La Justicia de Campana resolvió este jueves rechazar un habeas corpus presentado por la defensa de Claudio Contardi, exmarido de la conductora Julieta Prandi, que buscaba su liberación o, en su defecto, la prisión domiciliaria.

El empresario gastronómico fue condenado recientemente a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y actualmente se encuentra alojado en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, establecimiento donde también cumplen condena los ocho rugbiers sentenciados por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

La decisión estuvo a cargo de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Zárate-Campana. El abogado defensor de Contardi, Fernando Sicilia, argumentó que la detención inmediata dispuesta por el tribunal era improcedente, ya que su cliente siempre había cumplido con las citaciones judiciales y no presentaba riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la causa.

Sin embargo, los jueces determinaron que el habeas corpus no era el recurso legal correspondiente, dado que la privación de libertad había sido ordenada por el mismo tribunal que dictó la condena. Señalaron que existen instancias y vías recursivas ordinarias para apelar el fallo, por lo que este tipo de presentación resultaba improcedente.

Una vez emitida la sentencia el miércoles por el Tribunal N°2 de Campana, Contardi fue trasladado primero a una unidad carcelaria en esa ciudad. Posteriormente pasó la noche en una comisaría de Escobar y, finalmente, fue derivado a la alcaidía de Melchor Romero. Allí permanecerá detenido mientras se resuelven los recursos que su defensa pueda interponer ante tribunales superiores.

El abogado de la conductora, Javier Baños, relató que Prandi vivió con gran angustia las horas posteriores a la condena, especialmente cuando se enteró de que su exmarido intentaba obtener la libertad mediante este recurso.

Según Baños, la conductora lo llamó llorando en la mañana del jueves al conocer la noticia. La preocupación se transformó en alivio cuando fue informada de que el pedido había sido rechazado en menos de 24 horas. Esta resolución judicial, según el letrado, le devolvió la calma después de un momento de profunda tensión.

Aunque la condena representa un hito importante para Prandi en su lucha por justicia, la presentación del habeas corpus expone que la batalla legal no ha concluido. El intento de obtener beneficios penitenciarios para Contardi reactivó miedos y recuerdos dolorosos para la víctima. Sin embargo, el rechazo al planteo refuerza la vigencia de la sentencia y mantiene firme la decisión judicial.

Tras escuchar el fallo condenatorio, la conductora había declarado emocionada: “Hoy vuelvo a vivir”, una frase que refleja el significado profundo de este momento en su vida.

Tras la escalada de violencia generada en Rosario, después de que se difundiesen desde el gobierno fotos de cómo presos de alto perfil habían sido requisados en la cárcel de Piñero, la secretaria del Servicio Penitenciario provincial dijo a El Litoral que la reacción generando terror en las calles no fue por la publicidad de las imágenes. "No molestaron las fotos, sino las medidas de seguridad que se están instrumentando en las cárceles", aseveró Lucía Masneri. Desde esa difusión, en Rosario asesinaron a dos taxistas en 48 horas, hirieron de gravedad al chofer de un colectivo, balearon una comisaría y quemaron un taxi.

- ¿Cuál es la situación del Servicio Penitenciario en este momento?

- Básicamente estamos todos en alerta; desde las funciones directivas, hasta las de guardia, ya sean celadores, seguridad externa, grupos de requisa, grupos especiales… Absolutamente todos en alerta, trabajando. No tenemos gente que haya dejado de trabajar; por supuesto, todos con miedo, porque como venimos diciendo, todos están poniendo en riesgo su vida diariamente, pero todos entendiendo que la seguridad de Santa Fe nos necesita.

- ¿Se le está dando continuidad a las requisas?

- Sí, requisas se realizan desde el 11 de diciembre. Más allá de las fotos que se han viralizado, se realizan requisas con distintas modalidades desde el 11 de diciembre. Y como lo dijo el gobernador, no vamos a corrernos un milímetro de nuestro plan de seguridad.

- ¿Considera que se hubieran evitado los últimos hechos de violencia en Rosario si no se hubiesen difundido las fotos de las requisas?

- No, consideramos que eso no tiene que ver con las fotos, sino con las medidas de seguridad en sí mismas. Lo que molesta son las medidas de seguridad porque episodios de balaceras y demás, tenemos desde el 11 de diciembre.

- Pero con esta crudeza… fue casi matemático que se difundieron las fotos y comenzaron los atentados… ¿No hilvanan esos episodios? Patricia Bullrich, de hecho, hizo esa asociación...

- No, nosotros lo que entendemos es que lo que molesta son las medidas de seguridad que tienen que ver con la restricción y espaciamiento de las visitas, con la limitación en algunos casos por completo de la recepción de paquetes... tiene que ver con eso; con las medidas de seguridad.

Lucía Masneri, titular del Servicio Penitenciario.

- ¿Santa Fe busca un sistema penitenciario al estilo Bukele?

- No, Santa Fe busca un sistema penitenciario que funcione; que tenga su reflejo en la sociedad, pero que ese reflejo sea positivo y no negativo. Que ningún preso haga home office como si estuviera en su casa; que adentro se respeten las medidas de seguridad y lo que prevén las leyes vigentes respecto de que las cárceles son para controlar a los internos y, eventualmente, en los casos que fuera posible, para su resocialización.

- A propósito de ello, estos métodos fueron objetados por la Defensora Pública de la provincia. Estrella Moreno Robinson habló de Hábeas Corpus presentados por vejaciones y hasta por torturas en las cárceles de la provincia. ¿Han sido notificados de esto?

- Sí, por supuesto. Hemos recibido todos los Hábeas Corpus que se presentaron en estos días y que son alrededor de 40. Estamos trabajando con todos ellos y están siendo dirimidos judicialmente.

