El intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella aseguró que “no hay nuevos líderes” de organizaciones narcocriminales en la ciudad, tras realizar una denuncia en fiscalía marcando un total de 10 inmuebles en donde se comercializan estupefacientes.

Al mismo tiempo destacó el trabajo realizado por el Gobierno provincial para evitar que presos de alto perfil continúen manejando negocios desde el lugar de detención. Ponderó el trabajo que realizan determinados jueces y fiscales, evitando que los detenidos accedan a ciertos beneficios. Y valoró la reducción del número de balaceras durante el año 2024.

Nueva denuncia

No es la primera oportunidad en que el jefe del ejecutivo local se presenta en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a denunciar inmuebles conflictivos de la ciudad en donde se comercializan estupefacientes.

“Junto con Nahuel Pasquinelli, el delegado del ministerio de Seguridad, presentamos una denuncia en la fiscalía donde indicamos 10 puntos de venta de droga, que a su vez constituyen aguantaderos de delincuentes. Es importante seguir este camino que es la lucha contra el delito y el narcotráfico”, sostuvo Leonel Chiarella.

La presentación constó de aportar la dirección “de cada uno de los domicilios, los nombres y apellidos y fotos, para que se pueda llevar adelante la correcta investigación, y que estos delincuentes terminen presos”, agregó.

En esta oportunidad, con el objetivo de no entorpecer la investigación, el intendente no dio a conocer en redes sociales, como lo hace habitualmente, las direcciones ni los datos filiatorios de las personas denunciadas.

Y al mismo tiempo, valoró el compromiso de muchos vecinos que anónimamente aportan datos señalando lugares en los que se vende droga.

“No podemos permitir que sean los vecinos los que vayan a denunciar o el presidente de la vecinal. Entonces, presento la denuncia representándolos y planteándole a fiscalía toda la información que tenemos”, indicó el intendente. 

Viejos y nuevos

En cuanto al escenario actual que atraviesa la ciudad en materia de microtráfico, Chiarella sostuvo que “hay lugares que son recurrentes, y nosotros, con estas acciones, tratamos de terminar con la impunidad de esos delincuentes. Hay otros, que son lugares nuevos, con nuevos delincuentes. En este último tiempo vimos muchos hechos delictivos en donde están involucrados menores de edad, y eso es algo que nos preocupa y que nos lleva a pensar en cómo abordar este tema”.

Actualmente “los jefes, los líderes de las bandas, están todos presos. Matías Álvarez está preso, Nahuel Novelino está preso, Maximiliano Ríos está preso, pero eso no implica que como intendente me tenga que relajar y decir que el problema está solucionado”, agregó.

El jefe del ejecutivo local cree que “no hay nuevos líderes con el nivel de organización que tenían Novelino o Matías Álvarez. Y a través de estas denuncias lo que hacemos es ir detectando el nuevo mapa o quiénes son los que están en la actividad”.

El “Wacho Maxi”

Maximiliano Ríos, alias el “Wacho Maxi” es un peligroso delincuente venadense, que cuenta con antecedentes, y se encuentra detenido desde el 8 de junio de 2024, tras ser aprehendido circulando en un auto con estupefacientes, junto al “Jeringoso” Castillo y dos mujeres que luego recuperaron la libertad.

Su abogado defensor, la semana pasada, realizó una serie de planteos con el objetivo de obtener una serie de beneficios para su pupilo. 

Finalmente, desde el poder judicial “le negaron la libertad a Maximiliano Ríos, que es un narco de nuestra ciudad. Pero además le negaron las visitas íntimas con su pareja, ya que la vez anterior había intentado ingresar al penal con un elemento sospechoso y se escapó. Claramente hay una articulación entras las personas que están en libertad y los detenidos para tratar de ingresar celulares y así seguir manejando negocios. Y esto es lo que se está cortando, el ‘home office’”, describió Leonel Chiarella.

En este marco, destacó la “actitud de la fiscal (Mayra Vuletic), por seguir el tema de cerca y plantear con firmeza su defensa. Y la decisión del juez Mauricio Clavero de negarle la libertad y las visitas. De esta manera vemos de qué lado se paran, si a favor de la tranquilidad o la seguridad de los vecinos, o se paran del lado del delincuente diciendo ‘tiene derecho a encontrarse con su mujer o su novia’”.

Chiarella dejó en claro su posición asegurando que ante este escenario los presos “no tienen que tener derecho a estos beneficios. Porque si la novia está intentando ingresar un celular o un arma a un penal, no deben tener esos derechos. Hay que cortar con esa cuestión de que los derechos son siempre para los delincuentes y no para las víctimas”.

Pocos fiscales

La circunscripción N° 3 sufrió en los últimos meses la salida de una serie de fiscales. 

En 2024 Horacio Puyrredón asumió en la Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria. Matías Merlo pasó a desempeñarse como Fiscal Regional interino en Rosario. Y en el corto plazo se acoge a los beneficios de la jubilación Eduardo Lago.

Consultado sobre si este nuevo escenario generaría una ralentización de la justicia, el intendente respondió que “no va a ser más lenta la justicia. Y nosotros estamos trabajando para tener fiscales subrogantes y adjuntos. Se están terminando de corregir los exámenes. Y ya hemos manifestado la necesidad de cubrir esas vacantes”. 

Obviamente que “si sumamos fiscales para reemplazar a esos tres, el trabajo va a ser mucho mejor. Por eso, nos estamos ocupando del tema”. 

Menos balaceras

Los años 2021 y 2022 dejaron en Venado Tuerto un número importante de balaceras relacionadas con la narcocriminalidad, algo no habitual para la ciudad.

En 2023, el número tendió a descender, mientras que 2024, se redujeron considerablemente.

Chiarella opinó al respecto diciendo que esta nueva realidad “tiene que ver con los efectos de las diferentes acciones que venimos llevando adelante. El trabajo de mi lugar como intendente, el de los fiscales, el de los jueces: cuando se pone un freno, cuando se toman decisiones, cuando se denuncia con nombre y apellido se ven los resultados”.

Por último, manifestó que “cuando esos delincuentes están presos y no tienen vínculos con el exterior, hay un freno, y se reduce la violencia. Pero es un trabajo de todos los días y no hay que relajarse, ni bajar los brazos, para que la gente puede vivir tranquila”. 

En las últimas horas recuperó la libertad Santiago C. (31) el joven acusado de torturar y matar una perra galga preñada y luego haber subido distintos videos y fotografías a redes sociales. La audiencia se llevó adelante en la mañana de este jueves, donde también se fijaron una serie de reglas de conductas, y se avanzó en lo que será la firma de un juicio abreviado en el cual el sujeto será condenado a 18 mes de prisión de ejecución condicional.

El fiscal Horacio Puyrredón fue el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Silvia Couselo la defensora pública y Leandro Martín el juez en lo penal.

Resolución judicial

Santiago C. recuperó la libertad bajo reglas de conductas las cuales establecen que deberá “fijar residencia en el domicilio de Jorge Newbery s/n de Venado Tuerto. En caso de mudarse deberá dar inmediato aviso”. Además, tendrá que “abstenerse del consumo de estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas; someterse a control periódicos de Los Pumas u organismos provincial o municipal que se considere en relación a los animales de granja que se encuentren en la propiedad”. 

