Por Mónica Fein (*)

A cinco años de aquel 9 de mayo de 2021, la ausencia de Miguel Lifschitz no se mide solo en el vacío que dejó su partida, sino en la vitalidad con la que persiste su ejemplo. Me cuesta hablar de él en pasado porque su legado sigue siendo una hoja de ruta para quienes creemos que la política solo tiene sentido si mejora, de forma concreta, la vida de las personas.

Miguel fue un constructor de realidades, un ingeniero que no veía en la técnica una fría herramienta de gestión, sino un medio para la justicia social. Para él, la obra pública nunca fue una foto para el periódico; era el agua potable llegando a un barrio postergado, el hospital que dejaba de ser un plano para salvar vidas y la escuela abierta que garantizaba el futuro. Tenía una obsesión sana: terminar, cumplir, demostrar que el Estado puede y debe ser eficiente para reparar desigualdades.

Su ética no era una declaración de principios, sino una conducta cotidiana. Esa transparencia se condensó de manera dolorosa en su última decisión: esperar su turno para la vacuna contra el Covid-19, rechazando privilegios. Para Miguel, el poder no era una ventaja, sino la máxima responsabilidad.

Encarnó lo que podríamos llamar un "socialismo tranquilo". Siguiendo la huella de Guillermo Estévez Boero y Hermes Binner, practicó una política de cercanía, austeridad y diálogo. En una Argentina de gritos y puentes rotos, él prefería escuchar, articular y persuadir. No necesitaba proclamarse feminista para practicar la igualdad: en sus equipos, las mujeres ocupaban roles de decisión real por su capacidad y compromiso, tratadas siempre como pares.

Como Intendente de Rosario, Senador, Gobernador y Presidente de la Cámara de Diputados, no acumuló cargos; asumió desafíos. Dejó métodos, instituciones y, sobre todo, una forma de hacer basada en la prudencia y el coraje.

Extraño sus consejos, su humor seco y su capacidad para ordenar el caos con dos frases precisas. Pero recordarlo no puede ser un ejercicio de nostalgia. Miguel nos enseñó que gobernar es, fundamentalmente, cuidar: cuidar lo común, cuidar la palabra empeñada y cuidar la esperanza. Hoy, nuestra responsabilidad es preguntarnos si estamos a la altura de esa política ética, cercana y profundamente humana que él nos legó.

(*) Diputada nacional y presidenta del Partido Socialista (PS) a nivel nacional

(Por Luis Rodrigo) – Al cabo de un trabajo técnico intenso, que estaba pendiente desde hace al menos dos décadas, la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de Claudia Royón, publicó una resolución que define qué obras son prioritarias para que en el país el transporte de la electricidad funcione, de acuerdo con la demanda actual y futura.

El proyecto está valuado en algo menos de 7.000 millones de dólares y carece de una fuente de financiación, pero al menos implica darle al sector una hoja de ruta, en la que figuran los pedidos más importantes que había formulado -incluso públicamente- la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

La compañía estatal santafesina es la tercera distribuidora de todo el país, por su participación en el total de energía eléctrica del mercado eléctrico mayorista, así como por el número de sus clientes y la extensión de sus redes. Seguramente esa posición ha pesado.

Así lo indica el último informe de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina: en abril pasado la EPE requirió 1.505,97 megavatios, solo por debajo de Edenor (3.495,03 MW) y Edesur (2.662,90 MW) y por sobre Córdoba (1.411,55 MW). La diferencia técnica más evidente entre la empresa santafesina estatal y las privadas que actúan en la ciudad de Buenos Aires y su Conurbano bonaerense es que en la región metropolitana (el AMBA) se encuentra el mercado eléctrico más concentrado del país y cada kilómetro de línea tendida resulta mucho más rentable. En el mapa de la bota, en cambio, la realidad es otra, por su extensión.

La resolución 507 de las autoridades nacionales jerarquizó 15 proyectos para construir nuevas líneas en alta tensión (de 500 kV) por su nivel de prioridad. Y allí figuran los pedidos que con esas características técnicas había formulado la EPE en octubre de 2022, que se exponen a continuación por orden de aparición en el decisorio.

Figura el nuevo tendido para unir Rio Diamante, Charlone, O’Higginis y Plomer, en la Provincia de Buenos Aires, porque la compañía santafesina espera que desde la segunda se puedan tender dos nuevas líneas (de 132 kV) a la localidad de Rufino (General López). Quien se tome el trabajo de leer los cuatro documentos adjuntos de la resolución (que figuran como anexos) verá que ambas líneas para los rufinenses no están contempladas, pero que para su futura ejecución necesitan que antes se haga el refuerzo en 500 kV.

