Mauro L. Muñoz

La reducción del empleo estatal en Argentina continuó durante el primer semestre de 2026: ANSES, Vialidad y la Operadora Ferroviaria concentraron los mayores recortes nominales, mientras Capital Humano encabezó la poda ministerial.

La serie revisada incorporada por el INDEC en el informe de junio publicado este viernes mostró que la dotación total de la administración pública nacional, las empresas y las sociedades estatales pasó de 278.844 personas en enero a 271.696 al terminar el semestre. Son 7.148 puestos menos, una contracción de 2,6% en el semestre y de 6% frente a junio de 2025.

El ajuste en la gestión de Javier Milei no se distribuyó de manera uniforme. La administración pública nacional explicó 5.491 bajas, al pasar de 189.693 a 184.202 trabajadores, mientras que las empresas y sociedades redujeron su planta en 1.657 puestos, desde 89.151 hasta 87.494.

En junio, la dotación total cayó otro 0,6% respecto de mayo. La administración pública nacional retrocedió 0,7% y las empresas estatales, 0,4%. El segmento centralizado encabezó la reducción con 1,5%, mientras la administración desconcentrada fue la única estructura que creció, con 0,4%.

Durante el primer semestre de 2026, la planta estatal nacional en Argentina se redujo en 7.148 puestos, equivalente a una contracción del 2,6%.

Capital Humano tuvo la mayor caída mensual entre los ministerios, con 4,7%, seguido por Desregulación, con 3,6%; Justicia, con 1,5%; y Economía, con 1,2%. Entre los organismos sobresalieron la CNRT, con -7%; la Administración Nacional de Establecimientos de Salud, con -2,5%; y ANSES, con -2,1%.

En las empresas, las variaciones más fuertes fueron las de Contenidos Públicos, que redujo su dotación 10,4% en un mes; BICE Fideicomisos, 7,8%; y Radio y Televisión Argentina, 6,2%. El Correo bajó 1%, mientras Operadora Ferroviaria disminuyó 0,5%.

La mayor pérdida absoluta se produjo en la administración descentralizada, donde funcionan organismos como ANSES, Vialidad Nacional, el CONICET, el INTA y la CNEA. Ese segmento pasó de 114.709 empleados en enero a 111.381 en junio: 3.328 puestos menos.

La administración centralizada —Presidencia, Jefatura de Gabinete y ministerios— quedó segunda, con una reducción de 1.802 agentes. Las empresas y sociedades estatales perdieron 1.657 puestos; otros entes, 230; y la administración desconcentrada, 131.

El ajuste en el empleo estatal sigue impactando a organismos descentralizados, con ANSES y Vialidad Nacional liderando las bajas más significativas del semestre.

Dentro del gabinete, la cartera de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello registró la disminución nominal más importante. Su dotación bajó de 8.098 personas en enero a 7.547 en junio: 551 puestos menos y una contracción de 6,8%. Economía perdió 407 agentes; Salud, 232; Jefatura de Gabinete, 192; Presidencia, 175; y Justicia, 173.

Medido en términos porcentuales, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que gestiona Federico Sturzenegger redujo 8,9% su planta entre ambos informes, aunque sobre una estructura bastante menor: pasó de 384 a 350 personas. Jefatura de Gabinete retrocedió 7,4% y Justicia, 5,7%.

La lupa sobre los organismos permite identificar dónde estuvo el mayor volumen del ajuste. ANSES pasó de 12.262 trabajadores en enero a 10.997 en junio: perdió 1.265 puestos, una reducción superior al 10%.

Vialidad Nacional bajó de 4.940 a 4.222 agentes. Son 718 puestos menos, equivalentes a una retracción de 14,5%. También se redujeron la Administración Nacional de Establecimientos de Salud, con 378 puestos menos; la CNEA, con 146; el Servicio Meteorológico Nacional, con 149; el INTA, con 102; y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, con 95.

La Fuerza Aérea Argentina mostró un incremento de personal en lo que va del año.

El movimiento no fue generalizado. El CONICET pasó de 25.499 a 25.709 personas y sumó 210 puestos. El Estado Mayor Conjunto también amplió su registro, aunque la comparación debe leerse junto con los cambios de estructura administrativa que el INDEC detalla en sus informes.

Entre los entes de mayor tamaño, PAMI redujo su dotación de 13.447 a 13.205 personas. En la estructura militar civil relevada, la Armada pasó de 6.855 a 6.461 puestos, mientras la Fuerza Aérea aumentó de 5.001 a 5.136.

En el sector empresario, la mayor reducción nominal ocurrió en la Operadora Ferroviaria: pasó de 20.197 personas en enero a 19.626 en junio, con 571 puestos menos. El Correo Oficial perdió 247; Radio y Televisión Argentina, 164; Banco Nación, 129; Aerolíneas Argentinas, 109; y AySA, 103.

También bajaron Fabricaciones Militares, Intercargo, Nación Servicios, Casa de Moneda y BICE Fideicomisos. En sentido contrario, ARSAT sumó 27 puestos y Dioxitek incorporó 21.

Mauro L. Muñoz

El alivio de junio duró apenas treinta días. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) volvió a caer en julio y deja una secuencia a la baja al tercer año de Javier Milei: 1,94 puntos sobre 5, un retroceso mensual de 6,5% y una baja interanual de 21%. “En julio se retoma la tendencia descendente del ICG observada durante 2026, con junio como única excepción”, resumió la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

En enero, el índice había arrancado en 2,40 puntos; siete meses después perdió 0,46 puntos, equivalente a una contracción de 19,2%. Si la comparación se toma desde diciembre, cuando empezó la merma, el deterioro acumulado asciende a 21,5%. Pese a ello, todavía se ubicaba por encima de los registros equivalentes de Mauricio Macri, cifra que también cambió en este mes.

Julio modificó la comparación histórica. En el mes 31 de mandato, Milei quedó por debajo de Mauricio Macri, que registraba 2,01 puntos, y de Néstor Kirchner, con 2,26. Todavía supera a Cristina Kirchner II, Cristina Kirchner I y Alberto Fernández, pero perdió la posición que había recuperado transitoriamente frente al macrismo durante junio.

Aunque Milei sigue superando los índices de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, el promedio de su administración cayó a su nivel más bajo desde diciembre de 2023.

Di Tella lo sintetizó así: "Durante la presidencia de Milei se ha mantenido en niveles relativamente altos, comparables con los valores de Mauricio Macri, y algo por debajo de los de Néstor Kirchner (los dos presidentes con mayor ICG promedio durante sus mandatos), en sus primeros dos años y medio de gobierno. En el mes 31 de la actual gestión presidencial, el nivel del ICG es inferior al que obtuvo el gobierno de Mauricio Macri en el mismo momento de su mandato".

De esta forma, el promedio de toda la administración libertaria bajó a 2,37 puntos, su registro más bajo desde diciembre de 2023. En el mismo tramo, Macri promediaba 2,51 y Alberto Fernández, 1,91. Sin embargo, la comparación deja a Milei todavía por encima del último gobierno peronista, pero ya claramente detrás del principal antecedente no peronista que suele utilizar la Casa Rosada como referencia.

Cuatro de los cinco componentes cayeron en julio. El golpe más fuerte estuvo en “Eficiencia en la administración del gasto público”, que retrocedió 15,4% y quedó en 1,79 puntos. “Capacidad para resolver los problemas del país” bajó a 2,28; “Evaluación general del gobierno”, a 1,64; y “Preocupación por el interés general”, a 1,51. Honestidad fue la única variable estable, con 2,45 puntos.

Este retroceso deshizo la mejora temporal observada en junio y situó el índice por debajo de los registros que venía sosteniendo sobre Macri.

La comparación contra enero muestra que el desgaste no se concentró en una sola dimensión. Evaluación general cayó 26,1%; preocupación por el interés general, 24,9%; capacidad, 19,7%; eficiencia, otro 19,7%; y honestidad, 8,9%.

El atributo que mejor resistió fue el ético. Los vinculados con resultados, administración y orientación política sufrieron bastante más. En enero, los cinco componentes ya habían iniciado el año en retroceso, aunque capacidad y honestidad todavía se mantenían claramente por encima del resto.

El movimiento más abrupto del año se da entre los jóvenes. En enero, el segmento de 18 a 29 años era el principal sostén de la administración libertaria, con 2,70 puntos; en julio cayó a 1,68. Es un derrumbe de 37,8%, que lo convirtió en el grupo con menor confianza. Sólo en el último mes perdió 23%.

Entre los 30 y 49 años, el índice quedó en 1,75, mientras que los mayores de 50 conservaron el valor más alto, con 2,07. El mapa etario se invirtió: los jóvenes pasaron de encabezar la confianza a quedar últimos en apenas seis meses.

La confianza entre los jóvenes (18 a 29 años) se desplomó un 37,8%, pasando a ser el grupo etario con menor confianza. Foto: Manuel Fabatía.

Por otra parte, se profundizó la brecha de género. En enero, los hombres marcaban 2,52 y las mujeres 2,27; en julio quedaron en 2,10 y 1,74, respectivamente. La distancia se redujo frente a junio, pero es mayor que al comenzar el año porque la confianza femenina acumuló una caída más pronunciada.

En el mapa territorial, el interior sigue al frente con 2,09 puntos, seguido por CABA con 1,92 y el GBA con 1,63. Los tres espacios quedaron por debajo de enero, cuando registraban 2,59, 2,18 y 2,08 puntos, respectivamente.

La expectativa económica, sin embargo, conserva un núcleo duro. Entre quienes creen que la situación mejorará dentro de un año, el ICG fue de 4,15 puntos, prácticamente el mismo nivel que en enero. Entre quienes esperan que siga igual llegó a 2,46 y entre quienes creen que empeorará cayó a 0,33. La confianza general se deterioró, pero la fe de quienes todavía esperan una mejora económica siguió casi intacta.

