Con una caída del 5,2% en septiembre, la inversión en Argentina profundizó su retroceso y pone en duda la reactivación económica, en un contexto marcado por la escasez de crédito y la escasa monetización.

De esta forma, entre enero y septiembre acumuló una contracción de 7,6%, de acuerdo con el informe Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM-OJF), elaborado por el estudio de Orlando Ferreres.

En términos de dólares, la inversión alcanzó los US$ 8.540 millones, una cifra que dista ampliamente de los anuncios millonarios que el Gobierno nacional difunde a diario, principalmente en torno al RIGI.

Los proyectos presentados exponen montos globales de largo alcance, sin especificar la parte de la inversión que tendrá impacto inmediato.

Si bien hay una obligación de un aporte inicial, las diferentes etapas de los proyectos permiten escalonar esa inversión que, en definitiva, está teniendo más impacto en los anuncios que en los desembolsos efectivos.

Que la inversión aumente es decisivo para el plan económico, porque es una de las pocas vías que le quedan al Gobierno para incentivar la economía, dado que el crédito no se reactiva y el canal de la emisión está cerrado.

De acuerdo con el informe de OJF, la inversión registró durante el noveno mes del año una caída interanual de 12,3%; los equipos nacionales mostraron una contracción de 3,8%, mientras que los bienes importados cayeron 17,2%. El acumulado de los primeros nueve meses refleja una baja de 11,5%.

En tanto, la construcción mostró un avance de 4,5% en la comparación interanual y volvió a mostrar una cifra positiva después de cinco meses negativos. El sector acumula una baja de 2,6% en los nueve meses transcurridos.

“La inversión continúa débil. Si bien los datos del sector de la construcción mejoraron, los registros de importaciones de bienes de capital para el noveno mes mostraron una fuerte caída, dejando un saldo negativo para el agregado”, indicó el trabajo.

OJF dijo que “mirando hacia adelante, en el corto plazo no hay indicios que permitan esperar una reacción de la inversión en los últimos meses del año”.

“En una mirada de más largo plazo, la mejora de las condiciones macro, una eventual mejora de la actividad y el desarrollo de la minería y el sector energético deberían contribuir a una recuperación de los niveles de inversión”, concluyó.

La extensa sesión que la Cámara de Diputados de la Nación inició este miércoles minutos antes de las 12.30 del mediodía, terminó de madrugada con un interrogante: ¿qué pasará con el proyecto de ley que procura aliviar la situación de los deudores en la Argentina?

Antes de esa indefinición, que llegó de madrugada, pasaron horas de debate y varias iniciativas lograron ser aprobadas. Entre ellas, una ley de Discapacidad que ahora deberá ser considerada en el Senado pero que arranca con un punto a favor: se dejaron de lado, en principio, los recortes que el gobierno había incluido en el proyecto de Presupuesto 2027 y que hasta los propios, como la senadora Patricia Bullrich, desconocían.

El tema discapacidad pasó ahora a la Cámara alta, donde el Foro Permanente pidió tratamiento y apoyo.

No fue la misma suerte la que tuvo el proyecto de ley para aliviar la situación de familias endeudadas, que viene siendo impulsado por la oposición (la dura y la moderada) y debatido en comisiones desde hace varias semanas.

De hecho, el tema estaba en la agenda de la reunión convocada para el 15 de octubre, junto con la derogación del mega Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. Sin el cuórum necesario, aquella sesión no se concretó, pero la cuestión morosidad fue incluida en el temario propuesto para este miércoles a instancias del oficialismo.

Sin embargo, pasadas las 3 de la mañana del jueves y después de más de una hora de exposiciones, fue Silvana Giúdici (LLA) quien pidió que el tema, que llegaba con varios dictámenes, vuelva a comisiones. Fue cuando el oficialismo advirtió que no tendría apoyo suficiente para su propuesta que difiere en varios puntos de la que impulsa una variada composición opositora.

La cuestión que devela a millones de argentinos fue debatida en las comisiones de Finanzas y en la de Defensa del Consumidor y la Competencia. Alrededor de 50 proyectos se presentaron en esos ámbitos.

La exlegisladora del PRO y actual oficialista recordó que a las comisiones asistieron autoridades del Banco Central, Banco de la Nación, economistas, especialistas y organizaciones de defensa del consumidor que “plantearon distintas perspectivas de este problema que tuvo un crecimiento y un pico en enero y febrero, y se fue regularizando mientras se trataba en comisiones”.

Luego comparó la situación actual con la que caracterizaba la economía de 2023, cuando asumió este gobierno, y ubicó el problema en que “hay gente que necesita tomar deuda en tarjeta de crédito, pero también hubo 4 millones de personas que por primera vez accedieron a tomar un crédito en la Argentina”, 2 millones en plataformas y el resto en el sistema bancario.

Además de señalar que los bancos ya refinanciaron a más de 500 mil deudores y las plataformas a otro tanto, pidió “prudencia” para tratar el tema y que los dictámenes vuelvan a comisión.

Desde la oposición, la postura era diferente: votar el tema y pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 12.

La santafesina Caren Tepp defendió el dictamen de minoría que propone un régimen especial y concreto para aliviar la situación de las personas en morosidad. “El Congreso tiene que decir si vamos a explicarle mejor a la gente cómo endeudarse o si la vamos a ayudar a salir de esa situación”.

De acuerdo a los datos vertidos durante el debate, 6 millones de personas se encuentran en situación de mora en el país.

Aún no se conoce en qué fecha serán convocados los equipos de trabajo para seguir analizando un tema que preocupa a millones de argentinos. Por ahora no figura en la grilla de la semana próxima y hay quienes advierten que el tema será “cajoneado”.

Mientras tanto, la propuesta de LLA, que había obtenido en comisiones el dictamen de mayoría (32 firmas), ponía el foco en la prevención. Para ello, incorporaba capítulos de educación financiera y digital, junto con otras herramientas destinadas a facilitar el control y el manejo de la cartera de préstamos de cada cliente. Asimismo, establecía el derecho a la portabilidad a fines de que cada usuario de una operación pueda “solicitar su sustitución por una nueva financiación ofrecida y voluntariamente aprobada por otro proveedor”.

En tanto y con 27 firmas, la contrapropuesta de Unión por la Patria (UP), sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica planteaba una emergencia por 180 días, durante la cual se contempla un “plan de alivio” que preveía la reestructuración de las deudas mediante cuotas que no podrán superar el 30% de los ingresos.

Incorpora la condonación del 100% de los intereses punitorios para quienes ingresaran al régimen por mora, con un plazo mínimo de 12 meses, 90 días de gracia, gratuidad y la posibilidad de cancelar anticipadamente sin penalidades.

Entre las medidas de protección, estipulaba la suspensión de ejecuciones, embargos, cobranzas extrajudiciales, punitorios, capitalización de intereses y nuevos reportes negativos sobre las obligaciones comprendidas.

El pase a comisión fue aprobado por 121 votos afirmativos contra 117 negativos, siendo determinantes las 5 abstenciones de los diputados cordobeses, entre ellos Juan Schiaretti.

Previamente a partir rumbo a España para acompañar al jefe de Estado argentino en otro de sus viajes a Europa, el vocero Adrián Ravier adelantó su conferencia de prensa -que suele realizar los martes a las 11 de la mañana- para este lunes 19 de octubre a las 15 hs.

Tras anuncios vinculados a inversiones energéticas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el funcionario que representa al Poder Ejecutivo Nacional fue consultado por El Litoral sobre la caída en las ventas minoristas, que la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) calculó en un 1,4% en el Día de la Madre, guarismo vinculado a otros factores de la economía general como la baja del consumo, la situación del empleo y el incremento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En ese marco, el portavoz presidencial respondió, “nos parece apropiado enmarcar lo que está pasando en los casi 3 años que lleva el gobierno de Javier Milei. Recibimos una economía que llevaba más de 10 años de estancamiento y logramos en tres años que la economía crezca nuevamente. Si miramos diciembre a diciembre, en el año 2024 la economía crece más de cuatro puntos. Si miramos el 2025, crecimos más de cuatro puntos. Si miramos el 2026, en este momento, más allá de un trimestre negativo, la economía crecería arriba de dos puntos, en un contexto internacional de incertidumbre”, señaló, a la vez que añadió que en “2027, si miramos proyecciones del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, analistas, REM, etcétera, todos proyectan arriba de un 3% de crecimiento. Es decir que todos los que hacen un seguimiento de los números y hacen proyecciones ven un 2027 que es mejor que este 2026”, afirmó.

En la contestación a este diario, Ravier declaró que, “si vamos a cuestiones más particulares de una economía que, en el agregado, el dato sería el crecimiento, pero si vamos a datos particulares, sector por sector, la situación puede cambiar. Como siempre decimos, no es un crecimiento homogéneo donde todos los sectores crecen al mismo tiempo, y si uno quiere mirar un monitor de cantidad de indicadores podrá mostrar algún dato negativo. Yo creo que eso es lo que genera confusión”, opinó.