Este proyecto de transporte en alta tensión es prioritario para la EPE, ya que luego se puede mejorar la calidad del servicio, ampliar la capacidad de abastecimiento y favorecer el desarrollo económico en los nodos Rufino, Venado Tuerto y Firmat, así como de todas las localidades abastecidas desde las mencionadas, indicó la EPE ocho meses atrás, cuando se iniciaron las conversaciones entre los actores nacionales y provinciales para fijar -y acordar- las obras prioritarias.

De llevarse a cabo todo el proyecto, se reducirá “la cantidad de combustible líquido (gasoil) utilizado hoy para alimentar las centrales térmicas de Venado Tuerto y de Rufino”, que no reciben energía suficiente del sistema nacional.

Asimismo, la resolución en su Anexo I contiene como obra prioritaria la línea de 500 kV Santo Tomé, San Francisco, Malvinas Argentinas. Lo que la EPE plantea es que desde la Estación Transformadora en San Francisco (Córdoba) salgan líneas de 132 kV hacia el sistema santafesino, “lo que permitirá dar redundancia a la red en dicho nivel de tensión, mejorando la calidad, confiabilidad y ampliando la capacidad disponible de la región” pero además tal como sucede con el caso antes descripto “esta infraestructura desplazará el uso de combustibles en las centrales térmicas de Rafaela y Ceres”, indicó la empresa santafesina oportunamente.

En la resolución señalada no figuran otros dos pedidos de la EPE, para una línea entre Ramallo (provincia de Buenos Aires) y Villa Constitución (Santa Fe) para que se considere la fábrica de laminados industriales en esa ciudad, que demanda alta potencia.

Lo mismo sucede con la línea de alta tensión en 132 kV que viene de San Nicolás (Buenos Aires) a territorio santafesino y “se encuentra fuera de servicio por orden del Ente Regulador Nacional de la Electricidad” porque “se encuentra con su franja de servidumbre administrativa de electroducto intrusada en la provincia de Buenos Aires. Por tal razón, fue necesario construir un by pass de emergencia en ese nivel de tensión, para tener un recurso adicional para situaciones de contingencias”, según el informe de la EPE ya citado.

Estos otros dos pedidos de la compañía santafesina a la Nación no son en 500 kV (que se corresponde a esos gigantes de metal que pueden verse en las rutas) sino a obras más chicas, también imponentes, pero en 132 kV. En rigor, en esa capacidad de transporte no hay obras para Santa Fe, solo se contemplan las jurisdicciones donde el transporte es para varias provincias chicas, como Transnoa y Transnea, que operan esos mercados en noroeste y el noreste argentino, así como en Cuyo y la Patagonia.

Santa Fe (como Córdoba y otras provincias) allí no figura, sin embargo, hay 30 emprendimientos correspondientes al “Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal” con líneas en 132 y estaciones transformadoras para la parte menos poblada de la Provincia de Buenos Aires.

Uno de los cuatro anexos de la resolución indica qué estaciones transformadoras deben ser readecuadas y allí hay dos trabajos para ejecutar en territorio santafesino, en el ámbito del transporte de la energía, que como con las líneas de alta tensión no debe confundirse con las instalaciones de la EPE.

La más importante de es la Estación Transformadora Rosario Oeste de 500 a 132 kv que demanda unos 26 millones de dólares. En la lista la más cara es una nueva ET para San Juan, a construir de cero, que requiere 34 millones de dólares, lo que da una idea de la inversión necesaria para la ET en la ciudad santafesina más poblada.

La segunda, es una ET ubicada en la ciudad de Romang (San Javier) de 500 a 132 kv, que en cambio necesita de 6,5 millones de dólares para su readecuación.

El presidente Alberto Fernández mantuvo este jueves un encuentro con el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, en el que “evaluaron la situación a partir de los últimos cambios que se dieron” y “avanzaron en la hoja de ruta e implementación de alguna de esas medidas”.

Fernández y Massa almorzaron en el despacho presidencial de Casa Rosada, en una “larga reunión de trabajo”, informó la portavoz Gabriela Cerruti en una de sus habituales conferencias de prensa semanales de los días jueves en la Casa Rosada.

Además, Massa llevó para la firma a Fernández el proyecto que establece un régimen especial para exportaciones del excedente de petróleo a partir del 1 de enero próximo. Se trata de un régimen de “beneficios e incentivos a las empresas” para que traigan dólares, dijo la portavoz.

“Recuperamos una cierta sensación de estabilidad”, destacó Cerruti, y agregó que “ha pasado ese momento virulento de especulación de las últimas semanas”, en referencia a la volatilidad del dólar.