La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 16 de julio sobre 1.000 casos en 39 localidades del país. El intervalo de confianza informado para el índice total fue de 1,81 a 2,06 puntos.

La propuesta del Gobierno nacional para avanzar en una profunda reforma de la Ley Nacional de Farmacias (17.565) reabrió el debate sobre la comercialización de medicamentos en Argentina. Entre los cambios contemplados figuran la posibilidad de vender medicamentos con receta por canales digitales, habilitar su entrega a domicilio, permitir la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias y flexibilizar los horarios de atención, además de profundizar la digitalización de recetas y registros. La iniciativa despertó nuevamente fuertes cuestionamientos de los colegios profesionales farmacéuticos de todo el país, que advierten sobre los riesgos sanitarios que implicaría considerar al medicamento como un bien de consumo más y desvincular su entrega del asesoramiento profesional.

Mirian Monasterolo. Foto: Carolina Niklison

En diálogo con El Litoral, la vicepresidenta, Miriam Monasterolo, expresó la preocupación de la institución por algunos aspectos del proyecto. "Manifestamos nuestra preocupación respecto de diversos aspectos, en tanto entendemos que algunas de sus previsiones podrían afectar principios esenciales del sistema sanitario, como es el cuidado de la salud de la población". La dirigente aclaró, sin embargo, que la provincia cuenta con un marco legal propio que preserva el modelo sanitario vigente. " Santa Fe cuenta con un marco normativo propio, la Ley de Sanidad 2.287, y desde el punto de vista constitucional las provincias tienen facultades no delegadas a la Nación en materia de autonomía sanitaria. Razón por la cual esta modificación no impacta en nuestra provincia". En ese sentido, sostuvo que en nuestro territorio se desarrolló durante décadas un sistema sanitario orientado a garantizar el uso seguro y responsable de los medicamentos, con el farmacéutico como garante de este proceso sanitario.

Desde la institución sostienen que la dispensa, incluso cuando se realice mediante herramientas digitales, debe garantizar la intervención efectiva del farmacéutico, la validación de la prescripción médica, la correcta identificación del paciente y el mantenimiento de las condiciones de conservación y trazabilidad del medicamento. Para la entidad, "el medicamento no puede ni debe ser considerado un bien de consumo común", ya que su entrega forma parte de un acto profesional Farmacéutico indispensable para proteger la salud de la población.

Otro de los puntos que genera mayor preocupación es la posibilidad de comercializar medicamentos de venta libre fuera de las farmacias. Según explicó Monasterolo a El Litoral, el hecho de que estos productos no requieran receta médica no implica que sean inocuos. "La venta de medicamentos de venta libre fuera del ámbito de la farmacia representa un serio retroceso sanitario", afirmó, al señalar que estos productos pueden presentar contraindicaciones, interacciones con otros medicamentos, efectos adversos e incluso toxicidad cuando no son utilizados correctamente.

Desde el Colegio también destacaron el rol de las farmacias comunitarias como uno de los establecimientos sanitarios de mayor cercanía con la población, donde diariamente miles de personas reciben orientación profesional sobre el uso adecuado de los medicamentos y la prevención de problemas relacionados con ellos.

Advierten sobre los riesgos sanitarios que implicaría considerar al medicamento como un bien de consumo más.

Desde la entidad remarcan que no existe oposición a la incorporación de nuevas tecnologías ni a la digitalización del sistema sanitario. "Compartimos la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas, simplificar procedimientos administrativos y avanzar en la digitalización del sistema de salud", señaló Monasterolo, quien recordó que las farmacias santafesinas ya utilizan validación online, prescripción electrónica y sistemas de seguridad digital como Token y Troquel Digital, lo que garantiza una “dispensa segura “Sin embargo, advirtió que "todo proceso de modernización debe fortalecer —y nunca debilitar— los mecanismos de control, seguridad y protección sanitaria construidos durante décadas".

Mientras el Gobierno nacional impulsa modificaciones orientadas a desregular parte del sistema y ampliar los canales de comercialización, los colegios farmacéuticos sostienen que cualquier reforma debe preservar los mecanismos de control sanitario esenciales para la protección de la salud pública. En Santa Fe, aseguran que la normativa provincial vigente mantiene las garantías actuales para la dispensa de medicamentos y continuará resguardando el modelo sanitario que rige en la provincia.

El Gobierno nacional oficializó la designación de Javier Lanari como nuevo director del Banco de la Nación Argentina (BNA), a través del Decreto 618/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial este martes 21 de julio de 2026 y establece que el funcionario asumirá para completar un período de ley que se extenderá hasta febrero de 2028.

El nombramiento se produce en el marco de una modificación en la composición del directorio de la principal entidad bancaria pública del país. El decreto, fechado el 20 de julio, también formalizó la salida del abogado Gonzalo Pascual, cuya renuncia al cargo había sido presentada con anterioridad.

La designación de Lanari había sido establecida con fecha de inicio el 25 de junio de 2026, según consta en el decreto publicado por el Poder Ejecutivo. De esta manera, la norma oficializa su incorporación al directorio de la entidad y fija la duración restante del mandato que deberá completar.

Uno de los puntos incluidos en el Decreto 618/2026 es la aceptación formal de la renuncia presentada por Gonzalo Pascual al cargo de director del Banco Nación.

De acuerdo con el texto oficial, la renuncia fue aceptada con fecha efectiva a partir del 31 de enero de 2026. El decreto también expresa el agradecimiento del Gobierno por los servicios prestados por Pascual durante el período en el que se desempeñó como integrante del directorio de la entidad bancaria.

La salida de Pascual dejó vacante un lugar dentro del directorio del Banco Nación que posteriormente fue ocupado por Lanari. El decreto establece que el nuevo director fue designado para completar el período de ley que finaliza el 4 de febrero de 2028.

La normativa no detalla en sus considerandos los motivos de la renuncia de Pascual ni brinda información adicional sobre las circunstancias que rodearon su salida. El texto se limita a aceptar formalmente su dimisión y a disponer el nuevo nombramiento.

El Banco Nación es una de las principales instituciones financieras de la Argentina y tiene un papel relevante tanto en el sistema bancario como en el financiamiento de empresas, productores y familias. Por esa razón, los cambios en su directorio forman parte de las decisiones institucionales que adopta el Poder Ejecutivo para la conducción de la entidad.

La designación de directores se encuentra contemplada en la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina, aprobada por la Ley 21.799 y sus modificaciones. El decreto presidencial cita precisamente esa normativa como fundamento para realizar el cambio en la composición del directorio.

Con la publicación del decreto, Javier Lanari quedó formalmente designado como director del Banco Nación. El nombramiento tiene vigencia desde el 25 de junio de 2026, aunque fue oficializado mediante la publicación del Decreto 618/2026 en el Boletín Oficial del 21 de julio.

La decisión implica que Lanari ocupará una de las posiciones del directorio de la entidad durante el período restante del mandato correspondiente al cargo, que vence el 4 de febrero de 2028.

El decreto identifica al nuevo director como licenciado Javier Lanari y establece su incorporación para completar el período de ley. La norma no especifica en su articulado las funciones particulares que tendrá dentro del directorio ni asigna una responsabilidad específica adicional.

El directorio es el órgano encargado de la conducción de la institución dentro de las atribuciones que establece su Carta Orgánica. En ese ámbito se toman decisiones vinculadas con la orientación general de la entidad y con las políticas de funcionamiento del banco, de acuerdo con las competencias establecidas por la legislación vigente.

La designación de Lanari se suma así a los movimientos que el Gobierno nacional viene realizando en organismos y empresas bajo su órbita. En este caso, el cambio se concreta mediante un decreto firmado por el Presidente y el ministro de Economía, y queda formalmente registrado a través de su publicación en el Boletín Oficial.

Para los clientes del Banco Nación, el nombramiento no implica por sí mismo modificaciones inmediatas en la atención al público, las cuentas bancarias, los créditos o los servicios financieros que ofrece la entidad. Se trata de una decisión vinculada con la composición de sus autoridades y no de una medida que establezca cambios directos en las condiciones de los productos bancarios.

El decreto dispone además que la medida sea comunicada, publicada y remitida a la Dirección Nacional del Registro Oficial, como parte del procedimiento administrativo correspondiente. Con su publicación, la designación queda formalmente incorporada a la estructura institucional del Banco de la Nación Argentina.

De esta manera, el Gobierno nacional completó un lugar vacante en el directorio del Banco Nación y estableció que Javier Lanari ocupará el cargo hasta el vencimiento del período de ley, previsto para el 4 de febrero de 2028. La medida también deja asentada la salida formal de Gonzalo Pascual, cuya renuncia fue aceptada con efecto retroactivo al 31 de enero de 2026.

Las actividades por el Día de la Independencia estuvieron atravesadas por las urgencias del oficialismo nacional. Tener postales con gobernadores no necesariamente implica que Casa Rosada tenga el aval de la mayoría para obtener su objetivo de máxima, que pasa por aprobar la reforma electoral que otorgue más garantías a los hermanos Milei para renovar mandato en 2027.

Las expectativas pasan por ahí porque los capitostes libertarios no consiguen que los logros que se adjudican en materia macroeconómica alcancen el bolsillo de la mayoría de los argentinos, eje fundamental a la hora de afincar un triunfo en las urnas el año que viene.

En la reunión de Gabinete posterior al Tedeum en el que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, mencionó a los que se esconden "en cuevas de corrupción haciendo que los pobres sean cada vez más pobres", el tema que el primer mandatario eligió exponer y explicar a sus funcionarios fue el de los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, la entidad que él prometió dinamitar antes de llegar al poder.

