En las últimas horas se realizó una audiencia imputativa en los Tribunales Provinciales de Casilda, contra S.F.R acusado de robar cinco rodados en el caso urbano de esa localidad del departamento Caseros.

En tanto, el Fiscal Dr. Emiliano Ehret le atribuyó el delito de Hurto calificado de vehículo dejado en la vía pública con llave verdadera hallada en carácter de autor en grado consumado. Asimismo, el Juez de primera instancia Dr. Pangrazi tuvo por formalizada la audiencia, haciendo lugar al pedido Fiscal, disponiendo la prisión preventiva efectiva hasta el 13 de noviembre de 2025. Luego de vencido el plazo la Fiscalía podrá solicitar su prórroga.

El sujeto había sido detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) el pasado día miércoles en una vivienda ubicada en Fray Luis Beltrán al 4300 de ese distrito del sur santafesino. Durante el allanamiento, los agentes secuestraron prendas de vestir usadas en los robos, un Chevrolet Cruze, $300.000 en efectivo con faja de traslado de caudales, armas y municiones, entre otros elementos.

Este individuo había salido de prisión en diciembre, luego de cumplir una condena unificada de 12 años, que incluía un recordado atraco en banda a una mueblería casildense en 2008 y un tiroteo con policías en el oeste de Rosario en 2016.

En 2012, protagonizó una persecución que terminó con un choque a gran velocidad en la ruta 11. El vehículo guardaba en su interior un fusil AK 47 y varias pistolas. En 2016 volvió a enfrentarse a tiros con la policía en Avellaneda Oeste y dos años después aceptó otra condena.

El Juzgado Federal N°2 de Salta, a cargo de la jueza Mariela Giménez, dictó el sobreseimiento de Héctor Romero, de 71 años, quien había sido imputado por "homicidio calificado por alevosía" en la causa por la desaparición de María Cash. La resolución, fechada el 12 de mayo, concluyó que no existen pruebas suficientes para vincularlo de manera fehaciente con el hecho.

Romero había sido detenido en noviembre de 2024 y, debido a problemas de salud, se le concedió prisión domiciliaria en diciembre del mismo año.

El fiscal federal Eduardo Villalba expresó su sorpresa ante el fallo y adelantó que presentará un recurso de apelación. Según Villalba, la resolución se basó en una interpretación errónea de pruebas ya existentes y consideró que la decisión impide avanzar hacia un juicio oral que permita esclarecer lo sucedido.

Por su parte, la familia de María Cash manifestó su desconcierto. Máximo Cash, hermano de la joven, declaró: "Sin palabras, hablen con el fiscal Villalba, otra cosa no se me ocurre".

La causa, que lleva más de una década, ha estado marcada por múltiples hipótesis y líneas de investigación. Romero fue considerado la última persona en tener contacto con María Cash antes de su desaparición.

Sin embargo, la jueza Giménez señaló que, a pesar de los múltiples allanamientos, pericias, rastrillajes y testimonios reunidos, no se encontraron elementos que vinculen al imputado con algún delito.

Además de Romero, también fueron sobreseídos un médico y un abogado que habían sido acusados de falso testimonio en el marco de la investigación.

La desaparición de María Cash conmocionó al país y generó una amplia cobertura mediática y social desde julio de 2011, cuando se perdió todo rastro de la joven diseñadora salteña mientras viajaba por el norte argentino. Su imagen se volvió símbolo de la lucha por la búsqueda de personas desaparecidas, impulsando incluso campañas estatales y reformas en protocolos de búsqueda.

El reciente fallo reavivó el interés público por un caso que, más de una década después, aún no tiene respuestas concretas.

La desaparición de María Cash continúa siendo uno de los casos más enigmáticos de la justicia argentina. A pesar del sobreseimiento de los imputados, la causa permanece abierta y sin líneas firmes de investigación. La familia y la Fiscalía esperan que la apelación permita reencauzar la búsqueda de justicia.

Juan Manuel Peratitis

Luego de la conmoción que causó el hecho de que una docente dejó a tres pequeños de 3, 6 y 8 años encerrados, bajo llave en una sala de cuidado infantil de la ciudad de San Lorenzo, por la maestra que debía cuidarlos, la justicia determinó su prisión preventiva.

Se trata de A.A., una terapeuta de tres pequeños con discapacidades, quien los dejó encerrados el 31 de enero pasado en una sala de Dorrego al 2000, de esta localidad cabecera departamental, con el riesgo para ellos que eso implicaba.

En audiencia imputativa de este martes 4 de febrero, realizada en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, el Fiscal Dr. Maximiliano Nicosia Herrero le atribuyó a la identificada el delito de abandono de persona en carácter de autora en grado consumado, y privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal.

La Jueza de primera instancia Dra. Griselda Strólogo tuvo por formalizada la audiencia, disponiendo la prisión preventiva efectiva hasta el 10 de marzo al menos. Luego de vencido el plazo la Fiscalía podrá solicitar su prórroga.