A su vez tendrá que “mantener los animales de granja bajo su custodia, teniendo la obligación de tomar todos los recaudos necesarios para que los mismos no salgan de su propiedad” y “realizar con Imusca una capacitación para el cuidado de animales domésticos”. 

Por otro lado, deberá “realizar tratamiento psicológico con la finalidad de tratar su enojo, ira y de poder poner en valor la vida del medio que lo circunda, considerando también la vida animal”. 

Y por último, “someterse al cuidado del servicio del control post penitenciario” y “mantener buena conducta durante el tiempo de la medida, debiendo firmar en forma semanal ante el MPA”. 

El 2 de septiembre Santiago C. había sido detenido acusado de atar, torturar y matar a una perra galga que estaba preñada, con el agravante de haber filmado todo el proceso y posteriormente subirlo a redes sociales. Horas más tarde, en una audiencia imputativa y cautelar se definió la prisión preventiva ordinaria, revisable a los 30 días.

Historia del caso

El hecho se registró en un campo de su propiedad ubicado en la zona sureste de Venado Tuerto, no muy distante del casco urbano. 

Según se expuso en la audiencia imputativa, Santiago C. ató a una perra galga preñada a un carro, supuestamente molesto porque habría matado una gallina. Posteriormente a la punta de un palo de madera le añadió un cuchillo, para luego comenzar a provocarle heridas corto-punzante al animal a la altura del pecho en el sector izquierdo del cuerpo. El sujeto filmó el proceso donde provocaba las lesiones y cuando el animal agonizaba e intentaba escapar desesperadamente, pero no podía. Todo ese material lo publicó en varias partes en su estado de WhatsApp. 

Vecinos de la zona observaron las imágenes en redes sociales y dieron aviso al Instituto Municipal de Salud y Convivencia Animal (IMUSCA), desde donde, con el apoyo del intendente Leonel Chiarella, decidieron radicar formalmente la denuncia el mismo lunes 2 de septiembre.

Al frente de la investigación se puso el fiscal Damián Casullo, quien, con el visto bueno del juez en lo Penal Leandro Martín, se llevó adelante el allanamiento del campo en cuestión. 

Los datos surgidos tras el operativo indican que “en el lugar se observa una falta importante de higiene y mantenimiento”. A esto se suma que compartían el mismo espacio gallinas, vacas, ovejas, chivos, porcinos y caballos. 

En la inspección ocular, los pesquisas encontraron el cadáver de la perra galga que continuaba atada al carro en cual fue torturada.

Luego ingresaron a la vivienda de mampostería que estaba en mal estado de mantención, desordenada y falta de higiene, con presencia de alimentos, cereales varios y desechos domésticos. En la galería hallaron una carabina calibre 22, un rifle de aire comprimido, cuchillos con manchas de sangra corroído. En una habitación incautaron cinco teléfonos celulares, 18 cartuchos calibre 28, 16 y 12, más el DNI del detenido. 

Tras el allanamiento los investigadores, con el acompañamiento de personal de distintas reparticiones, decidieron rescatar a siete perros y dos gatos. También secuestraron el carro donde fue atada la perra torturada, las armas de fuego, cartuchos, teléfonos, cuerdas, un fragmento de madera, cuchillos, entre otros elementos. 

En la jornada del viernes se llevó adelante un rastrillaje en la laguna ubicada en el predio del establecimiento rural “El Recuerdo”, con el objetivo de dar con el cuerpo de Nicolás Godoy, el joven venadense de 28 años que fue visto por última vez el 14 de julio de 2014.

Todo surgió en base a datos que llegaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA) por un audio de WhatsApp que circulaba en distintos grupos en donde se hacía referencia a que producto de “la bajada de la laguna” se observaba una lona cubriendo lo que “podría ser un cuerpo”.

En consecuencia, desde el poder judicial coordinaron un operativo del cual participaron una cantidad importante de agentes policiales, la Sección Perros de la Unidad Regional VIII y la División Vehículo Aéreo No Tripulado.

El fiscal Horacio Puyrredón fue quien estuvo al frente del operativo, que finalmente terminó dando resultados negativos. Según informaron fuentes de la investigación, “se detectó un bulto”, pero nada tenía que ver con el objetivo del rastrillaje.

En consecuencia, las tareas realizadas no desembocaron en la incautación elementos de interés para la causa. Sólo fueron secuestrados tres teléfonos celulares con el objetivo de extraer registros fotográficos de la laguna con poca agua.

En tanto, una Unidad especial del MPA se encuentra a cargo de la investigación, e independientemente de haber pasado 10 años, la causa continúa abierta. 

Historia del caso

El 14 de julio de 2014 Nicolás salió de su vivienda en zona rural con destino al centro venadense, en donde realizaría trámites bancarios.

Esa fue la última oportunidad que se lo vio al joven, quien trabajaba en el campo familiar.

El miércoles 16 su hermana radicó formalmente la denuncia, teniendo en cuenta que los dos perros bóxer del joven habían aparecido en inmediaciones el Parque Industrial de nuestra ciudad.

Desde la Comisaría 12° de Venado Tuerto el jueves 17 de julio hicieron “el llamado de colaboración a la ciudadanía para dar con el paradero de Nicolás Christian Godoy Lucas, de 28 años de edad, domiciliado en zona rural, Campo El Recuerdo, kilómetro 360,5 de ruta 8”. 

El parte de prensa indicaba que “el joven se ausentó de su hogar el 14 de julio cuando se dirigió a la ciudad para realizar unos trámites en su Volkswagen Quantum modelo 94, color champagne y la familia no tuvo más noticias de él”.

Además, precisaba que “al momento de su desaparición Nicolás vestía pantalón negro de jean, cinto blanco, remera manga larga negra con cuello polo, saco negro de paño y calzaba botas de cuero marrón”.

Esa misma noche en gran parte de la ciudad se escuchó una importante explosión: se trataba del Volkswagen Quantum con GNC que apareció finalmente consumido por las llamas en un monte cercano al casco urbano.

Los investigadores llevaron adelante rastrillajes en el lugar, pero no consiguieron datos relevantes.

Con el trabajo realizado por la Brigada especial de canes, se pudo determinar que Nicolás caminó desde el Monte hasta el Parque Industrial. Pero no pudieron precisar si eso ocurrió antes o después de la explosión.

Además, se realizaron búsquedas en la zona rural de Santa Isabel, Venado Tuerto, el Parque Industrial, la vivienda familiar. Todo con resultado negativo.

Por otro lado, los investigadores llevaron adelante un seguimiento durante meses en relación a posibles movimientos de Nicolás. De esta manera, no detectaron ningún tipo de señal que tengan que ver con llamadas telefónicas ni mensajes de texto. Tampoco se observaron movimientos bancarios ni en tarjetas de crédito o débito.

La Asamblea Legislativa validó la composición de la flamante Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria al aprobar los pliegos de los tres postulantes remitidos por el Poder Ejecutivo aunque en votación dividida. De esta manera, el santafesino Mario Guedes, la rosarina Valeria Haurigot y el venadense Horacio Puyrredón conformarán este cuerpo surgido de la ley privativa de la libertad sancionada en diciembre último. El primero con injerencia en la ciudad de Santa Fe y los dos restantes en Rosario y sur santafesino.

El pliego de Guedes fue votado a mano alzada debido a que no tenía objeciones y el único que expresó su rechazo a la postulación fue Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía).

