Formulada la propuesta salarial de parte del gobierno, los gremios estatales y docentes de la provincia de Santa Fe definen entre este viernes y el lunes si la aceptan o rechazan.

En trazos generales, la gestión de Maximiliano Pullaro ofreció un incremento del 12,5% para el primer semestre, más un 3% en enero que compensa el desfasaje generado en el último bimestre de 2025, como consecuencia de la inflación. La actualización salarial incluye matices para determinados sectores y algunas especificidades, por ejemplo, para docentes y personal de enfermería.

Ahora, es turno de que se expresen las bases de los sindicatos. Según confirmaron fuentes gremiales a El Litoral, los estatales definirán este viernes. Ese día, a las 12 en el caso de UPCN y a las 13 en el de ATE, los respectivos plenarios analizarán y se expedirán sobre la oferta.

Los referentes que representan a los trabajadores de la administración central se retiraron de la Casa de Gobierno con una valoración positiva de la oferta recibida, sobre todo, por los mínimos garantizados que elevan el porcentaje de mejora para los empleados de menores ingresos, a casi un 30%.

En el caso de los docentes, los maestros del sector privado representados por Sadop definirán el próximo lunes, en tanto que Amsafé prevé para este viernes a las 16, su asamblea provincial. Hasta entonces, estará habilitada la votación en las escuelas.

Por el lado de los privados, las apreciaciones sobre todo de Pedro Bayúgar (Sadop) tras retirarse de la reunión, dieron cuenta de una propuesta “con aspectos novedosos” aunque “deficiente”, y con aumentos a través de “sumas en negro” que no impactan en el haber de los pasivos y perjudican a la Caja de Jubilaciones.

Las opiniones en el sector parecieran estar más divididas. Desde UDA también se calificó la propuesta como “insuficiente”.

En cuanto a los docentes del sector público, sus referentes descalificaron la oferta. Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, dijo que lo ofrecido “quedó muy lejos” de las demandas que desde el sector se habían formulado, y que reclamaban un incremento del 33%.

“La propuesta omite puntos fundamentales y consideraciones que esperábamos encontrar”, sostuvo el referente al retirarse del Ministerio de Educación.

De las deliberaciones que se darán entre este viernes y lunes próximo dependerá el normal inicio del ciclo lectivo previsto para el 2 de marzo. Si bien el gobierno ha garantizado que “las clases comenzarán con normalidad”, el ánimo con el que se retiraron los referentes de los docentes básicamente del ámbito público prefiguran un posible escenario de conflicto.

Aún así, se sabe que como consecuencia del pago del Premio a la Asistencia Perfecta, el impacto de las medidas de fuerza termina siendo tenue.

En otro orden, el Ministerio de Trabajo decidió posponer la reunión paritaria con el sector de la salud que estaba prevista para este jueves.

Fue a pedido de los propios gremios, a propósito del paro nacional convocado por la CGT y al que adherían dichas entidades, el encuentro se reprogramará para los próximos días.

El gobierno de Santa Fe formuló una propuesta de incremento salarial de un 9,95 % a lo largo de un trimestre, que comprende en su primer tramo el mes de julio, con un mínimo garantizado de 50 mil pesos.

La oferta fue formulada este miércoles 31 en el marco de la mesa paritaria con los gremios de la administración central, UPCN y ATE, y se distribuye de la siguiente manera: un 4,5 para el mes de julio, un 3% para el mes de agosto y un 2,45 para septiembre.

El resultado del encuentro en Casa de Gobierno fue anunciado al término del mismo (y luego de un cuarto intermedio producido para acercar posiciones) por los representantes sindicales, quienes adelantaron que la propuesta será puesta a consideración de los afiliados a través de los mecanismos habituales.

Para esta tarde están convocados los gremios docentes, nucleados en Amsafe, Sadop y UDA.

Bajo la consigna de "no se toca, la Caja no se toca", los dirigentes gremiales de la Intersindical estatal presentaron pasadas las 11 de este miércoles 24 una nota que, con todas las formalidades del caso, pide una audiencia con los integrantes del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, que tiene una cómoda mayoría en la Cámara de Senadores.

Los miembros de los secretariados de casi todos los sindicatos que pertenecen al sector público provincial acompañaron con una suerte de acto su posición de rechazo a las chances de que se discuta algún tipo de reforma previsional, a partir de un proyecto de ley que solo plantea una auditoría sobre los números de la entidad que hoy requiere del auxilio del Tesoro santafesino para su funcionamiento.

La norma en cuestión ingresó a la Cámara alta en la sesión anterior, lo mismo que su habilitación en el período de sesiones extraordinarias por parte del gobernador Maximiliano Pullaro, lo que disparó las alertas en sector laboral estatal.

"Somos los verdaderos dueños de la Caja, están en ella nuestros aportes", coincidieron en señalar los dirigentes gremiales que, junto a pares y delegados, pudieron ingresar por unos minutos al hall central de la Legislatura para hacer algo de ruido y grabar entrevistas.

