El Ministerio de Seguridad, a cargo desde este sábado de Alejandra Monteoliva, impulsa una reforma destinada a intensificar la vigilancia y el patrullaje en los pasos fronterizos, según confirmaron fuentes oficiales este luens.

La iniciativa retoma un proyecto promovido por la saliente ministra Patricia Bullrich y prevé la constitución de una Policía Migratoria integrada por personal de fuerzas federales para colaborar con la Dirección Nacional de Migraciones.

Bullrich dedicó buena parte de su gestión a avanzar con esa iniciativa y logró que la Dirección Nacional de Migraciones pasara a depender del Ministerio de Seguridad tras gestiones con el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos.

El decreto 366/2025 introdujo cambios a la Ley de Migraciones y definió a una “Policía Migratoria Auxiliar” que integra a la Prefectura Naval, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal, con la obligación de colaborar con Migraciones cuando se requiera.

Gendarmería Nacional Argentina supervisa principalmente los pasos terrestres.

En lo operativo, Gendarmería Nacional supervisa principalmente los pasos terrestres y la Policía de Seguridad Aeroportuaria actúa en aeropuertos; el plan de Monteoliva prevé que agentes de la nueva fuerza cubran esas jurisdicciones.

Fuentes oficiales indicaron que se buscará modernizar el control fronterizo y profesionalizar las tareas de Migraciones, y que el personal provendrá de una redistribución de recursos humanos y materiales, sin una incorporación masiva de agentes.

El diseño operativo ya consideró la organización y la conducción de la Policía Migratoria, pero falta definir su financiamiento en el presupuesto 2026. Desde el Ejecutivo confiaron en que el monto se incorporará antes de que el proyecto pase por el Congreso en las sesiones extraordinarias; de no ser así, indicaron que podrán financiar la puesta en marcha con partidas ya asignadas al Ministerio de Seguridad.

En materia operativa, se prevén capacitaciones específicas para enfrentar delitos presentes en las zonas de frontera, como la trata de personas, el narcotráfico y el terrorismo. La estructura administrativa de la Dirección de Migraciones ya está en funcionamiento, lo que, según fuentes oficiales, facilitaría la implementación y la coordinación con las fuerzas federales.

La Prefectura Naval Argentina tiene un rol crucial en el control de las fronteras fluviales y marítimas del país.

El Ejecutivo logró además el respaldo del presidente Javier Milei para endurecer y organizar el control del tránsito de personas y la política migratoria nacional. Funcionarios indicaron que los recursos no representan montos elevados y que confían en hallar una solución presupuestaria antes de iniciar la implementación.

Paralelamente, el Gobierno proyecta reformar la Policía Federal Argentina para orientarla a la investigación penal y concentrar la lucha contra organizaciones criminales, en línea con el anuncio sobre el Departamento Federal de Investigaciones impulsado por el presidente.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria es otro de los órganos con la obligación de colaborar con Migraciones cuando se requiera.

La iniciativa se inspira en modelos internacionales como el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la US Border Patrol, y busca combatir ciberdelito, narcotráfico, terrorismo, trata de personas y crimen organizado transnacional. En octubre, Patricia Bullrich firmó un acuerdo de cooperación en materia de seguridad que incluyó a la Secretaría de Inteligencia del Estado y al FBI.

La puesta en marcha de la Policía Migratoria ampliará las jurisdicciones que deberá monitorear el Ministerio de Seguridad y dependerá de la incorporación de recursos y de la aprobación legislativa, con impacto directo en la coordinación entre fuerzas y en los controles en los pasos fronterizos

El mismo día en que la comisión de Presupuesto y Hacienda se reunió para dictaminar el proyecto de gastos y recursos enviado por el Ejecutivo el 15 de septiembre, el flamante jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, confirmó que el texto se tratará en extraordinarias.

El objetivo, como ya se venía advirtiendo, es aprobar la “hoja de ruta” de la gestión nacional 2026 con la nueva conformación del Congreso, donde La Libertad Avanza obtuvo más escaños luego de las elecciones de medio término del 26 de octubre. Será el primer presupuesto propio de la actual gestión, luego de dos prórrogas consecutivas del sancionado en 2023.

Luego de ingresado el proyecto de Javier Milei a la Cámara baja ocurrieron dos hechos trascendentes. Primero, se desplazó al entonces presidente de la comisión José Luis Espert, quien continúa siendo investigado por posibles vínculos con el empresario “Fred” Machado. En su lugar asumió Bertie Benegas Lynch.

En segundo lugar, se estableció un cronograma de trabajo y exposición de integrantes del gabinete nacional (de hecho, el último fue Pablo Quirno, actual canciller pero por entonces Secretario de Finanzas), para llegar este 4 de noviembre a un dictamen.

Con las declaraciones de Adorni, quien reemplazó a Guillermo Francos en su cargo, todo indica que el tema será debatido a partir del 10 de diciembre, es decir en período extraordinario y luego de la jura de los nuevos integrantes de las Cámaras.

No es el único tema que el gobierno nacional se reserva para los meses de verano (el período ordinario de sesiones culmina el 30 de noviembre). En la agenda oficial figuran reformas de alto impacto, como la laboral, tributaria y penal.

No significa que todo el paquete se pueda consolidar antes del 1º de marzo, pero todo indica, también por expresiones de Diego Santilli (flamante ministro del Interior) que la idea de Milei es ir a toda velocidad para lograr estos objetivos.

Para este lunes a las 21 se anuncia el discurso grabado con el que el presidente Javier Milei presentará el proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos para 2026. Será por cadena nacional.

En declaraciones radiales, Adorni también dedicó algunas palabras al ex presidente Mauricio Macri. El jefe del Pro se encontraba cenando con Milei el viernes, cuando se conoció la sorpresiva renuncia de Francos y el rápido reemplazo por Adorni. “No tiene experiencia”, dijo el líder del partido amarillo respecto de esta designación, a lo que el aún vocero respondió: “El Gabinete lo elige el Presidente”.

“Es su opinión, pero la verdad es que es un tema de segundo orden, porque el gabinete lo elige el Presidente. Yo le tomo el desafío para ver cómo me va… Ojalá que me vaya bien, así cuando termine mi función, sea cuando sea, lo llamaré y le diré: ‘Viste que estabas equivocado’”, desafió Adorni, quien había sido electo legislador por CABA en mayo pasado.

Para el vocero presidencial, la tarea de los ex mandatarios es “colaborar con el gobierno de turno”: “Sea cual sea el color político y sean cuales sean las diferencias, tienen que tratar de empujar para adelante”, agregó.

Los últimos días se caracterizaron por un enorme dinamismo en relación con el gabinete presidencial. Antes de las elecciones de octubre, se conoció el alejamiento de Gerardo Werthein del Ministerio de Relaciones Exteriores y su posterior reemplazo por Quirno.

Horas antes de aquellos comicios, trascendió que Mariano Cúneo Libarona también dejaría su cargo aunque luego la novedad fue relativizada por el propio funcionario y finalmente, en la “foto de familia” que publicó este lunes Presidencia, con su gabinete en pleno, sigue presente el ministro de Justicia.

Sí hubo un cambio en la Secretaría de Salud, donde renunció María Cecilia Loccisano (por “razones personales”) y fue nombrado Guido Giana, quien ahora dependerá del ministro Mario Lugones.

Se vienen más modificaciones pero ya están previstos: por un lado en Seguridad, para reemplazar a Patricia Bullrich, electa senadora nacional por CABA; y por el otro en Defensa, para ocupar el lugar de Luis Petri, quien asumirá como diputado nacional por Mendoza.

Por ahora, este es el panorama para afrontar el segundo tramo del gobierno de Milei, aunque todo puede cambiar en una semana. O un día.

El último día de octubre terminó con la sorpresiva renuncia de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete de ministros y su inmediato reemplazo por el vocero, Manuel Adorni. Y el primer domingo de noviembre concluyó con la designación de Diego Santilli, electo con holgado triunfo como diputado nacional por LLA en la provincia de Buenos Aires, como ministro del Interior.

En este caso será en reemplazo de Lisandro Catalán, quien ocupó ese cargo con jerarquía recuperada (desde 2023 era Secretaría de Interior) durante un mes y medio.

Todo eso ocurrió a una semana de las elecciones legislativas de medio término en las que el oficialismo ganó con el 41 % de los votos en todo el país.

Manuel Adorni.

Este lunes, el presidente Javier Milei decidió reunir a su gabinete renovado, al que le faltan aún más cambios, y presentar en sus nuevas funciones a Manuel Adorni y a Santilli.

Además, Pablo Quirno se sentó a la mesa como flamante ministro de Relaciones Exteriores, tras la salida de Gerardo Werthein.

Diego Santilli.

También es de la partida el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien aparecía como el otro renunciado del gabinete antes de las elecciones, aunque luego decidió permanecer en su cargo.

Junto a ellos están Luis Caputo, Sandra Petovello, Santiago Bausilli, Santiago Caputo (quien seguirá como asesor principal del Presidente), Karina Milei, Patricia Bullrich y Luis Petri (quienes deberán abandonas sus cargos si asumen como legisladores nacionales), además del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.

Pablo Quirno.

No es de la partida, como viene ocurriendo desde hace meses, la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel.

El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que su agenda “es la de las reformas que vienen” en la segunda etapa del gobierno de Javier Milei y señaló que la delineó este domingo con el mandatario en una reunión “de una hora y cuarto” que mantuvieron en la Residencia de Olivos.

“Mi agenda es de las reformas que vienen en esta etapa, que tienen que ver con el Presupuesto 2026, que es clave y necesario”, afirmó el ministro en declaraciones radiales.

Cabe recordar que de acuerdo al plan de trabajo que se definió en la Cámara de Diputados para la discusión del proyecto presentado por el Ejecutivo el 15 de septiembre, este martes debería llegarse a un dictamen, luego de escuchar a funcionarios de distintas áreas del gobierno.

Con este nuevo escenario y un gobierno que prefiere llegar a la votación con el nuevo Congreso, es decir en extraordinarias (el período ordinario termina el 30 de noviembre) donde sumará diputados y senadores, este objetivo aparece difícil de cumplir.

