Mauro L. Muñoz

El oficialismo intentará esta semana sostener el pulso legislativo en el Congreso con proyectos que considera prioritarios. Pero el avance de esa agenda está atravesada por las maniobras políticas de los espacios opositores contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debido a las inconsistencias en su declaración jurada.

En Diputados, el bloque de La Libertad Avanza apunta al miércoles 24 como fecha para sesionar sobre dos proyectos clave: el Súper RIGI para grandes inversiones en nuevas industrias y el acuerdo con bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda.

Para eso antes tiene que conseguir dictamen. Este miércoles 17 desde las 12, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia tratarán el expediente de renegociación con Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund. Antes del pase a la firma, expondrán Sebastián Amerio, procurador del Tesoro de la Nación, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. El proyecto ya tiene media sanción del Senado y autoriza el pago de 171 millones de dólares a tenedores de títulos públicos que iniciaron demandas tras el default de 2001, pero que no ingresaron al acuerdo cerrado en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.

Este mismo miércoles, desde las 15, las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva buscarán dejar listo el dictamen del Súper RIGI. La iniciativa ya atravesó dos jornadas informativas: una con funcionarios y otra con representantes del sector empresarial. El proyecto apunta a captar inversiones de gran escala en actividades que el Gobierno define como nuevas para la estructura productiva nacional. A diferencia de otros temas más conflictivos, el texto llegó al Congreso con aval inicial de aliados y sectores de la oposición dialoguista. De todos modos, algunos representantes provinciales pidieron ajustes en la redacción de artículos puntuales.

La Casa Rosada quiere llevar ambos proyectos al recinto el miércoles 24 de junio. Ese sería, por ahora, el temario central para una sesión con miras a dar señales de estabilidad ante los mercados, pero que antes tiene que gestionar las tensiones políticas que atraviesa el gobierno de Javier Milei.

El problema para el oficialismo es la situación de Adorni. La oposición más dura busca abrir el recinto de Diputados el martes 23 de junio para impulsar una ofensiva contra el jefe de Gabinete. La iniciativa lleva la firma de Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, y fue acompañada por legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y monobloques opositores.

El objetivo es reunir 129 diputados para iniciar la sesión. Pero todavía no tienen asegurado el número. Según los cálculos preliminares, podrían reunir alrededor de 115 bancas con asistencia perfecta. Les faltarían unos 14 diputados. Ahí aparecen el PRO y la UCR. Ambos espacios emitieron críticas duras contra Adorni, pero no está claro que estén dispuestos a acompañar una sesión para avanzar contra el ministro coordinador. En el PRO llegaron a reclamarle al Presidente que defienda “el cambio y no a Adorni”. Pero una cosa es exigir explicaciones y otra es habilitar una ofensiva parlamentaria que pueda terminar en moción de censura.

El temario opositor incluye pedidos para que Adorni brinde informes verbales ante el Congreso, requerimientos escritos al Poder Ejecutivo y proyectos de interpelación orientados a iniciar una moción de censura. Según el artículo 101 de la Constitución, el jefe de Gabinete puede ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara. Pero, al no tener dictamen, la oposición necesitaría dos tercios de los presentes para tratar esos proyectos sobre tablas. Ese número aparece prácticamente fuera de alcance.

Por eso, la jugada más probable, si logran abrir el recinto, sería emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que fijen fecha de debate. Ambas están presididas por legisladores libertarios: Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo.

La presión sobre Adorni también llegó al Senado. La vicepresidenta y titular de la Cámara, Victoria Villarruel, convocó para este miércoles 17 a una reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de bloque. El encuentro servirá para ordenar la sesión prevista para el jueves, pero también para discutir cuándo el Jefe de Gabinete deberá concurrir al recinto a presentar su Informe de Gestión.

Villarruel coincide con José Mayans, jefe del bloque Justicialista, en que la presentación debería concretarse este mismo mes argumentando la gravedad de los acontecimientos. Patricia Bullrich, titular del bloque libertario en el Senado, propone consensuar la primera semana de julio, con el jueves 2 como fecha posible.

Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti ya pidieron una moción de censura contra Adorni. Argumentan que existen “graves inconsistencias patrimoniales”, además de “ocultamientos, omisiones, contradicciones y rectificaciones” en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción y ARCA. También señalan un “impresionante e inexplicable incremento de su patrimonio personal desde que asumió en la función pública”.

El jueves, además, la Cámara alta tiene previsto tratar pliegos de jueces del fuero laboral que ya obtuvieron dictamen. La discusión aparece atravesada por la prórroga por cinco años del mandato del magistrado Víctor Pesino, cuestionado por el peronismo por un fallo que habilitó la implementación de la reforma laboral.

La Libertad Avanza también pretende incluir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, siempre que logre superar diferencias internas y con aliados sobre el capítulo de tierras fiscales, que elimina restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales en la Argentina.

En paralelo, la Casa Rosada sigue intentando consensuar una reforma electoral con eje en la eliminación de las PASO, el desfinanciamiento de partidos y campañas, y cambios en la ley de partidos políticos. Pero cualquier modificación electoral requiere mayoría absoluta: 129 diputados y 37 senadores. Los libertarios están lejos de esos números por cuenta propia.

La senadora nacional Patricia Bullrich (LLA) sigue anotando "desmarcaciones", por no decir diferencias, con la cúpula del gobierno nacional. Aunque no es la única y ya se verá por qué.

El año pasado fue por el caso del ex diputado José Luis Espert a quien, luego del respaldo obtenido por parte del presidente Javier Milei, le pidió explicaciones tras quedar expuesto por sus vínculos por Fred Machado, investigado en EE.UU por lavado de dinero y fraude.

Después fue el tema Adorni: Bullrich adelantó la presentación de su declaración jurada aún antes del plazo de vencimiento y reclamó la misma actitud al Jefe de Gabinete, a quien se investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

En las últimas horas, la ex presidenta del PRO le presentó su renuncia como jefa de la bancada libertaria en la Cámara alta al propio Milei quien, según afirman medios nacionales, no se la aceptó.

¿Las razones? Su disconformidad con la decisión de retirar el pliego, ya evaluado y aprobado por la Comisión de Acuerdos junto con otras 70 postulaciones, de María Verónica Michelli para jueza de la ciudad de La Plata.

Michelli transitó sin sobresaltos la audiencia pública en la que se postuló para el cargo pero el proceso para su designación, que tiene que completar el Senado, quedó en suspenso, según coinciden todas las versiones, por ser pariente política de Hugo Alconada Mon, reconocido periodista que investigó, entre otros temas, el caso $Libra.

Un dato: este martes Michelli fue recibida por la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado Victoria Villarruel, distanciada desde hace largo tiempo de los hermanos Javier y Karina Milei.

Así las cosas, este miércoles antes del mediodía la ex ministra de Seguridad del gobierno libertario arribó al Senado para participar de la reunión de labor parlamentaria en la que se definirá el temario para la sesión que, en principio, se concretará este jueves.

Antes de ingresar fue consultada por la decisión que adoptó en las últimas horas y si esa renuncia a la jefatura del bloque entrañaba una ruptura con el Ejecutivo. "De ninguna manera", afirmó para agregar que "las divergencias son parte de la vida política".

Bullrich se refirió de ese modo a su decisión de ejercer "la objeción de conciencia" para rechazar el pedido del Gobierno de retirar el pliego.

"De ninguna manera hay una fractura, el bloque está consolidado en sus ideas, tiene un trabajo de unidad muy claro y por eso hemos votado todos los proyectos que el Poder Ejecutivo ha enviado", manifestó Bullrich en diálogo con el periodismo, tal cual recoge la Agencia Noticias Argentinas.

Además, anticipó que "este jueves vamos a tener una sesión muy importante, porque no vamos a parar nuestra labor ni por el mundial, vamos a seguir trabajando", en alusión a la compulsa mayor del fútbol que arranca el 11 de junio.

Para la sesión a la que alude está previsto incorporar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y el Acuerdo de Conciliación con los holdouts, además de los cargos judiciales ya convalidados, menos el pliego de Michelli que quedará en suspenso para la próxima semana.

