El costo de la carne vacuna en los mostradores argentinos continuó su escalada en noviembre, con un aumento promedio del 8,2% respecto al mes anterior, según el informe mensual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Este incremento eleva la suba interanual de los precios minoristas a un 72,8%, cifra que duplica con creces el 31,4% de la inflación general registrada en el país.

Cada vez que los precios de la carne en las carnicerías registran subas inesperadas y significativas, el mercado agro-ganadero se pone en alerta. Especialmente cuando estos incrementos superan holgadamente la inflación general y ejercen una presión extra sobre el índice de precios al consumidor, una realidad que se siente con fuerza en Santa Fe.

La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación minorista de noviembre fue del 2,5 %, el registro más elevado de los últimos seis meses. Dentro de este resultado, la división Alimentos fue la de mayor incidencia, impulsada fundamentalmente por el incremento del precio de la carne vacuna. En varios cortes relevados, las subas resultaron hasta cuatro veces superiores al nivel general, un dato que impacta directamente en el bolsillo de los santafesinos.

En este contexto, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) difundió su relevamiento mensual de precios minoristas correspondiente a noviembre. El informe, que contempla una canasta ampliada de cortes, arrojó un incremento promedio del 8,2 % respecto de octubre y una suba interanual del 72,8 %. Este porcentaje se ubicó muy por encima de la inflación interanual general, que fue del 31,4 %.

A diferencia de la carne vacuna, los precios del pollo y del cerdo mostraron aumentos más alineados con la inflación, con variaciones interanuales cercanas al 32 % y 33 %, respectivamente. Este comportamiento descarta que la suba de la carne vacuna pueda explicarse por un repunte significativo del consumo interno. Si bien el poder adquisitivo muestra una leve recomposición –el RIPTE registró a octubre un aumento interanual del 39 %, frente a un IPC del 33,6 %–, dicha mejora no alcanza para justificar la magnitud del incremento observado. La explicación, según los analistas del sector, debe buscarse principalmente del lado de la oferta.

El aumento del precio de la hacienda en pie, que comenzó a manifestarse a mediados de octubre, es el principal factor que presiona los valores en los mostradores. Sin embargo, el traslado no ha sido pleno debido al esfuerzo de los eslabones intermedios –frigoríficos, distribuidores y carnicerías– por sostener el nivel de actividad y no ahuyentar la demanda. A mediados de noviembre, la brecha entre el precio de la hacienda y el valor final al consumidor mostraba un rezago de entre 10 y 15 puntos porcentuales, un indicio de que aún queda margen para futuras subas.

En las últimas semanas, el novillito liviano en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas registró una suba adicional del 10 %, pasando de $ 4.000 a $ 4.400 por kilo vivo. Por su parte, el valor en gancho para el productor aumentó un 7,5 %, según datos del Centro de Consignatarios Directos de Hacienda (CCDH), una señal clara de la valorización de la materia prima.

Detrás de esta dinámica de precios se encuentran factores estructurales de escasez de animales, una situación que impacta en la zona productiva de Santa Fe. El precio del ternero, con una oferta anual limitada frente a una demanda sostenida, alcanzó niveles históricos. La última referencia del Ternero Rosgan de diciembre, una plaza clave para la región, superó los $ 5.700 por kilo, un 86 % más que un año atrás y un 68 % por encima del promedio de la última década, medido en términos reales. Este valor récord para la categoría de cría es un termómetro de la futura oferta de carne.

A la escasez estructural se suman las buenas condiciones forrajeras de la primavera, favorecidas por el clima más húmedo, que incentivan la retención de hacienda liviana y el alargamiento de los ciclos productivos. Los productores optan por engordar más los animales, orientados a la obtención de animales más pesados, que tienen una mayor demanda en el mercado externo. Esta estrategia, si bien rentable para el productor, altera temporalmente la oferta de hacienda liviana destinada al mercado doméstico y a los feedlots.

Los datos del Senasa refuerzan esta tendencia: entre septiembre y noviembre, los movimientos de novillitos hacia faena cayeron un 6,8 % interanual, mientras que los traslados con destino a invernada crecieron un 9,4 %. Este cambio en la estacionalidad de la oferta anticipa subas de precios que usualmente se concentran en el segundo bimestre del año. El desafío central para los próximos meses será evaluar hasta qué punto los eslabones intermedios podrán seguir amortiguando estas subas sin trasladarlas plenamente al consumidor, en un contexto sensible para el consumo y la comercialización de carne vacuna en la provincia y el país.