Volviendo a Santili, sostuvo que la agenda está relacionada con las sesiones extraordinarias del Congreso, en las que dijo que el Ejecutivo aspira a aprobar “una modernización laboral para que más de la mitad de los trabajadores, que están en la informalidad, pasen a la formalidad”.

Aseguró que desde la cartera a su cargo van “trabajar en equipo” con las autoridades parlamentarias.

Asimismo, destacó la importancia de lograr “una reforma fiscal para la baja de impuestos, que es lo que el Presidente viene pregonando desde antes de asumir su mandato, y que es clave para las pymes” y sumó a esta lista de prioridades el nuevo Código Penal que “es central para la tolerancia cero contra el delito”. Sobre este tema, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anticipó algunas líneas en su exposición ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

Javier Milei. Crédito: Reuters/Cristina Sille

Como ministro del Interior, Santilli será el nexo con los gobernadores, aunque todo indica que de ese diálogo volverá a excluir al bonaerense Axel Kicillof.

En ese sentido, el ex PRO se mostró optimista y afirmó: “¿Quién no va a querer bajar impuestos? ¿Quién no va a querer que los trabajadores informales pasen a la formalidad?” “La agenda que ha trazado el Presidente es muy afín a cada uno de los gobernadores en términos del país que queremos”, resaltó.

No obstante, más allá del optimismo, hay una agenda planteada entre los propios mandatarios que en su conjunto (los 24) presentaron dos proyectos de ley ante el Congreso, uno para replantear el reparto de los ATN y otro para la distribución del impuesto a los combustibles. El primero fue aprobado por el Congreso y vetado por Milei. El segundo no se llegó a tratar por las cámaras legislativas.

El escenario político está en plena efervescencia, y la espuma subió luego de las elecciones del domingo 26 en las que La Libertad Avanza tuvo un claro triunfo en buena parte del país. Los cambios en el gabinete ya eran un hecho, incluso desde antes de los comicios.

Pero este viernes por la noche llegó la sorpresa con una carta del ahora ex Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comunicando su renuncia al presidente Javier Milei. A los pocos minutos se supo que ese lugar será ocupado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien fue electo legislador porteño en los comicios de mayo.

No es el único cambio: todo indica que Santiago Caputo, hasta ahora señalado como el principal asesor del mandatario nacional, tendrá a su cargo un “súper ministerio”, que incluirá Interior.

A propósito, tras la salida de Francos, se conoció la renuncia de Lisandro Catalán quien ocupó por un breve plazo la cartera ministerial que vincula al gobierno central con las provincias.

“Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre", publicó Francos.

“Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”, agrega en su texto de renuncia.

El ex jefe de Gabinete venía de tener un rol protagónico, junto a Catalán, en la reunión con 18 gobernadores y dos vices que se llevó adelante el jueves en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Ambos estuvieron encargados de la convocatoria.

En ese sentido, el propio Francos destaca: “Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita”.

La Cámara de Diputados de la Nación inició, minutos después de las 12 de este miércoles y con 130 legisladores en sus bancas, una sesión que se espera sea sumamente intensa y que tiene como cuestión inicial nada menos que la reforma de la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia.

En el temario figura también uno de los dos proyectos que habían impulsado los gobernadores para el reparto de fondos: el que implica cambios en la redistribución de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, un factor clave para asegurar el quórum. En cuanto al tratamiento del veto a la Ley de ATN (que el Senado ya rechazó), no se incluyó porque en la oposición admitieron que no estaban los dos tercios para sostener la norma.

La cargada agenda del encuentro, que se inició con Mario Barletta alzando la bandera, incluye una entrada netamente santafesina: la declaración como héroe nacional del Brigadier Estanislao López, “Patriarca del Federalismo Argentino”, defensor de los ideales federales y republicanos.

También se prevé tratar la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad sin asignación presupuestaria. Los sectores opositores más duros advirtieron que, si Francos no presenta una reasignación de partidas para implementar la ley, impulsarán una moción de censura, mecanismo previsto en el artículo 101 de la Constitución que habilita la remoción del jefe de ministros por razones políticas.

Se convocará a Karina Milei y Mario Lugones, a dar informes respecto a los audios difundidos sobre pagos ilegales.

En cuanto a los DNU, el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone que el Congreso disponga de 90 días corridos para pronunciarse sobre la validez de los DNU; si no lo hace, los decretos quedarían sin efecto.

Además, la iniciativa exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para que los DNU sigan vigentes, lo que permitiría a la oposición invalidar decretos con mayoría en una sola Cámara.

De convertirse en ley, la reforma impondría una restricción significativa al margen de acción del Poder Ejecutivo en un contexto de minoría parlamentaria, obligando al Gobierno a negociar consensos amplios para avanzar con su agenda.

El tema viene con media sanción del Senado, donde se aprobó el pasado 4 de septiembre por más de 2/3: con 56 votos afirmativos, 8 en contra y 2 abstenciones. El texto que se analiza tiene varias diferencias respecto de las iniciativas que este mismo año obtuvieron dictamen de comisiones, pero sin llegar nunca al recinto. Por eso fue que finalmente se aceptó avanzar con el proyecto proveniente de la Cámara alta, cuestión de agilizar los tiempos.

La sesión de este miércoles se inscribe en una secuencia en la que el Congreso busca marcarle límites al Ejecutivo, pero en este caso con un componente particular: hasta el lunes al mediodía, Joé Luis Espert era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, cargo al que decidió renunciar luego del escándalo público por sus vínculos con Fred Machado, el empresario acusado de narcotráfico que será extraditado a Estados Unidos. La renuncia de Espert, hoy también imputado por supuesto lavado de dinero, se anticipó a un pedido directo que se iba a hacer este miércoles en el recinto, donde se descuenta que habrá varias manifestaciones para cuestionar al legislador libertario.

La renuncia de Espert se anticipó a un pedido directo que se iba a hacer este miércoles en el recinto.

A los hechos conocidos recientemente y que terminaron en la renuncia del primer candidato de LLA para el distrito más poblado del país, se suman otras razones de encono, como la falta de convocatoria de la comisión que presidía hasta este lunes para tratar proyectos de trascendencia para la Cámaras y el "congelamiento" del debate del Presupuesto 2025, es decir, que el desacuerdo es de larga data. A propósito, se pondrá a consideración un plan de trabajo y un listado de invitados para que expongan sobre el proyecto de la "ley de leyes" que impulsa el gobierno de Milei para 2026, con el objetivo de tener dictamen para el 20 de noviembre. Cabe recordar que diez días después finaliza el período de sesiones ordinarias.

La reunión de este miércoles fue pedida, entre otros, por el santafesino Germán Martínez (UxP) y arranca con la modificación, con el fin de poner límites al Ejecutivo, al Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes que ya viene con media sanción del Senado.

Sigue en la lista otro tema trascendente y que promete debate como es la aprobación del orden de mérito final de postulantes a la Defensoría de los derechos de las niñas, niños y adolescentes luego del proceso que se siguió en comisión bicameral donde fueron escuchadas y analizadas las propuesta de las y los candidatos. El nombre elevado para su aprobación es el de María Paz Bertero como defensora, y Matías Robledo y Héctor Vito como adjuntos. La decisión requiere mayoría simple y no tiene el aval del bloque libertario.

Pero si se analiza la lista de temas que incluye la convocatoria se verá que, por distintas razones, aparecen varios nombres y apellidos de funcionarios del gabinete de Javier Milei:

- Se pedirá que el ministro de Economía Luis Caputo brinde un informe verbal sobre las posibles negociaciones que el gobierno está llevando adelante para recibir un blindaje de los Estados Unidos de América.

- Se solicitará la interpelación al Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Alberto Francos, con el fin de iniciar una moción de censura, a raíz de la decisión del Poder Ejecutivo de incumplir con la ley 27.793, de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma, sancionada y ratificada por las dos Cámaras del Congreso fue promulgada por el gobierno nacional que la devolvió al Poder Legislativo para que indique fuentes de financiamiento; es decir que en los hechos no se aplica. Sobre este tema hay un pedido para declarar "nula de nulidad absoluta e insanable" la cláusula suspensiva del decreto 681/25 sobre la emergencia.

- Se convocará a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y al Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, a dar informes respecto a los audios difundidos semanas atrás sobre supuestos pagos ilegales revelados por el ex director de ANDIS, Diego Spagnuolo.

La lista de asuntos a considerar sigue, e incluye varias iniciativas relacionadas con las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), incluida la emergencia económica, financiera y tarifaria en todo el territorio nacional.

Además, figura la declaración de emergencia y financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; la creación del Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias, y la recomposición presupuestaria de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

Durante la mañana de este lunes se celebró en Casa Rosada una nueva reunión del Consejo de Mayo con mesa ampliada. El eje fue el diseño de un proyecto de reforma fiscal, contemplada en los 10 puntos del Pacto de Mayo firmado en Tucumán.

Fue el cuarto encuentro que se realizó en el marco del Consejo creado el pasado 17 de julio de 2024. En las primeras tres reuniones, el temario giró en torno a la reforma laboral y a temas educativos. El objetivo es plasmar las discusiones en un informe final para presentar durante el mes de diciembre en el Congreso Nacional.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó el intercambio, aunque en los hechos inició sin su presencia a causa de una demora vehicular que retrasó su llegada a la Casa Rosada.

Asistieron los seis representantes fijos: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

Francos encabeza las discusiones federales en busca de aportar gobernabilidad al Ejecutivo. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.

Se sumaron en esta oportunidad los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Julio Cordero (Trabajo), y los legisladores Luciano Laspina, diputado nacional e integrante del equipo económico del PRO; Lisandro Nieri, integrante del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR); y Martín Kerchner Tomba, senador provincial y contador.

También estuvieron presentes el director ejecutivo y economista jefe de la UIA, Diego Coatz; y el presidente del departamento de Política Tributaria de la UIA, Carlos Abeledo.

Los invitados se sentaron en la ovalada mesa del Salón de los Escudos del Ministerio del Interior de la Nación. El intercambio que duró poco más de dos horas.

Al salir de la reunión, Rappallini reveló: “Cada miembro del consejo planteó su propuesta y estuvimos analizándolas. Vamos a tener diversas reuniones para ir conjugando las distintas posturas y tener un proyecto común para presentar el 11 de diciembre”.