En su voluntad de mostrar apoyo a presidente Milei, a quien se sumó en 2023 para confrontar a la oposición en el ballotage, aseguró que "este es el primer Gobierno que toma la decisión de no dejar a la Justicia como está ahora, con subrogantes, con problemas, con jueces que tienen que viajar 1.000 kilómetros de un lugar a otro".

Explicó que debido a la gran cantidad de pliegos enviados al Congreso "en la masividad puede haber habido algún problema", pero aclaro: "Yo lo dije con claridad y punto, el Presidente lo sabe".

Precisamente, este miércoles el PEN envió otros 32 pliegos.

Bullrich no es la única legisladora dispuesta a contradecir el retiro del pliego en cuestión, ni siquiera dentro de su partido.

El formoseño Francisco Paoltroni también manifestó su decisión de no acompañar la medida presidencial. "Yo tengo una línea en la que, cuando no estoy de acuerdo con algo, planteo mi disidencia. Ya lo hice con (Ariel) Lijo y con (Manuel) Adorni, que no presentó su declaración jurada".

"Vengo acompañando todo, sobre todo con la decisión económica, pero hay algunas cosas de moral de política de Estado en donde doy mi opinión y no por eso soy opositor, ni enemigo y no quiero generar daño", aclaró.

Desde el radicalismo, la santafesina Carolina Losada anticipó que el bloque que integra tampoco va a apoyar el retiro del pliego. Y por el PRO se manifestó a primera hora el presidente del bloque, Enrique Goerling Lara.

Poco después se supo que la misma línea seguirá la senadora Flavia Royón, del monobloque Primero los Salteños.

Por ahora, oficialismo y oposición hacen cuentas. Para la sesión de este jueves y para 2027.

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las herramientas centrales derivadas de la ley de reforma laboral.

Mediante el Decreto 408, publicado este lunes en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei fijó las bases operativas, los mecanismos de financiamiento y el alcance técnico que regulará este nuevo sistema de coberturas para despidos.

La normativa establece que el esquema entrará en vigencia efectiva a partir del 1 de noviembre de este año, postergando la aplicación inicial prevista para este mes debido al impacto fiscal de la medida.

El sistema estará destinado con exclusividad a los empleadores del sector privado y se instrumentará a través de fideicomisos financieros o fondos comunes de inversión, bajo la supervisión directa de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Cada firma empleadora dispondrá de una cuenta individual donde acumulará las contribuciones mensuales. El incentivo principal para las empresas radica en una reducción de las contribuciones patronales ordinarias destinadas al sistema de seguridad social, la cual resultará equivalente a los recursos económicos volcados por la compañía dentro del FAL.

En el decreto se indicó que “resulta pertinente la instrumentación de los Fondos de Asistencia Laboral a través de vehículos de inversión colectiva autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Economía, tales como fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros, que permitan la segregación patrimonial, la afectación específica de los recursos y la adecuada supervisión del régimen”.

“Que, en ese marco, corresponde definir con precisión a los empleadores alcanzados, los vehículos de inversión colectiva autorizados y las entidades habilitadas para la administración de los citados fondos, las características de las cuentas individuales del empleador y los requisitos de registración de los trabajadores para acceder a la cobertura del respectivo Fondo de Asistencia Laboral (FAL)”, añadió.

Con relación a cómo se implementará, la disposición señaló que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de la recaudación y derivación de las contribuciones, integrándolas al sistema de la seguridad social, mientras que se establece que el empleador deberá informar un identificador del fondo, denominado "ID FAL", para permitir la correcta asignación de los aportes.

Además, el texto también regula el procedimiento para el pago de indemnizaciones e indica que, una vez presentada la declaración correspondiente, la entidad administradora deberá transferir los montos al trabajador "dentro del plazo máximo de cinco días hábiles", a la vez que dispone que las inversiones de estos fondos deberán realizarse exclusivamente en "instrumentos financieros emitidos y negociados en la República Argentina".

La reglamentación establece además que los recursos administrados por estos fondos solo podrán invertirse en instrumentos financieros emitidos y negociados en la República Argentina, con el objetivo de promover la inversión productiva local.

Entre otros aspectos, se fija que los trabajadores deberán encontrarse debidamente registrados y con una antigüedad mínima de doce meses en los registros laborales para acceder a la cobertura plena del sistema.

En el texto publicado en el Boletín Oficial se indicó que el régimen no comenzará a operar de manera inmediata, ya que el Poder Ejecutivo prorrogó su entrada en vigencia hasta el 1° de noviembre de 2026.

Hasta esa fecha, la Secretaría de Trabajo, la CNV, ARCA y la Secretaría de Finanzas deberán dictar las normas complementarias necesarias para la implementación operativa del nuevo esquema de financiamiento de indemnizaciones laborales.

El Gobierno nacional reglamentó cambios en los recibos de sueldo que prometen modificar la forma en que los trabajadores visualizan sus ingresos. A partir de la implementación de la reforma laboral, los comprobantes salariales incorporarán un esquema más detallado que permitirá conocer no solo cuánto cobra el empleado, sino también cuánto paga la empresa y qué organismos reciben los distintos aportes y contribuciones.

La medida fue presentada por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, quien aseguró que el objetivo es transparentar los costos laborales y exponer con claridad las retenciones que se aplican sobre los salarios. Según explicó, el nuevo diseño permitirá realizar una "lectura en cascada" para entender el recorrido completo del dinero desde que sale de la empresa hasta que llega al bolsillo del trabajador.

"Todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible", sostuvo el funcionario al anunciar la reglamentación.

El cambio forma parte del paquete de reformas laborales impulsadas por el Gobierno y busca que los trabajadores puedan identificar de manera sencilla qué parte de los recursos se destina a aportes previsionales, obras sociales, sindicatos y otros organismos vinculados al sistema laboral argentino.

El nuevo esquema estará dividido en tres grandes bloques claramente diferenciados.

En el primer cuerpo aparecerán todas las contribuciones realizadas por el empleador. Allí se detallarán los montos que la empresa destina a organismos de seguridad social, sindicatos, federaciones y otros entes vinculados al sistema laboral. Según Sturzenegger, esta sección representa un "sinceramiento total" de los costos laborales asociados a cada puesto de trabajo.

El segundo bloque conservará el formato tradicional que actualmente utilizan la mayoría de los recibos salariales. Allí figurará el salario bruto del trabajador y los descuentos legales correspondientes hasta llegar al monto final que percibe en su cuenta bancaria o en efectivo.

Por último, se incorporará un tercer apartado que mostrará de forma gráfica la denominada "cuña fiscal y sindical", es decir, todos los recursos que se recaudan por encima del salario neto y que son derivados a distintos organismos.

La intención es que el trabajador pueda visualizar de manera inmediata cuánto dinero genera su empleo y cómo se distribuye entre aportes, contribuciones y salario efectivo.

Desde el Gobierno sostienen que la medida busca fortalecer la transparencia y facilitar la comprensión del sistema de recaudación vinculado al trabajo formal.

De acuerdo con la explicación oficial, el nuevo recibo permitirá conocer con exactitud el destino de cada aporte y contribución, algo que actualmente suele aparecer de manera resumida o poco visible para la mayoría de los empleados.

El Ejecutivo considera que esta información ayudará a que cada trabajador pueda comprender mejor la estructura de costos asociada a su empleo y el funcionamiento de los mecanismos de financiamiento de la seguridad social.

Además, la reforma apunta a exponer con mayor claridad la diferencia entre el costo laboral total que afronta una empresa y el ingreso neto que finalmente recibe el trabajador, una discusión que forma parte del debate sobre la competitividad y la presión tributaria en el mercado laboral argentino.

La reglamentación no modifica los descuentos vigentes ni crea nuevos aportes, pero sí cambia la forma en que se presentan los datos, incorporando un nivel de detalle que hasta ahora no era obligatorio en los recibos de sueldo.

