El Gobierno nacional emitió una resolución para facilitar la importación por parte de personas de mercaderías para uso o consumo propio, sin finalidad comercial o industrial.

A partir de ahora, el ingreso se autorizará mediante un procedimiento simplificado para el registro de sus bienes.

Esta medida permite el ingreso de productos nuevos o usados siempre que su cantidad, calidad, variedad o valor no indiquen una intención de venta o uso industrial.

El proceso se realiza mediante registros electrónicos en el sistema informático aduanero o a través de formularios digitales interactivos.

Los productos importados bajo esta modalidad están sujetos al pago de derechos y gravámenes del régimen general de importación.

La determinación del valor en aduana se realiza durante la verificación de los efectos ingresados y la operación queda sujeta a las prohibiciones de carácter económico y no económico vigentes.

La actualización del procedimiento incluye la digitalización del formulario "Solicitud para importar mercaderías por personas humanas sin finalidad comercial y/o industrial" (OM-2153-A), el cual se encuentra disponible en el sitio web del organismo de recaudación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó estos cambios a través de la Resolución General 5805/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La implementación de este sistema busca que el registro de las declaraciones se realice mediante la utilización de códigos específicos en el Módulo Declaración Detallada del Sistema Informático MALVINA.

En caso de que existan dificultades operativas para el registro electrónico, los usuarios podrán utilizar el formulario digital interactivo disponible en el micrositio de "Viajeros".

Esta actualización del trámite funciona como la digitalización de un archivo que antes era de papel: las reglas sobre qué puede guardarse no cambian, pero el método para registrar la entrada de los objetos se vuelve centralizado y electrónico para agilizar el acceso.

La reducción de retenciones anunciada por el gobierno nacional implicaría que unos US$114 millones anuales que hasta hoy iban al fisco nacional, se quedarán en manos de productores y empresas santafesinas. Es el efecto más relevante de la medida que acaba de anunciar la administración de Javier Milei.

Pero si esa es la magnitud de uno o dos puntos de reducción en los derechos de exportación de granos y derivados que salen de la economía santafesina, según las estimaciones del equipo económico que conduce el ministro Pablo Olivares, no es difícil entender por qué la administración Pullaro ha insistido en la eliminación total de las retenciones al campo.

¿Cuánto se va de los bolsillos santafesinos por los aranceles aún vigentes? Vale recordar que la medida nacional supone bajas parciales: Soja: de 26% a 24%; Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%; Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%; Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5% y Girasol: de 5,5% a 4,5%. Impuestos que se pagan en economías productivas; contrastes con las regalías a provincias mineras o petroleras.

Sin un cálculo específico de los volúmenes y valores FOB exportables por cada complejo, no es posible inferir del cálculo del ministerio de Economía santafesino, cuánto es el total de lo que Nación aún recauda en Santa Fe. Pero vale recordar un estudio de la Bolsa de Rosario de 2024, que estimó que los productores santafesinos pagaron US$ 4.370 millones de ese impuesto nacional en 2022.

La Bolsa de Comercio de Rosario había estimado que en 2025, bajo el esquema vigente de alícuotas hasta ayer, la recaudación total por DEX para exportaciones de soja, trigo, maíz, girasol, cebada y sorgo sería de alrededor de US$ 8.165 millones. Esi sin que Nación haga inversiones en infraestructura para el principal complejo exportador.

La misma entidad expuso en un informe del 2024 que los productores de la provincia de Santa Fe ponen de sus bolsillos el 40% del total de los derechos de exportación que recauda el gobierno nacional. Un recurso que además no se coparticipa, es decir que sale de los bolsillos privados de la provincia y tampoco vuelve parcialmente al fisco santafesino.

Aquél reporte de Guido D’Angelo y Emilce Terré permite inferir la millonaria magnitud de lo que el gobierno central saca de los bolsillos de la principal economía santafesina, cuyo producto no sólo deja de dinamizar a la propia producción sino que debilita su complejo entramado.

En la lista del ecosistema, además de los contratistas y los dueños de los campos, hay ingenieros agrónomos, contadores, semilleros, proveedores de insumos, desarrolladores de tecnología para agricultura de precisión, fabricantes de maquinaria agrícola. Y vendedores de “chatas” que sostienen el hub industrial automotriz argentino. La lista sigue.

Para mediados de 2024, el economista Salvador Vitelli calculó que el gobierno central se llevó de las cadenas agroindustriales un total de US$ 223 mil millones por retenciones desde que Eduardo Duhalde las repuso “provisoriamente” en 2002.