En medio de la escalada de precios que podría suponer una inflación de hasta 87% en tres meses según las proyecciones de Luis Caputo, el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) elaborado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), reveló que en enero los precios de los agroalimentos multiplicaron por 3,8 veces del campo (origen) a la góndola (destino). "Es decir, el consumidor pagó $3,8 por cada $1 que recibió el productor"

Para obtener los precios de destino -que desde agosto de 2021 se ponderan por población a nivel regional (Censo INDEC, 2010)- los autores del informe relevan más de 700 precios de cada producto, "no sólo a través de un monitoreo diario de los precios online de los principales hipermercados del país", sino también mediante un equipo de 30 encuestadores en mercados y verdulerías de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires (GBA y Mar del Plata), Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe (Capital y Rosario), Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

"En promedio, la participación del productor explicó el 26,9% de los precios de venta final. La mayor participación la tuvieron los productores de pimiento rojo (63,5%), mientras que la menor fue para los de naranja (11,7%)", sintetiza Came.

Para el IPOD frutihortícola, el documento señala que del campo a la góndola, los precios de las 19 frutas y hortalizas que integran la canasta se multiplicaron por 5,6 veces en enero, lo que representa una suba del 19,2% con respecto al mes de diciembre 2023. Varios son los factores que explican este incremento mensual, conjugándose la falta de convalidación de los precios finales por parte del consumidor debido a la caída del poder adquisitivo, las inclemencias climáticas adversas que afectaron a algunas regiones y producciones (desde elevadas temperaturas hasta el exceso o la falta de precipitaciones), y la finalización de la temporada de cosecha para algunos productos y el inicio para otros, lo que conlleva un reacomodamiento de precios en ambos extremos de la cadena de valor".

Por el lado del IPOD ganadero, el informe señala que "por los 5 productos y subproductos que componen la canasta, el consumidor abonó 3,2 veces más de lo que recibió el productor."

"La naranja (8,5 veces), el ajo (7,6), la pera (7,5), la cebolla (7,5) y la mandarina (6,8), fueron los cinco productos que presentaron mayor diferencia entre los precios de origen y destino", expone el documento de Economías Regionales de CAME.

"La naranja y el ajo fueron los agroalimentos con mayor brecha entre el productor y el consumidor. Ambos presentaron subas en destino (63,3% y 24,1%, respectivamente), mientras que sus precios de origen no mostraron variaciones. Otro fue el comportamiento de la fruta de pepita, la cebolla y la mandarina, cuyos precios aumentaron tanto en origen como en destino. En el caso de la pera, se registró una suba del 23,2% en los precios al productor -se está comercializando gran parte de la fruta conservada en cámara de frío-, mientras que al consumidor se incrementaron un 34,6%.

"Los precios de la cebolla, por su parte, subieron 8,3% (origen) y 21,7% (destino). Por último, la mandarina, con un aumento del 8,6% al productor -por disminución de oferta- y un 103% en góndola".

Entre los productos que presentaron menor diferencia entre el precio que recibió el productor y el que pagó el consumidor se encuentran cuatro frutihortícolas y uno de origen animal. El pimiento rojo (1,6 veces) subió 28,9% en origen -por la menor oferta, producto de las altas temperaturas y la sequía- y bajó 27,7% en destino, ubicándose dentro de los productos con menor brecha IPOD mensual.

Por su parte, tanto el repollo (1,9 veces) como la lechuga (2,5 veces) no sólo presentaron aumentos en góndola (8,2% y 34,2%), sino también en los precios al productor (63% y 45,8%, respectivamente), los que se explican por la disminución de la oferta tras el impacto de las altas temperaturas en las provincias productoras de verduras de hoja.

La frutilla (2 veces), por su parte, presentó un alza en la demanda, por lo que los precios de origen aumentaron 11,4% y los de destino un 20,5%. Por último, el huevo (2,1 veces), producto de origen animal que por lo general tiene un sistema de producción integrado -todos los actores de sus respectivas cadenas de valor son parte del riesgo del negocio-, subió su precio tanto al productor (0,6%) como al consumidor (3,3%).