La funcionaria, además, señaló que las consultoras privadas “ven con optimismo las medidas” anunciadas anoche por Massa y que ya están “siendo implementadas”. Asimismo, remarcó que el canje voluntario de bonos “que vence el martes tiene una adhesión del 60 por ciento”.

Sobre la segmentación de las tarifas, Cerruti explicó que el “80 por ciento de los nueve millones de hogares” que solicitaron el subsidio “gasta menos de 400 kilowatts por mes”, por lo que, reafirmó, “el 80 por ciento de esos hogares va a tener el subsidio completo”.

“Cuatro millones de hogares no pidieron el subsidio”, indicó la portavoz, porque “no califican o no lo quieren”, y manifestó que “efectivamente” se va a “recaudar más”. “El gas y la luz son bienes de difícil acceso al mundo que tenemos que cuidar”, enfatizó, y apuntó a “un ahorro de energía persistente” en el país.

Además, afirmó que el Gobierno “tiene políticas activas de conversación con todos los sectores, y todas las discusiones se dan en el Parlamento, que es el lugar donde se expresan las mayorías y las minorías en la política”.

También ponderó otras “mesas” de diálogo, como el Consejo Económico y Social, que ahora “va a conducir” la ya asumida secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont; y el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, entre otros.

Por otro lado, Cerruti sostuvo que el mandatario “siempre compartió el parecer” del Grupo de Puebla respecto de que la causa por presuntas irregularidades en la obra pública contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “es de clara persecución judicial”, que “no tiene ni pies ni cabeza y es un disparate judicial absolutamente”. “El Presidente lo expresó yendo a declarar al tribunal y en un hilo de tuits que sacó la semana pasada”, recordó Cerruti.

“Compartimos absolutamente el parecer del documento del Grupo de Puebla. El Presidente siempre compartió el parecer que sostiene hoy el Grupo Puebla”, completó en ese sentido. Por último, informó que Silvina Batakis ya está al frente del Banco Nación y “evaluará la continuidad o no de los directores” de esa entidad.

Mario Cáffaro

El Litoral

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados se reunirá este miércoles para definir modos y plazos para el tratamiento de los proyectos de ley que declaren la necesidad de la reforma constitucional santafesina. La decisión de enviar a dicha comisión los ocho proyectos ingresados hasta el momento, y que sea ese cuerpo el que defina el tratamiento, fue acordada en Labor Parlamentaria el pasado jueves, en la previa a la sesión Ordinaria.

El presidente de la Comisión, el socialista Joaquín Blanco, convocó a la reunión para las 10 en forma mixta. Será presencial para los que quieran estar en la delegación Rosario de la Cámara, y virtual a través del sistema de videoconferencia de la plataforma Zoom. Se informa en la citación que la reunión es “a los efectos de realizar una mesa de trabajo y diálogo sobre los proyectos relativos a la reforma constitucional”.

“Van a ingresar todos los proyectos, vamos a plantear una hoja de ruta de cómo avanzar en el análisis de los mismos y también algún grado de participación hacia la sociedad civil, academia, sectores productivos, intendentes, presidentes comunales. Arrancamos el proceso. El miércoles es el punto de partida para la discusión en Diputados” le dijo Blanco a El Litoral.

Los ocho proyectos a tratamiento son los siguientes:

* Expediente 46.711 del 2 de marzo, firmado por Gabriel Real (PDP).

* Expediente 47.177 del 1 de abril ingresado por Rubén Giustiniani (Igualdad) acompañado por Agustina Donnet (Igualdad) más Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Fabián Palo Oliver (UCR en Frente Progresista) y Mónica Peralta (Gen).

* Expediente 47.198 del 4 de abril que lleva la firma de Luis Rubeo (PJ).

* Expediente 47.404 del 20 de abril rubricado Nicolás Mayoraz, Natalia Armas Belavi y Juan Domingo Argañaraz (Vida y Familia).

* Expediente 47.868 del 19 de mayo ingresando en el recinto por el socialista Joaquín Blanco con las firmas del presidente de la Cámara, Pablo Farías, y de los socialistas Claudia Balagué, Rosana Bellati, María Laura Corgniali, Clara García, José León Garibay, Esteban Lenci; Gisel Mahmud; Pablo Pinotti y Lorena Ulieldin.

* Expediente 47.874 , también del 19 de mayo, y firmado por Lucila De Ponti (PJ).

* Expediente 48.131 del 8 de junio, autoría de Alejandro Boscarol (UCR – Juntos por el Cambio).

* Expediente 48.151 del 8 de junio firmado por Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura).

