El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó hoy que resolvió "llamar a consulta" a la embajadora en Israel, Margarita Manjarrez, porque el país que la hospedaba "no detiene la masacre del pueblo palestino". "He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel; si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá", dijo el mandatario colombiano en un breve mensaje publicado esta noche en la red social X, sin más detalles.

Comunicado de prensaEl Gobierno de Colombia expresa su más enérgico rechazo por las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes en Gaza, en áreas densamente pobladas por civiles, lo que ha resultado en un saldo de más de 8000 víctimas, entre ellos cientos de niños y niñas.👇 pic.twitter.com/ZyBJFGZP8r

La medida es similar a la anunciada casi simultáneamente por Chile, reportada por su cancillería en un comunicado y por el presidente Gabriel Boric en varios mensajes en X, horas después de que Bolivia informara que decidió la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Israel.

Petro ya había advertido la posibilidad de suspender las relaciones diplomáticas con Israel en medio de la tensión provocada por unas declaraciones suyas en las que llegó a calificar lo hecho en Gaza como similar a lo que hizo el nazismo con el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, recordó el diario bogotano El Tiempo.

"Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos; no apoyamos genocidios; al presidente de Colombia no se le insulta", dijo el presidente el 15 de este mes.

Por esos días se produjo intercambio de mensajes con el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, y en el que el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que suspendería las exportaciones de elementos de seguridad a Colombia.

Días después, el 19, Petro se reunió con Dagan y con el embajador de Palestina, Raouf Almalki, lo que permitió disminuir la tensión.

Sin embargo, la acción violenta en contra de civiles por parte del Ejército de Israel llevó a que el presidente llamara a consulta a la representante colombiana en Tel Aviv.

Hasta esta noche no había habido respuestas por parte de Israel ni de su embajador Dagan.

El Gobierno de Colombia y el Estado Mayor Conjunto (EMC), el sector más numeroso de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no firmaron el acuerdo de paz de 2016, inician este domingo un cese del fuego y abrirán una mesa de negociación en busca de llegar al desarme de la organización, en medio de un clima de "desconfianza" y "desencanto" de la sociedad en relación al proceso y en un escenario "adverso", según indicaron especialistas a Télam. Las partes llegan a esta instancia luego de avances y retrocesos en un acuerdo que data de la noche del 31 de diciembre, cuando el presidente Gustavo Petro anunció una tregua bilateral con los cinco principales grupos armados del país.

#ReformaAgraria con #TierrasParaLaPaz 🕊️ | El Jefe de Estado, @PetroGustavo, dijo: “El proceso de Paz con las Farc y el Gobierno Santos, que es un proceso de Paz con el Estado colombiano, tiene como primer punto la Reforma Agraria. Allí se pactó tres millones de hectáreas de… pic.twitter.com/kZXBqdIqnD

Estaba previsto que mañana se firme un decreto de cese del fuego, pero desde ayer hubo rumores que fueron recogidos por la guerrilla acerca de una posible demora.

"Sin decreto de cese al fuego no hay instalación de mesa, gobierno debe cumplir lo acordado", dijo el grupo en la red social X (ex Twitter), en un texto firmado por el comandante Iván Losada, alias "Mordisco".

"El caso del proceso del Gobierno con el EMC ha tenido muchos tropiezos desde el inicio del cese al fuego, porque estuvo el asesinato de menores que llevó al Gobierno a suspenderlo", dijo a Télam el coordinador colombiano del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Alberto Yepes.

El activista se refirió así al episodio de mayo en el que el EMC reconoció que asesinó -"ajustició", según la guerrilla- a tres jóvenes indígenas que se resistieron a ser reclutados en el sureño departamento de Putumayo.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron "al menos tres".

Por orden presidencial, las fuerzas militares iniciaron una persecución contra los rebeldes.

Luego, el EMC y el Gobierno volvieron a acercarse y el 19 de septiembre fijaron la fecha del 8 de octubre como puntapié inicial para instalar la Mesa de Diálogos de Paz en la localidad de Tibú, en el departamento Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.

Pese al anuncio, la guerrilla desató una nueva escalada violenta que estalló en el departamento del Cauca, en el suroeste colombiano.

Para Yepes, la opinión pública está un poco "desconcertada" respecto al anuncio del inicio de este proceso, porque solo días atrás, el 20 de septiembre, el EMC se atribuyó un atentado con un coche bomba que dejó dos personas muertas, ambas civiles.