Más allá de la serie histórica, para los números del preente, con la baja relativa de entre uno y dos puntos de retenciones, el impacto fiscal para la provincia es menor. En la Casa Gris estiman que al Estado provincial podrían ingresar otros US$ 8 Millones anuales como resultado de mayor coparticipación de tributación interna (Impuesto a las Ganancias e IVA).

Nadin Argañaraz -del Instituto Argentino de Análisis Fiscal- explicó que “la renta que antes era capturada por el Estado nacional, pasa a los productores. Según el modelo que se utilice, parte de esa renta disponible se destina a consumo y a inversión, lo que debería generar nuevos ingresos fiscales por impuestos como ganancias, IVA y presión tributaria general por ambos destinos del ingreso”.

“Lógicamente, esto genera una recaudación adicional para los tres niveles de gobierno”, expone Argañara. Para el gobierno nacional, si se considera el aumento posible de recaudación del impuesto a las Ganancias dada la distribución de coparticipación, se reduce el costo fiscal directo a US$ 520 millones -equivalente a $704.600 millones- y a 0,08% del PBI.

Estados Unidos podría convertirse en un socio más relevante para la carne argentina. Así lo dejó entrever el presidente norteamericano, Donald Trump, al confirmar que su gobierno evalúa ampliar el cupo de importación de carne vacuna desde nuestro país, con el objetivo de contener los precios internos de ese producto en su mercado.

En declaraciones a los periodistas durante un vuelo en el Air Force One, Trump señaló: “El único precio alto que tenemos es el de la carne de res, y lo vamos a bajar. Una de las cosas que estamos pensando es en comprar carne argentina”. La frase no pasó inadvertida: llega apenas días después del encuentro que el mandatario mantuvo en Washington con el presidente Javier Milei, y se inscribe en una agenda de cooperación económica más amplia entre ambos países.

En Estados Unidos, se ha consolidado el denominado Beef on Dairy, un sistema de obtención de novillos en vientres lecheros.

Actualmente, la Argentina cuenta con un cupo anual de apenas 20.000 toneladas anuales de carne deshuesada, fresca, enfriada o congelada con destino a Estados Unidos. Es un volumen acotado, sobre todo si se considera el potencial productivo local y la demanda norteamericana. Sin embargo, la tensión comercial entre Estados Unidos y Brasil —uno de los principales proveedores de carne del país del norte— podría abrir una ventana de oportunidad para la industria argentina.

A esa coyuntura se suma un contexto interno en EE.UU donde la oferta de carne vacuna viene ajustada: la sequía en zonas ganaderas, la caída de importaciones desde México y la caída del stock bovino están presionando los precios al alza. En ese escenario, la carne argentina aparece como una alternativa competitiva.

Trump analiza ampliar la cuota de carne argentina para bajar sus precios internos.

Más allá del impacto inmediato, el posible incremento del cupo podría consolidar a la Argentina como un proveedor estratégico en un mercado de alto valor. Para los frigoríficos locales, significaría la posibilidad de diversificar destinos y fortalecer el posicionamiento de su marca en el mundo.

El desafío, claro, será aprovechar la oportunidad con políticas que acompañen al sector: previsibilidad en la producción, incentivos a la inversión y una logística exportadora eficiente.

El debate por la importación de maquinaria agrícola usada volvió a cruzar al oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Comercio, presidido por el diputado Nicolás Mayoraz (LLA), que sesionó en cumplimiento del emplazamiento aprobado el 8 de octubre.

La reunión terminó con dictamen de mayoría —27 firmas— a favor de derogar el Decreto 273/25, que eliminó las restricciones para importar equipos usados. El oficialismo, por su parte, mantuvo un dictamen de rechazo, al defender la medida como “una apertura necesaria” en una economía que busca capital y competitividad.

Desde el inicio, los representantes del Ejecutivo intentaron frenar la derogación. El secretario de Coordinación y Producción, Pablo Agustín Lavigne, aseguró que el DNU respondió a un pedido de las empresas “por su necesidad de acceso al capital y al crédito” y sostuvo que renovar una línea de tractores cuesta el doble en Argentina que en Brasil o Uruguay.

A su turno, el secretario de Desregulación Económica, Alejandro Cacace, insistió en que “el Decreto se dictó bajo facultades propias del Ejecutivo” y defendió que “solo se levantó una prohibición anterior del mismo Estado”.

“Desde su aplicación crecieron las importaciones en minería, petróleo y aeronavegación, sectores que hoy están generando trabajo nacional”, dijo Cacace, antes de remarcar que el objetivo es “una política comercial más abierta y diversa”.