En esa línea, el titular de la Vocería oficial expresó que, “si hoy miramos el dato de julio, julio fue un mes negativo. Si miramos el monitor de agosto, los datos son muy positivos en agosto. Creemos que, de septiembre en adelante, la cosa va a ir mejorando. Por supuesto, habrá que esperar los datos, pero por lo pronto ya podemos decir que, mirando los datos parciales que disponemos de agosto, los datos son mejores que julio. Por eso quizás puede haber distintas miradas y está bien”, opinó.

En otro tramo de los interrogantes planteados por este medio, Adrián Ravier contestó: “Nosotros no negamos los datos, especialmente los datos oficiales, pero creemos que afortunadamente la Argentina vuelve a crecer. Y este 2026, a pesar de la coyuntura compleja que se vive a nivel global y que ha desacelerado el crecimiento en proyecciones para casi todos los países del mundo, Argentina, a pesar de crecer un poco menos, sigue creciendo. Y esto es para destacar”, mencionó.

Sobre el final, y antes de emprender una nueva travesía por el viejo continente –al igual que la gira por EE. UU. de la semana pasada- el vocero de Milei manifestó que “todos los viajes que hace el Presidente son oficiales. Más allá de alguna crítica, son oficiales. Una vez que el Presidente tiene un encuentro oficial y ya está en un lugar determinado, puede tener un evento académico o recibir alguna premiación, pero siempre son viajes oficiales”.

En otro segmento de la rueda de prensa en donde se tocó el tema del aumento del índice que mide el JP Morgan -que está cerca de los 700 puntos- el portavoz de la Presidencia destacó: “Recordemos qué país recibimos, con un riesgo país arriba de 2500 puntos, y recordemos que hoy el riesgo país está apenas arriba de los 600 puntos. Es otra Argentina, la Argentina que tenemos hoy es mucho mejor, con menos incertidumbre, con menos riesgo que la que teníamos en diciembre de 2023. Es cierto que el riesgo país había llegado a estar cerca de los 400 puntos y ha subido un poco en los últimos meses, esto refiere a la incertidumbre global”, argumentó.

Acerca de posibles cambios en el rumbo económico advirtió: “Ya lo hemos dicho cantidad de veces, no va a cambiar, no va a haber un plan platita mientras el presidente Javier Milei siga en funciones, porque entendemos que el plan económico que venimos aplicando es exitoso para bajar la inflación. Y de la mano de la baja en la inflación, bajar la pobreza y la indigencia, y también recuperar el crecimiento”, concluyó.

El Gobierno argentino presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que tiene sede en Hamburgo (Alemania), una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.

La Oficina del Presidente informó que la presentación busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas, a través de la resolución 2065, aprobada por la Asamblea General en 1965.

Según el comunicado oficial, la medida se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender la soberanía argentina y los recursos naturales.

El Ejecutivo indicó que la solicitud se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que permite pedir medidas provisionales mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, con el objetivo de preservar derechos o prevenir daños graves al medio marino si la urgencia de la situación lo requiere.

La República Argentina reafirmó además sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y sostuvo: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.

Hasta ahí el comunicado de la Oficina del Presidente que se difundió este martes por la mañana.

Minutos después, el canciller Pablo Quirno detalló los cuatro puntos en los que se basa el requerimiento al Reino Unido, vía CONVEMAR.

Allí figuran: impedir el inicio o la continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas por parte del denominado “Proyecto Sea Lion”, que, cabe recordar, tiene previsto iniciar la actividad comercial en 2028 aunque desde hace varios años realiza tareas de exploración.

En segundo lugar, se requiere al Reino Unido que “se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa, en perjuicio de los derechos de la República Argentina”. Apunta a datos geológicos, geofísicos o técnicos que puedan ser utilizados en beneficio e proyectos foráneos.

El tercer punto es para que “cese de impedir que la República Argentina cumpla con su obligación, en virtud de los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR, de proteger y preservar el medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia”.

El último ítem solicita que “se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia, en particular el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa”.

La decisión se concretó después del vencimiento del ultimátum de dos semanas que la Argentina había concedido a Londres para que adoptara medidas destinadas a impedir el inicio o la continuación de actividades vinculadas con Sea Lion, un proyecto desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.

Con esta presentación, el gobierno de Javier Milei pretende que el Tribunal ordene una medida provisional, equivalente en términos generales a una cautelar, que impida el avance del proyecto petrolero.

La resolución dependerá de los jueces internacionales, que deberán examinar los argumentos argentinos, escuchar a las partes y determinar si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia suficientes para disponer una suspensión u otras medidas.

Según consignan medios nacionales, la conducción de la estrategia diplomática y del procedimiento internacional corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno. La Consejería Legal Internacional de Cancillería, a cargo del embajador Mario Oyarzábal, intervino en la preparación técnica, mientras que la Procuración del Tesoro, dirigida por Sebastián Amerio, trabajó durante las últimas semanas sobre los aspectos jurídicos de la presentación.

En la publicación de Quirno, que amplía y especifica el comunicado presidencial, se hace hincapié en “nuestro compromiso con el diálogo, la diplomacia, el derecho internacional”, a la vez que se invita al Reino Unido “a retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”.

Para adoptar medidas provisionales, los jueces deberán determinar si existe una base de jurisdicción prima facie del futuro tribunal arbitral y si las circunstancias justifican una intervención urgente.

El Tribunal podrá aceptar alguna o varias de las solicitudes, rechazarlas o disponer medidas diferentes de las reclamadas. Si decide ordenarlas, serán jurídicamente obligatorias para las partes, conforme al artículo 290.6 de la CONVEMAR.

Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá mantener, modificar o dejar sin efecto esas medidas.

El procedimiento urgente puede desarrollarse en un plazo relativamente breve. Los antecedentes permiten considerar que una primera resolución podría conocerse durante noviembre, aunque todavía no existe una fecha anunciada para las audiencias ni para una decisión.

Uno de esos antecedentes es el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 a raíz de una acción judicial impulsada por acreedores de la deuda argentina.

Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Cancillería inició un arbitraje conforme al Anexo VII de la CONVEMAR y solicitó medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para obtener la liberación del buque.

La solicitud fue presentada el 14 de noviembre de 2012. Después de celebrar audiencias, el Tribunal resolvió el 15 de diciembre ordenar a Ghana la liberación inmediata e incondicional de la fragata.

En cuanto al proyecto Sea Lion, el desarrollo prevé inicialmente once pozos submarinos conectados con una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocida como FPSO. Las perforaciones de desarrollo están proyectadas para 2027.

Las empresas mantuvieron sus compromisos de inversión durante las últimas semanas, pese a las medidas anunciadas por Buenos Aires.

El 7 de octubre, Rockhopper comunicó un acuerdo para invertir 44 millones de dólares en su participación del 35 por ciento en la sociedad propietaria del buque FPSO OSX-1, destinado a acelerar otra etapa de Sea Lion.

Al mismo tiempo, las actuaciones del Gobierno argentino tuvieron consecuencias sobre algunas contrataciones del proyecto. La Oficina del Presidente informó que Halliburton había confirmado que sus filiales se abstendrían de prestar servicios para Sea Lion.

Navitas reconoció posteriormente que estaba trabajando para sustituir a dos contratistas, aunque sostuvo que continuaba con sus planes de desarrollo y que no esperaba un impacto material adverso sobre el proyecto.

Mientras todo esto ocurre, se espera para este miércoles un nuevo plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal, y Relaciones Exteriores y Culto (las tres presididas por el oficialismo) para continuar con el análisis del mensaje presidencial 275/26 que establece la Defensa de la Soberanía Nacional.

Más allá de la indiscutible voluntad legislativa en defensa de los intereses argentino sobre las aguas y el continente austral, el texto genera discusiones por el contenido total de iniciativa, que incluye, entre otros puntos, la creación de un Consejo de Seguridad con amplias facultades.

Ya pasaron por el plenario de comisiones funcionarios nacionales, incluida la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia María Irazábal Murphy, y referentes convocados por la oposición; entre ellos dos ex secretarios de Malvinas: Daniel Filmus y Guillermo Carmona.

El proyecto fue anunciado a comienzos de septiembre en cadena nacional por el propio presidente Milei, quien pidió un tratamiento rápido y una sanción exprés de su propuesta. La expectativa del oficialismo está puesta en lograr dictamen este miércoles y llevar el tema al recinto la semana próxima. Se descuenta que no será un solo dictamen el que emergerá de allí: la oposición ya anticipó que tiene sus propios planteos.

El Gobierno nacional puso en vigencia este viernes la segunda Ley de Inocencia Fiscal, una reforma que amplía los beneficios tributarios y restringe facultades de fiscalización de ARCA para intentar movilizar los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero.

La Ley 27.826, promulgada mediante el Decreto 1160/2026 y publicada en el Boletín Oficial, modifica el régimen aprobado a fines de 2025, con el que la administración de Javier Milei procuró incentivar la formalización de ahorros mediante una declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias.