La recesión impacta menos en los "usados"

Tras la fuerte caída en la venta de 0km, superior al 30 por ciento, se esperaba que los usados sufrieran la misma baja. Pero eso no ocurrió. Sólo cayeron 12,7 por ciento en enero, gracias a que el mercado reacomodó los precios para mantenerse en movimiento.

Los datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) arrojaron que en enero se comercializaron 116.135 vehículos usados, cuando en igual mes de 2023 se habían vendido 133.073 unidades. "El vehículo usado sigue siendo un refugio de valor en nuestra economía, ante caídas generalizadas de ventas en otros rubros. El sector, si bien ha retrocedido en sus números de venta durante enero con respecto al mismo mes del año pasado, no lo hizo con la magnitud inusitada observada en otros sectores", explicó Alejandro Lamas, secretario de esa entidad.

Es más, si el dato se compara con diciembre (122.024 vehículos), la baja fue de sólo 4,83%. En enero cayeron las ventas en todas las provincias. La que sufrió la mayor baja fue La Rioja: 32,8%. La que menos bajó fue Catamarca: 0,6%.

Lamas dijo que ante la "falta de precios de igual producto 0km (por modificación de base imponible para el cálculo de impuestos internos), y ante una inflación generalizada de la economía, este tipo de productos han sabido encontrar un precio que el mercado estuvo dispuesto a pagar".

Es decir, por consejo de los concesionarios, los dueños de los autos usados entendieron que debían ajustar los precios para poder dar salida a su vehículos y comprar otros. El auto usado más vendido siguió siendo el Volkswagen Gol, seguidos del Chevrolet Corsa y la camioneta Toyota Hilux.

En la nómina de los más vendidos figuran VW Gol y Trend: 7.293; Chevrolet Corsa y Classic: 3.967; Toyota Hilux: 3.893; VW Amarok: 2.879; Ford Ranger: 2.771; Renault Clio: 2.733; Fiat Palio: 2.480; Ford Fiesta: 2.450; Renault Kangoo: 2.149; y Ford EcoSport: 2.144.

(Por Mariela Goy) – En las góndolas de los supermercados ya se puede ver una gran cantidad de marcas con el “sello negro” que alerta sobre el contenido con excesos de grasas, azúcares, sodio o calorías en los alimentos y bebidas envasados. Lo que en principio aparecía a cuentagotas en los packaging, se aceleró en el último tiempo. Es que el 16 de febrero venció la fecha de prórroga que pidieron los fabricantes para cumplir con este requisito introducido por la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal.

Ahora que el consumidor está advertido por los impactantes sellos octogonales sobre los excesos que trae ese producto, viene la instancia de autorreflexión frente a las estanterías: ¿lo compro igual?, ¿elijo otro?, ¿y si mejor no lo llevo?.

El licenciado en Nutrición, Ignacio Porras, presidente de la Fundación Sanar e impulsor de la ley nacional, estará el jueves 30 en Santa Fe para dictar una charla, a las 18.30, en el Foro Cultural de la UNL, junto a otros disertantes, organizada por el espacio Creo. Consultando por El Litoral sobre si son realmente disuasorias estas etiquetas a la hora de adquirir un producto, dijo que “de acuerdo a la evidencia de otros países, el impacto en la elección de consumo es grande”.

Si bien aclaró que “la gente no deja de consumir determinados productos”, consideró que lo que sí hace es “elegir dentro de la misma gama aquellos que menos cantidad de sellos tengan”. Y ejemplificó: “Si tengo opciones de galletitas dulces con cuatro sellos, con tres sellos o con dos, puedo elegir la que tiene dos y voy a tener una mejor nutrición o un menor riesgo que si me como la que tiene cuatro”.

“Ese es un poco el sentido de la ley cuando uno quiere comer igual de esos paquetes: tratar de poder elegir lo menos nocivo dentro de lo nocivo, porque que tenga dos sellos significa que igual me sigo exponiendo al riesgo del consumo de un exceso en particular”, amplió.

