El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, cuestionó la "creciente judicialización" de los debates políticos en donde se busca que el máximo tribunal se expida y advirtió que ello “no contribuye a generar estabilidad”.

Horacio Rosatti habló en ExpoEFI. Crédito: Corte Suprema de Justicia de Nación

Por otra parte, afirmó que "la mejor manera de fortalecer la institucionalidad es siempre volver a la Constitución" y respetarla a "rajatabla", porque ese texto "está por encima de todos".

Al hablar en ExpoEFI, un evento destinado a hablar de economía finanzas e inversiones, y bajo el título "Argentina a largo plazo", Rosatti enfatizó también que una emisión incontrolada de la moneda, sin respaldo, es inconstitucional. "Es muy sano entonces que no se emita incontroladamente, pero no por cuestiones económicas o macroeconómica solamente, sino por una cuestión institucional. Porque esto surge de una prohibición explícita de la Constitución Nacional Argentina y la Constitución está arriba de todos nosotros; de los jueces, del presidente, de los empresarios, de todos. Entonces, la mejor manera de fortalecer la institucionalidad es siempre volver a la Constitución y a aplicar y respetar a raja tablas el texto de la Constitución Argentina", afirmó.

Tras destacar que "buena parte de las frustraciones históricas en la Argentina respecto de un desarrollo económico sostenido se han debido a fallas en la institucionalidad", Rosatti comparó los fallos analizados por la Corte de Estados Unidos y la argentina y resaltó la "creciente judicialización" de cualquier conflicto. En ese sentido, señaló que "los debates en la Argentina no se clausuran en el circuito político, siempre buscan la judicialización y dentro del sistema judicial buscan llegar a la cima de la pirámide, es decir: a la palabra de la Corte".

Horacio Rosatti habló en ExpoEFI. Crédito: Corte Suprema de Justicia de Nación

Esa situación, dijo, no contribuye "a generar estabilidad o, por lo menos, dilata temporalmente mucho el punto de partida para llevar adelante un programa, una política, un sistema de transformación de la economía o de la macroeconomía. De esto hay que hacerse cargo, todos debemos hacernos cargo".

En busca de razones, Rosatti señaló que "dentro de la sociología argentina, dentro de nuestras costumbres, está muy internalizado esto de cuestionar siempre todo, no darme por conforme nunca con nada, no aceptar palabras intermedias hasta no llegar a la última instancia. Esto es algo que debemos tener presente en cualquier esquema de reforma macro, el factor institucional, la judicialización creciente, la polémica sobre todos los temas, el debate interminable que nos lleva muchas veces a empezar hablando de una cuestión trivial y llegamos retrospectivamente hasta Moreno y Saavedra, cuando en realidad las cuestiones pueden ser resueltas de otra manera", ejemplificó.

Tras indicar que "a veces una inversión puede concretarse o dificultarse o frustrarse por una norma local, a lo mejor, por una norma provincial, medioambiental, por una tasa municipal", el presidente de la Corte Suprema afirmó que "la seguridad jurídica es un valor que todos buscamos" y reside en que "nos pongamos de acuerdo cada vez que queremos modificar las reglas" de juego.

"Los jueces no son legisladores, interpretan; la interpretación permite modificar en un espacio muy reducido lo que dice una norma, actualizarla; decir esta palabra hoy quiere decir algo un poco diferente que 50 años atrás. Pero el juez no puede inventar. El juez tiene que aplicar. Entonces, el eje hay que trasladarlo siempre en la innovación hacia el Parlamento. Ahí deben discutirse las reglas. Eso es lo relevante". Sin embargo, "ocurre muchas veces que los temas se discuten en el Parlamento" y al no lograr la mayoría "después se judicializa para buscar un resultado diferente"; o que "al no haber definiciones parlamentarias son los jueces los que llamados a decidir un caso concreto y generan una transformación", como sucedió con el divorcio o el aborto.

"Primero vino un fallo de la Corte, después vino la ley. La secuencia debería ser: primero conversamos, debatimos, nos escuchamos, votamos y está la ley. Y después la aplica el juez. No al revés. Esto también forma parte de un tema que hay que debatir para saber qué queremos decir con el respeto de las reglas de juego, con la seguridad jurídica y con la previsibilidad. Y esto también forma parte del debate sobre la creciente judicialización de nuestros temas", reseñó.

Rosatti insistió en que "por lo menos con la decisión de la Corte" se debería terminar "con la discusión jurídica", pero "si después la decisión baja a un tribunal intermedio y aplica otra cosa, vuelve a la Corte y tenemos una instancia sin fin…". Celebró que en las últimas reformas legislativas esté prevista esta situación por ley y afirmó que "la decisión de la Corte debe tener acatamiento obligatorio, como lo ha dicho la jurisprudencia muchas veces, salvo que haya elementos fácticos o argumentos nuevos para cuestionarla".

El presidente de la Corte también mencionó cómo es el proceso de selección de jueces y destacó que "estamos en instancia de reformular el sistema de selección", pero resaltó la prohibición constitucional de designar magistrados por el voto popular y subrayó que "el juez tiene estabilidad mientras dure su buena conducta conforme a lo que dice la Constitución".

"Y no quiero olvidarme de decir algo que está en la Constitución. La Constitución tiene muchas cláusulas que están vinculadas a la economía y es muy conveniente leerlas. Hay una, entre tantas que no quiero omitir hoy, que está en el inciso 19 del artículo 75: la que manda al Congreso defender el valor de la moneda. ¿Qué queremos decir con defender el valor de la moneda? Queremos decir que la moneda no puede ser envilecida intrínsecamente. Queremos decir que es inconstitucional una emisión incontrolada de la moneda, que no tenga respaldo. No estoy diciendo que tiene que haber una ley de convertibilidad. No. Sí que tiene que haber una relación razonable, prudente entre la base monetaria y las reservas. Entre la base monetaria y la fortaleza de la economía", afirmó.

"Es muy sano entonces que no se emita incontroladamente, pero no por cuestiones económicas macroeconómica solamente, sino por una cuestión institucional, porque esto surge de una prohibición explícita de la Constitución Nacional Argentina y la Constitución está arriba de todos nosotros, de los jueces, del presidente, de los empresarios, de los de todos. Entonces, creo que la mejor manera de fortalecer la institucionalidad es siempre volver a la Constitución y a aplicar y respetar a raja tablas el texto de la Constitución Argentina", concluyó.

Quince universidades de diversas regiones del país manifestaron públicamente su respaldo al nuevo proyecto de reglamento para los concursos de jueces aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la Acordada 4/2026.

En un comunicado conjunto, los rectores y decanos de estas casas de estudios destacaron la importancia de la iniciativa, orientada a perfeccionar el sistema de selección de magistrados y fortalecer la transparencia de los concursos públicos, e instaron a las autoridades competentes a darle pronto tratamiento.

Los ministros de la Corte Suprema de la Nación, Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti.

El documento, firmado por representantes de universidades privadas, subraya que la calidad de la Justicia depende en gran medida de la calidad de quienes la integran. Por ello, valoraron que la propuesta de la Corte coloque en el centro del proceso la formación profesional, la excelencia académica y la capacitación continua como condiciones indispensables para el acceso a la magistratura.

Los firmantes señalaron que avanzar en esta dirección permitirá consolidar un sistema consistente y eficaz, evitando “soluciones fragmentarias que debiliten su alcance y comprometan sus objetivos”.

El comunicado destaca especialmente la importancia de reglas claras y evaluaciones objetivas para garantizar procesos de selección previsibles y basados en el mérito. En este sentido, las universidades respaldaron la centralidad de la formación profesional y la capacitación continua de los aspirantes, recordando que la excelencia académica es un pilar para el fortalecimiento del sistema judicial.

Las autoridades universitarias también invitaron a los poderes públicos a brindar un tratamiento rápido e integral a la propuesta de la Corte Suprema, entendiendo que su aprobación redundará en un avance concreto para el sistema de justicia.

La declaración lleva las firmas de los máximos responsables de quince instituciones académicas: Universidad de Belgrano, Universidad CAECE, Universidad del Salvador, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Católica de Cuyo y Universidad Católica de La Plata.

También firman Universidad FASTA, Universidad de Morón, Universidad Museo Social Argentino, Universidad de Palermo, Universidad Ciencias Empresariales y Sociales, Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán, Universidad Católica de Santa Fe (a través de su rector Martín De Palma), Universidad de Concepción del Uruguay y Universidad Blas Pascal.

El Consejo de la Magistratura inició el debate sobre la reforma del sistema de selección de jueces impulsada por la Corte, con posiciones divididas entre aprobación inmediata y análisis profundo.

La semana pasada, las comisiones de Reglamentación y Selección del Consejo de la Magistratura se reunieron de manera conjunta para iniciar el análisis de la acordada firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que propone una reforma integral del reglamento de concursos para la selección de jueces federales.

El debate dejó posturas encontradas: algunos consejeros impulsaron la aprobación inmediata del texto, otros reclamaron un análisis pausado que incorpore los proyectos que el propio Consejo tenía en trámite, y un tercer grupo introdujo advertencias sobre las condiciones políticas e institucionales en las que se desarrolla la discusión.

El Consejo de la Magistratura inició el debate con posturas encontradas.

La acordada 4/2026, en rigor, propone un plexo de 100 artículos con dos tipos de concursos para la selección de magistrados: los anticipados -como regla general, con un máximo de ocho cargos, desvinculados de la existencia de una vacante al momento del llamado- y los especiales, como excepción.

Establece una prueba de oposición escrita dividida en dos etapas: una general de 120 preguntas de opción múltiple seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, con corrección automatizada; y una especial de resolución de casos prácticos y redacción de sentencias, de seis horas de duración, con anonimato garantizado mediante sistemas informáticos auditables.

La calificación de antecedentes se realizaría sobre un máximo de 100 puntos -distribuidos entre formación, experiencia profesional y producción académica- y la entrevista personal, pública y transmitida por medios audiovisuales, tendrá una ponderación máxima de 20 puntos sobre un total de 200.

La Corte, al respecto, remarcó en sus considerandos la necesidad de perfeccionar “determinados procedimientos con el objetivo de reforzar la objetividad, la transparencia y la previsibilidad del sistema, y de reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad”.

A la vez, identificó como principal deficiencia del sistema vigente que la evaluación de antecedentes favorece “en ocasiones el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico de excelencia y el mérito real”.

En un contexto de creciente tensión institucional, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) presentó una nota formal ante el Consejo.

El documento, dirigido a su presidente, Horacio Rosatti, manifiesta una "profunda preocupación" por el nuevo proyecto de reglamento de concursos aprobado por la Corte. La asociación advierte que la nueva normativa omite la obligatoriedad de incluir mujeres en las ternas de candidatos, lo que representa un retroceso frente al régimen de paridad vigente hasta el momento.

De acuerdo con el documento, el régimen vigente —establecido por la Resolución 266/2019— contempla mecanismos concretos para asegurar la participación femenina tanto en etapas previas, como entrevistas, como en la integración final de las ternas. El proyecto actual, en cambio, traslada la cuestión de género al plano general del procedimiento, sin asegurar resultados en términos de representación.

La AMJA sostuvo que este cambio “no puede ser considerado neutro”, ya que elimina una herramienta directa de incidencia en el acceso a cargos judiciales. En su argumentación, advirtió que reemplazar esa garantía por mecanismos indirectos reduce la eficacia de las políticas de igualdad en un momento decisivo del proceso de selección.

Además, la asociación recordó que impulsa un proyecto de ley en el Congreso que busca establecer medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de oportunidades.

