La semana tuvo un punto álgido, en lo mucho malo que contuvo: desde el nombramiento de dos jueces de la Corte por mero decreto del Presidente y la abstención argentina que da la espalda a una país invadido (Ucrania) en favor del invasor (Rusia) en Naciones Unidas, pasando por la nota de tapa del New York Times que menciona al Presidente y su rol central en caso $Libra. Pero hubo otro asunto aún peor, al que bien le cuadra el término "abominable".

El miércoles se supo que no era una mentira más de las tantas que en las redes difunden fanáticos K y de LLA que el gobierno nacional había decidido volver al siglo XIX al redactar lo más importante de la norma con la que reformó a la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí, no había duda, los términos "idiota", "imbécil" y "débil mental" son usados para personas con "retardos mentales" bajo el título "Psiquismo" en el anexo de la Resolución 187 publicada el 16 de enero pero descubierta recién ahora.

La explicación oficial que ha dado el Ministerio de Salud no se parece a un pedido de disculpas pese a que varios medios así lo hayan interpretado. Simplemente admite "un error (…) en un anexo" con "términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual, pero que, en la actualidad, han sido discontinuados".

En realidad, son los términos que correspondían a otros esquemas para entender a las discapacidades, y que son propios de la idea de apartar, encerrar y hasta descartar a esas personas. Más que "discontinuados" esos términos fueron superados por la ciencia y, sobre todo, por los valores sociales imperantes (hasta ahora).

Es absurdo plantear que se trata simplemente de una equivocación por el uso de una "terminología obsoleta". El descalificar a "el otro" o "los otros" es una constante del ejercicio del poder desde que Javier Milei es presidente. No hay contradicción entre lo ocurrido y su diatriba de siempre a lo que llama "ideología woke". (¿Amar a hijitos de cuatro patas no es acaso parte de esos cambios sociales?).

Ya desde la campaña electoral quedó claro: con La Libertad Avanza se agregaron al debate político palabras como "mongólico" o construcciones poéticas como "viejos meados" para descalificar a quien lo critique y tenga canas. "Cabeza de pulpo" es otro decadente aporte.

No fue una ofensa solo para las personas que necesitan de la psiquiatría. El Poder Ejecutivo Nacional trata con ciudadanos, no con súbditos, ni subordinados. A todos los argentinos está dirigido el Boletín Oficial que todavía no ha sido corregido. Se ofendió a esos ciudadanos y a quienes los queremos. Se degradó la idea de la condición humana. Al presidente le gusta la ópera y no teme mostrar su sensibilidad, se lo ha visto muy mal cuando se lo acusa livianamente de "nazi". En alguna entrevista hubo hasta un sollozo al enfrentar ese agravio. Sería bueno que desde el poder se piense en la misma escena en cada uno de los hogares donde esos términos hieren profundamente.

La cartera a cargo del ministro Lugones (¿con cual de ellos habría que emparentarlo?) bien pudo ya haber dictado a varios días de la ola de indignación reinante una nueva resolución que deje sin efecto el Anexo de la 187. Sin embargo sigue ahí, a un par de clics en internet, el texto cuya redacción ahora investiga la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal. Habrá que ver si no hubo delito. La clasificación es "estigmatizante y presumiblemente contraria a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)" y "generó "numerosas críticas por especialistas en la materia", indica ese órgano del Poder Judicial de la Nación.

La redacción del Anexo pasó el filtro de la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese ministerio. Así lo indican los considerandos y hasta ahora solo hubo dos remociones de funcionarias de cargos muy menores. Sigue en su puesto el director de la Agencia, Diego Spagnuolo, que firmó la resolución. De acuerdo con expertos en el tema, lo medular del cambio es que se recortan o directamente suprimen -según el caso- las ayudas y subsidios del Estado.

El argumento de que se trata de un apéndice, de un texto supletorio es rebatible: quien tenga el hábito de leer el Boletín Oficial o las leyes en general sabe que, en el ámbito de lo administrativo, muchas veces allí está lo medular de una resolución o de un decreto.

Por Federico Viola y David Pignalitti (*)

La crisis política y social que atraviesa el conjunto de la sociedad, no sólo en nuestro país, sino a nivel global, es prácticamente una cuestión evidente y que no requiere de una demostración exhaustiva. No obstante, entre las perplejidades que despierta esta situación, hay una que, en tanto cuestión de fondo, sí es necesario poner especialmente de manifiesto: el fenómeno de la despolitización, el cual, para ser comprendido, puede ser analizado desde distintos ángulos. En primer lugar, como disminución progresiva del espacio público, que afecta el debate y la discusión política, mientras los ciudadanos se aíslan cada vez más en preocupaciones privadas.

En segundo lugar, como desinterés por la participación política, producto de la desconfianza en las instituciones y la percepción de que las decisiones políticas están dominadas por intereses económicos y grupos de poder. En tercer lugar, como fragmentación de la esfera social, lo que conduce a una menor solidaridad y comprensión de los problemas colectivos y las responsabilidades compartidas. Y, finalmente, como desencanto general con la política, donde los ciudadanos pierden la fe en el proceso democrático debido a la incapacidad de las instituciones políticas para abordar eficazmente los problemas sociales y económicos.