Pese a las diferencias admitió similitudes entre los actores en debate y aunque anticipó que demanda tiempo, se mostró esperanzado en alcanzar un acuerdo. “El punto es que la Argentina es un país que tiene 52% de presión fiscal y recauda solo el 28%. Lo que estamos planteando es que hay una gran parte de informalidad”, detalló.

Asimismo, destacó las modificaciones tributarias en Brasil: “Es un proceso también que lleva tiempo. No se hace de un día para el otro. Hoy estamos viendo lo que está pasando en Brasil, que se está implementando el 1 de enero del 2026 y va a durar 6 años, hasta el 2032, esperamos hacerlo en menos tiempo”.

Martín Rappallini, presidente de la UIA.

Por su parte, el titular de la UIA reiteró sus reclamos a raíz de la eliminación de las retenciones cero a granos y remarcó la centralidad de discutir una reforma para concretar la reducción de impuestos distorsivos.

“Es un pedido que venimos haciendo desde el año pasado el de la baja de retenciones para la exportación, tuvimos una primera etapa que fue en junio, donde se bajó casi el 80% de todos los sectores industriales y queda pendiente todo el sector automotriz, acero, aluminio”, reiteró.

En la misma línea, sumó: “Estamos siempre haciendo los pedidos. No en este ámbito, porque venimos a hablar de la reforma fiscal, pero siempre es un reclamo y después estamos advirtiendo el problema en la caída de empleo y de actividad que nos preocupa sobre todo todas las tensiones financieras que estamos viviendo las últimas semanas”.

“Está afectando la tasa de interés, por eso estamos reclamando desde hace varios meses el tema de que baje la tasa de interés para el crédito, sobre todo el capital de trabajo para las empresas”, afirmó.

Por último, destacó el apoyo de Estados Unidos a la administración libertaria al sostener que reduce la tensiones financieras y posibilita la reducción de las tasas de interés. “Bajando las tasas de interés va a haber más actividad, más empleo, eso es lo que queremos”, concluyó.

(Por Mauro Muñoz) - Durante la gira del presidente Javier Milei por Estados Unidos, uno de los mensajes que trascendió fue el pedido de abastecer al gobierno nacional de mayor gobernabilidad, buscando ampliar base política, retomando el vínculo con gobernadores y fortalecer el respaldo en el Congreso para evitar sobresaltos institucionales con consecuencias financieras.

En ese contexto fue que el Ejecutivo oficializó la convocatoria al Consejo de Mayo para el próximo lunes 29 de septiembre. La decisión apunta a cumplir con esa exigencia del FMI y del gobierno norteamericano, en pos de la necesidad doméstica de articular consenso para avanzar con reformas pendientes en el esquema libertario, como la reforma laboral, tributaria y jubilatoria.

La reunión está previsto que tenga lugar desde las 10 en el Salón de los Escudos de Casa Rosada y tendrá a Guillermo Francos a la cabeza, de acuerdo a lo que se informó, en vistas de retomar el ideario de acuerdos nacionales, que supo firmarse durante los primeros meses de la gestión Milei.

Muchos gobernadores ya han expresado reparos, no solo al paquete de reformas que se propone, sino al modo centralizador de las decisiones que viene mostrando el gobierno central, expresado por ejemplo en el veto a las revisiones en materia de coparticipación y distribución de recursos federales; mientras que los más duros exigen también claridad sobre los alcances del financiamiento externo anunciado por el Tesoro norteamericano.

La convocatoria pretende desarmar esas resistencias latentes. Sin embargo, para el Ejecutivo será un desafío acercarse a los gobernadores, en plena campaña y en medio de las negociaciones con Estados Unidos.

Julio de 2024 en Tucumán. 18 gobernadores aceptaron firmar el Pacto de Mayo junto al presidente Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Este jueves, algunos mandatarios provinciales se reunieron en el Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantías y Financiamiento PyME, y reclamaron discutir el alcance de la ayuda financiera que la Argentina negocia con Estados Unidos. En ese grupo están Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan).

Por otro lado se suma el frente Provincias Unidas, impulsado por Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora para ser la opción de centro en los comicios nacionales rompiendo con la polarización entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza, sino también imponer la voz de los territorios productivos como lo son Santa Fe y Córdoba. A este frente se le agregan también los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut).

En el otro extremo están los gobernadores que no suscribieron al Pacto de Mayo en Tucumán. En aquella oportunidad no fueron de la partida, entre otros, los gobernadores de extracción peronista como lo son Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Están confirmadas las asistencias de los seis consejeros que representan al Poder Ejecutivo, al Legislativo, las provincias firmantes, organizaciones sindicales y entidades empresariales.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, asistirá por parte del Poder Ejecutivo mientras que el interlocutor de las provincias será el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. La cara del Senado será la senadora Carolina Losada y la de Diputados el legislador del PRO Cristian Ritondo. Por las organizaciones sindicales de tercer grado asistirá el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; y por las empresarias el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

El último encuentro en este marco fue concretado el pasado 24 de junio.

El último encuentro en este marco fue concretado el pasado 24 de junio. Allí se reunieron los mismos confirmados hasta el momento en esta oportunidad para dar inicio a la elaboración de propuestas y proyectos legislativos que permitan cumplir con los puntos acordados en el Pacto de Mayo.

El listado de diez puntos que comprende el documento firmado involucra la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno; una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar; una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio; la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias; el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron; una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; y la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

Luego de la mayor certeza que se tuvo en los últimos días, la derrota de La Libertad Avanza en las urnas bonaerenses el pasado domingo, todo es incertidumbre y expectativa. Este jueves vence el plazo para que Javier Milei vete o deje efectivas dos leyes que obtuvieron fuerte respaldo en las dos cámaras legislativas: el Financiamiento Universitario y la emergencia en Pediatría (Ley Garrahan). Acerca de ambas, el presidente advirtió hace tiempo que comprometen el objetivo de "déficit fiscal cero", aunque desde uno y otro sector (universidades y personal sanitario) ya salieron a advertir que si hay veto, también habrá movilizaciones.

Pero hay otra ley que está bajo observación y es la que estableció normas para el reparto de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), que tiene un ingrediente particular: fue impulsada por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA. En tiempos en que el Ejecutivo dice querer recuperar el vínculo con los mandatarios provinciales, un veto a esta norma podría empantanar el camino del diálogo. A menos que haya una moneda de cambio.

Hasta este martes los gobernadores no habían recibido una invitación formal para participar de una mesa de diálogo y se mostraban, cuanto menos, escépticos. Este miércoles el gobierno avanzó un casillero al designar a Lisandro Catalán como ministro del Interior, un cargo que, como el nombre lo expresa, opera de nexo con las provincias y que hasta este momento desarrollaba, como tantas otras funciones, el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos.

Guillermo Francos, jefe del Gabinete de Ministros del gobierno de Javier Milei.

Fue Francos quien anunció el nuevo lugar que ocupará Catalán, una decisión que se tomó en el seno de la tercera reunión de gabinete que miembros del Ejecutivo celebraron en dos días.

En el anuncio, Francos dijo que la designación de Catalán se hizo "siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines". Esta es la palabra clave, "afines", porque hasta el momento se ignora si los 24 participarán del convite oficial.

El gabinete nacional se agranda. Lisandro Catalán es el flamante ministro del Interior de Javier Milei.

Es más, según Francos "en esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio".

Por lo pronto, los mandatarios que integran Provincias Unidas (Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Santa Cruz, Chubut y, recientemente, Corrientes) se reunirán el viernes en Río Cuarto para acordar una estrategia en común. El santafesino Maximiliano Pullaro ya anticipó que no se puede desconocer una invitación si viene del Presidente, pero avisó que tiene varios temas para incluir en la charla, como el reclamo por la suspensión de la obra pública, la defensa de las universidades y los recortes en distintas áreas que dispuso la gestión nacional desde el 10 de diciembre de 2023.

Como sea, todo hace pensar que no se volverá a aceptar una reunión "para la foto" como fue, en definitiva, la que logró el Presidente el 9 de julio de 2024, cuando la mayoría de los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo en aquella fría noche de Tucumán. La situación, a la luz de los datos que emanan de distintos relevamientos económicos y productivos, no da para más experimentos.

Como se dijo, este jueves se sabrá si están publicados los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia pediátrica. También tendría que publicarse la ley de emergencia en Discapacidad que el Congreso Nacional ratificó, por amplia mayoría, luego del rechazo total impuesto por Milei.

¿Adoptará el mismo criterio el Congreso si el mandatario rechaza estas dos normas? ¿O se impondrá una aceptación como ocurrió con la ley jubilatoria? Lo cierto es que si hay vetos, habrá conflictos.

La incógnita que sí fue despejada este miércoles a media mañana es que habrá presentación oficial del proyecto de presupuesto para 2026. Será el lunes a las 21 por cadena nacional y, tal como el año pasado, la tarea estará a cargo del presidente Milei.

Lo que se desconoce, y aquí más incógnitas, es si este proyecto llegará a tratarse en el recinto o quedará congelado en comisión como ocurrió con el presentado, también en cadena nacional un domingo a la noche, para este año.

Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei decidió conformar una mesa política nacional integrada por funcionarios de su confianza. Al mismo tiempo, instruyó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que convoque a los gobernadores a un espacio de diálogo federal.

La medida busca organizar la estrategia del oficialismo tras el revés en territorio bonaerense y anticipar los desafíos políticos de cara a los próximos meses. Desde Casa Rosada se confirmó que no habrá cambios en el Gabinete ni en el rumbo económico del Gobierno.

El presidente Javier Milei encabeza sendas reuniones.

La mesa política nacional estará encabezada por el presidente e integrada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; Santiago Caputo, asesor principal; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; y Manuel Adorni, vocero presidencial.

El objetivo del nuevo espacio será coordinar las acciones del Gobierno en el plano político y fortalecer el vínculo con distintos sectores del oficialismo. Además, se busca consolidar la estructura interna y preparar una estrategia común ante el escenario electoral y legislativo.

La creación de esta mesa fue definida en reuniones realizadas en Casa Rosada luego de conocerse los resultados en Buenos Aires. Allí, el presidente reunió en dos oportunidades a su Gabinete, analizó el impacto de la elección y delineó los pasos a seguir junto a sus ministros y asesores.

