Desde la localidad de Cañada del Ucle proponen que sea la comuna la que se encargue de pagar los haberes a jubilados y pensionados, tras la disolución del convenio entre Anses y Correo Argentino que afecta a localidades que no cuentan con bancos ni cajeros automáticos.

En el sur-sur de la bota la media impactó también en Cafferata, Gödeken y Diego de Alvear, donde en conjunto las autoridades locales están tratando de encontrar una salida a la problemática.

La noticia se conoció a comienzos de semana y generó impacto negativo, ya que los abuelos tendrán que viajar a otro distrito para poder percibir sus haberes.

En el caso de Cañada del Ucle tendrán que movilizarse a Firmat. Los adultos mayores de Cafferata deberán trasladarse a Chañar Ladeado. Mientras que los de Gödeken tendrán que ir a Berabevú.

Orlando Pruzzo, presidente comunal de Cañada del Ucle, propone como salida al conflicto que sea “la comuna el lugar donde se pagan las jubilaciones”. Pero por el momento no encuentran funcionario a quien “contarle la idea que tenemos”.

Conjuntamente con Joan Stramesi de Cafferata y Juan Sebastián Rucci de Gödeken pensaban viajar a Santa Fe capital en la jornada de este jueves, aunque finalmente decidieron cancelar debido a que no consiguieron que “alguien de Anses a nivel provincial nos atienda el teléfono”, sostuvo Pruzzo.

En consecuencia, “la semana que viene vamos a tener que ir los tres (presidentes comunales) y si es necesario instalarnos dos semanas para que nos den bolilla”. Agregó.

En Cañada del Ucle son 89 los jubilados que dejan de cobrar en la oficina de Correo Argentino y deberán trasladarse a la ciudad de Firmat para percibir sus haberes. La noticia generó incertidumbre y fueron varios los jubilados los que se acercaron a la comuna a consultar al respecto.

“Puse el teléfono en altavoz y la llamé a Leticia (Di Gregorio, senadora departamental) para que les explique a los jubilados cuál era la situación. Dijo que estaba trabajando en el tema, pero que no estaba consiguiendo que la atienda algún funcionario de Anses”, contó Orlando Pruzzo.

“Sobre que ganan poco, van a tener que gastar 8.000 pesos en remis para ir a cobrar. Por eso, le dije a la senadora que organice una reunión en Santa Fe para proponer que paguemos en la comuna y que los jubilados no tengan que viajar a Firmat”, añadió el primer mandatario. 

En este marco, Pruzzo contó que “hace cinco años que estoy gestionando para que el pueblo tenga un cajero. El otro día hablé con el gobernador (Pullaro) y le dije cuál era la situación, que acá no tenemos nada, que estamos como si viviéramos en el campo. Me respondió que dan desde la provincia cuatro cajeros por año y que el año próximo el primero va a ser para Cañada del Ucle”. 

El plenario de comisiones del Senado de la Nación dictaminó en favor del proyecto que incrementa las jubilaciones en un 8,1% y modifica la fórmula de movilidad, por lo que esa iniciativa podría llegar al recinto la semana próxima.

En la reunión, desarrollada en el Salón Illia de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, discutieron dos proyectos de ley, el devenido en revisión de Diputados, sobre movilidad previsional y de la seguridad social, y otro que plantea cambios, presentado por el Poder Ejecutivo Nacional.

El kirchnerismo y una porción de la UCR sellaron en el Senado un acuerdo implícito para dictaminar el proyecto que ya había tenido media sanción de la Cámara de Diputados en junio pasado. Para alcanzar este acuerdo desplegaron la misma maniobra que habían motorizado los bloques dialoguistas en la Cámara baja, aunque con algunas excepciones.

El dictamen de mayoría, de acuerdo a la información brindada por la agencia Noticias Argentinas, se compuso en el Senado por la totalidad de los integrantes kirchneristas del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión, sumado a los radicales Martín Lousteau y, en disidencia, Pablo Blanco.

En tanto, el senador José María Carambia, de posiciones zigzagueantes, también acompañó ese dictamen.