- ¿Qué plantean esos Hábeas Corpus?

- No ha gustado la situación de las fotos. Nosotros creemos que, entre todo, eso forma parte de la publicidad de los actos de gobierno, con lo cual es una cuestión judicial a determinar.

- Ayer, precisamente fue el presidente de la Corte quien habló de que debían tener más prudencia en esto ¿qué opina?

- El presidente de la Corte tiene una función y el gobernador tiene otra. Y mientras todos trabajemos en el marco de la ley, vamos a poder convivir.

- Siempre se habló de la convivencia del personal del Servicio Penitenciario en el accionar que se planifica desde las cárceles. ¿Han detectado esos nichos de corrupción?

- Estamos reconstruyendo ciertas situaciones; hasta el 10 de diciembre que asumimos, había muchos equipos y grupos que no podían trabajar. Había una bajada de línea de la gestión anterior respecto de permitir el home office delictivo. Esto hoy no está permitido; se trabaja de una manera completamente diferente. Entonces, no quiero decir que no haya posibilidades de nichos de corrupción; lo que quiero decir es que, hoy, la imagen son 5.000 agentes penitenciarios que todos los días van a trabajar poniendo un riesgo tu vida y la de su familia. Eso está más que probado a partir de los hechos del sábado (un colectivo que transportaba guardiacárceles, baleado). En principio, estamos trabajando con ese esquema. Si alguien se sale de la función legal, será una cuestión individual y se activarán los mecanismos judiciales pertinentes.

- ¿Qué sucede con los escáneres y los inhibidores?

- Los escáneres siguen funcionando; sirven para detectar cuestiones metálicas y celulares, pero no estupefacientes; por eso se refuerza la requisa con control visual y manual. En cuanto a los inhibidores, sabemos que hoy no se cuenta con tecnología que inhiba al 100% de manera direccionada. Pero el tema allí es que no fue recibida al 100% la obra porque hay cuestiones que corregir, por ejemplo, que los huecos de inhibición no pueden estar en un espacio de alojamiento de un pabellón. Y hoy están dentro de algunos penales. Eso nos impide recibir la obra hasta tanto se corrija.

- ¿Se ha avanzado en la planificación del penal de alto perfil? ¿Se construirá en terrenos aledaños al penal de Piñero?

- La cárcel de alto perfil, al igual que otras 3 mil plazas, están todas en proceso de desarrollo. Hay algunas, como las sub unidad 4, que ya está en un proceso administrativo, camino a la apertura de la licitación. Van a estar todas en marcha. La de alto perfil tiene casi terminado su diseño, con lo cual también, a la brevedad, podremos exponer la situación de cuáles van a ser los terrenos y el pliego final.

- ¿Hay alguna chance de que la Provincia se haga cargo de la obra de la cárcel federal de Coronda después de la negativa de Nación, y frente a la paralización de los trabajos?

- Hasta ahora, esa negativa de Nación no ha sido formal, como sí lo fue el pedido. Nosotros entendemos que ese diálogo no está cerrado y estamos abiertos a seguir negociando y evaluando quién puede hacer uso de esa cárcel y en qué tiempos. Es una obra que hace 15 años está iniciada, con lo cual tampoco podemos achacarle a un gobierno esa responsabilidad. Sí consideramos que una de las peores cosas que dejó la gestión anterior es la falta de obra pública en materia penitenciaria. Habíamos dejado una obra a meses de inaugurar en 2019, y nos encontramos en 2023 con esa unidad completa, con las comisarías llenas y sin ninguna obra pública iniciada en esta materia. Ésa es una de nuestras mayores complicaciones a la hora de poder vaciar las comisarías.

Funcionarios del Servicio Penitenciario provincial y autoridades del Ministerio Público de la Defensa (MPD) fueron convocados por la Justicia para participar este martes de una audiencia en la que se discutirán las condiciones y calidad del régimen alimenticio que reciben los internos alojados en las cárceles de Santa Fe. Ello deriva de un Hábeas Corpus (HC) correctivo y colectivo presentado la semana pasada por la Defensora General, Jaqueline Balangione, a raíz de una “disminución ostensible tanto en la calidad como en la cantidad” de las raciones diarias de los reclusos; y con ello, de un “agravamiento en las condiciones de detención”.

Dos días después, de hecho, Balangione presentaba el HC entendiendo que la situación generada en los penales “vulnera el derecho a la vida y a la salud, consagrados constitucionalmente”.

El texto del HC, que hace reserva de eventuales presentaciones en tribunales superiores y Corte Suprema de la Nación, insiste en plantear que la deficiencia en la alimentación implica un “agravamiento en la forma y condiciones en que se cumple una condena”.

A 24 horas de la presentación del HC, el Servicio Penitenciario dio cuenta -por nota- ante la jueza Sandra Valenti de las condiciones en las que se estaba brindando el servicio de alimentación en las cárceles. Se informó que los menúes son definidos y diagramados por profesionales de la Nutrición, en función de un determinado aporte calórico.

Respecto del pan, las autoridades del Servicio describieron una situación similar; en este caso, se aclaró que su provisión depende del Instituto Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP). Dicho organismo informó que también ante la falta de pago, los proveedores se habían negado a seguir entregando materia prima (harina), hasta tanto se regularizara la situación. “Ante la falta de pago (al proveedor de harina), el pan no se entregará en las unidades hasta que se solucione el inconveniente”, se advirtió.

En el informe del Servicio, se aclara que a principios de julio, el Poder Ejecutivo firmó los decretos respectivos para liberar los pagos pendientes a los proveedores. A partir de ello, la situación tendería a normalizarse.