El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, recorrieron las obras que se llevan a cabo en la Unidad Penitenciaria Nº 5 de Rosario y entregaron equipamiento al Servicio Penitenciario. En ese marco, Cococcioni sostuvo que “hoy contamos con 660 reclusos de alto perfil nivel 1, con lo cual también los dispositivos de seguridad tienen que adaptarse a los nuevos requerimientos. Los tiempos cambiaron y el Servicio Penitenciario no se las va a arreglar más solo. Ahora tienen un Gobierno que los respalda, no solamente con algunas lindas palabras, sino con hechos concretos”.En ese marco, el ministro de Justicia y Seguridad precisó que “tenemos en marcha un plan de reequipamiento del Servicio Penitenciario y de reconstrucción de plazas. Si la política penitenciaria no se refleja en un gobierno que invierte en obra pública, terminamos teniendo presos en comisaría y hacinamiento en Servicio Penitenciario. Por eso, en esta gestión de gobierno aspiramos a crear más de 4.000 plazas penitenciarias, que es el equivalente en número a las plazas que se crearon en los últimos 40 años en la provincia de Santa Fe”.“Queremos ver un cambio total en la institución, como ya empezamos a ver cambios en ustedes. Sin la formación del personal penitenciario y sin el respaldo para que pueda proceder operacionalmente cuando situación lo requiere, todo esto no serviría de nada. No se trata solamente de bienes materiales que el Estado les compra, sino de herramientas a través de las cuales les queremos decir que procedan, que hagan su trabajo, que requisen, que sean muy estrictos y muy intrusivos en los controles, que la sociedad se lo va a saber agradecer, como ya se lo está reconociendo. La ciudad de Rosario hoy tiene un tercio de los homicidios que tenía hace un año; mucho de eso tiene que ver con haber cortado la operación del delictual dirigida desde el interior de las cárceles. Eso se lo debemos a ustedes”, finalizó Cococcioni.

Por su parte, Masneri explicó que “este equipamiento es para reforzar la tarea que realizan todos los días. Muchas de estas tareas las hacemos con lo que tenemos, prueba clara de eso son los resultados de las estadísticas que venimos teniendo y el incansable trabajo conjunto que hacemos con los poderes judiciales y con la fiscalías, ya sea provincial o federal. Esto es para a fortalecer nuestra tarea de seguridad”.“Celebro, puntualmente, poder decir que tenemos 200 cascos. Vamos a poder equipar a todos aquellos que en el peor momento del servicio tienen que estar disponibles para poder entrar y resolver las situaciones de seguridad. Espero que podamos ampliar la adquisición porque nuestro servicio crece y siempre va a estar cubierto con las necesidades de seguridad”, finalizó la secretaria de Asuntos Penales.Por último, el director de Seguridad de la Unidad Penitenciaria N.º 5, Gastón Brun, detalló “los elementos que hoy recibimos van a poder sumar a los que ya tenemos dentro del Servicio Penitenciario. Quiero agradecer la voluntad política y destacar la necesidad que tenemos siempre de estar innovando y sumando el material logístico acorde a la seguridad. El material humano lo tenemos, pero con eso solamente no alcanza. Hay que equiparlo, instruirlo y tratar siempre de estar un paso adelante de lo que nos demanda el servicio. Con estos elementos cumplimos con la regla de las tres E: efectividad, eficiencia y eficacia”.Participaron también de la actividad el secretario de la Unidad Ejecutora, Diego Leone; y la directora provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP), Rocío Zanón.

En la subunidad 4 del Complejo Penitenciario de Rosario - Unidad 5- se están realizando la primera etapa de 320 plazas en pabellones de alojamiento.En la oportunidad, se entregaron 3 escudos antibalísticos y antifragmentarios Nivel RB 3 con visor y linterna y 200 cascos balísticos con protección Nivel RB 3, elementos que requirieron una inversión de U$S 267.900. Además, con una inversión de $ 3.793.873,45, se otorgaron 5 minicámaras endoscópica; 5 detectores de materiales; 5 detectores de metal con brazo sujetador tipo busca minas Dualteik; 20 linternas tácticas militares GadnicFly Light Led 3000lm IP66; 5 reflectores a batería recargables; y 20 linternas mineras, led recargables reforzadas, material aluminio – abcfloolight.

El 2,2% de los hogares se encontraba en diciembre pasado ocupando viviendas en situación de hacinamiento crítico, lo que alcanza a más de 217 mil familias que reúnen a 1,2 millones de personas, según un informe del INDEC sobre indicadores de condiciones de vida.

El 97,8% de los hogares, que alberga al 95,9% de las personas, habita en condiciones que no reflejan hacinamiento crítico y en los que entre lo que no tienen hacinamiento crítico, en el 84,9% habitan menos de 2 personas por cuarto y en el 12,9% habitan de 2 a 3 personas por cuarto.