"Si queremos mantener la inflación a la baja tenemos, sí o sí, que evitar la emisión de moneda, y ese es uno de los objetivos principales de nuestra gestión. Por eso el Presidente hace foco en eso. Precisamente porque es consciente de que hay que dar esa batalla para alcanzar a los que todavía no la están pasando bien", le comentó a El Litoral uno de los asistentes al cónclave que negó que el Gobierno esté disociado de la realidad, y a la vez rechazó que se esté tratando de capitalizar la visita de la directora en jefe del FMI, Kristalina Georgieva, quien viene a revisar la marcha de los acuerdos, y a reunirse, además de Milei y Caputo, con empresarios, gremialistas y dirigentes opositores.

La misma fuente rechazó que las chances de Milei a reelegir hayan disminuido, porque según opinó: "La gente puede estar descontenta con varios factores que hacen a la administración del Estado, pero que le saques de encima el peor de los impuestos que les puedan cobrar, que es el inflacionario, no es moco de pavo. Muchos subestiman ese logro, pero cuando llegue el momento de ir al cuarto oscuro vamos a ver la real dimensión de un proceso que no se da en la Argentina hace décadas", sentenció el dirigente con despacho en el palacio rosado.

Más allá de las apreciaciones de este referente del denominado 'karinismo', en otro sector de Balcarce 50 insisten en que para mover la actividad hay que acelerar el acceso al crédito, tanto de parte de las entidades financieras estatales como las privadas. "Los bancos tienen que trabajar de bancos y dejar de usar la plata de sus clientes a baja tasa, y en caso de prestarles dinero, hacerlo con intereses usurarios".

Es que los integrantes de las 'Fuerzas del Cielo', pese a su conservadurismo -al que califican de 'tradicionalismo'- buscan consolidar el pragmatismo en lugar del dogmatismo que adjudican a Karina Milei. Por eso celebraron que el 9 de Julio, Santiago Caputo fuera abrazado por el jefe de Estado en el balcón de la sede ejecutiva. El gesto les devolvió la esperanza de que no se repita lo de las Legislativas, cuando la hermana presidencial, los primos Menem y el titular de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, los dejaron afuera de las boletas violetas.

Según lo expresado –puertas adentro y afuera- por la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, los votos para eliminar las PASO no están.

La primera -con aspiraciones más elevadas que las de terminar de alcalde en CABA- ya se manifestó en contra del esquema de colectoras, porque a su entender "deforman el sistema electoral", ese que bajo el eufemismo de las 'adhesiones' promueven los popes partidarios mileístas, que ahora ven en ello una salida a la resistencia parlamentaria.

El dilema es que los mandatarios provinciales aliancistas piden garantías, especialmente los de extracción radical y macrista. Apoyar a Milei como candidato presidencial y al gobernador de turno en cada provincia -a cambio de poner candidatos propios distritales- depende del que concede la colectora, y vale decir que, en particular el PRO, no ha recibido tanto como ha dado.

Por tomar dos ejemplos, en la conformación de las autoridades de la Auditoria General de la Nación (AGN) y la Bicameral de Inteligencia en el Congreso, los amarillos sienten que fueron traicionados, y nada les asegura que la historia no se repita. Propuesta Republicana está decidida a no ser fagocitada por La Libertad Avanza en ninguno de los territorios en los que todavía tiene peso propio, algo con lo que el mileísmo no cuenta, salvo que absorba, como hizo en la provincia de Buenos Aires, intendentes que eran amarillos como Diego Valenzuela (ahora de licencia por ser senador provincial); Ramiro Egüen de 25 de Mayo (ex GEN) y Fernanda Astorino Hurtado, edil de Capitán Sarmiento que también abandonó las filas macristas.

Por su parte, Diego Santilli, ahora coordinando la jefatura ministerial, repite como justificativo oficial, que derogar definitivamente las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias le ahorraría al fisco unos 250 millones de dólares, aun sabiendo que ese no es el nudo del problema, sino las negociaciones que alcance con los gobernadores en materia de obra pública, Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otros aportes discrecionales que puedan recibir las provincias para pilotear sus problemas financieros.

Así como algunos caudillos distritales le han propuesto suspender las PASO, hay una gran mayoría que no tienen empacho en dejarlas de lado si sacan provecho de los escaños a los que puedan acceder si aceptan ir a sufragar bajo el sistema de las listas colectoras.

Ellos no van a acceder a ninguna oferta de Nación si es que no hay una contraprestación. Situación que se plantea históricamente con todas las administraciones centrales y los Estados provinciales. El punto que en esta ocasión contrapone intereses en este aspecto, es el relato de la defensa a rajatabla del equilibrio fiscal, que obviamente deberá aggiornarse a los tiempos electorales.

Al principio de la gestión libertaria, el discurso de los mileísta pasaba por reclamar permanentemente a los caciques territoriales que ajustaran sus cuentas como se hacía en las arcas nacionales. Ahora, la necesidad mueve a Javier y Karina Milei a hablar de federalismo y a acercar posiciones con quienes, en muchas de sus comarcas, todavía tienen más empleados en el sector público que en el privado, y en consecuencia dependen de fondos nacionales.

El nuevo esquema de comunicación que se impulsa desde la sede del Poder Ejecutivo Nacional se basa en el intento de poner en agenda lo que el Gobierno nacional considera compendios de buenas noticias que se transmiten diariamente vía WhatsApp y son replicadas extensamente por el flamante vocero Adrián Ravier en conferencia de prensa, en las que se sigue haciendo oído sordos al legítimo reclamo de la prensa acreditada para que los Milei levanten el régimen ilegal de restricciones que impiden a los periodistas moverse por fuera de la Sala Roberto Di Sandro. Un dispositivo militar que se activó bajo la excusa de que se puso en peligro la 'seguridad nacional', algo que fue desestimado y archivado por la Justicia Federal.

A falta de Adorni, la secretaria General de la Presidencia pretende empoderar al ex prensero de YPF, Fabián Fernández, convertido en secretario de Comunicación y Prensa en lugar de un Javier Lanari que nunca tuvo ese protagonismo. El funcionario que proviene del riñón de Horacio Marín (presidente de la petrolera nacional) hace las veces de nexo con los cronistas y medios, pero con un perfil político partidario que lo lleva a hacer promesas que no cumple, especialmente a las que hacemos referencia en cuanto a la violación del artículo 14 de la Constitución Nacional, en el que Juan Bautista Alberdi hizo una férrea defensa de la libertad de prensa, a la que pondera como "libertad de todas las libertades" y configura como "un poder natural y cívico que el pueblo retenía y ejercía por sí mismo, sin delegarlo totalmente al Estado". Básicamente, "un derecho inalienable", que los responsables de LLA deberán empezar a respetar, más temprano que tarde.

El gobierno nacional concluyó su licitación de acuerdos de provisión de energía eléctrica almacenada para el Sistema Interconectado Nacional, mediante megabaterías, con beneficios que implican apenas el 5,14% para la provincia de Santa Fe, respecto del total previsto para el interior del país.

En la licitación nacional Alma Sadi (Sistema Argentino de Interconexión) se contemplaron inicialmente 16 nodos ubicados en territorio santafesino, de los que luego quedaron 3 sin oferentes por problemas en sus propuestas técnicas.

Así, al momento de la adjudicación había en carrera 13 puntos en el mapa de la bota santafesina pero finalmente hay solo un beneficiario: Cañada de Gómez.

A esa ciudad del departamento Iriondo llegarán inversiones en equipos que, en lugar de generar más energía en ese lugar o de llevarla con mayores líneas de transporte de alta tensión, la almacenarán durante los valles de la demanda, es decir, cuando menos se utiliza ese servicio. Obviamente, esos MW guardados servirán para cubrir los momentos en que surgen picos en el consumo.

El gobierno nacional concluyó su licitación de acuerdos de provisión de energía eléctrica almacenada para el Sistema Interconectado Nacional. Crédito: ACCIONA

Con 36 megavatios, la localidad santafesina participa de algo más del 5% del total adjudicado que llega a 700,5 MW. La firma que actuará en el nodo del sistema nacional ubicado en Cañada de Gómez es Genneia, que obtuvo siete puntos en total.

Quedaron en el camino las ofertas para los nodos de Villa Ocampo, Pérez, Roldán, Firmat, Ceres, Rosario Sur, Arufó y Brigadier López (en el parque industrial ubicado en Sauce Viejo).

El dato es relevante porque sin dudas Santa Fe posee el segundo mercado eléctrico más importante del interior del país, luego del interior de la provincia de Buenos Aires, cuando no se tiene en cuenta al más concentrado y rentable formado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Conurbano bonaerense.

En otras palabras, a nivel nacional las empresas de distribución de energía eléctrica más grandes por el número de megavatios distribuidos son Edesur y Edenor (en el Área Metropolitana de Buenos Aires que incluye el conurbano bonaerense) y luego se encuentra la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe.

En términos más técnicos, el último informe mensual de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera) muestra a la EpeSF tercera en el máximo de potencia registrado. Y la Provincia de Santa Fe es el tercer mercado nacional, con el 9,26%.

Ocupa ese lugar luego del AMBA de porteños y bonaerenses del conurbano (con 40,68% del total del país) y del resto de la Provincia de Buenos Aires (12,2%, con varias empresas distribuidoras).

Córdoba, por ejemplo, está en el cuarto puesto con el 7,80% del mercado eléctrico argentino. Y ahora, para esta adjudicación, no recibirá inversiones.

La Nación parece haber seguido con atención más el mapa de las urgencias y los apagones que afectan a los usuarios residenciales de ciertas zonas desfavorecidas que el de la realidad productiva y económica. Esta vez, sin dudas, perdieron las provincias del área central más pobladas, salvo la de Buenos Aires.

Si se observan las adjudicaciones de los “Acuerdos de Almacenamiento por el servicio de potencia y reservas operativas y de corto plazo para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)” de la Resolución” 155/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación se verá en su anexo que hay tres regiones que concentran los beneficios. Y que al resto le ha llegado poco o muy poco.