La democracia, en su sentido original, se asentó en la participación activa de los ciudadanos en las cuestiones públicas y la responsabilidad compartida por el bien común, que se traduce en la práctica como compromiso efectivo en la superación del bienestar particular individual. En este sentido, resulta ilustrativo el recurso etimológico al sentido original de la palabra idiota. En la Grecia clásica, dicho término designaba al individuo particular desentendido de los asuntos comunes. Es decir, el idiota era propiamente aquel cuyo quehacer tenía como principal finalidad el bien particular, privado, quien atendía y cuidaba únicamente de sus propios asuntos.

Es en este sentido que el proceso de despolitización constituye un proceso de idiotización. De esto se sigue la privatización de la praxis y, por tanto, la contradicción práctica de la democracia. Esta despolitización, esta privatización o particularización del bien, pervierte el sentido político de toda acción. Dicho de otro modo, las actividades humanas en el ámbito social adquieren un sentido y un fin eminentemente privados. El trabajo, la cultura, la familia, la educación y las instituciones en general que conforman el entramado social, adquieren sentido principalmente a partir de una concepción particularizada o partidista de su finalidad.

De esta forma, los ciudadanos tienden a perder el interés por la cosa pública y el espacio de lo común es progresivamente deshabitado y se contrae. En efecto, los ámbitos típicamente democráticos de debate, intercambio y participación política se han debilitado y la política en general, ha llegado a alejarse tanto de su sentido original que en el imaginario social la participación democrática es entendida y ejercida como el mero derecho a voto. Cuando los ciudadanos se centran en sus propias preocupaciones y no en los asuntos colectivos, pasan a ignorar las necesidades y desafíos de la sociedad en su conjunto, lo que termina exacerbando las desigualdades y las tensiones sociales.

La idiotización también se manifiesta en una despolitización de la educación y la cultura. En lugar de fomentar el pensamiento crítico, la conciencia política y la responsabilidad social, la educación y la cultura se orientan hacia objetivos más individualistas, como el éxito económico y la autorrealización personal, y por ende, a un creciente desinterés por los asuntos públicos. El resultado final de la idiotización es un tipo de sociedad alienada donde cada individuo termina vuelto sobre sí mismo y olvidado de los asuntos de la comunidad. Es decir, se desemboca en un tipo de sociedad alienante, caracterizada por una marcada incapacidad de autogobierno, ya que la gran mayoría de los ciudadanos no participan activamente en la toma de decisiones colectivas.

En lugar de ser miembros activos y responsables de su comunidad, los individuos se convierten en meros espectadores y receptores pasivos de las normas y reglas impuestas por las instituciones. Esta situación conduce a un tipo de sociedad con dos formas anómalas de la vida cívica, por un lado el conformismo generalizado del que alguna vez hablara el filósofo militante Cornelius Castoriadis y, por el otro, el fenómeno de la servidumbre voluntaria al que se refiere Étienne de la Boétie en su famoso "Discurso".

Una sociedad idiotizada, en resumen, es aquella sociedad que no genera ciudadanos con capacidad crítica y sentido de lo común. El resultado consiste en una forma de enajenación autoinfligida en la que las personas se someten voluntariamente a fuerzas y autoridades que les son externas. En efecto, una sociedad que no se autogobierna, y que por lo tanto no se autolimita, queda a merced del poder y del consumo ilimitados, lo cual acarrea graves consecuencias para la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes, así como para la salud y la estabilidad del medio ambiente.

En definitiva, la política moderna se concibe a sí misma como actividad burocratizada y estatal, esto es como función del aparato estatal, puesto que no puede autopercibirse como actividad colectiva autónoma y autogestionada. Es decir, como soberanía auténticamente popular. Esta forma auténtica de política como efectiva praxis popular y colectiva brilla por su ausencia y sólo se da un tipo de acción ciudadana en las formas anómalas de protesta, indignación y demás reacciones violentas contra los abusos del poder. De esta manera se normalizan las revueltas callejeras como única modalidad auténtica de expresión popular y ciudadana, ante la falta de una legítima canalización de la participación auténticamente democrática.

El proceso de idiotización desemboca, finalmente, en una colectividad que se masifica o se fragmenta. El cúmulo de individuos o bien actúa como masa amorfa, o bien se atomiza y cada uno se las arregla por su lado. Se desemboca en una forma de Democracia sin demos, donde sólo prima el kratos, es decir el poder por el poder mismo. Esto es evidente respecto de los partidos políticos actuales, los cuales funcionan como meras plataformas de poder. El poder abstraído del pueblo sólo está al servicio de sí mismo. Es mera voluntad de poder. Como una serpiente que mordiéndose su propia cola sólo se alimenta de sí misma y para sí misma. El pueblo deviene un mero nombre vacío de significado en boca de políticos desaforados por conseguir el poder y perpetuarse en él a cualquier precio.

(*) Doctor en Filosofía, miembro del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe-Conicet.

(**) Licenciado en Filosofía, miembro del Instituto de Filosofía de la UCSF.