Al gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro la novedad sobre el asesinato a tiros de Samuel Medina, alias "Gordo Samu" y yerno del líder de Los Monos, Guille Cantero, le llegó este miércoles a primera hora. El hecho ocurrió en Rosario, minutos antes de la medianoche, y se produjo en momentos en que, tal como se dio a conocer hace pocos días, la provincia registró la cifra más baja de homicidios en una década, según un informe que analiza el periodo del 1 de enero al 25 de septiembre de este año, en el que hubo 132 homicidios dolosos y, de esa cifra, el 76% de los casos ocurrió en Rosario y la capital.

Por eso, el crimen de Medina fue tema de consulta al mandatario, quien se encontraba en la ciudad del sur para presidir varias actividades oficiales.

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"En muchas oportunidades dijimos que, junto al gobierno nacional, a la justicia provincial y la federal, logramos frenar de manera considerable la violencia en la provincia de Santa Fe, pero en ningún momento cantamos victoria o dijimos que era algo consolidado", expuso ante la prensa. Y agregó: "Siempre dijimos que la violencia es perenne y que tiene que ver con los círculos concéntricos que hacen que a veces aumenten y a veces bajen" los hechos delictivos.

A pocos días de difundirse la estadística sobre una baja considerable de hechos de violencia contra las personas y la propiedad en la ciudad de Rosario, cuestión que fue exhibida también por el gobierno nacional como un logro, el crimen ocurrido en las últimas horas vuelve a poner el foco en la inseguridad.

Aquel informe fue elaborado por la secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos en conjunto con las divisiones de Informaciones de las 19 unidades regionales de la policía de la provincia. Este resultado alentador representa una baja del 43,7% respecto del año pasado y fue celebrado por las autoridades provinciales, aunque dejando en claro de que se trata de un camino en curso. En ese plano, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, confirmó que "bajó considerablemente la participación de los varones, se redujeron los homicidios en la vía pública y la cantidad de homicidios en contexto de criminalidad, delito organizado y economías ilegales", así como también la tenencia de armas de fuego.

Este miércoles, Pullaro consideró que "al gobierno provincial nunca lo van a ver cantar victoria con la baja de delitos". Más allá de que hubo "una importante baja de la violencia". "Hay muchas cosas que hacer y seguir ajustando", en el ámbito de las cárceles, las calles y en materia de mejoras a las fuerzas de seguridad.

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"Que todos los rosarinos y rosarinas sepan mi opinión: estamos mejor, Rosario parece ser otra ciudad, pero ni estamos bien ni estamos conformes con los objetivos", dijo el gobernador, para quien los parámetros que indican una baja de violencia van a estar consolidados cuando pasen dos años o dos años y medio. Mientras tanto, "llevamos diez meses de gestión", cerró.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó adelante este lunes por la mañana el derrumbe de un puesto de venta de estupefacientes sobre calle Biedma al 2825, en la ciudad de Rosario. El inmueble tenía un historial relacionado a bandas delictivas de la ciudad y actualmente era ocupado por una empleada policial que mantenía relación con un preso de alto perfil. 

En ese contexto, el fiscal Franco Carbone, detalló que se trató de una investigación “donde pudimos determinar que el inmueble era ocupado por una persona que era empleada policial y que tenía relación con un interno de alto perfil de la cárcel de Piñero”, a lo que agregó respecto al inmueble derrumbado que “es una casa que tiene un historial vinculado a bandas delictivas que en su momento funcionó como centro de operaciones de la banda de Máximo Ariel “Viejo” Cantero. Acá vivía Brenda Barbosa, que era la pareja de Nelson “Pandu” Aguirre. Ellos regenteaban el local Vía Honda y utilizaban este lugar como centro logístico. Aquí encontramos estupefacientes en cuatro allanamientos que hicimos con la Justicia Federal y también aquí se asesinó a una persona”. 