"Eso llevó a que se reactiven con fuerza las operaciones militares por parte del Gobierno, a la vez que el EMC anunció que la comisión creada para la solución de contingencias e incidentes previos al inicio del cese al fuego bilateral quedaba suspendida", señaló Yepes.

Por estos hechos, el activista diferenció el proceso que se inicia mañana con el firmado en agosto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ya está más "consolidado" y dijo que "en la opinión pública hay una falta de confianza en que este proceso efectivamente vaya a prosperar".

Encuestas recientes han medido la desconfianza social sobre la instancia que se inicia con el grupo que en 2016 se había negado a acogerse al acuerdo de paz que firmaron el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC tras años de debate en La Habana.

Según una encuesta realizada por Datexco Company S.A. días después del último atentado, el 79% de los colombianos no confía en la voluntad de paz de la disidencia de las FARC.

Los antecedentes de esta desconfianza están ligados a su relación conflictiva con el movimiento indígena por sus diversos enfrentamientos.

Desde que asumió, en agosto 2022, Petro impulsa un plan de "paz total" para desarmar a todas las organizaciones ilegales, iniciativa que logró la aprobación del Congreso para convertirse en política de Estado.

"En la opinión pública hay mucho desencanto con el tema de paz total por dos razones; una, los fallos en la comunicación del Gobierno y en particular del Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda. Dos, porque se percibe que en aras de la paz total no se está combatiendo a grupos que son violentos y eso genera mucho descontento entre la gente", dijo a Télam la especialista en temas de seguridad de la Fundación Friedrich-Ebert en Colombia, Catalina Niño Guarnizo.

"Está claro que se quiere lograr que no haya más grupos armados y que cesen las afectaciones contra los derechos de la población civil, pero la estrategia para llegar ahí no es clara", agregó.

La especialista en seguridad percibe que hay una "desconexión entre la estrategia de paz del Gobierno y la de seguridad" y que "deben ir muy de la mano porque estos son grupos que generan violencia en los territorios".

Sin embargo, aseguró que hay indicios de un cambio porque "ha empezado a haber más iniciativa de parte del Ministerio de Defensa para perseguir a los grupos, sobre todo con los que no hay un acuerdo de cese al fuego vigente".

Los analistas apuntan también a la falta de protección a los líderes y las organizaciones.

Para Yepes, el mandato con el que fue electo Petro fue el de hacer efectiva "la paz" y "eso es lo que la población espera de este Gobierno", pero hay una preocupación creciente por la violencia en los territorios y los asesinatos a líderes sociales.

Este año, hasta mediados de septiembre, fueron asesinados 124 líderes sociales, 30 firmantes de la paz, y hubo 64 masacres, según el observatorio de la organización colombiana Indepaz.

Si bien se mantienen en niveles altos y la organización estima que no se puede hablar de una "tendencia", los indicadores son los más bajos desde 2017.

De todos modos, Indepaz aclaró que "al ser un año electoral, el riesgo para líderes y lideresas aumenta considerablemente".

El Gobierno del Pacto Histórico, que sufrió este año la partición de la alianza que había formado con partidos de centro, ahora enfrenta un escenario más fragmentado en el Congreso y el desafío de hacer pasar sus iniciativas.

El panorama actual podría cambiar a partir de las elecciones locales del 29 de octubre, cuando se elegirán los gobernadores de los 32 departamentos, además de cargos legislativos regionales, y cargos municipales.

"Es posible que al Gobierno le vaya regular. No va a tener aliados en los territorios, así que el tema de gobernabilidad está complicado. Parece que está tratando de reconstruir una coalición no con partidos, sino a punta de negociar con cada congresista. Eso lo pone en una situación precaria, porque le toca hipotecar muchas cosas para obtener apoyo", sostuvo Niño.

El jefe negociador del Gobierno, Camilo González, exdirector de Indepaz, comentó en una entrevista con el diario Voz de América que los diálogos se harán en diferentes partes del país.

"Empezaremos en el Catatumbo y luego en otras regiones porque se trata de estar cerca de las comunidades", aseguró.

Del lado de la guerrilla, el coordinador de la mesa de diálogo es Andrey Avendaño.

La desconfianza sobre el proceso de negociación también se centra en la pregunta de qué hará el Estado con los territorios en los que se emplaza la guerrilla, en caso de que la negociación prospere.

