¿Qué sucede con los fondos de las personas fallecidas que quedaron atrapados en los bancos, que nadie puede tocar hasta que sea probada la condición de heredero al cabo de un largo juicio? Hoy, esos recursos se desvalorizan cada día, frente a la inflación, salvo que el juez actuante tome la precaución de proteger su valor mediante un plazo fijo de renovación automática.

En no pocas ocasiones, al mismo tiempo que se debe enfrentar el duro proceso del duelo se inician también juicios sucesorios, por los bienes inmuebles y muebles que quedan. Pero el caso del dinero inmovilizado en cuentas bancarias personales, en pesos y sin intereses, es particularmente angustiante para los deudos. Sin una cuenta conjunta con alguno de los herederos, aún los más cercanos, todo se complica.

¿Qué sucede con los fondos de las personas fallecidas que quedaron atrapados en los bancos, que nadie puede tocar hasta que sea probada la condición de heredero al cabo de un largo juicio? Hoy, esos recursos se desvalorizan cada día, frente a la inflación, salvo que el juez actuante tome la precaución de proteger su valor mediante un plazo fijo de renovación automática.

Se sabe: la Justicia se toma su tiempo y finalmente, incluso luego de años, es poco o nada lo que queda en esas cuentas inmovilizadas. Si los ahorros estaban a nombre del occiso, en pesos, y el juez es inflexible los pesos quietos pronto serán intangibles recuerdos.

Un oportuno proyecto de ley que recibió ya media sanción del Senado de la Provincia de Santa Fe y pasó a Diputados obliga a los magistrados a cuidar ese valor mediante los instrumentos bancarios disponibles, mientras se lleva a cabo el proceso judicial, con la constitución de plazos fijos que deben renovarse automáticamente hasta la sentencia.

Se trata de una simple incorporación de un texto que ordena cómo deben actuar los magistrados. El futuro artículo 23 bis propuesto por el gobernador Maximiliano Pullaro y su ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, dispone: "Los jueces deberán ordenar la constitución de depósitos a plazo fijo a 30 días renovables automáticamente de todos los fondos existentes en cuentas judiciales. Quedan exceptuados los depósitos correspondientes a cuotas alimentarias y aquellos que, ya sea de oficio o a petición de parte, el juez estime conveniente emitir disposición fundada en contrario. Sin perjuicio de ello, el acreedor alimentario podrá pedir que los depósitos a su nombre se mantengan a plazo fijo hasta tanto se solicite su retiro".

Es decir que los casos de excepción se justifican "en la naturaleza de la necesidad que está llamada a cubrir la cual resulta de impostergable satisfacción y, por ello, su disponibilidad por parte del beneficiario deber ser inmediata, no siendo habitual que dichos depósitos permanezcan paralizados en cuenta bancaria judicial", según explican los fundamentos del proyecto que llegó a la Legislatura desde la Casa Gris.

La modificación al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, Ley N° 5531, toma nota por fin de un problema que sufren los ciudadanos desde hace décadas. Pero que la disparada inflacionaria del último semestre agravó. Perfectamente lo describen los considerandos: "El proyecto responde a la necesidad de proteger los fondos depositados judicialmente de la depreciación producida como efecto de la inflación, ante la extensión temporal de los procesos judiciales y la paralización consecuente de los depósitos bancarios afectados a los mismos".

"En tal sentido -sigue-, se propone la incorporación de un nuevo artículo al Código Procesal Civil y Comercial mediante el cual se impone afectar los fondos existentes en cuenta judicial a la constitución de depósitos a plazos fijos a treinta días renovables automáticamente, hasta tanto sea ordenada su ejecución y/o restitución".

Por último, "atendiendo a los distintos supuestos que pueden presentarse en lo procesos judiciales en particular, se estima oportuno facultar al Juez interviniente a disponer de oficio y/o a petición de parte, la no constitución de depósito a plazo fijo cuando razones de conveniencia justifiquen lo contrario en el caso concreto, debiendo así ordenarlo fundadamente".

El mensaje recuerda, como precedente, "la Acordada Nº 3/2022 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la V Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Rafaela, mediante la cual dicho Tribunal instruyó a los Jueces de Primera Instancia bajo su jurisdicción que, oficiosamente, imputen los fondos existentes en cuenta judicial en depósitos a plazo fijo de manera que la generación de intereses morigere los efectos depreciatorios de la inflación". Bravo por ese tribunal, que hace ya dos años se ocupó del tema.

"Sin perjuicio del precedente citado y de la eventual implementación de similar medida por otros Juzgados de Primera Instancia de la Provincia de Santa Fe, entendernos necesario elevar dicha pauta a una norma general con carácter imperativo en razón de fin tuitivo perseguido. Consideramos que, de prosperar el proyecto, se brindará una solución satisfactoria a la problemática advertida adaptándose la norma procesal a las contingencias de la economía y evitándose deterioro de las sumas de dinero depositadas judicialmente, todo ello en protección del derecho de propiedad de las partes en litigio", destaca el texto que presenta la adaptación del proceso judicial civil a la inflación.