Dicha iniciativa busca establecer una medida de acción positiva que impida la conformación de tribunales colegiados integrados exclusivamente por personas de un mismo género, amparándose en el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional.

La nota firmada por la presidenta de AMJA, Ercilia Eve Flores Aiuto, y la directora ejecutiva, Nieves Macchiavelli, subraya la subrepresentación femenina en los niveles jerárquicos superiores del Poder Judicial argentino. Este fenómeno, conocido como "techo de cristal", es un dato objetivo de la realidad institucional que, según la organización, no puede ser ignorado al legislar.

El año 2025 encontró a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el centro de múltiples titulares por decisiones judiciales de alto impacto, esporádicas declaraciones de sus ministros (ineludiblemente medidas y sopesadas con avidez y aprensión), y una fuerte controversia por designaciones sin acuerdo legislativo.

También, un descubrimiento inesperado de material relacionado con el nazismo en los archivos del tribunal. El hallazgo, considerado de trascendencia histórica y global, se suma a una agenda institucional cargada de debates sobre transparencia, memoria histórica e independencia judicial.

En un acto resonante (al que erróneamente se otorgó carácter “de fondo”, cuando en rigor fue la ratificación de lo actuado por órganos inferiores), la Corte dejó firme en junio la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, confirmando una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cristina Fernández de Kirchner, y los tradicionales saludos desde el balcón de su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria. Reuters

La decisión, tomada por el pleno del tribunal, generó amplio debate político y social sobre la justicia en casos de corrupción de alto perfil. Y habilitó otros debates colaterales, vinculados a la modalidad de cumplimiento efectivo de la pena, televisado con las cámaras apuntando al balcón del departamento de la ex mandataria.

Rosatti definió el Juicio a las Juntas, otro de los hitos históricos del año al cumplirse 40 años, como un caso “ejemplar” de justicia transicional. Archivo El Litoral.

En declaraciones a medios nacionales, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, subrayó la necesidad de preservar la independencia judicial y de proteger las garantías constitucionales, afirmando que el tribunal “defiende la libertad de expresión y las garantías individuales sin oponerse a los otros poderes del Estado”.

Estas aseveraciones cobraron particular relieve a partir de otro debate de fondo, que se generó a partir de la prohibición de la difusión de audios de Karina Milei, mediante una cautelar de alcance indeterminado.

En forma paralela a los firmes pronunciamientos de entidades periodísticas y del mundo del derecho en defensa de la libertad de expresión y en contra de cualquier intento de censura previa, se puso de resalto la profusa y contundente jurisprudencia del Máximo Tribunal. Finalmente, la cautelar fue levantada.

La controversia institucional había tenido un pico en febrero, cuando el presidente Javier Milei designó por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como ministros de la Corte sin acuerdo parlamentario, una decisión inusual en contextos democráticos.

El Senado finalmente rechazó sus pliegos, y la polémica derivó en recursos judiciales y cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la medida y el equilibrio de poderes.

A tal punto que Lijo nunca llegó a asumir (la propia Corte demoró ese paso, condicionándolo a su previa renuncia a la Justicia Federal, que no sucedió), pero García-Mansilla sí, y hasta participó de una reunión de Acuerdo y estampó su firma en decisorios del Tribunal. Tras el rechazo del Senado, se retiró discretamente.

Manuel García-Mansilla, Ricardo Lorenzetti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Rosatti, durante la apertura del 143 período de sesiones ordinarias del Congreso. Xinhua.

En ese marco, Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte, sostuvo públicamente la necesidad de completar los integrantes del tribunal con criterios de diversidad de género y representación, al mismo tiempo que rechazó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fuera tratada como “presa política”, defendiendo el rol autónomo del Poder Judicial.

Lorenzetti, señalado como impulsor de la candidatura de Lijo, sostuvo durante el año una dura interna con los otros dos miembros de la Corte, que se arrastra desde hace varios años y quedó de manifiesto públicamente a fines de 2024, por cuestiones organizativas internas y en el marco de la salida de Juan Carlos Maqueda.

Aún así, el enfrentamiento no bloqueó la tarea jurisdiccional, obligada a la unanimidad de los tres jueces, para compensar los dos cargos vacantes y no necesitar acudir a conjueces.

En este contexto, la Corte siguió acogiendo y acumulando durante el período una serie de reclamos de distintas provincias contra el Estado nacional, fundamentalmente por cuestiones previsionales, distribución de recursos o recorte de fondos. Entre ellos, el que sostiene Santa Fe por el pago de la deuda previsional acumulada, y también la remisión periódica de fondos.

Maximiliano Pullaro compareció ante la Corte Suprema de Justicia por la deuda que mantiene Nación con la provincia. Lo hizo acompañado por dos ex mandatarios: Antonio Bonfatti y Omar Perotti. Archivo El Litoral

Pero además, tarde o temprano el Alto Tribunal deberá sentar criterio definitivo sobre las reformas que lleva adelante el gobierno nacional, y las que tiene en proceso, muchas de las cuales han sido objetadas e incluso ya tienen pronunciamientos en contra en sede judicial.

Esto aplica incluso al mismo DNU 70/2023, para lo cual (según confirmó el propio Rosatti en recientes declaraciones), están esperando que se complete el trámite constitucional en el parlamento. Otro tanto corre para la ley Bases y sus derivaciones.

Fuera de lo cual, Rosatti, además de insistir en la necesidad de cubrir las vacantes en el fuero federal y ratificar la independencia absoluta del Poder Judicial (“sólo miro la ley y la Constitución”), formuló advertencias sobre una eventual dolarización de la economía.

También recordó el carácter “difuso” del control de constitucionalidad, por lo cual, por ejemplo, cualquier magistrado está facultado a expedirse sobre cuestiones como la reforma laboral; más allá de la posterior revisión por órganos superiores. Claro pronóstico de un 2026 de expedientes agitados.

En tanto, en medio de la agenda institucional, la Corte Suprema fue escenario de un hecho insólito y de alto impacto histórico. En mayo de 2025, funcionarios judiciales que trasladaban documentación para la creación de un Museo Institucional del tribunal encontraron cajas con material vinculado al nazismo en el subsuelo del Palacio de Tribunales.

Según informó la Corte, las cajas —que habían estado olvidadas desde 1941— contienen documentos de propaganda nazi, libretas con esvásticas, fotografías y pasaportes vinculados al régimen de Adolf Hitler.

El Gran Rabino de AMIA participó de la apertura de cajas con documentación junto al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, el director del Museo del Holocausto, autoridades e investigadores. Archivo El Litoral

Rosatti encabezó la apertura formal de las cajas en presencia de autoridades del Museo del Holocausto de Buenos Aires y representantes de la comunidad judía, subrayando la importancia de preservar y analizar el contenido para aportar información histórica sobre el Holocausto y las redes de propaganda en Sudamérica.

El material nazi encontrado, como los 40 años del juicio a las Juntas Militares que también fue recordado este año, no sólo remite a episodios complejos de la historia argentina y mundial, sino que también posiciona a la Corte en un rol activo en la preservación de la memoria histórica, abriendo nuevas preguntas sobre el pasado y su interpretación contemporánea.

Mientras tanto, las discusiones sobre el equilibrio de poderes y la composición del tribunal seguirán marcando la agenda pública y jurídica en los próximos meses.

El Senado nacional retoma este martes el debate de los proyectos referidos a la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la mayoría de los cuales impulsa la ampliación en el número de sus miembros. Actualmente está fijado en 5 pero, tras los intentos frustrados por cubrir las vacantes existentes, funciona con 3: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los diez proyectos a considerar por el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales incluyen también la paridad o cupo de género, además de la representatividad territorial.

El debate por la ampliación de la Corte, que cuenta con un antecedente reciente de 2022, con una media sanción del Senado impulsada por el entonces Frente de Todos, comenzó a finales de mayo pasado, luego del histórico rechazo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. En el interín se produjo la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, que revitalizó las críticas del peronismo al Tribunal (sobre el que en 2023 desató un intento de juicio político) y el impulso a la modificación de su composición, sumando incluso un nuevo proyecto a los existentes hasta entonces, firmado por Juliana Di Tullio.

En este punto, sobre la mesa hay una decena de iniciativas. Corresponden a Silvia Sapag (UP), Nora del Valle Giménez (UP), Flavio Fama (UCR), Juan Carlos Romero (LPU), Alejandra Vigo (LPU), Lucila Crexell (LPU), Mónica Silva (JSRN), Edith Terenzi (LPU) y Juliana Di Tullio (UP).

Las iniciativas se enfocan en tres líneas temáticas: ampliación de miembros de la Corte (Romero pidió pasarla de 5 jueces a 7, Silva y Di Tullio promueven aumentarla a 9, Sapag planteó llevarlo a 15); paridad de género (Crexell, Giménez, Silva, Fama, Vigo, Di Tullio y Sapag); y distribución de los magistrados en cinco regiones federales, que no puedan tener más de dos representantes cada una (Silva).

De acuerdo a la Constitución, la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia requiere del voto positivo de dos tercios de los presentes del Senado, un trámite que con la composición actual es imposible llevar adelante sin un acuerdo del oficialismo con Unión por la Patria. Por eso, luego de los rechazos de los pliegos de Lijo y García-Mansilla (quien ocupó el sillón brevemente y por decreto), el PJ apura la aprobación de los cambios para antes de fin de año, y el gobierno se mantiene al margen y apunta a dejarlos para después de la renovación parlamentaria en diciembre.

La Corte de cinco, con tres miembros: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti. Crédito: Archivo El Litoral.

El 28 de mayo fue el último encuentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en donde se discute la reforma. La senadora cordobesa Alejandra Vigo, presidenta de Asuntos Constitucionales, aseguró entonces que se buscaría escuchar a "todas las voces" y el debate llevaría "el tiempo que haga falta" para lograr consensos.

En ese plenario expusieron María Esther Cafure de Battistelli, asesora y delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en Córdoba; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez; Ricardo Gil Lavedra, en su condición de presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; el constitucionalista y convencional constituyente Alberto García Lema; y Liliana Piccinini, jueza del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

Entre las posturas se destacaron las de Gil Lavedra, quien consideró inoportuno ampliar el máximo tribunal; y Gil Domínguez, quien se mostró a favor de ampliarla, pero opinó que debía ser en el marco de una discusión más integral.

Gil Lavedra se apoyó en la crisis de confianza social hacia la Justicia, y la atribuyó en buena medida a la recurrente modificación en su número de miembros. "Yo sospecho que si en la discusión se abre la suspicacia de que la modificación de los miembros de la Corte responde a intereses políticos, esto va a deteriorar más la confianza de la gente. Esto es evidente, lo que primero tenemos que hacer es tratar de estabilizar la institución. Que de nuevo se vuelva a ampliar por intereses meramente políticos no va a ayudar precisamente a restablecer la confianza.

Ricardo Gil Lavedra, ex juez del Juicio a las Juntas Militares. Crédito: Flavio Raina.

"Por supuesto, ninguno de los proyectos trae la cuestión de la división en salas de la Corte. Y este es un punto estratégico. Sin duda es un aspecto controvertido, ¿no? Porque hay algunos doctrinarios que piensan que se podría dividir en salas, y en consecuencia podríamos aumentar el número". Tras aclarar que considera que ello no corresponde, advirtió que "si la Corte no se puede dividir, cada ampliación de miembros repercute en la eficacia, porque tiene que pasar el proyecto de sentencia por más miembros, como decía la famosa acordada 44 del año 89. En consecuencia, el número de miembros de la Corte tiene que ser escaso. Es decir, no debe ser muy numeroso. Muchos jueces retardan las decisiones", remarcó.