En cambio, a la hora de votar a Haurigot y Pueyrredón el oficialista Unidos puso los 40 votos de sus legisladores presentes mientras que los bloques justicialistas y las bancadas celestes marcaron el rechazo (21 votos) mientras que Claudia Balagué y Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía) optaron por abstenerse en ambos casos.

Los tres pliegos llegaron al recinto de la Asamblea Legislativa que presidió la vicegobernadora Gisela Scaglia con el dictamen de la Comisión de Acuerdos y las firmas en ellas de los senadores Raúl Gramajo (presidente), Felipe Michlig y Orfilio Marcón más los diputados Ariel Bermúdez, Lionella Cattalini, Astrid Hummel, Silvana Di Stéfano y Gisel Mahmud y en el caso de Guedes se sumó Marcos Corach.

Guedes es hoy integrante de la Defensa Pública en Santa Fe mientras que Haurigot y Pueyrredón son fiscales del Ministerio Público de la Acusación en Rosario y Venado Tuerto, respectivamente.

La oposición a través de Marcos Corach, Emiliano Peralta, Miguel Rabbia y Silvia Malfessi cuestionaron que ambos fiscales habían rendido mal en la primera etapa del concurso, apelaron la decisión y fueron reincorporados al concurso en el Consejo de la Magistratura. En tanto los oficialistas Martín Rosúa y Pablo Farías defendieron enfáticamente el procedimiento llevado adelante por el Poder Ejecutivo para seleccionar a los tres aspirantes para integrar la cámara que tendrá a su cargo el control del sistema carcelario. "Recordemos cuando se votó la ley, en diciembre, y la situación de violencia en las calles de Rosario, mucha de ella ordenada desde la cárcel" señaló Rosúa."Se privilegia un perfil para defender una política que, por ahora, es exitosa, y que es evitar la propagación de violencia desde la cárcel. Ejerce el gobernador una facultad para proteger esa política carcelaria" subrayó Farías.

Palo Oliver justificó la abstención al señalar que es facultad del gobernador mandar pliegos pero también respetar el concurso que él mismo convocó.

Corach insistió en que Haurigot y Puyrredón rindieron mal. "Se recompuso el concurso y serán jueces de la Cámara. El Ejecutivo borró de un plumazo una historia institucional de años", afirmó. Luego se preguntó que pasará con los próximos concursos donde ya no habrá orden de mérito entre los concursantes. "Entramos en un terreno peligroso donde el gobierno busca el perfil del juez o camarista" reprochó el justicialista. Enseguida, Del Frade valoró los votos obtenidos por Pullaro en la elección que lo hizo gobernador pero le recordó que la suma de votos no es la sumatoria del poder público. También Emiliano Peralta (Somos Vida) cuestionó que habiendo tantos postulantes que aprobaron el concurso era necesario enviar dos pliegos de los que no aprobaron. "La institucionalidad no es un traje a medida. El concurso fue viciado y hubo ostensible parcialidad a la a la hora de elegir los candidatos". También el justicialista Rabbia apuntó a la falta de institucionalidad y al peligro de armar una justicia afin.

Rosúa fue enfático en defender lo actuado por el ejecutivo tanto en materia reglamentaria como en el fondo de la cuestión. "No siempre el mejor examen académico es el más indicado para el cargo. Hay perfiles que van más allá examen. No estamos votando un juez o un camarista para el fuero civil y comercial, estamos votando un camarista de ejecución penal con lo que significa tener el control carcelario" insistió el radical. "Estos jueces no responder a la política partidaria, responden a la política de seguridad". Antes de Farías, Malfessi (Somos Vida) insistió con el vicio sustancial de dos candidatos que no aprobaron el examen. El socialista, en tanto, repasó la autolimitación que hicieron los diferentes gobernadores a la hora de reglamentar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para luego marcar lo delicado que es designar un juez. "Pullaro está convencido que son los mejores y por eso defendemos pliegos" afirmó. Valoró el juego de poderes, el sistema complejo para designar jueces y los controles cruzados entre Legislatura, Ejecutivo y Poder Judicial. "En esta instancia se privilegia un perfil para defender una política que hasta hora es exitosa y que tuvo que ver con el desmadre que había en las cárceles. Hemos destituido fiscales que llegaron impecables en el concurso. Estamos convencidos y tranquilos de lo actuado por el Ejecutivo y por los pliegos", remató. A esa hora, ya con los pliegos votados, la mayoría de los senadores había abandonado el recinto de Diputados para ajustar la votación de la reforma previsional.

En la noche del jueves personal de Comando Radioeléctrico de Firmat arrestó a tres sujetos, dos de 30 y uno de 19 años que circulaban en un auto marca Chevrolet Prisma (Taxi) por Ruta Provincial N° 90 en dirección a la localidad de Melincué, quienes minutos antes se hicieron presentes en un domicilio de calle Catamarca al 1.400 de Venado Tuerto y amenazaron a su propietario con un arma de fuego. 

Los uniformados procedieron al secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y el vehículo. Posteriormente trasladaron todo a sede de Comisaría Segunda por orden del fiscal en turno Horacio Puyrredón.

El magistrado interviniente dispuso que les formen causa a los implicados por “amenazas calificadas por el uso de arma de fuego e Infracción a la Ley 23.737” (Tenencia y  Tráfico de estupefacientes) y que permanezcan detenidos a la espera de la correspondiente audiencia imputativa.

En horas cercanas al mediodía de este jueves, se llevó a cabo en los Tribunales de Venado Tuerto la audiencia imputativa y cautelar contra el propietario de un boliche bailable, acusado de abusar sexualmente de una joven que trabajaba en la barra del local, ubicado en ruta 8 y Alvear. Tras darse a conocer el hecho del que se lo acusa, el empresario (Andrés S.), que se encontraba detenido desde el lunes, quedó en libertad, debiendo cumplir reglas de conducta. 

Cabe recordar que todo comenzó el último fin de semana cuando una joven, que era empleada del boliche, se presentó en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para radicar la denuncia correspondiente. Según relató la víctima, al momento de ir al baño del local, su titular la empujó e ingresó junto a ella para empezar, a la fuerza, a besarla y tocarla, llegando al punto de bajarse los pantalones y la ropa interior. Tras varias maniobras y rechazos, la joven logró salir del sanitario y buscar resguardo y ayuda en sus compañeros y compañeras de labor. 

Previamente, la víctima intentó relatar lo sucedido frente al fiscal, Horacio Puyrredón y el juez Leandro Martín, sin embargo, se quebró y no pudo continuar su exposición. Más tarde ingresó el acusado junto a su defensora, Ana Regidor, para dar inicio a la audiencia.   

Finalmente, el juez le dio el beneficio de la libertad, aunque estableció reglas de conductas que deberá cumplimentar. 

“Se trata de un hecho de abuso sexual simple que se produjo en horas de la madrugada en un local de diversión nocturna, por parte de un empleador hacia una de sus empleadas. Reunidas las evidencias del hecho, se avanzó con la imputación y las reglas de conductas que deberá cumplir”, contó finalizada la audiencia el fiscal Horacio Puyrredón.

