Semanas atrás, El Litoral dio a conocer que el gobierno de la provincia de Santa Fe generó una realidad que me gustaría destacar, porque he sido un persistente impulsor de la baja o quita de impuestos.

En tal sentido, cabe resaltar que el gobierno provincial implementó para 2026 un beneficio que permite a industrias, comercios y alojamientos deducir hasta el 30% del costo eléctrico de la EPE del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (descuento que se aplica como crédito fiscal y se gestiona 100% online a través de la plataforma de la Administración Provincial de Impuestos-API).

Supuestamente ese mínimo descuento ya generó una movilización positiva en las empresas beneficiadas. Por eso es de destacar esta iniciativa del gobierno de la provincia. Y por favor, que el ejemplo cunda.

Porque si a esto se lo analiza con criterio positivo, como creo que es mi caso -dando permanentemente mi opinión sobre este tema en particular-, todos los Estados provinciales y el Estado nacional deberían generar una verdadera política de rebaja impositiva, seguida de una consecuente política de austeridad.

Por otra parte, en otro comentario de periodistas especializados en la materia, el diario destaca como recordatorio que el presidente de la Nación, desde su inicio, generó/implementó un Programa Macroeconómico, el que perdura hasta la actualidad. Es evidente que falta el Programa Microeconómico.

En su momento le dirigí al señor Javier Milei una carta haciéndole notar esta situación, haciéndole hincapié en que el plan micro al que hago referencia sería fundamentalmente para los supermercados, ya que sin impuestos las mercaderías podrían bajar hasta un 40% y como consecuencia los asalariados tendrían un mayor poder adquisitivo, que hoy se encuentra disminuido.

Siempre dije: los asalariados no cobran en dólares, cuyo precio este gobierno nacional desde su inicio aumentó, por lo que cada vez están más lejos de esa realidad. Si la provincia de Santa Fe profundiza su positiva experiencia y sigue rebajando el impuesto más polémico -que es el de Ingreso Brutos-, internamente hasta se puede mejorar la cantidad de asalariados, que en este proceso hay bajas notorias.

Junto a la rebaja impositiva, habría que ver si el gobierno de la provincia lleva a cabo una política concreta de austeridad, porque de ser así -tal como lo aseguran algunos funcionarios provinciales- debería considerarse un ejemplo a imitar por la Nación y las otras provincias.

Por otra parte, no está de más decir que siempre el primer ejemplo a remarcar es el de los propios ciudadanos, que pierden su fuente de trabajo, y además se endeudan, mientras el Estado nacional mantiene un alto nivel de disponibilidades, por cuanto todos los impuestos que se depositan en los bancos terminan en la sede del gobierno "unitario": Buenos Aires.

Mientras tanto, las provincias se la pasan reclamando su participación. La suma de impuestos nacionales y provinciales -sumados a los tributos y tasas municipales- hacen inviable cualquier proyecto de crecimiento productivo en el país.

En ese marco, espero que el ejemplo de la provincia de Santa Fe se "derrame" en todo el país, porque ello significaría una verdadera bendición del Señor. ¡Que los otros gobernantes se inspiren y tomen como faro esta iniciativa provincial, en beneficio de la Patria!

El Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina presentó un informe en el que plantea que, para mejorar la competitividad y dinamizar el mercado laboral, es preferible una estrategia de "gradualismo tributario" para avanzar de manera más decidida en una reforma estructural del sistema impositivo.

El Centro de Estudios que dirige Jorge Colina propone la eliminación de "malos impuestos" o impuestos distorsivos. El informe señala específicamente la necesidad de suprimir el impuesto a los Ingresos Brutos y las tasas a las ventas municipales, algo que gobernadores e intendentes no concederán sin una compensación a lo que consideran imprescindible para “seguir funcionando”.

El ministro Olivares, defensor de los recursos provinciales.

Pero en línea con la mayoría de los economistas y el equipo económico nacional, pero sobre todo con los empresarios, Idesa sostiene que estos tributos son considerados obstáculos que conspiran contra la competitividad de las empresas y su capacidad para generar empleo.

El ministro de Economía ha sido bastante claro en que el Gobierno no busca (al menos en el corto plazo) una "ley ómnibus" única de reforma tributaria integral, sino más bien un camino de desmantelamiento gradual de lo que él llama "el infierno impositivo".

Para Idesa, el fortalecimiento de "buenos impuestos" compensará la eliminación de los impuestos distorsivos sin comprometer el equilibrio fiscal. Propone potenciar la recaudación a través del IVA y el Impuesto a las Ganancias.

Se trata de un cambio de enfoque en la presión impositiva: el documento sostiene que el problema principal no es solo la magnitud de la carga tributaria, sino el peso predominante de los impuestos distorsivos dentro de esa estructura.

El “entorno regulatorio y tributario hostil” es parte incluso del problema de crecimiento de la economía con baja del empleo. Idesa destaca que subsiste una infraestructura deficiente que conspira contra la competitividad de las empresas, dificultando que estas sostengan o expandan sus plantillas de trabajadores.

Señala en esa escena el aumento del 4,8% en el PBI durante los últimos dos años, traccionado principalmente por el agro, la energía, la minería y la intermediación financiera, sectores que se caracterizan por generar mucho valor agregado pero demandar poca mano de obra y estar localizados lejos de los grandes centros urbanos.

Por el contrario, las actividades que más empleo urbano generan, como la construcción, la industria, el comercio y los servicios, siguen en un estado de aletargamiento. Repasa la caída en el empleo asalariado privado (casi 190 mil puestos menos en dos años) con empresas en un nuevo contexto de mayor estabilidad e integración al mundo, tras años de operar en una economía cerrada e inflacionaria.

Destrucción de empleo, un dato significativo en el "crecimiento económico" argentino.

Expone también el deterioro de la calidad del empleo. Ante las trabas para generar trabajo formal, el único componente dinámico del mercado laboral ha sido el cuentapropismo informal (trabajadores no registrados), lo que refleja que la gente busca alternativas de subsistencia fuera del sistema formal ante la falta de vacantes en empresas.

Los sectores que tienen una ponderación muy importante desde el punto de vista del empleo urbano son la construcción, la industria, el comercio y los servicios.

La industria manufacturera perdió aproximadamente 73.000 empleos registrados en dos años. Su participación en el PBI cayó del 16,5% al 13,7%, niveles mínimos históricos.

El trabajo en el comercio logró sostenerse mejor gracias a la mayor flexibilidad para ajustar márgenes y a que es el sector con mayor cantidad de empleo privado (representa el 20% del total).

La construcción es el sector más golpeado; fue el "epicentro" de la pérdida de empleo debido a la paralización casi total de la obra pública y el encarecimiento de insumos. Se estima una caída entre el 14% y el 16% de su plantilla total de trabajadores registrados (entre 60.000 y 75.000 puestos directos de trabajo formal).

La construcción pública en Santa Fe, un dato decisivo en la menor desocupación.

Para Idesa, un cambio profundo en el esquema tributario es fundamental para mejorar el empleo urbano, ya que permitiría dinamizar empresas en sectores que más mano de obra demandan en las ciudades.

Cabe recordar que mientras la desocupación nacional fue del 7,5% al cuarto trimestre del 2025 (últimos datos disponibles del Indec), el registro alcanzó 9,5% en los distritos del Gran Buenos Aires; 8,8% en el Gran Córdoba; 6,5% en el Gran Rosario y 4,8% en el Gran Santa Fe. En estos casos el dato refleja que la obra pública provincial fue sostenida por el gobierno santafesino.

Javier Milei visitó este miércoles el Centro de Monitoreo de Visa Argentina y dejó un discurso con eje en inversión, competencia y libre empresa. En ese marco, aseguró que las decisiones de desregulación y baja de impuestos se traducen en un “retorno” de la propiedad privada.

El Presidente sostuvo que el sector privado es “el único generador de riqueza” y lo definió como el principal proveedor de soluciones para elevar el bienestar. En la misma línea, defendió el capitalismo de libre empresa como el invento “más revolucionario” creado por el hombre.