La Fiscalía le atribuyó el hecho de fecha 31 de enero de 2025 a las 16.30 aproximadamente, en zona de calle Dorrego al 2100 de la localidad de San Lorenzo, en circunstancias de ser titular de la ludoteca para niños con discapacidad, siendo además la terapeuta de un niño de 3 años a quien le detectaron alto grado de autismo; otro de 6 años quien tiene síndrome de Down y uno más de 8 años también con trastorno autista TEA.

Es por ello que la magistrada le imputó haber puesto en peligro la vida y la salud de los menores mencionados, retirándose del lugar y dejándolos solos y encerrados por al menos 45 minutos, sin ventilación, con elementos de peligro, y extrema temperatura; colocando en situación de desamparo y abandono a los niños siendo éstos incapaces de valerse, teniendo además el deber de cuidarlos. Dicha situación se extendió hasta que el padre de uno de los niños pudo ingresar al lugar barreteando la entrada principal para poder así prestarles auxilio.

Asimismo se le atribuye en el contexto antes mencionado la privación ilegítima de la libertad de los niños al dejar bloqueados los accesos de ingreso y/o egreso. El proceso continuará.

La atribución delictiva fue realizada por la fiscal Rafaela Florit, en una audiencia desarrollada esta mañana en los tribunales rufinenses. El imputado tiene 36 años y sus iniciales son EMW. Se le endilgó haber amedrentado al funcionario público mediante mensajes de WhatsApp durante cuatro horas entre el domingo y el lunes pasados. Mañana se debatirán las medidas cautelares y la funcionaria del MPA adelantó que solicitará la prisión preventiva.

Un hombre de 36 años, cuyas iniciales son EMW, fue imputado en el marco de un legajo en el que se lo investiga por haber amenazado al intendente de Rufino, Natalio Abel Lattanzi, a través de mensajes de WhatsApp.

La atribución delictiva fue realizada por la fiscal Rafaela Florit ante la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Mariana Vidal, en una audiencia desarrollada esta mañana en los tribunales rufinenses.

La representante del MPA indicó que "entre las 23:20 del domingo pasado y las 3:20 del día siguiente, el hombre investigado envió mensajes de texto y de audio intimidatorios al teléfono celular particular del intendente".

Sostuvo que "de modo vehemente y continuo, el imputado amenazó de muerte e insultó al funcionario público mientras le reprochaba que agentes del área de Acción Social del municipio lo habían separado de su hija menor de edad", y explicó que "se trató de una medida de protección excepcional dispuesta para resguardar a la niña".

"La denuncia que originó la investigación fue radicada por la víctima en la Comisaría Tercera de Rufino horas después de los ilícitos", afirmó Florit. "El autor estuvo individualizado desde un principio y ese mismo día se emitió la orden de detención correspondiente", expuso. "A sabiendas de que era requerido por la Justicia, el imputado se mantuvo prófugo hasta ayer, cuando se presentó en una dependencia policial sin su teléfono móvil", mencionó.

La representante del MPA refirió que "al hombre de iniciales EMW además se lo investiga como autor de amenazas cometidas en perjuicio de la madre de una mujer que estaba involucrada en actividades ilegales de las que él también participaba".

"En el marco de una discusión, el imputado le aseguró que, si era denunciado, los iba a matar a 'todos' –en alusión a la víctima y a los integrantes de su entorno–, robarles y prender fuego la casa en la que ellos vivían", detalló Florit.

Al hombre investigado se le atribuyó la autoría de amenazas coactivas y amenazas simples.

La audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares se llevará a cabo mañana en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Rufino. En tal sentido, la fiscal adelantó que solicitará que el imputado transite el proceso judicial en prisión preventiva.

La Justicia dictaminó este martes por la noche la inhibición de los bienes del ex presidente Alberto Fernández en la denominada causa de los seguros, que involucra a una empresa estatal del rubro.

Así lo decidió el juez Julián Ercolini, quien además determinó que se levante el secreto fiscal del ex mandatario. En tanto, una medida similar se aplicó para otros ex funcionarios y varios empresarios vinculados al escándalo como integrantes de una presunta red de corrupción.

El magistrado está investigando las supuesta irregularidades surgida en torno al Decreto 823/2021, mediante el cual el ex mandatario impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa "Nación Seguros SA, por los cuales se pagaron alrededor de 3.400 millones de pesos en concepto de comisiones.

Además, el juez ordenó la inhibición general del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la secretaria del expresidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri y San Germán, entre otras.

La inhibición también alcanzó a dos ex funcionarios de Nación Seguros, que había sido despedidos recientemente: Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general, y Marcos Eufemio, quien se desempeñaba como gerente de compras. También quedaron involucradas las dos cooperativas allanadas la semana pasada: ‘7 de mayo’ e ‘Irigoin’.