La Provincia de Buenos Aires (sin el AMBA) recibió la mayor asignación, con 185 megavatios. El Noreste Argentino (NEA) con proyectos para Chaco y Formosa suman una porción casi igual, con 161,5 MW y también el Noroeste Argentino (NOA), con 150 MW.

Más atrás, la Región Pampa obtuvo 68 MW, las provincias mesopotámicas de Misiones, Corrientes y Entre Ríos se llevaron 50 MW cada una, y lo dicho: Santa Fe completó el mapa con 36 MW.

La licitación para el interior del país se llevó a cabo luego del éxito que logró otra anterior que incorporó unos 713 megavatios almacenados exclusivamente en el Amba.

Primero se licitó y adjudicó Alma GBA, para porteños y bonaerenses y ahora Alma Sadi, para “las provincias” según esa generalización tantas veces oída en los medios de comunicación porteños. El interés empresario para el interior, sin embargo, fue más de diez veces mayor a la convocatoria de la Casa Rosada.

Mientras que la Nación llamó a licitación para sumar parches con megabaterías por hasta 700 MW, las ofertas privadas para atender esas realidades sumaron 8.338 MW.

El gobierno nacional concluyó su licitación de acuerdos de provisión de energía eléctrica almacenada para el Sistema Interconectado Nacional. Crédito: ACCIONA

Con semejante interés ya hay provincias que han anunciado sus respectivas licitaciones propias. Buenos Aires fue la primera (y acaso por eso recibió una buena tajada) y planes similares se han divulgado en Córdoba (que no logró ninguna inversión).

En total, son 20 proyectos de cinco empresas nacionales por 700,5 MW y unos 700 millones de dólares de inversión privada para un negocio que consistirá en comprar (y estoquear) kilovatios para luego venderlos más caros.

Más que ese margen, la Nación ha mirado esta vez las situaciones eléctricas más complejas que indudablemente se registran en las áreas del NOA y NEA. Esta última carece además de gasoductos para el gas natural por redes.

Como si se tratara de un parche, la provisión de energía eléctrica almacenada presenta una solución moderna pero provisoria y cara. Permite superar urgencias sin hacer las megainversiones estructurales de fondo, que hasta poco tiempo atrás parecían insustituibles.

La aparición de la tecnología de los Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías BESS (sigla en inglés para Battery Energy Storage Systems) cambió el panorama eléctrico.

No había otra forma de contar con energía eléctrica que generarla en el lugar donde se produce la demanda o en otro con mejores condiciones económicas para su producción (como las centrales hidroeléctricas, nucleares, térmicas o renovables) y luego transportarla al punto deseado.

Hoy se puede almacenar los megavatios que otros generan cuando cae la demanda y se los vende (a un precio mayor) cuando son necesarios. Ese precio fue pactado en la licitación señalada y es parte de los costos (o sobrecostos) que asume el Estado Nacional por los enormes atrasos en inversiones en el transporte de energía en todo el país.

Las privatizaciones de los ‘90 no las previeron bajo la idea de que las necesidades del propio mercado eléctrico las impulsaría naturalmente.

El gasto público primario de la Administración Nacional cerró el primer semestre con una caída real del 2,3% en comparación con el mismo período del año anterior.

A pesar de que en el mes de junio el gasto registró una suba puntual del 3,7%, el acumulado de los primeros seis meses mantiene la tendencia a la baja.

Los rubros con mayores recortes fueron el financiamiento a las provincias y la inversión en infraestructura, mientras que las partidas destinadas a subsidios mostraron comportamientos dispares.

De acuerdo con el informe de la consultora Analytica, el gasto primario devengado alcanzó una reducción acumulada en la primera mitad del año, destacando que “en el primer semestre acumula una baja del 2,3% interanual”.

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El documento utiliza datos basados en información disponible al 3 de julio para analizar la dinámica fiscal.

Las transferencias a las provincias lideraron el ajuste del semestre. El informe señala que “el mayor ajuste correspondió a transferencias a provincias (-62,1%), aunque, descontando el efecto de las transferencias a hospitales SAMIC, la caída acumulada se reduce al 52,3%”.

Por su parte, la obra pública mostró una contracción acumulada del 32,4% en términos reales.

En el detalle de junio, la baja en este sector fue del 74,9%, con retrocesos tanto en construcciones como en transferencias de capital.

En contraste, los subsidios destinados a la energía mostraron una dinámica opuesta.

Según el documento, “el mayor incremento real se dio en subsidios económicos (+29,6%), impulsado exclusivamente por los energéticos (+73,7%)”.

En cambio, el sector transporte registró un recorte del 24% en el semestre, afectado por la baja en transferencias al Operador Ferroviario y al fondo de infraestructura del transporte.

El gasto en seguridad social tuvo variaciones mínimas durante la primera mitad del año. Las jubilaciones y pensiones mostraron una suba real del 1,3%.

Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina.

Por otro lado, las partidas para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares se mantuvieron en niveles similares al año anterior, con un incremento de apenas el 0,3%.

Finalmente, el reporte detalla el estado de la deuda flotante, que se refiere a los pagos pendientes del Estado.

“En el primer semestre del año, la deuda flotante acumulada es de $3,9 billones, equivalente al 0,3% del PIB”.

Este nivel es similar al registrado en junio de 2025 y responde en parte al pago estacional de aguinaldos.

El gobernador Maximiliano Pullaro definió como "muy buena" la relación que mantiene con el gobierno nacional y con el presidente Javier Milei. A 24 horas de reunirse con el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, y consultado por la prensa después de los actos por la Independencia en la ciudad de Rafaela, el mandatario santafesino admitió que hubo temas que lo "han diferenciado del gobierno central en algunos momentos", pero insistió en calificar como "bueno y correcto" su vínculo con el Jefe de Estado.

"Me he diferenciado en algunos momentos por defender a la provincia de Santa Fe – dijo Pullaro-. Tal vez cuando se quisieron aumentar las retenciones nos tuvieron a nosotros parados (enfrente) defendiendo al campo. Lo mismo – recordó-, cuando quisieron golpear a la industria. Pero después, coincidimos en muchas cosas".

En el plano de las "coincidencias", Pullaro mencionó "el equilibrio fiscal y la baja de la inflación". Y bregó porque "el esfuerzo que se hace para acomodar la macroeconomía también pueda empezar a llegar a la gente y que podamos tener un modelo mucho más productivo que financiero". "Si tuviéramos un modelo que apueste fundamentalmente a la producción y a la generación de empleo y trabajo; si fundamentalmente se reinvirtieran los recursos que salen de este interior productivo para que no queden sólo en el conurbano, podríamos mostrar que somos un país mucho más federal", planteó Pullaro. Y enfatizó que "el diálogo con el gobierno central pasa por defender a Santa Fe pero desde el acompañamiento, porque queremos que Argentina se ponga de pie".

En términos generales, opinó que "tanto la política nacional como provincial y en cada una de las localidades tenemos mucho que mejorar y corregir".

El gobernador también fue consultado sobre la reforma electoral que se plantea en la provincia. Como se sabe, el oficialismo ingresó la semana pasada dos proyectos a la Legislatura: uno es promovido por el radicalismo y el otro, por los diputados socialistas. Además, ya tienen estado parlamentario otras dos iniciativas sobre la materia que impulsan distintos sectores del Justicialismo, y uno presentado por el Frente Amplio por la Soberanía.

Indagado sobre el particular y sobre la eliminación de las elecciones primarias que se propone a nivel nacional, Pullaro separó los escenarios. Recordó que en la provincia, "hay cinco proyectos (de reforma electoral) que se están evaluando y ninguno – aclaró- plantea la derogación de las PASO".

Sobre la reforma electoral provincial, dejó en claro que el tema será resuelto "por la Legislatura", y adelantó que promulgará la versión de ley que se termine sancionando.

"Voy a promulgar la ley que salga de la Legislatura santafesina, como lo he hecho con todas las leyes. Con algunas estaba 100% de acuerdo, con algunas menos de acuerdo, pero siempre respeté la división de poderes que hay en la provincia de Santa Fe. No veté ninguna ley – se jactó- y no veté ninguna parte de ninguna ley; ningún artículo".

En particular sobre la propuesta de derogación de las Paso a nivel nacional, Pullaro dijo que ése "es un debate que tienen que dar los partidos políticos del orden nacional. A veces – apuntó-, las PASO son costosas y en el orden nacional, no se han utilizado porque en reiteradas oportunidades hubo fuerzas que no compitieron contra nadie. Pero ése es un debate que lo tienen que dar los legisladores nacionales - insistió- y los partidos políticos de ese orden".

El sistema de los Registros del Automotor comenzó una nueva etapa de transformación en Argentina. A través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ministerio de Justicia puso en marcha un plan de reforma que apunta a digitalizar los trámites, reorganizar el funcionamiento de los registros y modificar la forma en que se calculan los aranceles.

El objetivo, según el Gobierno nacional, es avanzar hacia un modelo más simple, moderno y accesible para los ciudadanos.

La principal medida quedó plasmada en la Resolución 306/2026 del Ministerio de Justicia, mediante la cual se creó el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor. La iniciativa busca profundizar el proceso de modernización que comenzó en 2024 y que tiene como eje la digitalización de los trámites vinculados a los vehículos.

Desde la cartera de Justicia sostienen que durante décadas el sistema registral fue acumulando una gran cantidad de trámites, formularios, procedimientos y requisitos que terminaron convirtiéndose en un esquema complejo tanto para los usuarios como para la propia administración. Esa situación, explican, incrementó los tiempos de gestión y los costos administrativos.

Según los fundamentos de la resolución, el nuevo plan pretende simplificar esos procesos mediante el uso de herramientas digitales, eliminando trámites innecesarios y favoreciendo una atención más ágil.