Uno de los radicales que amagó con firmar, pero que finalmente no lo hizo, fue Daniel Kroneberger, mientras quedó en suspenso la rúbrica de la senadora Mónica Silva, de Río Negro. Esa provincia, al mando del gobernador Alberto Weretilneck, viene de ser beneficiada con la inversión de YPF y Petronas para la megaplanta de gas natural licuado (GNL), con el guiño del Gobierno.

Por otro lado, el oficialismo, con la voz cantante del senador y titular de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, había puesto sobre la mesa un dictamen propio que cosechó pocas adhesiones, entre ellas la de dos radicales: Eduardo Vischi y Víctor Zimmerman, ambos en disidencia.

Ese texto contenía las principales modificaciones que fueron motorizadas por el Ministerio de Economía, tras las exposiciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, la semana pasada.

Además del aumento del 8,1 que recompone la pérdida de enero en las prestaciones, el proyecto que logró el apoyo mayoritario pliega la fórmula al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para su actualización mensual y establece un aumento adicional una vez al año, en marzo, por el 50 por ciento la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo.

También fija que el haber mínimo será de 1,09 respecto del valor de la canasta básica total de un adulto, y acuerda que la ANSES tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales y de pagar las sentencias firmes a favor de jubilados con asignaciones específicas de los recursos tributarios del organismo previsional.

Los cambios principales a los que apostaba la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda pasaban por la eliminación de los artículos 2, 4 y 10.

Si bien aceptaba la recomposición del 8,1, el Ejecutivo había propuesto que no fuera de carácter retroactivo, sino que su aplicación fuera ejecutada posteriormente a la sanción del proyecto.

El artículo 2 del proyecto original, y sobre el que ahora acordaron el kirchnerismo y parte de la UCR, establece un aumento adicional una vez al año, en marzo, por el 50 por ciento de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo.

El artículo 4 fija que el haber mínimo será de 1,09 respecto del valor de la canasta básica total, mientras que el 10 obliga a cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales y pagar las sentencias firmes.

Los jubilaciones y pensiones del sistema de la Anses tendrán un reajuste de 8,8% en junio, es decir, una suba equivalente a la variación que, según comunicó esta tarde el Indec, tuvo en abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De esta manera, el haber mínimo rondará los $206.900 y el máximo será de alrededor de $1.392.500, ambos montos, en bruto. El reajuste alcanzará a todos los ingresos del régimen general, sin importar de cuánto sea el monto. Y también abarcará a las prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo.

Las cifras exactas dependerán de cuántos decimales tenga el índice que finalmente se utilice. El Gobierno deberá definir, por otra parte, qué ocurrirá con el bono de hasta $70.000 que cobran quienes tienen los ingresos más bajos del sistema.

La suba de haberes con frecuencia mensual y según el índice de inflación es una regla que fue establecida por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 274. Esa norma del Poder Ejecutivo modificó la modalidad de actualización de las prestaciones. Concretamente, definió que en julio ya no tendrá vigencia la fórmula de la ley 27.609, que rige desde 2021.

Y estableció que el actual trimestre, que va de abril a junio, es un período de transición o empalme entre esa modalidad de reajustes y los aumentos definidos por la variación del IPC.

Por eso, en junio habrá un punto de inflexión. El DNU establece que, además de otorgarse un reajuste a los haberes según la inflación de abril, se debe comparar el incremento acumulado entre el cuarto y el sexto mes del año con el índice resultante de la fórmula de movilidad. Y, en caso de que este último número sea más alto (es decir, si con la ley impulsada por el gobierno anterior hubiera correspondido una suba mayor), entonces el Estado debería pagarles a los jubilados lo que corresponda por esa diferencia.

En cambio, si de la fórmula surge un índice inferior, no hay un incremento extra y las subas ya otorgadas quedan incorporadas a los haberes, sin que se descuente nada.

La recomposición de 8,8% se aplicará sobre el valor de los ingresos de este mes que, a su vez, tienen incluidos un aumento de 11,01% respecto de los valores de abril. Entre abril, mayo y junio, el incremento acumulado será de 53,9%. Ese porcentaje supera al surgido de la fórmula para la suba de junio, que es de entre 40,5% y 42%. El Gobierno aún no dio a conocer cuál es el índice oficial según el cálculo previsto en la ley.