"El espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada", había afirmado el ministro de Economía, Luis Caputo, al anunciar la reforma el 22 de julio. El funcionario explicó que la iniciativa surgió de observaciones de especialistas tributarios y de la necesidad de ofrecer mayores garantías frente a eventuales inspecciones.

En aquella presentación, Caputo sostuvo que los depósitos bancarios en dólares rondaban los US$40.000 millones, mientras que los ahorros fuera del circuito financiero superaban cuatro veces ese monto.

La comparación permite dimensionar la expectativa oficial, aunque no significa que la totalidad de esos recursos pueda incorporarse mediante la nueva legislación.

El Gobierno deberá avanzar ahora con las normas complementarias, mientras ARCA dispone de 30 días para reglamentar el régimen especial de reducción de multas. El dato será cuánto dinero efectivamente ingresa al sistema financiero y qué parte de ese movimiento puede atribuirse a las nuevas garantías fiscales.

La primera Inocencia Fiscal, sancionada mediante la Ley 27.799, introdujo cambios sustanciales en el Régimen Penal Tributario. Elevó de $1,5 millones a $100 millones el umbral de evasión simple y de $15 millones a $1.000 millones el de una de las modalidades agravadas. Modificó los plazos de prescripción y creó una declaración simplificada de Ganancias con presunción de exactitud y efecto liberatorio del pago bajo determinadas condiciones.

Sin embargo, el acceso estaba restringido a contribuyentes con ingresos anuales de hasta $1.000 millones, patrimonio de hasta $10.000 millones y que no estuvieran categorizados como grandes contribuyentes nacionales.

La segunda ley elimina los límites patrimoniales y de ingresos. Su artículo 38 establece que podrán optar por la modalidad simplificada las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.

Los grandes contribuyentes también podrán utilizar ese mecanismo para presentar y pagar Ganancias, aunque sin acceder a sus restantes beneficios.

Se amplía entonces la simplificación administrativa, pero no se extienden a todos las mismas garantías ante eventuales fiscalizaciones.

La revisión respondió a los cuestionamientos técnicos que había recibido el sistema durante sus primeros meses de funcionamiento. La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, participó de la presentación de los cambios junto a los tributaristas Sonia Becherman, Liban Kusa y Ricardo Paolina.

Uno de los puntos centrales de la nueva reforma es la redefinición de la denominada discrepancia significativa, que determina cuándo el organismo recaudador puede desconocer la presunción de exactitud de una declaración.

La primera ley contemplaba diferencias iguales o superiores al 15% del impuesto declarado como una de las causales para habilitar mayores controles. La nueva norma mantiene ese porcentaje, pero establece que no se configurará esa causal cuando la diferencia no supere el 5% del monto penal correspondiente a evasión simple.

El cambio evita que una diferencia porcentualmente importante, pero reducida en pesos, provoque por sí sola la pérdida de las protecciones. Subsisten otras causales, como ajustes superiores al umbral penal o irregularidades vinculadas con documentación apócrifa.

La ley también dispone expresamente que la carga probatoria para establecer una discrepancia significativa recaerá sobre ARCA, utilizando la información declarada por el contribuyente, sus propios registros o los datos proporcionados por terceros.

Además, limita determinadas presunciones que anteriormente podían utilizarse para fundamentar diferencias impositivas.

La modificación atiende una de las principales preocupaciones de quienes evaluaban adherir: que el movimiento de fondos hacia el sistema formal terminara habilitando investigaciones patrimoniales sobre ejercicios anteriores.

Otra novedad es la posibilidad de presentar una declaración rectificativa sin perder automáticamente los beneficios del régimen.

El contribuyente contará con 15 días hábiles desde las notificaciones administrativas previstas en la ley para corregir determinadas diferencias y cancelar o regularizar el impuesto resultante, incluidos sus intereses.

En esas condiciones, la diferencia subsanada no será computada para determinar una discrepancia significativa.

También se incorpora un mecanismo de reintegro cuando ARCA impugne el régimen y posteriormente esa decisión quede anulada o revocada mediante resolución firme favorable al contribuyente.

Si hubo pagos derivados del reclamo fiscal, el organismo deberá devolverlos con intereses dentro de los 45 días hábiles posteriores a la notificación correspondiente.

La garantía tiene límites. El artículo 42 ter establece que la adhesión no interrumpe ni invalida procedimientos de fiscalización o determinación tributaria notificados con anterioridad.

La segunda reforma incorpora disposiciones específicas para utilizar fondos dentro del circuito formal.

Como regla general, las operaciones deberán canalizarse mediante medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores, aunque se contempla una excepción para pagos en efectivo realizados al otorgarse determinadas escrituras públicas sobre inmuebles.

Hasta el 31 de diciembre de 2027, esos fondos tendrán un tratamiento especial. A los efectos de Bienes Personales, se considerarán incorporados al patrimonio en la fecha de la operación.

Sebastián Domínguez, especialista de SDC Asesores Tributarios, explicó a La Nación que la legislación original "tenía muchas falencias", particularmente para quienes pretendían utilizar ahorros no declarados en operaciones inmobiliarias.

La modificación reduce el riesgo de reclamos retroactivos sobre la tenencia de esos fondos. Sin embargo, no elimina las exigencias antilavado.

La ley dispone que la adhesión al sistema simplificado deberá considerarse un antecedente favorable para los sujetos obligados, pero mantiene sus responsabilidades de identificación y debida diligencia.

La Unidad de Información Financiera tiene 15 días hábiles desde la publicación para emitir la normativa complementaria.

El texto promulgado también recoge uno de los cambios introducidos durante el debate parlamentario: los funcionarios públicos comprendidos en la nueva legislación podrán utilizar el procedimiento simplificado, pero no acceder a su presunción de exactitud ni a las restantes protecciones.

La restricción incluye determinados cargos jerárquicos, legisladores, magistrados y otras autoridades, incluso cuando los hayan ejercido durante los cinco años anteriores.

La discusión por estos beneficios había condicionado el tratamiento en Diputados. Su modificación permitió avanzar con el dictamen y posteriormente con la sanción del Senado, que aprobó la ley el 17 de septiembre por 44 votos afirmativos y 23 negativos.

La reforma también incorpora una reducción automática del 25% en determinadas multas formales para MiPyMEs, personas humanas y otros sujetos comprendidos, excluidos los grandes contribuyentes.

A ello suma un régimen extraordinario de reducción del 50% para ciertas infracciones anteriores a su vigencia, condicionado al cumplimiento de las obligaciones omitidas y a la aceptación de la pretensión fiscal correspondiente.

En otro capítulo, modifica las escalas de sanciones por incumplimientos de registración del trabajo rural ante el RENATRE, cuyos montos comenzarán a actualizarse anualmente mediante la UVA desde 2027.

l Gobierno argentino que encabeza el presidente, Javier Milei, adhirió a una declaración conjunta de 15 países para cuestionar la sobrecapacidad estructural y la "producción excesiva" en sectores manufactureros.

La noticia fue difundida por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) a través de un comunicado. El acuerdo, según detallaron, se cerró durante una reunión de representantes de comercio del G20 realizada en la ciudad estadounidense de Milwaukee.

El documento oficial advierte sobre economías donde la oferta industrial supera de manera persistente a la demanda global por causa de intervenciones ajenas al mercado.

El texto evita nombrar directamente a China, pero asocia ese fenómeno con políticas estatales que sostienen la producción por encima de las necesidades reales del planeta.

La inquietud del bloque abarca industrias sensibles como la de los vehículos eléctricos, las baterías, los semiconductores y los paneles solares.

Los firmantes alertaron que "la sobreoferta distorsiona los precios internacionales, desalienta nuevas inversiones y castiga el empleo local".

Para frenar este impacto, los gobiernos acordaron crear plataformas de trabajo técnico que funcionarán en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta firma consolida la sintonía comercial del país con las principales potencias occidentales frente a los desequilibrios del mercado global.

La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti dijo que frente al histórico "cuello de botella" del sistema de transporte en el país se acudió a la tecnología que puede dar una respuesta más rápida: las mega baterías.

Al mismo tiempo, destacó que los actores privados cuentan ahora con lo que durante años se reclamaba: tarifas que estimulan la inversión, lo que debería comenzar a dar resultados cuando suba el termómetro.

La funcionaria que se desempeña en la órbita del ministerio de Economía de la Nación destacó el rumbo -y los resultados- de las políticas energéticas nacionales.

Entrevistada en un ciclo organizado por el diario Ámbito Financiero se refirió a la situación del sistema eléctrico de la Argentina ante el verano que se avecina.

Como se sabe, los meses cálidos pasados de 2025 y 2026 se caracterizaron por los apagones masivos, en especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en las provincias del noreste y, en menor medida, del noroeste.

Entrevistada por el periodista Sebastián D. Penelli, Tettamanti aceptó el término "mitigar" a la hora de describir el papel que tendrán las baterías gigantes que se han instalado para mejorar la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como su conurbano en dicha provincia, donde se encuentra la mayor concentración urbana y de la demanda de energía.

