¿Cómo se generan en la actualidad los ingresos públicos? El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) responde esa pregunta con datos del Ministerio de Economía: la recaudación total es de 29% del PBI, de los cuales 24% los recauda la AFIP y 5% del se genera por los sistemas tributarios provinciales.

“Luego, el Estado nacional se apropia de 17% del PBI. Las provincias reciben el 12% del PBI que se compone de 7% del PBI que les llega por la coparticipación y 5% del PBI que es recaudación propia”.

El Centro de Estudios que preside el economista Jorge Colina señaló que los datos “muestran una fuerte concentración de la recaudación en el nivel nacional. De esto se deriva una exagerada apropiación de recursos por parte del Estado nacional que, en un país federal, no es el artífice del desarrollo provincial.

“Por la parte de las provincias, más de la mitad del financiamiento es a través de la coparticipación. La coparticipación, además de ser compleja y arbitraria, genera sub-financiamiento para las provincias y baja correspondencia fiscal ya que los ingresos provinciales no vienen de manera directa desde sus ciudadanos. A esto se suma que la parte minoritaria que cobran las provincias es con impuestos muy dañinos para el desarrollo (Ingresos Brutos y Sellos)”.

El análisis recordó el consenso fiscal de 2017, que planteaba un cronograma con topes sobre las alícuotas de Ingresos Brutos, limitar los saldos a favor de los contribuyentes, eliminar los diferenciales de alícuotas entre contribuyentes locales y con domicilio fuera de la provincia y homogenizar los regímenes de pago a cuenta que aplica cada provincia.

“Aunque todas las provincias lo hubieran cumplido y la aplicación del cronograma no se hubiese suspendido, el Consenso Fiscal tiene metas modestas. Aspira sólo a moderar el daño que causan estos dañinos impuestos provinciales. El Consenso Fiscal del 2017 se justificó por la debilidad política del gobierno anterior, pero de cara al próximo gobierno no es una solución.

“Para salir de la decadencia -opina Idesa- se necesita explorar estrategias más innovadoras y audaces. Hay que eliminar los malos impuestos y no limitarse a moderar sus impactos más dañinos”. El informe ni siquiera sugiere la “nueva coparticipación” ordenada por la Constitución del ’94 e incumplida desde entonces. Pero avanza con una propuesta de reforma tributaria que invierte las polaridades presentes.

“Esto se puede lograr, por ejemplo, creando un IVA provincial en el que se unifiquen la gran cantidad de tributos que actualmente se aplican sobre las ventas (IVA e impuestos internos nacionales, ingresos brutos y sellos provinciales, y tasas municipales) y que sean cobrados por las provincias –a través de la AFIP– en función de las ventas que se generen en cada provincia. Así, las provincias serán incentivadas a aumentar la actividad económica en su territorio porque esa es la vía de su sostenimiento financiero”.

Expone que “bajo esta estrategia deja de ser necesaria la coparticipación. Cada provincia se financiaría con los impuestos que genera en su territorio. Esto tiene que ser complementado con un Fondo de Convergencia. Este es un mecanismo de transferencia de recursos desde las zonas más ricas a las más pobres pero que, a diferencia de lo que ocurre con la coparticipación, estaría orientado a estimular políticas para reducir las brechas de desarrollo”.

La pandemia de coronavirus impactó de lleno en el tejido social de la Argentina y en un año incorporó a 1.600.000 personas a las condiciones de pobreza y vulnerabilidad, en tanto los hogares de clase media cayeron a menos de la mitad del total en el país, de acuerdo con un informe de del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). El trabajo indica que la inflación fue determinante en el aumento de la pobreza, al duplicar el ingreso por habitante familiar entre el primer trimestre de 2020 (del que sólo los últimos 12 días estuvieron alcanzados por la cuarentena) y el mismo período de este año. “Entre el primer trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021, el ingreso per capita familiar en la Argentina aumentó cerca de un 21%, mientras que la inflación entre estos trimestres se mantuvo cerca del 41%. Es decir, hubo una pérdida del poder adquisitivo del 20%”, señaló Pilar Paschini, economista de la entidad. En cuanto a la clasificación por hogares, en el mismo lapso la pérdida del poder adquisitivo fue de cerca del 10%, aunque el informe de IDESA puntualiza que “este declive no fue igual para todas las clases sociales y algunas retrocedieron hacia una clase social más baja”. Al respecto, en una pirámide social que reconociera cuatro estratos (bajo, medio bajo, medio y alto) queda en evidencia el deterioro general, con un menor porcentaje de hogares en los estamentos superiores y un crecimiento de los más rezagados. Para establecer los límites de cada estrato, se considera de clase baja a los hogares que no les alcanza para adquirir una canasta básica total y de clase media-baja a los que si bien cuentan con recursos para costearla, “dependen del contexto para pasar o no a la pobreza”. “La clase media es la más estable y la clase alta es la que percibe ingresos por más de cuatro canastas básicas totales”, completó Paschini al analizar la evolución de cada grupo entre los dos trimestres considerados.