Ese resultado determina que no habrá un incremento extra, más allá del definido por la inflación de abril. Según fuentes del Gobierno, para hacer la comparación prevista por el DNU (entre el resultado de la fórmula que quedará derogada y el aumento acumulado en tres meses) se tomarán en cuenta las subas mensuales por inflación y el 12,5% otorgado en abril como “incremento extraordinario”.

Si se decidiera no considerar esta suba por sobre el IPC, entonces sí correspondería un adicional, porque el reajuste acumulado sería de 36,72%.

Mientras que en enero y febrero los haberes no tuvieron ninguna recomposición (eso permitió en gran medida el superávit de las cuentas públicas), en marzo se dio la primera suba del año, que fue de 27,18% y que se definió por la fórmula del gobierno anterior, que preveía reajustes trimestrales. Así, los haberes acumularán a junio y desde el inicio del año un reajuste de 95,7%. Si solo se aplicara la fórmula que ahora quedará derogada, la recomposición llegaría a alrededor de 80%.

La inflación, en tanto, trepó en los primeros cuatro meses del año a 65%, según informó el Indec, en tanto que según varias proyecciones de economistas llegaría a un nivel de entre 85% y 90% en el semestre.

La variación interanual de los precios al consumidor fue de 289,4%, y en ese período las jubilaciones se incrementaron nominalmente un 191,97%, sin considerar la incidencia del bono. Eso significa que, para quienes no tienen refuerzo, el poder adquisitivo de abril de este año fue un 25% inferior que el del cuarto mes de 2023.

Más allá de la suba de los haberes propiamente dichos, no se conoce aún qué ocurrirá con los bonos. Por decisiones que se oficializan con decretos, el refuerzo se sigue abonando en estos meses, pero sin que se actualice la cifra. En marzo el monto pasó de $55.000 a $70.000 y ese valor se mantuvo en abril y se mantiene este mes.

Por ese congelamiento del bono, si bien en mayo los haberes propiamente dichos tienen una actualización de 11,01%, el efecto en el bolsillo es menor para quienes reciben la prestación mínima o un poco más. En el caso del haber mínimo, la recomposición es de 7,8%, ya que se pasó de un monto bruto de $241.283,31 a uno de $260.141,6.

Un dato a tener en cuenta es que en el actual mes las prestaciones tienen un descuento, por el aporte al PAMI, mayor al habitual. Esto es porque cuando se abonaron los haberes de abril no se restó ese aporte sobre la parte que representó el aumento de 27,4%, y ahora se hace la corrección.

Por una cuestión operativa, para concretar ese descuento en los recibos aparece la cifra del incremento de abril sumada y restada, pero eso no quiere decir que la suba se anule, porque, al mismo tiempo, esa cifra ya está incorporada en el ingreso que se cobra.

Luego de años de pérdida de poder adquisitivo con la vigencia de dos fórmulas de movilidad y con decisiones discrecionales tomadas en 2020, el DNU 274 estableció una nueva modalidad para actualizar las jubilaciones y otras prestaciones a cargo de la Anses.

El decreto dispone el uso del IPC como valor de referencia para incrementar mensualmente los haberes, en reemplazo de la fórmula de movilidad de la ley 27.609, que contempla subas trimestrales, basadas en la variación de los salarios y de la recaudación, y que tiene un tope que en 2023 perjudicó fuertemente a los jubilados.

Si bien con la nueva modalidad se frena la pérdida de las jubilaciones frente a la suba de precios, lo cierto es que en los últimos tiempos se acumuló una muy fuerte caída del poder adquisitivo.

En el período de 12 meses finalizado en abril, el valor real de los ingresos cayó 16%, 29% o 25%, dependiendo de la situación frente a los bonos: si se los percibió en todo el período considerado (entre mayo de 2023 y abril de este año), si se los cobró durante unos meses y luego ya no, o si nunca hubo acceso a ellos. Entre diciembre de 2019 y el último mes de 2023 el deterioro acumulado fue de entre 32,4% y 44,6%.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) fijó el monto mínimo y máximo que se abonará a partir de mayo en concepto de jubilaciones y pensiones. A través de la Resolución 97/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial, el organismo a cargo de Mariano de los Heros estableció “que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de mayo de 2024, será de $190.141,60″. Mientras que el máximo, a partir del quinto mes del año, será de $1.279.472,92.