Seguidamente, Carbone aseguró que el lugar “tenía como fachada primero un almacén, después kiosco, pero aquí funcionaba la venta de drogas al menudeo desde hace al menos cuatro años atrás. Después esta gente se fue pero siguió funcionando como aguantadero, con ocupantes golondrinas, situación de la que daban cuenta los vecinos, hasta que llegó a vivir la empleada policial, quien tras la audiencia accedió a irse de la fuerza y entregó este inmueble”.

La presencia del Estado

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Omar Pereira, afirmó que a la empleada de la fuerza policial santafesina “se le iniciaron los sumarios administrativos correspondientes y a la brevedad se dispondrá su destitución”. 

A su vez, el funcionario provincial remarcó que este tipo de operativos “es la presencia del Estado con las herramientas que la legalidad le brinda para luchar contra esta problemática de la venta de drogas, de estos búnkeres para lo que la Ley de Microtráfico apunta, a eliminar estos centros de violencia en barrios como este y generan tiroteos, muertes, transformando un barrio tranquilo en un lugar de mucho peligro para la sociedad”, concluyó. 

Ley de Microtráfico

El operativo se realizó en el marco de la Ley de Microtráfico, con la cual la Provincia avanza con el derribo e inutilización de puntos de venta de drogas con el objetivo de reducir la circulación de violencia lesiva en sectores de conflicto del territorio provincial, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, la Policía Provincial y con colaboración de los gobiernos locales.

Los derribos de búnkers o puntos de venta de droga son una de las medidas que integran la Ley de Microtráfico que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.

De esta manera, se permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, con la ley se permite el derribo o demolición forzosa. También, se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto.

La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta. 

En la mañana de este martes 26 de diciembre personal de diversas dependencias policiales llevaron a cabo varios allanamientos ordenados por el fiscal Federico Rébola, que derivaron en la detención de Vanesa Barrios, esposa del líder de la banda Los Monos, "Guille" Cantero, una de sus hermanas y otro familiar, por una causa vinculada con extorsiones a un inmueble ubicado en la zona noroeste, que incluyeron un ataque a tiros, con el fin de apoderarse de la vivienda, donde actualmente funciona un minimarket.

Fuentes judiciales indicaron que la investigación comenzó tras varios ataques –algunas veces a través de balaceras y al menos en una oportunidad con una bomba incendiaria (tipo molotov)–a un comercio ubicado en la esquina de Mendoza y Matienzo, de barrio Azcuénaga, que pertenecía a una persona que había sido condenada en su momento por narcotráfico.

Según la causa que maneja el fiscal Rébola, integrantes de la banda Los Monos hicieron se “apoderaron del inmueble”. Ante esto, este martes se detuvo a Vanesa Barrios, esposa de Ariel Máximo ‘Guille’ Cantero, líder de Los Monos, su media hermana, Julieta M. y al tío de su yerno, identificado como Ariel Ricardo D. El trío será llevado a audiencia imputativa junto con Cantero y Mariana Ortigala, presunta testaferro de la organización.

Voceros indicaron que una de las puntas para llevar adelante los allanamientos se dio tras las pericias telefónicas realizadas a teléfonos celulares de Ortigala, quien está detenida desde hace casi 100 días.

Los operativos fueron realizados por personal de la Brigada de Balaceras de la Policía de Investigaciones y de la Agencia de Control Policial (ACP), en distintas viviendas ubicadas en Rosario y Funes.

Los ataques contra el local comercial ocurrieron a mediados de julio de 2021, cuando el local fue baleado por tiratiros que además dejaron un cartel con una nota amenazante dirigida al dueño del inmueble (no de quien tenía en ese momento un comercio de venta de bebidas).El segundo fue a mediados de enero de 2022, cuando desconocidos pasaron y arrojaron una bomba molotov, que provocó el incendio de la puerta del negocio.