La reforma se apoya en distintas medidas adoptadas durante los últimos dos años. Entre ellas aparecen la creación del Legajo Digital Único (LDU) y del Certificado Digital Automotor (CDA), la eliminación de los límites territoriales que obligaban a realizar los trámites en un registro determinado y la puesta en funcionamiento del Registro Único Nacional del Automotor (RUNA) y del Registro Único Virtual (RUV), que permiten avanzar hacia una gestión remota de diversos procedimientos.

El Gobierno considera que esas herramientas tecnológicas ya ofrecen condiciones suficientes de seguridad para continuar con la digitalización del sistema y, por ese motivo, entiende que también es necesario reorganizar la estructura física de los Registros Seccionales.

La resolución señala que el nuevo plan se desarrollará sobre tres ejes principales: la transformación digital del sistema registral, la evolución institucional de la Dirección Nacional y de los Registros Seccionales y la adecuación normativa necesaria para consolidar el nuevo modelo de funcionamiento.

Además, se aclara que estas etapas no necesariamente deberán implementarse una después de la otra, sino que podrán avanzar de manera simultánea según las necesidades técnicas y operativas de cada momento.

Otro de los objetivos planteados consiste en reducir progresivamente la dependencia del papel. Para ello, el Ministerio propone digitalizar el archivo documental existente para que los antecedentes registrales puedan consultarse de manera remota y formar parte de un sistema completamente digital.

Como parte de la implementación del plan, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor deberá presentar en un plazo de 30 días un cronograma con las distintas etapas de ejecución, mientras que la Secretaría de Políticas de Vinculación Ciudadana será la autoridad encargada de supervisar el proceso.

Junto con la reorganización del sistema, el Ministerio de Justicia también aprobó un nuevo mecanismo para calcular los aranceles de los trámites registrales mediante la Resolución 308/2026.

La principal novedad es la creación del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), una nueva unidad que servirá como referencia para determinar el valor de los distintos trámites que se realizan en los registros automotores.

Hasta ahora, el régimen contemplaba más de cien trámites con valores diferentes y mecanismos de cálculo particulares, lo que, según el Ministerio, dificultaba la administración del sistema. Con el nuevo esquema se busca unificar esos criterios y simplificar la determinación de los costos.

La resolución establece que el MRPA tendrá un valor equivalente al 50% de una Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), índice que publica el Banco Central. Ese valor se actualizará automáticamente cada cuatro meses siguiendo la evolución de la UVA, con un sistema de redondeo para facilitar su aplicación.

Además, la Dirección Nacional contará con un plazo de veinte días para definir cómo se asignarán estos módulos a cada uno de los trámites registrales. Recién entonces se conocerá cuántos MRPA corresponderán a cada gestión específica.

La resolución también modifica el mecanismo mediante el cual se calculan las remuneraciones de los encargados de los Registros Seccionales, incorporando el nuevo módulo como referencia para determinar distintos conceptos económicos vinculados con la prestación del servicio.

Desde el Ministerio de Justicia aclararon que la implementación del nuevo sistema no implica un costo adicional para los usuarios, ya que el objetivo es ordenar y simplificar la estructura arancelaria vigente, sin generar una carga económica extra para quienes realizan trámites registrales.

La resolución dispone que la creación del MRPA y la elaboración del nuevo sistema de módulos entraron en vigencia al día siguiente de su dictado, mientras que el resto de las modificaciones comenzarán a regir desde el primer día hábil del mes siguiente a la publicación en el Boletín Oficial.

Con estas dos medidas, el Gobierno busca avanzar hacia un sistema registral con mayor protagonismo de las herramientas digitales, menos trámites presenciales y una estructura administrativa más simple.

La implementación será gradual y requerirá nuevas reglamentaciones para definir cómo funcionarán en la práctica tanto la reorganización de los registros como el nuevo esquema de aranceles. Mientras tanto, quienes deban realizar trámites en el Registro Automotor continuarán utilizando el sistema vigente hasta que cada una de las etapas del plan entre formalmente en funcionamiento.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , convocó a una reunión de la mesa política oficialista para el próximo martes, en el primer encuentro del órgano tras la renuncia de Manuel Adorni

y que marcará el debut de Diego Santilli en su nuevo rol como jefe de Gabinete.

Fuentes oficiales no precisaron el horario porque en esa jornada podría jugar la Selección Argentina. Pero confirmaron que el cónclave se desarrollará con el objetivo de comenzar a delinear la agenda legislativa que Javier Milei pretende desarrollar en la última parte del año.

Esta clase de encuentros con los principales referentes de La Libertad Avanza permanecían suspendidos desde hace tres semanas en medio del desgaste y posterior salida del ex jefe de Gabinete Adorni, cercado por denuncias sobre el incremento de su patrimonio y en un estado anímico maltrecho, sin línea defensiva.

Mientras que Santilli, quien ya participaba de estos cónclaves en su anterior cargo como ministro del Interior, asistirá bajo la conducción del equipo de ministros y funcionarios en carácter de ministro coordinador.

Un dato no menor: los encuentros del comando político se habían interrumpido tras la cita del pasado 11 de junio. Fue justo en la semana en la que Adorni reconoció públicamente haber ahorrado 500.000 dólares "en negro" para justificar la adquisición de inmuebles y viajes gracias a una inversión en bitcoins.

La versión no colmó las expectativas de Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario, quien le objetó a Adorni su “débil” explicación para incrementar su patrimonio en muy poco tiempo. Existió tensión pese a que el oficialismo se ocupó de dar a conocer una foto con una torta de cumpleaños, con motivo del aniversario de la ex ministra de Seguridad.

El Gobierno oficializó este viernes la eliminación del Ministerio del Interior y el traslado de sus funciones a la Jefatura de Gabinete a cargo de Diego Santilli, quien coordinará la gestión diaria del Ejecutivo y conservará la relación política con los gobernadores.

Así se indicó en el Decreto 571/2026, publicado en el Boletín Oficial, en el cual se detalló que “por razones de gestión resulta necesario suprimir el Ministerio del Interior reasignando sus competencias al Jefe de Gabinete de Ministros”.

“Para una mejor gestión resulta conveniente que el Jefe de Gabinete de Ministros sea asistido por un Vicejefe de Gabinete y un Vicejefe de Gabinete del Interior”, señaló el escrito en el cual se añadió: “Por otra parte, procede crear la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios, ambas dependientes de la Presidencia de la Nación”.

En tanto, indicó: “El jefe de Gabinete de Ministros y ocho ministros tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación. Los Ministerios serán los siguientes: Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano y Desregulación y Transformación del Estado”.

“Las tareas necesarias para posibilitar la actividad del Presidente de la Nación serán atendidas por las siguientes Secretarías Presidenciales: General; Legal y Técnica; Inteligencia de Estado; Vocería Presidencial; Comunicación y Medios y Cultura”, añadió el documento.

El presidente Javier Milei suspendió el viaje que tenía previsto realizar a Estados Unidos y volvió a modificar su agenda internacional. La visita a Nueva York estaba programada para esta semana, pero finalmente fue cancelada debido a cambios organizativos y a la reprogramación de actividades que formaban parte de su itinerario.

Por el momento, el único compromiso confirmado del mandatario fuera de Buenos Aires es su participación en los actos por el Día de la Independencia, que se desarrollarán en Tucumán.

El viaje contemplaba una estadía en Nueva York hasta el 7 de julio. Allí, Milei tenía previsto participar en las celebraciones por el Día de la Independencia de Estados Unidos y mantener reuniones con empresarios e inversores.

La falta de una reunión con Donald Trump influyó en la cancelación de la visita oficial. Foto: Reuters

Sin embargo, la agenda sufrió modificaciones luego de que cambiara la fecha del tradicional encuentro de Sun Valley Camp, un exclusivo foro que reúne a referentes del mundo tecnológico, financiero y empresarial y donde el Presidente buscaba fortalecer vínculos para promover inversiones.

A la reprogramación del evento se sumó otro factor determinante: no se confirmó una reunión bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump, considerada uno de los principales objetivos políticos del viaje.

Sin ese encuentro y sin la ronda de negocios prevista inicialmente, la presencia de Milei en Estados Unidos quedaba reducida a actividades protocolares, por lo que la Casa Rosada decidió suspender la visita.

El presidente mantendrá, por ahora, su participación en los actos por el 9 de Julio en Tucumán.

Tras la cancelación, el mandatario concentrará su actividad en la organización de los actos por el 9 de Julio en Tucumán. Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires para participar del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana.

Además, según trascendió, Milei mantiene la intención de asistir a la asunción de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, el 28 de julio, y a la ceremonia de toma de posesión del mandatario colombiano Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto.

La diputada nacional Gisela Scaglia celebró la renuncia presentada por Manuel Adorni como Jefe de Gabinete, y valoró la designación de Diego Santilli. "Me parece que es una vuelta de página importante para el gobierno. Es salirse de un Jefe de Gabinete que pensaba que la política era de privilegios y casta, y que la vivía así", planteó. La ex vicegobernadora siguió cuestionando la figura de Adorni al sostener que "señalaba con el dedo y acusaba a todo el mundo de un montón de cosas, y creía que tenía poder absoluto". "Era un Jefe de Gabinete que no dialogaba con nadie - disparó-, siendo que desde ese lugar se deben generar puentes".

Sobre la figura de Santilli, rescató que "tiene trayectoria y un recorrido en la política; conoce a los actores del Congreso, a los gobernadores, a los funcionarios... Tiene una experiencia importante en la cosa pública. Eso me parece que es lo más importante para este momento", opinó.

- ¿Coincide con quienes sostienen que con Santilli 'vuelve la política'?