En tanto, consideró "inadmisible que tengamos un tribunal superior compuesto exclusivamente por hombres. Es inadmisible con lo que requiere la Constitución, con lo que ocurre en todos los países del mundo occidental: no existen tribunales superiores compuestos exclusivamente por hombres. Por eso, me parecen muy bien todos los proyectos que contienen esto, como así también, que la Corte tiene una cuestión de la representación federal, eso está muy bien".

Por su parte, Gil Domínguez opinó que "tomando en cuenta el proceso histórico, el número de la Corte tendría que ser entre 9, 11 o 13 integrantes", y señaló que con un número mayor "tendría más relevancia la diversidad de géneros, que es una obligación que emerge de nuestra Constitución" y también de convenciones internacionales. También tomaría relevancia la perspectiva federal y "la diversidad ideológica entendida desde lo político o doctrinaria". "En esta aritmética estas variables tienen una posibilidad mayor de tener sustento, repercusión y garantía", añadió.

Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Crédito: Gentileza HSN.

Más allá de lo cual, dejó en claro que el punto "debe englobarse en un debate más amplio, que se vincula con la necesidad de tener una nueva ley orgánica que se dirija a reestructurar el funcionamiento integral de la Corte", planteó. Para el especialista, es necesaria "una ley que se encargue de delinear aspectos jurisdiccionales", al tiempo de "establecer claramente que la Corte tiene que tener plazos, agenda, orden cronológico".

A la reunión convocada para este martes fueron invitados como expositores Aída Tarditti, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba; Marcelo López Mesa, académico de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires; y Diego Hernán Armesto, abogado constitucionalista.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) designó al doctor Aurelio Cuello Murúa, juez federal de Venado Tuerto, como subrogante con competencia electoral en el Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Santa Fe. La medida estará vigente entre el 18 de julio y el 12 de diciembre de 2025, en un contexto político y judicial de especial sensibilidad, y en cuyo lapso se celebrarán las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Cuello Murúa ejerce como titular del Juzgado Federal de Venado Tuerto desde mayo de 2018 y cuenta con experiencia previa como juez subrogante en los juzgados federales de Rafaela, San Nicolás y la propia ciudad de Santa Fe. Esta trayectoria en distintos puntos del fuero federal le otorga un conocimiento amplio del funcionamiento judicial en la región.

La designación se produce tras la decisión de la CNE de apartar al juez Gastón Salmain, quien venía subrogando la competencia electoral en Santa Fe y había sido blanco de múltiples cuestionamientos. Su historial incluía resoluciones polémicas, antecedentes poco claros y presuntos vínculos con el imputado-arrepentido Juan Ignacio Vaudagna (ex titular del ARCA de Rosario y Santa Fe), lo que motivó incluso una investigación ordenada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

En reemplazo de Salmain, Cuello Murúa asume en una jurisdicción clave para el calendario electoral, con el objetivo de garantizar transparencia, previsibilidad y estabilidad institucional. Su función, definida por el Código Electoral Nacional (Ley Nº 19.945), incluye la aplicación de la normativa electoral, el control del patrimonio de los partidos políticos, la organización y fiscalización de los comicios, y la proclamación de autoridades partidarias, entre otras atribuciones sensibles.

La resolución fue notificada a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El ladrón que el año pasado intentó robarle la camioneta al doctor Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue condenado este miércoles a cuatro años de prisión, uno menos que los solicitados por la fiscalía.

El hecho investigado tuvo lugar en el estacionamiento Palacio de Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en mayo de 2024, y para el fiscal del caso, Diego Luciani, está encadenado con una serie de violentos incidentes destinados a “hostigar” y “asediar” a Rosatti.

La pena contra Damián Berruet fue impuesta por el Tribunal Oral Federal 2. El juez Néstor Costabel, a cargo del debate, informó este miércoles la decisión de condenar al acusado como “autor penalmente responsable del delito de robo en grado de tentativa doblemente agravado por haber hecho uso de un instrumento similar a una ganzúa y por tratarse de un vehículo en la vía pública”.

Además, el tribunal mantuvo la declaración de reincidencia de Berruet. Costabel ordenó proceder al decomiso de todos los efectos secuestrados. Los fundamentos de la condena se conocerán el próximo 6 de agosto.

Un rato antes, la defensa hizo su alegato y pidió que se imponga al acusado la pena mínima por tentativa de robo común. Este hombre también enfrenta un proceso por tentativa de homicidio a su ex pareja. Berruet, por su parte, volvió a negar que se tratara de un acto planificado.

El intento de robo sucedió el 30 de mayo de 2024, en las afueras del Palacio de Tribunales, mientras adentro se celebraba una audiencia pública con la presencia de Horacio Rosatti, jueces federales y representantes del Consejo de la Magistratura.

En ese contexto, Berruet fue sorprendido por un guardia cuando trataba de forzar la cerradura de una camioneta Toyota SW4 oficial, asignada al presidente de la Corte Suprema, dentro del estacionamiento reservado al máximo tribunal.

Armado con un objeto punzante, amenazó al custodio que lo descubrió y huyó a pie por la calle Uruguay. La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad y terminó dos cuadras después, cuando fue detenido en la esquina de Lavalle y Paraná por agentes de la Policía de la Ciudad.

Según describió en su alegato el fiscal Diego Luciani, el episodio debía ser leído en un contexto de “hostigamiento y asedio” que el juez santafesino viene sufriendo desde 2019.

Tras apuntar al “poder político del gobierno anterior”, Luciani mencionó como ejemplos el intento de hackeo al celular Rosatti y de otros magistrados, el juicio político que impulsó el kirchnerismo en 2023 contra los cuatro integrantes del máximo tribunal y hasta las pintadas que aparecieron tras el fallo que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner. “El objetivo era Rosatti”, advirtió.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, el día del hecho, el ladrón caminó durante casi un kilómetro y medio, donde pasó junto a por lo menos medio de centenar de autos, antes de llegar al estacionamiento apartado del Palacio de Tribunales. Las imágenes lo mostraron caminando por Uruguay, cruzando sobre Lavalle hacia Tucumán y luego a mitad de cuadra hacia el vehículo de Rosatti.

Había otras camionetas similares, pero se detuvo en la blanca. Chequeó la patente, dijo Luciani, y ahí volvió sobre sus pasos para abrirla. El fiscal subrayó en su indagatoria que, tal vez en un acto fallido, el acusado confesó que buscaba un celular.

En ese sentido, el fiscal señaló que interrogado por el Ministerio Público el acusado confesó el intento de robo. “Confesó lo que vimos en la cámara: lo que surge de los videos. El intento de robo asignada al doctor Rosatti, pero nos intentó hacer creer que el desconocía que era la que pertenecía a Rosatti”, dijo.

"Señor juez -agregó-, esto es una mentira. Ya vamos a ver cómo nos mintió en la cara a todos. A este Ministerio Público no le queda ninguna duda de que es uno más de los actos hostigamientos que tuvo que tolerar el presidente de la Corte Suprema de la Nación".

Según reseñó, “desde 2019” Rosatti ha sido “víctima de un hostigamiento persistente y sistemático”. Luciani habló del intento de robo del inmueble en Santa Fe en noviembre de 2023, “las pintadas y pasacalles intimidades” y la aparición de “artefactos sospechosos que debieron ser detonados”.

Además, enumeró el robo de las declaraciones juradas en el Consejo de la Magistratura de la Nación cuando Rosatti se convirtió en presidente del cuerpo, “sucesivos intentos de hackeos”, la creación de cinco líneas telefónicas a su nombre, “el robo de una mochila en un auto idéntico a este juicio que ocurrió tiempo antes también asignada a doctor Rosatti”.

También incluyó en esa lista la aparición de mensajes intimidatorios tras la condena que derivó en la detención de Cristina Kirchner. “Detrás de este hecho hay un trasfondo oscuro y sombrío que Damián Berruet oculta”, afirmó el fiscal.

(Por María José Valdéz) - Durante tareas de acondicionamiento del subsuelo del Palacio de Tribunales, personal judicial encontró por azar 12 cajas de madera con inscripciones de champagne Crillón. Al abrirlas, descubrieron una colección de documentos que incluye pasaportes, fichas de afiliación, libretas y propaganda del Partido Nazi en Argentina. El material data de la década de 1940 y había llegado al país en un barco japonés, según detallaron fuentes judiciales.

La documentación estaba relacionada con una causa abierta en 1941 y fue hallada en los archivos de la justicia nacional y federal. Contenía también fotografías, proclamas y sobres con símbolos nazis, y muchas de las libretas estaban escritas en alemán, con la esvástica como emblema. Algunas piezas contenían firmas de jerarcas del régimen nazi, y se encontraron documentos que podrían ser pasaportes y fichas con nombres y direcciones.

La Corte Suprema ya ordenó preservar e inventariar el material.

El hallazgo fue comunicado al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien dispuso su inmediata preservación y traslado a un área segura del edificio judicial, con vigilancia permanente. También se conformó un equipo especial para relevar e inventariar el material, que será evaluado con la asistencia del Museo del Holocausto de Buenos Aires.

“El objetivo será un minucioso relevamiento para determinar si hay información clave sobre el Holocausto o sobre la presencia de jerarcas nazis en Argentina”, explicaron voceros del máximo tribunal. Se estima que el partido nazi argentino llegó a tener cerca de 12.000 afiliados, de los cuales ocho habrían tenido cuentas en el antecesor del Credit Suisse. Las pistas contenidas en estas cajas podrían echar luz sobre el financiamiento de sus operaciones en el país.

La documentación estaba relacionada con una causa abierta en 1941.

La colaboración con el Museo del Holocausto se da en el marco de un convenio firmado entre la Corte, la Fundación Memoria del Holocausto y la Asociación de Abogados Judíos, con el fin de fomentar acciones de investigación y preservación de la memoria histórica. El pasado viernes, Rosatti encabezó un acto simbólico de apertura de las cajas, acompañado por el Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, y autoridades del Museo.

Personal judicial encontró por azar 12 cajas de madera con inscripciones de champagne Crillón.

La magnitud del hallazgo remite a otras investigaciones en curso sobre la llegada de criminales de guerra nazis a la Argentina, y podría brindar elementos clave para reconstruir redes de apoyo, financiamiento y refugio durante y después de la Segunda Guerra Mundial.

El gobierno de Javier Milei es el primero al que le rechazan en el Senado Nacional un candidato propuesto para juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En realidad fueron dos rechazos en la misma sesión.

Fue lo que ocurrió este jueves cuando la Cámara alta votó en contra, por amplia mayoría, los nombres de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla, propuestos por el Ejecutivo para integrar el máximo órgano de Justicia de la Nación. Ambos habían sido nombrados, además, por decreto y uno de ellos, García-Mansilla, ya había jurado como miembro del máximo tribunal.

Es un hito en la carrera presidencial del libertario Javier Milei. Pero no es la única "primera vez" en su tensa relación con el Congreso nacional. En septiembre de 2024 fue el primer presidente al que el rechazaron un decreto de necesidad y urgencia: es el caso del DNU 656 que establecía fondos reservados para la SIDE. Aquella disposición no pasó el filtro del Poder Legislativo.

El Presidente Javier Milei en su primer discurso como Presidente, de espaldas al Congreso Nacional.

Volviendo al rechazo de los pliegos para jueces de la Corte y mientras se redefine el panorama de García-Mansilla, quien juró como su cuarto integrante a fines de febrero pero obtuvo este jueves el rechazo de 51 senadores, es interesante analizar cómo se tramitaron situaciones similares en años anteriores.