Juan Pablo Peralta - Periodista acreditado en Casa Rosada

El Gobierno de Javier y Karina Milei cada vez le cuesta más retomar el control de la gestión. Datos, actos, charlas y visitas no logran sacar de agenda los problemas que atraviesan los ciudadanos de a pie, que perciben, según encuestas y reconocimientos del propio Gobierno, que la situación está difícil. No son pocos los impedimentos. La necesidad, que muchos no se explican -aunque se den varias justificaciones en off- pasan por la voluntad de mantener firme en la JGM a Manuel Adorni, mientras el funcionario continúa siendo bombardeado desde los tribunales de Comodoro Py, donde el juez Federal Ariel Lijo está mostrando una celeridad pocas veces vistas.

La pregunta que muchos se hacen en los despachos de Balcarce 50 es ¿por qué? Al fin de cuentas fue el hombre que eligió el Primer Mandatario para que fuera a la Corte Suprema, donde el entorno del magistrado asegura que no respaldaron su pliego como podrían haberlo hecho en el Senado. Lo del vocero y titular de la Jefatura es uno de los problemas que más está afectando a la administración libertaria, pero pese a eso en Balcarce 50, los comandantes violetas infieren que, en breve, cuando el funcionario presente su Declaración Jurada ante la Oficina Anticorrupción todo se irá diluyendo entre los partidos del Mundial 2026. Hace unas horas, un alfil de las Fuerzas del Cielo que habló con El Litoral, apuntó sus dardos directamente hacia el ala norte de la sede ejecutiva y expresó sin eufemismos: “Los riojanos ‘riverplatenses’ son los que tiran esas teorías pésimas. Hasta de mal gusto futbolero. Son tan improvisados que ya no se acuerdan ni de Alberto Fernández. Y mirá que lo tienen ahí en la historia. La selección salió campeona, cosa que no le sirvió ni para volver a ser candidato, y encima lo dejaron garpando porque ni siquiera quisieron venir acá (a la Rosada) ¿De qué amnesia futbolera hablan estos muchachos? Preguntó irritado el joven libertario.

La tregua que la secretaria General de la Presidencia impuso a sus laderos (Sebastián Pareja, ‘Lule’ Menem y Martín Menem), y también a los soldados que responden de Santiago Caputo se rompió inevitablemente y ya pasó a ser otro dilema que toma estado público debido a intercambios ‘epistolares’ vía X.

El joven asesor de Milei sigue sosteniendo -a través de sus portavoces informales- que “esas internitas solamente le importan a los periodistas y a la gente que está loca como nosotros, mirando los canales de noticias y leyendo sus dispositivos reproduciendo las mismas pavadas todo el día. El resto vive su vida, y en todo caso usa esas mismas herramientas para cosas más interesantes que las pavadas que pasan acá”, replican en ese sector del Salón Martín Fierro, bajándole el precio a las discusiones endógenas. Vale añadir, que tampoco falta el estratega gubernamental, que como parte de la mesa chica violeta, prefiere que se hable de esas “peleítas de palacio y de los supuestos dólares y mansiones de Adorni, que son todas mentiras, que de otras cuestiones técnicas del plan económico que se complican bajo las probabilidades del ‘riesgo kuka’ y el conflicto en Oriente Medio”.

Tras el cierre de la sala de periodistas y el impedimento de que los acreditados ingresaran a trabajar a la sede del Poder Ejecutivo Nacional durante diez días, otra decisión fuerte que tomó la hermana presidencial fue cortar todo acercamiento al principal consejero de su hermano con los cronistas que cumplen funciones en Casa de Gobierno.

El ala sur del histórico edificio del PEN fue bloqueada por personal de Casa Militar y hasta se pusieron cámaras de seguridad que impiden taxativamente el paso a los acreditados por la zona, y mucho menos montar guardia en el lugar para ver que altos personajes de la política local e internacional visitan al influyente consultor que estuvo varios días en Estados Unidos contactándose con altos mando del secretariado de Estado, Marco Rubio. El de Santiago Caputo es un despacho en el que se puede ingresar a diputados y senadores de distintas fuerzas, como, por ejemplo, el integrante de la Cámara alta que representa a Provincias Unidas (muy cercano al kirchnerismo), Camau Espínola; a un astro del deporte como Martín Palermo; a un lobbista de Donald Trump como Barry Bennett o al mismísimo embajador norteamericanos en nuestro país, Peter Lamelas. Un espectro de visitantes que se amplía a casi todos los integrantes de la administración nacional, salvo claro, los primos de La Rioja.

En el primer choque que hubo entre las facciones en pugna, en la previa a las elecciones de medio término en 2025, cuando Sebastián Pareja y la propia Karina impidieron que la mayoría de los jóvenes ‘cielistas’ quedaron afuera de las listas violetas, se había tomado una decisión parecida pero menos drástica. La Casa Militar pedía que periodistas y santiaguistas “no obstaculizaran el paso de los mozos, administrativos, dirigentes y de cualquiera que subiera o bajara las escaleras de mármol de Carrara en ese amplio sector de la sede ejecutiva en charlas a micrófono apagado.

Estos incidentes, para algunos menores y también desconocidos, marcan la pauta de cómo están las cosas por estos días en las entrañas del mileísmo, que quedó dividido en un espacio que se dedica exclusivamente a las cuestiones partidarias y de vinculación con intendentes y gobernadores –donde militan los Menem y Santilli- y otro que está direccionado a ser el que maneja las cajas de los principales organismos del Estado y funciona como la materia gris de las tácticas comunicacionales del mandamás del Ejecutivo, quien resiste cotidianamente las divergencias entre estos bloques que se disputan el poder en base a controlar carteras decisivas en materia de recursos y capacidades.

El Caputismo puede haber perdido el Ministerio de Justicia a manos de Juan Bautista Mahiques, una dependencia efectivamente clave, pero mantiene su égida en la discrecional SIDE, que ahora Pareja intentará controlar desde la bicameral de Inteligencia del Parlamento; la Unidad de Información Financiera (UIF), bajo el control de Matías Gabriel Álvarez; ARSAT; la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-ex AFIP), dirigida por Andrés Eduardo Vázquez; la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia a través de María Ibarzábal Murphy; el ENACOM, con Rodrigo Lugones -hijo del ministro de Salud Mario Lugones (otro aliado incondicional de Santiago); el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, liderada por otro santiaguista como Néstor Marcelo Lamboglia; la petrolera YPF, bajo la influencia de su socio Guillermo Garat; el portal educativo del Estado argentino EDUC.AR, y durante los dos primeros años de mandato, la Secretaría de Culto y Civilización, en la que uno de los pocos ‘caputista puros’ asumió como diputado provincial, nos referimos a Nahuel Sotelo.

Esa es la estructura de poder del integrante del ‘Triángulo de Hierro’ que la menor de los Milei pretende desguazar. “Nosotros no nos vamos de acá ni, aunque nos echen”, sentenció entre sonrisas uno de los laderos del alto colaborador presidencial, cuando se empezaba a hablar de una potencial salida de Adorni. Muchos se preguntan en los pasillos rosados por qué el tío segundo del estratega libertario –y ministro de Hacienda- no entrega todas las partidas del PAMI, que el jefe de la cartera sanitaria reclama casi a diario a Economía. De hecho, no sólo amagó con renunciar, sino que optó por presentar una grave denuncia contra el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por presuntos sobreprecios que alcanzaría el 4239%. Un escándalo de proporciones que los libertarios suman a la lista de causas judiciales que prometen más imputados y procesados, tal el caso de la criptomoneda LIBRA, que por ahora está en el limbo de la comisión investigadora del Congreso y el fiscal federal Eduardo Taiano.

