(Por Luciana Lanzamidad) - La decisión de tener hijos no depende de un único factor. Puede estar atravesada por el deseo personal, la situación económica, el trabajo, la vivienda, la relación de pareja, los proyectos profesionales y hasta por las expectativas que cada persona tiene sobre su futuro.

Para conocer mejor ese entramado, UNFPA y VOICES! desarrollaron una encuesta sobre las intenciones reproductivas en Argentina, con el objetivo de reunir información demográfica que permita comprender por qué algunas personas tienen menos hijos de los que habían imaginado.

Por qué otras deciden no tenerlos y qué condiciones consideran necesarias para avanzar con un proyecto familiar.

El estudio se presenta bajo el título “Deseos reproductivos en la encrucijada: motivaciones y barreras para decidir en contextos de baja natalidad” y aborda una cuestión que excede la decisión individual.

Preguntas sobre la posibilidad de compatibilizar la crianza con un empleo remunerado.

La encuesta busca generar información que pueda servir para orientar acciones y contribuir al diseño de políticas públicas vinculadas con población y condiciones de vida.

El cuestionario está dirigido a personas de entre 18 y 70 años y contempla distintas dimensiones de la vida cotidiana.

Entre ellas aparecen la composición de los hogares, la cantidad de hijos, los deseos de maternidad o paternidad, las expectativas para los próximos años, la situación laboral y económica y las experiencias vinculadas con la fertilidad.

Uno de los ejes centrales de la encuesta de UNFPA-VOICES! es conocer qué cosas las personas consideran importantes antes de tener hijos.

El cuestionario pregunta, por ejemplo, qué objetivos quisieran alcanzar previamente y permite identificar aspectos como terminar una carrera o los estudios, conseguir un trabajo estable, contar con seguridad económica, tener una vivienda propia, viajar, gozar de buena salud o consolidar una pareja.

Tema de la vivienda. Desde la falta de espacio hasta los precios de compra o alquiler.

La carrera profesional también aparece como una dimensión relevante.

El relevamiento explora si las personas consideran necesario alcanzar determinados objetivos laborales o educativos antes de formar una familia y hasta qué punto perciben que la maternidad o la paternidad pueden entrar en tensión con el desarrollo profesional.

En particular, el cuestionario plantea preguntas sobre la posibilidad de compatibilizar la crianza con un empleo remunerado y sobre el reparto de las tareas domésticas y de cuidado dentro de la pareja. También indaga sobre la idea de que las mujeres deban priorizar la familia por encima de su carrera profesional.

La dimensión económica ocupa otro lugar importante. Entre los motivos que pueden explicar que una persona termine teniendo menos hijos de los que originalmente deseaba aparecen las limitaciones financieras, el desempleo o la inseguridad laboral y las dificultades relacionadas con la vivienda.

El cuestionario también contempla la percepción de que criar a un hijo requiere un costo económico elevado.

La vivienda es abordada desde distintas perspectivas: desde la falta de espacio hasta los precios de compra o alquiler.

También se consulta si la posibilidad de ofrecer un determinado bienestar económico o una vivienda considerada adecuada influye en la decisión de tener hijos.

De esta manera, la encuesta no busca solamente saber cuántos hijos quiere tener una persona. Intenta reconstruir qué condiciones hacen posible o dificultan concretar ese deseo.

El cuestionario también pregunta qué ocurre cuando una persona quiere tener hijos pero finalmente tiene menos de los que había proyectado.

Entre las posibles razones aparecen, además de las cuestiones económicas y habitacionales, la falta de una pareja adecuada, las diferencias dentro de la pareja, la escasa participación del otro integrante en las tareas del hogar y del cuidado y la falta de opciones suficientes o de calidad para cuidar a los hijos.

La conciliación entre familia y trabajo vuelve a aparecer como una cuestión central. El relevamiento contempla específicamente la percepción de que criar a un hijo puede resultar difícil de compatibilizar con un empleo remunerado y pregunta por la preocupación ante una distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidado.

Otro de los aspectos que aborda el estudio es la fertilidad. El cuestionario pregunta si las personas alguna vez intentaron tener un hijo durante al menos 12 meses sin conseguirlo y si realizaron o realizan tratamientos para concebir.

También contempla diferentes tipos de tratamientos de fertilidad y pregunta si alguna persona deseó acceder a ellos pero no pudo hacerlo.

La salud también forma parte de las preguntas. Entre las posibles barreras para concretar los deseos reproductivos aparecen la mala salud general, las enfermedades crónicas, las dificultades relacionadas con embarazos o partos y los problemas vinculados con la salud mental o la estabilidad emocional.

El relevamiento incorpora además la edad como un posible factor. El cuestionario contempla específicamente la situación de quienes tuvieron su primer hijo a una edad avanzada y evalúa si ese momento de la vida puede limitar posteriormente la posibilidad de alcanzar el tamaño de familia que habían imaginado.

La encuesta también pregunta por la intención de tener un hijo o un hijo más durante los próximos tres años. Las opciones permiten diferenciar entre quienes tienen una decisión definida y quienes todavía no están seguros o consideran diferentes posibilidades.

