a golpes por un grupo de rugbiers en la puerta de un boliche en Villa Gesell.

Fernando asistió al colegio Marianistas de Caballito como alumno becado ya que su familia no podía afrontar el costo de la cuota mensual. Después de finalizados sus estudios secundarios comenzó el Ciclo Básico Común en la Universidad de Buenos Aires para la carrera de derecho. Su madre comentó que en varias oportunidades el joven manifestó su admiración por el abogado mediático Fernando Burlando, quien tomó el caso de su asesinato, constituyéndose en la defensa de la familia.

Fernando estaba de novio con Julieta Rossi, con quien estudiaba derecho, y habría cumplido diez meses de relación unos pocos días después de su asesinato.

Luego de su muerte, sus restos fueron velados en el colegio del cual fue alumno y posteriormente inhumado en el cementerio de la Chacarita.

El juicio oral a Cristina Kirchner y otros 12 imputados por la obra pública vial en Santa Cruz, una trama de corrupción desarrollada entre 2003 y 2015, llegó al veredicto este martes, con condena de 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para la vicepresidenta.

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Según los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, Cristina Kirchner y Lázaro Báez, de igual modo que el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, fueron los máximos responsables de lo que consideraron una “asociación ilícita” articulada desde el Gobierno nacional a lo largo de 12 años. Sin embargo, no fueron los únicos sentenciados.

Los operativos se hicieron en las últimas horas en las localidades Villa de Pocho y Chancaní, en el departamento de Pocho, Córdoba. La causa es aberrante: tres hombres de 17, 20 y 26 años fueron detenidos tras una denuncia por violación grupal.

Todo habría comenzado el viernes pasado cuando la madre de la víctima denunció que su hija había sido atacada la semana pasada en una propiedad de Villa Pocho. Aunque hay versiones periodísticas que indican que en realidad las víctimas son dos hermanas, ambas adolescentes, de 15 y 16 años. Lo cierto es que ni desde la Justicia ni desde la Policía de Córdoba dieron precisiones sobre el caso.

Sí, fuentes judiciales y policiales informaron que policías de la Jefatura Departamental de Pocho hicieron una serie de allanamientos donde se incautaron tres teléfonos celulares y prendas varias, entre otros elementos, cuando se concretaron las detenciones de los tres sospechosos.

El jefe de la Departamental Pocho de Policía, Jorge Funes, dijo en declaraciones a Radio Juntos de Villa Dolores: dijo que el menor de los detenidos es oriundo de Chancaní y que los tres “están alojados en la comisaría de distrito de Salsacate”.

Se trata de un caso a cargo de la fiscalía de Cura Brochero, que encabeza la fiscal Analía Gallaratto, quien imputó a los sospechosos por el delito de tentativa de abuso sexual con acceso carnal calificado por el número de personas en perjuicio de una víctima menor de edad.

A juzgar por la imputación de la fiscal, la víctima sería una adolescente y no dos, como trascendió este lunes. Lo cierto es que los detenidos serán indagados en los próximos días.

A casi 90 kilómetros de Pocho, en Villa Dolores, provincia de Córdoba, a mediados de marzo pasado una menor denunció que fue violada en grupo a la salida de un boliche local. En ese caso, la madre de la víctima también fue quien hizo la denuncia. Hoy los tres jóvenes se encuentran detenidos.

Los sospechosos del ataque fueron arrestados por orden de la fiscal de Instrucción de Primera Nominación de Villa Dolores, Eugenia Ferreyra: se trata de Nicolás Alejandro Roveres, de 28 años; Matías Jesús Contrera (24) y Leandro Ariel Oviedo (22).

Los tres están acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

En el marco de la investigación, la víctima declaró luego de haberse “entrevistado con una psicóloga del poder judicial, y también de testigos”. El ataque sexual habría ocurrido a la salida de un boliche de Villa Dolores, ubicado sobre la avenida Belgrano.

En contraste con la reserva de la Justicia cordobesa en este caso, las redes sociales sirvieron como espacio para dar a conocer algunos datos de los involucrados. Incluso fue a través de Facebook que trascendieron las identidades de los detenidos, que luego serían confirmadas por fuentes con acceso al expediente.

El caso se conoció apenas unas semanas después de que seis jóvenes fueron detenidos luego de haber sido descubiertos mientras violaban en grupo a una chica de 20 años en el barrio porteño de Palermo: La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó este martes el procesamiento y la prisión preventiva para los seis imputados.

El fallo fue de la Sala VII y rechazó las apelaciones formuladas por las defensas de tres de los acusados -los otros tres no lo hicieron-, y de esta menara dejó a todos detenidos como presuntos coautores por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la intervención de dos o más personas, que prevé de 8 a 20 años de cárcel, contra una joven de 20 años.

Los fiscales que investigan la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida en 2020 en el partido bonaerense de Tigre, pidieron este miércoles que los ocho profesionales de la salud imputados vayan a juicio oral como presuntos responsables de un “homicidio simple con dolo eventual” al considerar que sus “omisiones” y “desmanejos” colocaron a la víctima en una “situación de desamparo” y librándola “a su suerte” en el marco de una internación domiciliaria “indignante”.

El requerimiento fue presentado por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra, ante el juez de Garantías 2 de ese departamento judicial, Orlando Díaz, a pocos días de cumplirse un año y cinco meses de la muerte del “Diez”, a raíz de un edema pulmonar y una falla cardíaca durante una internación domiciliaria que cursaba en el barrio privado San Andrés, del mencionado distrito.

“Cuando en rigor los controles debieron intensificarse en un desenlace para nada fortuito, a la inversa y mientras la víctima anunciaba casi a gritos su triste final por la situación de desamparado en la que lo había colocado abandonándolo a su suerte, decidieron, todos ellos, aportar toda su imprevisión con las acciones más burdas que se han visto al servicio de quien ahora ya no está”, señalaron los fiscales en su pedido de 378 páginas.