Aquí vale una aclaración: no siempre los pliegos enviados por el Ejecutivo tuvieron apoyo en el Congreso; en todo caso, sin un consenso garantizado, fueron retirados a tiempo, antes de que el intento se materialice en derrota.

Otro detalle: tampoco es la primera vez que dos jueces de la Corte son designados en comisión por el Presidente de la Nación: lo fueron también Horacio Rosatti (actual presidente del máximo tribunal) y Carlos Rosenkrantz. Ambos fueron nombrados por Mauricio Macri pero obtuvieron luego un amplio apoyo en el Senado. Y asumieron en sus cargos recién después de cumplida esa instancia.

El sitio especializado Parlamentario.com hace un repaso de escenarios similares que tuvieron una resolución, cuanto menos, decorosa.

En primer lugar, alude a Daniel Reposo, propuesto por Cristina Fernández de Kirchner para el cargo de procurador general de la Nación en reemplazo de Esteban Righi, quien renunció en 2012.

Reposo fue el elegido para reemplazarlo, pero su nombramiento no prosperó luego de que se detectaran errores en su currículum. Con la certeza de que no tendría aval del Senado, Fernández de Kirchner decidió retirar el pliego y propuso a Alejandra Gils Carbó, que sí consiguió con holgura los dos tercios necesarios.

Más tarde Gils Carbó se revelaría demasiado alineada con el Gobierno kirchnerista, por lo que cuando asumió Mauricio Macri en 2015 comenzó a reclamar su renuncia, la que se materializó cuando Cambiemos ganó las elecciones intermedias. En su reemplazo fue propuesta Inés Weinberg de Roca, cuyo pliego fue luego retirado luego de que Macri perdiera las elecciones, explica el mismo sitio.

Alberto Fernández propuso como procurador general al juez federal Daniel Rafecas, pero el kirchnerismo frenó el tratamiento de ese pliego durante los cuatro años de gestión de esa administración, y su designación se extinguió sin ser considerada nunca en la Comisión de Acuerdos.

En el caso de la Corte Suprema, cuando Eugenio Zaffaroni renunció a su cargo por haber cumplido la edad límite aceptada por la Constitución, Cristina Kirchner propuso nombrar en su reemplazo a Roberto Manuel Carlés, postulación que elevó el 28 de enero de 2015, último año de gestión de una presidenta que no tenía posibilidad de reelección: 28 integrantes del Senado de la a oposición firmaron un compromiso para no otorgar la aprobación de ese ni ningún otro candidato que postulara la entonces mandataria nacional.

Imagen ilustrativa. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Crédito: Fernando Nicola

Igual, Carlés participó el 31 de marzo de 2015 de una audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, que emitió dictamen favorable. Como el pliego quedó inmovilizado, poco antes de las elecciones presidenciales de octubre el Gobierno retiró la postulación, y envió al Senado otros dos postulantes: Eugenio Carlos Sarrabayrouse, para cubrir la vacante de Zaffaroni, y Domingo Juan Sesín, por la vacante que a fin de año dejaría Carlos Fayt al jubilarse. Fueron candidaturas testimoniales: el Senado aprobó el ingreso de esos pliegos tres días antes de que Macri ganara el balotaje, y fueron retirados cuando el Gobierno de Cambiemos asumió. Los reemplazó por los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, designados originalmente en comisión, pero luego aprobados por el Senado por 60 y 58 votos a favor, más de los dos tercios necesarios.

A ambos debut de la actual gestión nacional en su vínculo con el Congreso, se suma otra novedad. El mandatario nacional inauguró la modalidad de reconducir el Presupuesto por dos años consecutivos.

En efecto, la hoja de ruta de los gastos y recursos, como se define a la "ley de leyes" es la misma que las Cámaras legislativas le aprobaron al gobierno de Alberto Fernández en 2023.

Sin impulsar un nuevo proyecto, aquel Presupuesto siguió vigente en 2024 y sigue en pie todavía para este año, a pesar de la presentación hecha por el propio Milei (otra primera vez en que un Presidente expone el Presupuesto ante el Congreso) en cadena nacional y en horario central del último domingo 15 de septiembre. Una decisión inédita que vuelve una y otra vez al debate de las Cámaras en forma de reclamo de la oposición, incluso la denominada "amigable", pero que sigue sin resolución.

Manuel García Mansilla juró este jueves como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La decisión fue adoptada por los miembros del máximo tribunal en una reunión realizó esta mañana en Tribunales.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti aún no unificaron un criterio con respecto al otro jurista designado por el Gobierno para integrar el tribunal, Ariel Lijo.

“En el Acuerdo de Ministros del día de hoy, conforme al decreto del PEN 137/2025 del pasado 25 de febrero, y encontrándose cumplidas todas las formalidades correspondientes, se decidió tomarle juramento como ministro de la CSJN al Dr. Manuel José Garcia Mansilla”, consigna la información oficial. Y añade que “en el próximo Acuerdo del día 6 de marzo se tratará la solicitud de licencia extraordinaria del Dr. Ariel Lijo”.

Esto significa que, a diferencia de García Mansilla, Lijo no estaría este sábado durante el discurso de Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, al menos en calidad de miembro de la Corte.

Manuel García Mansilla jurará este jueves como juez de la Corte Suprema.

Una de las cuestiones involucradas es es status de Lijo que, para asumir en la Corte, debe dejar su puesto en la Justicia Federal. A tal efecto, el magistrado pidió licencia, y la Cámara Federal porteña aceptó concedérsela. Pero la cuestión fue remitida para su determinación final a la propia Corte.

La otra cuestión es la aceptación o no del trámite de nombramiento que, a falta del acuerdo del Senado que exige la Constitución Nacional, consistió en el mentado nombramiento “en comisión”, que la Carta Magna autoriza para empleos públicos, cuando el Congreso esté en receso. El encuadre correspondiente también es materia de debate jurídico, y naturalmente político, ante el hecho de que el funcionamiento regular del Congreso se reactiva en cuestión de horas, y la percepción de que los candidatos no contaban con suficiente nivel de consenso.

El documento oficial.

La Constitución Nacional (art. 99, inc. 19) establece que el Presidente “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. Es decir, es un mecanismo de excepción, con escasos antecedentes, y sólo habilitado en períodos en los que el Congreso no está en funcionamiento.

Al respecto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, argumentó que el decreto con la designación de los ministros se debió porque "no hubo acuerdo" con la oposición en el Senado.

"El decreto fue porque no hubo acuerdo, no porque no tuviéramos los votos. Siempre hay tironeo en la política", señaló Francos en declaraciones a radio Rivadavia. E insistió: “Hay que esperar el debate; los pliegos de los jueces y pedidos de acuerdo están desde el mes de mayo en el Senado, hicieron todos los trámites y procedimientos".

Francos le bajó el tono a la polémica, alimentada por el rechazo expreso de distintos bloques legislativos y la amenaza de rechazar los nombramientos en el recinto, al advertir que el Senado "tiene la chance" de aprobar los pliegos de ambos candidatos "en el curso del año".

"Hay que esperar el debate; los pliegos de los jueces y pedidos de acuerdo están desde el mes de mayo en el Senado, hicieron todos los trámites y procedimientos que, se prevén, están previstos para estas designaciones, pero no obtuvieron acuerdos", reseñó Francos en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

El ministro coordinador señaló que "se volvieron" a presentar los pliegos de Lijo y García-Mansilla "como tema de sesiones extraordinarias", pero "no se trataron y entonces el Poder Ejecutivo los designó por decreto hasta el 30 de noviembre de este año, cuando termine el período ordinario de sesiones".

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Crédito: Archivo.

"El Senado tiene la chance de poder tratarlos en el curso del año", ponderó Francos en diálogo con esta agencia. Lo que no adelantó es si el Ejecutivo aceptará ese rechazo o si, como adelantan algunas versiones, considerará que el cuerpo legislativo no tiene facultades para avanzar sobre una decisión presidencial ya consumada.

En tal sentido, en el gobierno muchos consideran que ni el Senado ni la Justicia pueden revocar ese nombramiento, ya que ese decreto es una atribución "exclusiva" del presidente conferida por la Constitución. Tanto es así que la previsión es que los nuevos ministros sean presentados como tales este sábado en el Congreso.

La Constitución establece que para designar a un juez de la Corte el Poder Ejecutivo debe elegir a un postulante y luego el Senado debe aprobarlo por mayoría de 2 tercios para convertirlo en magistrado. Además, el Decreto 222/2003 reglamentó la participación de la sociedad civil a través de la realización de audiencias en las que se pueden presentar impugnaciones y apoyos a las candidaturas.

En abril de 2024 el Gobierno anunció la postulación de Lijo y García-Mansilla como candidatos a ocupar las 2 vacantes en el máximo tribunal. A fines de mayo, y tras el período de adhesiones e impugnaciones, envió ambos pliegos al Senado. A fines de agosto los postulantes concurrieron al Senado para responder preguntas de los integrantes de la Comisión de Acuerdos.

Ariel Lijo.

Luego, el trámite de ambos expedientes se estancó porque los candidatos no reunían las firmas necesarias para conseguir dictamen de comisión. El presidente Javier Milei incluyó estas designaciones en el temario de acuerdos para las sesiones extraordinarias y hace 2 semanas el pliego de Lijo obtuvo dictamen favorable, pero no el de García-Mansilla.

Como se explicó, los nombramientos tienen vigencia hasta que finalice el próximo período de sesiones ordinarias, que comienza este sábado 1 de marzo y termina el 30 de noviembre. En paralelo, el Gobierno anunció que insistirá con los pliegos de los candidatos para realizar el procedimiento regular que prevé la Constitución, con acuerdo del Senado.

Corte Suprema de Justicia. Foto: Fernando Nicola

Si el Senado no trata los pliegos, las designaciones en comisión estarán vigentes hasta el 30 de noviembre. Si los aprueba y presta acuerdo, con el voto de los 2 tercios de los presentes, los jueces tendrán estabilidad en el cargo. Si el Senado lo trata y los rechaza, la Constitución no indica qué sucede con los nombramientos en comisión. Y la vía de destitución de los jueces de la Corte es el juicio político.

Lijo es juez federal porteño desde 2004. Asumir como ministro de la Corte implica dejar ese juzgado. Sin embargo, el magistrado, ante la posibilidad de que ese nombramiento pudiera no perdurar más allá del 30 noviembre, pidió licencia sin goce de haberes como juez federal. La Cámara Federal porteña, el tribunal de alzada del juzgado de Lijo en Comodoro Py, aceptó su pedido de licencia.

El presidente de la Nación decidió encabezar la reunión semanal del Gabinete nacional ampliado este martes en Casa Rosada, y no como viene siendo habitual los días jueves.

Luego de su viaje a los Estados Unidos -en medio del conflicto por la criptomoneda $LIBRA- donde los objetivos planteados por el Gobierno se consideran realizados, hubo asistencia perfecta en el Salón Eva Perón del primer piso de la sede gubernamental.

Ariel Lijo, juez federal.

Aunque una de las normas del denominado ‘triángulo de hierro’ es que no se filtren a la prensa los temas tratados en este tipo de encuentros, El Litoral pudo saber que uno de los puntos que se tuvo en consideración es la incorporación del juez Federal, Ariel Lijo y el académico, Manuel García-Mansilla, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la firma de un decreto que ya fue elaborado por el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Javier Herrera Bravo.

De esta manera, ambos juristas se sumarán al principal tribunal del país -antes de la apertura de Sesiones Ordinarias del próximo sábado 1 de marzo- junto a los demás ministros de la CSJN: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Algo que ocurre tras la salida de Juan Carlos Maqueda, quien cumplió el límite de edad de 75 años. De este modo, también se completa la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco.