Tras estos dos ataques, el local pasó a manos de Mariana Ortigala. Esto se supo en el marco de la imputación contra la mujer detenida en un barrio privado de la ciudad de Funes en septiembre pasado. En dicho momento también se develó que el local no era para ella sino para la hija de Vanesa Barrios.

Un dato que no deja de llamar la atención sobre el local de Mendoza y Matienzo, donde actualmente funciona un minimarket que está abierto las 24 horas, es que luego de la detención de Ortigala fue atacado a tiros al menos en dos oportunidades, una en la noche del 12 de septiembre, y la otra hace casi 3 semanas (a principios de diciembre).

Este jueves pasado el mediodía se conoció el veredicto contra Ariel Máximo “Guille” Cantero, sindicado líder de la banda narco Los Monos, por ataques a inmuebles ligados a la Justicia

La condena impuesta es por 22 años y se convierte en la séptima sentencia en contra del jefe de la banda de Rosario; pena que se le unificó en 28 años por una condena previa que tenía.

La justicia investigaba a Cantero como acusado de instigar siete de los diez ataques a tiros a domicilios de magistrados y edificios judiciales ocurridos en 2018 en el sur de la provincia de Santa Fe.

Con estas sentencias, el líder de la banda de Los Monos suma 84 años que debería pasar en prisión.

Las investigaciones estuvieron comandadas por los fiscales Miguel Moreno, Matías Edery y Gastón Ávila del Ministerio Público de la Acusación.

“Disputó al Estado su autoridad al mantener en vilo a una ciudad entera”, expresó Moreno en sus alegatos finales.

El jefe de la narcobanda rosarina “Los Monos”, Ariel Máximo “Guille” Cantero, enfrentará mañana la sentencia del séptimo juicio al que es sometido en su extensa trayectoria criminal, en esta ocasión como acusado de instigar siete de los diez ataques a tiros a domicilios de magistrados y edificios judiciales ocurridos en 2018 en esta ciudad santafesina. Cantero escuchará el veredicto desde las 13 en boca de los mismos jueces a quienes enfrentó de manera amenazante en la primera audiencia, cuando en cumplimiento de una formalidad procesal le preguntaron por su actividad, y él les respondió “contrato sicarios para tirarle tiros a los jueces”. Los fiscales del juicio, Miguel Moreno, Matías Edery, Aníbal Vescovo y Gastón Ávila, pidieron al tribunal una pena de 24 años de prisión para el líder de “Los Monos”, mientras su abogado defensor solicitó la absolución o, en caso de ser condenado, un castigo de 6 años y 8 meses de privación de la libertad. El tribunal, integrado por los jueces Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto, leerá la sentencia mañana a las 13 en el Centro de Justicia Penal de Rosario en una audiencia semipresencial, ya que si bien estarán en la sala los abogados y los fiscales, todos los acusados lo harán de manera virtual desde sus lugares de detención, informaron fuentes judiciales. Cantero, de 32 años, ya fue condenado en otras seis oportunidades por delitos como homicidio, amenazas, portación ilegal de armas, secuestro extorsivo y narcotráfico, por los que acumuló penas por 62 años que aún no fueron unificadas. Cuatro de esas condenas fueron por delitos cometidos mientras estaba en prisión, situación que no menguó significativamente su actividad criminal. En este juicio está acusado junto a otras seis personas de balear durante 2018 exdomicilios de los jueces que integraron el tribunal que lo condenó ese año a 22 años de cárcel; viviendas de camaristas y edificios del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En su alegato final, los fiscales también pidieron la pena de 24 años para Matías César y su novia, Lucía Uberti; 13 años para Daniel “Teletubi” Delgado –condenado por el triple crimen de militantes sociales de Rosario- y Leandro Olivera; 12 para Leonel Fernández y 9 y seis meses para Damián Chávez. Para los acusadores, Cantero ideó desde la cárcel al menos 7 de los 10 ataques ocurridos aquel año, con el presunto objetivo de “tener como propósito alguna medida o concesión de un miembro del poder público”. Los investigadores señalaron que con ese fin, el líder de la banda “Los Monos” tenía por debajo suyo a tres organizaciones que cometían, en forma directa o a través de terceros, los atentados que él dictaba. Por eso está acusado de “amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por la utilización de un arma de fuego y en concurso ideal con daño calificado”. El abogado de “Guille”, Fausto Yrure, pidió la absolución de su cliente al plantear “una serie de nulidades en la investigación” y “por el principio de la duda razonable, ya que la evidencia presentada por los fiscales no arroja certeza positiva”, explicó a Télam. “No hay mensajes, no hay chat, no hay llamadas en referencia a los hechos, no al menos de Cantero”, agregó el defensor, quien solicitó que en caso de ser condenado le dicten una pena de 6 años 8 meses, idéntica a la recibida el año pasado por amenazas telefónicas a un juez que le negaba un traslado carcelario. En la primera jornada del proceso oral, cuando los jueces le preguntaron por su actividad, Cantero respondió “contrato sicarios para tirar tiros a los jueces”, frase que su abogado interpretó como “una ironía” por su “desconfianza en el Poder Judicial”. El día anterior al comienzo del juicio, el Centro de Justicia Penal donde se desarrollan las audiencias, volvió a ser baleado por dos personas que tiraron desde una moto, lo que motivó una ampliación del servicio de seguridad en la zona y de la custodia de “objetivos judiciales”. “Guille” Cantero está detenido desde junio de 2013 cuando se entregó a la Policía de Rosario, quien lo buscaba por el asesinato del dueño de un boliche bailable en venganza por el crimen de su hermano y antiguo jefe de “Los Monos”, Claudio “Pájaro” Cantero. Por ese hecho y como organizador de una asociación ilícita fue condenado en abril de 2018 a 22 años de cárcel, en el primero juicio a “Los Monos” que terminó con altas penas para la mayoría de los miembros de la banda del barrio Las Flores de Rosario. Antes de esa condena, Cantero, también conocido con los alias de “Tarta” o “Roberto”, sólo tenía una infracción a la ley penal por tenencia ilegítima de arma de fuego.