Pero el estudio no se limita a quienes quieren tener hijos. También busca conocer por qué algunas personas deciden no tenerlos.

Entre las razones que aparecen en el cuestionario figuran el deseo de concentrarse en otros objetivos de vida, considerar que la crianza requiere demasiado tiempo y energía, las preocupaciones relacionadas con el embarazo y el parto, el temor a que un hijo tenga una enfermedad o discapacidad y la percepción de que criar es demasiado caro.

También se incluyen preocupaciones vinculadas con el contexto en el que crecerían los hijos. La encuesta pregunta por el temor a exponerlos a situaciones como guerras, pandemias, delincuencia, cambio climático o degradación ambiental.

Otro de los temas que busca explorar es la transformación de los modelos familiares. El cuestionario contempla la posibilidad de que una persona tenga hijos sin una pareja estable y consulta sobre las percepciones acerca de diferentes formas de organización familiar.

También pregunta por la convivencia sin matrimonio, el divorcio en parejas con hijos y la aceptación de que personas del mismo sexo puedan tener o adoptar hijos. El objetivo es conocer cómo se relacionan los deseos reproductivos con las distintas formas de construir una familia.

Los cuidados ocupan un capítulo específico. El relevamiento pregunta quién se encarga de tareas como bañar y vestir a los hijos, llevarlos a la escuela, acompañarlos al médico, ayudarlos con las tareas, cocinar, acostarlos o trasladarlos a actividades extracurriculares.

También analiza quién realiza las principales tareas domésticas y quién se ocupa del cuidado de adultos mayores.

El cuestionario, además, establece que las respuestas son confidenciales y que no se solicitan datos destinados a identificar personalmente a quienes participan. La duración estimada es de unos 15 minutos.

Así, el estudio de UNFPA y VOICES! propone mirar las decisiones sobre maternidad y paternidad desde una perspectiva amplia.

No se trata solamente de preguntar cuántos hijos quiere tener una persona, sino de conocer qué condiciones necesita para concretar ese proyecto, cuáles son los obstáculos que encuentra y cómo cambiaron las expectativas sobre familia, trabajo, pareja y cuidado.

En un contexto de baja natalidad, conocer esas respuestas puede aportar elementos para discutir un tema que suele reducirse a las cifras de nacimientos.

Detrás de cada decisión reproductiva hay proyectos personales, condiciones materiales y vínculos que pueden facilitarla o postergarla.

Un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que, entre 2024 y 2025, Argentina experimentó una reducción de la pobreza por ingresos que, paradójicamente, convive con un aumento de las carencias en derechos sociales fundamentales. Los déficits más notorios se observan en el acceso a empleo de calidad, salud y alimentación adecuada para gran parte de la población.

Un interrogante central interpela el análisis de la situación social en Argentina: ¿cómo es posible que informes de diferentes organismos coincidan en que la pobreza monetaria disminuyó en el último tramo de 2025 y, sin embargo, persistan desigualdades arraigadas y se profundicen las privaciones?

Un estudio reciente, realizado por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), profundiza en esta aparente contradicción. El informe advierte que «la reducción de la pobreza por ingresos convive con el aumento de déficits en el acceso a derechos sociales básicos, como el empleo de calidad, la salud y una alimentación adecuada».

En sintonía con estas preocupaciones, Unicef Argentina difundió en los últimos días su propio informe sobre la disminución de la pobreza infantil en el país. Lejos de ofrecer datos para celebrar, el relevamiento indica que en el segundo semestre de 2025 en Argentina, el 42,3% de niñas, niños y adolescentes vivía en hogares pobres, mientras que el 9,4% se encontraba por debajo de la línea de indigencia o pobreza extrema. Si bien esta cifra representa una baja respecto del primer semestre de 2024, cuando la pobreza llegó al 67,1% y la pobreza extrema al 27,3%, la organización advirtió sobre un posible «rebote» para el primer tramo de 2026, alentado por factores como la caída de los ingresos y el ajuste fiscal.

Según la UCA, entre 2017 y 2025 «se evidencia un incremento del déficit en casi todos los indicadores de acceso a derechos, a excepción de servicios y condiciones de la vivienda». En síntesis, «la mejora relativa observada en la tasa de pobreza por ingresos entre 2024 y 2025 no constituye evidencia de un cambio estructural en las condiciones de vida». De hecho, mientras la tasa de pobreza por ingresos revierte su tendencia —reduciéndose la proporción de hogares que no acceden a una canasta básica total—, los indicadores de carencias no monetarias dan cuenta de un deterioro en el acceso a derechos sociales, con la única excepción de aquellos con tres o más carencias.

De esta manera, «el crecimiento, pero sin inclusión social, con caída incluso de los niveles de pobreza, no es suficiente para alcanzar un efectivo desarrollo y mayor equidad. La elevada proporción de hogares en condición de privaciones económicas y sociales debe reconocerse como un problema estructural de la Argentina«.

El estudio, realizado por Juan Ignacio Bonfiglio, Julieta Vera y Miranda Correa, hace foco en el carácter «multidimensional» de la pobreza, «en tanto permite considerar el acceso directo a recursos, bienes, servicios, funcionamientos o capacidades que no se reducen al ingreso monetario». Esta perspectiva es crucial porque, si bien se incluyen indicadores de ingresos monetarios, «la definición de desarrollo humano y social utilizada es mucho más compleja, y abarca una serie amplia de condiciones económicas y materiales por parte de los hogares».