No es un dato no menor, que salvo Alejandra Monteoliva (Seguridad); Diego Santilli (Interior), y Juan Bautista Mahiques (Justicia), el resto de los ministros nacionales tengan diversas instancias judiciales activas. Este es otro de los dilemas que según una garganta mileísta justifica que Adorni se mantenga en su puesto: “Ninguno de los integrantes del Gabinete quiere asumir este lugar, por una razón o por otra. Están los que tienen pretensiones en sus territorios, como Martín (Menem) o ‘El Colo” en la provincia de Buenos Aires. Pilar Ramírez (presidenta de LLA en CABA y jefa de bloque en la legislatura porteña) fue tomada en cuenta como una opción, que algunos ‘karinistas no descartan, pero ella también tiene sus aspiraciones, que al ver el panorama en el espejo de los que pasaron por ahí, no genera le genera muchas certidumbres”, deslizó el informante, que a su vez rodea activamente a la Mesa Política que viene retrasando su próximo cónclave, sería el lunes 25 de mayo luego del Tedeum a las 11 horas, cuando los popes libertarios concluyan que las aguas podrían llegar a calmarse y los protagonistas de la novela violeta desensillen de cara al objetivo de máxima que los Milei les reclaman: estar cuatro años más al frente del país.

El Gobierno nacional envió a Estados Unidos una lista con 34.000 hinchas argentinos que tendrán restricciones para ingresar a los estadios durante el Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 18 de julio.

La medida fue anticipada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y quedó formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.

La nómina incluye a personas alcanzadas por el programa Tribuna Segura, entre ellas hinchas con derecho de admisión vigente por hechos de violencia en el fútbol.

A ese registro se sumaron 13.000 deudores alimentarios morosos, que también serán informados a las autoridades estadounidenses de cara al torneo.

“Estamos enviando a Estados Unidos la lista con 34.000 personas que no van a poder entrar a la cancha en el Mundial”, afirmó Monteoliva.

El artículo 1 de la resolución instruye a poner a disposición de la Embajada de Estados Unidos en Argentina la información de las personas con restricciones vigentes para ingresar a eventos deportivos.

La decisión se enmarca en los acuerdos de seguridad firmados con organismos del gobierno estadounidense por la realización del Mundial 2026.

El artículo 2 ordena a la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos ejecutar las acciones necesarias para cumplir con el protocolo de tratamiento de datos del programa Tribuna Segura.

Monteoliva sostuvo que la medida busca mostrar la posición del Gobierno frente a la violencia en los estadios y también frente a los deudores alimentarios.

La ministra remarcó que el objetivo es establecer “reglas claras” antes del inicio de la Copa del Mundo, que tendrá sedes en Estados Unidos, México y Canadá.

La lista enviada incluye a personas con derecho de admisión, sancionados por distintos motivos dentro de Tribuna Segura y deudores alimentarios morosos.

El presidente Javier Milei dio una entrevista en la tarde-noche de este jueves en el streaming oficialista Neura, tras la difusión del dato de inflación de abril y vinculó la reducción de precios con la estrategia política para las próximas elecciones presidenciales.

En la charla con el periodista Julián Yosovitc, el mandatario explicó los pasos de su gestión y sostuvo que la lucha contra la inflación continúa hasta alcanzar “cero”, un objetivo que definió como prioritario para la economía y para la agenda presidencial.

El presidente afirmó además que su administración instrumentó un “ajuste de 15 puntos del PBI” y enfatizó en la necesidad de mantener la “batalla cultural” como parte de la construcción política tras los resultados informados por el INDEC sobre la evolución de los precios.

Consultado sobre qué imagina para un eventual segundo mandato, dijo que el partido libertario “va a buscar 80, 90 y 100 años de liberalismo”, lo que requiere, dijo, “batalla cultural y mucho trabajo”, subrayó. Al respecto, elogió a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por haber conformado el partido de La Libertad Avanza en los “24 distritos”.

En la entrevista en Neura, Milei afirmó sobre la inflación: “El único dato que nos va a dejar cómodos es que sea cero”, y añadió que la lucha contra la inflación no está terminada hasta que eso ocurra, citando el índice de abril de 2,6% como referencia reciente.

El mandatario explicó que la estabilización de precios tuvo dos fases y atribuyó la primera a cortar la emisión derivada del déficit fiscal; en esa explicación Milei destacó el rol de su equipo y mencionó al ministro de Economía, Luis Caputo, como responsable de medidas que, según él, permitieron recomponer la demanda de dinero.

Milei explicó que quiere que la inflación sea directamente 0 y repasó lo sucedido en el último año, que la suba de precios escaló.

“Tanto ‘Toto’ (Caputo) como yo odiamos la inflación. Cuando uno mira otras experiencias, lograrlo demandó de 7 a 12 años”, señaló Milei sobre la baja en el alza de precios.

Y añadió: “Hoy estamos viendo que la demanda de dinero se está recomponiendo: de tener tasas de 250%, hoy están entre 20 y 22%. Al mismo tiempo, cayó el tipo de cambio”.

Milei recordó que en los primeros meses hubo jornadas “muy complejas” por desequilibrios monetarios y que tras el dato de inflación el objetivo presidencial sigue siendo ambicioso: “Voy a trabajar con el objetivo de hacer mierda a la inflación”, dijo el presidente en la entrevista.

Tras destacar que “la tasa de inflación se empezó a comportar como la del mundo civilizado”, Milei evocó que “nunca en la historia argentina hubo un shock de las características del que hubo en el segundo semestre del año pasado, y no lograron voltear el programa”.

“Además, para decir que Argentina se salvó gracias a Estados Unidos, ayuda que valoramos enormemente, hay que ser muy deshonesto intelectualmente”, acotó.

“Entiendo que la gente se sienta mal porque se frenó la actividad, cayó el salario real y eso tuvo asociado un salto en la tasa de inflación, pero el escenario alternativo era inmundo. Una de las cosas que pasan cuando uno está en la silla eléctrica es que tiene que elegir entre un escenario malo y otro que es una reverenda mierda”, admitió el mandatario.

En el canal oficialista Neura, el presidente combinó análisis económico con definiciones políticas y sostuvo que la “batalla cultural” es necesaria para sostener el programa de gobierno y para preparar el espacio hacia futuras contiendas electorales.

Milei afirmó que, después de triunfo en la Ciudad de Buenos Aires, hubo intentos de romper el programa económico y denunció presiones de medios, políticos y empresarios; en esa línea, el mandatario vinculó la narrativa comunicacional con la respuesta social ante el dato de inflación.

Manuel Adorni y el presidente Javier Milei, que pese a las denuncias sigue brindándole su apoyo.

“Después de que Manuel gana las elecciones en CABA, comienza un ataque especulativo sobre la moneda con intenciones de la política de romper el programa económico”, dijo Milei.

Y luego agregó que "los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones. Hubo claramente un intento de Golpe de Estado", en referencia a lo sucedido el año pasado luego de que Adorni sea ganador en las legislativas porteñas.

El presidente destacó que, pese a pronósticos de una gran depresión por el ajuste, aquello no ocurrió y remarcó la dimensión moral de las decisiones tomadas por su equipo, insistiendo en que la batalla cultural debe acompañar la gestión económica.

Como dato de contexto, el índice de abril fue de 2,6% luego de diez meses sin descenso y el mes previo registró una suba de 3,4%, cifras que el Gobierno comentó como parte de un primer trimestre complejo.

La entrevista en Neura incluyó además críticas a la situación previa a su gestión y referencias a la posibilidad de discutir la vida del Banco Central, una propuesta que el presidente planteó en otros espacios y que volvió a mencionar en la conversación.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles una modificación en el programa Tribuna Segura que impedirá el ingreso a estadios de fútbol a personas registradas como deudores alimentarios morosos.

La decisión fue anunciada por el Ministerio de Seguridad Nacional y forma parte de un convenio firmado con la Ciudad de Buenos Aires para ampliar los criterios de admisión en espectáculos deportivos.

La medida quedó formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y se aplicará en los controles de acceso que se realizan en las canchas de fútbol de todo el país. Según se informó, el sistema incorporará los registros públicos de alimentantes morosos existentes en distintas jurisdicciones argentinas.