El organismo que determina los parámetros de exceso de nutrientes críticos introducidos en la normativa argentina es la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “No es un antojo ni un capricho esa definición; todo producto que haya sido envasado por fuera de los ojos de un consumidor corresponde que esté etiquetado si tiene exceso de nutrientes críticos que desestabilizan o desbalancean su dieta”, aseguró.

Porras fue dejando caer cifras por demás de alarmantes: “8 de cada 10 adultos tienen malnutrición por exceso”; “4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes tienen malnutrición por exceso”; “en Argentina se está viendo con mayor frecuencia diabetes tipo 2 en niños, una enfermedad que antes era más de los adultos”; “solamente el 6% de la población argentina ingiere las 5 porciones de vegetales y frutas recomendadas al día”; “en Argentina cada habitante consume 192,3 kilos de productos procesados por año”.

Una de las políticas públicas que promueve la Ley 27.642 tiene que ver con que dispone que aquellos productos que contengan al menos un sello de advertencia no puedan ser vendidos ni promocionados en los establecimientos educativos ni tampoco ser objeto de publicidades dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

“Algo parecido a lo que sucede con la ‘ley antitabaco’ para preservar lugares libres de humo, es lo que se busca aplicar con el cuidado de los entornos escolares. Y para eso está prohibido que en los kioscos de las escuelas se vendan productos que tengan sellos. Es decir, si un chico quiere una gaseosa azucarada deberá ir al negocio de la esquina a comprarla, pero no va a ser proporcionada desde la escuela”, explicó Porras. Y dijo que en el mismo sentido se pretende que los comedores escolares no sirvan almuerzos elaborados con ese tipo de ingredientes.

El nutricionista añadió que esto se debe a que un importante porcentaje de escuelas facilitaban el consumo de bebidas azucaradas. “Entonces teníamos nenes, de acuerdo a una encuesta escolar nacional, que entraban sanos a la escuela y salían con malnutrición por exceso, o bien ya entraban con sobrepeso u obesidad y salían con su cuadro agudizado al finalizar el ciclo lectivo. Esto nos daba la pauta de que la escuela no era un ámbito propicio para la alimentación saludable”, aseguró.

¿Quién tiene que hacer cumplir esa disposición? Porque en lo referente a las escuelas el contralor es jurisdiccional, preguntó El Litoral. “Eso es lo complejo de la norma -admitió Porras-, pero no es un problema de esta ley, sino de nuestro sistema federal. Todo lo que tiene que ver con educación alimentaria nutricional depende de Nación. Quizá las provincias deban redactar normas complementarias que digan quién es el responsable de la fiscalización, cuál es el sistema de sanciones, etc.”.

El último punto de la ley es el de las compras públicas: se le exige al Estado que antes de realizar la adquisición de mercadería para los programas alimentarios, priorice los productos que no tengan sellos o los que menos sellos tengan ante igualdad de condiciones, según explicó el especialista.

El artículo 10° de la Ley 27.642 establece la “prohibición de toda forma de publicidad, promoción y/o patrocinio de los alimentos y bebidas analcohólicas, que contengan al menos un sello de advertencia (incluyendo en estos las leyendas precautorias sobre edulcorantes y/o cafeína)” fundamentalmente, en el caso de la propaganda dirigida a niñas, niños y adolescentes.

En esa línea, se dispuso una serie de pautas como la prohibición del uso de personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades y otros elementos interactivos en esos productos con sellos. “No pueden usar influencers, futbolistas, cantantes reconocidos por los chicos, dibujitos de moda, no pueden comprar licencias extranjeras de Disney. Eso se debe a que justamente el dibujito animado funcionaba de señuelo para que los niños quieran comer ese producto”, dijo Porras.

¿Cuándo pueden agregar dibujitos animados a sus productos? “Cuando reformulan el producto y quedan sin excesos. Una marca muy conocida de yogurt para niños le sacó el edulcorante a sus productos para que no tuviera la ‘etiqueta precautoria’, o sea, mejoró la calidad nutricional del mismo; lo mismo una marca de papas fritas que bajó el contenido de sodio para no tener un sello de exceso. Por otro lado, hubo otras empresas que en vez de reformular el producto, cambiaron el envase: una famosa firma de cacao sacó su conejo del packaging, y lo mismo hizo un cereal azucarado que perdió su dibujo de león”, sostuvo el nutricionista.