En paralelo, Milei encomendó a Guillermo Francos convocar a los gobernadores provinciales para conformar una mesa de diálogo federal. El propósito es abrir un canal institucional con las provincias y establecer un espacio de intercambio sobre políticas públicas, financiamiento y coordinación de gestiones.

El anuncio se realizó tras la primera ronda de reuniones en la Casa Rosada. Algunos mandatarios provinciales señalaron que todavía no recibieron la invitación formal, aunque se espera que la convocatoria sea oficializada en los próximos días con un temario a definir por el Ejecutivo.

La conformación de esta mesa federal aparece como un gesto político para recomponer la relación con los gobiernos provinciales y atender reclamos que se intensificaron tras el resultado electoral. El jefe de Gabinete será el encargado de dar forma al encuentro y fijar la dinámica de trabajo.

Funcionarios de primera línea reunidos.

En las reuniones de gabinete, el presidente dejó en claro que no habrá cambios en los ministerios. Tampoco se prevén modificaciones en la política económica, una de las prioridades de la actual gestión. La consigna es mantener la continuidad en el rumbo trazado desde el inicio de la administración.

Además, se resolvió reforzar la mesa política bonaerense con la incorporación de nuevos referentes que trabajarán en la estrategia de ese distrito. La decisión responde a la necesidad de reorganizar la campaña y mejorar la performance electoral en una de las jurisdicciones clave del país.

La doble estrategia —conformación de una mesa política nacional y convocatoria a los gobernadores— marca el inicio de una nueva etapa en el esquema de conducción del oficialismo. Con estos movimientos, el Gobierno busca afianzar su base política y enfrentar los desafíos que dejó el resultado electoral.

Mauro L. Muñoz

Pidió respeto, se levantó, tomó sus papeles y se retiró caminando del recinto. De forma abrupta concluyó la exposición del 143º informe de Gestión que este jueves realizó el jefe de Gabinete ante el Senado de la Nación.

Durante más de cuatro horas, Guillermo Francos protagonizó una jornada marcada por la defensa de la administración libertaria, respondiendo a las más de 900 preguntas presentadas previamente por escrito por senadores de todos los distintos bloques.

En su primer informe de gestión del año ante la Cámara alta, destacó los avances logrados en este año y medio de gestión, destacando la transformación de la Argentina bajo la presidencia de Javier Milei. Señaló que la macroeconomía está ordenada, con inflación en descenso, caída de la pobreza y recuperación del salario real. Afirmó también que "el Estado respalda al sector privado y promueve la libertad económica, lo que genera optimismo a futuro".

En otro tramo de su exposición, el Jefe de Gabinete apuntó contra el proyecto de ley que busca mejorar los haberes jubilatorios que tiene media sanción de Diputados y deberá ahora ser tratado ahora por el Senado. Advirtió que, de sancionarse, será vetado por el presidente. También se refirió al conflicto con los residentes del Hospital Garrahan, señalando que tiene una arista gremial que escapa al gobierno.

Pero la sesión tuvo un cierre abrupto que hizo escalar la tensión en el recinto. De manera intempestiva, Francos decidió retirarse aduciendo ser ofendido por ser calificado de “mentiroso” por una senadora opositora. Tras un cuarto intermedio, se decidió aplazarla para el próximo miércoles.

Antes de desembarcar en el recinto, Francos recibió 1.209 preguntas de legisladores y legisladoras, que quedaron agrupadas en 926 realizadas por 48 senadores. Entre las consultas se incluyen temas vinculados a Economía, Hacienda y Finanzas; Producción, Industria y Comercio; Infraestructura y Obras Públicas; Seguridad Social y Previsión; Relaciones Internacionales y Soberanía; Justicia y Sistema Penal; Educación, Salud y Políticas Sociales; Administración Pública y Empleo; Seguridad y Defensa; Ciencia, Tecnología y Ambiente; Inclusión y Transformación Digital, y Emergencias y Catástrofes.

Este jueves, desde las 11 de la mañana, el Senado retomó la actividad parlamentaria para la presentación oral del Informe de Gestión, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional. Con una agenda recargada tras semanas de parálisis legislativa, la exposición de Francos se perfilaba como una oportunidad para que el oficialismo revalidara sus números y para que la oposición se hiciera escuchar.

El informe comenzó con un repaso de las principales variables macroeconómicas: inflación del 1,5% en mayo, la más baja en cinco años; superávit fiscal; baja del 0,3% en los precios mayoristas; y un acumulado del 13,3% en los primeros cinco meses del año.

Francos atribuyó estos logros a la “política monetaria innegociable” de Luis Caputo y a la decisión de eliminar controles de precios, emisión monetaria y regulaciones. “Logramos terminar con este flagelo sin Precios Cuidados, sin emisión, sin cepo cambiario y con una política clara concreta e innegociable: el equilibrio fiscal”, enfatizó.

En la primera ronda de preguntas, senadores de distintos bloques y diferentes provincias trasladaron a Francos reclamos sobre el estado de las rutas. El jefe de ministros admitió que la infraestructura está en mal estado, pero señaló que es parte de la herencia que recibieron. Ante la insistencia, resaltó el modelo de obra pública priorizada y anticipó que pronto habrá anuncias de nuevos inversiones.

Una de las más enfáticas en el reclamo fue la senadora por Santa Fe Carolina Losada, de la la UCR: “La gente me para en la calle por el estado de las rutas. Hay pozos que hacen las rutas intransitables”, sostuvo. También pidió respuestas concretas sobre obras prioritarias en su distrito. También Víctor Zimmermann, senador chaqueño, consultó sobre los avances en materia de obra pública. Lo propio hizo desde Río Negro, Mónica Silva, de Juntos, cuestionando la falta de inversiones: “En nuestra provincia no recibimos ninguna inversión”, afirmó.

Ante los reiterados cuestionamientos por la falta de obras viales y el deterioro de la infraestructura en varias provincias, Francos defendió el orden de prioridades establecido por el Gobierno. “El diálogo es importante, pero también es cierto que pasar de la situación recibida a la actual fue un cambio complejo”, sostuvo.

El jefe de Gabinete insistió en que el enfoque fiscal es central en el esquema de gestión. “Tenemos que comprender que el proyecto del Gobierno tiene etapas, y salir de la crisis es una de ellas. Entre esas etapas está cerrar todos los grifos y llevar al superávit”, afirmó. Y aseguró que el Gobierno no desconoce la situación de las provincias: “No es que estamos apartados de la realidad. Las conocemos”.

Sostuvo que hay 68 obras en rutas que fueron priorizadas. A ello, aseguró que se suma un plan de concesiones de toda la Red Federal, de un total de 9.000 kilómetros. Indicó que ya está en marcha la primera etapa que se extiende por 741 kilómetros: "se realizó una licitación pública nacional e internacional para construir, explotar, administrar y mantener los Tramos Oriental y Conexión que incluyen las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 que atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, y el Puente Rosario-Victoria, que conecta Entre Ríos y Santa Fe”, dijo.

Para las etapas restantes (2 y 3) indicó que ya se convocó a las audiencias públicas correspondientes, previas al llamado a licitación. La etapa 2, de 4.400 kilómetros, incluye las rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales SA, más otras que no estaban concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe y Buenos Aires, la RN 35 en Córdoba y la RN 188 en Buenos Aires y La Pampa. La etapa 3 cuenta con un total de 3.984 kilómetros, divididos en diferentes tramos.

El momento más tenso de la jornada llegó cuando el jefe de Gabinete cargó contra el proyecto de ley aprobado en Diputados que propone aumentos en los haberes previsionales y un bono extraordinario.

Francos afirmó que esa iniciativa representa “un daño directo al equilibrio fiscal” y que sólo el cambio en la fórmula de movilidad y el bono implicarían un impacto del 0,8% del PBI. “Tenemos un sistema previsional deficitario e inviable. Hay más jubilaciones con moratorias que sin ellas. En una proporción de 2 a 1”, detalló.

Según los datos aportados, en la Argentina hay 1.862.000 jubilaciones otorgadas sin moratoria y 3.912.000 jubilaciones otorgadas con moratoria. El ministro puntualizó que hay “hay más jubilaciones por moratoria que por aportes, en una proporción de 2 a 1”. Si se suman las pensiones, hay 3.384.053 beneficiarios sin moratoria y 4.110.627 con moratoria.

“Las estadísticas nos demuestran con claridad que estamos ante un sistema deficitario e inviable”, sintetizó Francos, advirtiendo que “sólo entre la modificación de la fórmula jubilatoria y el incremento del bono, impactaría en un 0,8% del PBI”.

El texto aprobado prevé un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un bono extraordinario a $110.0000 y su actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas.

Por eso, Francos fue tajante en este tema y trasmitió un mensaje contundente: el presidente vetará la ley si llega al Poder Ejecutivo. También se rechazó la posibilidad de una nueva moratoria previsional y criticó el financiamiento planteado por la oposición, que incluye la eliminación de exenciones fiscales y reasignaciones presupuestarias.

Otro punto conflictivo fue el reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan. Francos se refirió a la situación de los residentes en huelga y sostuvo que “lo que reciben son becas, no sueldos”. Reconoció que “estaban bajas”, pero acusó al gremio de haber inflado la planta de trabajadores con 2.000 agentes durante la gestión anterior.

Sostuvo que el origen de la tensión está vinculado a decisiones administrativas adoptadas por el Gobierno. “Hay que ver las dos caras del Garrahan. Porque cuando se hizo el llamado a licitación más abierta para esos servicios se generó el problema gremial”, dijo. Y agregó: “No desconozco que tenemos dificultades, pero no son tan claras y transparentes”.

Sobre las desigualdades en los procesos de selección del sistema de residencias médicas, detalló que “la queja de los residentes argentinos era que las universidades argentinas son más exigentes que las extranjeras, y los promedios de los argentinos son más bajos que los que vienen con los extranjeros, donde son más flexibles”. Ante esa situación, Francos aseguró que el Ejecutivo intervino: “Modificamos eso y modificamos el puntaje. No es que no nos ocupamos del tema”.

Sin embargo, cuando promediaban las cuatro horas y cuarto de exposición, todo se precipitó. La senadora fueguina Cristina López (Unidad Ciudadana) tomó la palabra y llamó “mentiroso” al funcionario, aludiendo a las respuestas por escrito del informe.