El programa Tribuna Segura fue creado para controlar el ingreso a eventos deportivos y detectar personas con restricciones judiciales, antecedentes de violencia o pedidos de captura. Con la nueva disposición, también podrán quedar excluidas aquellas personas que figuren en registros oficiales de deudores alimentarios.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunció la medida a través de redes sociales y sostuvo que “el que no cumple con sus hijos, afuera de las canchas”. Además, señaló que el objetivo es reforzar los controles y ampliar las herramientas de prevención en espectáculos deportivos.

El convenio fue firmado entre el Gobierno nacional y la administración porteña. También participaron el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.

Según la información oficial, unas 13.000 personas serían incorporadas al sistema de control a partir de esta medida. Los registros alcanzados incluyen no solo el padrón de la Ciudad de Buenos Aires, sino también bases de datos provinciales de distritos como Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

La resolución establece que la restricción podrá aplicarse cuando exista una inscripción vigente en un Registro Público de Alimentantes Morosos o mecanismos equivalentes contemplados por las legislaciones locales.

Tribuna Segura es un sistema de control implementado en Argentina para supervisar el acceso a espectáculos futbolísticos y detectar personas con restricciones de concurrencia. El mecanismo funciona mediante la verificación de datos personales en los ingresos a los estadios y se utiliza desde hace varios años en torneos locales e internacionales.

Hasta ahora, el programa estaba enfocado principalmente en personas vinculadas a hechos de violencia en el fútbol, con pedidos de captura o sanciones judiciales. Con esta ampliación, el Gobierno incorporó criterios relacionados con el incumplimiento de obligaciones alimentarias.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la iniciativa busca consolidar “un enfoque integral” en los controles de acceso y sumar herramientas que promuevan el cumplimiento de responsabilidades legales.

La incorporación de los registros de deudores alimentarios también se vincula con proyectos y debates que desde hace tiempo impulsan restricciones similares en distintos ámbitos públicos y privados, como espectáculos masivos, casinos o trámites oficiales.

En varias provincias argentinas existen normativas que limitan determinados derechos administrativos a quienes mantienen incumplimientos vinculados a cuotas alimentarias.

La nueva disposición generó repercusiones en distintos sectores vinculados al derecho de familia y la seguridad deportiva. Mientras algunos respaldaron la utilización de herramientas de presión para incentivar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, otros plantearon interrogantes sobre el alcance jurídico de este tipo de restricciones administrativas.

Por el momento, el Gobierno nacional no precisó cuándo comenzará a aplicarse efectivamente el nuevo sistema en todos los estadios del país, aunque desde el Ministerio de Seguridad indicaron que el intercambio de información entre Nación y las distintas jurisdicciones ya comenzó a implementarse.

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo plan de retiro voluntario para trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el marco de las políticas de ajuste y reorganización de organismos públicos que impulsa la gestión de Javier Milei. La iniciativa fue aprobada por el Consejo Directivo del organismo y comenzó a regir esta semana, con vigencia inicial hasta el 31 de mayo.

La medida alcanza exclusivamente al personal de planta permanente y contempla compensaciones económicas calculadas en función de la antigüedad y los salarios actualizados de los empleados que decidan adherirse al esquema. Según la resolución oficial, el régimen podría extenderse por única vez durante quince días más si así lo determina el propio Consejo Directivo.

El programa se suma a otros procesos similares implementados recientemente en distintas áreas de la administración pública nacional, como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), donde el Ejecutivo también avanzó con mecanismos de desvinculación voluntaria.

De acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Oficial, el sistema se apoya en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, que contempla el retiro voluntario como una causal válida de finalización de la relación laboral.

El cálculo de las compensaciones tomará como referencia los haberes liquidados a enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo de este año. Según se detalló oficialmente, el incremento salarial considerado para la liquidación asciende al 10,3% sobre la base salarial utilizada para el esquema.

En paralelo, el Gobierno estima que alrededor del 20% de la planta del organismo podría adherirse al programa. Esa proyección implicaría cerca de 950 trabajadores sobre un total aproximado de 5.700 a 5.800 empleados en todo el país.

El costo estimado para afrontar las compensaciones supera los 101 mil millones de pesos, según cálculos internos del organismo citados en documentación oficial y reportes especializados.

La Dirección General de Administración del INTA será la encargada de analizar y resolver las solicitudes de adhesión al régimen. Además, la normativa establece que el acceso al beneficio no será automático, ya que cada caso deberá ser evaluado por las autoridades competentes.

En otras experiencias recientes dentro del Estado nacional, como ocurrió en ANSES, los programas de retiro voluntario incluyeron restricciones para quienes mantuvieran litigios judiciales abiertos, estuvieran próximos a jubilarse o tuvieran sanciones administrativas pendientes.

La implementación del retiro voluntario se da en medio del plan de “modernización” que el Gobierno viene impulsando sobre el INTA desde fines de 2025. Ese proceso incluye reducción de estructuras administrativas, revisión de gastos y venta de inmuebles considerados subutilizados por la administración nacional.

Uno de los casos que generó mayor repercusión fue la venta de un edificio histórico del organismo ubicado en el barrio porteño de Palermo.

La operación derivó en cuestionamientos de sectores gremiales y de trabajadores, luego de que trascendiera que los fondos obtenidos por la subasta habrían sido destinados al Tesoro Nacional y no directamente al instituto, como se había anunciado inicialmente.

En paralelo, gremios vinculados al INTA vienen manifestando preocupación por el impacto que podría tener la reducción de personal sobre las tareas de investigación, extensión rural y asistencia técnica que el organismo desarrolla en distintas regiones del país.

El instituto tiene presencia territorial mediante estaciones experimentales y agencias de extensión distribuidas en todas las provincias argentinas.

Desde el Gobierno sostienen que las medidas apuntan a ordenar el funcionamiento administrativo y reducir gastos operativos dentro de la estructura estatal. En esa línea, la administración nacional considera que existen áreas sobredimensionadas y propiedades con costos elevados de mantenimiento.

Mauro L. Muñoz

Vuelve a escalar la disputa sobre la ley de Emergencia en Discapacidad. El Gobierno nacional llevó su reclamo ante Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de un recurso extraordinario. En paralelo, aumenta la tensión en el Conrgeso tras el ingreso de un proyecto sustitutivo.

La presentación de la Procuraduría del Tesoro pidió que se frene su aplicación. En tanto, familiares, organizaciones y referentes del sector se reunieron en Diputados para hacer oír sus reclamos. Mientras el Senado ya tiene sobre la mesa el proyecto del Ejecutivo para revisar pensiones y endurecer auditorías, iniciativa que recibió fuertes críticas.

En su planteo ante el Máximo Tribunal, el Gobirno sostiene que el fallo “genera una situación de gravedad institucional” y que, al declarar abstracta la cuestión, “ratifica la declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 681/2025 y obliga al Estado Nacional a realizar enormes erogaciones presupuestarias sin que se hayan previsto las fuentes de financiamiento”.

El escrito oficial advierte que la ejecución de la norma “produce consecuencias irreparables para el conjunto de la sociedad al comprometer las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal”, y agrega que, por el alcance colectivo del proceso y su impacto, “pone en riesgo el sostenimiento del sistema de seguridad social y el financiamiento de áreas críticas”.

El conflicto sobre la norma viene desde el año pasado. Tras la sanción de la ley por parte del Congreso en julio de 2025 y el posterior veto presidencial, que fue rechazado por el Legislativo, el Ejecutivo terminó promulgando la norma, pero luego dispuso su suspensión mediante el decreto 681/2025 con el argumento de que no estaban definidas las fuentes de financiamiento. Esa decisión fue la que dio lugar a la demanda colectiva. En la sentencia de fondo, el juez Adrián González Charvay declaró inválida esa suspensión y sostuvo que el Ejecutivo avanzó sobre atribuciones propias del Congreso, además de descartar el argumento económico al recordar que la propia ley habilita al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para afrontar los gastos.

En un comunicado, el Foro Permanente Discapacidad denunció que el Gobierno pretende con este recurso instalar una falsa opción entre sostener los derechos de las personas con discapacidad y garantizar otros servicios esenciales del Estado. “Esta estrategia fue muy perversamente pensada porque lleva a contraponer a ciertos destinatarios que se quedarían sin esa atención por responder a las personas con discapacidad”. Y pidió a la Corte que no habilite esa lógica: “No aceptemos esta propuesta oscura de que es necesario que unos mueran para que otros vivan”.