El mismo término vale para el resto del país, para el que también se licitó un sistema de provisión de energía en frío (en espera) ante crisis en el sistema de transporte, denominado Alma Sadi.

Tettamanti reconoció que se debe insistir, en todo el país, en la "gestión de la demanda" sobre los denominados grandes usuarios para que sea más eficiente su consumo de energía. Sobre el tema abundó: "Hay que seguirlo trabajando, el mundo lo hace".

Ante una pregunta puntual, negó que se piense ya en poner otra vez en práctica un esquema de emergencia con apagones programados, que en el período cálido anterior recibió el nombre de "Plan Verano", ante la la grave crisis energética que pasó el país.

La funcionaria dijo que ya se habían tomado las medidas en las que el gobierno nacional confía para equilibrar la demanda de energía y la oferta en generación y transporte.

En medio del ciclo que convoca a especialistas, expresó que con los generadores ya se logró "reforzar con remuneración" el estímulo para "que inviertan", cuando el periodista le habló del pasado plan de emergencia.

Una vez más dijo que las resoluciones y políticas nacionales han dado las señales del caso a las empresas generadoras.

En cuanto a la infraestructura para su transporte, que requiere de inversiones de largo plazo, recordó que se optó por los parques de almacenamiento de energía con baterías por sus efectos inmediatos.

Tettamanti valoró que los proyectos Alma SADI, para todo el país y Alma GBA para el Amba. "Fueron el camino más rápido para poder tener más potencia" en el Sistema Argentino de Interconexión y precisó: "A lo largo de todo este verano, se van a incorporar 500 MW de los 700 de Alma GBA y otros 200 que se van a incorporar en mayo de 2027, junto con los otros 700 MW de Alma SADI".

"Eso te da una mayor confiabilidad a través de un sistema de baterías, que era algo que había que hacer con inmediatez. Ahora, lo que importa a futuro es que haya más inversiones en generación y transmisión", expresó.

Sobre el funcionamiento de las baterías, profundizó: "Hay momentos en que la posibilidad de generar supera la demanda y, si no tenés demanda, la perdés. En cambio, teniendo las baterías, la podés almacenar en horas de bajo consumo y ponerla a disposición de la demanda cuando lo requiera".

Ante la llegada del verano, la funcionaria indicó que la estrategia pasará por la gestión de la demanda, que implica "invertir en infraestructura y asegurarte de que sea óptima y al menos costo posible, lo cual se logra con un consumo eficiente".

Tettamanti también habló sobre la obra de transporte de energía eléctrica en alta tensión AMBA 1, que es la de mayor prioridad para las autoridades nacionales.

Reforzará el servicio para porteños y bonaerenses, pero además de transportar energía a esos consumidores también posibilitará "la incorporación de generación renovable que va a beneficiar el costo total de generación promedio".

En tal sentido, subrayó que los efectos directos e indirectos de esa obra creará beneficios "para todo el país, no solo para Buenos Aires", remató.

El gobierno nacional volvió a correr buena parte del ajuste en subsidios energéticos que había diseñado al comenzar el año en base al nuevo régimen SEF.

La Resolución 272/2026 de la Secretaría de Energía mantuvo durante este mes condiciones mucho más favorables para los hogares alcanzados por Subsidios Energéticos Focalizados que las previstas originalmente, prolongando una secuencia de excepciones que comenzó durante el invierno y que ahora continúa aun después de terminada la temporada de mayor consumo de gas.

Para la electricidad, el Decreto 943/2025 había establecido para octubre un bloque subsidiable de 150 kWh mensuales, con una bonificación general del 50% sobre el Precio Estacional (PEST) y otra extraordinaria que debía haber descendido al 4,55%. Finalmente, Energía elevó el bloque a 200 kWh y llevó el adicional nuevamente al 25%, por lo que la bonificación sobre el precio mayorista alcanza el 75% dentro de ese límite.

En el gas el desvío es todavía mayor. El esquema inicial disponía que la bonificación general del 50% terminara en septiembre y que octubre quedara únicamente con el adicional extraordinario del 4,55%. La resolución publicada ahora prorrogó aquel 50% y fijó el adicional en 24,25%: el beneficio llega así al 74,25% sobre el Precio Anual Uniforme (PAU) correspondiente al componente subsidiable.

El Gobierno ya había comenzado a apartarse durante los meses fríos del sendero descendente que había previsto para 2026. La diferencia es que el propio Decreto 943 define al invierno gasífero entre el 1° de mayo y el 30 de septiembre, mientras que octubre abre el período de menor demanda en el que originalmente se había previsto retirar la bonificación general al gas.

Energía fundamentó ahora la continuidad de la asistencia en la necesidad de evitar “variaciones abruptas” en las facturas y, para el gas, mencionó “adecuaciones en la demanda” y costos expuestos a la volatilidad de los precios internacionales a causa del conflicto bélico en Medio Oriente.

La decisión tiene además una contracara fiscal. El último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP UBA-Conicet muestra que, hasta mediados de septiembre, los subsidios energéticos acumulados crecieron 16% interanual en términos reales y concentraron el 77% de las transferencias relevadas. El contraste aparece en el Presupuesto 2027, donde las partidas energéticas pasan de representar 0,44% del PBI en 2026 a 0,37% el próximo año, con el objetivo de llevar la cobertura tarifaria promedio del costo de abastecimiento por encima del 88%.

Ese sendero adquiere especial relevancia mientras el Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional la tercera revisión del acuerdo, porque las proyecciones realizadas meses atrás partían de una disminución de los subsidios que terminó postergándose durante buena parte del invierno y tampoco se retomó con la intensidad prevista en octubre.

En la segunda revisión, el staff del organismo había trabajado sobre el supuesto de que la bonificación extraordinaria creada para 2026 bajaría alrededor de dos puntos porcentuales por mes. Sobre esa trayectoria proyectó una caída cercana al 15% en los subsidios eléctricos y al 44% en los destinados al gas, aunque advirtió que el ahorro podía resultar menor según la evolución de los precios energéticos y la demanda.

El propio Gobierno había reconocido que estaba encontrando obstáculos. En agosto, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, admitió que el gasto de 2026 terminaría algo por encima de la meta prevista después de que el mayor costo del GNL y una menor generación hidroeléctrica obligaran a sostener más asistencia de la calculada originalmente. En ese momento, sin embargo, anticipó que con el final de los meses fríos “la reducción de subsidios puede acelerarse un poquito”.

González había planteado además que la siguiente etapa podía combinar dos vías de ajuste: reducir el universo alcanzado y disminuir la ayuda recibida por quienes conservaran el beneficio. “Posiblemente sea una combinación de las dos cosas”, señaló entonces. Esa segunda alternativa empezó a verse con la reforma de Zona Fría y los controles sobre el padrón, pero la reducción de la bonificación para los hogares que permanecen dentro del SEF volvió a postergarse en octubre.

La discusión vuelve ahora al primer plano porque la misión técnica que permaneció en Buenos Aires entre el 21 y el 29 de septiembre formó parte de la tercera revisión y, según confirmó este jueves la vocera Julie Kozack, las conversaciones continuarán durante las próximas semanas en busca de un acuerdo a nivel de staff. La evolución del costo y los subsidios energéticos queda así nuevamente dentro de un programa fiscal cuyas estimaciones originales contemplaban una reducción de la asistencia más rápida que la finalmente aplicada durante 2026.

La continuidad de las bonificaciones nacionales no evitó, sin embargo, otra actualización para los usuarios santafesinos. En paralelo, el Ente Nacional Regulador aprobó mediante la Resolución 721 nuevos cuadros para Litoral Gas, vigentes desde octubre, cuyo impacto promedio en las facturas residenciales será del orden del 1% y, para el 75% de los hogares, representará entre $100 y $500 mensuales, de acuerdo a la reconstrucción de El Litoral.

A ese escenario se suma la reforma de Zona Fría, que acaba de reducir el beneficio territorial y dejará afuera de esa cobertura a cerca de medio millón de usuarios del sur santafesino. Habrá que seguir de cuándo el gobierno nacional promulgará la norma, para que no haya cambios en las reglas de facturación en un mes que ya inició.

La discusión territorial, además, tiene otro capítulo. Diego Santilli anticipó que desde noviembre comenzará a regir una ampliación de los bloques eléctricos subsidiados para las denominadas zonas cálidas del NOA y el NEA, aunque la resolución que deberá definir su alcance aún no fue publicada.

Santa Fe tiene departamentos reconocidos como “cálidos” y “muy cálidos” en el actual SEF, de acuerdo a la clasificación bioambiental de la norma IRAM 11603: 9 de Julio, Vera y General Obligado integran la categoría de mayor temperatura, mientras otras siete jurisdicciones del centro y norte provincial están en el segundo escalón climático. Por ahora no se conoce si ese territorio quedará comprendido en la ampliación que Nación prepara para noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorporó una nueva opción para que las personas puedan recibir de manera digital las comunicaciones vinculadas con el organismo. Desde ahora, quienes tengan 16 años o más pueden constituir voluntariamente el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social, un espacio destinado a recibir notificaciones, resoluciones, citaciones y comunicados.