Milei planteó que bajar impuestos, reducir la inflación y desregular forman parte de un mismo concepto. “Cada vez que bajamos impuestos y la inflación, y desregulamos, estamos devolviendo la propiedad privada”, afirmó durante la visita.

En ese tramo, volvió sobre una definición que ya había utilizado en otras ocasiones: sostuvo que los impuestos son “robo directo” y comparó al Estado con un “ladrón estacionario”. Dijo que su administración busca “correr” esa carga para restaurar reglas claras de juego.

El mandatario también celebró decisiones empresariales vinculadas al ecosistema de pagos. Mencionó movimientos estratégicos orientados a fortalecer infraestructura, sumar tecnologías como tokenización y autenticación biométrica y acelerar soluciones para consumidores y comercios.

En su explicación, Milei aseguró que la inversión fomenta la competencia y eso deriva en mejores servicios, con un beneficio final para los usuarios. Vinculó esa lógica a un efecto macro: un sistema de pagos más eficiente permitiría que el dinero “fluya mejor” entre las personas.

El Presidente sostuvo que cuanto más barato y eficiente es el traspaso de dinero, más agentes pueden beneficiarse realizando transacciones y prestándose fondos. En contrapartida, afirmó que regular y “cercenar” el comercio encarece costos al sumar incertidumbre.

En el cierre de su mensaje, Milei celebró que Visa haya apostado por el país y lo enmarcó en un contexto que calificó como favorable para la iniciativa privada. Atribuyó ese escenario a medidas tomadas desde el inicio de su gestión.

También destacó el “trabajo incansable” del Ministerio de Desregulación junto al Ministerio de Economía y otras áreas del Gobierno. Dijo que el objetivo es volver a un país con reglas claras y “respeto implacable” por la propiedad privada.

Mientras se terminan aún de procesar los datos para precisar cuánto dinero ingresó a las arcas provinciales en las últimas semanas, fuentes oficiales confirmaron a El Litoral que el pago anual tanto de Patente como de Inmobiliario alcanzó "niveles récords" en la provincia. Según anticiparon, para ambos tributos se logró superar "al menos en un 5%" el nivel de adhesión que se había alcanzado en 2025.

La posibilidad de cancelar de manera anticipada el monto correspondiente al período 2026 para los impuestos citados vencía el pasado viernes. Hasta entonces, los contribuyentes que concretaban el pago accedían a beneficios significativos, como el descuento del 35% sobre el valor total. En el caso del Inmobiliario tanto Urbano como Rural, en tanto, para los contribuyentes que estuvieran al día se les adicionaba un descuento del 20% para las cinco primeras cuotas, y del 100% para la sexta. De ese modo, la quita final terminaba siendo prácticamente del 50%.

Quienes adhirieron accedieron a descuentos y evitaron subas previstas para el segundo semestre. Foto: Fernando Nicola

Finalmente, para ambos tributos, el contribuyente que efectuaba el pago anual evitaba los aumentos que operarán durante el segundo semestre, tal lo estipulado en la ley tributaria sancionada oportunamente por la Legislatura.

La herramienta que reeditó el Ministerio de Economía a través del pago anual permite oxigenar las cuentas públicas al menos de manera circunstancial, en medio de un contexto donde tanto la coparticipación como la recaudación propia están en caída, y donde la provincia debe pagar los aumentos salariales devenidos de la reciente discusión paritaria con los gremios docentes y estatales.

Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe.

Al respecto y consultado por la prensa, el ministro de Economía, Pablo Olivares, ratificó este martes que aunque la paritaria permanecerá abierta para debatir otros temas a lo largo del año, no habrá una reformulación de la oferta salarial y el aumento será liquidado por decreto, aun a aquellos sectores cuyos referentes sindicales rechazaron la oferta.

"No se cierra la paritaria. Lo que se dispone por una cuestión de justicia es que los empleados cobren el aumento. Se dispone la liquidación del incremento y la paritaria continúa con una dinámica durante el año. El gobierno liquida el aumento porque es justo que los trabajadores lo cobren, y lo antes posible", insistió.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes el esquema de aranceles globales impulsado por Donald Trump bajo una ley de poderes de emergencia, en un revés de alto impacto para el corazón de su agenda económica.

El fallo fue 6 a 3 y giró sobre una pregunta concreta: si la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) autoriza al presidente a imponer aranceles. Para la mayoría, la respuesta es no.

John Roberts afirmó que el poder de fijar aranceles pertenece al Congreso. Foto: Reuters

En el texto del caso, el presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que la Constitución es clara al asignar al Congreso la facultad de “imponer impuestos, derechos e impuestos aduaneros”, y remarcó que ese poder no fue entregado al Ejecutivo.

La decisión cuestionó la lectura amplia del Gobierno sobre la palabra “regular” importaciones: para la Corte, “regular” no equivale a “gravar” y la IEEPA, pese a enumerar herramientas, no menciona aranceles ni derechos aduaneros.

El fallo puso bajo revisión la estrategia comercial global impulsada por Trump. Foto: Reuters

El fallo consolidó dos expedientes que llegaron por vías distintas y dejó una conclusión común: la IEEPA no habilita aranceles, ni los “recíprocos” ni los vinculados a la emergencia por narcotráfico.

En la votación, hubo disidencia de Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh. La decisión no impide que la Casa Blanca intente sostener gravámenes por otras leyes, pero sí recorta la herramienta más veloz que había usado para mover el tablero comercial.

(Por Cristian Fiederer) - Quienes día a día apostamos por producir en nuestro país, invirtiendo y generando empleo, compartimos una misma certeza: la riqueza de una nación no se mide solo en sus cuentas fiscales, sino en la fortaleza de su sistema productivo y en la estabilidad de su clase trabajadora. Sin embargo, venimos atravesando años de una complejidad que hoy nos pone frente a un desafío histórico: evitar el deterioro de un entramado que es el motor del crecimiento social.

Hoy, en un escenario donde el carry trade vuelve a posicionarse como la principal herramienta de inversión, observamos con preocupación la dificultad de los sectores productivos para recuperar su nivel de actividad. Es la señal de una ambigüedad profunda: buscar el "desarrollo" mientras, en el camino, se debilitan las piezas fundamentales que deben construirlo.

Por un lado, venimos de experiencias que buscaron fortalecer la industria a través del mercado interno, pero que enfrentaron serias dificultades para sostener esa visión en el tiempo. La falta de acceso a insumos clave y una inflación persistente terminaron condicionando la planificación a largo plazo. En ese escenario, la incertidumbre se convirtió en un obstáculo constante para la inversión: se hacía difícil apostar a la modernización tecnológica sin reglas de juego claras. Así, el objetivo de una industria fuerte se vio limitado por una macroeconomía que no lograba dar el marco de estabilidad necesario para conectar nuestro potencial con el mundo.

Por el otro, el enfoque actual –si bien persigue un orden macroeconómico y fiscal fundamental para cualquier economía sana– corre el riesgo de caer en un desequilibrio de signo opuesto: el de priorizar la urgencia de los indicadores financieros por sobre el ritmo de las fábricas. Lograr el equilibrio fiscal es un paso necesario, pero si se alcanza ignorando la caída del consumo y los altos costos internos para producir, el sistema productivo queda en una situación de extrema vulnerabilidad. Existe el peligro real de consolidar un esquema donde el rendimiento financiero sea más atractivo que el esfuerzo de transformar materia prima en valor agregado. Un país con sus cuentas en orden, pero con sus naves industriales vaciándose, es, en definitiva, un país que está hipotecando su futuro.

Para que la apertura al mundo sea una oportunidad y no una amenaza, necesitamos condiciones de equidad. No se trata de pedir privilegios, sino de reconocer las asimetrías que enfrentamos quienes pagamos impuestos, aportes y contribuciones en un contexto de costos logísticos y energéticos desafiantes.

Competir con el mundo es el objetivo, pero para lograrlo debemos alivianar la mochila que carga el productor local. Sin esa equidad, el riesgo es un achique del tejido industrial que termina impactando en lo más valioso que tenemos: nuestra gente. Hoy vemos con preocupación una precarización laboral donde el esfuerzo de un solo empleo a veces no alcanza, obligando al "multitrabajo" y desgastando la calidad de vida de la familia trabajadora.