Cabe aclarar que los sellos octogonales responden a un límite de corte cuantitativo y son de advertencia. Luego también están las “leyendas precautorias”, cualitativas, y que informan que ese producto tiene edulcorante o cafeína, “lo cual no es recomendable para niños y muchos padres no lo saben”, consideró Porras.

Tras realizar un proceso de adaptación en su packaging o bien en el contenido del producto en sí, los plazos fueron llegando a su fin para las grandes empresas líderes, mientras que, para las pymes, el plazo de prórroga vencerá recién en agosto de este año. Cabe señalar que la ley fue sancionada en octubre de 2021 y luego se redactaron las disposiciones reglamentarias, que estipulaban determinados tiempos para su implementación.

-¿Qué sucedió que algunos productos, como las gaseosas, ya hace rato tienen los sellos y otros -como lácteos, galletitas-, tardaron más en aparecer? ¿Fue una cuestión de stocks? ¿De pedidos de prórroga?, preguntó El Litoral a Ignacio Porras.

-Es complejo ese tema. Por un lado, la ley daba tiempos para la adecuación: las grandes empresas -que ostentan el 80% del mercado- podían pedir una prórroga de hasta seis meses para implementarla; en febrero se cumplió ese tiempo de extensión. ¿Pero qué pasó en el medio? La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), a través del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), era quien otorgaba esas prórrogas. Nunca nos dieron acceso a la información, nunca fue de acceso público a qué producto se le habían otorgado la extensión. Entonces era muy difícil poder darnos cuenta si el producto que ‘no’ estaba etiquetado en góndola era parte del stock, tenía prórroga o estaba incumpliendo. Eso embarró un poco el terreno.

Por otro lado, el INAL hizo una interpretación -en las normas complementarias que sacó- por encima de lo que decía la ley, de que a partir de determinado plazo, las empresas debían exhibir los sellos. Interpretó que a partir de esas fechas las empresas tenían que “producir” con los sellos, no salir a “exhibirlos”. Entonces, una cosa muy distinta es que el 16 de febrero hayamos visto en góndola todos los productos con etiquetado y otra cosa es que la fábrica recién ese día empiece a empaquetar los productos con sellos y los tenga acumulados en algún depósito. Eso hizo que en el medio una empresa tuviera la posibilidad de elaborar tres líneas de producción, juntar stocks, hacer que los supermercados les compraran más barato y ampliar sus depósitos para poder tener mayor tiempo sin exhibición de los sellos. Estas son las cosas que se generan cuando las leyes no se implementan de manera seria y como corresponde.

Como así también en la reglamentación, prometieron que el otorgamiento de prórrogas estaría basado en la capacidad de reformulación de los productos y terminaron otorgándole prórrogas a gaseosas, galletitas rellenas, todos productos que no se reformularon o que no tienen capacidad para hacerlo y que usaron ese tiempo para disparar múltiples campañas de marketing.

Además, se veían grandes empresas con sellos en sus segundas marcas, pero sin sellos en la primera marca. ¿Eso era porque su marca premium era de mejor calidad y no tenían excesos sus productos? No, es porque tenían más espalda, más logística, más presión sobre el mercado, y podían utilizar el depósito de todos los comercios para poder tener una mayor cantidad de mercadería circulando sin etiquetado frontal. Tarde o temprano se van a ver los sellos en todos los productos porque no les queda otra, pero cuando pensamos en los factores que hacen que algunos productos tengan etiquetado y otros no, se debe a todo este entramado de interpretaciones que excedieron la ley.

(Por Ignacio Hintermeister) – El Congreso es el último reducto del “populismo sin caja”. Sergio Massa y Cristina Kirchner otorgaron un aumento del 69% para los empleados del Congreso de la Nación. Son una isla privilegiada de redistribución en un país cuyas cuentas quebradas amenazan a todo el sistema socioeconómico.

El problema no son en sí esos salarios, sino cómo se financia su pago. El empleador estatal nacional tiene sus cuentas en rojo; para cumplir tiene que emitir o endeudarse; la fuente de financiamiento son títulos que nadie quiere comprar y que impactan en la inflación, que deteriora los bolsillos de todos: empresarios, asalariados, asistidos.