La medida forma parte del proceso de digitalización que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano junto con el Gobierno nacional. Una vez constituido, el domicilio electrónico permitirá consultar las comunicaciones de manera segura y personalizada desde la sección “Mi Buzón” de mi ANSES.

El trámite puede realizarse tanto desde el sitio web de ANSES como desde la aplicación oficial para celulares y requiere contar con un correo electrónico personal que haya sido validado y verificado.

Para realizar el trámite, las personas interesadas deben ingresar a mi ANSES utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, deberán seguir estos pasos:

Ingresar a “Domicilio y datos de contacto”.

Seleccionar la opción “Domicilio electrónico”.

Registrar o confirmar un correo electrónico que cumpla con los requisitos establecidos.

Aceptar la constitución del domicilio electrónico.

El procedimiento también puede realizarse desde la aplicación mi ANSES, disponible para dispositivos móviles.

ANSES establece que el correo electrónico utilizado debe ser único, personal, validado y verificado. Por este motivo, es importante revisar que la dirección declarada sea de uso habitual y que la persona pueda acceder a ella.

El domicilio electrónico permite consultar las comunicaciones de forma segura y personalizada a través de la sección Mi Buzón, dentro de la plataforma mi ANSES. Para realizar el trámite, los interesados deben contar con un correo electrónico personal, validado y verificado, que sea de uso habitual.

Una vez constituido el domicilio electrónico, las personas podrán recibir allí diferentes comunicaciones vinculadas con ANSES.

Entre ellas se encuentran notificaciones, resoluciones, citaciones y comunicados del organismo. De esta manera, la información estará disponible de forma digital dentro de la cuenta personal de cada usuario.

El objetivo de esta herramienta es facilitar el acceso a las comunicaciones oficiales y avanzar en la digitalización de los trámites y gestiones de la Seguridad Social.

ANSES advierte que la elección del domicilio electrónico tiene carácter definitivo. La constitución se hace efectiva desde el momento en que es aceptada.

Por eso, antes de completar el trámite es importante verificar que el correo electrónico declarado sea correcto, personal y de uso habitual.

La posibilidad está disponible para personas mayores de 16 años y la adhesión es voluntaria.

Para acceder directamente a mi ANSES, se debe ingresar al sitio oficial del organismo o utilizar la aplicación oficial. También se puede consultar la información específica sobre el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social en los canales oficiales de ANSES.

El Senado de la Nación llegará este jueves al recinto con una agenda corta en cantidad, pero atravesada por dos discusiones que exponen, por caminos distintos, los límites que los aliados provinciales le vienen marcando al Gobierno nacional.

La reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles dejó formalmente convocada una sesión ordinaria y pública para las 12 y redujo el temario acordado a dos asuntos: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la modificación del régimen de Zona Fría.

En plena interna del gobierno por discrepancias con el Presupuesto 2027, la jefa de bloque libertario, Patricia Bullrich, deberá administrar dos negociaciones en paralelo: una ya tuvo concesiones al texto del BCRA; la otra todavía llega al recinto con números que el propio oficialismo reconoce ajustados.

La primera definición ya ocurrió antes de abrir el recinto. El proyecto que Diputados aprobó el 26 de agosto llegó al Senado con dictamen favorable de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y Presupuesto y Hacienda, firmado a inicios de septiembre.

El texto coloca como “misión primaria y fundamental” del BCRA preservar el valor de la moneda, restringe el financiamiento al Tesoro, modifica las reglas para distribuir utilidades y habilita el uso de determinados activos de las reservas como garantía en operaciones propias del Banco Central. En comisión, Santiago Bausili confirmó que esa posibilidad alcanza al oro, pero descartó que involucre depósitos de los ahorristas o encajes bancarios.

El punto que terminó forzando una negociación es sobre las autoridades. La media sanción de Diputados exigía para remover integrantes del directorio la aprobación previa de ambas cámaras por dos tercios de los miembros presentes. El acuerdo alcanzado este miércoles prevé sustituir ese esquema por una mayoría absoluta de 37 senadores, tanto para la designación como para la remoción, y dejar afuera del procedimiento a Diputados. Bullrich explicó que se preservará así la intervención de la Cámara alta que la Constitución asigna para los acuerdos.

Si el Senado aprueba esas modificaciones, la reforma no quedará sancionada este jueves y deberá regresar a Diputados. La Libertad Avanza tiene 21 senadores propios y nuevamente necesitó flexibilizar un punto sensible del proyecto para incorporar votos radicales, del PRO y de bloques provinciales.

La segunda votación tiene una consecuencia más inmediata para las provincias. El proyecto de Zona Fría llega con media sanción de Diputados y dictamen de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto. Formalmente, además de modificar el régimen de subsidios al gas, incluye un mecanismo de regularización de deudas del mercado eléctrico y la derogación de los decretos 277/2022 y 929/2013.

La propuesta reduce el alcance territorial automático establecido en 2021. Mantiene el régimen para Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que para otras zonas reemplaza el criterio general por una bonificación focalizada vinculada a ingresos y condiciones de vulnerabilidad.

La retracción geográfica del beneficio dejaría afuera al sur de Santa Fe, Córdoba y casi todo Buenos Aires, San Luis. También perderían el precio especial del gas buena parte de Mendoza —menos Malargüe—, San Juan, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy.

El Gobierno defiende el cambio bajo el argumento de que “tiene que haber subsidios, pero focalizados en aquellas familias con ingresos más bajos”, según sostuvo la secretaria de Energía, María Tettamanti, durante el tratamiento en comisión.

En Santa Fe, la modificación dejaría afuera del beneficio climático general a unos 550.000 hogares de ocho departamentos del sur provincial, aunque parte de esos usuarios podría conservar ayudas si cumple los requisitos del esquema focalizado. Una estimación difundida por El Litoral calculó que la pérdida del descuento específico podría elevar entre 30% y 40% determinadas facturas.

La Casa Gris cuestionó oportunamente esa poda. El ministro Gustavo Puccini sostuvo que trasladará mayores costos operativos al sur santafesino y reclamó que la política energética contemple las particularidades productivas y territoriales del interior. El propio gobernador Maximiliano Pullaro se lo planteó a Diego Santilli, Jefe de Gabinete de Milei.

Santa Fe objeta además un capítulo menos visible del proyecto. La iniciativa contempla calcular diferencias de ingresos que distribuidoras eléctricas dejaron de percibir durante los períodos de emergencia tarifaria y utilizar esos créditos para compensar obligaciones pendientes con Cammesa. Es el mecanismo que podría alcanzar, entre otras empresas, a Edenor y Edesur. La EPE, en cambio, no registra deudas con la administradora del mercado eléctrico.

A la negociación se agrega otro elemento: gobernadores del norte reclaman un régimen de Zonas Cálidas para subsidiar parte del mayor consumo eléctrico durante los meses de altas temperaturas. El Ejecutivo ofreció avanzar mediante resoluciones, pero mandatarios provinciales reclaman mayores garantías para esa compensación. De manera que no está garantizado el acompañamiento.

Alejandro Vilches presentó su renuncia como secretario nacional de Discapacidad y abrió una nueva etapa de definición dentro del Ministerio de Salud, que deberá resolver quién quedará al frente del área.

En una nota dirigida al ministro Mario Lugones, Vilches comunicó que dejaba el cargo “a partir de este momento” y atribuyó la decisión a “razones estrictamente personales”.

Hasta el momento, el Gobierno no informó oficialmente quién asumirá la conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

La salida se produce en momentos en que el área mantiene una agenda activa vinculada con prestaciones, pensiones, accesibilidad y la implementación de políticas que requieren coordinación con distintas dependencias estatales.

Vilches había sido designado formalmente como secretario nacional de Discapacidad el 23 de enero de 2026. Antes había encabezado la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad.

La Secretaría depende actualmente del Ministerio de Salud, aunque la política de discapacidad comprende además cuestiones vinculadas con educación, empleo, transporte, protección social, accesibilidad y autonomía.

Ese carácter transversal obliga al área a mantener una articulación permanente con distintos organismos del Estado y con el Congreso.

A comienzos de septiembre, Vilches había participado de una reunión informativa en la Cámara de Diputados para exponer sobre las medidas impulsadas por el Gobierno en materia de discapacidad.

Durante esa presentación, el funcionario había detallado acciones vinculadas con las prestaciones, la actualización del nomenclador, el sistema de pensiones y los mecanismos de control del área.

La renuncia se conoció además en medio de la discusión política por el Presupuesto 2027 y por el alcance de la legislación de emergencia en discapacidad, uno de los puntos que generó diferencias dentro del oficialismo y con bloques aliados.

Mientras continúa esa discusión, el Ministerio de Salud deberá definir quién reemplazará a Vilches y asumirá la conducción de la Secretaría.