En consecuencia, ninguno de los implicados en la inhibición podrán vender o disponer de sus bienes. Además, Ercolini le solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales (públicas y privadas) de Alberto Fernández, Pagliano, y María Cantero desde 2009 a la fecha. Lo mismo requirió sobre Tanos y Eufemio.

El pedido lo había solicitado Carlos Rívolo, titular de la Fiscalía Federal número 6, y este martes el Juzgado Criminal y Correccional federal 11 avaló las actuaciones y autorizó la "inhibición general de bienes respecto de las personas físicas y jurídicas" detrás del escándalo de los "brokers".

La denuncia surgió a partir de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros del ANSES y otros organismos durante la gestión de Alberto Fernández, finalizada en diciembre último.

Se realizan este martes las audiencias imputativas en el marco de la causa en la que se investiga a Marcelo Sain por presunto espionaje ilegal durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia. Los presuntos imputados son ocho; además de Sain, otros ex funcionarios de la cartera y del Organismo de Investigaciones (OI).

Si bien el esquema original preveía ocho audiencias individuales – así fueron convocados, incluso, cada uno de los involucrados-, la metodología implicaría dos grandes audiencias que agrupan a los presuntos imputados en función de su abogado defensor. Así, desde las 9.30 comparecerán los tres clientes del Dr. Hernán Martínez. Se trata del propio Sain; del ex secretario de Seguridad, Germán Montenegro; y de la ex asesora del OI, María Agustina Moulins. Los tres, al igual que el letrado, participarán de manera virtual.

Grave: el exministro Sain había ordenado espiar y “perfilar” al CEO y principal accionista de El Litoral

Al mediodía se prevé la segunda gran audiencia para el segundo grupo de presuntos imputados, cuya defensa está a cargo del ex ministro de Justicia durante la gestión de Antonio Bonfatti, Juan Lewis. Se trata de Débora Cotichini, ex jefa de Inteligencia Criminal Zona Sur del OI; Diego Rodríguez, ex responsable de Asuntos Internos; Nadia Schujman, ex directora de Control Policial; Pablo Alvarez, del área de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad; y Milagros Bernard, ex asesora del OI. Los cinco concurrirían de manera presencial.

Para esa hora, organismos de derechos humanos anunciaron una concentración frente a la fiscalía para respaldar a Nadia Shujman, abogada de HIJOS; consideran que en su caso, la investigación se trata de una persecución política.

Según pudo saber Sur24, durante la audiencia, el fiscal Ezequiel Hernández impondrá a los citados sobre los cargos a imputar, y se les dará la posibilidad de que hagan uso de la palabra. No se ventilarán las evidencias porque se entiende que todas las partes, tanto imputados como querellantes, ya han accedido a ellas a través del expediente.

Los vínculos de Sain con dos fiscales se revelan en una escucha judicial

Las audiencias se realizarán sin presencia de un juez y en las oficinas de la Fiscalía de Delitos Complejos. Será así, puesto que todos los imputados transitan el proceso en libertad. Aún así, en las últimas horas la defensa de Sain solicitó formalmente la presencia de un magistrado y la publicidad de la audiencia. Pero ambos pedidos fueron denegados.

El acto procesal se realizará a un año de que se realizasen los primeros allanamientos en la sede del Ministerio de Seguridad en la ciudad de Rosario, cuando la cartera estaba a cargo de Sain. La justificación de parte de los fiscales para fundamental la dilación estuvo siempre asociada a la necesidad de contar con tiempo suficiente para procesar y analizar las abultadísimas pruebas y evidencias.

La investigación en torno de Sain tiene que ver con la recopilación indebida de información y con métodos inapropiados, sobre dirigentes políticos, sindicales, empresarios y periodistas de la provincia. Si bien se identifica el accionar como de un presunto “espionaje ilegal”, éste no sería un delito posible de imputar puesto que es federal. Los cargos pasarían por asociación ilícita, malversación de fondos, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros.

Cinco bebés murieron y ocho lograron sobrevivir, víctimas de un presunto ataque llevado a cabo por una enfermera en el Hospital Neonatal de Córdoba. Esa presunción fue confirmada por el fiscal que instruye la causa, Raúl Garzón, quien el 7 de noviembre pasado dictó la prisión preventiva a la enfermera Brenda Agüero y la imputó por 13 casos: en cinco por homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado y en ocho, de tentativa.

Queda por resolver todavía qué responsabilidad les cabe a todos los que sabían la conexión de los hechos pero no hicieron nada para evitarlos.

En su resolución, Garzón presenta la información que, a su entender, prueba con convicción suficiente tanto la existencia de los hechos como la participación penalmente responsable de la imputada Agüero. En dos meses, casi 200 testigos se presentaron a declarar, en una causa que ya supera los 17 cuerpos. Muchos testigos fueron más de una vez.

Las pruebas reunidas son indiciarias, es decir, no hay nadie que pueda declarar que la vio cometer el delito, pero hay datos y testimonios que permitirían –según la Fiscalía– probar los hechos.