Dentro de la medida cautelar, se resolvió que el acusado deberá presentarse los sábados de 10 a 24 horas en la Comisaría para informar su arraigo en la ciudad; se le prohibió cualquier tipo de contacto, tanto él como un tercero, con la víctima, su entorno y con todas las personas que han declarado en la causa y mencionadas que restan declarar; hacerse un diagnóstico y tratamiento por adicciones, ya que se hizo referencia a una problemática de consumo tanto de bebidas alcohólicas como estupefacientes ilegales; se le prohibió la portación de cualquier tipo de arma de fuego; y someterse al proceso cada vez que se lo soliciten. 

“Estamos en contacto con la víctima desde el inicio y se han puesto a disposición los mecanismos de atención municipal, para brindarle contención y atención, además de haber evaluado la decisión de la libertad, cumpliendo con los mecanismos procesales”, expresó el funcionario del MPA. Y añadió: “Que una persona recupere la libertad no significa que sea inocente del hecho que se le atribuye, sino todo lo contario, la Fiscalía sostiene los cargos. Seguiremos los caminos de la evidencia para presentarlas en el plazo más corto posible, con el objetivo de ir a un juicio oral que es el final de todo proceso, más allá de todas las salidas alternativas que hay en el medio”.

Puyrredón también fue consultado por posibles nuevas denuncias, respondiendo que “sí, porque la investigación se empieza a ramificar”, pero que “hasta el momento no hemos podido tomar contacto directo con ninguna otra víctima”.

“Entendemos que es un hecho complejo, que muchas veces genera en la víctima una imposibilidad de denunciar voluntariamente. De todos modos, hay mención de otras situaciones que podrían haber existido. La Fiscalía, con el mismo compromiso de siempre y las herramientas con las que se cuenta, va a estar tratando de entrevistar a otras víctimas si es que existieses”, sentenció. 

Por su parte, el juez Leandro Martín consideró que, por la presentación fáctica, la calificación de abuso sexual simple que elevó la Fiscalía es “admisible”, aunque podría haberse establecido el abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa. 

A su vez, resaltó que se trata de una calificación provisoria, ya que se trata de una investigación que “recién se inicia”.

Cobertura y fotos: Mauro Dalmazzo. 

Un hombre de 21 años identificado como Lautaro Ezequiel Saldaño fue condenado por haber haber ingresado a una vivienda y hurtar el control de un portón en la ciudad de Venado Tuerto. Se le impuso una pena a tres años de prisión, cuyo monto resultó de la unificación de un año que le correspondía por el hurto y una condena anterior en la que se le había otorgado libertad condicional.

La sentencia fue dispuesta por el juez Adrián Godoy, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se realizó ayer en los tribunales venadenses.

El fiscal Horacio Puyrredón estuvo a cargo de la investigación que permitió llegar a la condena.

Puyrredón expuso que "durante la madrugada del sábado 18 de mayo de este año, tras escalar un cerca de tres metros, el condenado junto con dos personas más ingresaron a una obra en construcción que se comunica con la casa de la víctima". Según indicó el fiscal, "una vez dentro del inmueble, ingresaron a dos vehículos y sustrajeron un control remoto genérico de portón automático y luego se retiraron por el garaje de la vivienda".

"Se hicieron las pericias correspondientes y, si bien el interior de los vehículos estaba desordenado, solamente se llevaron el control remoto", confirmó el fiscal.

El funcionario del MPA destacó que “luego de un llamado al 911, personal policial llegó de inmediato al lugar y lograron la aprehensión de Saldaño".

Saldaño reconoció su responsabilidad penal como autor del delito de hurto calificado. Junto con su abogado defensor, aceptó la atribución delictiva realizada por la Fiscalía, la pena única impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

En una audiencia de apelación que se llevará adelante el próximo 24 de julio en los tribunales de Venado Tuerto, Arsenio Domínguez, abogado defensor del ex Director del Colegio Sagrado Corazón (Pedro Ortiz y Hontoria), solicitará que dos de las denuncias de abuso sexual que pesan sobre el religioso se tramiten en la justicia cordobesa.

La fundamentación del planteo se basa en que dos de los hechos imputados al “Hermano” se habrían registrado en la pileta de un hotel en Santa Rosa de Calamuchita en el marco de un viaje de estudio. 

En tanto, los restantes, habrían ocurrido en las instalaciones del establecimiento educativo ubicado en Hipólito Yrigoyen y Lisandro de la Torre.

El planteo inicial fue rechazo por la Jueza Paula Borrello, mientras que en esta oportunidad el magistrado de la Cámara será Juan Pablo Lavini Rosset. 

De esta manera, se dilata el inicio del juicio oral y público contra el “Hermano Pedro”, sobre quien pesa un pedido de 16 años de prisión por cuatro hechos de abuso sexual contra niñas que cursaban 6° y 7° grado en los años 2018 y 2019.

Mientras tanto, el religioso continúa con su vida en Buenos Aires, donde debe cumplir con ciertas normas de conductas, entre ellas, no tener niños ni jóvenes a cargo, y presentarse periódicamente en la comisaría más cercana. Además, la imposibilidad de salir del país, algo que intentó en el último año con pedidos especiales para viajar a España, donde radica su familia.   

Historia del caso

La primera denuncia fue radicada en septiembre del año 2021 por Débora, la mamá de una nena que sufrió el accionar del religioso cuando cursaba 6° y 7° grado durante los años 2018 y 2019.

“A ella no le gustaba la forma en que el hermano Pedro le hablaba a algunas chicas y las agarraba de la cintura. En ese momento le pregunté si le había pasado algo y me dijo que no. Ella comenzó a tener muchos síntomas, le dolía la cabeza, la panza, hasta que nos recomendaron llevarla a la psicóloga porque podía ser emocional”, relató Débora.

Posteriormente la niña comenzó a faltar a clases por fuertes dolores de cabeza y luego de tres meses le diagnosticaron migrañas vertiginosas.

En ese momento se avecinaba el viaje de estudio a Córdoba. Y en un pijama party, el papá escucha una charla con las amigas en donde decían que “si el hermano Pedro iba al viaje, ellas no se iban a meter a la pileta, porque no se querían poner las mallas delante de él”, contó Débora. Finalmente, Pedro no viajó.

La nena no “volvió al colegio porque comenzó a sufrir ataques de pánico. Ya estaba con tratamiento psicológico y psiquiátrico. En diciembre tenía que rendir y no pudo. Así que terminó 7° grado rindiendo en marzo, con mi compañía. Y luego la cambié de escuela”, precisó la mamá.

En el año 2021 “pudo contar todo lo feo que le había pasado”, relató Débora.

La joven contó que “el hermano Pedro la tocó en varias ocasiones. A él le gustaba mucho las matemáticas, por eso hacía un cuadernillo que lo entregaba a comienzo de año. Luego llamaba a las alumnas de a dos: una esperaba afuera de una sala de Dirección y la otra entraba. Era ahí que la retaba, le gritaba y la tocaba en las zonas íntimas”, aseguró la mamá.

Denuncia en fiscalía

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Schiappa Pietra, quien en octubre de ese año imputó a Pedro Ortiz y Hontoria por “abuso sexual simple”, agravado por la guarda. Al mismo tiempo determinó el impedimento de tener menores a cargo. Fue en ese momento que renunció y se fue de Venado Tuerto, con destino a Buenos Aires.

Segunda denuncia

El 15 de julio de 2022 se sumó una nueva denuncia por “abuso sexual simple”.

Se trató de una nena que en 2019 cursaba 6° grado en la institución, y ese mismo año sus padres decidieron cambiarla de establecimiento educativo.