El Gobierno nacional inició procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos por su presunta participación en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

La medida fue dispuesta este viernes por la Cancillería, siguiendo instrucciones del presidente Javier Milei. Entre los investigados hay personas humanas y jurídicas, aunque el comunicado oficial no difundió sus identidades.

Las actuaciones buscan determinar si los involucrados infringieron las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

Los procedimientos no se limitarán a las empresas que estarían desarrollando actividades petroleras. También alcanzarán a sus accionistas y a las compañías que les prestaron servicios para avanzar con los proyectos.

El inicio de las actuaciones no implica que las sanciones ya hayan sido aplicadas. Cancillería deberá investigar cada caso y determinar las eventuales responsabilidades.

La decisión se conoció un día después de que Milei anunciara medidas contra las compañías vinculadas con la explotación de recursos naturales sin autorización argentina en la zona de las islas.

El Presidente también anticipó cambios en la Ley 26.659, un decreto para agilizar las sanciones y el envío al Congreso de un proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

El comunicado oficial señaló que la Argentina rechaza el avance unilateral sobre los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. No se informó el plazo previsto para resolver los 45 procedimientos.

En agosto del año en curso la recaudación tributaria nacional se mantuvo estable interanualmente (0,0%). Sin embargo, en el acumulado de los primeros ocho meses del año se registra un retroceso del 3,8% real, lo que equivale a una merma aproximada de 6,5 billones de pesos en moneda de agosto para el sector público.

La estabilidad de agosto contempla una inflación mensual del 1,6%. Entre los ingresos que más cayeron destacan los derechos de importación, con una baja real interanual del 19,3%, y los impuestos internos, que retrocedieron un 18,7%.

El IVA neto de devoluciones y reintegros representa 32,5% de la recaudación total mensual, de acuerdo al reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. El principal tributo del sistema experimentó una contracción real del 6,1% en comparación con agosto de 2025.

Cabe destacar que la recaudación del IVA Impositivo (asociado a la compraventa de bienes y servicios dentro del país) registró una baja del 2,9% real interanual en agosto y una caída acumulada del 1,6% real en los primeros ocho meses del año.

Al igual que la retracción de importaciones (el IVA aduanero cayó 13,5% en el mes), es un marcador relevante de la caída relativa del consumo y la actividad en sectores masivos, a pesar del crecimiento de la economía impulsado por la agroindustria, la energía y la minería.

Para sostener el balance fiscal (el resultado se conocerá el 18) ante la caída acumulada, el gobierno intensificó la contención del gasto. Según Iaraf, en agosto, el gasto primario devengado de la Administración Nacional bajó un 9,96% real interanual. El gasto efectivamente pagado (base caja) disminuyó un 7,95% real, profundizando el recorte de meses previos.

La reducción del gasto no afectó a todos los rubros por igual. Las transferencias devengadas a provincias y municipios lideraron los recortes con una caída real del 81,87% interanual. Le siguieron las ayudas sociales y asignaciones familiares -con un descenso del 19,34%-, los servicios no personales con una baja del 17,20% y las jubilaciones, que cayeron un 10,01%.

En sentido contrario, las transferencias al sector privado destinadas a subsidios económicos subieron un 11,75% real interanual. El gasto devengado en bienes de uso también se incrementó un 106,2% real, mientras que las partidas destinadas a universidades nacionales se contrajeron un 1,17%.

Para mantener el balance fiscal, el gobierno central usa -entre otros- el recurso de realizar gastos y postergar sus pagos, algo que se incrementó en el mes. Sin embargo, el stock de deuda flotante acumulado a agosto de 2026 resulta un 20% menor en términos reales que el registrado en el mismo mes de 2025.

La deuda flotante se explica a partir de la brecha temporal entre el gasto devengado (el compromiso de pago legal que asume el sector público) y el gasto efectivamente pagado (los fondos reales desembolsados por el Tesoro).

Cuando el Estado devenga más gastos de los que efectivamente paga en un periodo determinado, se genera este tipo de pasivo que no forma parte de la deuda pública tradicional por títulos o letras.

En agosto de 2026, esta dinámica se comportó de la siguiente manera:

-Brecha mensual: El gasto primario devengado de la Administración Nacional fue de $11.256.118 millones, mientras que el gasto efectivamente pagado (base caja) se ubicó en $11.229.437 millones.

-Aumento del stock: Debido a que el gasto pagado fue inferior al devengado en $26.680,79 millones, el stock acumulado de deuda flotante experimentó un leve incremento durante el mes de agosto.

-Nivel acumulado: Con esta variación mensual, la deuda flotante acumulada entre enero y agosto de 2026 alcanzó un stock de $2.104.294,94 millones. Esto representa el 2,37% del gasto primario devengado para el periodo de ocho meses.

-Perspectiva interanual: A pesar del ligero incremento mensual de agosto, la gestión de este pasivo muestra una reducción en comparación con el año anterior. A fines de agosto de 2025, el stock acumulado era de $1.984.724,68 millones (que representaba el 2,85% del gasto devengado de ese periodo).

El Gobierno estableció una nueva actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), con una escala de incrementos que comienza a regir desde septiembre de 2026 y contempla nuevos valores hasta abril del año próximo. La medida fue formalizada mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La decisión llegó después de que representantes de los distintos sectores no lograran alcanzar un acuerdo durante la reunión del Consejo convocada para el 28 de agosto. Según consta en la resolución, luego de un "extenso intercambio de opiniones" no se alcanzó un acuerdo en los términos establecidos por la Ley 24.013.

Ante esa falta de consenso, la presidenta alterna del Consejo quedó obligada a emitir un laudo para determinar tanto el salario mínimo como los montos vinculados con la prestación por desempleo.

El nuevo esquema establece que, desde el 1° de septiembre de 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil será de $383.800 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa.

Para quienes cobran por hora, el nuevo valor será de $1.919 por hora. La resolución aclara que se trata de trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario y también de la Administración Pública Nacional y entidades y organismos del Estado Nacional que actúen como empleadores, con las condiciones establecidas por la normativa.

La norma también contempla situaciones particulares de trabajadores con jornadas diferentes a la legal completa, para quienes el salario mínimo deberá percibirse en la proporción correspondiente.

La actualización no se limita a septiembre. El Gobierno estableció una serie de valores escalonados para los meses siguientes.

Los valores surgen directamente de la Resolución 4/2026 y corresponden a trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa y a trabajadores jornalizados, respectivamente.

De esta manera, el salario mínimo pasará de $383.800 en septiembre a $437.000 en abril de 2027. Es decir, entre ambos extremos del esquema habrá una diferencia nominal de $53.200.

El incremento se aplicará de manera escalonada, con una actualización mensual de los valores establecidos por el Consejo.

La actualización fue definida luego de que no hubiera acuerdo entre los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La convocatoria había sido realizada mediante la Resolución 1/2026 para una reunión virtual el 28 de agosto de 2026. Allí se discutió la determinación del nuevo salario mínimo y también los montos mínimos y máximos correspondientes a la prestación por desempleo.

Sin embargo, las partes no llegaron a un consenso. La propia resolución oficial señala que, ante esa situación, correspondía emitir un laudo para definir los valores.

Por ese motivo, los nuevos montos no surgen de un acuerdo alcanzado entre las partes en esa reunión, sino de la decisión formalizada por la autoridad correspondiente del Consejo.

La resolución también establece un nuevo esquema para la Prestación por Desempleo.

El beneficio será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que haya percibido el trabajador durante los seis meses anteriores al cese del contrato que originó la situación de desempleo.

Pero existe además un piso y un techo vinculados directamente con el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.

La norma establece que la prestación mensual no podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente ni superior al 100% de ese mismo salario mínimo.

Esto significa que la actualización del salario mínimo también tiene incidencia sobre los límites establecidos para esta prestación.

Con el valor de septiembre de $383.800, por ejemplo, el 50% equivale a $191.900, mientras que el 100% corresponde a $383.800. Estos valores se desprenden de aplicar los porcentajes establecidos en la resolución al salario mínimo fijado para septiembre.

La medida lleva el número 4/2026, fue emitida el 1° de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y corresponde al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La resolución determina los nuevos valores para trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario y la Administración Pública Nacional y organismos y entidades del Estado Nacional que actúen como empleadores, de acuerdo con las condiciones especificadas en la norma.

El esquema contempla incrementos sucesivos desde septiembre de 2026 hasta abril de 2027 y también fija los valores correspondientes para quienes trabajan bajo modalidad jornalizada.

La norma fue publicada en el Boletín Oficial este miércoles 2 de septiembre de 2026, por lo que el primer valor de la nueva escala —$383.800— rige desde el primer día de este mes.

El Gobierno, de esta manera, dejó establecido un cronograma de valores para los próximos ocho meses, sin necesidad de una nueva actualización para cada uno de esos períodos, según lo dispuesto en la Resolución 4/2026

El gobierno de la provincia de Santa Fe aceptó un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) de $5 mil millones girado por el gobierno nacional para ser destinada a la emergencia climática que atraviesan distintas zonas de la provincia de Santa Fe.