Garzón presentó ocho indicios que, a su entender, acreditan la autoría de Agüero en los 13 casos. De Angeline Rojas y Melody Molina cuenta con autopsias judiciales, que concluyen que la causa eficiente de la muerte de ambas “fue paro cardíaco debido a una bradicardia extrema por hiperpotasemia”.

El fiscal concluye que lo que pasó entre el 18 de marzo y el 6 de junio no fue mala praxis ni una confusión de ampollas. Encontró un patrón común en todos los casos, detectó en qué lugar cometió esos ataques y cómo habría procedido para hacerlo. Cuenta con las autopsias, informes médicos que analizaron las historias clínicas de punta a punta, planilla de asistencia y de servicios del Neonatal y las sospechas de muchos de sus colegas que, al ser citados para brindar testimonio, dieron detalles de lo que pasaba. Muchos reconocieron haber sospechado mientras se sucedían los hechos y otros admitieron que ahora lograron conectarlos.

Brenda negó los hechos en su primera declaratoria. Este lunes, dado que le ampliaron los cargos, se presentará otra vez ante Garzón.

En el expediente se describen exhaustivamente ocho indicios que probarían la autoría de Brenda. Aunque mucho ya fue anticipado por este diario, la concatenación de todos aportan una solidez tan asombrosa como escalofriante.

Indicio de presencia. En el caso de Angeline Rojas, Brenda Agüero marcó asistencia entre las 6.20 y las 14.22 del 6 de junio. Luego del parto, que fue a las 10.44, la mamá de Angeline es llevada a la sala de recuperación junto a su pareja. Brenda, enfermera de obstetricia, asiste a la parturienta, pero en un momento toma la beba de los brazos del padre sin darle motivo alguno. Entre las 11 y 11.30, según el fiscal, en “plena consciencia y conocimiento de causarle la muerte a la recién nacida, aprovechando un momento en que nadie observaba su obrar, ocultando materialmente su acto, habría procedido a suministrarle (…) dosis de potasio no compatibles con la vida”. Brenda reconoce haber estado a solas con los papás de Angeline en esa sala y para el fiscal esa admisión es clave porque habría actuado en ese momento.

Lo mismo habría ocurrido con Melody Molina, que nació a las 4.55, pero fue llevada a las 7 a la sala de recuperación. Agüero ingresó a las 6.20 y estaba asignada a esa sala, con tres camas adonde la mamá va inmediatamente después del parto, por unas dos horas. Luego, pasa al internado hasta el alta.

De oportunidad. El fiscal concluye que Agüero sería la única profesional que estuvo en condiciones de aplicar el potasio de modo subrepticio por cuatro razones: lo hizo en la sala de recuperación y no en la de parto, donde hay muchos profesionales, por lo que pudo actuar a “ocultas de la vista y control de quienes podrían haber evitado su accionar”. Dos, tenía conocimiento de la administración de potasio y sus consecuencias. Tres, se probó el acceso libre a ampollas de potasio que ella tenía en su condición de enfermera, sin dejar registro de su retiro. Y ese lunes 6 de junio fue la única enfermera asignada, dentro de su turno, a cumplir tareas en la sala de recuperación.

De conocimiento. Ya se reveló que la enfermera había buscado en Internet información sobre la administración de potasio y de insulina, lo que abona la hipótesis de la premeditación. El expediente revela que el 16 de octubre de 2021 buscó y descargó información abundante que nada tenía que ver con su tarea, ya que por entonces era enfermera obstétrica en el Allende y en el Neonatal. Por ejemplo, descargó de Google una extensa serie de archivos en PDF que le permitieron aprender a calcular los mililitros de potasio para un plan de hidratación parenteral para un niño de 30 kilos; buscar alteraciones relacionadas a la hipercalcemia y la hiperglucemia y buscar una guía (en inglés) sobre resucitación de neonatales. Hay un archivo que indica que para producir una parada cardíaca debe utilizarse una solución cardiopléjica rica en potasio. Baja libros sobre reanimación neonatal y se detiene en un cuadro de medicamentos de alto riesgo (entre ellos, el cloruro de potasio, fosfato de potasio e insulina humana) con dosis, equivalencias, precauciones y efectos adversos. También lee sobre fórmulas para la corrección de hipercalcemia, hipocalcemia, hipoglucemia y sobre las complicaciones que puedan derivarse de un tratamiento con cloruro de potasio y de insulina.

De modalidad. El fiscal sostiene que Brenda actuó en la sala de recuperación y que no colocó el potasio por vía endovenosa, lo que supone tiempo y precisión, sino como pudo. La presunción es que los inyectaba con la ropa puesta, en el momento en que los alzaba en brazos. Eso explicaría dos cosas: que casi todos los pinchazos inexplicables detectados en los bebés fueron atrás, en la zona de espalda o muslo posterior. Y el tiempo en el que el potasio hizo efecto: por vía endovenosa la muerte llega a los 40 o 50 minutos. Una aplicación errática podría demorar algo más el efecto.