El futuro de la Argentina no está solo en lo que extraemos de la tierra, sino en lo que somos capaces de transformar con inteligencia. Aquí es donde el entramado tecnológico y la educación técnica juegan un rol central. Si rompemos el vínculo entre la escuela, la innovación y la fábrica, estamos perdiendo nuestra mayor ventaja competitiva. El desarrollo real nace de la unión del conocimiento con la producción. Necesitamos que la tecnología sea la aliada de cada PyME y que nuestros jóvenes encuentren en la industria un espacio de progreso y pertenencia.

Producir es, ante todo, un acto de confianza en el país. El desafío de la dirigencia, y de todos nosotros, es trazar un rumbo que brinde previsibilidad. El equilibrio fiscal debe ser el punto de partida para una reforma que fomente la inversión y premie al que genera valor.

El ocaso del sistema productivo es el ocaso de la clase media. Un país no puede sostenerse sólo con sectores extractivos o financieros: necesita de su tejido industrial vivo. Si permitimos que se rompa la mirada de la Argentina trabajadora, lo que queda es un desierto productivo con oasis de riqueza para pocos. No queremos privilegios, queremos equidad para producir. Queremos que el orden fiscal sirva para bajar impuestos al trabajo y a la producción, no sólo para sostener un esquema financiero volátil.

Es hora de decidir si queremos un país para cinco sectores o una Nación para 46 millones de argentinos. Necesitamos un modelo que abrace a la producción, que potencie nuestro talento tecnológico y que devuelva a todos la tranquilidad de saber que su esfuerzo vale. Sólo así, con una mirada federal y productivista, podremos transformar la complejidad actual en un camino de crecimiento genuino para todos.

Apostar por el desarrollo industrial no es una añoranza nostálgica ni un abrazo al pasado; es, por el contrario, entender hacia dónde camina el mundo. Es observar lo que potencias y naciones emergentes como Estados Unidos, China, Brasil, México, Canadá, Japón, India o Corea del Sur están haciendo hoy: fortalecer su soberanía productiva para liderar. El poder transformador de una industria sólida es incomparable, pues constituye el único motor capaz de garantizar un futuro de progreso real y una verdadera movilidad social para sus ciudadanos.

Desde este jueves entra en vigor la segunda fase de la reducción de impuestos para celulares importados: el arancel que hasta ahora era del 8% pasará a 0%. Esta medida completa un proceso iniciado en 2025, cuando la carga se había reducido del 16% al 8% junto con una rebaja de impuestos internos.

La iniciativa busca acercar los precios locales a los valores internacionales, aunque la efectividad del beneficio dependerá de múltiples factores, como los costos logísticos y el contexto del mercado.

Si bien la rebaja arancelaria es real, los teléfonos que ya están en los puntos de venta no reflejarán el cambio de manera inmediata. Los fabricantes destacan que esos equipos fueron adquiridos hace meses y que los ajustes se aplicarán gradualmente.

Además, el arancel es solo uno de los componentes del costo total de los equipos producidos localmente en Tierra del Fuego, donde marcas como Samsung, Motorola, Xiaomi y Tecno concentran la mayoría de las ventas nacionales, mientras que otras empresas combinan producción local con importación y algunas, como Apple y Huawei, dependen completamente de los envíos desde el exterior.

La eliminación de impuestos no implica una baja directa y proporcional en el precio final, como aclararon los fabricantes: el efecto puede representar hasta un 10% adicional a la reducción previa del 17%, pero no necesariamente un 35% o 40% como circuló en algunos medios.

Otros factores, como la presión sobre los precios internacionales de memorias DRAM y NAND impulsadas por la demanda de inteligencia artificial, también pueden limitar la caída de los valores al consumidor.

Por otro lado, algunas compañías podrían ampliar su oferta aprovechando la medida, incorporando modelos de gama media o baja que antes se importaban únicamente en la versión tope de gama. Para los equipos 100% importados, la rebaja es más directa.

En el caso del iPhone, la eliminación del arancel se traduce casi inmediatamente en una reducción de costos, mientras que Huawei planea relanzar su presencia con equipos de alta gama y asegura que asumió el impuesto de manera anticipada para trasladar la ventaja al consumidor.

La fabricación en Tierra del Fuego continúa siendo competitiva frente a la importación: producir localmente sigue siendo más barato que traer equipos desde el exterior. Las compañías sostienen que la estructura productiva está optimizada, con acuerdos, escala y eficiencia acumulada, y que la baja de aranceles no altera esa ecuación.

La reducción de impuestos internos también favorece a la producción nacional, con un trato preferencial que va del 9,5% al 0%, frente al 19% al 9,5% en importados. Desde la industria se señala que la principal amenaza no son los importadores legales, sino el ingreso irregular de equipos por canales no oficiales.

En ese contexto, la eliminación del arancel podría contribuir a una mayor oferta formal y a una ligera reducción de precios, aunque el efecto se verá de manera gradual según la reposición de stock. También se espera que la brecha con los precios de países vecinos, como Chile, se reduzca, acercando el mercado local a referencias internacionales.

La Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API) recuerda a todos los contribuyentes que tienen hasta el 31 de diciembre como fecha límite para ponerse al día con sus impuestos, y de esta manera podrán conservar los beneficios vigentes de “Buen contribuyente” para el año entrante.Aquellos contribuyentes que no registren deudas en la fecha mencionada, contarán con un 20 % de descuento en el Impuesto Inmobiliario, además de estar eximidos del pago de la sexta cuota.Estos beneficios se suman a los establecidos en la Ley Tributaria 2026, que contemplan para aquellos que realicen el pago total anual, un 35 % de descuento, alcanzando por combinación (Buen Contribuyente + Pago Anual + Eximición sexta cuota) un 56 % de descuento.También, los buenos contribuyentes podrán combinar el beneficio del 15 % de descuento en cada cuota, otorgado a quienes adhieran al débito automático. En este caso (Buen Contribuyente + Débito Automático) el descuento alcanza un 46 % de descuento.Para la patente automotor, se mantienen los beneficios de 2025. Quienes realicen el Pago Total Anual tendrán un 35 % de descuento, mientras que quienes opten por el débito automático, tendrán un 15 % de descuento en cada cuota.

Trámites digitalesPara la liquidación de deudas de Inmobiliario o Patente, se puede ingresar directamente a www.santafe.gov.ar/api y seleccionar el trámite desde el box; o ingresar directamente a www.santafe.gov.ar/apiboletas para la descarga de las boletas o de la liquidación de deudas.Vale recordar que a partir del 2025, se puede abonar utilizando cualquier billetera digital gracias al QR interoperable que figura en la parte baja de la boleta.

Convenios de pagoLa formulación de convenios de pago también se puede realizar desde la web, para esto se deberá ingresar a www.santafe.gov.ar/api y seleccionar el impuesto deseado. Una vez realizado el trámite podrá abonar a través de plataformas digitales o imprimir la boleta para pagar en un Santa Fe Servicios.Es importante destacar que, quienes tengan convenios de pagos vigentes posterior al 31 de diciembre, no entrarán dentro de la categoría de “Buen Contribuyente” y no tendrán el descuento del 20 %. ConsultasAnte dudas y consultas se puede ir personalmente a Ituzaingó 1258 en Santa Fe o los contactos 0800 888 3722 y apiconsultassantafe@santafe.gob.ar. En la ciudad de Rosario: Tucumán 1853 o los teléfonos 0341) 4292100 - 4721481 y el mail apiconsultasrosario@santafe.gob.ar. También ingresando al instagram @api_santafe en el destacado “Tutoriales” se encuentran los video para el paso a paso de la realización de los trámites.

El Gobierno nacional anunció este martes una nueva baja en las retenciones a los productos agropecuarios, en un paso más dentro de la política de alivio fiscal para el sector.

La medida fue comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en X, donde destacó que se trata de “un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”.

Caputo enfatizó que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei” y aseguró que “seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”.