“Para usted y Javier Milei, Tierra del Fuego es un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras”, espetó López. “Poco les importa la soberanía, el Atlántico Sur, las Islas Malvinas, ni el futuro de la Antártida” , aseveró.

Francos pidió a la senadora fueguina se retracte de haberlo calificado de faltar a la verdad. Ante la insistencia de López que seguía reprochando desde el micrófono, el jefe de Gabinete se levantó y abandonó el recinto. El presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala, intentó sin éxito recomponer la sesión.

Mientras la legisladora fueguina redoblaba sus críticas, se decidió pasar a un cuarto intermedio. Sin embargo, pasados los minutos, Francos no regresó al recinto, dando por terminada la sesión de forma abrupta. Luego, se votó aplazar el encuentro para el próximo miércoles.

Juan Pablo PeraltavPeriodista acreditado en Casa Rosada.

Tras la firma del Pacto de Mayo el 9 de julio del año pasado en Tucumán, donde salvo cinco gobernadores el resto aceptó sumarse, el Consejo de Mayo -que estuvo en stand by durante casi un año- finalmente fue convocado este martes 24 de junio en la Casa Rosada.

La representación del Gobierno nacional estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Modernización y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.

Por la Cámara baja estuvo el titular de la bancada Pro y mandamás del macrismo bonaerense, el diputado Cristian Ritondo, y por la Cámara alta la radical de Santa Fe, Carolina Losada, quien a la salida del encuentro -que duró aproximadamente una hora- expresó que “el trabajo va a ser todo este tiempo hasta diciembre”, cuando se tenga el producto final, aseguró.

“Tiene que ver con los diez temas que se propusieron y que firmaron todos los gobernadores con el presidente de la Nación”, sostuvo la santafesina y agregó que “las reuniones van a ser -en principio- una vez por mes, pero por supuesto vamos a tener trabajos por fuera de ellas todo el tiempo”.

La legisladora le dijo a los periodistas acreditados en Balcarce 50 que “el contexto electoral queda por fuera de esto, así que no se podría hablar de un aprovechamiento político, como se especulaba, así que me parece que es una buena fecha la que se eligió”, remarcó.

El otro vocero del cónclave fue el Secretario General de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, que participó en calidad de apoderado de la CGT.

El sindicalista declaró que “no es nada fácil actuar y entender un sistema de procedimientos y metodologías de trabajo”, y añadió que, "este es un consejo consultivo -no vinculante- que no es para discutir con las decisiones que tiene en sus manos el Poder Ejecutivo Nacional y las otras autoridades, como las del Parlamento, tanto diputados y senadores".

"Así que tenemos de acá a diciembre la oportunidad de lograr consensos en los temas que se firmaron entre el Gobierno y los gobernadores, pero también pueden surgir otros temas dentro de la dinámica de los procedimientos que tenemos”, añadió.

Martínez expuso que el título de “la reforma laboral está”, pero aclaró: “Lo que nosotros planteamos, y tenemos nuestra propuesta, que en su momento traeremos, será para decir de qué manera se puede encontrar una modalidad de modernización laboral sin que eso signifique perder derechos, ni las condiciones sociolaborales de los trabajadores y de las trabajadoras”, enfatizó.

Consultado por El Litoral, sobre por qué considera que crece la tasa de desempleo en todo el país, el gremialista sostuvo: “Porque indudablemente hay una paralización de muchas actividades, por ejemplo, en el caso de lo que sucede en la construcción por la falta de obras públicas y por una caída del consumo”.

Y también, “porque el ajuste ha sido extremadamente severo, cosa que nosotros no compartimos", cerró el cegetista.

En el Patio de las Palmeras, cuando finalizó la entrevista entre las partes integrantes en el Salón de los Escudos, el otro que habló con la prensa acreditada fue el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapallini, quien negó que ellos estén planteando "una reforma de las jubilaciones ni la quita de horas de trabajo".

"Estamos hablando de una modernización laboral que vamos a tener que sentarnos con la CGT a discutir y a compatibilizar. Tenemos que construir consensos”, sumó el empresario.

Y adelantó que “la idea es que en diciembre se emita un documento para el año próximo iniciar las reformas, que entiendo, está planteando el Gobierno. Los 10 puntos están generando como una definición de principios y seguramente estos principios van a tener que tener un contenido de ley, o de legislación, o de propuestas, que van a ser planteadas en diciembre”, culminó el representante de la UIA.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció que el Gobierno ya envió al Congreso de la Nación los proyectos de ley que apuntan a fomentar la regularización de activos no declarados y modificar el marco legal vigente en materia de delitos económicos. Según precisó el funcionario, el texto ingresó por vía electrónica tras haber sido firmado por él y por el presidente Javier Milei en la noche previa a su declaración pública.

En este marco, Francos explicó que el contenido del proyecto incluye cambios normativos vinculados con los montos establecidos en la Ley Penal Económica, la prescripción de delitos y otros aspectos orientados a dar seguridad jurídica a quienes posean ahorros no declarados. El funcionario remarcó que el objetivo central de esta iniciativa es permitir que estos fondos puedan integrarse a la economía sin enfrentar penalidades derivadas de legislaciones anteriores.

El ministro explicó que la iniciativa busca atender la situación de muchos ciudadanos que, ante años de inestabilidad macroeconómica, optaron por conservar sus ahorros en dólares fuera del sistema formal. “La protección de los ahorros de los argentinos” fue una de las expresiones que utilizó Francos al describir el espíritu del texto enviado al Parlamento. Según indicó, se apunta a regularizar lo que definió como “los dólares del colchón”, en referencia a los fondos mantenidos por fuera del circuito bancario o financiero tradicional.

El jefe de Gabinete evitó dar precisiones sobre el nombre oficial del proyecto de ley, aunque confirmó que el contenido se centró en asegurar condiciones para que aquellos que realicen gastos con fondos propios y ahorros no queden sujetos a sanciones previstas por normas anteriores. Además, señaló que la legislación busca reducir los plazos de prescripción de ciertos delitos, como una de las herramientas para brindar garantías a los eventuales participantes del régimen.

Francos afirmó que el nuevo marco busca incentivar el vuelco de esos fondos a la actividad económica. “Queremos que eso se vuelque a la actividad económica para generar crecimiento", dijo al explicar el espíritu de la iniciativa. En su intervención, utilizó como ejemplo la conducta de quienes, en décadas pasadas, buscaron preservar el valor de su dinero recurriendo al mercado informal de divisas, debido a las restricciones cambiarias y los procesos inflacionarios recurrentes.

El funcionario se refirió a estos recursos como “un canuto, que lo guardaban y que no tenían dólares", y argumentó que la decisión de impulsar una legislación que contemple este tipo de situaciones responde a una visión que reconoce la realidad económica y cultural del país.

Durante su intervención, el ministro no precisó si la ley incluirá un blanqueo de capitales en los términos tradicionales, pero sí destacó que el texto firmado por el Ejecutivo contempla “modificaciones de normativa vigente” y apunta a legalizar ciertos comportamientos del pasado. También mencionó que estas modificaciones podrían tener impactos en el sistema tributario, aunque no abundó en detalles sobre ese aspecto.

Francos explicó que la elaboración del texto contempló distintas dimensiones legales y fiscales, y que la firma del proyecto se concretó la noche anterior a su declaración pública. Indicó que el envío al Congreso se realizó a través del sistema electrónico y que desde ese momento quedó habilitado el tratamiento parlamentario del proyecto.

El contenido completo del texto legislativo no fue divulgado en detalle, pero el funcionario insistió en que su eje principal es brindar garantías legales para la utilización de ahorros en dólares que permanecen fuera del sistema. También mencionó que se busca eliminar obstáculos legales que podrían disuadir a los potenciales usuarios del nuevo régimen.

El proyecto se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno de incrementar la base monetaria sin emisión, apelando a recursos existentes en el país que hasta ahora no fueron incorporados al circuito económico formal. El objetivo, según se desprende de las declaraciones del jefe de Gabinete, es que estos fondos contribuyan a estimular la inversión y el consumo, en lugar de mantenerse inmovilizados por temor a eventuales sanciones legales.

En sus declaraciones, Francos evitó vincular esta iniciativa con intentos anteriores de regularización de activos no declarados, aunque admitió que la práctica de ahorrar en dólares fuera del sistema bancario responde a una conducta arraigada desde hace décadas en la sociedad argentina. Mencionó como referencia temporal el período posterior al Rodrigazo, en alusión a la crisis económica de 1975, aunque no lo desarrolló en profundidad.

A lo largo de la entrevista, el ministro subrayó que el enfoque del Gobierno es evitar mecanismos que impliquen nueva emisión monetaria o incremento de la presión impositiva. Reiteró que el plan del presidente Milei es mantener el equilibrio fiscal y que toda iniciativa legislativa que implique un gasto sin financiamiento será vetada. En ese marco, la recuperación de fondos existentes dentro del país aparece como una vía para fortalecer la disponibilidad de recursos sin afectar el esquema fiscal del Ejecutivo.

Francos también sostuvo que muchos de los ahorristas que recurrieron al mercado informal no tenían una intención delictiva, sino que actuaban motivados por la necesidad de proteger el valor de sus recursos frente a la inflación y la volatilidad cambiaria. Por ese motivo, consideró razonable que el Estado habilite condiciones para que esos fondos puedan ser reutilizados sin riesgo de sanciones retroactivas.

A un año del primer intento de la Cámara de Diputados de la Nación para modificar la movilidad jubilatoria, el tema volverá al recinto el miércoles próximo a las 12, cuando se concrete la sesión extraordinaria solicitada por la oposición y confirmada por el presidente del cuerpo legislativo Martín Menem. En 2024 la sesión fue el 5 de junio y se logró aprobar por 160 votos afirmativos, 72 negativos y 8 abstenciones una nueva fórmula para el sector pasivo.

El trámite siguió luego en el Senado nacional que, en agosto, convirtió en ley la recomposición. Apenas pasaron unos días hasta que el Ejecutivo anunciara el veto que finalmente concretó en un decreto firmado por el presidente Javier Milei. El rechazo a la ley quedó ratificado por Diputados en septiembre.

Martín Menem, presidente del cuerpo legislativo.