Hay un detalle adicional: una enfermera declaró que le llamaba la atención que siempre Brenda iba a trabajar con mangas largas, aun en días de mucho calor. Ahí, intuye el fiscal, podría haber escondido la jeringa con potasio.

De los 13 casos, el pinchazo extraño se detecta en el número seis: la beba que nace el 23 de abril. Fue atrás de la pierna izquierda. La beba que sobrevive el 6 de junio porque las médicas se dan cuenta que tenía exceso de potasio, quedó con una lesión en la espalda gravísima, que llegó a formar una úlcera.

La mamá de Melody le contó al fiscal que vacunaron a su beba delante de ella, en brazo y pierna (BCG y hepatitis), pero que cuando le cambió la ropa advirtió que en la espalda tenía una manchita de sangre seca. Melody nació a las 4.25 y los primeros signos de malestar, según su mamá, aparecieron al mediodía.

La autopsia confirmó lo que decía la mamá: Melody tenía un pinchazo en la zona dorsal media que no se correspondía con las vacuna ni con los tratamientos que le hicieron cuando intentaron salvarle la vida. La hipótesis acá es que el pinchazo con potasio tocó un huesito, por eso demoró tanto en hacer efecto.

De mala justificación. Para el fiscal es relevante el intento de Brenda de situar a otra persona en la situación sospechada, además de ella. En su declaración, Agüero dice que en el caso de Angeline Rojas, la enfermera de neonatología (D.G.Z.) es la que ingresa a la sala de recuperación con la beba en brazos para explicarle a la mamá cómo amamantarla y que ella la toma recién cuando advierte que se descompensa. Para los investigadores, con esto pretendió “tergiversar una parte de la secuencia del hecho”, ya que otros testimonios refutan su relato.

De personalidad. El fiscal releva varios testimonios que indican que Brenda era la que avisaba que los bebés se ponían mal. Cuenta al menos cinco casos en los que ella alerta de un sutil desmejoramiento, algo que ni los médicos habían detectado. “Por ejemplo, le decía a una neonatóloga: ‘Doctora, venga a ver este bebé que no está bien’, y eso derivaba en que la felicitaban, como que siempre buscaba destacar, pero no para bien, sino para esos casos”, testimonió una colega. Otra indicó: “Tanto mis compañeros como la doctora Cagliero decían que si no fuera por Brenda el bebé no recibía asistencia a tiempo; yo no tengo la capacidad de ver si un bebé está bien o está mal a simple vista”. Además, no compartía la sala de descanso de enfermería y seguía trabajando. Tampoco, dicen sus compañeras, se tomaba una pausa en su horario.

Indicios concomitantes. El fiscal hilvana sus comportamientos -estar presente en la sala de recuperación, su actitud comedida en la atención de los bebés, descubrir los casos, ser la primera en alertas las descompensaciones y su especial interés en sobresalir- constituyen en una estrategia pergeñada por la imputada.

Indicios posteriores. Diferentes testimonios de colegas y de mamás indican que ella mostró especial interés por el estado de los bebés una vez que se descompensaron, incluso se acercó a una mamá que alega que fue mal tratada por Brenda antes pero que cambió su actitud luego del fallecimiento. También mostró especial interés por la marcha de la investigación (algo que otros enfermeros no habrían tenido) y, fundamentalmente, el cese de los hechos una vez que fue desvinculada de sus tareas. Su intento de mudarse a la provincia de Buenos Aires también la complica.

Tras conocerse la doble imputación al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y a otros ex funcionarios en la causa que investiga el direccionamiento de una licitación para la compra de armas para la Policía de Santa Fe implicando una defraudación tentativa de más de 17 millones de dólares, el diputado provincial de UCR Evolución, Juan Cruz “Cacu” Cándido, se expresó a favor del avance del accionar de los fiscales Mariela Jiménez y Miguel Hernández, “la doble imputación a Sain y a sus funcionarios es un paso más en defensa de los santafesinos. La gestión de Sain dejó en evidencia que no venían a mejorar la seguridad pública sino que perseguían otros intereses”. Los funcionarios fueron imputados por “Negociaciones incompatibles con la función pública” y “Tentativa de defraudación a la administración pública provincial”.

“Vinieron al Estado a hacer cualquier cosa menos lo que tenían que hacer, que era gestionar la seguridad pública. Los resultados están a la vista: más violencia, más delito. El gobernador en parte es responsable por haberlo sostenido pese al fracaso” señaló Cándido. Y recordó que cuando presentaron la denuncia en marzo de 2021 junto a los legisladores provinciales Esteban Lenci, Rosana Bellatti y Lionela Cattalini “estábamos en lo correcto pese a los agravios que recibimos por parte del oficialismo”.

Por otro lado, el diputado provincial recordó que “mientras los santafesinos estábamos encerrados y los índices de violencia no paraban de aumentar, el ministro Sain y su equipo estaban viendo cómo acomodar una licitación a medida de una empresa amiga y hasta se daban el lujo de insultar a nuestra provincia, mientras que el gobernador miraba para otro lado y sostenía al gabinete de seguridad a pesar de las denuncias y los evidentes fracasos”.