La mamá y el papá se presentaron en el Ministerio Público de la Acusación, donde expusieron todo lo acontecido ante el fiscal Horacio Pueyrredón.

Graciela, la mamá de la alumna, sostuvo una entrevista con Sur24 que el maltrato del “hermano” Pedro era constante, “con gritos, humillaciones, burlas. Le decía que se iba a ir al infierno”.

Cuando el religioso “ingresaba al aula, en un primer momento había que decirle ‘buen día’. Pero después pasó a exigirles que además le den un beso en la mejilla, cosa que mi hija se negó a hacer”.

La niña comenzó a tener dolor de panza, de cabeza y pesadillas. Y el deseo de no concurrir a clases.

Esta situación desembocó “en que decidamos cambiarla de escuela. Y terminó 7° grado en otra institución”, relató la mamá.

Otra vez los cuadernillos

En 2020 la joven inició sesiones de terapia, donde pudo contar la experiencia vivida en el Sagrado Corazón con el religioso. 

Pedro convocaba de “a dos alumnos a una sala, pero los hacía pasar de a uno. Allí, cuando realizaba las correcciones (del cuadernillo), la maltrataba, le gritaba y un día comenzó a tocarle la pierna. En ese momento mi hija le puso un freno, por eso la cosa no pasó a mayores”, relató Graciela.

Dos nuevos casos

El 21 de diciembre de 2022, en la audiencia pública, se supo que se habían sumado dos nuevas denuncias, para llegar a un total de cuatro.

La fiscal definió el primer caso como “abuso sexual simple gravemente ultrajante agravado por la guarda”. Mientras que los tres restantes fueron caratulados como “abuso sexual simple agravado por la guarda”.

En las pruebas presentadas por Florencia Schiappa Pietra quedó en claro el temor de las alumnas de que Pedro concurra al viaje de egresados a Córdoba.

Y en las denuncias, las víctimas afirmaron que las situaciones de abuso las sufrieron en la pileta del hotel, en Santa Rosa de Calamuchita. Precisaron que, “jugando”, las tocaba en distintas partes del cuerpo. Una de las niñas dijo que sintió su mano “hasta la garganta”.

El fiscal regional interino, Horacio Puyrredón, puso en relieve el trabajo conjunto desarrollado entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA), las fuerzas de seguridad de todo el sur santafesino, el gobierno de Venado Tuerto y los municipios y comunas de la zona, para poder detener a los autores del robo a la financiera, minutos después de cometido el ilícito. 

Según remarcó se trató de un hecho de características particulares para una ciudad como Venado Tuerto, ya que se trataba de un domicilio ubicado en el centro de la ciudad, Rivadavia y Cabral; se produjo a plena luz del día, alrededor de las 10.30; ingresaron a cara descubierta y escaparon a pie por casi 100 metros, para luego subirse a un automóvil y emprender la huida.

“Tomamos conocimiento en horas cercanas al mediodía del jueves que se había producido un robo calificado y que la policía ya estaba trabajando al respecto. De inmediato recibimos las imágenes, que luego se viralizaron, que nos brindaron algunos datos, sobre todo el ingreso y egreso a la vivienda. A través del Centro de Monitoreo municipal, pudimos identificar el vehículo, un Nissan Versa color oscuro y visualizar la chapa patente; así que se estableció la alerta y se dispuso un operativo cerrojo no sólo en Venado sino en toda la región”, comenzó contando el funcionario del MPA. 

El número de patente fue cargado en el identificador que tiene la ciudad de Firmat sobre la ruta 33 que alertó el paso del mismo. Así fue que el Comando Radioeléctrico inició un seguimiento controlado, finalizando en la localidad de Villada, donde fueron aprendidas las cuatro personas, tres masculinos y una femenina, y secuestraron elementos probatorios para la causa.

En el lugar trabajo la Policía de Investigación (PDI) de Venado y Firmat, mientras que la continuidad de las actuaciones quedó a cargo de personal de la Comisaría 2da. 

“Quiero destacar el rápido y eficiente accionar policial, que fue determinante al momento de dilucidar este caso”, exclamó Puyrredón. 

Seguidamente, el fiscal también reconoció el valioso aporte que hicieron vecinos de la ciudad, quienes captaron el ingreso y egreso de los delincuentes al inmueble, brindando datos de las personas y del modo de escape, permitiendo que las cámaras de seguridad del gobierno local puedan identificar el auto y así dar la alerta. 

“Tenemos que destacar el compromiso de los vecinos. Sin duda, Venado Tuerto es una localidad comprometida con la seguridad y un hecho de este tipo no pasa desapercibido, por el movimiento, la acción, la forma de ingreso y demás cuestiones que llamaran la atención”, enfatizó. 

El fiscal regional interino, precisó que por estas horas están a la espera de los informes sobre las actuaciones para tener precisiones sobre los cuatro detenidos, todos mayores de edad. “Se han solicitado registros de antecedentes y estamos a la espera. Serían todas personas de Rosario, si bien una de ellas, un masculino, tenía domicilio en la provincia de Buenos Aires”. Y subrayó: “Estamos al inicio de la investigación, recién transcurrieron las primeras 24 horas. Los elementos más fuertes y contundentes son el trabajo y accionar policial, los secuestros que tenemos y la detención de los sujetos involucrados”. 

A su vez, adelantó que la semana que viene, entre lunes y martes, se procederá a la imputación de los cuatro por “robo doblemente calificado por uso de arma de fuego y por ser en poblado y en banda, y privación ilegítima de libertad en concurso ideal de delitos”, y allí se solicitará la prisión preventiva. Mientras tanto, fueron trasladados a la Alcaidía de Melincué. 

En cuanto al vehículo, detalló que, en principio, no tenía ningún impedimento para circular, aunque deberán analizar los guarismos, que no estén alterados, lo mismo que la patente.      

Según consideró el fiscal, podría haberse dado un trabajo previo, con datos puntuales sobre el movimiento que había en este inmueble. “A primera vista, estas personas se habrían acercado a la ciudad con un plan previo de cometer este ilícito”, planteó. 

Con el correr de las horas se fueron conociendo más detalles en relación al robo a la financiera de Venado Tuerto ubicada en Cabral y Rivadavia. Fuentes del caso indicaron a Sur24 que uno de los involucrados sería un agente policial retirado, que todos viven actualmente en Rosario y que entre gran parte de los cuatro delincuentes habría una relación familiar. También se supo que el monto de lo sustraído asciende a 10.000 dólares y 3.500.000 de pesos.

Se trató de uno de los robos más relevantes de los últimos tiempos en Venado Tuerto, principalmente por haberse cometido a plena luz del día.

Según se pudo confirmar, al local ingresaron dos personas con el rostro descubierto, y al menos una de ellas portaba un arma de fuego. Posteriormente se retiraron por calle Cabral caminando durante unos 60 metros y luego corriendo pocos segundos para subir a un automóvil que los esperaba en la esquina de Juan Bautista Alberdi.

Lo cierto es que toda esa secuencia fue filmada por una persona que pasaba por la zona del hecho, y ese video fue fundamental para dar con los malhechores.

Rápidamente desde de la Jefatura de la Unidad Regional VIII de Policía se envió un mensaje a todas las reparticiones del sur provincial para trabajar en un operativo cerrojo, el cual finalmente dio resultado positivo. Personal del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Firmat pudo detectar en la central de monitoreo el paso de un Nissan Versa oscuro, similar al que quedó registrado en el video. En consecuencia, dieron inicio a una persecución que terminó en la localidad de Villada donde fueron detenidas las cuatro personas (tres hombres y una mujer).