El debate dejó al descubierto dos miradas sobre el desarrollo productivo argentino. De un lado, quienes sostienen que abrir las fronteras a equipos usados implica pérdida de empleo, competencia desleal y riesgo ambiental. Del otro, quienes defienden la desregulación como una vía para incorporar tecnología y reducir costos en un país sin crédito ni liquidez.

El autor del proyecto de derogación del Decreto 273/25, el fueguino Jorge Neri Araujo Hernández (UxP), fundamentó: “El Decreto generaba la eliminación del CIBU (Certificado de Importación de Bienes Usados), suprimiendo el control general de toda la maquinaria importada. Al perder el control, se ponen en riesgo muchísimas cosas, no solamente lo socio ambiental, sino a las propias vidas humanas. En la Provincia de Tierra del Fuego, por ejemplo, cerca de 11.000 personas han perdido sus puestos de trabajo por estas políticas de desregulación del Estado. Queremos la derogación porque consideramos que no favorece a la producción y al empleo nacional”.

Por el lado del oficialismo, el diputado Santiago Pauli, también de Tierra del Fuego, defendió la validez del régimen considerando que “libera la inversión productiva y elimina la burocracia improductiva”. “Los controles siguen, pero es a posteriori, para tener más producción y por ende generar más fuentes de trabajo”, afianzó Pauli, quien además destacó que el Decreto es superador a la experiencia del CIBU, en tanto “sus permisos otorgaban discrecionalidad al Gobierno, y permitían una burocracia para las PyMes que generan las fuentes de trabajo". "En 2025, la compra de bienes importados no llega al 16%, pero la venta creció un 27%. Esto quiere decir que también creció la exportación nacional, por la competencia y la inversión que dejó este Decreto”, culminó el diputado de La Libertad Avanza.

El debate sumó voces del sector privado, entre ellas la de Ignacio Andrés Arroyo, apoderado de Distribuidora Italia S.R.L., radicada en Armstrong, una de las principales zonas fabriles de maquinaria agrícola del país, quien acudió como caso testigo por ser la primera empresa en importar equipos bajo el nuevo régimen.

Arroyo pidió no demonizar la medida y explicó que la operación no buscó competir con la producción nacional, sino complementar su funcionamiento: “Importamos una sola máquina usada, y no para revenderla, sino para alquilarla o prestarla a productores que tenían sus sembradoras en reparación. Somos parte del tejido productivo, no su amenaza.”

También cuestionó el antiguo Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), que exigía la aprobación de cámaras empresarias para cada compra: “El CIBU no estaba dentro de los estándares de la OMC. Quedaba a discreción de los fabricantes locales, sin evaluar costos, prestaciones ni tiempos. A veces un productor necesitaba maquinaria urgente y no la conseguía”.

En cuanto a los riesgos fitosanitarios, Arroyo negó que la importación de maquinaria usada implique peligro: “Toda máquina debe pasar una certificación de limpieza avalada por la AFIP. Con eso se impide la introducción de plagas. Es un argumento que no resiste análisis”.

Finalmente, apuntó contra la carga tributaria que consideró el verdadero problema del sector: “La amenaza no es la importación, sino la carga tributaria y la falta de reformas laborales. La importación regulada no destruye, complementa. Permite que pequeños productores incorporen bienes de capital accesibles y sean más eficientes”.

Entre los legisladores que cuestionaron la medida estuvo el santafesino Diego Giuliano, del Frente Renovador. Planteó que el DNU “resucita el esquema de los años noventa” y que la supuesta desregulación termina consagrando competencia desleal contra la industria argentina.

“Estamos discutiendo un decreto que remite a normas del menemismo, que este mismo gobierno reivindica como modelo. Pero detrás de la retórica de la libertad hay una transferencia directa de trabajo argentino al exterior”, sostuvo Giuliano, al reclamar la derogación del DNU.

El diputado massista cuestionó también los argumentos oficiales sobre los beneficios económicos: “No hay evidencia de aumento del empleo industrial. Al contrario, se perdieron 25.000 puestos de trabajo en la industria, y el sector metalmecánico cayó un 32 puntos con respecto del 2023. No hay variable que indique lo contrario”.

Asimismo, puso el foco en el impacto regional que se percibe en Santa Fe: "En nuestra provincia, el polo metalmecánico concentra el 44% de la maquinaria agrícola del país. Solo CAFMA contabiliza 25.000 empleos directos y 30.000 indirectos. No se puede decir livianamente que esto no afecta al trabajo nacional”.