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El informe señala que el 2,2% de los hogares se encuentra en una situación de hacinamiento crítico, que según el INDEC son los hogares en los que conviven más de tres personas por cuarto, alcanza al 4,1% de las personas en 217.000 hogares y 1.202.000 habitantes, en los 31 aglomerados que alcanza el relevamiento estadístico.

El estudio indica que el 81,6% de los hogares y el 77,9% de las personas habitan en viviendas cuyos materiales poseen calidad suficiente, mientras que un 6,5% son insuficiente y el 12% lo hace en casas de calidad parcialmente insuficiente en sus materiales.

El 4,1% de los hogares habita en una vivienda cercana a basurales, otro 6,5% lo hace en un casa localizada en zonas inundables, mientras que el 95,9% de las viviendas está en zonas alejadas de basurales mientras que el 93,5% de los hogares habita en zonas no inundables (en los últimos 12 meses).

Las cifras forman parte del informe sobre “Indicadores de condiciones de vida de los hogares” difundido este jueves por el INDEC, que se corresponde con el segundo semestre del año pasado.

#DatoINDECCondiciones de vida: 7,7% de las personas habitaba viviendas ubicadas en zonas inundables en el 2° semestre 2022; y 4,8%, cercanas a basurales https://t.co/vsC4o3YPOn pic.twitter.com/vfuhvAMFoB

— INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 4, 2023

El relevamiento basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), registra que el 94,2% de los hogares (92,5% de las personas) habita en viviendas que poseen baño con descarga de agua, el 5,8% de los hogares no lo tiene y alcanza al 7,5% de las personas de los conglomerados analizados.

En materia de servicios el 97,7% de los hogares, que alberga al 97,4% de las personas, tiene disponibilidad de agua en el interior de la vivienda.

Un 88,5% de los hogares accede al agua a través de la red pública el 8,9% por perforación con bomba a motor y el el 2,3% la tiene fuera de la vivienda.

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Las estadísticas del INDEC señalan que 90,1% de los hogares cuenta con acceso a la red de agua corriente; el 68,5% accede a la de gas natural y el 73,3%, a la de cloacas.

De esas cifras surge que el 9,9% de los hogares no accede a la red pública de agua corriente, el 31,5% no dispone de gas de red y el 26,7% carece de conexión a las redes cloacales.

(Por Luis Rodrigo) – “Hemos ganado todos los recursos de habeas corpus que hemos presentado con reclamos a las autoridades del Servicio Penitenciario de la Provincia, ningún juez nos denegó ninguno porque lo que hemos señalado del estado crítico de las cárceles y porque lo que pedimos que se cambie es, desde el punto de vista humano, lo elemental para cualquier persona”, resumió cuando terminaba su exposición la defensora oficial de la provincia, Dra. Jaquelina Balangione, pasadas las 15 horas de este miércoles 3.

La titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal habló ante una docena de diputados encabezados por el presidente de la Cámara, Pablo Farías, que contó con integrantes de las bancadas más numerosas. Por el Senado solo estuvo Lisandro Enrico (UCR-General López).

Balangione mostró parte de su informe anual entregado el 1ro de mayo pasado, que completó una visita e inspección que “de sorpresa” apareció el día anterior a la reunión en la Cárcel de Las Flores. Todo el material fotográfico y documental que los defensores han llevado a la justicia para reclamar mejores condiciones frente al hacinamiento en las cárceles proviene de actuaciones similares, sin previo aviso.

Indicó que de los presos bajo la responsabilidad del Servicio Penitenciario santafesino la situación de superpoblación más grave está en Piñero, en el sur, y las comisarías de la ciudad de Santa Fe en cuanto a los detenidos que están bajo custodia policial por falta de espacio en las prisiones. En Rosario hay 800 presos “de más” respecto del espacio disponible, de entre un exceso estimado en casi 2.000 internos más de lo que el sistema puede soportar sin violentar derechos elementales.

La ciudad de Santa Fe tiene celdas y calabozos en sus comisarías para tener un tiempo breve presas a unas 122 personas, pero están de pobladas por 326. Es “un 200% más del límite”. Dijo que aquí “está el peor de los panoramas” y en ese tren explicó la reciente muerte de dos reclusos en medio de un incendio de colchones (“que no eran los ignífugos que se necesitan) cuyas causas se investigan.

En Melincué en lugar de 30 o 40 reclusos hay 104; en Reconquista en vez de los 36 que caben se alojan 64 (y 20 de ellos son presos federales); en Rafaela hay espacio para 45 y se cuentan 106 detenidos.

Dejó entrever que en términos generales no es un problema que se pueda solucionar si los presos federales dejan las cárceles de la provincia. Pidió a las autoridades provinciales tomar seriamente el tema y alertó que el número de detenidos ha crecido sin parar desde 2017. Cuando asumió su cargo eran 158 los privados de su libertad cada 100 mil habitantes, hoy son 232.