Nueva baja de impuestos al campo: retenciones caen hasta dos puntos. Crédito: Reuters/Martin Cossarini

El ministro también remarcó que “ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y continuaremos haciéndolo, en la medida en que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

Con esta decisión, las alícuotas se reducen de la siguiente manera: Soja: de 26% a 24%; Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%; Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%; Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5% y Girasol: de 5,5% a 4,5%

El titular de Economía sostuvo que “esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”.

En ese sentido, Caputo destacó que la medida permitirá al campo “seguir creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”.

Por su parte, el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, afirmó que “el camino siempre será el de bajar impuestos, siempre respetando el equilibrio fiscal”.

Nueva baja de impuestos al campo: retenciones caen hasta dos puntos. Crédito: Archivo

Adorni remarcó que la reducción de retenciones a productos agropecuarios refuerza la política de incentivos para el sector, consolidando la producción interna y la exportación de granos y subproductos, mientras se mantiene la sostenibilidad fiscal del Estado.

El anuncio del Gobierno se produce en un contexto donde la competitividad del agro argentino es clave para fortalecer la balanza comercial y atraer inversión en tecnología y maquinaria agrícola. Tanto Caputo como Adorni coincidieron en que “menos impuestos significan más producción, más oportunidades y más trabajo para todos los argentinos”.

En concreto, la baja de retenciones impactará de manera directa en la rentabilidad de los productores de soja, maíz, trigo, girasol y sus derivados, mientras que los exportadores podrán ajustar sus precios en un mercado global competitivo.

Nueva baja de impuestos al campo: retenciones caen hasta dos puntos. Crédito: Archivo

La medida se enmarca dentro de un plan más amplio de reducción gradual de impuestos a la agroindustria, con el objetivo final de eliminar por completo las retenciones sobre granos y subproductos.

La medida ha sido recibida con expectativas positivas por productores y entidades del agro, que destacan la necesidad de políticas fiscales previsibles para sostener el crecimiento del sector.

La decisión del Ejecutivo busca no solo reducir la carga impositiva sobre el agro, sino consolidar a la agroindustria como motor de la economía nacional, asegurando un flujo constante de divisas, empleo y desarrollo regional.

La combinación de menor presión tributaria y continuidad en la política de incentivos podría potenciar la producción de granos y subproductos en el corto y mediano plazo, consolidando a Argentina como proveedor confiable en los mercados internacionales.

El Gobierno nacional anunció este lunes la eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones de carne bovina y avícola. La decisión, que se mantendrá vigente hasta el 31 de octubre, apunta a mejorar la oferta de divisas ante la volatilidad del mercado financiero.

“Este es el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos”, aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, al oficializar la medida.

El post de Adorni sobre las retenciones a la carne.

El anuncio amplía el esquema de alivio impositivo anunciado la semana pasada, cuando se eliminaron las retenciones para cereales y oleaginosas por el mismo período. En este caso, la carne vacuna y la aviar, que hasta el momento pagaban una alícuota del 5%, quedarán temporalmente exentas.

La decisión fue comunicada a través de las redes sociales del vocero presidencial y ratificada por los canales oficiales. Se trata de un gesto al sector agroexportador en busca de acelerar la liquidación de divisas en un contexto de incertidumbre y presión sobre el tipo de cambio.

Los argentinos deberán trabajar entre 173 y 182 días durante 2025 solamente para cumplir con todas sus obligaciones tributarias, según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Esto significa que recién entre el 22 de junio y el 1 de julio los ciudadanos podrán empezar a generar ingresos "para sí mismos", después de haber destinado la primera mitad del año al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Este concepto se conoce como “Día de la Independencia Tributaria”, y busca representar de manera gráfica y pedagógica la carga que el sistema impositivo argentino impone sobre los contribuyentes.

“El objetivo del indicador es visibilizar de forma sencilla cuánto del año una persona debe trabajar para cumplir con sus obligaciones tributarias, considerando todos los niveles del Estado”, explicó Nadin Argañaraz, economista y director del IARAF.

Además, agregó: “En un escenario de carga tributaria formal promedio baja, que representa el 47% del ingreso neto del contribuyente, la independencia tributaria se logra el 22 de junio. En cambio, en el caso de una presión tributaria promedio alta, cercana al 50%, ese día llega recién el 1 de julio”.

El estudio contempla una variedad de tributos que afectan directamente al ciudadano común:

En algunos casos, se incluyen también impuestos indirectos, como los gravámenes a los combustibles o al consumo.

“Cuando uno compra comida, usa el celular, carga nafta o paga servicios, está tributando. Muchos de estos impuestos están incluidos en el precio final, por eso se los percibe menos, pero están presentes y afectan el poder de compra”, advirtió Argañaraz.

Desde IARAF remarcaron que Argentina se encuentra entre los países con mayor presión tributaria relativa en comparación con los servicios que ofrece el Estado.

“El problema no es solo cuánto se paga, sino qué se recibe a cambio. En muchos países con presión tributaria similar, los contribuyentes tienen acceso a salud, educación, infraestructura y seguridad de alta calidad. En Argentina, los servicios públicos están lejos de ese estándar y hay problemas estructurales de eficiencia”, explicó el economista.

A su vez, consideró que “la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos y la superposición de tributos en distintos niveles de gobierno generan un sistema opaco e ineficiente”.

El informe también señala que la elevada carga impositiva desincentiva la inversión, desalienta la formalización del empleo y reduce la competitividad. “Es una presión difícil de sostener para muchos sectores productivos. En un país con alta inflación, informalidad y caída del consumo, este nivel de carga tributaria se vuelve un obstáculo”, resumió Argañaraz.

Por último, desde IARAF insistieron en que el “Día de la Independencia Tributaria” no es una crítica al pago de impuestos en sí, sino un llamado a reflexionar sobre la equidad, la eficiencia y la transparencia del sistema tributario argentino.

“El impuesto no es un castigo, es una herramienta de financiamiento del Estado. Pero debe ser justo, bien administrado y equilibrado. Hoy, la sociedad siente que paga mucho y recibe poco. Eso debe cambiar”, concluyó Argañaraz.

La Argentina proyecta una recaudación consolidada (gobiernos nacional, provinciales más CABA y municipales o comunales) que equivale al 29,2% de su PBI -apenas por debajo del 29,6% del 2024- gracias a un número total de 155 tributos identificados en todo el mapa territorial, en los distintos niveles estaduales.

El número de impuestos es grande, el esquema es complejo y se presenta en medio de una economía que discute competitividad sin devaluación. Eso no viene sino por eficiencia dentro de las empresas y por una reducción de la carga tributaria que cada una paga.

En ese escenario se da la puja entre la Casa Rosada que busca bajar gravámenes provinciales, y las provincias que alegan tener que afrontar gastos de infraestructura (obras públicas) que Nación desatendió. Eso además de seguir brindando servicios de salud, educación, seguridad y parte de la justicia, que se financian de las cuentas provinciales.

Un nuevo informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal señaló que "a nivel nacional, se eliminó el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)", mientras que se creó (en algunos municipios) el derecho por el servicio de transporte de personas -concertado a través de plataformas electrónicas- lo que implica que "los intermediarios de dichos servicios (aplicaciones) deben abonar el 1% del valor de cada viaje, y que los fondos recaudados se destinan a un Fondo de Movilidad para mejorar el transporte"

"El 94% de la recaudación consolidada argentina se concentra en diez tributos, ocho de los cuales son nacionales, uno provincial y uno municipal", advirtió Argañaraz. El argumento refuerza un comentario reciente del gobernador Maximiliano Pullaro que provocó algunos enojos en el gobierno central.

El mandatario santafesino le recordó a la platea de empresarios reunidos en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) que "de un ticket de 10 mil pesos que paga un consumidor en Santa Fe, hay $ 200 de impuestos provinciales y 1800 de impuestos nacionales".