El legislador rechazó la idea de que el campo argentino “anda con un palito y un alambre”, frase que —dijo— “busca desprestigiar una industria que aplicó tecnología de punta y supo exportar conocimiento”.

“Ni el campo está atrasado, ni estamos viviendo un furor industrial. Lo que hay es una crisis y una desprotección que este decreto agrava”, cerró Giuliano.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) anunció la eliminación de trámites y autorizaciones previas para la importación de determinados insumos médicos de uso exclusivo y particular.​

La decisión alcanza a productos como sillas de ruedas manuales, bastones, muletas, andadores, tensiómetros, nebulizadores y cintas kinesiológicas, entre otros, que ahora podrán ser comprados en el exterior sin intervención del organismo regulador, siempre que su destino sea el uso personal y no la comercialización.​

"La medida forma parte de las directivas impartidas por el Ministerio de Salud para brindar mayor celeridad a los ciudadanos y concentrar los recursos del Estado en el control de nuevos desarrollos tecnológicos para la salud", indicaron desde el organismo.​

La resolución incluye una lista de insumos médicos de baja complejidad que ya no requerirán autorización sanitaria previa para ingresar al país, algo que hasta ahora implicaba la realización de hasta dos trámites formales ante ANMAT, además de la presentación de documentación detallada como la marca, el modelo y el país de origen del producto.​

Entre los productos alcanzados por la medida se destacan:

Según se aclaró oficialmente, los insumos adquiridos bajo esta modalidad deberán destinarse exclusivamente a uso personal, no podrán ser vendidos ni comercializados, y la responsabilidad sobre su uso y los posibles riesgos quedará a cargo del comprador.​

Además, quienes deseen comprar estos productos en el exterior solo deberán cumplir con los procedimientos habituales establecidos por la Dirección General de Aduanas, como cualquier otro producto de consumo personal.​

Esta medida representa un avance significativo en la reducción de barreras burocráticas para los ciudadanos que requieren insumos médicos de uso personal, facilitando su acceso y mejorando su calidad de vida.

A su vez, responde a reiterados reclamos de personas con discapacidad y organizaciones civiles que venían denunciando demoras y trabas excesivas para acceder a elementos esenciales para su autonomía. Esta flexibilización representa un avance en términos de derechos y accesibilidad.

Desde el sector médico también celebraron la decisión, al considerar que muchas veces los pacientes deben adquirir por su cuenta estos insumos debido a demoras en el sistema de cobertura o a la falta de stock local, especialmente en regiones del interior del país.

La simplificación del proceso no solo agiliza los tiempos, sino que también reduce los costos asociados a intermediarios y gestiones innecesarias.

Se oficializó este miércoles la eliminación del estampillado en productos importados y la supresión de los valores criterio y de referencia. La medida se informó a través de las Resoluciones Generales 5581 y 5582 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), publicadas en el Boletín Oficial.

También se anunció a través de un comunicado la eliminación de los valores de referencia para las exportaciones y de veedores externos en los despachos de importación, con el propósito de "reducir el costo argentino al sector privado" y facilitar la operación de las pequeñas y medianas empresas".

En cuanto a la eliminación del estampillado, el artículo 2° de la Resolución 5581 explica que se sustituye por el "Sistema Digital de Identificación de Productos" (SiDIP). "La identificación mediante el Código IMEI (International Mobile Equipment Identity) será obligatoria para las mercaderías". No obstante, la modificación en la norma no afectará la función de control primario de la Aduana cuando un producto ingrese al país.

También se suprimieron los valores criterios a las garantías exigidas a los importadores. Se trata de valores mínimos que determinaba un equipo de Aduana, por los cuales si una mercadería era introducida por debajo de ese piso debía ser retenida, sometida a verificaciones sin plazo y contar con una garantía de las compañías de seguro, lo que implicaba un "sobrecosto" del 1%.

Los productos que debían atenerse a esa regulación eran los hilados, tejidos, calzado, neumáticos, grifería, acero, productos plásticos y juguetes, entre otros.

Esto significa que, en la mayoría de los casos, las empresas no tendrán que presentar garantías financieras al momento de importar. Si se requiere un respaldo y no se detectan problemas dentro de un plazo de 120 días, este se devolverá automáticamente a la empresa.

El gobierno nacional ha convocado a las empresas distribuidoras de gas natural por redes para negociar la posibilidad de que ese sector se encargue de comprar el combustible necesario para cubrir el pico de demanda residencial de este invierno, para el que falta solo un mes.