Mientras la pelea escala en la Corte, en el Congreso sigue el conflicto. Este lunes, familiares y organizaciones vinculadas a la discapacidad llevaron sus reclamos a la Cámara de Diputados en una reunión de la Comisión de Discapacidad convocada por la oposición, sin participación del oficialismo ni de sus aliados.

El encuentro fue organizado por el vicepresidente primero de la comisión, Juan Marino, de Unión por la Patria, con unos 150 invitados vinculados a la temática. La excusa formal fue el rechazo al proyecto del Gobierno para derogar la ley de Emergencia en Discapacidad y el reclamo por el ajuste que, según denunciaron, mantiene en jaque al sistema de prestaciones. Pero el tono de la reunión fue bastante más intenso que una simple audiencia de exposición.

“La situación es grave. Centros de día que cierran, terapias y tratamientos que se interrumpen, medicamentos que no llegan, pensiones que no se dan de alta. La emergencia en discapacidad se profundiza día tras día. Estamos ante una eutanasia social promovida desde el desgobierno de Javier Milei”, disparó Marino.

De la reunión participó la actriz Lola Berthet, madre de un niño con discapacidad, quien cargó directamente contra el ministro de Salud, Mario Lugones. “Digamos nombre y apellido, Mario Lugones. Que está en ese cargo para consolidar los negocios de las grandes obras sociales nacionales y las prepagas. Está de un solo lado demostrador. Merece que este Congreso pida su juicio político”, planteó. Y agregó un pedido directo a los legisladores: “La emergencia que ustedes votaron, señores diputados, garantiza la ayuda a quienes lo necesitan. Por eso necesitamos que se logre y se ejecute como fue escrita”.

También participó Ian Moche, el joven influencer con autismo, que denunció amenazas y agresiones físicas contra su vivienda luego de que, según sostuvo, la diputada Lilia Lemoine iniciara “una campaña en redes” contra él. Ese testimonio volvió a correr la discusión hacia otro plano: el de la violencia simbólica, el hostigamiento y el lugar que la cuestión discapacidad ocupa en la conversación pública cuando el conflicto se politiza al extremo.

La otra pata del conflicto está en el Senado. Ahí ingresó el proyecto del Poder Ejecutivo denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que en los hechos busca reabrir la discusión sobre discapacidad desde otro ángulo, pero con el mismo trasfondo político: retrotraer parte del contenido de la ley sancionada y ratificada por el Congreso.

La iniciativa propone revisar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral, modificar la ley 13.478, introducir cambios en la ley 24.901 y tocar artículos centrales de la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. Dicho rápido: el Gobierno no pudo desactivar la norma con el veto, debió promulgarla, la suspendió por decreto, fue frenado por la Justicia y ahora busca rediscutir por la vía legislativa varios de sus puntos más sensibles.

Uno de esos núcleos es la pensión no contributiva por invalidez laboral. El proyecto reafirma que será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, pero vuelve a poner en el centro el criterio de imposibilidad para trabajar como fundamento del beneficio. Ahí aparece una diferencia clave con la ley de Emergencia: mientras la norma ratificada por el Congreso permitía mantener la pensión si la persona accedía a un empleo con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, la propuesta del Ejecutivo vuelve a una lógica de incompatibilidad: pensión o trabajo formal.

Esa vuelta atrás no es menor. Supone correrse de una lógica de inclusión laboral con protección y regresar a un esquema más rígido, donde el acceso al empleo puede transformarse en causal de pérdida del beneficio. Otra vez, lo que aparece es un modelo. Uno que privilegia el control del universo asistido por encima de la ampliación de derechos.

El proyecto también avanza sobre el capítulo más delicado: el control. La Secretaría Nacional de Discapacidad, dentro del Ministerio de Salud, quedaría a cargo de auditorías periódicas para verificar requisitos médicos, documentales y socioeconómicos. Para eso podría cruzar información con ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos, incluso con una excepción específica al secreto fiscal “únicamente a los efectos” de esa verificación.

En paralelo, se ordena un reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral en un plazo de 90 días hábiles, con posibilidad de prórroga por otros 30. Quien no complete el trámite, según el texto, quedará expuesto a la suspensión inmediata del pago y, si persiste el incumplimiento, a la baja del beneficio.

El gobierno de Javier Milei decidió dar marcha atrás con una de las decisiones más cuestionadas de los últimos meses: la prohibición de ingreso a periodistas acreditados en la Casa Rosada. La medida, que había sido implementada sin previo aviso, será levantada el próximo lunes, cuando se habilite nuevamente el acceso a los trabajadores de prensa a Balcarce 50.

Durante una semana, los cronistas que cubren la actividad oficial debieron reorganizar su tarea cotidiana desde bares y espacios cercanos, sin posibilidad de acceder a la sede gubernamental. La restricción, inédita desde el retorno de la democracia, provocó un fuerte rechazo de organizaciones periodísticas, sectores políticos opositores y entidades vinculadas a la defensa de la libertad de expresión.

La determinación original del Ejecutivo se sustentó en argumentos vinculados a la seguridad. Desde el entorno oficial se mencionó la necesidad de profundizar una investigación por una presunta infiltración extranjera en medios de comunicación y una denuncia por espionaje ilegal impulsada por Casa Militar, área que depende de la Secretaría General de la Presidencia.

En ese marco, el secretario de Prensa, Javier Lanari, explicó que la quita de las huellas dactilares a los periodistas acreditados se adoptó de manera preventiva. Según sostuvo, el objetivo fue resguardar la seguridad nacional mientras avanzaban las actuaciones judiciales.

Sin embargo, la medida no logró sostenerse frente al amplio rechazo que generó. Entidades como FOPEA, ADEPA y AEDBA cuestionaron la decisión por considerarla restrictiva del ejercicio profesional y un antecedente preocupante en materia institucional.

Con el correr de los días y ante la presión pública, el Gobierno comenzó a revisar la medida. Este jueves, fuentes oficiales confirmaron que desde el lunes se restablecerá el ingreso habitual de los periodistas acreditados. De hecho, distintos medios ya comenzaron a recibir notificaciones formales con la autorización para retomar la cobertura dentro del edificio.

En paralelo, el Ejecutivo prevé retomar la agenda comunicacional con una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La convocatoria, prevista para el mismo lunes, buscará reordenar el vínculo con la prensa tras días de tensión y cuestionamientos.

El episodio deja al descubierto las dificultades en la relación entre el Gobierno y los medios, en un contexto donde la dinámica comunicacional se vuelve central para la gestión. La reapertura de la Casa Rosada aparece, en este escenario, como un intento de recomponer ese vínculo y bajar el nivel de conflicto institucional.

La Libertad Avanza intentará acelerar en el Senado el tratamiento del proyecto de ley que autoriza al Gobierno nacional a pagar 171 millones de dólares a fondos buitres con sentencia en Estados Unidos contra la Argentina. La iniciativa, impulsada por Javier Milei y Luis Caputo, busca cerrar un principio de acuerdo con esos acreedores y evitar que el conflicto vuelva a judicializarse en condiciones más gravosas.

El expediente será discutido este miércoles a las 15 en un plenario conjunto de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda. Antes de esa reunión, se constituirá formalmente la primera de esas comisiones, que quedará bajo la conducción del libertario Bartolomé Abdala, mientras que la de Presupuesto está presidida por Agustín Monteverde.

Aunque el plazo límite para que la ley quede aprobada es el 30 de abril, el oficialismo ya asumió que no llegará a sancionarla antes de esa fecha. Por eso apunta al menos a firmar dictamen esta semana, con la idea de llevarla al recinto en la primera semana de mayo y dar una señal política de cumplimiento frente a los acreedores.

La iniciativa habilita al Poder Ejecutivo a pagar los Acuerdos de Conciliación celebrados con Bainbridge Ltd. y con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Se trata de bonistas que litigaron contra la Argentina desde 2001 y que no ingresaron al acuerdo cerrado en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.