Una inspección realizada en la celda del penal de Marcos Paz que ocupa el jefe de la narcobanda rosarina “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero, sirvió para encontrar otra vez un teléfono fijo a su disposición, por lo que la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF) realizó una denuncia penal contra el personal del organismo, informaron fuentes oficiales.

Según un comunicado del SPF, se trata del mismo teléfono público que había sido hallado dentro de la celda de Cantero el 23 de agosto y que en la nueva requisa realizada ayer volvió a encontrarse a disposición del jefe de la narcobanda.

Cantero permanece alojado en una celda del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, donde cumple condena por homicidios y venta de drogas, entre otros delitos.

El SPF señaló a través de un comunicado que “se encontró nuevamente el teléfono público del pabellón dentro de la celda de Ariel Máximo Cantero”.

El jefe de “Los Monos” está siendo juzgado, justamente, por ordenar desde la cárcel al menos siete balaceras contra domicilios de jueces y edificio judiciales ocurridas en 2018.

Ante esta situación la interventora del SPV, María Laura Garrigós de Rébori, “decidió presentar una denuncia penal y proceder a la suspensión y apertura de un nuevo sumario de los agentes penitenciarios responsables de la custodia y seguridad del pabellón en el que se encuentra cumpliendo condena el señor Cantero”, informó el organismo.

El 23 de agosto pasado, por orden del fiscal de la ciudad de Rosario, Franco Carbone, la policía de DDI de Luján allanó la celda de Cantero y encontró un teléfono fijo conectado a un largo cableado que provenía del pasillo, donde los reclusos hacen uso del teléfono público que garantiza su derecho a la comunicación con el exterior.