Recordemos que el pliego de Lijo iba a ser tratado en el Senado el viernes pasado, y aunque el oficialismo presionó con el objetivo de incorporar el tema en el orden del día, luego tuvo que retirarlo y suspender la sesión tras contabilizar que no estaban los números necesarios.

Vale aclarar que la designación a través de este mecanismo se va a extender hasta el fin del año parlamentario, es decir, por nueve meses. En el caso de Ariel Lijo, deberá renunciar a su cargo antes de integrar el tribunal supremo.

Manuel García-Mansilla, también llegaría por decreto a la Corte.

En Balcarce 50 se minimiza la cerrada negativa que la oposición ya adelantó que intentará imponer al mecanismo de nombramiento. Desde el bloque en la Cámara alta -que lidera Cristina Kirchner- ya adelantó uno de sus laderos, el formoseño José Mayans, que, si se ejecuta la designación bajo el recurso del decreto se va a pedir una sesión especial para votar la destitución del letrado.

Otros de los actores políticos que se opusieron públicamente a la nominación del magistrado de Comodoro Py fueron el expresidente Mauricio Macri y la titular del cuerpo senatorial -y actual vicepresidenta-, Victoria Villarruel.

Un antecedente, pero a la inversa, ocurrió en diciembre de 2015, cuando Macri -apenas asumido al frente de la administración de Cambiemos- nombró a Rosenkrantz y Horacio Rosatti por medio del Decreto 83. Hecho que se dio una vez confirmada la renuncia del ya fallecido Carlos Fayt y la salida, un año antes, de Eugenio Raúl Zaffaroni.

Lo cierto, es que las críticas opositoras del momento hicieron que ambos legistas aguardaran tener el aval del Senado para jurar como miembros de la Corte.

En el marco de la causa que dio origen a la Ley Micaela, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos por defectos en materia de abordaje de violencia de género y su perspectiva.

El reclamo de justicia por Micaela García impactó en todo el país y derivó en la ley que lleva su nombre, orientada a combatir la violencia de género. Crédito: Archivo El Litoral

La joven Micaela García, de 21 años, desapareció el 1 de abril de 2017, en la ciudad de Gualeguay. Una semana después su cuerpo fue encontrado sin vida y con signos externos de haber sufrido una muerte violenta y un ataque sexual, a manos de Sebastián Wagner, un hombre que tenía antecedentes penales por abuso e incluso una condena, pero gozaba de libertad condicional.

La lucha por justicia que encabezaron los padres de la joven impactó al país y promovió la sanción de una normativa que busca concientizar sobre las desigualdades y violencia de género a todos los agentes públicos. El resultado fue la sanción, en diciembre de 2018, de la ley 27.499 (conocida desde entonces como "Ley Micaela").

En este caso, fueron llevados a juicio oral, además de Wagner, su hijastro, Gabriel Ignacio Otero y Néstor Pavón, su empleador en un taller mecánico. Todos acusados de abuso sexual y homicidio calificado por alevosía y femicidio.

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de la ciudad de Gualeguay condenó a Wagner a prisión perpetua por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causae y violencia de género; a Pavón solamente como autor del delito de encubrimiento agravado, a cinco años de prisión, y absolvió a Gabriel Otero.

Luego de eso, la Cámara de Casación de la ciudad de Paraná confirmó la condena de Wagner y, respecto de Pavón, hizo lugar a los recursos de las partes acusadoras, anuló la sentencia en todo lo referente a su intervención y remitió la causa al tribunal de origen para que se realice un nuevo juicio oral y se dicte una nueva sentencia.

El fallo fue firmado por Rosatti, Maqueda y Lorenzetti. Rosenkrantz disintió acerca de la procedencia formal del recurso. Crédito: El Litoral.

El 31 de julio de 2020, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hizo lugar a la apelación de Pavón. Declaró mal admitidos por la Cámara de Casación los recursos de las partes acusadoras, anuló la sentencia que había ordenado realizar un nuevo juicio oral contra Pavón y le reenvió el caso para que abordara el recurso interpuesto por su defensa. En tanto, rechazó el planteo de Wagner.

Contra esa decisión, la querella y la fiscalía presentaron sendos recursos extraordinarios, que fueron rechazados por el superior tribunal local. Tras la presentación de un recurso de queja, el caso llegó al Máximo Tribunal que, con la firma de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a los planteos de la querella y la fiscalía, y dejó sin efecto la sentencia del tribunal entrerriano.

El Máximo Tribunal remitió a los fundamentos del dictamen de la Procuración. Allí se advirtió sobre los defectos en la resolución recurrida en materia de abordaje de género. En el caso, dijo la Procuración, los recurrentes demostraron que la vía utilizada fue restringida infundadamente en transgresión a la garantía del debido proceso. Por otro lado, aunque se trate de temas de hecho y prueba, ajenos a la vía del recurso extraordinario, fueron resueltos arbitrariamente.

"Esa deficiente fundamentación, que bastaría para desestimar lo resuelto, adquiere mayor entidad al haberse omitido considerar el sub judice a la luz de la ley 26.485, reglamentaria de la Convención de Belém do Pará, que establece que la víctima de la violencia de género tiene derecho a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados y que las pruebas deben evaluarse de acuerdo con el principio de la sana crítica y se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes", señaló.

La Procuración también se expidió sobre la arbitrariedad del tramo de la decisión impugnada en cuanto había concluido que la participación de Pavón en el homicidio no estaba probada. Así, sostuvo que el Superior Tribunal entrerriano no había fundamentado esa conclusión ni había refutado los argumentos del tribunal de casación que habían afirmado lo contrario.

"La decisión impugnada fue dictada el 31 de julio de 2020, cuando ya había entrado en vigencia la ley 27.499 que lleva el nombre de la víctima del hecho que ha sido objeto de este proceso: 'Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado'", y a pesar de ello, "fue desatendida en la sentencia que aquí se recurre", agregó.

Por eso, concluyó que "la decisión recurrida no es un acto judicial válido en tanto convalida una sentencia que valora arbitrariamente la prueba y desconoce el derecho al recurso que la ley reconoce a la parte, máxime tratándose de una víctima de violencia de género respecto de la cual el Estado ha asumido una obligación reforzada que exige actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer".

En disidencia, Carlos Rosenkrantz entendió que el recurso extraordinario, cuya denegación originó la queja, es inadmisible (artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

La confirmación por parte del jefe de Gabinete Guillermo Francos de que el gobierno nacional tiene "en análisis" la posibilidad de nombrar por decreto a los próximos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ya había anticipado días atrás, disparó una serie de especulaciones políticas con impacto decisivo en la órbita de los tres poderes del Estado.

"Hicimos una propuesta que no fue tratada aún por el Senado. Estamos ante una Corte que va a quedar con menos miembros en poco tiempo, y hay una preocupación del Gobierno con que esté integrada", expresó Guillermo Francos.

La fecha de corte es el 29 de diciembre, cuando Juan Carlos Maqueda cumpla los 75 años y se jubile, y el Alto Tribunal quede integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti; la mínima expresión para permitir el funcionamiento de un cuerpo que, por ley, está compuesto por cinco integrantes. La propuesta del gobierno es la del juez federal Ariel Lijo para cubrir la vacante que dejó Elena Highton en 2021, y el académico Manuel García-Mansilla para reemplazar a Maqueda. Lijo es el que más cuestionamientos recibe, pero García-Mansilla el que menos apoyos tiene. Hasta este punto, el gobierno nacional mantuvo firme la tesitura de condicionar una candidatura a la otra: "Los dos o ninguno", sostuvieron sus voceros. Pero el curso de los acontecimientos (y la variante pragmática), habilita otros múltiples escenarios.

Escenario 1: La Corte de tres. Es el que quedará configurado a partir del 29 de diciembre, tras la jubilación de Maqueda. Integrado por Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, el Tribunal podrá funcionar sin inconvenientes en la medida en que exista unanimidad en las decisiones (ya que serán tres votos sobre un total ideal de cinco). Pero cuando no haya acuerdo total, como ha sucedido en los últimos tiempos en muchas causas de trascendencia, el quórum deberá ser completado con conjueces, para desempatar. Esta misma situación se dio en 2015, tras el retiro de Carlos Fayt, que hizo que el Tribunal operase con tres miembros (Maqueda, Highton y Lorenzetti) durante seis meses, hasta el ingreso de Horacio Rosatti, en junio de 2016, y Carlos Rosenkratz en agosto de ese mismo año.

Escenario 2: El Senado aprueba los pliegos. Desde el punto de vista institucional y también político, esto sería "lo mejor", como dejó sentado el propio Francos. Pero advirtió como condicionante para obtener ese resultado que llegar a él "cuando estás en una minoría parlamentaria, cuesta un esfuerzo enorme". Precisamente, La Libertad Avanza contaría con el apoyo de la mayor parte de sus aliados (aunque algunos senadores, como la santafesina Carolina Losada, el cordobés Luis Juez y el ex libertario Francisco Paoltroni ya dejaron sentado su rechazo a Lijo), pero no tiene ninguna posibilidad de lograr la aprobación sin el voto de al menos una parte de los 33 integrantes del bloque kirchnerista. Ambos candidatos comparecieron en agosto ante la Comisión de Acuerdos en audiencia pública, pero la falta de consenso suficiente hizo que el tratamiento se dilate, y sus pliegos todavía ni siquiera tienen dictamen. Luego de ello, necesitarán el respaldo de dos tercios de los miembros del Senado.

Escenario 3: El Ejecutivo nombra a los dos jueces por decreto. En caso de que el tratamiento en el Senado se siga demorando, y que tampoco se convoque a extraordinarias con alguna expectativa de que los pliegos sean aprobados, el Presidente podría avanzar con la designación por decreto por la "preocupación del gobierno de que la Corte esté integrada". Este camino es el que intentó recorrer Mauricio Macri en el inicio de su gestión, en diciembre de 2015, cuando propuso a Rosatti, y a Ronsenkrantz. Pero ante las críticas recibidas, aceptó esperar y mandó los pliegos al Senado, dondo obtuvieron amplio respaldo. El recurso a esta vía se basa en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, donde incluye entre las atribuciones del Presidente la de "llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura". Para muchos especialistas, es erróneo equiparar el caso de la Corte Suprema al de "vacantes en empleos" y, por lo tanto, inconstitucional.

La variante que forma parte de este escenario es si los candidatos estarían dispuestos a aceptar el nombramiento por decreto y en comisión. No necesariamente por convencimiento jurídico, sino también criterios de conveniencia. Por caso, para asumir Lijo debería renunciar como juez federal, pero podría encontrarse con que después, y una vez nombrado, el Senado rechace su pliego. O que, si sigue sin haber pronunciamiento, el plazo de la "comisión" se venza al término de 2025, cuando deje de existir el Congreso en su actual composición.

Escenario 4: El Senado rechaza los pliegos. Esta variante es la que impediría que Lijo y García-Mansilla puedan integrar la Corte, ya que una vez el Senado se haya pronunciado en contra, el Ejecutivo no puede nombrarlos por decreto y en comisión, contrariando la voluntad expresada por el cuerpo legislativo. En ese caso, deberá designar a otros dos candidatos, o eventualmente avanzar por decreto, pero también con otros nombres.