El Poder Ejecutivo llegó a estos montos a partir de conocerse la semana pasada el dato de la inflación minorista de marzo que dio 11%. Al aplicar este porcentaje a la mínima de abril, que fue de $171.283,31, la jubilación llega ahora a 190 mil pesos.

Cuando se conozca la inflación de abril, que las consultoras estiman a la baja, se podrán calcular los valores de junio. Y así sucesivamente, pues por decreto el gobierno dispuso que -amén de un plus inicial del 12,5%- desde este mes los haberes jubilatorios se ajustan mensualmente basándose en la inflación del segundo mes previo.

También se estableció que las bases imponibles mínima y máxima “quedan establecidas en la suma de $64.039,66 y $2.081.258,67, respectivamente, a partir del período devengado mayo de 2024″.

Mientras que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, será de $86.981,11.

En tanto, el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de 152.113,28 pesos.

La Anses oficializará por completo el nuevo esquema previsional recién en julio y tendrá como base el ajuste mensual en base a la inflación del segundo mes previo al del haber respectivo (en julio será con el índice de mayo).

El Gobierno no ha dicho aún si pagará bono en mayo ni de cuánto sería, pero la presunción es que se repetirá el valor de 70.000 pesos.

Si al mínimo establecido hoy en la resolución se le agrega un bono de $70.000 el total a percibir por jubiladas y jubilados de la mínima será de $260.124,17, que será a su vez 7,81% superior al haber total percibido en abril. La diferencia entre el 11 y el 7,81% se debe a que de mantenerse fijo el monto del bono, su incidencia sobre el ingreso total será cada vez menor.

Tal como aclaró Anses, quienes cobran el 17 de abril o en fechas posteriores, recibirán el desembolso completo de una sola vez. Quienes cobraron sus haberes con montos previos al último aumento según la nueva modalidad, recibirán el dinero restante. El calendario es el siguiente:

Jubilaciones y pensiones

Documentos terminados en 0: 17 de abril

Documentos terminados en 1: 18 de abril

Documentos terminados en 2: 19 de abril

Documentos terminados en 3: 22 de abril

Documentos terminados en 4: 23 de abril

Pensiones No Contributivas:

Documentos terminados en 0 y 1: 17 de abril

Documentos terminados en 2 y 3: 18 de abril

Documentos terminados en 4 y 5: 19 de abril

Documentos terminados en 6 y 7: 22 de abril

Documentos terminados en 8 y 9: 23 de abril

Resolución 97/2024 by El Litoral

En respuesta a los recientes cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria y para garantizar una transición suave hacia el nuevo sistema, el Gobierno anunció modificaciones en las ayudas económicas previsionales. Estas medidas tienen como objetivo asegurar la protección del poder adquisitivo de los adultos mayores y ajustar las prestaciones a la realidad económica del país.

El pasado mes de marzo, el Gobierno emitió el Decreto 268/24, que establecía ayudas económicas previsionales para aquellos titulares cuyos ingresos no superaran cierto umbral. Sin embargo, debido a cambios posteriores en la fórmula de movilidad jubilatoria, se hizo necesario ajustar nuevamente estas ayudas para garantizar su efectividad y coherencia con el nuevo sistema.

Según lo dispuesto en el Decreto 282/24, aquellos titulares cuyos ingresos no excedan los $171.283,31 recibirán una ayuda económica previsional de $70.000. Esta medida busca asegurar un apoyo significativo para aquellos jubilados y pensionados que se encuentran en los rangos más bajos de ingresos, proporcionándoles una mayor estabilidad financiera en un contexto económico desafiante.

Por otro lado, para aquellos beneficiarios cuyos ingresos superen el mencionado umbral, la ayuda económica previsional será calculada de manera que complemente sus ingresos hasta alcanzar un tope de $241.283,31. Este enfoque busca garantizar que todos los jubilados y pensionados reciban un apoyo adecuado, sin importar su nivel de ingresos, y que ningún beneficiario quede desatendido en este proceso de transición hacia el nuevo régimen de movilidad jubilatoria.