Iaraf explicitó que, de hecho, "el 94% de la recaudación consolidada argentina se concentra en diez tributos, ocho de los cuales son nacionales, uno provincial y uno municipal". Luis Caputo ha dicho expresamente que el gobierno quiere bajar impuestos pero que es el turno de las provincias; el ministro apunta de manera explícita contra Ingresos Brutos y ha dejado trascender la idea del "super Iva" para que Nación se quede con un 9% y el resto lo cobren las provincias. Por ahora, la "idea" flota en el ambiente sin que haya un borrador sobre el cual trabajar.

Antes de empezar a hablar de lo que se lleva cada "jugador" de la recaudación, vale la pena detenerse en el primer destino de los fondos. Por cada $100 que un argentino paga al fisco por todo concepto, $28 se los lleva la Anses, que sigue siendo deficitaria. No es difícil comprender el dilema entre lo que se considera un deber del Estado -pagar haberes dignos- y las posibilidades reales de cumplir sin nuevos trabajos formales que hagan aportes que financien el sistema.

En el desafío se plantea primero en la reforma laboral, pero sobre todo la incorporación a la formalidad del trabajo informal que no aporta. Sería imprescindible si se quiere despejar la mayor carga del desafío fiscal, antes de una reforma tributaria.

Además del destino de la recaudación a la Anses, (siempre por cada $100 que entran a los tres niveles del estado) Nación recauda $25,7, las provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires $33,7 y los municipios $12,5. ¿Pueden los gobernadores desprenderse de recursos? Vale alegar que Ingresos Brutos es el gravamen más distorsivo de la economía argentina.

Sin contabilizar aportes patronales y personales, que son el segundo gran rubro de la recaudación fiscal, el Iva (lo cobra nación y se coparticipa) recauda el equivalente a 7% del PBI, e Ingresos Brutos 4,12% del PBI. No parece hasta aquí que haya posibilidades para eliminarlo sin más, ni que Nación lo compense aún cuando la economía crezca al 6% como alega Javier Milei.

Peor aún, un "super Iva" en el que Santa Fe se quede con 12% y Nación se lleve sólo 9%, en principio dejaría las cuentas provinciales con la posibilidad de reducir no más de un 1% de presión fiscal en IIBB con efecto fiscal neutro, según se infiere de cálculos del Iaraf. Pero habría provincias condenadas a subir hasta 80% su parte (provincial) del nuevo IVA, sin tocar ingresos provinciales. No parece un esquema que pueda pasar por el Congreso sin más.

El Gobierno nacional oficializó una serie de medidas orientadas a mejorar el acceso a bienes tecnológicos, reducir precios y fomentar el desarrollo industrial. A través del Decreto 333/2025, publicado este 20 de mayo, se modificaron los aranceles de importación y las tasas de impuestos internos para diversos productos clave del mercado electrónico y digital.

Entre las medidas destacadas, se resolvió reducir progresivamente a 0% el arancel para la importación de teléfonos inteligentes (NCM 8517.13.00) y celulares portátiles (NCM 8517.14.31), que actualmente tributan un 8% como Derecho de Importación Extrazona (DIE). La exención total regirá desde el 15 de enero de 2026.

Además, se eliminó la posición arancelaria correspondiente a las videoconsolas y máquinas de videojuego (NCM 9504.50.00) del Anexo V del Decreto 557/23. Esto implica que estos dispositivos dejarán de tributar un 35% en concepto de DIE y pasarán a abonar el 20% estipulado en el Arancel Externo Común (AEC).

Según el texto del decreto, estas decisiones están en línea con la Decisión N° 8/21 del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, que autoriza a la Argentina a aplicar alícuotas reducidas, incluso del 0%, para bienes de capital, informática y telecomunicaciones, hasta el 31 de diciembre de 2028.

El nuevo marco también introduce una rebaja en la tasa de impuestos internos, pasando del 19% al 9,5%, para productos como aires acondicionados, grupos frigoríficos, monitores, televisores y teléfonos móviles. Estos bienes están detallados bajo una serie de posiciones arancelarias específicas dentro de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM).

La norma establece además que si estos productos son fabricados en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, por empresas amparadas en la Ley 19.640, la tasa será del 0%, siempre que se acredite su origen fueguino. Este beneficio regirá hasta el 31 de diciembre de 2038, con el objetivo de sostener la producción y la inversión en la isla.

El Poder Ejecutivo justificó la medida en la necesidad de reducir los costos de producción, mejorar la competitividad de la industria y facilitar el acceso de la población a productos tecnológicos. Según se detalla en los considerandos, se espera que esto mejore la oferta, baje los precios y promueva la inclusión digital.

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo. Las disposiciones entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, a partir del 21 de mayo de 2025.

Por último, se dio cuenta de la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, como parte del procedimiento requerido para este tipo de decisiones con impacto impositivo y aduanero.

Con este nuevo paquete normativo, el Gobierno busca incentivar tanto el consumo como la producción local, al tiempo que alinea sus políticas con los compromisos internacionales asumidos en el marco del MERCOSUR.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió este miércoles al pedido que realizaron en las últimas horas desde el sector fintech, con Mercado Libre a la cabeza, por los tributos que deben pagar en la provincia. Durante el acto de firma de inicio de la obra para la pavimentación de la Avenida Peñaloza en la ciudad de Santa Fe, Pullaro aseguró que su gobierno “no negocia el orden y la eficiencia, y no toleramos aprietes”, dijo, en alusión al mensaje publicado en las redes sociales de Mercado Libre.

“Acá no hay suba de impuestos, lo que no queremos es que sigan ganando de manera desleal los que venden en negro y hacen bicicleta financiera”, afirmó el mandatario. “Lo que hace la Provincia de Santa Fe es cobrar impuesto a operaciones que se hacían negro. No estamos aumentando ninguna alicuota” -aseguró- refiriéndose a que en diciembre, en la plataforma de ventas online más grande del país, se detectaron casi 40.000 operaciones en negro en materia tributaria provincial. Y en ese orden recalcó que “no intenten mentirle a la República Argentina: en la provincia de Santa Fe no va a haber operaciones en negro; se va a recaudar y se va a proteger a los que pagan los impuestos. Y si le molesta a Marcos Galperin, si le molesta a Mercado Libre, lo siento”, señaló Pullaro, quien a su vez reivindicó: “Con Santa Fe, no”.

El gobernador recalcó que “si detectamos operaciones en negro que generan competencia desleal, desde un garaje donde se comercializan diferentes productos, generando ventajas sobre muchas personas que pagan impuestos, que tienen un local habilitado, la provincia tiene que actuar”. “Si no lo hacemos, desprotegemos a tantos comerciantes que de manera desleal están perdiendo. Y después, por supuesto, le vamos a cobrar impuesto a la bicicleta financiera, a ese delay, entre lo que es la acreditación y lo que es el saldo de las cuentas”, agregó. 

Por último, Pullaro señaló que lo que se recauda en la provincia “va a la obra pública” y recordó que Santa Fe “es la única provincia que está llevando adelante obra pública y el año pasado pusimos 500 millones de dólares y este año vamos a poner 1.500 millones de dólares más que lo que va a poner el Estado Nacional y más que lo que va a poner cualquier provincia de la República Argentina”.

De acuerdo con el relevamiento que mensualmente elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) la actividad manufacturera de las pymes creció en noviembre un 3,9% respecto de octubre del mismo año pero sigue por debajo del nivel de 2023 ya que respecto del mismo mes del año pasado la caída fue del 3,7%.

El crecimiento intermensual de la industria pyme es el cuarto intermensual consecutivo ya que en octubre lo había hecho un 4%, en septiembre un 3,7% y en agosto un 3% frente al meses anterior. De todas maneras y pese a este cambio de tendencia, acumula los primeros 11 meses del año una retracción de 13,6% frente al mismo período de 2023.

El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) también arrojó que el uso de la capacidad instalada creció nuevamente, pasando del 62,3% en octubre a 63,1% en noviembre. Además reflejó que todos los rubros analizados tuvieron un alza frente al mes previo.

El panorama mensual se contrapone con la comparación interanual, donde cuatro de los seis sectores manufactureros del segmento pyme tuvieron caídas, siendo los más afectados: "Químicos y plásticos" (-17%), seguido por "Papel e impresiones" (-15,7%) y "Alimentos y bebidas" (-15%). Por otro lado, "Madera y muebles" registró un aumento del 6,4%, y "Textil e indumentaria" creció un 1,7%.