- Sí, obvio. Es un muy buen mensaje de que la política necesita de experiencia. Fue un error muy grande entender que la política es solo transitoria para un momento y después, a otra cosa. Quienes estamos en esto y llevamos un recorrido, primero lo hacemos con mucha responsabilidad, con vocación, pero también aprendiendo. Siempre hay un recorrido y un aprendizaje que te hace tener más experiencia. Por eso me parece que denostar no era lo correcto; lo correcto es volver a algo que este gobierno pretendía que era escuchar y reunirse con los demás, aun cuando se piense diferente…Invitar a la misma mesa, tender puentes, aprender a gestionar. A este gobierno le falta mucho en eso de 'saber gestionar'; de entender que no se trata de favores, sino de resolver los problemas. Me parece que Santilli condensa eso muy bien.

- ¿Dilató demasiado el presidente la salida de Adorni?

- Sí, y generó un perjuicio para la Argentina. Porque una persona que quiere invertir en nuestro país mira el contexto y si su economía es confiable. Y aquí se perdió confianza. La Libertad Avanza había venido con el discurso de terminar con los privilegios y, sin embargo, se apropiaron de todos los privilegios. La persona que más predicaba miremos ahora cómo termina. Adorni tiene que dar explicaciones a la justicia por audios que no puede justificar, que son tremendos.

- ¿Es beneficiosa esta designación, en particular para Santa Fe?

- Yo creo que es muy bueno esto para Santa Fe, y para todas las provincias. Pero nosotros particularmente tenemos muy buen diálogo con Santilli. En lo personal, hablo con él todas las semanas por temas del Congreso o de gestión. Eso me parece muy positivo. Y tener una persona que va a seguir ocupando el cargo de ministro de Interior, pero a su vez va a tener el tablero de control de la gestión, probablemente pueda ayudar mucho para resolver cosas que la provincia está encaminada en poder hacer.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, delegó en el ministro de Economía, Pablo Olivares, todas las gestiones ante el gobierno nacional para obtener los anticipos financieros por hasta $400.000.000.000 ya autorizados por la administración nacional.

El decreto N° 1284, firmado este lunes, habilita al titular de Economía "a realizar todas las acciones y/o a dictar todos los actos que aprueben las medidas que resulten necesarias y pertinentes para garantizar la ejecución, cumplimiento y seguimiento de los convenios celebrados por el Poder Ejecutivo en el marco del Artículo 124 de la Ley Nacional N° 11672 o de la normativa que en el futuro la reemplace".

La norma nacional invocada es la conocida como Ley Complementaria Permanente del Presupuesto y el artículo 124 dispone que "con el objeto de subsanar deficiencias transitorias de caja o cuando razones de urgencia así lo aconsejen, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a acordar a las provincias y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anticipos a cuenta de las respectivas participaciones en el producido de los impuestos nacionales sujetos a distribución o de los montos previstos en el Compromiso Federal, que deberán ser reintegrados dentro del mes de su otorgamiento, mediante retenciones sobre el producido de los mismos impuestos coparticipados".

Más adelante dispone que "cuando razones fundadas aconsejen extender dicho plazo, el Poder Ejecutivo Nacional, con opinión favorable del Ministerio de Economía, podrá ampliarlo sin exceder el ejercicio fiscal en que se otorgue, los que devengarán intereses sobre saldos, desde la fecha de su desembolso hasta la de su efectiva devolución, de acuerdo con la tasa que fije el Ministerio en cada oportunidad". Aclara que esa tasa de interés no podrá exceder la que abone el Tesoro Nacional por el acceso a los mercados de crédito.

El gobernador y el ministro de Economía a quien le confiaron la gestión ante Nación del anticipo financiero para el presente ejercicio fiscal. Crédito: Guillermo Di Salvatore

El decreto firmado por Pullaro es refrendado además por Olivares y por el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia. El instrumento fue rubricado a las pocas horas de conocerse la decisión de Santa Fe de sumarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) prácticamente al vencimiento del plazo otorgado por Nación.

El decreto provincial encomienda y delega en el Ministro de Economía la facultad de realizar las gestiones, dictar los actos administrativos y hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para ejecutar y dar seguimiento a los convenios de anticipos financieros.

Dispone que cualquier acto o resolución que dicte el Ministerio de Economía usando esta facultad delegada debe ser comunicado formalmente al Poder Ejecutivo dentro de los 10 días hábiles de su emisión.

En los considerandos, el decreto provincial parte de los alcances de Ley Complementaria del Presupuesto que disponen que anticipos se reintegran mediante la retención del producido de los impuestos coparticipados provenientes del Régimen de Coparticipación Federal; que un convenio entre las partes se establecen las condiciones financieras de tales anticipos y se estipula la registración y el envío al Ministerio de Economía de la Nación de información fehaciente, suficiente y oportuna que permita el seguimiento de la evolución de las finanzas públicas.

Imagen ilustrativa. Casa de Gobierno. Foto: Fernando Nicola

También se destaca que en la Ley provincial de Ministerios corresponde a Economía "atender las relaciones con los Ministerios o Secretaría de la Nación, correspondiéndole en particular al Ministerio de Economía asistir al Poder Ejecutivo de la Provincia en las políticas referidas a la percepción, administración, inversión y fiscalización de los medios económicos y financieros de la Administración Provincial".

Al ministro de Economía -dice la ley- le corresponde entender en la coordinación de las acciones económico-financieras con la Nación y en lo atinente al Régimen de Coparticipación.

El 17 de junio de este año, mediante el decreto N° 474, el Ministerio de Economía de la Nación dispuso otorgar, en el ejercicio fiscal 2026 y a través de la Secretaría de Hacienda, un anticipo financiero a las provincias de Jujuy y Santa Fe por hasta la suma máxima de $400.000.000.000 para cada una de ellas, a ser reintegrado dentro del ejercicio fiscal en curso.

En el decreto se determina el anticipo con una Tasa Fija Nominal Anual del 15 %, mediante la afectación de la respectiva participación en el régimen de la Ley N° 23.548. También faculta a la Secretaría de Hacienda "a disponer las condiciones de desembolso a las provincias, formas de cancelación y demás condiciones aplicables, pudiendo suscribir acuerdos con cada una de las jurisdicciones alcanzadas por este decreto para determinarlos".

En los considerandos del decreto se señala que "los gobiernos de las provincias de Jujuy y Santa Fe se ven impedidos, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de sus respectivos presupuestos de gastos y amortización de deudas. Que, en función de ello, resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesan las citadas provincias".

En el Ministerio de Economía analizan solicitar, en una primera etapa, un anticipo de financiero de $250.000.000.000 y en el último trimestre del año requerir los restantes $150.000.000.000, según pudo saber El Litoral.

No obstante, en las próximas horas se definirá la cifra a solicitar cuando Olivares firme el pedido de dinero correspondiente ante la cartera que conduce Luis Caputo.

El Ipec difundió el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) de la provincia correspondiente al mes de abril que dio una caída interanual del 3,6% mientras que en los próximos cuatro meses del año, hay una pequeña suba del 0,7%.

El IMAE permite estimar anticipadamente el producto bruto geográfico, posibilitando la construcción de índices para la estimación de cada una de las 16 actividades económicas que conforman el PBG constante.

Intermediación Financiera (6,7%), Construcción (6,1%), Industria Manufacturera (1,8%) y Administración Pública (1,7%) fueron los único sectores positivos en abril. La mayor caída se dio en Pesca (93,3%) y en Minas y Canteras (12,8%).

El Gobierno nacional oficializó este jueves el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que será abonado durante julio de 2026 a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La medida fue establecida mediante el Decreto 532/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a millones de beneficiarios en todo el país.

Según argumentó el Poder Ejecutivo, el objetivo es reforzar los ingresos de los adultos mayores de menores recursos y compensar el impacto que tuvieron las modificaciones previas en la fórmula de movilidad jubilatoria. El bono se suma a los haberes mensuales y tendrá carácter extraordinario.

La normativa establece que el beneficio alcanzará a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras prestaciones asistenciales abonadas por Anses.

El decreto dispone que quienes perciban ingresos equivalentes o inferiores a una jubilación mínima recibirán el monto completo de $70.000. En tanto, aquellos beneficiarios cuyos haberes superen el mínimo previsional accederán a un bono proporcional, cuyo valor será el necesario para completar el equivalente a una jubilación mínima más el refuerzo extraordinario.

Desde el Gobierno explicaron que la medida busca focalizar la ayuda en quienes tienen menores ingresos dentro del sistema previsional. Además, se aclaró que el beneficio será liquidado por titular y que, en el caso de las pensiones compartidas, se considerará a todos los copartícipes como un único beneficiario a los efectos del cobro del bono.

Para acceder al refuerzo, los beneficios deberán encontrarse vigentes al momento de la liquidación correspondiente al mes de julio. El bono no requerirá ningún trámite adicional por parte de los beneficiarios y será depositado junto con los haberes habituales.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo recordó que desde julio de 2024 los haberes previsionales se actualizan mensualmente según la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec.

Según el texto oficial, esa modificación buscó evitar el deterioro del poder adquisitivo de jubilados y pensionados frente al aumento sostenido de los precios.

El Gobierno sostuvo además que la fórmula de movilidad establecida por la Ley 27.609 generó un desfase entre la evolución de los haberes y la inflación, situación que, según la argumentación oficial, afectó especialmente a los jubilados de menores ingresos.

Por ese motivo, indicó que desde comienzos de 2024 se implementaron distintos bonos y ayudas extraordinarias para complementar los ingresos previsionales.

En ese marco, el decreto señala que el bono de julio de 2026 constituye una compensación destinada a sostener el poder de compra de las prestaciones más bajas del sistema. La medida se financiará mediante adecuaciones presupuestarias que serán realizadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Otro aspecto destacado es que el refuerzo tendrá carácter no remunerativo. Esto significa que no estará sujeto a descuentos ni será computado para el cálculo de otros conceptos previsionales o asistenciales. Asimismo, Anses quedó facultada para dictar las normas complementarias necesarias para la implementación, control y pago del beneficio.