El mismo decreto delega en el Ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, la facultad de asignar los fondos aceptados, provenientes de ATN, "conforme a lo establecido en el Decreto N° 3177/08".

La decisión está contenida en el decreto N° 1771 de este lunes firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

Es el segundo ATN girado por el gobierno central a Santa Fe en el transcurso del año. El primero, por un monto de $3 mil millones de mayo último fue gestionado y destinado a las localidades afectadas por el fenómeno climático de fines del verano e inicios del otoño cuando se produjeron las grandes lluvias, especialmente en los departamentos 9 de Julio y Vera. En esa ocasión, el gobierno provincial había solicitado una partida de $10 mil millones para atender esa grave situación y le enviaron un 30% del monto pedido.

El gobierno santafesino había solicitado a Nación un aporte de $ 10 mil millones y en dos tandas, recibió, 8 mil. El primero en mayo y el segundo a mediados de julio. En Casa Gris se recalcó que son recursos solicitados por aquel fenómeno y no por el tema Niño.

En el expediente que fundamenta el decreto, se informa en Contaduría General la recepción de $ 5.000.000.000 en concepto de ATN, cita la resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación "motivada en virtud del estado de emergencia climática que atraviesa la Provincia de Santa Fe, producto de intensas precipitaciones".

"Es voluntad del Poder Ejecutivo delegar en el Ministro de Gobierno e Innovación Pública la facultad de asignar los fondos provenientes de Aportes del Tesoro Nacional conforme a lo establecido en el Decreto N° 3177/08 dando intervención a Fiscalía de Estado para informe de su competencia", marca.

Por otra parte, en el decreto, el Ejecutivo "estima conveniente y adecuado disponer que la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública realice el seguimiento y monitoreo de las acciones, obras, trabajos y erogaciones que se efectúen en atención de la emergencia y con utilización de los recursos referidos en el presente, por parte de los Municipios y Comunas a los que se les asignen los respectivos fondos, independientemente de las rendiciones de cuentas que correspondan en el marco de la Ley N° 12510".

Esta última decisión está plasmada en el artículo 6to del decreto.

Un ATN es un Aporte del Tesoro Nacional, una transferencia de fondos de dinero en efectivo que efectúa el Gobierno Nacional argentino a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A diferencia de la Coparticipación Federal de Impuestos, que se distribuye de forma automática y diaria según porcentajes fijados por ley, los ATN son transferencias no automáticas y por ende discrecionales.

Estos fondos fueron creados por la Ley 23.548 (de Coparticipación Federal de Impuestos de 1988) y se financian reteniendo el 1% del total de los recursos coparticipables antes de su distribución general.

La ley establece expresamente que los fondos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional solo pueden destinarse a dos situaciones específicas: atender situaciones de emergencia como catástrofes naturales o atender desequilibrios financieros temporarios.

El Gobierno nacional volvió a correr un mes la actualización pendiente de los impuestos que gravan a las naftas y el gasoil y evitó así un nuevo impacto tributario sobre los precios desde septiembre.

La decisión quedó formalizada este lunes mediante el Decreto 829/2026, firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma establece que los incrementos remanentes comenzarán a regir el 1° de octubre y no desde septiembre, como estaba previsto.

No se trata de una eliminación de los aumentos, sino de otra postergación. El monto pendiente acumula las actualizaciones correspondientes a los años 2024 y 2025 y a los dos primeros trimestres de 2026.

La legislación establece que los importes fijos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono deben actualizarse trimestralmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor que publica el Indec. Sin embargo, el Ejecutivo viene difiriendo sucesivamente parte de esos ajustes.

El argumento oficial vuelve a ser económico. En los considerandos, el Ejecutivo afirma que la decisión busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible” y sostiene que, bajo ese objetivo, resulta necesario volver a diferir las actualizaciones pendientes.

Hasta ahora, el Decreto 617/2025 y sus sucesivas modificaciones habían llevado hasta el 1° de septiembre la aplicación parcial de los incrementos originados durante 2024, 2025 y el primer trimestre de este año. A esa cuenta se sumaba desde septiembre la actualización correspondiente al segundo trimestre de 2026. Todo quedó reunido ahora para octubre.

Es una herramienta que el Gobierno viene utilizando con frecuencia para administrar el traslado del componente tributario al precio de los combustibles: la actualización se mantiene pendiente y se reprograma mediante decretos antes de que llegue a los surtidores.

La decisión aparece, además, en plena discusión con las provincias. El impuesto a los combustibles quedó en el centro de las discusiones políticas durante las últimas semanas luego de que el vocero presidencial admitiera que una parte de lo recaudado (a través del SisVial, administrado por Economía) contempla el equilibrio fiscal y no es destinada al mantenimiento vial. En paralelo, las provincias reclaman por corredores deteriorados, la Justicia comenzó a intervenir ante la falta de mantenimiento y el ministro Luis Caputo anunció nuevas concesiones.

La semana pasada, en Santa Fe, la Legislatura volvió a reclamar por el deterioro de los 2.700 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan el territorio y por el destino de los recursos que Nación continúa recaudando sobre los combustibles.

El senador socialista Julio Garibaldi llevó al recinto datos para discutir el argumento de que “no hay plata” para mantener las rutas. Según expuso, la incidencia del impuesto sobre el combustible pasó del 8,9% por litro en noviembre de 2023 al 19,25% en julio de este año. Y recordó que durante 2025 la recaudación nacional por ese concepto alcanzó $4,8 billones y que el 28,58% tiene como destino legal el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, mientras otro 4,31% corresponde a infraestructura hídrica.

Al Sistema Vial Integrado ingresaron aproximadamente $1,5 billones, pero, según los datos citados en la Legislatura santafesina, el 73,8% no fue ejecutado en infraestructura y más de $1,2 billones terminaron colocados en instrumentos financieros.

La discusión adquiere especial sensibilidad en una provincia atravesada por corredores productivos y con sucesivos reclamos judiciales y políticos por las rutas 7, 8, 11, 33 y 34.

En el recinto, Leticia Di Gregorio, senadora por General López, sostuvo que los fondos terminaron “en la timba financiera” y recordó que la Justicia ya obligó a Nación a intervenir sobre las rutas 7, 8 y 33 ante un reclamo suyo. Las tareas iniciadas después de las medidas judiciales, aclaró, siguen siendo bacheos y no las repavimentaciones reclamadas.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) reportó que en los primeros siete meses del año (enero-julio), el valor total exportado por las cadenas del sector sumó US$ 31.952 millones, consolidando un crecimiento acumulado del 14,9% (+US$ 4.137 millones) respecto a igual período de 2025.

En julio, los despachos al exterior totalizaron US$ 4.926 millones, superando en un 2,2% a las cifras registradas en julio del año anterior (+US$ 106 millones). Luis Caputo celebró en redes el “récord histórico” que -calificó- representan estos números.

El ministro de Economía destacó que “las exportaciones agroindustriales en los primeros 7 meses del año ascendieron a 74,3 millones de toneladas, registrando un crecimiento de 13% en relación con igual período de 2025 y alcanzando un récord histórico para el período”.

La soja continúa siendo el principal aporte a la balanza comercial; ese complejo agroindustrial acumuló el 33,0% de participación total, totalizando US$ 10.548,6 millones (+0,5% acumulado).

El maíz representa el 16,5% de las exportaciones con US$ 5.269,4 millones (+12,0% acumulado), impulsado por un salto del 42,0% en julio.

Según el reporte de la CAA, la mayor contribución absoluta a la suba en julio fue del girasol: alcanzó los US$ 2.419,4 millones acumulados (+100% interanual), tras un alza mensual del 14%.

Carne y Cuero Vacuno -siempre de acuerdo al informe del CAA- sumaron US$ 2.999,1 millones acumulados (+40% interanual) con una sólida expansión del 29% respecto a julio de 2025.

A su vez, el trigo acumuló US$ 2.603,8 millones (+37% interanual), aunque mostró un leve ajuste interanual de -2% en el mes de julio.

El sector Porcinos lideró el crecimiento porcentual con una suba interanual del 188% en el mes y del 111% en el acumulado. Para los algodoneros el repunte fue del 188% en julio y 101% en el acumulado anual.

Apícola y Legumbres fueron segmentos destacados con incrementos acumulados del 65% y 77%, respectivamente.

Entre los pesqueros, las exportaciones aportaron US$ 1.416,3 millones (+18,0% acumulado y +38,0% en julio), abarcando el 4,4% de las divisas del sector.

El segmento Bovino-Lácteo alcanzó US$ 811,9 millones (+14,0% acumulado). La Cebada registró US$ 813,8 millones (+11,0% acumulado).

Los complejos Avícola (-43% acumulado), Arrocero (-17% acumulado) y Manisero (-5% acumulado) presentaron las principales caídas que desaceleraron el crecimiento general del sector.