Escenario 5: El Senado aprueba uno de los pliegos y rechaza el otro. En este sentido, las autoridades nacionales habían anticipado el criterio de que los dos pliegos deben funcionar en tándem, y que si no hay aprobación para ambas propuestas, las dos quedan sin efecto. "Nosotros pensamos la propuesta respetando un equilibrio. Uno es más académico y el otro tiene un perfil más de carrera. Si no van los dos, ese equilibrio se rompe, así que no tendría sentido. En ese caso retiramos las propuestas y enviaremos a otros candidatos", advirtió en su momento una fuente cercana a Milei. La reglamentación no prevé qué ocurre en caso que, aún sin haber sido tratado un pliego, el Poder Ejecutivo envía otra propuesta para integrar la misma vacante. Esto ha ocurrido en su momento con las propuestas de designación de Rosenkratz y Rosatti, cuando todavía tenían estado parlamentario las propuestas de Eugenio Sarrabayrouse y Juan Sesín, formuladas en su momento por Cristina Fernández de Kirchner y que no llegaron a tratarse. En este caso, Macri retiró los pliegos presentados por su predecesora, y el Senado aprobó esa medida.

Escenario 6: El Senado aprueba el pliego de Lijo y el de otra candidata. La opción inicialmente descartada de bajar a uno de los candidatos como parte de una negociación para que el otro sea aprobado, cobró fuerza en los últimos días luego de que la kirchnerista Lucía Corpacci acompañase con su firma el dictamen de Lijo, y lo puso muy cerca de obtener las nueve necesarias en la Comisión de Acuerdos (no es el caso de García-Mansilla, al que le faltan varias más). La presunta negociación permitiría al gobierno contar con el acompañamiento del kirchnerismo para entronizar a Lijo, a cambio de sacrificar a García-Mansilla en beneficio de una postulante propuesta por ese espacio, que podría ser la ex senadora nacional santafesina María de los Ángeles Sacnun. En este escenario queda por determinar cuál será el temperamento a adoptar por la oposición "dialoguista", que podría formar parte de una discusión en la que se incorpore también al Procurador de la Corte y a las numerosas vacantes en la Justicia Federal.

Por Horacio Rosatti (*)

Hay ciudades que tienen, desde su mismo origen o por un avatar posterior, el privilegio -o la desgracia- de estar atravesadas por un signo que las distingue. No conozco una ciudad en el mundo que, sin haber sido capital de país, haya sido sede de la redacción de la Constitución nacional originaria y de casi todas sus reformas posteriores. Salvo Santa Fe. Este hecho puede ser considerado relevante o puede ser ignorado. Depende de cada generación de vecinos. Y, lógicamente, de sus gobernantes.

Foto histórica del Cabildo lamentablemente desaparecido en el que sesionaron los constituyentes del Congreso General de 1853 y las convenciones reformadoras de 1860 y 1866. Fue tomada por el italiano Pietro Tappa en 1862. Muestra el exacto edificio de las deliberaciones constitucionales antes de sufrir agregados que afectaron su estructura y determinaron su demolición en la primera década del siglo XX. Crédito: Museo Histórico Provincial Brig. Gral. Estanislao López.

Hace muchos años visité la ciudad de Filadelfia, que en 1787 fue la cuna de la Constitución federal de los Estados Unidos, todavía vigente, para entrevistarme con sus autoridades locales. Recorrí su casco histórico, el Independence Hall donde se reunieron George Washington, Benjamín Franklin, James Madison y Alexander Hamilton y contemplé la Campana de la Libertad. Presentía que esa comunidad estaría orgullosa del hito histórico que la había tenido como telón de fondo y que aprovecharía esa ventaja con relación a otras ciudades del país. Pero me equivoqué. Frente a mi inquietud, recibida con cierta sorpresa, el alcalde me dijo que la ciudad que gobernaba era conocida por personajes como el pugilista Joe Frazier, la escalinata del Museo de Arte -"la escalinata, no el Museo", me aclaró- inmortalizada por Sylvester Stallone en Rocky -una película que también refiere al coraje de un boxeador- y por ciertos hechos de violencia.

¿Qué ventajas relativas deberían derivar de ser una ciudad constitucional? La identificación con la norma jurídico-política más importante del país debería reflejarse no sólo en la fisonomía de la ciudad, en su simbología, sus monumentos, el nombre de sus calles, la especificidad de sus museos, la denominación de su oferta gastronómica, y varios etcéteras. También debería reflejarse en la conducta de sus vecinos.

Fragmento del cuadro "Los constituyentes del 53", de Antonio Alice, que documenta el crucial momento de la noche del 20 de abril de 1853, en el que el diputado por Santa Fe, Juan Francisco Seguí, replica los argumentos de Facundo Zuviría, presidente del Congreso, y genera adhesiones que permiten continuar la tarea de los congresales hasta la aprobación del texto constitucional. Crédito: Archivo El Litoral.

El respeto por las normas más sencillas de la convivencia (por ejemplo, reunirse para diseñar pautas de conducta o rutinas de ayuda a los más vulnerables, establecer un día en el que sean los vecinos y no sólo el municipio quienes se encarguen de limpiar calles y plazas, o simplemente sacar la basura en el horario correspondiente) expresarían un rasgo diferencial de cultura cívica propio de una "ciudad constitucional".

Ese signo o sino esparció su magia para que, en un país convulso, constituyentes con distinta ideología hayamos dejado de lado perspectivas sectoriales disímiles por espacio de tres meses construyendo una obra colectiva. Entre tantos ejemplos de superación, recuerdo haber mirado a los costados de mi banca y ver sentados a Raúl Alfonsín y a Aldo Rico (quienes habían protagonizado el episodio que culminó con "felices Pascuas" y "la casa está en orden") a diez metros de distancia, interviniendo sin interrumpirse. Se trató, tal vez, del último acto de política arquitectónica en el país; porque antes de la asamblea constituyente había habido grieta y después también.

Con la más amplia representación política de nuestra historia constitucional, los convencionales de 1994, reunidos nuevamente en el Paraninfo de la UNL, otorgan su aprobación unánime a reformas de gran calado en nuestra Ley Fundamental. Crédito: Archivo El Litoral.

A treinta años de haber participado en aquella Convención, en una atmósfera donde no existía internet ni la tecnología de comunicación actual, pero, paradójicamente, había más diálogo, y luego de ser Intendente de la ciudad y ahora juez de la Corte Suprema -que es el tribunal que interpreta y aplica la Constitución- pienso que los santafesinos todavía podemos intentar estar a la altura del signo de nuestra ciudad. Es decir, convertir al sino en destino.

Nunca es tarde para empezar.

(*) Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ex convencional constituyente en la reforma de 1994. Artículo final de la serie producida por la Asociación Museo y Parque de la Constitución Nacional para El Litoral con motivo de los treinta años de la Reforma Constitucional.

Carlos Caballero Martín (PDP) comienza su diálogo con El Litoral deteniéndose en los prolegómenos de la Convención en sí, y recuerda los pormenores de la manera en que Santa Fe terminó siendo sede.

"La ley decía que se iba a realizar en la ciudad de Paraná. Entonces yo me acerqué al diario El Litoral (todavía en la sede de calle Pedro Víttori), para plantear que Santa Fe había sido sede del nacimiento de la Constitución y de todas las reformas, menos las de 1898 y 1949. Y que no podíamos entregar ese patrimonio. Pero la ley se había votado así en el Senado, incluso la votaron los senadores por Santa Fe, que en ese momento eran Luis Rubeo y Jorge Massat. Lo hablé con todos los bloques, a ver qué se podía hacer. Entonces Alberto Natale, que era diputado nacional, le encontró la vuelta y le hizo agregar 'y Santa Fe', como sede. Ese texto corregido nunca volvió al Senado, y se promulgó así. Estaban tan desesperados por la reelección que no querían correr ningún riesgo.

- El momento se prestaba para eso...

- Era una época de estabilidad monetaria, con la convertibilidad, así que contaban con que la gente iba a votar a Carlos Menem. Por eso se hizo el pacto, que significaba ponerse de acuerdo entre peronistas y radicales para que ninguno traicione al otro, como ya había pasado en Córdoba. Ahí Eduardo Angeloz obtuvo la reelección, pero computó eso como primer mandato, porque era con una nueva Constitución. Aquí entonces se dejó asentado que el que estaba corriendo era ya el primer mandato de Menem, por lo cual sólo podía tener una reelección más. Se pusieron de acuerdo Menem y Raúl Alfonsín, y después de la reunión en Olivos se nombró una comisión de juristas de cada partido para redactarlo. Y se confeccionó un Núcleo de Coincidencias Básicas, que debía votarse todo junto, en paquete. Eso trajo los principales problemas.

- En la Convención y antes de eso, en los partidos…

- Generó un cisma en el radicalismo; los principales líderes territoriales estaban en contra, así que tuvieron muchas dificultades para conseguir convencionales. Y nosotros planteamos que era inconstitucional que el Congreso le dijera de antemano a la Convención lo que tenía que votar, e incluso llevamos el tema a la Justicia. El juez (Roberto) Dalla Fontana nos falló a favor, y le remitió un oficio a Eduardo Menem diciendo que había que votar los temas uno por uno. Eso fue apelado ante la Cámara Federal de Rosario, que les dió la razón. Pero más allá de la cuestión central, ese trámite dio lugar a una anécdota: cuando llevamos el recurso de amparo a Tribunales, me pidieron un aval. Entonces, como tenía la tarjeta verde encima, puse mi auto. Cuando lo vendo, años después, me advirtieron que estaba embargado. Porque todavía estaba en aquel expediente. Así que le planté el tema a Horacio Rosatti, que había sido el abogado de ellos, y hubo que hacer la gestión en el Tribunal Federal para recuperar la tarjeta.

- La Convención por entonces no tenía muy buena imagen. La idea que prevalecía no era de la del gran acuerdo, sino de la componenda política.

- Así es. Una vez le pregunté a Alfonsín por qué le había dado la posibilidad de reelección a Menem, y me dijo que lo hizo porque si no, la sacaban igual. Era un gran comprador, Alfonsín. Él siempre "doctoreaba" a todo el mundo. Decía: "Vea, doctor", "qué le parece, doctor". Yo siempre lo veía porque ambos llegábamos temprano a la Convención, siempre llegaba con su poncho. Una vez me planteó cortar a las 14, porque veníamos de una semana intensa, y para que la gente de otras provincias tuviese margen de llegar a sus casas. Porque la Fuerza Aérea había puesto dos aviones, pero iban hasta Buenos Aires, y desde ahí cada uno tenía que llegar a su provincia.

- Hubo sesiones hasta la madrugada...

- Sí, y también los fines de semanas. Una vez, la comisión de Redacción sesionó un domingo a la tarde. Y se trataba una propuesta de que todas las Constituciones provinciales tenían que adaptar sus disposiciones a la Constitución Nacional, cosa que pasó en el '49. Y acá se pensaba en eso para conseguir la posibilidad de reelección para Carlos Reutemann. Finalmente no prosperó, pero se discutió un domingo a la tarde. No sé de donde salió la idea de que en la Convención no se trabajaba, que era solo levantar la mano. Pero hay ocho tomos con los debates que hubo. Es cierto que algunos discursos se insertaban después, pero era porque los pactistas estaban apremiados por los tiempos; tenían que asegurarse de que se alcance a votar todo. Entonces, respetaban el derecho a hablar de los opositores, pero ellos se iban borrando de los debates para que terminen antes.

A la vez, en la misma Convención hubo otro pacto, que fue de Aldo Rico con Eduardo Duhalde, donde acordó darle la posibilidad de reformar la Constitución de Buenos Aires e ir por la reelección. Cosa que Duhalde tuvo que motorizar cuando se enteró de que Menem iba a tener su propia reelección por el acuerdo con Alfonsín, y por lo tanto él no iba a ser candidato presidencial.

- ¿Y qué opinión tiene sobre el resultado de la reforma?