La denuncia que dio origen a las imputaciones fue presentada en marzo del 2021 por los legisladores Juan Cruz Cándido (UCR Evolución), Lionela Cattalini, Esteban Lenci y Rosana Bellati (PS). En la misma señalaron que había una sospecha de direccionamiento de la licitación para la compra de armas para la Policía de Santa Fe ya que de la forma en que estaba armado el pliego, solo una empresa intermediaria estaba en condiciones de presentarse. Además explicaron en ese entonces que las descripciones de las armas que pretendía adquirir el estado eran iguales a las del catálogo de la empresa israelí que representaba la intermediaría.

Tras más de un año de investigación, los fiscales Mariela Jiménez y Miguel Hernández imputaron este jueves al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, al ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro y al ex subsecretario de Gestión Técnica y Administrativo Financiera Maximiliano Novas y les atribuyeron la coautoría de los delitos de “negociaciones incompatibles con el cargo” y “tentativa de defraudación a la administración pública provincial”. En la audiencia, la Fiscalía sostuvo que los tres imputados realizaron “maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública para la compra de armas con el objetivo de beneficiar indebidamente al grupo empresario Emprendimientos Grupo Patagónico SRL”.

El cruce de palabras entre Lorena Verdún, acusada por poseer un arma sin documentación, y el representante del Ministerio Público ocurrió esta mañana en el Centro de Justicia Penal, ante el juez Alejandro Negroni. 

La mujer dijo que para la justicia “siempre son los Cantero” y pidió que dejen de “agarrársela” con su familia, tras lo cual se dirigió a Edery: “Le digo al fiscal que esto no va a quedar así”. 

“Viniendo de una persona que está en un grupo al que se le secuestraron 24 armas lo tomo como una amenaza”, fue la respuesta del fiscal. 

Durante esa audiencia también fue imputado Uriel Luciano Cantero por la tenencia ilegal de ese armamento que el propio ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, calificó como “un altísimo poder de fuego”, informaron a Télam fuentes judiciales. 

“Lucho” Cantero (18), como se lo conoce, fue imputado por extorsión y amenazas coactivas, y tenencia ilegal de armas tras ser acusado por el fiscal. 

Tanto a Verdún como a su hijo le dictaron la prisión preventiva por el término de dos años, añadieron los voceros. 

El martes pasado durante un operativo que consistió en una veintena de allanamientos, principalmente en el barrio 17 de Agosto, territorio dominado por “Los Monos”, confiscaron un arsenal en el domicilio del joven Cantero. 

Durante los procedimientos dispuestos por la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, fue secuestrado un total de 25 armas, 24 de las cuales estaban en poder del hijo del “Pájaro”, asesinado en mayo del 2013. 

Además, las fuerzas confiscaron en el domicilio del joven un total de 3.500.000 de pesos y una gran cantidad de municiones. 

Voceros de la justicia confirmaron a Télam que la clave para dar con el armamento fueron una serie de publicaciones que realizó “Lucho” en sus redes sociales (Instagram y WhatsApp), en donde exhibía un arsenal acompañado de un texto en el que mencionaba “por si la mosca”. 

Asimismo, “Lucho” es el principal sospechoso de ser dueño de un fusil FAL que las fuerzas retuvieron durante la madrugada del viernes a cuatro jóvenes, por lo que el propio ministro de Seguridad de Santa Fe se mostró asombrado por el “altísimo poder de fuego” que posee la banda criminal. 

De esta manera, se investiga al joven Cantero como responsable de encabezar una asociación ilícita dedicada a cometer balaceras extorsivas, principalmente en la zona sur de Rosario, donde a partir de investigaciones se supo que durante los últimos meses pidieron hasta 30.000 dólares a comerciantes a cambio de “protección”, utilizando estas armas como instrumento principal de amedrentamiento. 

La modalidad de estos delitos consistía básicamente en amenazar de muerte a dueños de comercios, estudiar sus movimientos, balear sus comercios, y luego a ellos mismos o familiares si no efectuaban el pago exigido. 

En total, los acusados durante la audiencia fueron ocho, cinco de los cuales fueron apuntados como partícipes de las balaceras extorsivas contra dueños de locales. 

En tanto, ayer “Lucho” fue imputado y detenido durante una audiencia en la que se lo señaló como principal sospechoso de ser el instigador del crimen de Damián Gastón Gómez, un joven de 24 años con antecedentes penales por infracción a la ley de drogas y que vendía estupefacientes para la facción del hijo del “Pájaro”. 

La prueba fundamental en la que se apoyó la justicia fueron los audios que envió Gómez a su entorno través de WhatsApp, donde manifestó como última voluntad: “Me mandó a matar Lucho, denúncienlo, denúncienlo”. 