En este contexto, desde CAME indicaron que "la medida más destacada que esperan las industrias pymes continúa siendo la reducción de impuestos (nacionales y provinciales) y de tasas municipales", puntualizando que "ese reclamo conjunto representa el 61,8% de las respuestas (0,4 puntos porcentuales por encima de octubre)" y señalaron que "el segundo lugar lo ocupó el estímulo a la demanda interna con 12,6% de respuestas".

Asimismo, revelaron que en noviembre, "los obstáculos más identificados por los empresarios fueron los altos costos de producción y logística, que constituyeron el 39,2% de las respuestas, aunque cayendo 0,7 puntos porcentuales en el mes". Mientras que "la falta de ventas ocupó el segundo puesto entre los obstáculos que más pesan, y representaron el 37,1% de las respuestas".

En relación a las medidas implementadas por las pymes para apaciguar la baja en el nivel de actividad, la entidad gremial-empresaria precisó que "el 32,8% está diversificando su producción, incorporando nuevos productos y la prestación de servicios adicionales a su actividad habitual". Le siguió la reducción de gastos operativos (28,3%).

En cuanto a las horas laborales, el relevamiento arrojó que un 11,7% están incrementando las horas de trabajo de los empleados, asegurando que "es una buena señal porque representa en mayor movimiento de la actividad frente a octubre", y destacó que "el mes pasado eran más las empresas que reducían horas que las que las incrementaban", lo que en noviembre se invirtió.

Por el lado de las empresas industriales pymes que experimentaron dificultades para pagar salarios durante noviembre, el informe indicó que el sector "Alimentos y bebidas" con un 23,6% de las respuestas se ubicó en el primer lugar, seguido por "Textil e indumentaria" y "Metal, maquinaria y equipo, y material de transporte", ambos con el 21,8%.

Una de las definiciones más importantes que dejó el presidente Javier Milei, en su discurso por el primer aniversario de su gobierno, es que en 2025 va a “reducir en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva”.

Ante la expectativa generada por el anuncio del presidente, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a bajarle el tono a la promesa de Javier Milei de una reforma impositiva estructural que afecte la recaudación efectiva de todos los niveles de gobierno.

Sturzenegger salió a explicó que la intención es simplificar la estructura impositiva, tras aclarar que no se busca reducir ese porcentaje de las cargas. “No está hablando de eliminar el 90% de impuestos cuantitativamente, lo dice en términos de la cantidad de instrumentos. Para bajar el 90% de la carga impositiva tenemos que bajar el gasto en un 90%”, detalló.

En esa línea, el funcionario a cargo de las reformas dentro del Estado nacional amplió: “Lo ha hecho en 30% que es una cosa histórica, pero él habla de que tenemos una estructura tributaria compleja, con un montón de impuestos que recaudan poco y es momento de simplificar”.

“La Argentina tiene un montón de impuestos chicos que recaudan poco y esto apunta a simplificar esa estructura tributaria, concentrada en los importantes”, anticipó Sturzenegger, luego de que el mandatario asegurara en cadena nacional que eliminaría casi la totalidad de los tributos nacionales.

Sturzenegger también reveló que se auditará cada área del Estado para detallar las tareas que se realizan, definir “si tiene sentido que lo haga el Gobierno” y detectar “si hay corrupción”.

También anticipó la próxima publicación de los decretos para exigir las auditorías en las universidades nacionales de la administración pública y precisó cambios en el régimen de navegación.

"Entre mañana y pasado van a estar los decretos donde exigimos a las universidades la transparencia en sus gastos, en el pago de sus sueldos; no deja de ser dinero público”, sostuvo en declaraciones radiales.

Por otro lado, el ministro adelantó un reajuste en el régimen de navegación, que aspira reducir entre un “30% o 40% los costos de traer un barco a la Argentina”, y reveló que trabaja en una ley de navegación para la apertura del cabotaje marítimo a terceras banderas.

“El cabotaje en Argentina tiene costos altísimos, tanto es así que no hay marina mercante. Desde Tierra del Fuego a Buenos Aires venís por camión, cuando no tiene absolutamente lógica alguna. Realmente destruyeron la navegación interna en Argentina”, aseveró.

Por último, Sturzenegger planteó que la eliminación de la coparticipación es una tarea “difícil”, que requiere de la unanimidad de las provincias, y aseguró que hay “debates interesantes para dar”.

“Va a haber como una competencia entre las provincias y me gustaría que en las próximas campañas electorales de gobernadores surjan los gobernadores que digan ‘quiero hacer lo mismo que hizo Milei’”, afirmó, y concluyó: “¿Qué es? Bajar el gasto público en 40% y bajar los impuestos un 40%. Entonces, creo que ese debate definitivamente lo vamos a ver en la próxima campaña electoral”.

Después de haber mandado a los productores a "jugar al polo" en medio de la falta de rédito a las siembras en la Argentina, Luis Caputo ratificó que no devaluará y que entre sus prioridades "bajará las retenciones", al tiempo que reducirá el impuesto al cheque y planteará a las provincias la reducción de Ingresos Brutos.

"Vamos a seguir con el proceso de desinflación" porque "la inflación es el más distorsivo de los impuestos", afirmó el ministro en el cierre de la Conferencia por el 60° Aniversario de la Fundación de Investigaciones Latinoamericanas (Fiel), en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

"¿Qué nos falta? empezar a crecer para devolverle la plata a la gente con baja de impuestos". sostuvo Caputo. Habló de reducir "7 a 8 puntos de impuestos que no pueden estar", y en el podio puso las retenciones, el impuesto al cheque el principal ingreso de las provincias, que está fuera de su jurisdicción.

Sobre el cepo y su salida, Caputo señaló que "siempre vimos el paso del tiempo como algo positivo para nuestro programa económico, mientras dejamos atrás los horribles efectos" de la herencia y "más prevalece nuestra política monetaria".

Dijo que "octubre es la prueba más contundente" porque "estamos en el mejor momento desde que asumió el presidente" para salir del cepo: la inflación converge al crawling peg más la inflación internacional, la brecha está en los mínimos históricos, la economía está recuperando.

"Nunca hubo mejor momento que este", dijo, aunque -sin precisar cronologías- repitió que el cepo se levantará cuando estén dadas "las condiciones" que "con el tiempo van a seguir mejorando", por lo que prometió hacerlo "cuando estemos seguros 100% que no va a generar problemas en la economía".

Sobre las críticas a la imposibilidad de crecer con cepo, recordó que Chile tuvo controles del '84 al '91 y creció 6,2 mientras, mientras el resto de América Latina lo hacía al 2,6%. Tras poner de ejemplos a Corea y China, ratificó: "no pensamos que Argentina tiene que ganar competitividad devaluando. Tenemos que hacerlo bajando impuestos; es el próximo paso. "Vamos a seguir mejorando la macro y desregulando la micro, respetando la propiedad privada", insistió.

El ministro pronosticó que este año la economía del país retrocederá entre 2% y 3%, que no es otra cosa que el arrastre estadístico". Dijo que la baja del PBI "es una situación que la Argentina ya vivó en 6 de los últimos 12 años", incluso con recesiones mayores "con la diferencia de que lejos de arreglar problemas, los estábamos incubando". Tras mencionar el ajuste en precios relativos con baja de inflación y la recomposición de credibilidad internacional, el ministro sostuvo que "no puede haber mejor resultado que el que se ha logrado en 11 meses", por especial determinación política del presidente Javier MIlei.