Marlene Engelhorn es una mujer austríaca de 29 años que no quiere cobrar una herencia de casi €4000 millones por cuestiones ideológicas y porque no siente la necesidad de ser tan rica. Es descendiente de los fundadores de la empresa química Badische Anilin-und Soda-Fabrik (BASF), una de las más grandes en todo el mundo. 

Su abuelo Friedrich Engelhorn abandonó la compañía en 1883 e invirtió todo el dinero en la farmacéutica Boehringer Mannheim. Uno de sus nietos, Curt, dirigió la empresa hasta 1997 y la vendió al grupo Hoffmann-La Roche u$s11.000 millones. 

Marlene, por su parte, es una fiel defensora de la justicia social, estudia Lengua y Literatura alemana y está segura de que el dinero no es necesario. Además, considera que la herencia multimillonaria le traería problemas personales de toda índole: “no podría ser feliz”. 

“Gestionar ese patrimonio conlleva mucho tiempo. No es ese mi proyecto de vida. No es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica”, reconoció. 

En consonancia con su perfil, Marlene fundó junto a 49 herederos multimillonarios la iniciativa Taxmenow, un movimiento que busca la justicia social, la igualdad de género la equidad intergeneracional y una mayor carga impositiva para los más ricos, entre otros puntos. 

“Como alguien que ha disfrutado de los beneficios de la riqueza toda mi vida, sé lo sesgada que está nuestra economía y no puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo”, declaró en una entrevista. 

Marlene Engelhron es, según la revista Forbes, descendiente de Friedrich Engelhorn y su abuela Trudl, quien se ubica entre de las 700 personas más ricas del globo. 

Además, la austríaca pone énfasis en la inutilidad del dinero, por ser algo heredado y no fruto de su trabajo: “No debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia, por el cual no trabajé yo. No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia” 

Claudia Villafañe y Verónica Ojeda publicaron un comunicado de prensa para reclamar la herencia de Diego Maradona y pedir que se investiguen los últimos días del exfutbolista, quien murió en noviembre de 2020. Para eso, posaron juntas en una imagen con sus hijos: Dalma, Gianinna y Dieguito Fernando.

En el documento, denunciaron que los imputados Víctor Stinfale, Matías Edgardo Morla, Maximiliano Pomargo, Vanesa Morla, Maximiliano Trimarchi y Carlos Orlando Ibáñez “redujeron a la condición de servidumbre a Diego Armando Maradona”. Además, expresaron su preocupación por la resolución del Juez Federal Ariel Lijo: “Pretende con una excusa procesal, a nuestro criterio infundada, hacerse cargo de todas las investigaciones en curso, lo cual no tiene asidero fáctico ni jurídico”.

“Queremos poner en conocimiento de la opinión pública en general, y en especial de todos los que amaron a nuestro padre, Diego Armando Maradona, que ayer la Fiscalía N° 15 de la Ciudad de La Plata dio un paso más (como ya lo hicieron la Fiscalía General de San Isidro y el Juzgado Civil N°20 de la Ciudad de La Plata), en búsqueda de la verdad objetiva”, comienza el documento compartido con los medios.

En el texto, Villafañe, Ojeda y los herederos dispararon contra el entorno de Diego Maradona y lo acusaron de la muerte del exdeportista. “Nuestra intención y la de nuestros abogados fue averiguar qué sucedió en la vida de nuestro padre en el último tiempo de su vida, la verdad de su final. También saber la verdad de las acciones de su entorno, que lo aisló durante los últimos años (probablemente abandonándolo a su suerte), vaciando su patrimonio y haciéndose millonario de la noche a la mañana”, sentenciaron.

Durante el comunicado, también pidieron que la Justicia aclare quiénes son los titulares de resguardar y proteger el legado de Diego Maradona y agradecieron el trabajo de las distintas Fiscalías que trabajaron en la causa. En el texto mencionaron a las personas del entorno del exfutbolista y las acusaron de restringirles el contacto con Diego en forma personal y telefónica.

Además, la familia denunció que le suministraban alcohol, fármacos y marihuana, y que lo manipulaban psicológicamente con distintos artilugios “con el propósito de mantenerlo bajo su poder, para beneficiarse económicamente de los ingresos generados alrededor de su figura”.

“Desde julio de 2020 y hasta principios de noviembre del mismo año, en el barrio cerrado Campos de Roca ubicado en el partido de Coronel Brandsen, los imputados, Víctor Stinfale, Matías Edgardo Morla, Maximiliano Pomargo, Vanesa Morla, Maximiliano Trimarchi y Carlos Orlando Ibáñez redujeron a la condición de servidumbre a Diego Armando Maradona”, aseguraron en el comunicado.

En ese sentido, detallaron que está acreditado que solo podían acceder a las visitas quienes estuvieran autorizados previamente por alguno de los imputados. En el caso de permitir el contacto con algún amigo o familiar, siempre debía estar supervisado.

“No podemos desconocer que existen personas en algunos juzgados o fiscalías susceptibles a intereses políticos y económicos”, dispararon los herederos de Maradona en el texto. Y para concluir, expresaron su preocupación por la resolución del Juez Federal Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de la Comodoro Py.

“Pretende con una excusa procesal, a nuestro criterio infundada, hacerse cargo de todas las investigaciones en curso, lo cual no tiene asidero fáctico ni jurídico”, concluyeron.