Estos ajustes en las ayudas económicas previsionales son parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno argentino para proteger el bienestar de los adultos mayores y asegurar que sus ingresos sean suficientes para cubrir sus necesidades básicas. En este sentido, el Gobierno también anunció la implementación de adelantos incrementales, equivalentes al Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC, para garantizar que los jubilados y pensionados no se vean afectados negativamente durante la transición hacia el nuevo sistema de movilidad jubilatoria.

Además, como parte de estas medidas, se concedió un incremento extraordinario del 12,5% sobre el Índice de Precios al Consumidor, lo que proporcionará un alivio adicional a los adultos mayores frente a la creciente inflación y los aumentos en el costo de vida.

Estos cambios fueron recibidos con cierto alivio por parte de la comunidad de jubilados y pensionados, quienes expresaron su preocupación por la incertidumbre económica y la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. Sin embargo, algunos sectores señalaron la necesidad de seguir monitoreando de cerca la situación y asegurar que estas medidas sean efectivas en la práctica, especialmente en un contexto económico marcado por la inflación y la volatilidad financiera.

Decreto 282/2024 by El Litoral

El gobierno nacional oficializó este jueves los nuevos haberes mínimos y máximos que percibirán los jubilados desde marzo, luego del aumento en la movilidad del 27,18%, mediante la Resolución 39/2024 publicada en el Boletín Oficial.

El documento oficial firmado por Mariano de los Heros, quien asumió el cargo de director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tras la salida de Osvaldo Giordano, estableció en sus artículos 1° y 2° que la jubilación mínima pasará de $105.713 a $134.445,3, mientras que la prestación máxima, trepará de $711.346 a $904.689,54.

A dichos montos, se le debe restar el aporte del 3% que se descuenta para financiar al PAMI, lo que hace caer el haber mínimo a $130.412 y el máximo a $854.441,53. Pero a la jubilación mínima se le suma el bono de $70.000 anunciado por el Ejecutivo, por lo que asciende hasta los $204.445,30.

En cuanto a los jubilados que cobren por encima de la mínima pero tengan haberes inferiores a $204.445 pesos recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. Al respecto, desde ANSES precisaron que “por ejemplo, un jubilado con un haber de $164.445 pesos recibirá un bono de $40.000, alcanzando de esta forma los $204.445”. En tanto que aquellos que perciban una jubilación que supere los $204.445, no cobrarán el bono.

Con los nuevos valores, los haberes mínimos tendrán una pérdida del poder de compra del 33% en relación a marzo del año pasado. Mientras que en el caso de que no cobren el bono, el perjuicio será mayor al evidenciar una pérdida del 44% en un año..

En la norma también se determinó que las bases imponibles mínima y máxima serán de $45.281,15 y $1.471.616,10 respectivamente, a partir del período devengado marzo de 2024.

Al mismo tiempo, se fijó el nuevo valor de la Pensión para Adultos Mayor(PUAM), el programa dirigido a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes requeridos para tramitar la jubilación ordinaria, que será de $107.556,24 desde marzo. Con los $70.000 del bono de refuerzo, el monto a cobrar escala a un total de $177.557.

Además, también se actualizó el valor de la Prestación Básica Universal (PBU) que desde el mes entrante ascenderá a $61.502,69.

Resolución 39/2024 by El Litoral

El gobierno estableció importantes cambios en los montos de las pensiones y prestaciones sociales a partir de diciembre de 2023. Estas modificaciones, detalladas en una reciente resolución, abarcan desde el haber mínimo hasta la actualización de remuneraciones para aquellos que cesen en la actividad a finales de noviembre.

Según la resolución 220/2023 publicada en el Boletín Oficial, el haber mínimo garantizado a partir de diciembre de 2023 será de $105,712.61, mientras que el haber máximo alcanzará la cifra de $711,345.76. Estos ajustes, determinados por disposiciones legales específicas, buscan proporcionar un sustento adecuado a los jubilados, considerando las crecientes necesidades económicas.