El informe señala que el tipo de cambio vendedor/comprador del Banco Nación promedió en julio de 2026 los $ 1.476,98 por US$, con un incremento del 2,4% mensual y un 17,1% interanual. Una forma velada de señalar la pérdida de competitividad.

El Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) elaborado por el Banco Central (BCRA) registró una mejora del 1% respecto a junio; sin embargo, se ubica 2% por debajo del promedio registrado en 2025 y 6% por debajo del nivel de hace un año, manteniéndose como un indicador central de seguimiento para los márgenes de competitividad de las economías regionales y cadenas agroalimentarias.

El diputado nacional por Santa Fe Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, sostuvo que la postura del oficialismo sigue siendo la de eliminar definitivamente las PASO.

En diálogo con El Litoral, consideró que no son más que “una encuesta cara”, que obligan al electorado a concurrir reiteradamente a las urnas y no cumplen los objetivos con que fueron creadas.

- La Libertad Avanza está impulsando de manera decidida la eliminación de las PASO, pero con fuerte resistencia en el resto del arco político. ¿Cuál es el objetivo de esa medida?

- Nosotros sostenemos la eliminación porque creemos que es una encuesta cara. Que la pagan los contribuyentes. Porque en definitiva funciona como eso. Es, simplemente, ver en qué situación está cada candidato, y no resolver internas. Porque muchos partidos las tienen que resolver de antemano.

Es más, eliminar las PASO favorece las internas, porque facilita las posibilidades. En vez de buscar acuerdos, los partidos vuelcan sus problemas internos a la sociedad. Y la gente, por lo que uno puede ver en la opinión pública, está cansada de votar cuatro o cinco veces en el año.

El año que viene con PASO seguramente tendríamos que votar cinco veces. Entonces, vas a tener dos provinciales, dos nacionales y un posible balotaje. Cinco elecciones. La verdad es que la política no ayuda a que la gente se comprometa y se involucre con los temas.

Va a ser un año que va a arrancar electoralmente en Santa Fe, donde el Gobierno va a adelantar la elección, y desde febrero vamos a estar con listas, y con elecciones en abril y en junio, seguramente.

Después elecciones en octubre, otra vez si hay balotaje. Hay que prestar atención a ese fastidio, ese cansancio que tiene la gente, no es bueno. Entonces, creo que eliminar las PASO va a ser un ahorro, y una solución a un tema que viene planteando la gente. Y es decirle a la política, arreglen sus problemas internamente y no le pasen el costo a la gente.

- ¿Y cómo se resolvería la cuestión de las candidaturas de los partidos, en caso de que no haya acuerdos? ¿Volver a las internas cerradas con voto de los afiliados, internas abiertas pero no obligatorias?.

- Hay varias modalidades. Una es que cada partido político decida de qué manera hacerlas. Si quiere hacerlas abiertas o si quiere hacerlas cerradas solamente con sus afiliados, es decir, los de su padrón. Y si quiere hacerlas abiertas, con qué modalidad.

Algunos partidos están dispuestos a aceptar eso, pero piden algún apoyo logístico del Estado; por las dificultades de llamar a una interna en todo el país sin una apoyatura. Hay partidos que dicen: "No tenemos infraestructura para hacerlas”. Entonces, están pidiendo que no siendo obligatorias, haya algún tipo de control y apoyo estatal, para que la gente se anime y quiera ir a participar.

- ¿Esto es algo que ya se está discutiendo como posibilidad concreta, dentro de los negociaciones para que se vote la reforma?

- No, no. Son pedidos de algunos partidos que empiezan a ablandar posiciones duras. Porque están los que no quieren saber nada con esto, y otros que lo empiezan a analizar de otra manera. Nosotros seguimos con la misma tesitura, que es la eliminación de las PASO. En eso no ha habido cambios.

- En el caso de quienes no aceptan la eliminación de las PASO es porque las ven como la mejor manera de resolver la cuestión de las distintas posturas internas, por lo menos de una manera ordenada y que evite confrontaciones más duras.

- Sí, puede ser. Pensemos en el principal partido opositor. El problema que tienen es que, aparentemente, no pueden resolver su interna de otra manera. Yo creo que lo van a terminar resolviendo. Porque las PASO en su momento fueron un invento de Néstor Kirchner para solucionar un problema coyuntural.

Después de eso, si uno lee el sentido de las PASO que está en los fundamentos de la ley, encuentra que los objetivos que tenía eran muy buenos, pero lo que se consiguió fue todo lo contrario.

- ¿Por qué lo dice?

- Porque las PASO decían: "Vamos a tener que darle mayor protagonismo a la ciudadanía, mayor vida a los partidos políticos; todas esas cosas que no se dieron en absoluto. Estamos lejos de haber logrado eso. Entonces, creo que eliminar las PASO lo que va a hacer es que los partidos pongan en valor sus estructuras, las usen, y presenten sus candidatos como corresponde.

- En Santa Fe, no obstante, hay consenso político para sostener las PASO a nivel provincial.

- Bueno, porque es lo que quiere el Gobierno y en la Legislatura no hay discusión política. Hay una mayoría de Unidos, y Unión por la Patria que no existe hoy por hoy, y acompaña todo. No hay oposición de parte de ellos.

Y se aprueban cuestiones como que los precandidatos a gobernador se postulen con tres vices diferentes. La verdad es que eso es lamentable, y hasta inconstitucional, porque un candidato no puede serlo en simultáneo en distintas listas. Y lo que estamos eligiendo son fórmulas.

- Y a nivel nacional, ¿qué tantas chances ve de que la iniciativa tenga acompañamiento? ¿Cuándo se podría llegar a tratar?

- Todavía no está en discusión formalmente. Las conversaciones están, pero como algo preliminar. Y me parece que vamos a lograr un acuerdo. Y si no, siempre está la posibilidad de suspenderlas por la próxima elección. Siempre hay alternativas, entonces creo que se van a lograr los objetivos.

El Índice de Confianza en el Gobierno nacional (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, registró en agosto de 2026 un valor de 2,06 puntos. Esto representa una mejora del 6,4% respecto de julio para Javier Milei, siendo la segunda suba del año tras el incremento de junio.

Sin embargo, el indicador muestra una caída del 16,5% si se lo compara con el cierre del año pasado. Agosto registró el segundo aumento mensual del ICG en lo que va de 2026, siendo el primero el del mes de junio.

Las tasas de variación mensual del ICG durante este año fueron las siguientes: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%), mayo (-1,6%), junio (+3,9%), julio (-6,5%) y agosto (+6,4%).

Al comparar el mes 32 de gestión, Milei (2,06) se ubica por encima de Mauricio Macri (1,94; +5,9%), Cristina Kirchner II (1,82; +13,1%) y Alberto Fernández (1,18; +74,1%). Solo es superado por el registro de Néstor Kirchner (2,63; -21,8%).

En promedios históricos totales, la era Milei (2,36) supera el promedio de las gestiones completas de Cristina Kirchner I (1,71), Cristina Kirchner II (1,83) y Alberto Fernández (1,69).

No obstante, este registro global del libertario se posiciona por debajo de la marca histórica de Néstor Kirchner (2,49) y apenas por encima de la de Mauricio Macri (2,27).

El repunte mensual del ICG estuvo apuntalado por la mejora en cuatro de sus cinco dimensiones: el componente de Eficiencia subió a 2,02 puntos (+12,6%), el de Preocupación por el interés general a 1,71 (+12,8%), la Evaluación general de la gestión llegó a 1,76 (+7,6%) y la Honestidad a 2,52 (+2,7%). El factor de Capacidad se mantuvo estable en 2,29 (+0,3%).

La confianza expone marcadas diferencias demográficas. La brecha de género aumentó levemente: el ICG en hombres subió a 2,26 (+7,2%), frente a 1,78 en mujeres (+2,1%).

En tanto, el segmento de 18 a 29 años registró el nivel de confianza más alto y la mayor suba del mes con 2,80 puntos (+66,3%), una oscilación que podría estar influida por el tamaño de la muestra.

En el plano geográfico, el interior lidera la confianza con 2,25 puntos (+7,7%), mientras que en el AMBA la CABA registra 1,92 (+0,1%) y el GBA un 1,72 (+5,2%).

Por nivel educativo, el mayor respaldo se ubica en el sector terciario y universitario con 2,27 (+11,6%), seguido por el secundario con 1,75 (-8,2%) y el primario que subió fuerte a 1,53 (+19,5%).

La victimización por delitos y las expectativas económicas también definen la confianza. Quienes no sufrieron delitos puntúan con 2,15 frente al 1,70 de las víctimas.

En tanto, la confianza se dispara a 4,13 entre quienes creen que la economía mejorará en un año, cae a 2,58 si creen que seguirá igual y se desploma a 0,34 si consideran que empeorará.

Este estudio de opinión pública nacional es confeccionado desde noviembre de 2001 por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

El trabajo de campo, realizado por Poliarquía Consultores entre el 4 y 13 de agosto de 2026, incluyó una muestra telefónica de 1000 casos en 39 localidades del país, con un error estándar de ±0,07 y un intervalo de confianza del 95%.