Las conversaciones no son nuevas y están completamente al margen de lo que dispone el marco regulatorio con que se privatizó en la década del '90 el sistema del gas natural en la Argentina, cuando aún la producción propia bastaba para alimentar los hogares y solo debían hacerse interrupciones a las industrias en ciertos días de muy bajas temperaturas. Todavía estaba en una etapa embrionaria el GNC y se confiaba en una expansión del sector petrolero y del transporte de gas que garantizarían el crecimiento natural de la demanda. No fue así: creció la producción con Vaca Muerta pero no se cuenta aún con el sistema de transporte necesario para que el país explote esa enorme ventaja.

En pocas palabras, hoy la Secretaría de Energía de la Nación espera que sean las empresas distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Camuzzi, EcoGas, Gasnea, Gasno y Litoral Gas) las que se encarguen de comprar el gas para luego distribuirlo, también en invierno, cuando no es suficiente el que se produce en la Argentina. En síntesis: el gobierno del presidente Javier Milei no quiere que sea la empresa estatal Enargas quien asuma la titularidad de esas operaciones de comercio internacional y, sobre todo, de pagarlas.

Antes de asumir su cargo como canciller, Diana Mondino dio una pista de cómo el nuevo gobierno iba a proceder con el sector energético. Fue cuando sorprendió con su declaración respecto de que no debían ser hechos por el Estado, sino por los privados, los gasoductos (como el Néstor Kirchner, que sigue sin ser aprovechado en todo su potencial). Más allá de su discutible argumento de que esa infraestructura pública no genera beneficios a la población, la intención siempre estuvo a la vista: dejar al mercado todo, aún las decisiones vitales de la planificación. En efecto, se trata de un extremo que todavía no está a la vista en ningún país, pero que fue central en al campaña electoral..

En un modelo en el que el objetivo es que se terminen todas las formas de participación estatal, y los subsidios (que aún subsisten parcialmente para el 70% de los usuarios) la idea es que con la suma de todas las facturas de todos los usuarios de todo el país se paguen los "costos reales" del sistema. Y las ganancias para las empresas, claro. Aunque la situación de subsidios cero es aún lejana porque el sector público todavía responde por una parte de los consumos, esa es la dirección oficial.

El razonamiento desde la lógica gubernamental sería, si durante todo el año cada empresa distribuidora adquiere gas al mercado mayorista, ¿por qué no durante el invierno, aunque haya que importarlo? El problema es que comprar el mercado mundial GNL en barcos es por lo menos dos o tres veces más caro que el BTU criollo.

Entre otros aspectos a negociar entre el gobierno y las distribuidoras, en una eventual operación de este tipo, todavía no está claro quién se haría cargo de la financiación de esos cargamentos. En teoría, según las normas regulatorias vigentes, las empresas que distribuyen gas natural no deben ganar ni perder dinero ante un mayor o menor consumo de los usuarios... pero el gas que se quema hoy en una estufa mendocina o el una cocina santafesina bien puede ser pagado por los clientes finales recién dentro de dos meses o más, según los períodos de facturación. ¿Quién paga por esa financiación?

Hoy sería suficiente el gas que produce el país, pero aún no es posible transportarlo a todas las regiones. No se ha logrado utilizar al 100% el gasoducto Néstor Kirchner porque se paralizaron obras complementarias y, además, se ha atrasado la ejecución de la obra de reversión (dar vuelta el sentido del flujo) del gasoducto Noroeste, que es clave para el abastecimiento invernal de las provincias de Córdoba, Tucumán y Salta. Estará listo para septiembre, ya con la primavera encima.

Hasta aquí esa región recibía gas importado de Bolivia, pero el país del altiplano ya anunció que privilegiará su principal mercado: Brasil. En años anteriores esos dos actores internacionales (el principal proveedor de gas convencional y el primer comprador del Cono Sur) facilitaban gas a la Argentina: uno al venderlo aquí, el otro al no comprarlo. Hoy es difícil que algo así se repita.

Sin gas de Bolivia será mayor el volumen a importar para cubrir la demanda de todo el país que, aún con cierres de válvulas a las industrias, no es suficiente cuando hace frío. Pese a los discursos dominantes en décadas anteriores, el país nunca logró el autoabastecimiento (o la llamada soberanía energética) y la importación de buques con gas natural licuado (GNL) añadieron un déficit mayor al comercio internacional.

Días atrás, un sitio de internet de la ciudad de Mendoza consultó a sus lectores si ante la suba de los precios del gas natural por redes ya habían encendido la calefacción. El 75% respondió que sí, que pese a su costo ya lo había hecho. Mientras, en Santa Fe pensar en estufas todavía parece algo lejano. Sin embargo, para el sector energético, el invierno está muy cerca.