Para analizar el bienestar de los hogares desde esta perspectiva multidimensional, se evaluaron seis dimensiones clave de privación o carencias, consideradas en el espacio de los derechos sociales y económicos: alimentación, vivienda digna, accesos educativos, salud, servicios básicos (saneamiento y calidad de vida) y empleo y seguridad social.

Al momento de definir dónde se profundizó la vulnerabilidad de los hogares, se observa que, entre 2017 y 2025, el mayor deterioro se concentra en dimensiones «especialmente centrales» para las condiciones de vida: alimentación (pasando de 13,1% de hogares a 18,7%), trabajo (de 26,7% a 33,1%) y acceso a la salud (de 29,2% a 34,3%).

Como se evidencia, la falta de acceso a un empleo decente y/o a un sistema de seguridad social no asistencial alcanza a alrededor de un tercio de los hogares, «lo cual da cuenta de una proporción elevada y creciente de hogares excluidos de los mecanismos de protección». En contextos caracterizados por altos niveles de informalidad y precariedad, «amplios segmentos de la población quedan excluidos de mecanismos institucionales de protección frente a los riesgos sociales».

El deterioro en las dimensiones de alimentación, salud y empleo de calidad refleja una mayor exposición a situaciones de vulnerabilidad, desprotección social y una menor capacidad para afrontar contingencias. Por lo tanto, se entiende que «las deudas sociales pendientes exceden la reducción de la pobreza monetaria». En definitiva, se evidencia una brecha persistente entre la mejora o estabilización de indicadores monetarios y una mayor fragilidad respecto a recursos vitales del bienestar.

Además de proceder a la clausura de un Hogar de Convivencia ubicado en Aufranc 134, por decisión del Juzgado Municipal de Faltas, se detectaron varios establecimientos que afrontaron la ola de frío extremo que se registró durante la semana pasada, sin calefacción. 

Estas situaciones fueron corroboradas por el equipo interdisciplinario de la Secretaría de Convivencia y Control Urbano de Venado Tuerto, junto a otros organismos como la Secretaría de Desarrollo Humano, la Secretaría de Producción, la Defensoría General y la Región de Salud, en el marco del operativo especial para intensificar los controles en los hogares de adultos mayores, con el fin de garantizar su seguridad y bienestar en medio de la ola de frío que azotó la región.

Dando detalles de lo actuado, la secretaria Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha, explicó que la razón de este procedimiento fue la necesidad de asegurar que los abuelos estuvieran en condiciones adecuadas de calefacción: "Dada la ola de frío que tuvimos, decidimos realizar un operativo intensivo durante toda la semana para verificar que los hogares estuvieran adecuadamente calefaccionados, ya que muchos de estos lugares fueron habilitados con controles iniciales, pero no se revisan en el día a día".

El equipo de trabajo realizó inspecciones en más de 10 hogares de convivencia, con el objetivo de asegurar que los residentes estuvieran calientes y cómodos. Si bien algunos hogares cumplían con las normas de calefacción, el operativo reveló situaciones preocupantes. "Nos encontramos con algunos casos alarmantes, como abuelos que dormían en habitaciones sin calefacción, lo cual es completamente inaceptable, especialmente con las bajas temperaturas que tuvimos", señaló Rocha. Además, en algunos casos se encontró que los hogares estaban utilizando calefacción inadecuada, como estufas eléctricas ubicadas en el suelo, lo que representa un grave riesgo de incendio o accidente para los residentes, muchos de los cuales tienen movilidad reducida.

Cabe señalar que, en estos casos, las autoridades no solo realizaron los controles, sino que tomaron medidas inmediatas para encender los artefactos de calefacción y asegurarse de que las instalaciones estuvieran en condiciones óptimas.

Sin duda el hallazgo más grave fue la situación de un abuelo enfermo, que también se encontraba sin calefacción adecuada, lo que obligó a los equipos a intervenir de manera urgente en el traslado del mismo al Hospital Gutiérrez. Finalmente, este hogar, ubicado en Aufrac 134 fue clausurado. 

A pesar de las sorpresas encontradas, también se destacó que muchos hogares cumplen con las condiciones exigidas, lo que resalta la importancia de continuar con estos operativos preventivos. Sin embargo, la secretaria hizo un llamado a las familias de los adultos mayores para que se involucren más activamente en la supervisión de sus seres queridos. "Las familias deben ser las principales responsables de verificar las condiciones en las que viven sus familiares, especialmente durante los días de frío intenso", enfatizó.

En cuanto al futuro, Rocha adelantó que los controles seguirán realizándose durante la semana para asegurar que los hogares de la ciudad mantengan los estándares de calidad y seguridad requeridos. "Nos importa mucho la seguridad de los abuelos, y aunque estamos haciendo un trabajo de control, la responsabilidad final recae también en los propietarios y las familias", concluyó.

El Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) -bajo la coordinación del Indec- ha lanzado un operativo en la ciudad de Venado Tuerto. Se trata de la Encuesta Permanente de Hogares-Resto Urbano Provincial (EPH-RUP), que tiene el objetivo de relevar temas relacionados a las condiciones de actividad (empleo, desempleo, ingresos), características habitacionales y educacionales de la población, entre otros.

Los encuestadores y encuestadoras se presentarán en los hogares estando debidamente identificados con credenciales, detallando nombre completo y número de DNI.

Sus identidades pueden ser corroboradas escaneando el código QR de sus credenciales, o ingresando a la sección “Verificación de Encuestadores” del sitio web del Indec: https://www.indec.gob.ar/, o bien ingresando a la sección “Identificá a tu encuestador” del sitio web del IPEC http://www.estadisticasantafe.gob.ar.

Es importante señalar que las visitas pueden ser realizadas tanto en días de semana, como en fines de semana y en días no laborables.

Dos domicilios particulares fueron allanados y clausurados este miércoles en Venado Tuerto, luego de comprobarse que funcionaban ilegalmente como alojamientos para adultos mayores en condiciones alarmantes. El procedimiento fue realizado por la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, en articulación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), personal médico del SIES, la Policía de Investigaciones (PDI) y equipos de la Secretaría de Desarrollo Humano.

La intervención surgió por un oficio del fiscal Iván Raposo, tras una denuncia anónima que advertía la existencia de personas mayores hacinadas en dos viviendas: una en calle Garbarino, casi Rivadavia, y otra en Sigal 566. "Cuando fuimos el martes, nos encontramos con evasivas y se nos negó el ingreso, pese a las evidencias que ya teníamos por comentarios del vecindario", relató la secretaria Silvia Rocha.

Tras la negativa inicial, el fiscal dispuso órdenes de allanamiento, ejecutadas al día siguiente. El ingreso a la casa de Garbarino reveló un panorama crítico: ocho personas mayores, entre ellas una con discapacidad y otra con problemas de salud mental, se encontraban hacinadas en una sola habitación sin baño, sin agua caliente ni cocina.

"Había cinco camas para ocho personas. El baño era externo, precario, sin ducha ni agua caliente. El sistema de calefacción era casero y peligroso. Era un galpón improvisado como dormitorio", describió Rocha. Las pertenencias de los residentes estaban apiladas en el patio, y un lavarropas Hogar obsoleto ubicado en el único sector de higiene disponible.

Uno de los adultos mayores fue hallado postrado en una cama metálica oxidada, en grave estado de salud. Presentaba deshidratación, desnutrición, escaras y un posible cuadro de abandono. Fue trasladado de urgencia al hospital regional Dr. Gutiérrez, donde quedó internado en la guardia.

Además, no se encontraron legajos, teléfonos ni ningún tipo de información sobre los alojados. "No sabíamos sus nombres completos ni cómo ubicar a sus familiares. Fue una tarea casera, lenta, donde la trabajadora social tuvo que reconstruir vínculos desde cero", expresó Rocha.

El equipo de Desarrollo Humano del municipio asistió en la contención y reubicación. Cuatro adultos mayores fueron trasladados a instituciones habilitadas, y otros tres fueron retirados por familiares luego de ser localizados tras una intensa búsqueda.

“Muchos familiares ni sabían que sus familiares estaban ahí. Otros, sí sabían, pero quizás nunca se acercaron a ver cómo vivían. Eso también nos interpela como sociedad”, reflexionó la funcionaria.

El segundo operativo se realizó en una vivienda de calle Sigal 566. Allí se encontraron seis personas: cuatro mujeres mayores que compartían una misma habitación —algunas dormían juntas en camas individuales— y dos hombres bajo régimen de prisión domiciliaria, que dormían en sillones.

"Era una casa de familia, con desorden, falta de higiene, sin camas suficientes ni condiciones adecuadas. No había organización alguna", señaló Rocha, añadiendo que allí se labraron las actas correspondientes.

Según detalló la titular de la cartera de Control y Convivencia, ambos domicilios estarían vinculados con una pensión previamente clausurada por el Juzgado de Faltas, ubicada en calle Argonz. En este sentido indicó que, la responsable de aquella pensión —al verse obligada a cerrar— derivó rápidamente a los residentes a estas dos casas, una perteneciente a su hermana y otra a su madre.

“El juez había otorgado un plazo prudencial para que se buscara la reubicación de los abuelos, pero esa persona no lo aprovechó. Actuó a las apuradas, sin medir consecuencias, y los alojó como pudo, en casas particulares sin habilitación ni condiciones mínimas”, subrayó la funcionaria.

El municipio ya presentó las denuncias correspondientes ante el Juzgado de Faltas y la Fiscalía. “Nosotros queremos que esta persona sea inhabilitada para volver a estar al frente de un hogar. No puede seguir prestando este tipo de servicios”, afirmó Rocha. La Defensoría General también se sumó a la causa.

Por último, desde la Municipalidad recordaron que existe un registro público de hogares habilitados en la página oficial del gobierno local. “Invitamos a las familias a consultar siempre antes de alojar a un ser querido. La responsabilidad también es compartida: no alcanza con pagar una cuota, hay que visitar y saber cómo viven”, concluyó Silvia Rocha.