Fuentes del caso indicaron que uno de los sujetos sería un policía retirado. Y si bien, un integrante de la banda tiene domicilio en provincia de Buenos Aires, todos actualmente viven en la ciudad de Rosario. 

Además, se supo que el monto sustraído asciende a 10.000 dólares y a 3.500.000 de pesos. 

David “Jeringoso” C. quedó en prisión preventiva tras una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses en donde se le imputaron dos hechos de “resistencia a la autoridad, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, amenaza simple y encubrimiento”.

El peligroso delincuente había sido detenido en la jornada del lunes por un policía de civil, cuando se movilizaba en una motocicleta que tenía pedido de secuestro.

Era buscado desde el 8 de junio, cuando huyó de los agentes tras una persecución de 14 cuadras por las calles de Venado Tuerto, escapando por un túnel en la zona de Pavón y las vías. En ese operativo fue detenido el “Wacho” Maxi con un frasco que contenía marihuana y 600.000 pesos en efectivo. Además, apresaron a dos mujeres que posteriormente recuperaron la libertad.

Audiencia

La audiencia imputativa y cautelar se llevó adelante en la jornada del jueves en los tribunales de calle Chacabuco a metros de Castelli. El fiscal que representó al Ministerio Público de la Acusación fue Horacio Puyrredón, quien le imputó cinco hechos al detenido y posteriormente solicito la prisión preventiva, la cual contó con el visto bueno del Juez en lo Penal Mauricio Clavero.

Ahora, el “Jeringoso” atravesará detenido todo el proceso que lleve la investigación hasta desembocar en un juicio oral y público o en un “abreviado”.

David “Jeringoso” C. fue detenido en la noche del lunes tras haber escapado de la policía la madrugada del 8 de junio cuando se movilizaba en un automóvil junto al Wacho Maxi.

El joven tiene múltiples antecedentes por robos y uso de armas de fuego, con una cantidad importante de víctimas en Venado Tuerto. 

Fuentes oficiales informaron a Sur24 que pasado el mediodía de este miércoles se llevará adelante la audiencia imputativa y cautelar, donde el fiscal Horacio Puyrredón solicitará la prisión preventiva ordinaria. 

Caso reciente

El caso data del 8 de junio cuando el “Jeringoso” junto al “Wacho Maxi” y dos mujeres (que recuperaron la libertad) se movilizaban en un automóvil por las calles de Venado Tuerto y al divisar la presencia policial huyeron a toda velocidad. En ese momento se dio una persecución a lo largo de 14 cuadras y finalmente el vehículo detuvo la marcha en la zona de Pavón y las vías. Pero lo cierto es que 200 metros antes el Jeringoso logró bajar del Ford Focus para posteriormente escapar corriendo y cruzar las vías por un pequeño túnel.

En ese momento fue detenido el Wacho Maxi con 8 gramos de marihuana y 600.000 pesos en efectivo. Estaba acompañado de dos jóvenes mujeres que horas más tarde recuperaron la libertad. 

Ahora, el “Jeringoso” será imputado nuevamente y la fiscalía solicitará la prisión preventiva. Anteriormente había sido apresado hace poco más de un año en el barrio Santa Fe, en el marco de un mega operativo llevado adelante por la Policía de Acción Táctica.

Marco L. (23), un joven que está detenido en la Alcaidía de Melincué, junto a Pablo C. (29), acusados de robo calificado, acusó mediante un mensaje en la red social Facebook a una tercera persona (Franco P.) de haber sido el autor material de un robo ocurrido en la localidad de María Teresa, cuando con un arma de fuego le sustrajeron 70.000 pesos en efectivo a un joven de 33 años que salía de su trabajo. 

El muchacho se considera inocente, y asegura que cumplirá “la condena con la frente alta”. 

Historia del caso

El hecho se registró el 26 de mayo, cuando a una persona de 33 años la asaltaron a mano armada cuando salía de trabajar y le sustrajeron 70.000 pesos que recién había cobrado. A las pocas horas los agentes policiales detuvieron a dos sujetos y dieron con el arma de fuego utilizada para cometer el delito. 

Posteriormente en una audiencia imputativa el fiscal Horacio Puyrredón los imputó y pidió la prisión preventiva para ambos. Los acusados se declararon inocentes y apuntaron contra Franco P. como al autor material del hecho delictivo. 

Lo cierto es que en la noche del miércoles Marcos L. realizó un posteo en la red social Facebook donde hace un fuerte descargo y acusa a Franco P. de escudarse en “la religión”.

El texto, comienza diciendo: “Ya que no te dio para hacerte cargo de tus errores, mínimamente tené la decencia de devolverle la quincena al pobre laburante que le arrebataste a punta de pistola”.

Posteriormente se preguntó: “Pero que podemos esperar de alguien que abandona su familia a su suerte???”.

Para seguir diciendo que “yo no me escondo atrás de una biblia y mucho menos atrás de una pistola, a mí me sobran los pantalones que a vos te faltan”.

Marcos L. considera que “las cosas caen por su propio peso y la tortilla se cocina de los dos lados, la vida te va a devolver por 100 lo que vos me estás haciendo. Pagar a mí.” 

A su vez aseguró: “Yo voy a cumplir tu condena con la frente bien en alto y con la consciencia tranquila que yo no me llevé nada que no fuera mío... porque así me crío mi vieja y esos fueron los ideales que dejo mi papá”. 

Por último, sostiene que “el pueblo sepa que el ladrón sigue entre ustedes y en libertad .. y que va todos los domingos a misa... de seguro tu supuesto dios se debe retorcer en la cruz”.

El reconocido narco-delincuente apodado el “Wacho Maxi” fue imputado en la jornada del miércoles por “resistencia a la autoridad” y venta de estupefacientes. Al mismo tiempo le dictaron la prisión preventiva sin plazo, con lo cual estará detenido durante todo el proceso que desembocará en el juicio. 

Se trata de un hecho reciente, registrado en la madrugada del último sábado 8 de junio en Venado Tuerto, donde el “Wacho Maxi” junto a otras dos personas fueron detenidos por las fuerzas policiales tras ser perseguidos a lo largo de 14 cuadras de la ciudad. 

Según fuentes oficiales consultadas por Sur24, aproximadamente a las 5 horas en inmediaciones de Avenida Eva Perón y J. D. Perón los uniformados observaron un vehículo marca Ford Focus color champagne que aceleró su marcha huyó a alta velocidad. A la altura del cruce del ferrocarril desciende del habitáculo un sujeto quien se dio a la fuga en forma pedestre.

Finalmente se suman más móviles a la persecución y consiguen alcanzarlos a la altura de calle Pavón y Sarmiento.

A la hora de realizar la requisa en el vehículo, los agentes encontraron cuatro cartuchos de arma de fuego sin percutar, un morral color azul oscuro el cual contenía en su interior la suma de 616.600 pesos y un frasco de mermelada con 8 gramos de marihuana. 

En consecuencia, rápidamente se informó al fiscal Horacio Puyrredón, quien dispuso la detención de las tres personas y le dio intervención a personal de Microtráfico.