I

La universidad pública me recuerda a aquellos viejos árboles plantados a la vera del camino o en algún punto de la llanura. Puede que algunas de sus ramas estén secas, puede que en el tronco se hayan adheridos hongos y parásitos, puede que algún ave de pico encorvado haya hecho su nido, pero nada de ello impide que sus raíces estén bien hundidas en la tierra, que su tronco sea sólido, que sus hojas sean verdes y sus flores desparramen perfume por el aire. Lo siento por sus detractores -algunos ignorantes, otros movilizados por la mala fe- pero la universidad pública sigue siendo una de las instituciones de la que los argentinos podemos enorgullecernos. Y no solo enorgullecernos, sino manifestar nuestro agradecimiento porque en ellas pudieron estudiar nuestros abuelos, nosotros, nuestros hijos y esperemos que nuestros nietos. Si de movilidad social ascendente se trata, ha sido nuestra universidad una de las principales instituciones que lo hizo posible. Lo siento por algunos, pero la universidad argentina nos ha otorgado cinco Premios Nobel y nuestros principales profesionales, intelectuales o técnicos que se lucen por el mundo salieron de sus aulas. En realidad, la universidad completó la aspiración de los fundadores de la nación argentina que se propusieron hacer realidad el objetivo de educar al soberano. Hablo de la universidad, claro está, pero también hablo de nuestra escuela primaria, nuestros colegios secundarios y terciarios, esa consistente red extendida a lo largo y a lo ancho de un país que, a pesar de malos gobiernos, de gobernantes corruptos, de sindicalistas mafiosos y empresarios insensibles, sigue sosteniendo aquellas nobles tradiciones sin las cuales nos resultaría imposible hablar de nación.

II

¿Se entiende ahora por qué cuando la universidad percibe que es atacada, son multitudes las que salen a las calles a defenderla? Nada nuevo bajo el sol. Son las mismas multitudes que en otros tiempos y con otros gobiernos resistieron los atropellos de militares entorchados, frailes ultramontanos y políticos reaccionarios y tramposos. Todo lo que se logró en materia de educación a lo largo de nuestra historia se hizo a pesar de la resistencia tenaz de los villanos de turno. Bartolomé Mitre tuvo que lidiar duro para hacer posible los bachilleratos; a Nicolás Avellaneda y Joaquín V. González, sus proyectos universitarios les sacaron canas verdes; Domingo Faustino Sarmiento, Julio Argentino Roca y Eduardo Wilde debieron luchar a brazo partido contra la conspiración de quienes preferían un pueblo ignorante, perezoso y crédulo. La educación argentina, y la universidad en particular, siempre contó entre sus enemigos juramentados al oscurantismo clerical y la violencia fascista. Para el nuncio Luis Matera y el obispo Gerónimo Clara la ley 1420 era una creación del Maligno; en 1918 la organización Corda Fratres, el rector Antonio Nores y el obispo Zenón Bustos consideraban a los estudiantes reformistas sacrílegos contumaces, hijos de Satanás y discípulos de Moscú. En 1930 las universidades fueron avasalladas con el crucifijo y la cruz esvástica; en 1945 los santafesinos padecimos a Giordano Bruno Genta, que pretendía que en las facultades se enseñe la distancia existente entre la tierra y el Paraíso, mientras en el orden nacional Gustavo Martínez Zuviria se encargaba de encarcelar a dirigentes estudiantiles y perseguir judíos. Es verdad que en 1949 se decretó la gratuidad universitaria, iniciativa justa contaminada por la enseñanza religiosa obligatoria, más las arremetidas de los cachiporreros peronistas de la CGU y la Alianza Libertadora Nacionalista, que exigían afiliación al partido gobernante para asistir a los comedores universitarios y campos deportivos, mientras en las mesas de exámenes los estudiante adictos al régimen eran aprobados por decreto, a puertas cerradas o mediante el acto de recitar de memoria algunos párrafos de "La razón de mi vida", fundando con esta loable iniciativa la noble y augusta condición de estudiante "Flor de ceibo".

III

La universidad pública siempre estuvo asediada. En 1956 por las hazañas de un perseverante militante clerical iniciado en estas lides en 1918, perfeccionado hasta en los detalles después del golpe de 1930, y redactor del decreto ley que autorizaba a las universidades privadas el otorgamiento de títulos universitarios. Atilio Valentín Dell'Oro Maini se llamaba. En aquellos años una agrupación de extrema derecha que respondía al nombre de Tacuara le declaró la guerra a la universidad reformista. Su consigna más célebre rezaba: "La FUBA, la FUBA; la FUBA donde está; está en la sinagoga leyendo El Capital". Típicos, previsibles y torpes. En 1966, el debate deja de circular entre las nubes de las ideologías y las teorías para expresarse de manera brutal en la noche de los bastones largos, ocasión en la que el ejército garroteó y encarceló a profesores y estudiantes provocando no solo uno de los antecedentes más brutales en materia represiva, sino el exilio de miles de profesores a países donde pensar, investigar y desarrollar la ciencia no fuera un delito. Un militar ignorante y reaccionario, apellidado Onganía, fue el héroe de esas parrandas de la extrema derecha. Poco tiempo después, en plena democracia, pero en plena democracia peronista, el gobierno dio nacimiento a la denominada "Misión Ivanissevich", un verdadero abordaje a las casas de estudios por parte de fascistas. De aquellas jornadas recordamos al sacerdote Raúl Sánchez Abelenda recorriendo las aulas de la facultad de Filosofía arrojando incienso y agua bendita para alejar a los "demonios rojos". También a los "celadores peronistas", impuestos por el compañero Alberto Ottalagano, un fascista orgulloso de su condición de discípulo del Duce Benito Mussolini y de Juan Domingo Perón. Digamos que cuando los militares llegaron en 1976 la mitad de la faena sucia estaba cumplida.

IV

Hoy la universidad pública está amenazada. Los recursos y la retórica tal vez no sean los mismos, pero las viejas obsesiones se mantienen intactas. Antes, a los docentes y los estudiantes se los acorralaba por su ideología; hoy, prefieren acorralarlos con sueldos de hambre. Para los nuevos cruzados la educación es un gasto, no una inversión. La gratuidad de la enseñanza les pone los pelos de punta y otra vez retornan argumentos falaces cuando no tramposos y cínicos. "La gratuidad favorece a los más ricos", dicen muy sueltos de cuerpo. Recórcholis. Resulta que ahora la universidad debe sentirse culpable de la pobreza que gobernantes incompetentes y corruptos contribuyeron a forjar. ¿Los pobres sostienen con sus impuestos a la universidad? Por lo que dicen, pareciera que el problema es el IVA, con lo que todo podría solucionarse promoviendo una verdadera reforma impositiva que libere a los pobres de pagar un porcentaje elevado del IVA en lugar de liberar a los multimillonarios de pagar impuestos. "En la universidad la matrícula es alta pero el nivel de egresados es bajo". Recórcholis. ¿Arreglamos como en los tiempos de Perón y regalamos títulos sin exigencias académicas así crece el número de egresados? Por otra parte, no hace falta consultar a un psicólogo social para saber que los jóvenes cambian de vocación, forjan sus destinos acertando y equivocándose, pero también se sabe que el paso por la universidad, las relaciones con profesores y otros estudiantes es siempre una experiencia valiosa para forjar una personalidad. ¿Los rectores y decanos son una casta? No puedo responder en nombre de sesenta y pico de universidades, pero conozco políticos y sindicalistas que se hicieron millonarios; no conozco un rector o un decano que haya logrado semejante hazaña. ¿Los estudiantes son una casta privilegiada? Ese argumento lo empleaban allá lejos y hace tiempo los populistas de izquierda y de derecha, por lo que una vez más corresponde decir: nada nuevo bajo el sol. Es verdad, en 1918 había diez mil estudiantes y en 2024 suman cerca de dos millones. En 1918 había cinco universidades, hoy suman más de sesenta. El mundo y el país han cambiado, pero los cambios no nos liberan de nuestra responsabilidad acerca de los desafíos educativos, todo lo contrario. Perdón Milei, Bullrich, Caputo y Karina, pero no conozco un país desarrollado y próspero con universidades harapientas.

El precio de los insumos utilizados por el sector agropecuario se disparó desde la devaluación de mediados de diciembre último. Es que todos cotizan en dólares, ya que tienen la mayor parte de sus componentes importados. Ahora que se aproxima la siembra de trigo, el cultivo invernal más importante, el campo volvió a pedir una rebaja de impuestos.