El presidente de la Nación, Javier Milei, presentará formalmente en sociedad a su flamante vocero Adrián Ravier, con dos eventos de importancia esta semana.

Se espera que este lunes el mandatario nacional haga oficial el nombramiento con la toma de juramento de Ravier en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Un día después, Milei encabezará un acto de la Fundación Faro, el "think tank" que lidera el asesor Santiago Caputo. El evento, que contará con la militancia libertaria, servirá como marco para el lanzamiento político del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier.

Las dos presentaciones también servirán para que Milei haga equilibrio entre las dos grandes vertientes de su entorno: en Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y en la Fundación Faro con Caputo.

El gesto de Milei hacia la fundación que conduce Agustín Laje se produce apenas días después de que la Inspección General de Justicia (IGJ), a cargo de Alejandro Ramírez —un funcionario alineado con Karina Milei—, iniciara una investigación sobre el financiamiento de la entidad. Esta decisión política impactó de lleno en la tropa del asesor presidencial, conocida como "Las Fuerzas del Cielo".

El apuro de la Casa Rosada por formalizar la asunción de Ravier responde también a la necesidad de reordenar la comunicación oficial tras la salida de Manuel Adorni, que mantiene su cargo como jefe de Gabinete, pese a las críticas externas e internas.

Además, Milei quiere dejar ordenado el tema antes de emprender una nueva agenda internacional.

El próximo miércoles, Milei partirá rumbo a Madrid para asistir a eventos empresariales y académicos, y posteriormente viajará a Estados Unidos para participar en Nueva York de las celebraciones por el Día de la Independencia junto a Donald Trump.

Según señalaron fuentes oficiales, se espera que este lunes comience un breve período de transición entre el equipo de Manuel Adorni y el de Ravier en la vocería.

Se espera que la primera conferencia de prensa del pampeano se lleve a cabo la próxima semana en Casa Rosada.

El economista Adrián Ravier fue confirmado este viernes como nuevo Vocero Presidencial del Gobierno nacional. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales luego de una reunión con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

"Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente", expresó Adorni al comunicar la designación del dirigente libertario.

Ravier tiene 48 años, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una extensa trayectoria académica. Dictó clases en distintas universidades del país, entre ellas la UBA, ESEADE, UCES, la Universidad del Salvador y la Universidad Católica Argentina.

Actualmente se desempeña como profesor de Macroeconomía en la Universidad del CEMA y de Fundamentos de Economía en la Universidad Nacional de La Pampa. Además, es autor de publicaciones vinculadas a la teoría económica y al análisis macroeconómico.

En 2025 fue electo diputado nacional tras encabezar una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en La Pampa. También ocupa la presidencia del partido oficialista en esa provincia.

Su relación con Javier Milei se remonta a años de participación conjunta en ámbitos académicos y debates económicos. Ambos compartieron actividades vinculadas a la divulgación de ideas liberales y presentaciones editoriales sobre política económica.

La designación fue celebrada por dirigentes cercanos al Presidente. Uno de los primeros en pronunciarse fue el asesor presidencial Santiago Caputo, quien escribió en redes sociales: "Felicitaciones Adrián Ravier. Que las fuerzas del cielo te acompañen".

La llegada de Ravier implica una renovación en el área de comunicación gubernamental y lo ubica en uno de los cargos con mayor exposición pública dentro de la administración nacional.

Como vocero presidencial, tendrá la responsabilidad de comunicar las decisiones del Ejecutivo, brindar conferencias de prensa y actuar como nexo entre la Casa Rosada y los medios de comunicación.

Mauro L. Muñoz

El oficialismo intentará esta semana sostener el pulso legislativo en el Congreso con proyectos que considera prioritarios. Pero el avance de esa agenda está atravesada por las maniobras políticas de los espacios opositores contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debido a las inconsistencias en su declaración jurada.

En Diputados, el bloque de La Libertad Avanza apunta al miércoles 24 como fecha para sesionar sobre dos proyectos clave: el Súper RIGI para grandes inversiones en nuevas industrias y el acuerdo con bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda.

Para eso antes tiene que conseguir dictamen. Este miércoles 17 desde las 12, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia tratarán el expediente de renegociación con Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund. Antes del pase a la firma, expondrán Sebastián Amerio, procurador del Tesoro de la Nación, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. El proyecto ya tiene media sanción del Senado y autoriza el pago de 171 millones de dólares a tenedores de títulos públicos que iniciaron demandas tras el default de 2001, pero que no ingresaron al acuerdo cerrado en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.

Este mismo miércoles, desde las 15, las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva buscarán dejar listo el dictamen del Súper RIGI. La iniciativa ya atravesó dos jornadas informativas: una con funcionarios y otra con representantes del sector empresarial. El proyecto apunta a captar inversiones de gran escala en actividades que el Gobierno define como nuevas para la estructura productiva nacional. A diferencia de otros temas más conflictivos, el texto llegó al Congreso con aval inicial de aliados y sectores de la oposición dialoguista. De todos modos, algunos representantes provinciales pidieron ajustes en la redacción de artículos puntuales.

La Casa Rosada quiere llevar ambos proyectos al recinto el miércoles 24 de junio. Ese sería, por ahora, el temario central para una sesión con miras a dar señales de estabilidad ante los mercados, pero que antes tiene que gestionar las tensiones políticas que atraviesa el gobierno de Javier Milei.

El problema para el oficialismo es la situación de Adorni. La oposición más dura busca abrir el recinto de Diputados el martes 23 de junio para impulsar una ofensiva contra el jefe de Gabinete. La iniciativa lleva la firma de Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, y fue acompañada por legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y monobloques opositores.

El objetivo es reunir 129 diputados para iniciar la sesión. Pero todavía no tienen asegurado el número. Según los cálculos preliminares, podrían reunir alrededor de 115 bancas con asistencia perfecta. Les faltarían unos 14 diputados. Ahí aparecen el PRO y la UCR. Ambos espacios emitieron críticas duras contra Adorni, pero no está claro que estén dispuestos a acompañar una sesión para avanzar contra el ministro coordinador. En el PRO llegaron a reclamarle al Presidente que defienda “el cambio y no a Adorni”. Pero una cosa es exigir explicaciones y otra es habilitar una ofensiva parlamentaria que pueda terminar en moción de censura.

El temario opositor incluye pedidos para que Adorni brinde informes verbales ante el Congreso, requerimientos escritos al Poder Ejecutivo y proyectos de interpelación orientados a iniciar una moción de censura. Según el artículo 101 de la Constitución, el jefe de Gabinete puede ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara. Pero, al no tener dictamen, la oposición necesitaría dos tercios de los presentes para tratar esos proyectos sobre tablas. Ese número aparece prácticamente fuera de alcance.

Por eso, la jugada más probable, si logran abrir el recinto, sería emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que fijen fecha de debate. Ambas están presididas por legisladores libertarios: Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo.

La presión sobre Adorni también llegó al Senado. La vicepresidenta y titular de la Cámara, Victoria Villarruel, convocó para este miércoles 17 a una reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de bloque. El encuentro servirá para ordenar la sesión prevista para el jueves, pero también para discutir cuándo el Jefe de Gabinete deberá concurrir al recinto a presentar su Informe de Gestión.

Villarruel coincide con José Mayans, jefe del bloque Justicialista, en que la presentación debería concretarse este mismo mes argumentando la gravedad de los acontecimientos. Patricia Bullrich, titular del bloque libertario en el Senado, propone consensuar la primera semana de julio, con el jueves 2 como fecha posible.

Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti ya pidieron una moción de censura contra Adorni. Argumentan que existen “graves inconsistencias patrimoniales”, además de “ocultamientos, omisiones, contradicciones y rectificaciones” en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción y ARCA. También señalan un “impresionante e inexplicable incremento de su patrimonio personal desde que asumió en la función pública”.

El jueves, además, la Cámara alta tiene previsto tratar pliegos de jueces del fuero laboral que ya obtuvieron dictamen. La discusión aparece atravesada por la prórroga por cinco años del mandato del magistrado Víctor Pesino, cuestionado por el peronismo por un fallo que habilitó la implementación de la reforma laboral.

La Libertad Avanza también pretende incluir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, siempre que logre superar diferencias internas y con aliados sobre el capítulo de tierras fiscales, que elimina restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales en la Argentina.

En paralelo, la Casa Rosada sigue intentando consensuar una reforma electoral con eje en la eliminación de las PASO, el desfinanciamiento de partidos y campañas, y cambios en la ley de partidos políticos. Pero cualquier modificación electoral requiere mayoría absoluta: 129 diputados y 37 senadores. Los libertarios están lejos de esos números por cuenta propia.

La senadora nacional Patricia Bullrich (LLA) sigue anotando "desmarcaciones", por no decir diferencias, con la cúpula del gobierno nacional. Aunque no es la única y ya se verá por qué.

El año pasado fue por el caso del ex diputado José Luis Espert a quien, luego del respaldo obtenido por parte del presidente Javier Milei, le pidió explicaciones tras quedar expuesto por sus vínculos por Fred Machado, investigado en EE.UU por lavado de dinero y fraude.

Después fue el tema Adorni: Bullrich adelantó la presentación de su declaración jurada aún antes del plazo de vencimiento y reclamó la misma actitud al Jefe de Gabinete, a quien se investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

En las últimas horas, la ex presidenta del PRO le presentó su renuncia como jefa de la bancada libertaria en la Cámara alta al propio Milei quien, según afirman medios nacionales, no se la aceptó.

¿Las razones? Su disconformidad con la decisión de retirar el pliego, ya evaluado y aprobado por la Comisión de Acuerdos junto con otras 70 postulaciones, de María Verónica Michelli para jueza de la ciudad de La Plata.