El juez de faltas Stéfano Quaglia expuso el trabajo de fiscalización que lleva adelante el municipio de Venado Tuerto, en conjunto con el Poder Judicial y distintas áreas municipales, para regularizar el funcionamiento de los hogares de convivencia para adultos mayores. De los 28 establecimientos relevados, 21 ya han obtenido su habilitación, mientras que otros siete se encuentran en proceso de adecuación o han sido clausurados por incumplimientos reiterados.

“Se realizó una clausura preventiva en calle Roca al 1200, donde se constató una serie de incumplimientos sostenidos. La titular del hogar se comprometió a modificar las condiciones edilicias y formales del lugar, por lo cual permanece clausurado mientras se ejecutan las reformas”, explicó Quaglia. El inmueble, que es alquilado, se encuentra en obras y será reinspeccionado por diversas áreas del municipio antes de una eventual reapertura.

El funcionario también detalló que muchos de los incumplimientos no solo se relacionan con el estado edilicio, sino con la documentación obligatoria que deben presentar los responsables de los hogares: “Es fundamental contar con los datos médicos, el consentimiento familiar, seguros de responsabilidad civil, servicio de emergencia y condiciones de seguridad como matafuegos, luces de emergencia e instalaciones eléctricas adecuadas”.

Actualmente, hay otros seis establecimientos en observación. Uno de ellos, ubicado en calle Italia al 400, recibió una notificación de clausura diferida y obtuvo una prórroga de una semana para presentar la documentación faltante. “En este caso, eran cuestiones mínimas. Escuchamos a los familiares, analizamos la situación y decidimos ser prudentes. A veces los papeles están, pero traspapelados”, explicó Quaglia. También confirmó que otro hogar será clausurado esta semana y que, si los responsables no cumplen con lo requerido, se programarán clausuras cada quince días.

“Es importante entender que detrás de cada hogar hay personas, adultos mayores que muchas veces no tienen familiares cerca. Por eso, el trabajo social que se hace desde el área de Desarrollo Social es clave para garantizar su bienestar y, en caso de clausura, gestionar su reubicación”, agregó.

Además del control sobre los hogares, Quaglia se refirió a la implementación del sistema de fotomultas en Venado Tuerto, mediante cámaras que registran infracciones en semáforos, puntualmente el cruce con luz roja.

“El sistema está funcionando bien. Ha habido una disminución en la cantidad de infracciones porque la gente va tomando conciencia. Muchas veces los cruces en rojo ocurren por distracción o ansiedad en horas pico”, señaló el juez. Las cámaras capturan una secuencia de hasta cinco imágenes que no dejan dudas sobre la infracción.

Quaglia destacó que el objetivo no es recaudar, sino prevenir: “Preferiríamos no tener ninguna multa si eso significa que nadie cruza un semáforo en rojo. Esto no se trata de poner una trampa, sino de generar hábitos seguros. Hoy no hace falta tener un inspector parado en cada esquina, la tecnología permite un control efectivo”.

Según explicó, las actas solían concentrarse en semáforos céntricos como los de Alvear y San Martín, o Caccé y Rivadavia. Pero ahora, gracias al sistema automatizado, el control se extiende a más zonas de la ciudad.

“Al que no comete la infracción, esto no lo afecta. El que cruza en rojo, sabe que lo va a pagar”, concluyó Quaglia, resaltando el rol preventivo del sistema.

Palabras clave:hogares de adultos mayores, clausura, habilitaciones, Venado Tuerto, Stéfano Quaglia, fotomultas, semáforos, infracciones de tránsito

El juez de Faltas de Venado Tuerto, Stefano Quaglia, anunció que este jueves se procedió a la clausura de uno de los siete hogares de convivencia que no cumplen con las normativas vigentes. Esta decisión forma parte de las acciones que viene desarrollando el gobierno de Venado Tuerto junto a la Defensoría General para proteger a los adultos mayores que residen en estos establecimientos. A su vez informó, que en los próximos días podrían darse nuevas medidas de esta magnitud. 

Según detalló Quaglia, esta primera clausura recayó sobre el hogar ubicado en calle Roca al 1200, en Venado Tuerto, el cual venía incumpliendo con los requisitos mínimos de seguridad e higiene establecidos en la ordenanza municipal 5707. Si bien el cierre provisorio se cumplimentó este jueves, desde hace más de una semana se venía trabajando en la reubicación de los residentes.

"Entendemos la problemática de la falta de geriátricos en la ciudad, pero estos hogares deben garantizar condiciones dignas para los adultos mayores", expresó el juez municipal de Faltas, indicando que el hogar clausurado había recibido advertencias previas y un acompañamiento por parte de un equipo interdisciplinario, pero no cumplió con las adecuaciones solicitadas.

Actualmente, hay 28 hogares de convivencia registrados en la ciudad, de los cuales siete están en una situación similar a la del establecimiento clausurado. "Esperamos no tener que llegar a más clausuras, pero si hay que elegir entre permitir irregularidades o garantizar la dignidad de los adultos mayores, tomaremos las medidas necesarias", afirmó Quaglia.