Solicita eliminar las retenciones al cereal, que tributa un 12%, en un contexto de escasa rentabilidad para los productores. Gran parte de las producciones y en especial de las economías regionales, pasan por una situación crítica, según referentes agropecuarios.

Ante esta situación, consideran clave tomar medidas urgentes de tipo fiscal y, por ejemplo, como señal y estímulo para la próxima cosecha, la de anunciar ya una baja en los Derechos de Exportación, que promovería y daría la previsibilidad que incentive la producción y en consecuencia la economía del país.

La Mesa de Enlace advirtió que la "alta carga impositiva, que se lleva el 65% de la renta en general y aún más en ciertas producciones, significa un importante aumento en los costos de producción, no sólo por los aumentos en los combustibles (que tienen un 47 % de impuestos), de la logística, y ahora por el Impuesto país, aplicado a los insumos dolarizados".

El precio del trigo cayó en el último tiempo y subieron los valores de los insumos. Según Catalina Ferrari, analista de mercados de Planifica+, los precios del cereal se encuentran un escalón por debajo del promedio de los últimos 5 años, siendo el promedio de la posición enero para el mes de abril de 210 dólares contra los 240 dólares que cotizaba a misma fecha el ciclo anterior. Hoy el precio de diciembre 24 (referencia por el momento) cotiza en torno a 190 dólares.

Para el economista David Miazzo, el escenario es de "insumos caros y precios bajos". Según el economista, titular de la consultora Data Miazzo, para marzo se necesitaban 32,1 kilos de trigo para comprar un litro de glifosato, un 12% más que en el ciclo anterior.

Para comprar un kilo de urea el productor necesita 3,3 kilos del cereal, esto es un aumento del 59% en relación al año anterior. A su vez para pagar un flete de 300 kilómetros, el chacarero necesitó 145,9 kilos de trigo, 10% más que el año pasado. Y para comprar un litro de gasoil, 5,3 kilos, un 35% de aumento versus la campaña previa.

"El precio internacional del trigo cayó 29%", explicó Miazzo sobre el principal motivo del deterioro de la relación insumo/producto. Señaló que hay dos variables que intervienen directamente en el valor de los insumos: el impuesto país, (17,5%) y el cepo cambiario.

"Todavía hay deudas comerciales que no se pagaron del año pasado y se siguen postergando los pagos de las últimas importaciones", indicó. La producción de trigo en la campaña 20223/2024 superó las 15 millones de toneladas, 23,8% de aumento con respecto al ciclo anterior cuya producción se vio severamente afectada por la sequía.

Pero, en comparación con los resultados de los últimas 5 ciclos, dicha cosecha registró una reducción de 15,6%. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) informó que el 65% de la renta del productor queda en manos del Estado en sus diferentes niveles: 94% nacionales, 5% provinciales y el resto municipales.

En comparación con el último informe, en diciembre, el Índice subió 6 puntos. Los principales motivos son la suba de los costos y la caída de precios. La participación del Estado en trigo es del 83,9%, lo que supera a la soja y al resto de los cultivos.

"La mayor caída de precios se presenta en trigo, el cual a su vez indicó la mayor participación del Estado en la renta en marzo 2024. En este contexto y frente a la próxima campaña fina, los números comienzan a ajustar, considerando que esta caída de precios viene acompañada de incrementos en los insumos y servicios", indicaron desde FADA.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró que aún es prematuro discutir un nuevo acuerdo con la Argentina que incluya fondos frescos para acelerar la salida del cepo. Ante esta reiterada posición del organismo, el Gobierno de Javier Milei, deberá avanzar en levantar las restricciones cambiarias con los fondos propios que consiga a partir de la liquidación de la cosecha que se producirá desde mayo.

"Seguimos apoyando para establecer bases para el crecimiento, pero es prematuro discutir modalidades para un programa potencial en el futuro", señaló la vocera del FMI Julie Kozack, durante una conferencia de prensa que ofreció en Washington.

De la misma forma se había pronunciado el Director del Departamento Occidental, Rodrigo Valdés, la semana pasada durante una visita a Buenos Aires. Estas declaraciones condicionan el viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, que participará de la Reunión Anual del FMI y Banco Mundial.

En otro orden, el FMI le reclamó al gobierno de Javier Milei una mayor dosis de pragmatismo para negociar los cambios legislativos que necesita para llevar adelante el programa económico. Kozack destacó que el programa está dando resultados y que incluso la inflación está bajando mucho más rápido de lo previsto.

No obstante, admitió que "el camino de la estabilización no es fácil" y que será importante "mejorar la calidad del ajuste" fiscal. En ese sentido, el FMI sigue observando con interés el impacto social de las medidas tomadas. Asimismo, el FMI avaló la nueva fórmula jubilatoria que se implementó por decreto.

Los precios según Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que un supermercado anunció una baja de precios en productos de marca propia y los mantendrá sin cambios por 60 días. "Jumbo baja los precios de todos sus productos de marca propia (más de mil productos) y los mantiene por 60 días", posteó el ministro en la Red Social X seguido de la promoción de la cadena y acompañado por un emoji de aplausos.

La propuesta de la cadena es una rebaja de 15% en los precios de más de 600 productos de marca propia. Caputo mantiene una disputa con los supermercados por el nivel de promociones y ofertas por volumen en desmedro de las rebajas de precios.

Un informe de la consultora LCG correspondiente a la semana del 27 de marzo al 3 de abril mostró que lo alimentos registraron una suba de precios de 0,4%, desacelerándose 0,4 puntos con relación a la semana previa. Tomando las cuatro semanas previas el precio de los alimentos registra una suba de 5,4%.

El Gobierno Nacional mediante el decreto Decreto 84/2024 publicado este jueves en el Boletín Oficial, se implementaron cambios en las tasas de impuestos internos que afectan a ciertos bienes. Esta medida, busca adaptar el sistema tributario a las fluctuaciones macroeconómicas y los cambios en los precios relativos de la economía.

La Ley de Impuestos Internos, cuyo texto original fue reemplazado en 1979, establece en su Capítulo IX del Título II las tasas de gravamen y las bases imponibles para ciertos bienes. El artículo 39 de esta ley fija las pautas para la aplicación de impuestos y prevé actualizaciones trimestrales a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) basadas en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El decreto, según lo establecido, introduce cambios temporales en las tasas de impuestos internos con el objetivo de alinear los segmentos de mercado objetivo y evitar posibles repercusiones negativas en términos de producción y empleo.

-Se suspende temporalmente el impuesto para aquellas operaciones cuyo precio de venta sea igual o inferior a $19.826.151. Aquellas operaciones con un precio superior a esta cifra e inferior a $36.602.126 estarán gravadas con una tasa del 20 %. Para montos iguales o superiores a esta última cifra, la tasa aplicable será del 35 %.

-Se suspende temporalmente el impuesto para operaciones cuyo precio de venta sea igual o inferior $5.324.463. Aquellas operaciones con un precio superior a esta cifra e inferior a $6.826.234 estarán gravadas con una tasa del 20 %. Para montos iguales o superiores a esta última cifra, la tasa aplicable será del 30 %.

Una característica clave de este decreto es la previsión de actualizaciones automáticas trimestrales a partir de abril de 2024, utilizando el IPIM suministrado por el INDEC. Estas actualizaciones se aplicarán a lo largo de un periodo que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024, inclusive, y se espera que reflejen la evolución del contexto económico.

El decreto justifica estas medidas en la necesidad de adaptarse a las variaciones en las principales variables macroeconómicas y en los precios relativos. Además, menciona la opinión favorable de los organismos técnicos del Ministerio de Economía y la facultad otorgada al Poder Ejecutivo Nacional para ajustar los gravámenes según lo aconseje la situación económica de determinadas industrias.

El decreto entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y afectará a los hechos imponibles que se perfeccionen desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2024. La Comisión Bicameral Permanente tiene la responsabilidad de pronunciarse sobre la validez o invalidez de los decretos en un plazo de DIEZ (10) días hábiles. La comunicación a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación es una formalidad necesaria para dar a conocer y someter a evaluación la medida.

Cambios fiscales by El Litoral