- Sobre la Constitución que quedó después de 1994, hay tres grupos: los que dicen que es la mejor del mundo, los que dicen que es un mamarracho, y los que creemos que tiene cosas buenas y cosas malas, y cosas que no se pudieron poner. Yo creo que el gran error fue la reelección, entre otras cosas porque pensábamos en una persona, y no en que fuese a venir un matrimonio que podía quedarse 16 años. Nosotros defendíamos el mandato único de seis años. Porque con cuatro años, en el primero el Presidente se instala, en el segundo gobierna y en el tercero ya empieza a prepararse para la reelección. En cambio, un período más largo lo obliga a encarar su gestión de otra manera.

En segundo lugar, el jefe de Gabinete no sirve para nada. Fue extrapolar una figura del sistema parlamentario al presidencialista.

Otra cosa llamativa y que no se tuvo mucho en cuenta es que la Constitución del '94 abroga la del '49 y le da estatus jurídico a la del '57. Muchos peronistas lo votaron y ni se dieron cuenta de eso.

- ¿Y la ciudad cómo la vivió?

- Yo creo que Santa Fe se sintió orgullosa con la Convención. Muchos podían estar en contra, por supuesto, pero los comedores estaban llenos, los hoteles no alcanzaban (porque aparte de los convencionales estaban los asesores, los periodistas…). Mucha gente alquilaba domicilios temporales. Y Santa Fe se convirtió, naturalmente, en el epicentro de la política nacional, con todas las figuras centrales desfilando por aquí durante tres meses.

Por otra parte, el tema que movilizó mucho y dividió a la ciudad, y que apareció de improviso, fue el del aborto. Había movilizaciones a favor y en contra, manifestaciones, campañas. Cuanto entrabas por la puerta principal de la UNL para ir al recinto o a los bloques, te daban un preservativo. Lo que era un problema si uno llegaba a su casa después con eso... pero fue un tema que puso en riesgo la Convención, porque no estaba en la convocatoria ni en el Núcleo de Coincidencias Básicas, y atravesaba todos los partidos. Finalmente se encontró una fórmula para no avanzar más con eso. Pero fue un momento complicado.

El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, reconoció la existencia de una relación “compleja y a veces tensa” a líneas generales entre los poderes representativos dentro del sistema republicano.

Rosatti no especificó que la complejidad en la relación entre poderes sea respecto de la Constitución Argentina, sino que consideró un asunto común al conjunto de los países de la región. Y en ese contexto instó a “defender los valores de la división de poderes y de la independencia de la Justicia”.

Ello -añadió el santafesino- debe ocurrir en el marco de un diálogo institucional, “que no significa injerencia en las atribuciones del otro poder, sino una vinculación inteligente y racional”.

El santafesino titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expresó en estos términos al dejar inaugurada la 71ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Reunión del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM).

“Espero que estas jornadas sean de fructífera tarea y que se sigan defendiendo, como lo hacen los magistrados organizados a nivel nacional e internacional, los valores de la división de poderes y de la independencia de la Justicia”, expresó Rosatti.

Ante los delegados de distintos países que participan de la asamblea de la FLAM en Buenos Aires, Rosatti destacó “la necesidad de que los jueces se expresen claramente para que sus mensajes sean mejor comprendidos por la sociedad.

“No debemos olvidar que el derecho, además de una ciencia, es la disciplina que le dice a toda la población -no solo al ámbito jurídico- lo que está permitido y prohibido. Nada mejor que hacerlo con un lenguaje llano”, expresó.

“Podemos estar más cerca de la comunidad si interpretamos las normas con un sentido actual y si decimos lo que tenemos que decir en un lenguaje accesible. Tratar de hacernos entender más y comunicarnos mejor con los otros poderes y con la sociedad es un deber que tenemos los jueces para que sea más comprendida la complejidad de nuestra tarea”, resumió.

La Asamblea se desarrolla en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Hotel Hilton de Puerto Madero. El temario incluye el análisis de un informe sobre la situación de los poderes judiciales en los países nucleados en la FLAM, la elección de autoridades para el período 2024-2026 y la institución del premio “Miguel Ángel Caminos” para promover los concursos sobre trabajos relacionados con la independencia judicial y asociativismo.

Entre los presentes estuvieron la presidenta de la FLAM, Adriana Orocú; su vicepresidente 1°, Marcelo Gallo Tagle; el presidente de la UIM, Duro Sessa; y su vicepresidente 1° y presidente del Grupo Iberoamericano, Walter Barone. También asistieron la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, Agustina Díaz Cordero; el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso, e integrantes del consejo directivo de dicha entidad.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti, disertó este lunes en la Jornada Aniversario de la Reforma Constitucional 1994-2024, que se realizó en el Salón Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Entre los ex convencionales constituyentes que asistieron al evento conmemorativo, organizado por la Cámara de Diputados de la Nación y el Instituto de Capacitación Parlamentaria, estuvo también el ministro decano del Máximo Tribunal, Juan Carlos Maqueda.

Rosatti expuso en el primer panel, donde se abordó el tema del acuerdo político que posibilitó la modificación de la Carta Magna. Junto a él disertaron quien presidiera dicha Convención, el ex senador Eduardo Menem, y los ex convencionales Jesús Rodríguez y Augusto Alasino. En su intervención, el titular de la Corte destacó la importancia del consenso previo, el prejuicio inicial existente sobre los alcances de la reforma y el diálogo transversal que la hizo posible.

"El gran legado de la reforma del '94 es el acuerdo: nunca hubo una reforma constitucional con el nivel de consenso que tuvo esta, fue el último gran acto de la política con mayúsculas en Argentina, y eso explica, en gran medida, su vigencia", dijo Rosatti, aunque advirtió que "todavía hay muchas cosas por hacer, sobre todo en el ámbito del Poder Legislativo, para llevarla adelante".

Agregó que "grieta había antes y hubo después, pero pudimos ponerla entre paréntesis en esos tres meses y tomar conciencia de que la obra que íbamos a hacer –perfectible, buena o mala– estaba destinada a perdurar por varias generaciones". Asimismo, sostuvo: "A medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que el verdadero valor de la reforma del '94 fue este: el consenso, la transversalidad. No tengo dudas de que lo mejor que le puede pasar a un proceso de reforma es venir precedido de un acuerdo político lo más amplio posible".

Rosatti recordó que la convención "empezó con una mala imagen" pues "se decía que lo único importante era la reelección del Presidente, que todo lo demás se había puesto para completar". Sin embargo, el resultado de las deliberaciones derribó ese prejuicio: el proyecto reunió "a los mejores representantes de todo el arco político", y "la reelección presidencial terminó siendo un capítulo menor", consideró.

Finalmente, valoró "el diálogo transversal en lo político, en lo generacional y en lo territorial" que caracterizó a la iniciativa. "Un diálogo y una comunicación política que continuaron después de la convención: esto traspasó el episodio mismo de la asamblea constituyente, pero no se hubiera podido dar si no hubiera existido ese espíritu de amistad cívica, de camaradería –concluyó–. Había menos tecnología para comunicarse, pero hubo mucha más comunicación y diálogo. Hoy tenemos más tecnología y menos diálogo".

En sus palabras de bienvenida, el presidente de la Cámara, Martín Menem, definió al documento surgido de la Convención del '94 como "la Constitución más legítima y democrática, una bisagra en la historia de nuestras instituciones", y agregó: "Se demostró que era posible modificar la ley fundamental mediante el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas".

Entre los presentes estuvieron, además, el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Tomás Figueroa; los diputados nacionales Silvia Lospennato, Gabriel Bornoroni, Lorena Villaverde, Maximiliano Ferraro, Karina Banfi, Lisandro Almirón y Lilia Lemoine; el ex diputado Rafael Pascual; el ex gobernador de Tierra del Fuego José Estabillo, y representantes de las embajadas de Japón, Palestina, Arabia Saudita, Paraguay, China, Francia, Argelia, Kuwait, Armenia, Marruecos y Filipinas.

Los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti respondieron por separado a la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados sobre los cargos provisorios por mal desempeño de sus funciones de los que fueron notificados hace tres semanas, y para los que tenían plazo de contestar por escrito hasta este jueves, o la posibilidad de hacerlo en forma presencial el próximo martes, cuando se volverá a reunir la comisión.

En los escritos presentados, los jueces rechazaron las acusaciones por mal desempeño, cuestionaron el procedimiento llevado adelante por la comisión y advirtieron sobre "la independencia judicial". También por separado, respondieron a cada uno de los cargos por los cuales se les inició la investigación preliminar en la comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard.

Entre otras cuestiones, Rosenkrantz expuso que "las denuncias por mal desempeño efectuadas en mi contra y los cargos provisorios que me formula la Comisión de Juicio Político en la documentación anexada al oficio se sustentan, en su mayoría, en hechos vinculados con la tramitación de ciertas causas judiciales, que son tergiversados por una interpretación caprichosa y arbitraria".

"Lo cierto es que, una vez neutralizado el capricho y la arbitrariedad en la interpretación de los hechos, la única explicación plausible de la existencia de este juicio político es la disconformidad con algunas sentencias adoptadas por el tribunal que integro o con mis votos en solitario. Y aunque no lo expresen de esa forma, es evidente que tanto los denunciantes como los diputados que han votado la formulación de los cargos pretenden en forma velada una revisión del juicio realizado en cada una de las causas judiciales en las que fueron dictadas las resoluciones objetadas -algunas de las cuales se encuentran actualmente en trámite-, y una demonización de mis votos", expresó en el texto.

Por su parte, Rosatti consideró que "durante el trámite de investigación se cometieron irregularidades procesales que afectan seriamente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitucional Nacional). Más allá de la naturaleza política de estos procesos, dichas garantías resultan plenamente aplicables, como surge de la clásica y consolidada jurisprudencia de esta Corte".

"La gravedad de dichas irregularidades vicia la validez y eficacia del proceso, lo que será planteado -de ser necesario- por la vía y en la oportunidad que corresponda. A tal fin hago reserva de interponer todas las acciones y recursos legales, constitucionales y convencionales que me asistan, incluido el previsto en el artículo 14 de la ley 48", indicó el presidente de la Corte Suprema.

Tras la convocatoria para el martes 7, la intención del oficialismo es dictaminar en otra reunión posterior, que deberá realizarse antes del 20 de noviembre, ya que ese es el último día previsto para dictaminar.

Según el artículo 106 del reglamento de la Cámara de Diputados, se establece que las comisiones "sólo podrán dictaminar sobre los asuntos sometidos a su estudio hasta el 20 de noviembre de cada año, salvo resolución de la Cámara tomada por las dos terceras partes de los votos emitidos".

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, dejó en claro que la adopción del dólar en reemplazo de la moneda nacional, propuesta formulada por el candidato presidencial Javier Milei, es “inconstititucional”.

La postura del magistrado se apoya en la letra de la Constitución Nacional, tal como quedó redactada en 1994, y ya constaba en su Tratado de Derecho Constitucional. Ahora lo expresó de manera categórica en una entrevista publicada por el periódico español El País, realizada por el periodista Martín Sivak.

En su tratado, Rosatti había abordado la cuestión “Inconstitucionalidad de la adopción de una moneda extranjera como moneda nacional. ¿Podría el Estado argentino adoptar comopropia moneda nacional una moneda extranjera? Constitucionalmente, esta posibilidad está vedada por los siguientes motivos: porque se trataría de una moneda que no podría emitir el Estado nacional… y porque se trataría de una moneda cuyo valor no podría ser fijado por el Estado Nacional”.