Queda apenas un mes para los dos meses más crudos. Y entre otros asuntos aún sin resolver se encuentra la provisión extra de gas natural que requiere la Argentina desde hace décadas durante los meses de frío, cuando se eleva notablemente el consumo de los usuarios residenciales y que, sin gas de Bolivia, será aun más complejo.

Las cadenas de la soja, trigo, maíz y girasol expresaron en un documento sus preocupaciones por las restricciones oficiales a la importación. "Esta insostenible situación perjudica directamente a todas las producciones de cada uno de los eslabones de las cadenas productivas, desde la producción a campo hasta las múltiples industrias de transformación en productos de consumo masivo. De la agrobioindustria dependen todos los alimentos y gran parte de la generación de divisas que el país tanto necesita".

Las autorizaciones de SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), que están prácticamente detenidas, impiden importar materias primas fundamentales.

Según advierten, más temprano que tarde, esto se traducirá en mayores precios para los consumidores, problemas para el abastecimiento local y de los mercados de exportación, y menos trabajo. Un escenario donde todos pierden.

"En vista de que sin una solución de corto plazo vamos hacia un quiebre del sector productivo, le requerimos al Gobierno Nacional que libere la importación de insumos esenciales para todas las industrias claves para el desarrollo de nuestro país".

La gacetilla lleva la firma de Rodolfo Rossi (Acsoja), Miguel Cané (Argentrigo), Juan Martín Salas (Asagir) y Pedro Vigneau (Maizar).

A raíz de las trabas al comercio exterior que impuso el gobierno nacional, en tan sólo quince días faltaría combustible AVGAS 100LL y UL 91, los dos tipos de aeronaftas importadas que se utilizan para los aviones a pistón, advirtió en un comunicado la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA).

El documento explica que sólo YPF y la firma santafesina Aerogálvez proveen estos dos tipos de aeronaftas importadas. Y que la empresa santafesina no está obteniendo las autorizaciones correspondientes desde la Secretaría de Comercio Interior para comprar el producto en el exterior, motivo por el cual la cámara se solidarizó con su titular Ariel Pérez.

En la Argentina somos los únicos que traemos aeronafta”, sostuvo Pérez y contó que “también va a faltar la AVGAS 100LL”. Cabe destacar que la UL91 es de última generación y no emite tetraetilo de plomo, lo cual es ecológica.

El otro proveedor de este tipo aeronafta es YPF. “A nosotros nos va a faltar porque desde la Secretaría de Comercio no nos aprueban las importaciones”, señaló el Titular de Aerogálvez y resaltó que “ya me encadené tres veces en la Secretaría de Comercio, pero ya no da para más”.

Es importante resaltar que la empresa provee combustible para aviones agrícolas desde Salta hasta General Roca y tienen el 40% del mercado. “Ese 40% que nosotros aportamos con logística, financiación para toda la campaña no sabemos cómo se van a reemplazar”, sostuvo Pérez.

Por otro lado, el titular de Aerogálvez explicó que “debido a la falta de dólares y siempre priorizando a las empresas estatales, los privados terminamos perdiendo” y agregó que “como es un producto de primera necesidad tendría que ser de licencia automática”.

Por Patricio Dobal

La sangría de dólares de las reservas y las acciones establecidas por el Gobierno que no consiguen revertir la escasez de billetes verdes están afectando severamente la importación de bienes. La dificultad no sólo complica el ingreso de mercadería terminada, también dificulta la tarea para industriales que necesitan incorporar al proceso de producción local insumos del exterior que no tienen sustitutos fronteras adentro. Los problemas se sienten de cerca en territorio santafesino, uno de los distritos junto a la provincia de Buenos Aires y Córdoba, que tiene más desarrollada su matriz manufacturera.

De acuerdo a datos que maneja la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe) la velocidad de aprobación de los formularios Sira (Sistema de Importaciones de la República Argentina) que son clave para habilitar el embarque de contenedores con mercadería desde el exterior.

“Para intentar solucionar las dificultades, que son reales, lo que organizamos fue una mesa de trabajo en la que semanalmente revelamos cuáles son los formularios pendientes de aprobación de acuerdo al grado de criticidad y lo elevamos a la Unión Industrial Argentina, que a su vez con frecuencia semanal se reúne en Buenos Aires con el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio Interior para ir analizando los casos más problemáticos”, precisó Javier Martín, flamante presidente de Fisfe, en contacto con El Litoral.