Tras escuchar los argumentos del representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), el juez Héctor Núñez Cartelle le dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley -dos años-, entendiendo la gravedad del hecho y el peso del acusado. 

Por su parte, la justicia determinó que de momento no existe relación entre “Lucho” y su tío, Ariel Máximo “Guille” Cantero, quien encabeza otra facción de Los Monos, y se encuentra preso por ocho condenas que suman más de 100 años de prisión. 

Por Juan Chiummiento (El Litoral)

Los principales integrantes de la agroexportadora Vicentin, una de las empresas emblemáticas de la provincia, fueron formalmente imputados por el delito de estafa, en el marco de una audiencia celebrada este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La acusación corrió por cuenta del fiscal Miguel Moreno, quien siguió la pista de una serie de denuncias efectuadas por bancos y proveedores granarios. Como se esperaban pedidos de detención, los abogados de la defensa solicitaron un cuarto intermedio, concedido por el juez Román Lanzón hasta el próximo jueves.

Amén del diferimiento de la audiencia, el magistrado sí habilitó la lectura de la imputación, que transcurrió por los carriles esperables, según la información que se venía manejando en la previa. Para el responsable de la Unidad de Delitos Económicos, la compañía ocultó su realidad económica financiera en el período previo a su default (diciembre de 2019), a través del incumplimiento de estándares internacionales de contabilidad. El núcleo de las irregularidades pasó, según su versión, por la irregular registración de los contratos “a fijar”, en los que el precio se determina con posterioridad a la entrega de los granos.

Según expuso el fiscal, el ocultamiento de la situación quedó en evidencia por la notable diferencia que existió entre los números que mostró Vicentin entre julio y octubre de 2019. En tan solo tres meses, la compañía pasó de exhibir una posición en granos de u$s 455 millones a u$s 30 millones. Al mismo tiempo, la deuda comercial en ese período pasó de u$s 32 a u$s 571 millones.

Para Moreno, no quedan dudas que la empresa confeccionó los balances de 2017 y 2018 con información financiera falsa, lo mismo que los diversos informes trimestrales que presentó ante los bancos internacionales. El fiscal consideró que el anuncio de “estrés financiero” de diciembre de 2019 fue simplemente “el desenlace de un deterioro que se venía gestando desde principios del año anterior”.

El responsable de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputó a 15 integrantes de la agroexportadora, 14 de los cuales estuvieron presentes en la audiencia celebrada en Rosario: Daniel Buyatti (presidente del directorio hasta septiembre de 2020), Alberto Macua (vicepresidente hasta la misma fecha), Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin y Yanina Boschi (todos ex directores titulares); Omar Scarel (síndico en el período previo al default y actual presidente del directorio); y Robertino Boschi, Miguel Valazza y Javier Gazze (accionistas con participación en diversos hechos). El único ausente, por motivos de salud, fue Raúl González Arcelus, ex síndico.

Moreno dividió su imputación según las diversas denuncias recibidas, que versan siempre sobre el período previo al default. En diálogo con la prensa, planteó que por la acumulación de hechos está en condiciones de pedir, el caso de los integrantes del directorio, las penas máximas que prevé el delito de estafa (50 años).

En lo que respecta a la presentación de los bancos internacionales, el fiscal acusó a los integrantes del directorio (en carácter de coautores) por el delito de balances falsos en concurso real con defraudación y estafas, en seis casos. Respecto al síndico, lo imputó como partícipe necesario. En tanto, también acusó por estafa a Javier Gazze y Miguel Valazza, quienes firmaron diversos certificados de compliance. Similares imputaciones corrieron en la denuncia del banco Macro.

Referido a los acreedores comerciales, Moreno acusó al presidente, vicepresidente y directores titulares por el delito de estafa en cinco hechos, en calidad de coautores. También imputó por el mismo delito a Robertino Boschi -sindicado como encargado del área comercial-.

A la hora de explicar las responsabilidades, el fiscal explicó que resultaba procedente asignarlas a todos los integrantes del directorio porque la empresa no contaba con un manual de procedimientos que asignara roles específicos, sino que funcionaba bajo una lógica más bien familiar. Moreno habló de un directorio “profundamente involucrado” en los negocios, sin una estructura formal que designara funciones y tareas.

A 48 horas de ocurrido el trágico femicidio en plena ruta 90, siguen apareciendo detalles y precisiones del momento fatídico que ocasionó la muerte de la joven cañaseña Claudia González (29). “Ahora sí estoy tranquilo”, habría dicho el policía de Seguridad Vial Iván L. (28) tras cometer el asesinato, según testimonios y declaraciones de los testigos presenciales, a sangre fría ya que “estaba tranquilo” antes de ultimar a su ex pareja, manifestó la abogada querellante, Carolina Walker Torres a Sur24.