Carbone es el fiscal que investiga la última balacera al Centro de Justicia Penal de Rosario, ocurrida un día antes del inicio del juicio a Cantero y otras seis personas por 12 ataques a tiros a domicilios de magistrados y edificios del Poder Judicial.

El SPF explicó entonces que se trataba del teléfono público del pabellón, aunque el aparato fue encontrado en la celda del jefe de “Los Monos”, en la que está solo.

Garrigós de Rébori inició un sumario interno por el hallazgo y “suspendió a los agentes penitenciarios responsables de la seguridad de ese pabellón y del área requisa de la unidad”, informo el SPF.

Voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe dijeron que la requisa de ayer obedeció a un nuevo allanamiento solicitado por el fiscal Carbone.

“Se secuestraron algunos papeles con anotaciones que se analizarán, pero el tema es que volvieron a encontrar el teléfono”, señaló la fuente consultada.

Desde el MPA indicaron que comprenden el derecho de comunicación que poseen los reclusos, pero cuestionaron que un preso con el perfil de Cantero disponga de un aparato fijo en su celda.

De las siete condenas que le dictaron al jefe de “Los Monos”, que en total suman 62 años –sin unificar-, cinco fueron por delitos que cometió desde la cárcel a través de comunicaciones con el exterior, que fueron ejecutados por miembros de la organización criminal.

Cantero está detenido desde el 21 de junio de 2013 cuando se entregó a la Policía de Rosario, mientras tenía pedido de captura en una causa por homicidio y asociación ilícita por la que, finalmente, fue condenado a 22 años de prisión en abril de 2018.

“Es un teléfono público que funciona con tarjeta, que lo usan todos los internos para hablar con sus familiares”, aseguró la funcionaria. Además explicó que el teléfono secuestrado ayer en el interior de la celda del Complejo Federal II de Marcos Paz donde cumple prisión Ariel “Guille” Cantero, “está instalado al frente de la celda”. “No es un teléfono público que se amura a la pared, son esos teléfonos que se pueden mover, que tienen un cable largo. Durante el día las celdas están abiertas y probablemente lo hayan corrido hacia la celda. No es otra cosa que esto. Todos tienen acceso al teléfono público”, añadió la exjueza Garrigós de Rébori. En declaraciones a la prensa, la interventora del SPF informó que “se labró una información sumaria para que el personal a cargo explique lo que pasó; si hubo o no alguna irregularidad”. Además dijo que a raíz del hecho el teléfono “fue retirado de ese pabellón”, aunque admitió que “inmediatamente” se tiene que tramitar otra línea telefónica, porque puede recibir “planteos vía hábeas corpus por negar la comunicación a personas de ese pabellón”. Garrigós de Rébori aclaró que la constitución “protege las comunicaciones, por lo que el señor Cantero como cualquier otra persona detenida tiene acceso” a los teléfonos. “El Servicio Penitenciario no tiene autoridad para restringir o intervenir las comunicaciones privadas de las personas”, dijo al sostener que esas medidas “corresponden a un juez”. Finalmente, aseguró “que el Servicio Penitenciario en Argentina es un ejemplo en la región”. En un allanamiento realizado ayer en el penal de Marcos Paz, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Mercedes encontró dentro de la celda que ocupa “Guille” Cantero un teléfono de línea. Al respecto, el MPA santafesino informó que los fiscales de la Unidad de Flagrancias de Rosario Franco Carbone y Federico Rébola solicitaron un peritaje para establecer los llamados entrantes y salientes que apuntan a determinar si desde allí salieron las llamadas para planificar los ataques contra sedes judiciales y viviendas particulares de jueces en 2018, hechos por los que desde el pasado viernes es juzgado el líder de “Los Monos” y seis acusados de integrar su banda. También se investiga si mediante llamadas desde ese teléfono Cantero pudo haber sido el instigador del ataque cometido contra el Centro de Justicia Penal de Rosario el pasado miércoles, a poco del inicio del juicio.