El hogar clausurado no contaba con habilitación formal y había superado el límite de residentes permitidos en función de su infraestructura. "La capacidad máxima permitida está determinada por el espacio físico disponible. Cuando un hogar aloja a más personas de las que puede atender adecuadamente, se pone en riesgo la calidad de vida de los residentes", explicó el juez.

En este caso, la clausura no se ejecutó de manera inmediata, sino que se notificó con antelación para permitir la reubicación de los residentes. "No podemos simplemente poner una faja de clausura y dejar a los adultos mayores en la vereda. Por eso, diseñamos un protocolo que permite una transición ordenada", agregó.

Los adultos mayores que vivían en este hogar fueron reubicados en otros establecimientos, con sus familias o en casas particulares, con el acompañamiento de asistentes sociales. "La responsable del hogar entendió la situación y colaboró con el proceso de relocalización, lo que facilitó la tarea del equipo interdisciplinario", destacó Stefano Quaglia.

Este procedimiento, según explicó, se diferencia de una clausura comercial tradicional. "En un comercio, se coloca la faja de clausura de inmediato. Aquí, en cambio, se diseñó un protocolo con una semana de anticipación para coordinar la reubicación de los residentes y evitar impactos negativos en su salud y bienestar", subrayó.

Sobre la posibilidad de nuevas clausuras, el juez de Faltas indicó que otros hogares están bajo observación y que se buscará evitar llegar a medidas extremas. "El objetivo es regularizar estos espacios para que cumplan con los requisitos legales y ofrezcan condiciones dignas", sostuvo.

El 27 de marzo se llevará a cabo la audiencia en la que los responsables del hogar clausurado podrán presentar su descargo y evaluar las posibles soluciones para regularizar su situación. "Nuestro objetivo no es cerrar establecimientos, sino que funcionen correctamente y brinden un servicio adecuado a nuestros adultos mayores", concluyó.

En las últimas horas, desde la Defensoría General de Venado Tuerto junto con el área de Control Urbano y Convivencia de la Municipalidad, dieron a conocer los resultados de un relevamiento en los hogares de adultos mayores de la ciudad, donde se detectó graves irregularidades en la mayoría de ellos. Según informaron, de los 28 establecimientos identificados, 15 no cuentan con habilitación y siete de ellos, incluso, están en condiciones de ser clausurados.

De acuerdo a declaraciones de la propia defensora, Gabriela del Castillo, en muchos casos las condiciones de vida de los residentes son alarmantes, ya que no se cubren las necesidades básicas como alimentación, higiene y recreación.

Del Castillo explicó que las inspecciones comenzaron en 2020, durante la pandemia, a raíz de instrucciones de la Procuración de la Provincia. “Se advirtió una serie de vulneraciones a los derechos de los adultos mayores, desde el hacinamiento hasta la falta de alimentación”, afirmó.

La defensora general remarcó que estos espacios no sólo incumplen con requisitos básicos, sino que afectan la calidad de vida de los residentes. “Nos encontramos con personas mayores en condiciones de hacinamiento, sin la alimentación suficiente para sus necesidades, sin actividades recreativas, sin un espacio adecuado para el descanso. En muchos casos, simplemente transcurren los días mirando televisión, sin acceso a revistas, sin gimnasia ni estímulo cognitivo alguno”, detalló.

Uno de los principales problemas que mencionó Del Castillo es la falta de interés de inversores privados para habilitar hogares de ancianos conforme a la normativa vigente en la provincia de Santa Fe. "Las exigencias están estipuladas desde 2007. No son imposibles de cumplir, pero es más fácil evadir la ley que ajustarse a lo que corresponde. En otras localidades sí hay hogares habilitados, entonces no es una cuestión de que las normativas sean inviables", sostuvo.

A su vez, recordó que, en 2023, el Concejo Municipal de Venado Tuerto aprobó la ordenanza 5707, que regula los denominados "hogares de convivencia". Según Del Castillo, esta normativa fue diseñada para permitir la habilitación de estos espacios, exigiendo requisitos mínimos, como la firma de un contrato con los familiares de los residentes y la actualización de datos de contacto en caso de emergencias. “Algo tan básico como saber a quién llamar si un abuelo sufre una descompensación no se cumple en algunos lugares. Hemos encontrado casos en los que la documentación de los familiares estaba extraviada o directamente no existía”, denunció.

El relevamiento detectó 28 hogares en funcionamiento, de los cuales 15 no están habilitados. Ocho de estos están realizando mejoras para adecuarse a la normativa, pero siete no han hecho ningún tipo de adecuación. “Nos encontramos con lugares sucios y desordenados, lo que motivó la presentación de denuncias ante el Juzgado de Faltas de la Municipalidad”, detalló la defensora.

Sin embargo, cerrar estos hogares de manera inmediata no es una opción viable. "No es tan sencillo como clausurar un negocio, porque aquí hablamos de personas mayores. Hay un impacto social importante y no podemos cerrar siete hogares de un día para otro sin generar una crisis en el alojamiento de los adultos mayores", advirtió.

La Defensoría General está avanzando con denuncias escalonadas. “Hemos presentado la primera denuncia, la próxima se hará en una semana y así sucesivamente. No podemos dejar a estas personas en la calle, por lo que el proceso se está llevando con sumo cuidado”, explicó.