Michelli transitó sin sobresaltos la audiencia pública en la que se postuló para el cargo pero el proceso para su designación, que tiene que completar el Senado, quedó en suspenso, según coinciden todas las versiones, por ser pariente política de Hugo Alconada Mon, reconocido periodista que investigó, entre otros temas, el caso $Libra.

Un dato: este martes Michelli fue recibida por la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado Victoria Villarruel, distanciada desde hace largo tiempo de los hermanos Javier y Karina Milei.

Así las cosas, este miércoles antes del mediodía la ex ministra de Seguridad del gobierno libertario arribó al Senado para participar de la reunión de labor parlamentaria en la que se definirá el temario para la sesión que, en principio, se concretará este jueves.

Antes de ingresar fue consultada por la decisión que adoptó en las últimas horas y si esa renuncia a la jefatura del bloque entrañaba una ruptura con el Ejecutivo. "De ninguna manera", afirmó para agregar que "las divergencias son parte de la vida política".

Bullrich se refirió de ese modo a su decisión de ejercer "la objeción de conciencia" para rechazar el pedido del Gobierno de retirar el pliego.

"De ninguna manera hay una fractura, el bloque está consolidado en sus ideas, tiene un trabajo de unidad muy claro y por eso hemos votado todos los proyectos que el Poder Ejecutivo ha enviado", manifestó Bullrich en diálogo con el periodismo, tal cual recoge la Agencia Noticias Argentinas.

Además, anticipó que "este jueves vamos a tener una sesión muy importante, porque no vamos a parar nuestra labor ni por el mundial, vamos a seguir trabajando", en alusión a la compulsa mayor del fútbol que arranca el 11 de junio.

Para la sesión a la que alude está previsto incorporar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y el Acuerdo de Conciliación con los holdouts, además de los cargos judiciales ya convalidados, menos el pliego de Michelli que quedará en suspenso para la próxima semana.

En su voluntad de mostrar apoyo a presidente Milei, a quien se sumó en 2023 para confrontar a la oposición en el ballotage, aseguró que "este es el primer Gobierno que toma la decisión de no dejar a la Justicia como está ahora, con subrogantes, con problemas, con jueces que tienen que viajar 1.000 kilómetros de un lugar a otro".

Explicó que debido a la gran cantidad de pliegos enviados al Congreso "en la masividad puede haber habido algún problema", pero aclaro: "Yo lo dije con claridad y punto, el Presidente lo sabe".

Precisamente, este miércoles el PEN envió otros 32 pliegos.

Bullrich no es la única legisladora dispuesta a contradecir el retiro del pliego en cuestión, ni siquiera dentro de su partido.

El formoseño Francisco Paoltroni también manifestó su decisión de no acompañar la medida presidencial. "Yo tengo una línea en la que, cuando no estoy de acuerdo con algo, planteo mi disidencia. Ya lo hice con (Ariel) Lijo y con (Manuel) Adorni, que no presentó su declaración jurada".

"Vengo acompañando todo, sobre todo con la decisión económica, pero hay algunas cosas de moral de política de Estado en donde doy mi opinión y no por eso soy opositor, ni enemigo y no quiero generar daño", aclaró.

Desde el radicalismo, la santafesina Carolina Losada anticipó que el bloque que integra tampoco va a apoyar el retiro del pliego. Y por el PRO se manifestó a primera hora el presidente del bloque, Enrique Goerling Lara.

Poco después se supo que la misma línea seguirá la senadora Flavia Royón, del monobloque Primero los Salteños.

Por ahora, oficialismo y oposición hacen cuentas. Para la sesión de este jueves y para 2027.

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las herramientas centrales derivadas de la ley de reforma laboral.

Mediante el Decreto 408, publicado este lunes en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei fijó las bases operativas, los mecanismos de financiamiento y el alcance técnico que regulará este nuevo sistema de coberturas para despidos.

La normativa establece que el esquema entrará en vigencia efectiva a partir del 1 de noviembre de este año, postergando la aplicación inicial prevista para este mes debido al impacto fiscal de la medida.

El sistema estará destinado con exclusividad a los empleadores del sector privado y se instrumentará a través de fideicomisos financieros o fondos comunes de inversión, bajo la supervisión directa de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Cada firma empleadora dispondrá de una cuenta individual donde acumulará las contribuciones mensuales. El incentivo principal para las empresas radica en una reducción de las contribuciones patronales ordinarias destinadas al sistema de seguridad social, la cual resultará equivalente a los recursos económicos volcados por la compañía dentro del FAL.

En el decreto se indicó que “resulta pertinente la instrumentación de los Fondos de Asistencia Laboral a través de vehículos de inversión colectiva autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Economía, tales como fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros, que permitan la segregación patrimonial, la afectación específica de los recursos y la adecuada supervisión del régimen”.

“Que, en ese marco, corresponde definir con precisión a los empleadores alcanzados, los vehículos de inversión colectiva autorizados y las entidades habilitadas para la administración de los citados fondos, las características de las cuentas individuales del empleador y los requisitos de registración de los trabajadores para acceder a la cobertura del respectivo Fondo de Asistencia Laboral (FAL)”, añadió.

Con relación a cómo se implementará, la disposición señaló que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de la recaudación y derivación de las contribuciones, integrándolas al sistema de la seguridad social, mientras que se establece que el empleador deberá informar un identificador del fondo, denominado "ID FAL", para permitir la correcta asignación de los aportes.

Además, el texto también regula el procedimiento para el pago de indemnizaciones e indica que, una vez presentada la declaración correspondiente, la entidad administradora deberá transferir los montos al trabajador "dentro del plazo máximo de cinco días hábiles", a la vez que dispone que las inversiones de estos fondos deberán realizarse exclusivamente en "instrumentos financieros emitidos y negociados en la República Argentina".

La reglamentación establece además que los recursos administrados por estos fondos solo podrán invertirse en instrumentos financieros emitidos y negociados en la República Argentina, con el objetivo de promover la inversión productiva local.

Entre otros aspectos, se fija que los trabajadores deberán encontrarse debidamente registrados y con una antigüedad mínima de doce meses en los registros laborales para acceder a la cobertura plena del sistema.

En el texto publicado en el Boletín Oficial se indicó que el régimen no comenzará a operar de manera inmediata, ya que el Poder Ejecutivo prorrogó su entrada en vigencia hasta el 1° de noviembre de 2026.

Hasta esa fecha, la Secretaría de Trabajo, la CNV, ARCA y la Secretaría de Finanzas deberán dictar las normas complementarias necesarias para la implementación operativa del nuevo esquema de financiamiento de indemnizaciones laborales.

El Gobierno nacional reglamentó cambios en los recibos de sueldo que prometen modificar la forma en que los trabajadores visualizan sus ingresos. A partir de la implementación de la reforma laboral, los comprobantes salariales incorporarán un esquema más detallado que permitirá conocer no solo cuánto cobra el empleado, sino también cuánto paga la empresa y qué organismos reciben los distintos aportes y contribuciones.

La medida fue presentada por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, quien aseguró que el objetivo es transparentar los costos laborales y exponer con claridad las retenciones que se aplican sobre los salarios. Según explicó, el nuevo diseño permitirá realizar una "lectura en cascada" para entender el recorrido completo del dinero desde que sale de la empresa hasta que llega al bolsillo del trabajador.

"Todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible", sostuvo el funcionario al anunciar la reglamentación.

El cambio forma parte del paquete de reformas laborales impulsadas por el Gobierno y busca que los trabajadores puedan identificar de manera sencilla qué parte de los recursos se destina a aportes previsionales, obras sociales, sindicatos y otros organismos vinculados al sistema laboral argentino.

El nuevo esquema estará dividido en tres grandes bloques claramente diferenciados.

En el primer cuerpo aparecerán todas las contribuciones realizadas por el empleador. Allí se detallarán los montos que la empresa destina a organismos de seguridad social, sindicatos, federaciones y otros entes vinculados al sistema laboral. Según Sturzenegger, esta sección representa un "sinceramiento total" de los costos laborales asociados a cada puesto de trabajo.

El segundo bloque conservará el formato tradicional que actualmente utilizan la mayoría de los recibos salariales. Allí figurará el salario bruto del trabajador y los descuentos legales correspondientes hasta llegar al monto final que percibe en su cuenta bancaria o en efectivo.

Por último, se incorporará un tercer apartado que mostrará de forma gráfica la denominada "cuña fiscal y sindical", es decir, todos los recursos que se recaudan por encima del salario neto y que son derivados a distintos organismos.

La intención es que el trabajador pueda visualizar de manera inmediata cuánto dinero genera su empleo y cómo se distribuye entre aportes, contribuciones y salario efectivo.

Desde el Gobierno sostienen que la medida busca fortalecer la transparencia y facilitar la comprensión del sistema de recaudación vinculado al trabajo formal.

De acuerdo con la explicación oficial, el nuevo recibo permitirá conocer con exactitud el destino de cada aporte y contribución, algo que actualmente suele aparecer de manera resumida o poco visible para la mayoría de los empleados.

El Ejecutivo considera que esta información ayudará a que cada trabajador pueda comprender mejor la estructura de costos asociada a su empleo y el funcionamiento de los mecanismos de financiamiento de la seguridad social.

Además, la reforma apunta a exponer con mayor claridad la diferencia entre el costo laboral total que afronta una empresa y el ingreso neto que finalmente recibe el trabajador, una discusión que forma parte del debate sobre la competitividad y la presión tributaria en el mercado laboral argentino.

La reglamentación no modifica los descuentos vigentes ni crea nuevos aportes, pero sí cambia la forma en que se presentan los datos, incorporando un nivel de detalle que hasta ahora no era obligatorio en los recibos de sueldo.