De acuerdo con el esquema propuesto, el Estado deberá desembolsar 67 millones de dólares para Bainbridge y 104 millones para el grupo Attestor. El pago sería realizado de manera simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen, para su inmediata cancelación y extinción.

La Casa Rosada sostiene que la aprobación parlamentaria es urgente porque los acuerdos fijan como fecha límite de cierre el 30 de abril de 2026. Si no hay aval legislativo, las transacciones se resolverían de manera automática y la Argentina debería retomar litigios en una posición financiera mucho más desfavorable.

El Ejecutivo remarca que el entendimiento con ambos grupos permitiría resolver de forma integral varias causas abiertas en tribunales estadounidenses. Entre ellas menciona el expediente Attestor No. 14 Civ. 5849 y las distintas acciones de TRINITY INVESTMENT DAC, además de otros reclamos asociados.

En el mensaje enviado al Senado, el Gobierno insiste en que el acuerdo también serviría para cerrar pedidos de embargo sobre activos argentinos, uno de los puntos más sensibles de este tipo de litigios. Para la administración Milei, ese beneficio justifica la necesidad de avanzar con rapidez en el Congreso.

Además, Economía subraya que las condiciones pactadas incluyen una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes reclamadas. La lectura oficial es que el Estado cancelaría pasivos litigiosos por un monto bastante menor al que podría enfrentar si las demandas siguieran su curso bajo ley de Nueva York.

Aunque el cronograma juega en contra, el oficialismo quiere dejar asentada su voluntad de cumplir los acuerdos. Por eso busca acelerar el dictamen este miércoles, aun sabiendo que la aprobación definitiva difícilmente llegue antes del vencimiento previsto para el cierre de las conciliaciones.

La apuesta es doble. Por un lado, mostrar ante los acreedores y ante la justicia estadounidense que la Argentina está intentando avanzar con el mecanismo legal necesario para pagar. Por otro, ordenar políticamente un tema incómodo en el Congreso, donde la palabra “fondos buitres” todavía conserva una carga simbólica fuerte.

El debate en el Senado, entonces, quedará atravesado por esa urgencia. No solo se discutirá una autorización de pago, sino también el costo de volver a un escenario de litigios internacionales con acreedores que ya tienen sentencia firme contra el país

El gobierno nacional prohibió este jueves el acceso de periodistas acreditados a Casa Rosada por tiempo indeterminado.

La medida fue conocida por los primeros medios de comunicación y periodistas que asistieron desde las 7 horas a la casa de gobierno argentino para comenzar con sus tareas.

Según indicaron los anteriormente acreditados, se borraron las huellas digitales exigidas por el sistema de seguridad, sin distinción de medio.

Los argumentos oficiales son la necesidad de profundizar la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa, por el que periodistas de siete medios tuvieron su ingreso a la sala restringido por más de dos semanas, y la denuncia penal contra dos periodistas.

Dentro de la agenda de este jueves del presidente de la Nación, Javier Milei, en Casa Rosada, destaca que aproximadamente a las 14 horas recibirá Peter Thiel, el fundador de Palantir, una de las empresas de software, monitoreo digital e industria de guerra más grande del mundo.

La Casa Militar presentó una denuncia penal contra la periodista Luciana Geuna y su equipo tras un informe con grabaciones internas en la sede de Gobierno. La acusación califica el hecho como un despliegue de actividades ilegales que vulneró la seguridad nacional.

Esto se dio tras la difusión de un informe televisivo con grabaciones realizadas dentro de la Casa Rosada. El organismo interpretó que ese registro implicó una "intromisión ilegítima" y planteó que pudo afectar la seguridad nacional.

El escrito judicial señaló que la filmación puso en riesgo la seguridad nacional dentro de la sede de gobierno. "Bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial".

"El objetivo de esta presentación es poner en conocimiento de la autoridad judicial el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno", indica el documento impulsado por Casa Militar, que tiene a su cargo la custodia del presidente.

Casa Militar sugirió posibles infracciones a los artículos 222 y 223 del Código Penal, que contemplan penas de uno a seis años de prisión por la obtención o revelación de secretos políticos o militares. "La investigación deberá determinar si los denunciados incurrieron en estos u otros delitos".

Por último, la Casa Militar afirmó: "El video muestra de forma inequívoca que el autor del informe registró sin filtro la actividad de la sede principal del Gobierno mediante una grabación subrepticia", ya que la filmación se habría realizado con "lentes inteligentes", sin conocimiento de los funcionarios ni autorización de los responsables de seguridad.

Este miércoles, Javier Milei reivindicó la acción a través de su cuenta de X. "BASURAS REPUGNANTES Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables", afirmó.

BASURAS REPUGNANTESMe encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables.CIAO! pic.twitter.com/Z46PtFT74k

En un país donde las desigualdades territoriales siguen marcando el acceso a derechos básicos, la salud visual aparece como una deuda silenciosa que impacta de lleno en la educación y el desarrollo de miles de chicos.

En ese contexto, el Gobierno nacional oficializó la creación de un nuevo programa federal que busca intervenir de manera directa en las poblaciones más postergadas.

El lanzamiento del programa federal “Ver para ser Libres”, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, quedó formalizado mediante la Resolución 117/2026.

La iniciativa estará bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y apunta a garantizar el acceso a la salud oftalmológica en niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.

El objetivo es contribuir al desarrollo integral de chicos escolarizados que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, especialmente aquellos que viven en zonas rurales, periurbanas o en regiones con escasa cobertura de servicios públicos.

En términos concretos, el programa propone un abordaje integral que incluye diagnóstico temprano, prevención de patologías visuales y atención oportuna.

La estrategia se apoya en una lógica territorial: en lugar de esperar que los pacientes lleguen a los centros de salud, el Estado busca acercar los recursos a las comunidades.

Para ello, la implementación quedará en manos de la Subsecretaría de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano, que tendrá la responsabilidad de coordinar operativos, realizar relevamientos y articular con provincias y municipios.

Uno de los ejes centrales del programa es el reconocimiento del impacto directo que tienen los problemas de visión en las trayectorias escolares.

Diversos estudios y diagnósticos territoriales muestran que la falta de controles oftalmológicos puede convertirse en un obstáculo silencioso pero determinante para el aprendizaje.

Niños que no ven bien tienen mayores dificultades para seguir las clases, leer o escribir, lo que muchas veces se traduce en bajo rendimiento, repitencia o incluso abandono escolar.

En contextos de vulnerabilidad, estas dificultades se potencian por la falta de recursos y de acceso a profesionales especializados.

El programa “Ver para ser Libres” busca intervenir precisamente en ese punto crítico. Al garantizar la detección temprana de problemas visuales y facilitar el acceso a tratamientos, se apunta a mejorar no solo la salud sino también las oportunidades educativas y de integración social.

Además, la iniciativa reconoce que la desigualdad en el acceso a la salud oftalmológica no es homogénea: afecta con mayor intensidad a comunidades alejadas de los centros urbanos, donde la falta de transporte, infraestructura y servicios médicos limita las posibilidades de atención.

Uno de los aspectos más novedosos del programa es su modalidad de implementación. Según lo establecido en la resolución, se utilizarán dispositivos territoriales móviles para llevar la atención directamente a las comunidades.

Estas unidades permitirán realizar controles oftalmológicos, diagnósticos y acciones de prevención en escuelas y espacios comunitarios, eliminando barreras geográficas y económicas. La estrategia incluye también tareas de concientización sobre el cuidado de la salud visual.

La articulación con provincias, municipios y actores locales será clave para el despliegue del programa. La autoridad de aplicación podrá firmar convenios para coordinar operativos, optimizar recursos y adaptar las intervenciones a las necesidades específicas de cada región.

Este enfoque federal busca no solo ampliar la cobertura, sino también fortalecer las redes comunitarias y revalorizar el territorio como espacio de intervención social.