"La lección de lo que pasó con las FARC fue que sus territorios fueron copados ante la ausencia de Estado, no solo con presencia militar, sino también con el brazo social. Si el Estado no copa esos territorios, va a haber un reciclaje de la violencia", anticipó Yepes.

La Fiscalía General de Colombia inició una investigación sobre la posible financiación ilegal de la campaña electoral del presidente Gustavo Petro, tras las recientes denuncias que han generado una crisis de gobernabilidad.

Aunque el mandatario negó dichas acusaciones, se han filtrado audios del ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, enviados a la ex jefa de gabinete de Petro, Laura Sarabia, que han intensificado la controversia.

En los audios filtrados se escuchan afirmaciones que sugieren, según políticos opositores, la financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro en 2022. El ex embajador afirmó que los audios fueron manipulados.

Colombia: investigan posibles irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro

La Fiscalía General emitió un comunicado en el que declaró: “El frente investigativo está enfocado a determinar si se cometieron delitos relacionados con la posible financiación ilegal de la campaña electoral del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego”.

Además, precisó que se buscarán posibles responsabilidades en delitos como financiación de campañas electorales provenientes de fuentes prohibidas, violación de topes electorales y otros que puedan estar tipificados.

Armando Benedetti y Laura Sarabia dejaron sus cargos la semana pasada debido a un primer escándalo relacionado con supuestas interceptaciones ilegales de comunicaciones a dos empleadas de la ex jefa de gabinete y abuso de poder tras un presunto robo de dinero.

La situación generó incertidumbre en el Congreso, donde Petro busca impulsar reformas en temas de salud, laborales y del sistema de pensiones. Estas reformas se encuentran sin avances y podrían ser rechazadas y archivadas debido a las denuncias de posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.

Tanto el Consejo Nacional Electoral como la Procuraduría General están investigando las posibles irregularidades en la campaña electoral de Petro. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes también recibió denuncias relacionadas con este caso y es el organismo encargado de investigar al presidente por su fuero presidencial.

Cabe destacar que solo el Congreso puede investigar al mandatario y, en caso de encontrar méritos suficientes, proceder a su destitución del cargo.

La autoridad electoral de Colombia abrió el lunes (05.06.2023) una investigación de la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta financiación irregular, en medio de un escándalo por escuchas ilegales, chantaje y maletines con dólares que salpican al gobierno.

El exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y la antigua mano derecha del mandatario, Laura Sarabia, deberán responder ante el organismo el 13 de julio por “presuntas irregularidades en la financiación” de la campaña de Petro, indicó el Consejo Nacional Electoral.

Dos muertos durante una protesta contra campo petrolero en Colombia

Benedetti y Sarabia, que hasta hace unos días pertenecían al círculo cercano del presidente, fueron apartados del gobierno el viernes cuando un caso con tintes domésticos escaló a escándalo nacional.

La revista Semana publicó unas grabaciones en las que se escucha a Benedetti enfadado y amenazando a Sarabia, antigua jefa de gabinete, con revelar financiaciones ilegales a la campaña de Petro por unos 3,5 millones de dólares y asegura que de hacerlo se irían todos a la cárcel.

“Laura (…) Nos hundimos todos. Nos acabamos todos. Nos vamos presos (…) Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, si ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes”, dicen los audios inundados de palabrotas, atribuidos al exembajador y en los que no se oye a su interlocutor.

Una agencia de inteligencia en el gobierno Duque nos grabó ilegalmente todas las conversaciones hechas en Zoom durante todos los meses de mi campaña y fueron publicadas en Semana. Nunca pudieron publicar un minuto siquiera en donde yo dijera algo ilegal o irregular.

La…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2023

Benedetti, un curtido político tradicional, fue clave en la victoria del primer gobierno de izquierda en la historia del país y le presentó a Petro a su antigua secretaria privada, Sarabia, que luego se convertiría en la mano derecha del mandatario.

El presidente aseguró en Twitter que el gobierno no ha ordenado “interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales (…) ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco”.

Esto es lo que buscan. Que no se pueda poner una terna contra la impunidad. Por aquí comienza todo. https://t.co/Si3UoAywvA

— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2023

“Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales”, añadió, y se solidarizó con Sarabia por recibir “una presión enorme”

En un mensaje en Twitter, el exembajador aseguró que los audios revelados por Semana “han sido manipulados” y pidió “excusas al presidente” y a Sarabia “por la agresión y el ataque malintencionado”. En respuesta, Petro le pidió “explicar sus palabras ante la fiscalía y el país”.