Ahora, el jurista santafesino trajo a colación que “yo estuve en la comisión de redacción de la reforma Constitucional del ‘94 y es una cláusula que incorporamos ahí. ¿Qué dice la cláusula? Impone al Congreso defender el valor de la moneda. O sea, claramente, tenemos que tener una moneda. Esto no significa que no pueda haber otras, pero una moneda hay que tener”.

Emitir a Julia Roberts

A los fines de ilustrar el concepto, Rosatti (en su doble condición de docente universitario y ferviente cinéfilo), utilizó una llamativa analogía: “Cuando veo este tema en Derecho constitucional, siempre digo a mis alumnos: una cosa es que a mí me guste Julia Roberts y otra cosa es que yo le guste a Julia Roberts. Las monedas tienen un respaldo en la economía de cada país. Yo no la puedo emitir a Julia Roberts. Yo puedo emitir a Horacio Rosatti. ¿Y cómo voy a hacer? Tengo que defender el valor de mi moneda. Ahora, si en la defensa del valor de la moneda la estrategia es vincularla a otra, es hacer una moneda flotante, es tener una canasta de monedas, ya son decisiones políticas. En las decisiones políticas la Justicia no podría intervenir. Sí podría intervenir si dicen ‘acá no hay moneda’ ”.

Para que no queden dudas, puntualizó que la moneda de un país es “la emite: puede ser peso opatacón o lo que sea. Si una dolarización elimina la moneda argentina es inconstitucional. Si abandono una moneda y me voy enteramente a la otra es un camino que, para mí, es inconstitucional”.

Al ser consultado específicamente sobre la propuesta de Javier Milei, si bien en rigor el libertario ahora la distribuye entre distintas alternativas o modalidades posibles, Rosatti advirtió que, en cualquier caso, “todos los candidatos deberían leer la Constitución. Esto es la letra de la Constitución, no es mi interpretación rebuscada, retorcida. Insisto, puede haber mil implementaciones de economistas sobre el tema. Hay que tener una moneda que se emitaen la Argentina. Yo no puedo regular el valor de la moneda de otro país. Esa fantasía hay que terminarla. Se ha planteado un debate así, maniqueo, al estilo argentino, el todo o nada. Dolarización sí, dolarización, no. Hablo de la Constitución, hablo de lo que ya escribí,hablo de los fallos que ya firmé sobre este tema. “Yo por dolarización puedo entender, por lo que estoy percibiendo, dos cosas. Una es en sentido estricto la dolarización. Me paso de una moneda a la otra. Yo no puedo defender la moneda de Estados Unidos, está claro eso, porque no tengo los resortes, porque no puedo emitir, porque no puedo regular la base monetaria. Hay cosas que sí se pueden y ya se han hecho. Ligar el valor de una moneda, la propia, a una moneda extranjera, o a un conjunto de monedas”, añadió.El presidente de la Corte admitió que ese concepto podría aplicarse, por ejemplo, a lo que fue en su momento la ley de Convertibilidad. En un caso como ese, “Argentina dice ‘uno a uno el peso con eldólar’, no es que Estados Unidos diga ‘un dólar vale un peso argentino’. Entonces me parece que cuando se habla de esto, y esto con todo el respeto hacia la política y hacia los economistas, pero esto es la Constitución y la Constitución nos rige a todos, al economista, al político, al juez. Cuando uno dice dolarización me parece que habría que ser un poco más preciso y decir ‘¿qué querés decir con esto?’”.

Emisión “incontrolada”

Rosatti se refirió también a su alocución en un evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, fuertemente criticada desde el gobierno, donde habló de la emisión indiscriminada y su carácter inconstitucional. “Si yo voy a defender el valor de la moneda, una forma de despreciarla es la emisión incontrolada. ¿Qué es incontrolada? Lo verán los técnicos en función de las necesidades, de la base económica, de las reservas, de lo que sea. La economía se guía mucho por la psicología, las expectativas, y a veces puedo no tener todo el dólar, las divisas en el Banco Central, pero si tengo expectativas me alcanza igual. Y a veces puedo tener todo y no me alcanza porque las expectativas no dan. Claramente, una emisión incontrolada no defiende el mandato constitucional de defender el valor de la moneda”, explicó.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, volvió a hablar en un acto público para proclamar que un “buen juez” es aquel que “aplica la Constitución y las leyes sin mirar quién puede verse beneficiado o perjudicado”.

En la celebración de los 95 años de la Asociación de Magistrados y Funcionarios y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Rosatti consiguió mostrar una foto de unidad de la Corte, pese a las evidentes diferencias que hay en su interior.

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Del acto participaron todos los jueces del alto tribunal, incluido Ricardo Lorenzetti, quien se sentó junto a Rosatti, de quien lo separan diferencias internas y personales.

Rosatti destacó que la celebración de la Asociación encuentra al Poder judicial “unido, un Poder Judicial que se sabe independiente; un Poder Judicial firme, que es lo que demanda la sociedad, en el contexto de la forma republicana de gobierno y de la división de poderes”.

“La independencia del Poder Judicial es un elemento fundamental para la salud de cualquier república, y es esto lo que queremos ofrecer a la sociedad porque es esto lo que la sociedad nos reclama”, proclamó.

Rosatti prometió a los más de 200 asistentes al acto, y a través de ellos al resto de los integrantes del Poder Judicial: “vamos siempre a respaldar a los jueces y juezas, a los funcionarios y funcionarias, a los empleados y empleadas del Poder Judicial que cumplen con su tarea. A los buenos y buenas funcionarios, que son la enorme mayoría”.

“¿Cómo reconocer a un juez o jueza que cumple con su función?”, se preguntó. La respuesta fue: “Simplemente, cuando aplica la Constitución y las leyes sin mirar quién puede verse beneficiado o perjudicado”.

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“En todo proceso judicial hay alguien al que se le da la razón y otro al que no. Lo importante es, por sobre las razones, los motivos y los argumentos de las partes, situar la lógica, la argumentación, la letra de la ley y, fundamentalmente, de la Constitución. Esos son los jueces y juezas que la república reclama”, concluyó.

Al acto de la Asociación asistieron también representantes de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), el histórico gremio de los judiciales que encabeza Julio Piumato.

(Por Emerio Agretti) – El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, exigió que se consulte al máximo tribunal antes de avanzar en reformas judiciales y remarcó que “el diálogo interpoderes es fundamental”.

También afirmó que en los últimos años tomaron “decisiones que no han agradado al poder de turno”, pero enfatizó que el máximo tribunal no está “para hacer nuevas amistades, sino para cumplir la Constitución”.

El magistrado expuso este martes en el evento “Amcham Summit”, donde se refirió a las funciones constitucionales del máximo tribunal y cuestionó la multiplicidad de casos que deben resolver por año. En el auditorio lo escuchaban unos 150 líderes empresariales, junto a dirigentes políticos y sindicales, para participar de un debate sobre los desafíos del país y el compromiso de cada uno. En el auditorio hay unos 150 líderes empresariales.

“A la Corte argentina llegan muchos casos, muchos de ellos que no son fundamentales, sino que expresan la disconformidad de alguien que perdió un juicio en un tribunal inferior”, se quejó el también titular del Consejo de la Magistratura.

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A modo de comparación, el santafesino indicó que “la Corte Federal de Estados Unidos analiza y resuelve en el año 80, 90, 100, 120 causas. El promedio de los últimos diez años en la Argentina supone la resolución de entre 12 mil y 21 mil causas”.

Y continuó: “Este rol de tribunal de garantías constitucionales se mantiene, pero además opera como tribunal revisor”. En ese sentido, el magistrado advirtió sobre el “cúmulo de trabajo” que “impide llevar adelante la función primordial” del máximo tribunal.

Además, cuestionó que “el 60% de las causas que llegan provienen de organismos del Estado, que muchas veces apelan para ganar tiempo, aunque saben cuál va a ser el resultado de la contienda”.

“Esto debe modificarse y estamos trabajando para eso, no solamente en la modificación de determinados criterios, sino que también necesitamos para los próximos años algunas modificaciones legislativas que permitan agilizar nuestra tarea y concentrarnos en nuestro rol fundamental de ser un tribunal de garantías constitucionales”, planteó.

Y agregó: “Necesitamos que haya plenarios de los tribunales inferiores, para que homogeneicen la jurisprudencia, para que den seguridad y previsibilidad jurídica. Recién cuando haya un conflicto real, una nueva norma, una nueva interpretación posible de una vieja norma, recién ahí llegue al máximo tribunal. También que la vigencia de las decisiones de la Corte sean absolutamente obligatorias para los tribunales inferiores, porque esto también da previsibilidad y evita esta apelación para ganar tiempo. El acortamiento de los plazos procesales, la simplificación de los procedimientos”.

Ante ese análisis, Rosatti destacó que “el diálogo interpoderes es fundamental” y remarcó: “Que previo a establecer o a proponer reformas seamos consultados todos los que tenemos algo que decir sobre el particular. Nadie mejor que la propia Justicia para saber cuáles son sus propias falencias y tal vez para proponer alternativas de solución”.

El juez subrayó que “la sustentabilidad jurídica es fundamental y es lo que debe garantizar la Corte Suprema y el Poder Judicial en su conjunto”.

En ese contexto, marcó que “nosotros en los últimos años hemos tomado decisiones que no han agradado al poder de turno, a éste, al anterior y al que venga. No venimos a la función pública para hacer nuevas amistades. Estamos para hacer cumplir la Constitución y garantizar estabilidad jurídica que permita pensar a futuro. Sino es imposible pensar a futuro”, planteó.

Rosatti también remarcó que el diseño institucional que marca la Carta Magna establece la independencia del Poder Judicial, que está basada en la estabilidad de los jueces para tomar decisiones dentro de sus funciones.

Por otra parte, el titular del Consejo de la Magistratura afirmó que “la expansión incontrolada de la emisión monetaria implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución”.

“Las bases del programa económico que establece la Constitución desde 19853, con todas sus reformas, es el capitalismo: respeto a la propiedad privada, a la iniciativa de los particulares y competencia”, sostuvo el magistrado, quien prosiguió: “Si se quiere otro sistema, se tiene que reformar la Constitución: si no, se está hablando de otro país, de otra realidad”.

“El artículo 75, inciso 19, la Constitución manda defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria, porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución”, lanzó.

Antes de que hablara Rosatti, el presidente de AmCham y CEO del banco J. P. Morgan, Facundo Gómez Minujín, había dejado un fuerte mensaje en la apertura del summit que organiza cada año esta organización, en un hotel de Puerto Madero: advirtió que “se espera una nueva recesión con inflación debido a una sequía sin precedentes y a la falta de divisas para importaciones” y señaló que el país está “navegando en un banco de niebla”.

El crecimiento de la violencia y de las organizaciones de narcotraficantes en Rosario es otra de las preocupaciones de los miembros del Máximo Tribunal, quienes el año pasado se trasladaron a la ciudad santafesina para encabezar un Encuentro Nacional de la Justicia Federal, llamado “El juzgamiento del narcotráfico”, organizado por la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina (AJUFE).

Este martes, Rosatti volvió a expresar su preocupación por el nacimiento de lo que calificó como “narco-estado”, el cual se rige por sus propias reglas.

“Veo con creciente preocupación el surgimiento y expansión de un Estado dentro del otro. No me refiero a la grieta, que es percibir distinto el mismo país, me refiero a un país dentro del otro con su propia ley, su propia constitución, su propia interpretación, su propia justicia, su propia policía. El caso del estado narco que constituye un desafío a pensar futuro en unidad dentro de la heterogeneidad, un desafío a la estatidad, a la Constitución, a cualquier sustentabilidad. No puede haber sustentabilidad jurídica ni de otro tipo si dentro de un Estado hay otro al que no se lo controla”, concluyó.