A casi un año del inicio de aquel proceso, el miércoles 4, la Cámara baja volverá a insistir con el tema previsional. Los proyectos puestos a consideración van desde un incremento excepcional y de emergencia, equivalente al 7,2%, para las jubilaciones y pensiones abonadas por la Anses y modificación de la ley que establece el Plan de Pago de Deuda Previsional.

A todo esto se suma la declaración de Emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive. Un tema sensible, que ya tiene dictamen y en el que la oposición confía en conseguir la mayoría d ellos votos.

No obstante, la respuesta del gobierno nacional parece ser la misma que el año pasado: "No hay recursos".

Así lo viene afirmando en los últimos días el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y lo reiteró este lunes cuando aseguró que, en caso de que el Congreso apruebe los anunciados proyectos de reforma previsional o sobre mejoras en los subsidios a la discapacidad, el Poder Ejecutivo "los va a vetar".

Lo que si está confirmado es que el mismo miércoles habrá una nueva movilización ante el Congreso Nacional que reunirá, como es habitual, a jubilados y pensionados y sumará, en esta ocasión a referentes que vienen luchando por la emergencia en discapacidad, a científicos que reclaman por el desfinanciamiento del sector, a personal del Garrahan que plantea una urgente recomposición laboral y a representantes de movimientos feministas que este martes conmemoran la primera década del Ni una Menos.

Será el miércoles a las 12. Gentileza

"No existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, así que no se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen el Ejecutivo la va a vetar", adelantó el funcionario.

Francos consideró que antes de hablar de jubilaciones es necesaria una reforma laboral "para que existan más trabajadores activos, con una relación razonable es de cuatro trabajadores activos por cada jubilado según las pautas internacionales para un sistema previsional".

Pese a ello aclaró que "una reforma laboral no va a tener impacto inmediato", porque llegar a cuatro activos por jubilado "no va a suceder de un día para el otro", y agregó que además será necesaria también "una reforma tributaria".

En la agenda de la sesión pedida por referentes de la oposición figuran también varios proyectos para declarar zona de emergencia ambienta, hídrica, social y productiva, y en situación de catástrofe a los distritos de la provincia de Buenos Aires afectados por las inundaciones del 16, 17 y 18 de mayo.

Catorce a catorce fue la votación entre los 28 integrantes de la Comisión Investigadora del caso de la criptomoneda $Libra que debía quedar conformada este miércoles por la mañana. La comisión fue votada en la sesión del 8 de abril de la Cámara de Diputados, junto con la interpelación a varios integrantes del gabinete nacional, de los que solo concurrió el martes por la tarde el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos.

En definitiva, al no llegar a un acuerdo sobre quién presidirá la comisión, que tendrá como finalidad investigar las responsabilidades en torno al caso definido como estafa que estalló el 14 de febrero pasado, su creación oficial quedó en suspenso.

No es un mero detalle el nombre de quién presidirá el grupo de trabajo que fue impulsado por la oposición. Precisamente, Sabrina Selva (UxP) fue la candidata que designó el bloque justicialista y que avalaron el Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad, Coalición Cívica, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y Nacional y Popular.

Por el lado del oficialismo, se propuso a Adrián Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza, que tuvo el acompañamiento del Pro aliado con el Mid (de Oscar Zago),

Liga del Interior, Innovación Federal y la UCR que integra la comisión.

La diferencia entre una candidata y otro es elemental: la primera votó a favor de la creación de la comisión investigadora y el segundo en contra.

Así las cosas y sin posibilidades de destrabar el empate en la reunión, se decidió levantar la sesión que fue dirigida por Adrián Pagán, secretario parlamentario de la Cámara baja.

Este martes y por varias horas se realizó la interpelación al Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, por el tema de la criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei.

La composición de la comisión, que debe fijar día y hora de reunión además del reglamento, mutó desde la sesión del 8 de abril cuando fue aprobada por 128 votos a favor, 93 en contra y 7 abstenciones, hasta este miércoles: comenzó siendo de 24 integrantes, pasó a 26 y totalizó 28 con la creación de interbloques y reacomodamientos entre las fuerzas.

Entre las opciones que se escucharon en la sesión de este miércoles, figuraban un cuarto intermedio para tratar de acordar un nombre capaz de reunir una mayoría, la vuelta del debate al pleno de Diputados o el levantamiento de la sesión para buscar un acuerdo, alternativa que primó entre los integrantes.

La previsión, ahora trunca, era conformar la comisión investigadora un día después de la interpelación que se realizó el martes por el mismo caso $Libra al Jefe de Gabinete de Ministros en el recinto de Diputados. Allí estaban convocados también los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona quienes invocaron cuestiones de agenda para no asistir. Igual, fueron llamados nuevamente para el 14 de mayo.

Por primera vez desde que asumió Javier Milei, el oficialismo enfrentó en el Congreso una interpelación directa por un escándalo que vincula al propio Presidente. A partir de las 14.22 de este lunes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, compareció ante la Cámara de Diputados en el marco del caso $LIBRA, la criptomoneda que publicó Milei en sus redes sociales y que está bajo la lupa por presunta estafa.

La sesión, convocada a instancias de bloques opositores, se desarrolló en medio de tensiones reglamentarias, fuertes cruces políticos y múltiples cuestionamientos sobre el rol del Estado en la promoción del token digital.

Guillermo Francos en Diputados. Foto: Reuters

Durante su exposición inicial, Francos negó enfáticamente cualquier vínculo entre el Gobierno y los impulsores del criptoactivo. “El Presidente no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con el proyecto Viva la Libertad o la moneda LIBRA”, aseguró. Y sostuvo que la publicación de Milei fue una difusión de una “iniciativa privada” sin consecuencias institucionales ni compromisos económicos.

Además, el jefe de Gabinete justificó que el mandatario borrara su tuit sobre la criptomoneda tras la repercusión pública: “Cuando vio la magnitud que tenía el hecho, decidió bajarlo”, explicó. También aclaró que no hubo una investigación previa sobre las personas con las que Milei se reunió en el Tech Forum, donde conoció la propuesta. “El Presidente no es un empresario”, respondió.

La interpelación estuvo marcada por momentos de alta tensión. El diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) apuntó directamente contra Karina Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni: “Deberían estar sentados acá porque son quienes autorizaron el ingreso de los estafadores a Casa Rosada”.

Por su parte, legisladores de Unión por la Patria, como Itai Hagman y Sabrina Selva, cuestionaron una posible coordinación entre la publicación del tuit presidencial y la creación del pool de liquidez de la criptomoneda. “Diez minutos antes de que se publique el tuit de Milei, se habilitaron las primeras compras. Eso no es casualidad”, planteó Selva. Francos, sin embargo, insistió: “El Presidente se limitó a difundir información pública”.

El diputado Juan Marino preguntó si consideraba correcto que Milei promoviera una iniciativa sin consulta previa a organismos del Estado. Francos evitó una definición ética: “No soy quien para decir si eso es correcto. No está reglado”.

Hacia el cierre de la rueda de preguntas, la Cámara baja pasó a un nuevo cuarto intermedio para que los jefes de bloque definan cómo continuará la interpelación. Previamente, Francos protagonizó un cruce irónico con el diputado Juliano, de Democracia para Siempre, quien le reprochó no responder las preguntas. “¿Le gusta el mar o la montaña? Porque no respondió nada”, chicaneó. El jefe de Gabinete respondió: “Me gusta más el mar porque soy nadador”.

La jornada comenzó con reclamos por la ausencia de los ministros Luis Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), lo que motivó un pedido de moción de censura impulsado por el bloque Democracia para Siempre. La diputada Cecilia Moreau también exigió un cuarto intermedio para reprogramar una nueva citación, lo que derivó en fuertes cruces con el presidente de la Cámara, Martín Menem. “No me están dejando opción que apartarnos del reglamento”, reconoció el titular del cuerpo, visiblemente molesto.

La estéril discusión se extendió por un lapso de dos horas y generó el malestar de Francos, quien se quedó esperando detrás de las cortinas del recinto.

“Nunca en mi vida he hecho esperar a alguien dos horas en una reunión. Debo decir que es una falta de respeto”, se quejó sin disimulo.

Minutos más tarde, el funcionario cuestionó la estrategia de la oposición de interpelar funcionarios e impulsar una comisión investigadora, y lo asoció al “montaje de un tribunal mediático cuya única finalidad es el rédito político y la especulación electoral”.

Al respecto, el funcionario reclamó que la comisión investigadora “no extralimite sus funciones” ni se transforme en un “órgano paralelo de Justicia” arrogándose “atribuciones que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial”.

(Por Mauro Muñoz) - El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó su informe de gestión ante la Cámara de Diputados este miércoles. En un documento de más de 1.700 páginas, respondió preguntas formuladas por los legisladores sobre diversas áreas de gobierno.

En materia educativa, uno de los datos que se destacó para Santa Fe es el nivel de cobertura alcanzado por el programa nacional de vouchers educativos, implementado por el Ministerio de Capital Humano bajo la administración libertaria.

El informe indica que 67.431 estudiantes santafesinos accedieron durante 2024 a los denominados "vouchers educativos", el instrumento de ayuda económica destinado a familias con hijos en escuelas privadas. Esto implicó un alcance directo a 55.305 familias y a un total de 947 instituciones educativas dentro del territorio provincial​.

El programa fue impulsado por la actual gestión nacional, en forma de transferencia directa de recursos de parte del Estado nacional a las familias, para que puedan costear una parte del arancel mensual de las escuelas privadas de gestión privada que reciben un aporte estatal superior al 75% donde cursan sus hijos.

El objetivo declarado por el Poder Ejecutivo es que quienes ya optan por la educación privada no deban dejarla por dificultades económicas que se pudieran generar en el marco del "plan de transformación económica nacional".

Consultado porsobre el alcances del programa, el Ministerio de Capital Humano informó que durante el año 2024 se invirtieron $77.055 millones a nivel nacional en esta política educativa​

En particular, el informe respondió sobre esta temática en la pregunta N° 1097, donde se solicitó que se detalle por provincia y por nivel educativo la cantidad de beneficiarios registrados en 2024. El gobierno respondió con una tabla desagregada, aunque no distinguió por nivel inicial, primario y secundario.

En el desglose proporcionado por el Ejecutivo, se advierte que la provincia de Buenos Aires fue la más beneficiada en términos absolutos, con 335.000 alumnos alcanzados.

La Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, impulsan el programa de vouchers para estudiantes de escuelas privadas.

Le siguió Córdoba con 76.055, y en tercer lugar, Santa Fe, con 67.431 alumnos beneficiados. Este número representa casi el 9% del total nacional de beneficiarios, que se elevó a 743.337 estudiantes.

A su vez, la implementación en Santa Fe tuvo uno de los niveles de cobertura institucional más altos: 947 escuelas privadas fueron alcanzadas. Esa cifra representa el 10,2% del total de establecimientos involucrados en el país (9.273 en total), lo que revela un alto grado de implementación del programa en el distrito.

En cuanto al promedio por provincia, en Santa Fe se asignaron $16.012,46 por estudiante, una cifra que ubica a la provincia entre las que recibieron montos más altos, solo por detrás de San Luis, Tierra del Fuego, Corrientes, La Rioja y La Pampa​.

Francos informó además que "se están definiendo los criterios de asignación, la cantidad de estudiantes beneficiarios y el presupuesto previsto para su implementación en 2025"​.

El dato del promedio asignado por beneficiario en Santa Fe resulta relevante si se lo compara con otras provincias. La asignación promedio nacional no fue precisada, pero puede inferirse a partir de los montos desagregados.

Por ejemplo, Córdoba recibió $12.451 por estudiante, Mendoza $11.513, y CABA $11.708. En contraste, provincias como San Luis ($24.319) o Corrientes ($23.211) obtuvieron los montos más altos por alumno.

En el caso de Santa Fe, el promedio presupuestario del voucher mayor al de otras regiones puede encontrar una explicación en que la provincia cuenta con una importante red de escuelas privadas, muchas de ellas confesionales, de trayectoria centenaria y repartidas a lo largo de las distintas localidades que componen el territorio santafesino.

El programa de vouchers fue presentado por el Ministerio de Capital Humano en el primer semestre de 2024, con la intención de asistir a familias con caída del poder adquisitivo sin modificar los aranceles escolares de forma compulsiva ni intervenir en la política tarifaria de las instituciones educativas.

De acuerdo a lo informado, en respuesta a la pregunta N° 1099, su continuidad para 2025 dependerá del diseño final del nuevo esquema presupuestario en curso.

“El Programa ‘Vouchers Educativos’ se encuentra en proceso de planificación para el lanzamiento de la convocatoria correspondiente al año 2025. En esta etapa se están definiendo los criterios de asignación, la cantidad de estudiantes beneficiarios y el presupuesto previsto para su implementación”​.

De todas formas, días atrás el Ministerio de Capital Humano de la Nación anunció que la inscripción para la convocatoria 2025 del Programa de Vouchers Educativos estará abierta del 21 de abril al 16 de mayo.

En el formulario, los solicitantes deben incluir el CBU, en el que se acreditará el dinero, e informar el establecimiento educativo. El aporte que realiza el gobierno consiste en un monto equivalente al 50% del valor de la cuota programática de la jornada simple de cada nivel educativo establecida en marzo de este año.​

Para postularse, el adulto responsable deberá registrarse en la app Mi Argentina y completar el formulario del programa con los datos de los menores a su cargo, incluyendo el nivel educativo, grado e institución a la que asisten.

Además, las instituciones adheridas deberán certificar la regularidad académica de los estudiantes a través de la plataforma oficial. Solo pueden acceder al beneficio económico las familias cuyos ingresos no superen el equivalente a siete salarios mínimos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, contó que pese a que el Gobierno Nacional tiene la intención de tratar el pliego del juez federal Ariel Lijo el próximo jueves en la Cámara de Senadores, aún no están los votos necesarios para su aprobación.

"El juez Lijo tiene un dictamen de comisión, pero después tiene que pasar el pleno del Senado y obtener los dos tercios. No es un tema que esté resuelto todavía", contó en declaraciones a Cadena 3.

En la misma línea, insistió en que la estrategia del mandatario "no se modificó" y planteó que avanzará en nombrar tanto a Lijo como a Manuel García Mansilla. "Fue muy claro cuando dijo los dos o ninguno. Habrá que ver cuáles son las fórmulas para llegar a esa posición que mantiene el Presidente", añadió.

"Si el mandatario dijo los dos o ninguno y uno se aprueba, el presidente decidirá si designa por decreto en comisión al otro juez de la Corte", deslizó ante la posibilidad de nombrar a García Mansilla por decreto, una opción que crece con el correr de las horas.

La decisión de la administración libertaria de sumar dos miembros al Máximo Tribunal que desde el 29 de diciembre funciona con tres integrantes luego de que Maqueda, se retirase tras 22 años de carrera, es innegociable. En la actualidad, está integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti, número que no solo consideran insuficiente sino que preocupa.

En alerta por el futuro de la Corte, y amparados en la Constitución Nacional, en Balcarce 50 argumentaron que el Presidente tiene la potestad de ocupar cargos vacantes con nombramientos en comisión cuando el Congreso esté en receso, y no descartan recurrir a esta posibilidad a partir del 21 de febrero, fecha límite de las extraordinarias.

En otro pasaje de la entrevista, el titular de ministros fue consultado por los constantes cambios de nombres en Gobierno ,y argumentó que cuando Milei "estima que algún funcionario no cumple el rol que debe cumplir conforme a las directivas del Poder Ejecutivo, lo cambia".

"Esa es su decisión y es su competencia. El Presidente ha actuado de la manera que le parece que tiene que actuar", subrayó, y agregó: "No anda con acuerdos o arreglos políticos, nada. Le parece que un funcionario no cumple y se va".

Por último, reveló que fue tema de conversación en la reunión de Gabinete, y aseguró que el mandatario les pidió que "no tuviera miedo". "Para aquellos que no cumplen la función como deben cumplirla, un disciplinamiento. Cada funcionario tiene que cumplir la misión que tiene que cumplir", concluyó.

El ministro Federico Sturzenegger elogió la gestión del presidente Javier Milei y repasó las medidas adoptadas para reducir la burocracia estatal.

"Son normas que estaban desde 1983, hace cincuenta años, que le decían a cada productor cómo envasar sus productos. Nadie hizo nada al respecto. En algún momento hay que hablar con la gente y ver realmente qué es lo que les complica la vida", aseguró durante una entrevista con Cristina Pérez en Radio Rivadavia.

Sturzenegger explicó que las facultades delegadas otorgadas por el Congreso a través de la Ley Bases le permiten avanzar en la revisión de normativas obsoletas. "Nos quedan 144 días y debemos aprovecharlos para acelerar la modificación de normas y decretos que afectan a cada sector", señaló.

El ministro invitó a la ciudadanía a participar a través de la página web Reportá la Burocracia, que ya recibió dieciséis mil consultas. "Todo lo que nos manden será revisado", garantizó.

En lo económico, Sturzenegger remarcó el éxito de las políticas de equilibrio fiscal implementadas por el ministro Luis Caputo. "El presidente Milei tiene dos grandes lineamientos: lograr equilibrio fiscal bajando el gasto y alcanzar la estabilidad económica a través de la libertad. Ahí es donde entra mi parte en este equipo", sostuvo.

"Falta mucho para 2025", se escuchó decir con insistencia ya en diciembre de 2023, cuando el flamante gobierno nacional asumió con notable minoría parlamentaria en la Cámara de Diputados (37 integrantes) y en el Senado (7).

Pero la verdad es que las legislativas del año próximo están en mente de oficialistas y opositores desde el primer momento: unos para sumar escaños que permitan materializar las reformas que aún tienen en carpeta y que requieren pasar por el Congreso (varias ya se hicieron por decretos), y otros para recuperarse del último golpe en las urnas y comenzar a sentar las bases para las elecciones generales de 2027.

Al cabo de un año de vértigo, el tablero político se sigue reacomodando y el Congreso (aquí, una oda a los lugares comunes) es la caja de resonancia de las alianzas, disputas, rupturas y escaramuzas que se tejieron a lo largo de 2024. Todo esto ocurrió dentro y fuera de las bancas, y dio como resultado algún revés para el gobierno (el rechazo al DNU de fondos reservados para la SIDE) y varios apoyos significativos (a la Ley Bases y a los vetos sobre movilidad jubilatoria y financiamiento universitario), incluso a costa de expulsiones. Fue el caso de los tres "radicales con peluca" que fueron eyectados del partido centenario luego de adherir a los dos vetos mencionados.

Varios de estos episodios tuvieron al presidente Javier Milei y al ex mandatario y titular del PRO Mauricio Macri como protagonistas de un sinuoso vínculo. Aliados en octubre de 2023 cuando el líder del partido amarillo sumó su apoyo para asegurar el triunfo del libertario en las generales de noviembre, todo indica que volverán a transitar la misma senda durante el año próximo. "Juntos a todos lados o separados", advirtió Milei. "Acuerdo" pero con la consigna de "cuidar la República", respondió Macri.

Apoyo en 2023, algunas chispas en 2024 y ¿respaldo para 2025? Las legislativas del año próximo plantean un nuevo desafío en el sinuoso vínculo Milei-Macri. Crédito: Archivo.

Mientras todo esto ocurre, el gobierno insiste con su voluntad de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) desde 2025. Y con ese fin envió al Congreso el respectivo proyecto de ley. Lo que no ocurrió hasta ahora fue la convocatoria a sesiones extraordinarias, al menos para el mes de diciembre. Si habrá un llamado para febrero, un mes antes del inicio de las ordinarias, aún es un misterio sin revelar.

Cabe recordar que las sesiones extraordinarias son convocadas por el Poder Ejecutivo con un temario específico a ser tratado por ambas cámaras. Se esperaba que ese llamado ocurra para el mes de diciembre pero finalmente no se concretó, situación que echó por tierra el tratamiento del Presupuesto de Gastos y Recursos 2025 que el gobierno había enviado en septiembre para su debate.

Lo mismo hizo con la eliminación de las PASO que ingresó por Diputados el 21 de noviembre junto con la reforma de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, que modifica el sistema de financiamiento de los mismos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó la intención del Ejecutivo de derogar las PASO. Crédito: Archivo.

En las últimas horas, el jefe de Gabinete Guillermo Francos volvió a expresar la voluntad del gobierno de dejar sin efecto las PASO. "Sería fundamental que podamos eliminarlas definitivamente, si hubiera acuerdo en sesiones extraordinarias o al principio del período ordinario", dijo en redes sociales. El objetivo, aclaró, es "ahorrarles a los argentinos tiempo, molestias y dinero".