Las autoridades consideran, en base a datos recabados, que la comercialización de estupefacientes por parte de este sujeto era una práctica habitual durante la noche. Además, en el automóvil en cuestión iba otro conocido malviviente que es buscado intensamente por estas horas y que consiguió escapar por una especie de túnel que hay en las vías del ferrocarril a la altura de calle Pavón.

Este procedimiento realizado en la madruga del sábado desembocó en una publicación en redes sociales por parte del intendente Leonel Chiarella, quien celebró la detención del “Wacho Maxi” y criticó al juez que a comienzos de año decidió dejarlo en libertad. 

El propietario de un pelotero y un empleado que estaba encargado de manipular un toro mecánico fueron imputados como coautores del homicidio culposo de una niña, cometido el domingo pasado en Venado Tuerto.

Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Horacio Puyrredón en la sede de la Unidad Fiscal Venado Tuerto de la Fiscalía Regional 3. El dueño del local en el que tuvo lugar el ilícito tiene 41 años y sus iniciales son IFG; mientras que la otra persona investigada tiene 18 años e iniciales EAS.

Impericia, imprudencia e inobservancia

El funcionario del MPA señaló que "a los imputados se les endilgó haber provocado el fallecimiento de la víctima Kiara Novellino por impericia, imprudencia e inobservancia de los deberes que cada uno de ellos tenía a su cargo".

Puyrredón relató que "durante un festejo que se desarrollaba en el pelotero, la niña, que iba a la escuela primaria, estaba arriba del toro mecánico que el joven de 18 años manejaba desde un dispositivo, se cayó y se golpeó con la estructura de hierro del juego". Según especificó, "sufrió una fractura traumática en el cráneo, tuvo una gran hemorragia y murió en el hospital de Venado Tuerto ese mismo día".

Por otro lado, mencionó que "el local en el que fue cometido el homicidio culposo fue clausurado provisoriamente por el municipio de Venado Tuerto".

Con motivo de la trágica muerte de la niña de 7 años de edad, Kiara Novelino, ocurrido en la tarde de este domingo en el salón de eventos Big Party, de Moreno al 1100 de Venado Tuerto, este mediodía el fiscal Horacio Puyrredón divulgó que, en principio, la figura que se aplicará al responsable del negocio (I.G.) y al operador del “toro mecánico” (E.S.) será la de “homicidio culposo”, aunque aclaró que “todo es muy provisorio en función del poco tiempo transcurrido” desde el lamentable hecho, explicó a Sur24 el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA). 

Puyrredón adelantó que en lo inmediato se llevará a cabo una audiencia imputativa a los efectos de “asegurar reglas de conductas para las dos personas con formación de causa”.

Además, refirió que son numerosas las investigaciones que restan por hacer: “Todo es muy reciente. El local ya está cerrado, clausurado y fajado para iniciar todas las pericias correspondientes, dado que hay que determinar una serie de cuestiones. También tenemos citadas -continuó- para las declaraciones testimoniales a todas las personas que concurrieron al evento y también al personal del salón”.

“Una de las cuestiones a dilucidar es a partir de qué edad se debe usar un juego de estas características, si existe un programa adaptado para cada edad, si la caída y el golpe tienen que ver con alguna falla en el dispositivo de seguridad…”, enumeró.

El episodio con fatal desenlace se originó durante el festejo de un cumpleaños, cuando la pequeña Kiara, de 7 años de edad -alumna de la Escuela N° 968-, fue despedida del toro mecánico y dio su cabeza sobre un sector del piso sin protección, lo que le provocó la muerte instantes después.

De hecho, en la guardia del Hospital Gutiérrez constaron su ingreso sin signos vitales a causa de un “traumatismo cráneoencefálico”.

Mientras tanto, el Tribunal Municipal de Faltas, a pedido de la Fiscalía, había procedido a la clausura provisoria del salón de eventos en la misma tarde del domingo.

Tras el crimen del sábado por la noche en el barrio Tiro Federal de Venado Tuerto, donde una vecina fue víctima de un disparo letal de arma de fuego a las puertas de su domicilio, en 2 de Abril al 1900, en las últimas horas se confirmó la detención del primer sospechoso (K.A.), alrededor de las 6 de la mañana.

El sujeto aprehendido reside en las inmediaciones del lugar del hecho, al igual que su cómplice, que sigue siendo intensamente buscado por las fuerzas policiales, bajo la supervisión de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Damián Cassullo y Horacio Puyrredón, quienes actuaron desde el primer momento.  

Aunque el asunto es materia de investigación, los testimonios ubican a K.A. en el lugar del hecho y sería quien efectuó el disparo que impactó en la víctima, una mujer de 62 años de edad.

También se ratificó que el origen de la controversia interpersonal que desembocó en la salvaje agresión fue la posesión de un camperón que habían vendido un día antes a la vecina y en ese momento -se desconocen los motivos- exigían la devolución.

Por otra parte, fuentes vinculadas a la causa descartaron la versión circulante el mismo sábado a la noche, que relacionaba el episodio con un presunto ajuste de cuentas por deudas relacionadas con drogas (narcomenudeo).

Tal cual adelantó Sur24 en las últimas horas de este sábado, los jóvenes se desplazaban en bicicleta y llegaron al domicilio de la víctima reclamando la devolución de la prenda, tras lo cual se generó una discusión en duros términos. Y cuando los individuos se retiraban del lugar, a unos 30 metros de distancia, uno de ellos extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en la mujer que se encontraba en la vereda. Poco después, ambulancias del SIES 107 arribaron al lugar, pero la vecina ya no tenía signos vitales.Los agresores fueron rápidamente identificados en la misma noche y enseguida los efectivos policiales se lanzaron en su búsqueda, hasta que el primero de ellos cayó preso en la madrugada de este domingo. 

En una audiencia que se llevó adelante en la jornada del miércoles, dos sujetos fueron imputados por “robo calificado” y quedaron en prisión preventiva acusados de asaltar a un trabajador en María Teresa y robarle 70.000 pesos.

El hecho se registró en la jornada del viernes y los malvivientes fueron detenidos a las pocas horas, en el marco de una investigación donde el fiscal fue Horacio Puyrredón.

Fuentes del caso consultadas por Sur24 indicaron que los pesquisas consiguieron dar con el arma de fuego utilizada por los delincuentes. 

Los acusados, Marcos L. (23) y Pablo C. (29), fueron trasladados a la Alcaidía de Melincué en donde permanecerán en calidad de detenidos mientras se lleve adelante la investigación que desembocará en un juicio.

Sobre el mediodía de este lunes, en el desarmadero localizado en Marenghini al 300 de Venado Tuerto, ofrecieron una conferencia de prensa el intendente Leonel Chiarella; el delegado regional del gobierno provincial, Roberto Vergé, y el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, quienes asistieron a la compactación de los elementos incautados tras la clausura de la chatarrería, en un trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Provincia. También estuvieron presentes el fiscal regional Horacio Puyrredón, la senadora provincial Leticia Di Gregorio; el diputado provincial Leonardo Calaianov y el secretario de Gobierno local, Mariano De Mattia.