Clase baja

En ese sentido, precisó que “la clase baja pasó de representar el 25% de los hogares al 31% de los hogares en el 2021 y la clase media baja pasó de representar el 8% al 10%”, es decir que los estratos inferiores incrementaron en su conjunto su participación en ocho puntos porcentuales. “Esto quiere decir que hay 1.600.000 más de argentinos en situación de pobreza o vulnerabilidad en 2021 respecto al 2020”, precisó. La lógica contrapartida de este fenómeno es que se achicó la clase media, que pasó del 51% al 48% de los hogares y la clase alta, que pasó del 16% al 11% de los hogares. La posibilidad de que el deterioro se profundice está directamente vinculada a la evolución de los precios de los alimentos básicos y es por eso que IDESA advirtió que “si la inflación sigue en torno al 50% anual, es muy probable que el crecimiento de la canasta básica total lleve a un mayor deterioro de la pirámide social”. “Pocas paritarias han cerrado a un nivel cercano a la inflación y tampoco hay perspectiva de mejora en la calidad de los trabajos”, añadió. Paschini admitió que “la ayuda social podría compensar en parte este deterioro”, aunque remarcó que se trataría de “otro remedio solamente temporal”. Para la economista, un “ordenamiento integral del sector público” que permita reducir la inflación y la construcción de “un Estado financieramente equilibrado” que tenga “la capacidad para producir los bienes públicos que la población demanda”, sería el principio de la solución que permitiría el regreso de “la inversión privada, que es la que puede sacar a los ciudadanos de la pobreza”.

Con información de NA

Por Ignacio Hintermeister para El Litoral

“El grupo de jóvenes entre 16 y 29 años es el más afectado con altas tasas de inactividad, desempleo y pobreza, afectando su bienestar en el corto plazo y también la trayectoria laboral a largo plazo”.

Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino señala que “la tasa de desempleo en este grupo muestra una fuerte brecha con el resto de la población en actividad. Desde el año 2017 se viene dando un deterioro que se acrecentó en el 2020 con la cuarentena”.

Cabe recordar que según la última medición del Indec -cuarto trimestre de 2020- para el total de los aglomerados urbanos del país, la desocupación alcanzó el 11,0%. “Entre las mujeres, mientras que la tasa del grupo de 30 a 64 años es de 7,6%, la correspondiente al grupo de 14 a 29 años asciende a 26,0%, 3,4 veces la tasa de las adultas. En el caso de los varones jóvenes (14 a 29 años) la tasa alcanzó el 19,0%, representando 2,9 veces la tasa de mayores, que fue de 6,6%”.

El centro de estudios que dirige Jorge Colina, especificó sobre la inactividad que “el porcentaje de los llamados ni-ni´s, quienes ni estudian ni trabajan, promediaba un 15%. En el segundo trimestre del año pasado esta tasa se disparó hasta un 22%, en parte por quienes desistieron de buscar trabajo por las condiciones adversas y, por otro lado, quienes no pudieron continuar sus estudios de manera virtual.

“Sumado a esto los jóvenes no suelen conseguir empleos de calidad y terminan insertándose en el sector informal (ya sea como asalariado no registrado o como cuentapropista no profesional). Comparándolos con el resto de las personas ocupadas, la brecha en la informalidad es de alrededor de 15 puntos porcentuales”.

Expone Idesa: “Que haya caído la tasa de informalidad hacia el segundo trimestre del 2020 no significó que mejoraron las condiciones laborales, sino que, se perdieron muchos empleos del sector informal”.

Idesa pone en la baja calidad del mercado argentino, el escollo para encontrar soluciones. “Mejorar las condiciones para que el mercado laboral absorba el desempleo joven es una deuda pendiente en Argentina. Resulta difícil que con las numerosas regulaciones, costos y riesgos que afrontan los empleadores, decidan contratar una persona sin ninguna experiencia previa.

El Cippec calculó que en el período marzo-junio de 2020, el número de empleadores bajó cerca de 15.000 (-3%) para el mes de junio 2020. La concentración de la caída interanual se dio en mayor medida entre las microempresas (74.5% del total de bajas), empresas de hasta 10 trabajadores (9,7%), empresas entre 11 y 50 trabajadores (10.3%) y empresas de más de 50 trabajadores (5.5%).

Para Idesa, “se debería avanzar con un proyecto de empleo joven que genere beneficios fiscales e incentivos para orientar a las empresas a la creación de puestos de trabajo para estas personas”.

También propone “realizar un profundo cambio en la política educativa para que las escuelas y universidades formen personas que estén preparadas trabajar en el sector privado, dejando de lado el prejuicio que las pasantías son una forma de precarización laboral, cuando en realidad son el mejor instrumento para que los jóvenes adquieran formación y experiencia”.

El Centro de Estudios para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento calculó que en el tercer trimestre de 2020 -en el pico del impacto Covid a la economía- “la caída del empleo afectó en mayor medida a los y las trabajadores y trabajadoras de menores calificaciones. Quienes tienen estudios primarios incompletos redujeron su empleo en 28%, mientras que quienes tienen estudios universitarios lo hicieron en 7,6%, de manera interanual. También se produjo una gran variación según el tipo de inserción laboral. El empleo asalariado formal cayó en un 5,2% interanual, mientras que el empleo asalariado informal cayó 30%”.