"El proceso electoral del 2025 para elegir diputados y senadores nacionales tendrá un costo estimado de más de 500 millones de dólares, entre PASO y elecciones generales", calculó el funcionario.

Tanto si el tema se trata en extraordinarias de febrero o en el arranque del período ordinario en marzo, sería el primer plato fuerte que impulsa el gobierno de Milei en el Congreso. En cualquier caso, será con plazos perentorios….

Sin embargo, conviene tener en cuenta que para quitar las PASO del menú electoral, el oficialismo debe lograr que la ley se apruebe antes del 5 de mayo del año próximo. Esto es así porque de acuerdo a la norma vigente, el Presidente tiene plazo para convocarlas hasta 90 días antes de su realización. Si la ley no resulta reformada antes de esa fecha, la convocatoria a las PASO será obligatoria. Y si la actividad en el Congreso se reanudara recién en marzo, los plazos para hacer una modificación de la ley electoral serán sumamente ajustados y sin margen de error.

Con o sin PASO, lo cierto es que el próximo año habrá elecciones legislativas nacionales, también conocidas como intermedias, y será el momento de renovar un total de 127 diputados y diputadas, y 24 integrantes del Senado.

La provincia de Santa Fe pone en juego 9 bancas de la Cámara baja y ninguna de la Cámara alta.

En el resto del país, se renovará un tercio de la composición del Senado que tiene un total de 72 integrantes. Ocho provincias irán a las urnas con ese propósito: Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y Capital Federal. Esta última, como define la agencia de noticias NA, será una de las animadoras del período electoral: allí, la UCR intentará renovar la banca que ocupa Martín Lousteau; el PRO la que dejará Guadalupe Tagliaferri y el kirchnerismo la que libera Mariano Recalde.

Mientras tanto, La Libertad Avanza que, como se dijo, nació con debilidad parlamentaria, busca cambiar esa proporción en 2025. Para eso se constituyó como partido político, presidido por Karina Milei a nivel nacional, y sentó sus bases en varias provincias, incluida Santa Fe. El objetivo es jugar fuerte en todo el territorio.

Como se ve, el escenario para el año que está a punto de comenzar se presenta con incógnitas y desafíos. Se descuenta que la política tomará el respiro justo para cobrar nuevo impulso, con el tiempo mínimo para brindar: ¿por un año mejor? Cada quien sabrá cuál es el alcance de su deseo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que, a pesar de los problemas de salud que tuvo estos últimos tiempos, “cuando se llega al primer año de gestión con estos números, se pone contento".

En declaraciones radiales, analizó los logros conseguidos junto al equipo del presidente Javier Milei desde diciembre de 2023 hasta la actualidad y destacó la baja de la inflación y el déficit cero.

"Bajamos la inflación al 117% con todo en contra y tenemos números muy buenos. En tan solo un año conseguimos déficit cero, brecha cero y emisión cero con disciplina fiscal", manifestó.

En la misma línea, destacó que hoy Argentina es “una economía en desarrollo” cuando un año atrás era un país “que estaba al borde del hiper desastre". "¿Hace cuánto tiempo no veíamos un país normal?", cuestionó.

"¿Hace cuánto no terminábamos sin angustia el año? Nos daban tres meses como máximo. Tenemos que estar satisfechos con los logros que conseguimos", remarcó.

Asimismo, señaló que actualmente "estamos en un momento privilegiado” y que quienes hoy son jóvenes “van a vivir mucho mejor de lo que vivimos nosotros" cuando entren en la llamada tercera edad.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Ministros, irá a fines de noviembre al Senado para ofrecer su informe de gestión. Ya lo hizo en Diputados a comienzos de septiembre en una reunión que finalizó de manera abrupta por los incidentes fuera del Congreso en medio del reclamo por el veto a la ley de movilidad jubilatoria.Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Al ser consultado sobre los dichos de ayer del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre la supuesta adquisición de Aerolíneas Argentinas, Francos aseguró que “no tiene sentido” porque lo está expresando alguien que maneja “una provincia que tiene déficit y se endeuda”.

"¿Va a asumir el cargo de una empresa que tiene déficit, también se endeuda y demanda fondos del Estado? No entiendo cuál es su lógica para creer que él es la solución del problema. Es ridículo. Las cuentas de la provincia de Buenos Aires no las está arreglando nadie", concluyó.

La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó por unanimidad una comunicación en la que se expresa la preocupación del cuerpo por las medidas llevadas a cabo por el gobierno nacional que perjudican al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y con ello, al sistema productivo rural de las distintas regiones de la provincia del mapa de la bota.

Con ejemplos que cada senador que tomó la palabra graficaron lo que el INTA ha aportado en los campos del norte, del centro y del sur de la provincia, hubo una serie de exposiciones -la mayoría improvisadas- que alertaron sobre el desconocimiento que se observa en las medidas tomadas desde un escritorio en la ciudad de Buenos Aires, que dejarán sin posibilidades de nuevos desarrollos al campo en el interior del país.

La siembra directa y las instrucciones para educar a los hombres habituados a arar la tierra, las cuatro generaciones de cosechadoras mecánicas, automatizadas y digitalizadas del algodón, la mejora de la conservación de los suelos por las rotaciones y las mejores adaptaciones de semillas a determinadas condiciones para las explotaciones, pasando por programas sociales como el ProHuerta y otros planes y desarrollos fueron desgranados por los senadores radicales y peronistas que advirtieron que se comete un grave error, tras la "máscara" de una pretendida "modernización" del INTA.

Al cabo de las exposiciones, por un pedido del senador Joaquín Gramajo (Unite-9 de Julio), los senadores solicitaron a la presidencia a cargo de la vicegobernadora Gisela Scaglia que se envíe una nota formal al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, una copia con las exposiciones de los senadores en la versión taquigráfica de la sesión de este jueves 28 de noviembre. "Ojalá nuestra queja retumbe en el Gabinete de Ministros de la Nación, que sepan del nuevo despojo que se le hace a Santa Fe y al interior del país", subrayó.

Al tema lo trajeron al recinto el radical Esteban Motta (San Martín) con un discurso desde su banca, y el justicialista Rubén Pirola (Las Colonias) que llevó la propuesta de tratar sobre tablas una declaración rotunda respecto de la situación que afronta el INTA y que ya repercute en graves consecuencias para sus trabajadores, investigadores e incluso para los productores rurales que durante décadas han invertido en sociedad con ese sector de investigación y desarrollo en emprendimientos para mejorar prácticas rurales.

La serie de exposiciones se completó con advertencias de los radicales Leonardo Diana (San Jerónimo) y Orfilio Marcón (General Obligado) y de los justicialistas Alcides Calvo (Castellanos) y Eduardo Rosconi (Caseros).

Motta comenzó por señalar que los programas en marcha han sido podados y ya han pasado a la venta numerosos campos propiedad del INTA , o solo se los concesionará en el mejor de los casos. Se actúa "de espaldas a los sectores productivos, además de poner en "serio riesgo" los puestos de trabajo dentro de cada área experimental y agencia regional del prestigioso instituto. Son 27.000 hectáreas "que van a remate", lamentó el radical. "Se liquida una herramienta que ha sido fundamental para el desarrollo del agro", agregó Pirola y explicó que en Santa Fe del total nacional al que se le bajará el martillo al mejor postor hay 687 hectáreas que en un 60% van a la venta. Diana apuntó que se "cierran programas muy virtuoso como el ProHuerta, que ha sido tan útil para promover que cada familia pueda cultivar sus propios alimentos" e incluso obtener por pequeñas parcelas una renta y describió al ajuste como un castigo de la Nación "a los pequeños productores rurales". Recordó que la última plaga que ha dañado cultivos y está bajo investigación para dar con ella, la chicharrita, tiene planes con investigadores del INTA.

Gramajo fue más contundente: "el norte santafesino era una zona marginal, hasta la llegada de los técnicos del instituto que promovieron, dieron clases y convencieron a nuestros productores que el cuidado de los suelos requería de la siembra directa" y que proveyeron de la tecnología necesaria al sector, en especial de los pequeños predios. Marcón dio una clase de cómo "la notable inventiva de los técnicos del INTA" crearon cosechadoras que hicieron rentable el agodón a lo largo de décadas. Y que se trata de desarrollos tecnológicos que pudieron ser exportados a Europa central y otros países del América Latina.

Para Pirola, el titular de la bandada del PJ, lo que suceda con el INTA marcará las próximas décadas de la actividad rural, en especial sobre los pequeños productores. Invitó a los demás senadores a leer una declaración que han firmado cada uno de los directores de las agencias regionales.

En la sesión de este jueves 27, que tras un cuarto intermedio, continuará este viernes 28, ya lograron sanción definitiva y media sanción varios expedientes, entre los que se destaca la creación de un Programa de Apoyo a la Infraestructura de Clubes Santafesinos. El tema merece una mayor extensión y será abordado en próximas ediciones.

También logró sanción definitiva el proyecto de ley que declara de interés general y sujetas a expropiación dos fracciones de terrenos ubicadas en la Ruta Provincial 6 de la localidad de Esperanza, que serán destinadas para el funcionamiento del Relleno Sanitario y la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales.

Lo propio ocurrió con las modificaciones a distintos artículos de la Ley 12256 "Abigeato, Programa de Coordinación y Seguridad Rural", que se proponen buscar nuevas herramientas para combatir el delito rural en el territorio provincial.

Asimismo, se aprobó de manera definitiva la Ley de Implementación de Políticas Integrales de Buenas Prácticas para la Producción Agropecuaria Sostenible. En este caso, la votación del proyecto se realizó con la abstención del bloque Justicialista.

Por otra parte, fue aprobada con media sanción la iniciativa del senador Rodrigo Borla que propone declarar Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia al edificio que constituye la sede de la sociedad Ítalo Argentina de la ciudad de San Justo, cabecera del departamento homónimo.

Lo mismo sucedió con el Mensaje N° 5123 del Poder Ejecutivo, es decir, la declaración de interés provincial a la planificación, organización, financiamiento y realización de los XIII Juegos Suramericanos 2026 en la provincia de Santa Fe.