Del Castillo también hizo hincapié en la responsabilidad de los familiares, quienes deberían conocer la situación de los hogares donde residen sus seres queridos. "La información es de acceso público y se actualiza mensualmente en la página del Gobierno de Venado Tuerto. Hay 13 hogares que sí están habilitados y cualquier persona puede consultarlo", afirmó.

En ese sentido, mencionó que muchas veces los familiares desconocen las condiciones en las que viven los adultos mayores. “Hemos visitado hogares donde los propios abuelos nos decían que tenían hambre y preguntaban cuándo les iban a dar de comer. Es desgarrador escuchar eso. Es una situación de abandono”, expresó con preocupación.

Para finalizar, la defensora general insistió en la importancia de que la comunidad se involucre y exija condiciones dignas para los adultos mayores. "Los ojos son el mejor testigo de la realidad que atraviesan estas personas. Es responsabilidad de todos garantizar que vivan con dignidad", concluyó.

La secretaria de Control Urbano, Silvia Rocha, y la defensora general Gabriela Del Castillo efectuaron ayer un balance del trabajo que se viene realizando con los hogares de convivencia, a través de un equipo interdisciplinario y de la vigencia de la ordenanza 5.707 sancionada en 2023.

En rueda de prensa se informó que Venado Tuerto cuenta con 28 espacios de estas características y que siete de ellos están en condiciones de ser clausurados por no cumplir con los requerimientos para su habilitación.

Rocha recordó que a partir de un relevamiento de la realidad que presentaba la ciudad con estos hogares, “se elaboró un proyecto de ordenanza que nos permitiera trabajar para llegar a una habilitación y poder ejercer un control”. Esa normativa, impulsada por el entonces concejal Nahuel Pasquinelli, se terminó aprobando a partir de un trabajo conjunto.

“A los dueños de los hogares de convivencia los venimos acompañando, asesorando y en algún caso enojándonos con ellos porque vimos situaciones que nos generaron eso. Hemos realizado clausuras preventivas ante situaciones límite, trabajando con la población de abuelos que se alojan, viendo situaciones tristes y otras que nos pusieron contentos”, confió.

La funcionaria precisó que “estamos en un punto donde tenemos que poner límite a algunas situaciones, hoy contamos con 28 hogares de convivencia en funcionamiento, de los cuales siete están en condiciones de ser notificados para la clausura, uno de ellos con el proceso iniciado”.

Esto obedece a que “hay un límite por ejemplo en exigir la habilitación al día, no sólo por la cuestión administrativa, sino de muchas cuestiones contempladas en la ordenanza, algunas que se cumplen a plazo lento y otras que después de tanto tiempo no logramos que los dueños de los espacios terminen de regularizar. Por eso vemos que es necesario poner un límite en aquellos casos donde no se muestra decisión en cumplimentar las exigencias para la habilitación”, subrayó.

Requisitos mínimos

Por su parte, la defensora general Gabriela Del Castillo aclaró que llegar a una clausura “no es una cuestión caprichosa”, y recordó que hoy no existe en la ciudad ningún hogar con habilitación provincial, lo que implica que “un adulto mayor que necesita alojarse por orden médica, la obra social PAMI no tiene lugares habilitados para que pueda brindárselo”.

Así surgió esta ordenanza que se aprobó en 2023 para atender la realidad que presentaba la ciudad: “Por eso tenemos hogares de convivencia, es decir un ámbito para una persona adulta que requiere otro tipo de acompañamiento y cuidado, riesgo de caídas. Para eso existen estos espacios, a los que se les exigieron una serie de requisitos mínimos, como la capacidad de alojamiento de 4 a 12 personas, porque si supera ese número ya ingresaría en otra categoría que excede al Municipio”, amplió la defensora.

Junto a Rocha y Del Castillo, participaron del anuncio los demás integrantes del equipo de trabajo: la directora de Industria y Comercio, Geraldina Morguen; las trabajadoras sociales Lorena Meritano y Georgina Paulich; la directora de Seguridad Alimentaria, Cecilia Bongiovanni, y el inspector Leonardo Ramírez. A ellos se suma Sabrina Burgués, auditora por la Región de Salud.

Por información sobre hogares habilitados: venadotuerto.gob.ar/hogaresdeconvivencia/

A instancias del equipo interdisciplinario de los hogares de convivencia, en la víspera se convocó a una reunión a los propietarios de estos lugares, planificada con antelación, para avanzar en aspectos relacionados con reglamentaciones y controles, conforme la ordenanza vigente.

Participaron dos direcciones que integran la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, Seguridad Alimentaria e Inspección General; también la Dirección de Comercio e Industria, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo; y las áreas de Adultos Mayores y Discapacidad, bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano. También asistieron la defensora general del Distrito Judicial 3 Venado Tuerto, Gabriela del Castillo, y la auditora médica de la Zona 5 de Salud provincial, Sabrina Bourguez. 

Todos ellos integran el equipo de los hogares de convivencia, el cual impulsó una nueva ordenanza en la materia y que viene trabajando incansablemente desde hace dos años con cada lugar que presta este servicio.