La cifra más actualizada indica que en 2021 había “7.188 internos en espacios penitenciarios y 1.082 en espacios policiales”. El 45% de ellos, sin condena firme, es decir, bajo la figura de la prisión preventiva. Lamentó la opinión de los jueces que “la conceden con tanta facilidad” y calificó de “exacerbado” el recurso del juicio abreviado en el sistema penal santafesino, en el que fiscales y detenidos acuerdan una condena y mientras ese trámite avanza la espera es en prisión.

En los últimos dos años hubo 66 muertos en hechos violentos en las cárceles de la provincia y en otros lugares de detención improvisados como si fueran prisiones, como las celdas de las comisarías. La defensora general, Jaquelina Balangione, calificó esa cantidad como “alarmante” y dijo que allí también se incluyen aquellos reos que fallecieron por enfermedades graves que no pudieron ser tratadas debidamente en prisión, además de los que fueron asesinados en peleas o en revueltas contra las autoridades penitenciarias.

El informe que recibieron los diputados y senadores muestra que 52 muertes “en contextos de encierros” ocurrieron en dependencias del Servicio Penitenciario y otras 14 en dependencias policiales.

Entre esas víctimas fatales el promedio es 37 años, pero el 50% de los fallecidos tenía menos de 32. En los extremos etarios, hubo un joven de 15 años muerto al colaborar con la fuga de presos desde afuera de Piñero (cortó con una pinza un alambrado y fue abatido cuando cometía ese delito) y otro preso, en circunstancias diferentes, perdió la vida con 74 años. (En marzo de 2020 ocurrieron los motines en las cárceles de Coronda y La Flores que trajeron como consecuencia 6 muertes).

Tuvo varios aciertos la exposición de la realidad tras las rejas en la provincia de Santa Fe, de acuerdo con la crítica mirada del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

La intervención de Jaquelina Balangione contó con datos estadísticos en filminas, pero no atosigó a los legisladores con cifras. Prefirió una descripción cruda de cómo se degrada la condición humana en las cárceles y de todo lo lejos que está el Estado santafesino de poder hacer de las cárceles lo que ordena la Constitución Nacional para que los reos puedan volver con chances de reinserción a la sociedad, al recuperar la libertad.

También explicó que hoy cada lugar de detención es, con tan malas condiciones de encierro, un centro de entrenamiento para formar delincuentes peores que como ingresaron. Palabras más palabras menos, dijo que esa es la educación que reciben los presos, condenados o no, mientras un 70% de ellos no había logrado terminar la escuela secundaria al caer presos y padecer las consecuencias de sus conflictos con la ley.

El otro punto a favor de la forma como explicó la situación carcelaria la alta funcionaria judicial, que concluirá su mandato fue la secuencia de las imágenes que ofreció en el recinto de la Cámara de Diputados del palacio legislativo santafesino.

Su visita había comenzado a las 11 de la mañana y eran 15 cuando comenzaba a redondearse el cierre. Lo primero que mostró fueron bandejas de comida para los presos. Seguramente pocos legisladores salieron con algo de apetito luego de ver fideos condimentados con jugos sanguinolentos y crudos de carne, osobucos rojos junto con verduras o, en el mejor de los casos, cantidades ínfimas para una ración básica. Sin pan.

Repasó detalles sobre el cableado eléctrico en viejas edificaciones donde conviven cables a la vista con pisos mojados en los baños, sanitarios sucios, colchones que no usaría un perro de buen pasar.

Pero la última imagen fue un nocaut y es la que acompaña estas líneas. Parece el ingreso a una casa, pero es un instituto penitenciario del sur de Santa Fe, donde se alojan mujeres. Balangione dijo que le consta que la nena que mira afuera no ha salido prácticamente a lo largo de su vida de la prisión. Explicó que nació con su madre ya detenida y que allí estará hasta cumplir los cuatro años, cuando seguramente quedará bajo la custodia judicial en algún hogar para niños.

Recordó que en la enorme mayoría de los casos los niños de mujeres que van a la cárcel quedan con algún familiar pero hay casos en los que eso no es así. Sobre todo entre las que fueron explotadas sexualmente como prostitutas y cometieron algún delito.

Advirtió que hoy hay doce niños de menos de cuatro años tan presos como sus madres, que también miran hacia afuera tras las rejas.

La imagen fue el centro de un interesante intercambio entre legisladores, en los que se esbozaron en unos casos discursos cruzados por el feminismo que pone el acento en la discriminación a la mujer en prisiones y otros que advirtieron que era “preferible” que una nena en lugar de vivir en la prisión con su madre vaya ya mismo a un hogar para su adopción. Nadie dudó que palabras como prisión, chupete, pañales y jardín de infantes no deberían estar en una misma oración pero la cuestión produjo tal golpe que a los legisladores opinantes les costó asimilarlo.

Balangione mostró que había reflexionado mucho sobre el tema y aseguró que en custodia del bien más importante a proteger -que es obviamente la vida de esos doce niños-, el único remedio a esa situación, ante madres-presas que lo estarán por años, es la prisión domiciliaria.