“De las acciones en esa mesa de trabajo nosotros detectamos que entre el 70 y el 80 por ciento de los formularios Sira que estaban trabados se fueron destrabando, no obstante la velocidad de aprobación bajó mucho en el último mes, mes y medio”, planteó el dirigente industrial santafesino.

Así, el panorama se volvió más crítico en los últimos días. “Pasamos de una tasa de aprobación del 80% de los formularios a un panorama actual donde sólo se está aprobando con cierta velocidad el 50% de los trámites iniciados, el resto entra en un plazo de demora. No se terminan rechazando, pero sí se alargan los tiempos”, añadió Martín.

El protocolo de reclamos que encara Fisfe en todos los casos corresponde a importaciones de maquinarias o de insumos productivos que “resultan críticos para nuestras cadenas de valor”. En ese marco, el titular de Fische aclara: “El mensaje a las autoridades es el de que intenten priorizar la importación de insumos que son necesarios para mantener en marcha el sistema productivo”.

“Respecto de los rubros que registran más demoras, entendemos que lo que ha estado aprobado más rápido fue todo lo vinculado con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Pero el resto, todos los sectores están teniendo más o menos dificultades”, indicó el dirigente, y sumó: “Por supuesto que aquellos sectores que son más exportadores han tenido menos dificultades”.

“Los problemas se dan cuando tu flujo de importaciones crece con respecto al año anterior o por crecimiento normal de tu producción o porque estás haciendo alguna inversión importante”, expresó Martín.

Los casos particulares de dificultad en el abastecimiento de insumos sirven para medir el grado de perjuicio que el fenómeno genera sobre todo en las pequeñas y medianas empresas.

“Nos quedamos sin unidades de termos de 1,2 litros. Somos uno de los pocos que los producimos y lo sacamos de la línea, ya que nos quedamos sin botellas de vidrio”. El encomillado corresponde al industrial del plástico Sergio Bandoni. El hombre está al frente de la firma Olímpico SRL que no hace tanto se mudó a un parque industrial privado al oeste de Rosario con una inversión de gran volumen. Muchos metros cuadrados de planta hoy tienen superficie ociosa.

La firma en los últimos años se orientó a la matricería de termos que, en rigor de verdad, se completan con las botellas que vienen desde el exterior. “Estamos experimentando una realidad mucho más acuciante respecto a hace dos meses. Ahora directamente no nos aprueban los formularios del Sistema de Importaciones de la República Argentina. La novedad es que nos solicitaron ahora que completamos los trámites expresados en yuanes. Pero todo se demora”, se sinceró el industrial.

“Lo de tramitar los formularios de importación y hacerlos en yuanes nos parece muy positivo. Ahora bien, el impacto de la medida todavía no se está viendo. Aguardamos a ver qué sucederá en las próximas semanas cuando entendemos que se irán observando los cambios. China es un socio estratégico de la Argentina y es fundamental que el intercambio de mercadería se acelere para no afectar procesos productivos a nivel local. Pensamos que también sería fundamental destrabar los mecanismos bilaterales para poner en marcha el financiamiento de importaciones desde Brasil con reales, tenemos gran expectativa en ese frente”, cerró el titular de Fisfe.

El Ministro de Economía Sergio Massa advirtió a las empresas textiles que abriría la importación y les quitaría varios beneficios fiscales si la suba de precios no se detiene. El funcionario les dio una semana para presentar un plan para reducir los aumentos al consumidor por debajo de la inflación. “Si joden lo hago ya”, declaró Massa.

Por este motivo, les reclamó a las empresas del sector “un programa de precios por cuatro meses para frenar la locura”.

El ministro se enojó fuerte con los empresarios: “No hay índice que explique lo que hicieron”, exclamó delante de los principales ejecutivos del sector.

Massa confirmó que el nuevo piso de Ganancias será de $ 330.000: beneficiará a “casi 380 mil trabajadores”

Por esta razón, indicó que quiere “acordar un sendero para no subir sin explicación de manera descontrolada los precios”.

En el intercambio con los empresarios el ministro les abrió los costos y, como incentivo, colocó sobre la mesa los beneficios que tienen, como la alícuota diferencial, los bonos de capital de incentivo, los créditos de ampliación a tasa fija y otros subsidios.

“Todo eso tienen y si joden lo hago y se los saco”, advirtió el titular del Palacio de Hacienda.

El ultimátum de Massa caducará el próximo miércoles 26 de octubre, y los empresarios deberán proponerle una tasa de aumentos que se ubique dos puntos por debajo de la inflación mensual de los próximos meses.