Obligado a la prolijidad administrativista a pesar de la macroeconomía, Walter Agosto mantiene en Santa Fe razonabilidades contables. La Asociación del Magisterio ya ha reclamado adelantar paritarias; los acuerdos firmados con los docentes -como con ATE y UPCN locales- alcanzarían 46% a septiembre, cuando se podría reabrir la negociación, según se encargó de recordar el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri. Todo muy lejos de los salarios del Congreso, aún cuando la Casa Gris no tiene déficit.

Entre los privados, a nivel nacional, el gremio de comercio cerró en abril un escalonamiento hasta 59,5% que se alcanzaría en enero: toda una eternidad. Más conectado al presente, el camionero Pablo Moyano disecciona a su propio gobierno planteando que “Batakis (¿no Alberto?) es la continuidad de Guzmán y cumplirá el acuerdo con el FMI”, por lo que anunció una movilización de la CGT “contra los formadores de precios”.

Desde la CTA, Hugo Yasky dice que “Batakis le habló a los jugadores poderosos de la economía argentina. Necesitamos saber si va a haber un aumento de salarios, un bono para compensar la inflación, si va a haber actualización de jubilaciones. El movimiento obrero tiene que empezar a movilizarse”. El legislador le reclama a la ministra; cobra lo que Massa concede.

Mayonesa 150,8%; cereales 133,9%; pan de molde 124,6%; azúcar 110%; fernet 108,6%; jabón de tocador 107,8%; mermelada 99,8%; máquina afeitar 99%; pañales 97,9%; harina 97,4%. Los datos de Damián Pi Pace (Focus market) sobre su muestreo en tiempo real de precios góndola, a junio interanual, explican la demanda sindical. Pero más aún señalan el problema extremo de la macroeconomía argentina.

El dólar se dispara a valores históricos (el blue cerró $290 este jueves) y el gobierno cambia al presidente de la Comisión Nacional de Valores para tratar de presionar el mercado de Contado con Liquidación ($294,60). El BCRA incrementa el impuesto sobre el uso de tarjetas de crédito en el exterior, pero eso no consuela a las reservas.

Miguel Pesce sabe que en la base de los problemas está el déficit que obliga a la emisión descontrolada de pesos sin respaldo e impacta en inflación y precios. El presidente del Banco Central negocia -implora- que los bancos le presten el dinero que la Casa Rosada gasta y no recauda, pero el credo kirchnerista impone negar la evidencia sin asumir la responsabilidad ni las consecuencias.

Si la solución fuera darle a la maquinita y repartir, sería fácil calmar al Polo Obrero como Cristina y Massa lo hacen con los empleados legislativos. A ellos como a Juan Grabois, que amenaza con irse el Frente de Todos, se los podría beneficiar no sólo con un salario básico universal.

Daniel Arroyo fue uno de los primeros ministros de Alberto en alejarse del gabinete. El ex de Desarrollo Social prometió canjear planes asistenciales por trabajo cuando asumió en el gabinete. Fracasó. Ahora dice que el mundo -no sólo la Argentina- marcha a un salario básico universal. Pero a diferencia de Cerrutti, de Cristina o de Massa, admite que “no hay condiciones fiscales para hacerlo de una”.

Hernán Alvarez

La falta de gasoil en todo el país es un problema que ya lleva semanas. Es un inconveniente que atraviesa a la inmensa mayoría de los sectores productivos y que complica la logística de un país como el nuestro.

Desde Transportistas Unidos de Argentina tienen su opinión sobre este tema que no se resuelve y que genera complicaciones de todo tipo. “Con la faltante de gasoil está comprometido el abastecimiento seguro de mercaderías, insumos y materias primas. Ese es el primer y gran problema que en definitiva eso lo paga el transportista y lo paga el ciudadano argentino”, aseguró a El Litoral Santiago Carlucci, el presidente de esta entidad. “En un góndola, en vez de haber seis marcas a disposición, hay una. Ésa tiene un sobreprecio. Porque entramos en la maldita ley de libre oferta y demanda. Lo podés pagar, lo llevás; sino, lo dejás”. Consultado por las causas, Carlucci expresó: “Habría que preguntárselo al secretario de Energía (de la Nación, Darío Martínez). Él tiene que dar las respuestas. Alberto Fernández. Ellos tienen que brindar las respuestas. No nosotros que somos simples trabajadores del volante y que somos parte de un daño colateral de un sistema mal habido”.