A este primer encuentro se llega tras la decisión del Congreso Provincial del Partido Socialista de presentar el proyecto, dar el debate sobre el tema y diferir para diciembre toda la cuestión electoral. En cambio, el viernes pasado una reunión de la mesa del comité provincial del radicalismo y de la flamante Comisión de Acción Política se resolvió informar que no es el momento adecuado para abrir este debate ante una sociedad con otras preocupaciones mayores como inseguridad, inflación y falta de empleo. El propósito es que esta decisión sea adoptada por la convención partidaria que se constituirá la semana venidera.

En tanto, en la reunión del sábado en el Partido Justicialista se resolvió apurar los proyectos del Ejecutivo sobre voto joven, autonomía y otros al entender que la decisión del radicalismo de no avalar el proceso “resiente la posibilidad de lograr consensos” señaló el titular partidario Ricardo Olivera. En la reunión del PJ fue notoria la ausencia de varios senadores, la mayoría de los cuales no sería partidario de habilitar esta discusión.

La Comisión de Asuntos Constitucionales tiene once miembros de los cuales tres son socialistas. A Blanco habrá que sumarles a Mahmud y Lenci; el vicepresidente es el justicialista Leandro Busatto y el oficialismo provincial también tiene una silla para Rubeo. El radicalismo tiene tres lugares, Boscarol, Maximiliano Pullaro y Marlen Espíndola. Los siguientes lugares son de Ariel Bermúdez (Creo), Real y Ximena Sola (Pro).

Amalia Granata (Somos Vida) ingresó un proyecto de Ley mediante el cual propone sea instituido el día 15 de Junio de cada año como el ‘Día Provincial de la Lucha contra la Violencia y el Maltrato hacia el Adulto Mayor’, en coincidencia con la Resolución NO 66/ 127 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 19 de diciembre de 2011.

La legisladora explicó que los adultos mayores son un sector poblacional que sufre muchas veces en silencio (pues carece de herramientas para “hacerse oír”) y que lamentablemente ha sido muchas veces olvidado por las autoridades y gobernantes de turno”. Explicó que “Naciones Unidas estima que aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores han sufrido algún tipo de abuso en entornos comunitarios, concentrándose la mayor tasa -paradójicamente- en instituciones/residencias de ancianos (donde 2 de cada 3 trabajadores de estas han reconocido haber infligido malos tratos alguna vez y de distinta índole en el último año). Estos números han empeorado notoriamente durante la pandemia de COVID-19”.

El objetivo de la fecha es brindar acciones contundentes, claras y concretas para asegurar los derechos fundamentales de las personas que resultan integrantes de este grupo etario.

Para Granata “es necesario poner sobre la mesa de discusión esta cruda realidad. Es un deber ético y moral. Pero también legal. La República Argentina firmó, aprobó́ y ratificó la Convención antedicha, la que establece cláusulas operativas y que generan responsabilidad internacional en caso de incumplimiento”.

La Cámara de Diputados dispuso la realización de una audiencia pública a los fines de abordar la temática ‘Urbanización de barrios populares. Provisión de servicios públicos: agua y saneamiento’, a instancias de la justicialista Lucila De Ponti. La resolución incluye la invitación para participar al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia; a la Subsecretaría de Planificación del Hábitat provincial; a la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; a la empresa ASSA; a las prestadoras de servicio de agua potable de las localidades donde haya barrios populares inscriptos en el RENABAP; al ENRESS; al Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, de Santa Fe así como autoridades municipales y comunales en cuyas localidades se asienten barrios populares registrados en el RENABAP; a la Oficina Municipal del Consumidor Rosario; a la Defensoría del Pueblo; a las organizaciones sociales que forman parte del relevamiento del RENABAP y a las universidades nacionales de la provincia.

La Legislatura realizará hoy un homenaje a los Veteranos y Caídos de la provincia en la Guerra de Malvinas de la cual se cumplen cuarenta años. La actividad está anunciada desde las 18 en el espacio La Redonda, Arte y Vida Cotidiana y coincide con el día de la rendición de las tropas argentinas.

Estarán presentes en el acto la vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Senadores, Alejandra Rodenas así como el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, m{as legisladores de ambas Cámaras, autoridades provinciales e invitados especiales. Ambas cámaras votaron sendas resoluciones disponiendo la actividad.

En el acto se realizará un homenaje a los Héroes Nacionales de Guerra, y de los Veteranos de Guerra de Malvinas fallecidos. Sus familiares recibirán en su representación, los diplomas correspondientes. También serán homenajeados los Veteranos de la Guerra de Malvinas.