Además de los haberes, la resolución también establece nuevas bases imponibles mínimas y máximas. A partir de diciembre de 2023, la base imponible mínima será de $35,603.99, mientras que la máxima alcanzará los $1,157,112.83. Estas cifras son cruciales para calcular las contribuciones al sistema de seguridad social.

La Prestación Básica Universal (PBU) experimentará un aumento, fijándose en $48,358.70, lo que significa un apoyo adicional para los jubilados que dependen de esta prestación. Asimismo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se establecerá en $84,570.09, brindando un respaldo financiero significativo a este grupo de la población.

La resolución también aborda la actualización de remuneraciones para los afiliados que cesen en la actividad a partir del 30 de noviembre de 2023, así como para aquellos que continúen trabajando y soliciten la prestación a partir del 1° de diciembre de 2023. Estas actualizaciones se llevarán a cabo de acuerdo con los índices determinados por la Secretaría de Seguridad Social, asegurando una transición justa y equitativa para aquellos que dejan la fuerza laboral.

La Dirección General Diseño de Normas y Procesos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) jugará un papel crucial en la implementación de estas medidas. Se le ha otorgado la facultad de elaborar y aprobar las normas de procedimiento necesarias para poner en práctica las disposiciones establecidas en la resolución.

La Ley de Movilidad establece que la actualización de los haberes para jubilados y pensionados se calcula mediante una fórmula que tiene en cuenta el 50% de los recursos destinados a la ANSES y el 50% de la evolución de los salarios de los trabajadores estables.

Durante diciembre los jubilados con 30 años de aportes, que no hayan ingresado en proceso de moratoria, tendrán el beneficio de cobrar un extra de hasta $55.000.

Además, para quienes estén afiliados al PAMI gozarán de un bono de $15.000.

Asimismo, el próximo mes percibirán el medio aguinaldo: de esa manera, quienes tengan un haber mínimo recibirán 213.569 pesos (movilidad + refuerzo + medio aguinaldo). Si la persona tiene PAMI, también cobrará los $15.000 del Refuerzo Alimentario llegando casi a los 230 mil pesos.

Ignacio Hintermeister El Litoral Mientras el presidente Alberto Fernández confirma una y otra vez que no habrá cambios en el sistema jubilatorio argentino, las estadísticas demuestran que en los últimos cuatro años -incluido el mes de febrero de 2022- la inflación promedio anual fue del 45,5% y produjo un daño que se agrava con la reforma jubilatoria del 2020, cuando el jefe de Estado afirmó que el sector estaba “recuperando derechos”. “La inflación sostenida en niveles altos evapora el poder adquisitivo de trabajadores activos y pasivos. Un análisis realizado para los jubilados que cobran el haber mínimo, incluyendo los bonos cobrados, permite afirmar que un jubilado que cobra la mínima perdió en el acumulado de los últimos cuatro años, medio año de ingresos reales respecto a 2017”, señala un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que firma Nadin Argañaraz.

“Durante todos los años se verificaron caídas de poder adquisitivo en comparación con los doce meses transcurridos entre marzo de 2017 y febrero de 2018 (el período tomado como base). En el segundo (marzo de 2018 a febrero de 2019) año sus ingresos fueron 10,2% inferiores al año base, en el tercero (marzo de 2019 a febrero de 2020) resultaron 10,6% inferiores al periodo base, mientras que en el cuarto año (de marzo 2020 a febrero 2021) resultaron un 12,5% inferior y en el último año (desde marzo 2021 a febrero de este año) verificaron la mayor diferencia: 15,3% inferior. Ya en el análisis de la ejecución presupuestaria 2021 de la oficina específica del Congreso Nacional, se informó que “las jubilaciones y pensiones tuvieron un retroceso de 4,3% real en el año como resultado de la fórmula de movilidad vigente. El rubro registra cuatro años consecutivos de baja, porque los haberes no compensan la suba de precios: la participación del gasto previsional se redujo del 9,8% del PIB en 2017 a 8,4% en 2021”. Concluye el informe del Iaraf señalando que “la inflación persistente destruye el poder adquisitivo. Es esencial y prioritario que la política económica encuentre el camino necesario para que la inflación baje de manera sostenida en nuestro país. De lo contrario, una buena parte de la población seguirá perdiendo poder adquisitivo, básicamente capacidad de consumo”.