“Esa y no fue otra la realidad de lo ocurrido. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”, remarcaron.

Este requerimiento incluye a los ocho imputados ya indagados en la causa: el neurocirujano y por entonces médico de cabecera del “10”, Leopoldo Luciano Luque (40); la psiquiatra Agustina Cosachov (36); el psicólogo Carlos Ángel “Charly” Díaz (30); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53); el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni (41), los enfermeros Ricardo Omar Almirón (38) y Dahiana Gisela Madrid (37); y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49).

A todos ellos, el equipo fiscal especialmente creado para esta causa por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, los acusa como coautores de un “homicidio simple con dolo eventual”, tras concluir que el equipo médico de Maradona fue “deficiente”, “temerario” e “indiferente”, que sabía que el “Diez” podía morirse en el estado en el que se encontraba y que no hizo nada para evitarlo.

Pese a que se trata de un delito que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión, los fiscales nunca pidieron las detenciones y los ocho acusados llegarán al debate en libertad.

Para los instructores judiciales los descargos que los acusados realizaron en el expediente “muestra a las claras el desesperado intento de cada uno de los responsables de este entuerto en mejorar su comprometida situación procesal, alzándose unos contra otros y con la clara finalidad de deslindar sus responsabilidades colocando falazmente en cabeza de otros aquel extremo”.

“La omisiones de actos específicos que debían ejecutar y aquellos contrarios al arte de salud colocaron a la víctima en una situación de desamparo pocas veces vista librándolo a su suerte“, afirmaron los fiscales.

También hicieron hincapié en que los imputados “fueron protagonistas de una internación domiciliaria sin precedentes, plenamente deficiente y temeraria”; y que cometieron un “conjunto de improvisaciones; desmanejos y falencias”.

“La internación domiciliaria misma, mientras duró, fue indignante”, consideraron.

Una de las claves de la acusación fueron las conclusiones a las que arribó la junta médica de peritos que durante dos meses analizó las circunstancias de la muerte de Maradona.

Allí, 17 de los 22 peritos que participaron concluyeron que Maradona era un paciente con pluripatologías que agonizó 12 horas antes de morir, que “no estaba en pleno uso de sus facultades mentales” y que pudo haber tenido “más chances de sobrevida” si hubiera estado en una clínica.

La junta afirmó que “el equipo médico tratante se representó cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente, siendo absolutamente indiferentes a esa cuestión, no modificando sus conductas y plan médico/asistencial trazado, manteniendo las omisiones perjudiciales precedentemente apuntadas, abandonando ‘a la suerte’ el estado de salud del paciente”.

Por su parte, el juez Díaz ahora le correrá vista del requerimiento fiscal a las partes, se espera que las defensas presenten oposiciones y pedidos de sobreseimiento, y luego decidirá si eleva a juicio el expediente para que se sortee el tribunal oral de San Isidro que tendrá que hacer el debate oral.

El fiscal federal Ramiro González le notificó hoy formalmente al presidente, Alberto Fernández, que está “imputado” en la causa por la celebración del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos durante la primera etapa de la pandemia. González formalizó la imputación “a los fines de garantizar debidamente sus derechos de defensa”. El fiscal apeló a una fórmula contenida en el Código Procesal Penal, que establece los “derechos del imputado” y representa una suerte de invitación a formular descargo y proponer prueba. El resolutorio del fiscal González se produjo en simultáneo a la presentación del escrito del presidente Fernández pidiendo su sobreseimiento y ofreciendo, subsidiariamente, donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán. “Considero que en este estadio del proceso corresponde: formalizar la investigación descripta contra el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández”, explicó el fiscal. La medida alcanza también a la primera dama y a todos los demás asistentes a la celebración, que tuvo lugar el 14 de junio de 2020, en el momento más estricto de las restricciones por la crisis sanitaria generada por el Covid-19. “Notifíqueselos en los términos de los artículos72, 73, 279 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación”, resolvió González. Bajo el título “Calidad del imputado”, el artículo 72 establece “los derechos que este Código acuerda al imputado podrá hacerlos valer, hasta la terminación del proceso, cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso”. El artículo 73, por su parte, se refiere al “derecho del imputado” y determina que “la persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles”. Finalmente, el artículo 279 establece que “la persona contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá presentarse ante el juez competente a fin de declarar. Si la declaración fuere recibida en la forma prescripta para la indagatoria, valdrá como tal a cualquier efecto”. Con la presentación del escrito de hoy, Alberto Fernández ya se había asumido tácitamente como imputado pues, de hecho, pidió su sobreseimiento.

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial imputó al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad en la causa que investiga el envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se desarrollaba el golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales.

En un dictamen entregado al juez en lo penal económico Javier López Biscayart, Navas Rial dictaminó a favor de abrir la investigación en base a la denuncia presentada por funcionarios del gobierno nacional, informaron a Télam fuentes judiciales.

Navas Rial imputó por el posible delito de “contrabando agravado” y pidió medidas de prueba que eran analizadas por el juez a cargo del caso.

Además de Macri, Bullrich y Aguad quedaron imputados y bajo investigación el entonces embajador argentino en ese país, Normando Alvarez García, y tres exmiembros de Gendarmería Nacional con cargos jerárquicos al momento de los hechos.

La fiscalía impulsó la pesquisa en lo vinculado a posibles infracciones al Código Aduanero, que es materia de investigación del fuero penal económico.

El envío del material antitumultos, para uso represivo en el marco de protestas, tuvo lugar en simultáneo con el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.