En primer lugar se pronunció el anfitrión Leonel Chiarella, destacando que “en su momento se clausuró esta chatarrería, se dio inicio a una causa penal y, ahora, por primera vez en la historia, también se adopta como sanción penal el decomiso no solamente de la chatarra depositada de manera ilegal, sino de toda la chatarra que comprende el predio; son más de 300 toneladas que se están decomisando y para nosotros es una decisión muy importante que ha tomado nuestro gobernador Maximiliano Pullaro, con el respaldo de la Justicia”. Y agregó que “estas decisiones tienen que ver con una sanción que no se limite a la prisión, sino que involucre también el decomiso de toda la chatarra que hoy ustedes ven acá. Por eso queríamos venir al lugar donde pasan las cosas, para dar un mensaje claro, que tiene que ver con el combate contra el delito y con la lucha contra la inseguridad”. 

"Nosotros hemos sufrido el robo de cables, sobre todo en el alumbrado público, y eso implica un perjuicio muy grande para la ciudadanía en lo económico, además de que muchas calles y avenidas han quedado varios días sin iluminación. Y ese cobre robado se vendía en estos lugares. Incluso, el día del allanamiento se encontró una camioneta llena de cobre que es producto de esa actividad ilícita, por lo cual esto también implica un golpe al delito y un mensaje a los delincuentes de que habrá una sanción penal y que no solamente va a ser una pena real, sino que además va a ser el decomiso de toda la mercadería y una sanción económica muy dura para los que forman parte de esa estructura delictiva”, sentenció el jefe del Departamento Ejecutivo venadense.

También ratificó Chiarella que el desarmadero, desde la órbita municipal, “está clausurado de por vida, más allá de que en las últimas horas ensayaron una maniobra para volver a habilitarlo. No nos van a tomar de tontos, no somos improvisados, somos un equipo que trabaja con la decisión firme de luchar contra la inseguridad y combatir el delito en todos sus ámbitos, desde el narcotráfico hasta el robo de cables, y esto también tiene que ver con una decisión de que nuestros vecinos puedan vivir más seguros”.

Sobre el futuro del material compactado, el intendente adelantó que “se venderá y con la recaudación se comprarán elementos para distribuir en clubes y en escuelas”.

Por su parte, Matías Figueroa Escauriza valorizó “el trabajo conjunto con la Municipalidad y la Fiscalía Regional, desde la inspección, el allanamiento, la clausura y luego un juicio abreviado, hasta llegar a decomisar todos los bienes a favor de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), única en el país y que posibilita efectuar con rapidez estos procedimientos. 

“Con toda la compactación que llevemos adelante vamos a estar haciendo donaciones, pero, fundamentalmente lo que hacemos -subrayó el funcionario- es golpear al delito donde más le duele, que es en su poder económico; los dueños de estos comercios, con este decomiso que hicimos en conjunto con el (juicio) abreviado con la Fiscalía, pierden mucho dinero y eso les debilita sus organizaciones criminales, sea la que sea, en esta oportunidad era comprar material robado, como cobre o bronce, elementos que nos roban a todos los vecinos, desde cables hasta picaportes. Le quitamos poder de acción al decomisar de todos estos elementos y sacarle dinero ni más ni menos que a quienes compran lo robado”.

“La decisión política del gobernador Pullaro es que vayamos contra todas las organizaciones criminales en todos sus aspectos, y en el sector de las chatarrerías el objetivo es decomisarle sus bienes y compactarle el ciento por ciento de sus elementos. Vamos a estar trabajando más de un mes en este lugar con la compactación, calculamos entre 300 y 500 toneladas de material no ferroso, y también autos y camionetas sin trazabilidad, y la idea es que el barrio pueda recuperar este espacio”, acotó.

El funcionario destacó que operativos semejantes se están llevando a cabo en distintos puntos de la provincia, a partir de una treintena de 30 allanamientos, señalando que “en Rosario bajamos un 58% el robo de material no ferroso entre febrero y abril, y esto muestra que el control hace que disminuya el robo. Si no hay quien compra a quienes roban, baja el robo, y pasó lo mismo en el departamento General López; de acuerdo a la información proporcionada por los fiscales Puyrredón y Matías Merlo, bajó el robo en estos últimos dos meses y realmente lo que buscamos es desalentar el robo de todos estos elementos que tanto perjudica a los vecinos”. 

Consultado sobre la situación legal del responsable del desarmadero, el fiscal Horacio Puyrredón especificó que la persona está detenida y condenada a dos años y cuatro meses de cumplimiento condicional, “una condena ejemplar para este tipo de hechos y de delitos”, estableció. 

Y respecto de los proveedores, informó que “nosotros tenemos una investigación abierta" y que "hay otros lugares donde se está trabajando dentro de la Tercera Circunscripción Judicial, así que sigue en trámite la investigación penal, más allá de la condena ejemplar que ha recibido el propietario de esta chatarrería”.

En el cierre, Chiarella agradeció “el trabajo en equipo que venimos llevando adelante con Matías, que tiene que ver con una convicción muy clara, que es ir en contra de las organizaciones que se dedican al delito; en su momento fue desbaratar la organización de la Megaestafa inmobiliaria, que hoy lo tiene a Antonio Di Benedetto en la cárcel de Piñero; y ahora el objetivo es desbaratar este tipo de organizaciones que forma parte del entramado de nuestra ciudad y de nuestra región. También agradecer a la Fiscalía, a Horacio (Puyrredón), a todo el equipo, porque detrás de nosotros hay mucha gente que trabaja todos los días con este mismo objetivo; a todo el equipo de Gobierno, a Mariano De Mattía, y al área de la Secretaría de Control Urbano, siempre con el propósito de hacerle frente al delito".

“Cuando clausuramos todo esto, me llamaron para amenazarnos, para buscarnos nuestras casas, para apretarnos, pero la verdad es que no tenemos miedo, a todos estos delincuentes lo vamos a lo vamos a perseguir y los vamos a encarcelar”, aseguró el intendente y agregó que “también el producido de la venta de los cables o los picaportes robados se relaciona con pibes que roban para seguir consumiendo drogas, es decir que además se involucra el narcotráfico en estos negocios”.

"Aunque nos vengan a apretar, o nos vengan a amenazar, nosotros no tenemos miedo, vamos a ir al frente como lo venimos haciendo y vamos a seguir trabajando de la misma manera que lo hacemos hoy”, completó el intendente venadense.

Sofía Belén C. fue imputada bajo la carátula de “homicidio en grado de tentativa” y quedó en prisión preventiva ordinaria sospechada de ser la autora material de la puñalada que dejó en grave estado a Naomi D. (20 años) en un hecho registrado el martes 14 de mayo en la localidad de Murphy.

La audiencia se llevó adelante en la jornada del viernes en el marco de una investigación que lleva adelante el fiscal Horacio Puyrredón.

Al mismo tiempo, desde el Hospital Gutiérrez informaron a Sur24 que la víctima evoluciona favorablemente y se encuentra internada en sala general, luego de días en Terapia Intensiva. 

Por el momento desde el Ministerio Público de la Acusación no pudieron establecer el móvil que desembocó en la agresión.

Lo que sí quedó en claro es que fueron tres mujeres la que atacaron a una. En consecuencia, Sofía Belén C. fue imputada por “homicidio en grado de tentativa”, una segunda mujer que fue acusada por “lesiones” teniendo en cuenta que golpeó a Naomí, pero no la apuñaló. Mientras que una tercera joven quedó a disposición del Juzgado de Menores.

En tanto, las autoridades esperan que la víctima acceda a alta médica para poder tomarle testimonial y así tener más precisiones en relación a como se desataron los hechos.