Esto implica un control sobre la suba, pero sin impedirles que realicen incrementos. “No creo en los congelamientos”, reiteró el titular del Palacio de Hacienda, “pero sí en un sendero razonable”.

El SIRA registró en las primeras horas operaciones por US$580,5 millones

El planteo fue a todas las cámaras empresariales fue que deben moderar sus aumentos “por la rentabilidad que ya tuvieron”. De hecho, desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, el incremento del rubro vestimenta rondó el 400 por ciento, frente a un aumento general del IPC del 255 por ciento en el mismo período.

El rubro “Prendas de vestir y calzado” de septiembre otra vez fue el que registró un mayor aumento dentro de los componentes del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en el que exhibió una suba del 10,6%, muy por encima del 6,2 del nivel general de inflación.

En los últimos doce meses, la indumentaria aumentó un 118% a nivel nacional, frente a un crecimiento de la inflación general del 83%. En la medición por regiones, en el Gran Buenos Aires el incremento llegó al 120,5%. En todas las cifras suministradas por el Indec, el rubro ropa y calzado fue el que más aumentó, por encima de cualquier otro.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El organismo pondrá en funcionamiento, a partir del 1 de agosto, la llamada “Mesa de Asistencia Aduanera”, un área que “se encargará de recibir, analizar, orientar y dar respuesta a los ciudadanos, en materia de urgencias sanitarias”. 

La gente que, por algún motivo, tiene que importar un medicamento, insumo, o equipo médico muchas veces no suele contar con demasiado tiempo y las más de las veces debe resolver el trámite en forma urgente, algo contra lo que conspira la generación de errores en la gestión para lograrlo, o en la confección de los documentos que se necesitan. 

En el organismo que controla el ingreso de mercadería del exterior tomaron la decisión basados, entre otras cosas, en el hecho de que “muchas veces la vía o régimen por el cual se documenta no es la más adecuada o se desconocen regímenes que otorgan franquicias para determinados insumos, equipamientos, etc”. 

La Aduana dijo que su objetivo es atender “a las innumerables cuestiones de índole sanitaria que debe atender diariamente, y que estas en su gran mayoría son situaciones de extrema urgencia y criticidad para la persona que requiere o espera de la llegada del insumo, medicamento, y/o equipamiento para mejorar su calidad de vida”. 

“Para ello y a fin de que los ciudadanos puedan hacer uso de esta herramienta, se ha creado una casilla de correo electrónico: asistenciasanitariaaduana@afip.gob.ar, al cual podrán enviar sus consultas. Este correo estará activo a partir del 1ro de agosto”, informó la Aduana. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_raw_html]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[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]

“Está difícil comprar un auto en el mundo y nosotros tenemos nuestros problemas locales, que hacen que esa dificultad se acreciente”, explicó Lupo en declaraciones al programa “Un día de estos”, que conduce Jorge Pizarro por Radio Rivadavia.

En el aspecto global, indicó que las explicaciones pasan por un lado por la parálisis que sufrió la industria a causa de la pandemia, que aún no terminó de recuperar los niveles previos de fabricación.

“Falta poco para terminar de normalizar. Por otro lado hubo un incendio muy grande en la principal fábrica de semiconductores para automóviles de Japón y eso afectó la producción”, expresó el dirigente de la CCA, al tiempo que aseguró que “hay autos todavía que están en las distintas fábricas sin terminar”.

En lo que refiere a la cuestión local, el problema reside en “la falta de dólares, por la cual el Gobierno está restringiendo las importaciones”.

En enero hubo fabricantes que no pudieron entregar los vehículos, ya sea porque les faltaba una pieza importada para completarlos o porque tenían trabado por el Gobierno el ingreso del auto completo.

Esta situación hace que el valor de autos usados se eleve ante la demanda que busca hacerse de un nuevo vehículo y no consigue 0 kilómetros.

“En los modelos que son muy nuevos, por ejemplo un modelo 2021 pueden llegar a pedir un 10% por encima del valor de un 0 kilómetro”, aseguró el vicepresidente de la CCA.

Por otro lado, un aspecto siempre vigente e influyente en la industria es la inflación.

Al respecto Lupo confirmó que hay gente que dispone de dólares y opta por comprar 0 kilómetros como manera de ahorrar y sacar rédito con la variación de precios.

“La inflación va haciendo que el precio del usado o 0 km vaya subiendo”, en cambio si no existiera “ese precio se iría depreciando”, señaló.

Por último, precisó: “Si lo comparamos contra un precio de dólar blue seguramente se mantiene en dólares”.