Lo "inconsulto" de la presentación del proyecto que pertenece al senador Joaquín Gramajo (Unite-9 de Julio), un peronista que participa del interbloque del oficialismo, fue uno de los argumentos más repetidos. Por supuesto, la queja refiere sobre todo a que lo haya agregado al temario antes del 1ro de Mayo el Poder Ejecutivo Provincial.

En nombre de los docentes, Pedro Bayúgar de Sadop, destacó que "está equilibrado" el aporte de los maestros respecto del flujo necesario para cubrir las jubilaciones del sector y ante una consulta advirtió que los desequilibrios tienen como origen los pagos "en negro" a otros agentes del Estado, así como la edad en que se jubilan los policías: 50 años (si tienen los aportes necesarios). Del mismo modo, el titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares afirmó que las jubilaciones del Poder Legislativo y del Judicial, más la condición de empleados sin declarar en las municipalidades también crea graves problemas para financiar las jubilaciones.

José Testoni, de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, interpretó que convocar a una reforma previsional "en medio de un contexto en el que todo es forzado al ajuste" provoca "una enorme preocupación en los trabajadores".

En rigor, se trata de un proyecto de ley similar al que presentó el mismo legislador en 2015 durante el gobierno de Antonio Bonfatti, ante la evidencia de que existe un déficit previsional (distinto del que debería financiar el Estado Nacional como compensación por la transferencia de otras cajas provinciales) que puede llevar a "una situación de quebranto" al organismo santafesino.

Hace casi una década, la iniciativa no prosperó en Senadores. Hoy, en cambio, ya tiene las firmas de los principales referentes del oficialismo: el jefe del interbloque, Rodrigo Borla (UCR-San Justo) y el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) que además preside el Comité Provincial del radicalismo. En esa Cuerpo el oficialismo dispone de 14 de los 19 integrantes, es decir, que con más de dos tercios puede sobre tablas y por amplia mayoría aprobar cualquier asunto sin necesidad de acordar con los senadores del bloque PJ. Hasta ahora, en materia de proyectos de ley, no ha ocurrido.

Durante la semana, un comunicado del bloque de Senadores del Partido Justicialista subrayó que la oposición "prioriza el diálogo con gremios estatales sobre la reforma previsional en Santa Fe" e informó que los cinco legisladores liderados por Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) recibieron a los dirigentes gremiales de la Intersindical.

"Los representantes sindicales expresaron su desacuerdo con la medida, considerándola un ajuste que afectaría a los trabajadores y jubilados. Además, exigieron que se tomen todas las medidas necesarias para que la provincia recupere los fondos adeudados por la administración nacional a la caja de jubilaciones provincial", reflejó el comunicado.

El gobierno de la provincia de Santa Fe retomará este martes la discusión paritaria con los gremios del Estado. Por la mañana, serán recibidos los referentes sindicales que representan a los trabajadores de la administración central – ATE y UPCN-, en tanto que al mediodía será el turno del sector docente.

El esquema original preveía que la reunión se realizase este lunes. Pero la crispación que generó el descuento indebido en los salarios a los maestros modificó los planes. Como se sabe, el presunto “error” en la liquidación de ganancias sumado a un inconsulto cambio en la normativa para la instrumentación de otro ítem identificado como “descuentos varios”, dejó a la provincia al borde de un nuevo paro docente. El gobierno reacción reconociendo la equivocación; inició sumarios administrativos y desplazó a un funcionario, al tiempo que anunció la devolución del dinero. El viernes, el ministro de Trabajo, Juan Pusineri, confirmó que todos los descuentos habían sido restituidos pero que para lograr mayor serenidad y orden de las partes, se había resuelto de común acuerdo, posponer la reunión paritaria hasta el próximo martes.

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Según adelantó el funcionario, ya han sido definidos los principales criterios en función de los cuales se formulará la propuesta de mejora salarial que será presentada por el gobierno en la mesa de discusión.

Por un lado, confirmó un aumento significativo para el mes de agosto, que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores en función de la inflación acumulada. No se dijeron cifras en términos oficiales, pero sí trascendió que como mínimo, deberá ser del orden del veinte por ciento. La definición del número era uno de los aspectos que se terminaban de pulir por estas horas.

En segundo lugar, el gobierno aceptó el planteo en el que habían coincidido prácticamente todos los gremios para que el acuerdo que se alcanzase, llegase hasta fin de 2023. De ese modo, se evitarían revisiones en medio de un proceso electoral y hasta en el marco de una transición.

Por último, y a propósito de que el acuerdo sería hasta diciembre, Pusineri adelantó que la propuesta del gobierno incluiría la incorporación de una cláusula gatillo para garantizar una actualización automática de los salarios, en función de la inflación.