Con un alto número de concurrentes, sobre los 29 hogares citados, este encuentro en el SUM “Héroes de Malvinas” permitió monitorear el estado de situación de los espacios, hacer un balance de lo actuado, repasar los alcances de la ordenanza en la materia y asesorarlos sobre gestión de habilitaciones. 

 “Participamos los representantes de cada área que estamos al frente del control. Un equipo muy consolidado donde vamos todos juntos a hacer las inspecciones, cada uno con sus roles y funciones; el logro máximo de este equipo fue haber construido una ordenanza que era necesaria para poder trabajar con la realidad que tenía Venado Tuerto”, comentó la secretaria de Control Urbano, Silvia Rocha, al término del encuentro.

Cabe recordar que la actual ordenanza sobre hogares de convivencia (5707/23) fue presentada por el exconcejal Nahuel Pasquinelli, quien desempeñó tareas en el área municipal de Inspección General.

El 2,2% de los hogares se encontraba en diciembre pasado ocupando viviendas en situación de hacinamiento crítico, lo que alcanza a más de 217 mil familias que reúnen a 1,2 millones de personas, según un informe del INDEC sobre indicadores de condiciones de vida.

El 97,8% de los hogares, que alberga al 95,9% de las personas, habita en condiciones que no reflejan hacinamiento crítico y en los que entre lo que no tienen hacinamiento crítico, en el 84,9% habitan menos de 2 personas por cuarto y en el 12,9% habitan de 2 a 3 personas por cuarto.

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El informe señala que el 2,2% de los hogares se encuentra en una situación de hacinamiento crítico, que según el INDEC son los hogares en los que conviven más de tres personas por cuarto, alcanza al 4,1% de las personas en 217.000 hogares y 1.202.000 habitantes, en los 31 aglomerados que alcanza el relevamiento estadístico.

El estudio indica que el 81,6% de los hogares y el 77,9% de las personas habitan en viviendas cuyos materiales poseen calidad suficiente, mientras que un 6,5% son insuficiente y el 12% lo hace en casas de calidad parcialmente insuficiente en sus materiales.

El 4,1% de los hogares habita en una vivienda cercana a basurales, otro 6,5% lo hace en un casa localizada en zonas inundables, mientras que el 95,9% de las viviendas está en zonas alejadas de basurales mientras que el 93,5% de los hogares habita en zonas no inundables (en los últimos 12 meses).

Las cifras forman parte del informe sobre “Indicadores de condiciones de vida de los hogares” difundido este jueves por el INDEC, que se corresponde con el segundo semestre del año pasado.

#DatoINDECCondiciones de vida: 7,7% de las personas habitaba viviendas ubicadas en zonas inundables en el 2° semestre 2022; y 4,8%, cercanas a basurales https://t.co/vsC4o3YPOn pic.twitter.com/vfuhvAMFoB

— INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 4, 2023

El relevamiento basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), registra que el 94,2% de los hogares (92,5% de las personas) habita en viviendas que poseen baño con descarga de agua, el 5,8% de los hogares no lo tiene y alcanza al 7,5% de las personas de los conglomerados analizados.

En materia de servicios el 97,7% de los hogares, que alberga al 97,4% de las personas, tiene disponibilidad de agua en el interior de la vivienda.

Un 88,5% de los hogares accede al agua a través de la red pública el 8,9% por perforación con bomba a motor y el el 2,3% la tiene fuera de la vivienda.

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Las estadísticas del INDEC señalan que 90,1% de los hogares cuenta con acceso a la red de agua corriente; el 68,5% accede a la de gas natural y el 73,3%, a la de cloacas.

De esas cifras surge que el 9,9% de los hogares no accede a la red pública de agua corriente, el 31,5% no dispone de gas de red y el 26,7% carece de conexión a las redes cloacales.

Este 18 de mayo en todo el país se realizará el Censo 2022, que desde hace meses ya cuenta con una etapa virtual que permite completar toda la encuesta diseñada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) desde el sitio web. Al finalizar, recibirán un código que deberán mostrarle al censista para finalizar el trámite. La gran duda que surgió por estas horas, a menos de una semana del Censo 2022, es qué ocurre en los casos de las personas que no se encuentren en sus casas ese día por razones desde laborales hasta de salud u otros motivos, a pesar de que el Gobierno decretó que sea feriado nacional, con el objetivo de que todos puedan estar en sus viviendas para responder a las preguntas. Según explicaron desde el Indec, no se censa a las personas en el domicilio legal de forma excluyente. Esto quiere decir que el censo se hará en el domicilio real, sin importar qué dirección figura en el documento de identidad. El propio sitio web oficial del Censo Digital 2022 aclara que si una persona, por razones de fuerza mayor (laborales, salud, etc), no se encuentra en su vivienda el día de la encuesta, podrá dejarle a un vecino, encargado o persona de confianza el código del comprobante del censo digital para que se lo entregue al censista. En el caso de personas que vivan en edificios la situación podría ser más fácil. En el caso de personas que vivan en casas, también se lo podrán dejar a un vecino, con el objetivo de que la encuesta se pueda concretar con la mayor precisión posible.