El dirigente empresarial lanzó una advertencia: “El gobierno (nacional) debería tomar medidas económicas a través de su Ministerio de Economía en conjunto a la Secretaría de Energía. El combustible tiene que ser competitivo de forma tal que las petroleras prefieran vender en Argentina y no en el exterior. A fin de mes, si no hay gasoil, hay que pensar cómo se va a hacer para que haya comida en todas las góndolas del país”.

Argentina es un país que cuenta con recursos propios para abastecer su mercado interno. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta escasez? “Esto es una cuestión de negocios. Al cambio, en Uruguay, el litro del combustible ronda los 500 pesos. En Brasil, 260. En Paraguay y Bolivia, entre 230 y 250 el litro. Acá en Argentina se comercializa oficialmente a 160. Eso es el listado de precios de la Secretaría de Energía. El precio sugerido. La petrolera, depende el punto del Mercosur, pierde desde 100 pesos hasta 300 pesos por litro”, respondió el dirigente de Transportistas Unidos de Argentina. “En los ’90, con una nafta de 1,25, valía 0,70 o 0,65 el gasoil. El sector del agro ha crecido sustancialmente. El sector del transporte creció sustancialmente. Tanto en pasajeros como en cargas. Ha habido muchas industrias que empezaron a consumir gasoil, fueloil o gas para capacitar sus usinas. La demanda ha aumentado”, agregó.

Según la visión de Carlucci, sería imposible que no se tenga gasoil. “Argentina estaba exportando el año pasado un 12 y medio por ciento más que el año anterior. Con las reinversiones que se hicieron, YPF exportaba al 80 por ciento de su capacidad. ¿En tres meses no pudo producir más?”, se preguntó.

El dirigente afirmó que es inviable su actividad. “Un camión consume de entre 36 y 40 litros de gasoil cada 100 kilómetros recorridos. Si los cupos rondan entre 50 y 100 litros, hay una disponibilidad para hacer 150, 180 kilómetros. En la próxima estación de servicios, hay cinco, seis kilómetros de cola, llega al surtidor y no hay más gasoil. Hay que esperar la reposición, una cisterna. Tarda 48, 72 horas”. Santiago Carlucci aseveró que los camiones cisterna traen como máximo 14.000 litros de combustible. “De 30.000 que deberían traer. Por ejemplo, un colega que hacía tres viajes por semana con alimentos balanceados de Entre Ríos para Buenos Aires, está haciendo un viaje por semana. Produce dos tercios de lo que debería producir”, agregó.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Las cadenas de supermercados comenzarán a ofrecer hoy en las góndolas los cinco cortes de carne a precios rebajados para Navidad y Año Nuevo, tras el acuerdo que se alcanzó entre los principales actores de la industria cárnica y la Secretaría de Comercio Interior.

La oferta estará disponible en supermercados los días 22, 23 y 24 en la semana de Navidad, y 29, 30 y 31 en la de Año Nuevo.

Falda: $399; tapa de asado: $499; asado de costilla: $549; asado de vacío: $599; matambre: $599. Las cinco opciones se podrán conseguir en los puntos de venta adheridos al acuerdo en todo el país, entre los que se encuentran las carnicerías de ABC y los comercios nucleados en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA).

Desde la cadena de supermercados Walmart – Chango Más, confirmaron a Télam que en las primeras horas de hoy se encontraban los cortes disponibles en las góndolas, con carteles que indican una compra máxima de cinco kilos por grupo familiar.

Tras reuniones con los principales actores de la industria cárnica y las grandes cadenas de supermercados del país, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación cerró a mediados de diciembre un acuerdo para aumentar la disponibilidad de cortes de carne en toda el territorio nacional durante los días previos a las fiestas de fin de año.

Durante estas fechas, la Secretaría de Comercio Interior hará un seguimiento al cumplimiento del acuerdo para garantizar el correcto abastecimiento y precios, en el marco de las 20 mil toneladas que estableció el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación para las fechas mencionadas.

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