Tanto el femicida como sus dos compañeros (Jonatan R. y Mario A.) fueron imputados este domingo por la tarde. A los tres policías, el fiscal Cochero les atribuyó los delitos de homicidio doloso calificado (por ser perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio); por relación de pareja y por abuso de la función de fuerzas de seguridad) y tentativa de homicidio agravado (por abuso de la función de fuerzas de seguridad).

Al imputado Iván L. le atribuyó las calificaciones penales en calidad de autor, mientras que a los otros dos policías investigados, les endilgó los delitos como “partícipes secundarios”.

“Creo que no hay otra posibilidad de que (el agresor) sea condenado a cadena perpetua pero hay que ver qué surge de la investigación en relación a los otros dos compañeros; veo que hay una responsabilidad penal por parte de ellos por la omisión a frenarlo a cometer el hecho”.

En tanto, este miércoles (iba a ser hoy) se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde el fiscal de Melincué Julián Cochero adelantó que pedirá la prisión preventiva de los tres detenidos “y el juez (Aldo Baravalle) determinará qué dispone pero tanto el femicida como sus compañeros deben seguir presos”, enfatizó la abogada que junto a la letrada isabelense Rebeca di Battista representan a la familia de la víctima “y nos presentamos como querellantes, es decir, como abogadas de la víctima con facultad de de participar en el proceso”.

Como había detallado el fiscal Cochero a este medio, el episodio ocurrido cerca del mediodía del sábado y que tras persecución incluida por varios kilómetros, Iván L. logra alcanzar a su ex pareja que circulaba con su marido (padre de su pequeño hijo), según lo declarado por éste último que terminó siendo el testigo directo: “Se le ponen al lado del auto y los hacen ir a la banquina; en ese momento L. se baja e intercambia unas palabras con el marido de Claudia, le dice que necesita hablar con ella, a lo que él accede porque lo ve tranquilo. Se aleja y se pone a hablar con los otros dos efectivos y en ese momento comienza a discutir acaloradamente con la mujer”, relata la profesional.

“En un momento ella le dice que no quería volver con él, que la deje en paz y ahí saca el arma (reglamentaria) y le da un tiro (mortal)”.

Cuando su marido corre a auxiliarla, se produce un forcejeo con el agresor que “ejecuta dos disparos más y después se le traba el arma, es decir, quería seguir disparando y no puede”. En ese momento, el marido de Claudia (63), que resultó ileso del suceso, logra sacarle el arma pero es reducido por el uniformado “y recién ahí con el hombre gritando los otros policías intervienen pero hasta ese momento no habían atinado a frenar a su compañero”.

Al detenerlo, cuenta Walker Torres, “aparentemente dice ‘ahora sí estoy tranquilo’” y remarca e insiste que “en ningún momento hubo un ataque de locura como puede llegar a decir la defensa (del imputado) o que estaba en estado de emoción violenta. Estaba perfectamente tranquilo, no sé si lo tenía pensado pero en el momento del hecho él sabía muy bien lo que estaba haciendo”.

De acuerdo a la información que recolectó de la familia de la joven cañaseña, la abogada especialista en víctimas de violencia de género y delitos sexuales contaba que hacía tres meses se había separado del agresor y había vuelto con su pareja “pero parece que L. no lo superó pero hasta el momento no ha habido ningún antecedente de violencia entre ellos ni denuncias; es algo que se está investigando”, aportó la letrada de la ciudad de Santa Fe.

Cabe destacar que el agresor de 29 años se desempeñaba como efectivo de la Agencia de Seguridad Vial y prestaba servicio en Venado Tuerto y la zona. Lo que había comentado el Dr. Cochero es que también investigaría qué clase de operativo estaban desarrollando, ya que no suelen ser informados a ningún ente policial o judicial.

“En los 16 años de profesión que tengo y de estar ejerciendo este tipo de casos, es la primera vez que veo algo así; shokea por la muerte de Claudia pero también por las características propias del hecho. Creo que esto va a traer mucha repercusión porque hay una gran responsalibidad del estado y de a quién le damos la potestad de cuidarnos y la posibilidad de cargar con un arma de fuego”, esgrimió la abogada agregando que lo que más hace ruido es que el suceso se da “mientras están en funciones y a partir de ahí creo que debemos replantearnos cómo formamos a nuestras fuerzas. Por eso esperamos un accionar muy duro de la justicia y ver qué sucede con los otros dos policías que aún no han declarado pero sí se manifestaron inocentes”.

Asimismo, planteó la actitud que tomará el gobierno provincial “con estos policías que son los encargados de cuidarnos y que siendo testigos presenciales no hicieron nada para impedir el hecho”.

Hasta el momento no ha habido manifestación pública de los organismos estatales y solo se comunicó con la familia de la víctima, el área de Género del gobierno.

Si bien esto indicó Walker Torres, agregó que hay “elementos probatorios muy concluyentes” para avanzar rápidamente.

A su vez contó que la familia de Claudia “está muy abrumada y shokeada” y que el padre su hijo se va presentar como querellante en la causa “ya que es el principal testigo y su testimonio ha sido muy contundente”, cerró.