Más allá de la atención médica, el programa se inscribe en una mirada más amplia que vincula la salud con el desarrollo integral. Desde el Gobierno sostienen que mejorar la visión de niños y adolescentes impacta directamente en su calidad de vida, su inclusión social y sus oportunidades futuras.

En este sentido, la iniciativa se alinea con la estrategia del Ministerio de Capital Humano de fortalecer el capital humano del país, entendiendo que la inversión en salud y educación es clave para el desarrollo socioeconómico.

El concepto de desarrollo integral que impulsa el programa abarca múltiples dimensiones: desde el rendimiento escolar hasta la integración cultural y la futura inserción laboral. La salud visual aparece, en este esquema, como una puerta de entrada para garantizar derechos y reducir brechas estructurales.

El Gobierno nacional resolvió extender la vigencia del Programa de Acompañamiento Social, una de las principales herramientas de asistencia directa a sectores vulnerables. La medida, formalizada mediante una resolución oficial, no solo prolonga su implementación sino que también introduce cambios en su funcionamiento con el objetivo de optimizar su alcance.

A través de la Resolución 90/2026, el Ministerio de Capital Humano estableció que el programa tendrá una vigencia total de 48 meses, duplicando así el plazo originalmente previsto. Esto implica que la política pública continuará activa hasta 2028, siempre sujeta a la disponibilidad presupuestaria.

El Programa de Acompañamiento Social fue creado en 2024 con el objetivo de promover la inclusión y mejorar las condiciones de vida de personas en situación de alta vulnerabilidad. Su implementación está a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que articula acciones territoriales en todo el país.

Desde el Gobierno destacaron que la decisión de extenderlo responde a los resultados obtenidos en los últimos años, en un contexto económico y social todavía desafiante.

Según datos oficiales citados en la resolución, la pobreza mostró una tendencia a la baja en los últimos períodos. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el índice pasó del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 28,2% hacia fines de 2025. En paralelo, la indigencia también registró una disminución, aunque en menor medida.

Sin embargo, pese a esa mejora, las autoridades consideraron necesario sostener las políticas de acompañamiento para consolidar esos avances y seguir asistiendo a quienes aún se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Además de extender su vigencia, la resolución introduce modificaciones en los lineamientos operativos del programa. Si bien los detalles técnicos se encuentran en anexos específicos, el objetivo central es mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y fortalecer los mecanismos de acompañamiento social.

En este sentido, se busca una mayor focalización del beneficio, priorizando a los sectores con mayores necesidades y optimizando los procesos de inscripción, seguimiento y evaluación.

El texto oficial señala que el programa ha contribuido a mitigar factores de exclusión social y a promover procesos de integración gradual, con impacto positivo en la estabilidad de los hogares alcanzados.

También se destaca el rol de la Unidad Ejecutora Especial creada para su implementación, que tendrá continuidad para garantizar el funcionamiento operativo del programa. Esta unidad es responsable de coordinar acciones, supervisar el desarrollo de las políticas y proponer mejoras en base a la información relevada en territorio.

El Programa de Acompañamiento Social no se limita a una asistencia económica, sino que contempla un abordaje integral que incluye acompañamiento familiar, fortalecimiento comunitario y articulación con otras políticas públicas.

Entre sus objetivos principales se encuentran mejorar las condiciones de vida, promover la inclusión social y fortalecer los vínculos familiares y comunitarios, especialmente en sectores atravesados por situaciones de pobreza estructural.

La continuidad del programa también responde a compromisos asumidos por el Estado en materia de desarrollo social, igualdad de oportunidades y protección de grupos vulnerables, como niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores.

En este marco, el Ministerio de Capital Humano tiene a su cargo la coordinación de políticas vinculadas a la educación, el trabajo, la asistencia social y la seguridad social, con una mirada integral del desarrollo humano.

El presidente Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete luego de semanas turbuletas para el Gobierno marcadas por los movimientos en la causa $Libra y la investigación que coloca en el centro de la escena al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por supuesto enriquecimiento ilícito.

Fue el propio libertario el que sugirió la idea de convocar al Gabinete completo para dar un nuevo gesto de respaldo al funcionario apuntado por la oposición y recuperar la agenda de gestión. Incluso, durante el primer tramo de la reunión, en la que estuvo presente, les encomendó que centralizaran los temas de gestión con el ministro coordinador.

Asimismo, realizó una breve introducción en la que incluyó su mirada política, pero en particular detalles de la situación económica que atraviesa su administración. A las 13.27, se retiró y quedó el jefe de Gabinete a cargo de la coordinación del intercambio que culminó a las 14.17.

Escoltaron a los hermanos Milei, los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), y Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Carlos Presti (Defensa).

También estuvieron presentes la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Una importante fuente reveló que la presencia del Presidente respondió a la decisión de saludar a Pettovello y Santilli que este lunes cumplen años.

La reunión se encarma luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitara este lunes un “historial completo de dominio” de inmuebles vinculados al jefe de Gabinete Manuel Adorni y enviara oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para que se amplíe información vinculada a las salidas del país del funcionario.

Asimismo, pidió al juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa, nuevas medidas para profundizar en la investigación en curso por posible enriquecimiento ilícito.

El gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto de nuevo Código Penal, con endurecimiento de penas, ampliación de delitos imprescriptibles y la tipificación de nuevas figuras vinculadas al crimen organizado, la violencia urbana y los delitos tecnológicos.

Así lo confirmó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien anunció en redes sociales este martes por la noche que acababa de tener una reunión de trabajo con el presidente Javier Milei “en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales”.

“A su vez, en la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos tales como: delitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”, anunció el ministro de Justicia.

En rigor, se había previsto que el nuevo Código fuese tratado en el período de sesiones extraordinarias, pero el texto nunca llegó a las cámaras.

El proyecto había sido anunciado a principios de octubre por propio presidente Javier Milei, junto a la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, en ocasión de presentar el Plan de Tolerancia Cero con el Crimen.

Durante el acto, Milei afirmó que se con él se ponía fin a “años de garantismo que se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las fuerzas de seguridad, a jueces y fiscales que querían combatir el crimen”. Y prometió que “si logramos aprobar estas reformas, quienes delinquen la van a pagar en serio”, para que “los argentinos de bien puedan volver a vivir en libertad”.

Bullrich detalló que el nuevo Código se basaría en tres pilares: agravamiento de penas, imprescriptibilidad de delitos aberrantes y cumplimiento efectivo de las condenas. “La Argentina tiene condenas bajas, ahora se termina la impunidad”, sostuvo.

Ya entonces se indicó que la reforma propondría que delitos graves como homicidios, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, narcotráfico, crímenes de lesa humanidad, terrorismo y su financiamiento no prescriban.

También se endurecerían las penas para delitos cotidianos como hurtos, robos de celulares, entraderas, estafas piramidales, salideras bancarias, delitos viales, usurpación, falso testimonio y amenazas.

Según trascendió, en el nuevo Código Penal que el Gobierno se propone mandar al Congreso, no se modificaría el delito de femicidio como agravante del homicidio, ni tampoco se avanzaría con el tema del aborto, cuestión de no generar reacciones adversas en el Congreso que terminen frenando el texto.

La reforma será una de las prioridades que el Ejecutivo enviará al Congreso durante la primera etapa de sesiones ordinarias. La decisión fue consensuada por la mesa política del oficialismo para marcar la estrategia legislativa de los próximos meses, en una etapa donde se busca recuperar la iniciativa en cuestiones de interés público.

La agenda incluye, además de las reformas a la ley de Glaciares que ya comenzaron a discutirse en audiencias públicas, cambios en las leyes de expropiaciones, Tierras, Manejo del Fuego y de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana.

También, el nuevo esquema de financiamiento universitario que pueda ser compatibilizado con el equilibrio fiscal y la ley Hojarasca, impulsada por Federico Sturzenegger para suprimir legislación y “liberar” la economía.

En cuanto al Código Penal, Mahiques trabaja en una nueva redacción de la propuesta elaborada por su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, sobre la cual ya elevó una consulta a la Corte Suprema y en la que está trabajando la comisión encabezada por el juez Mariano Borinsky.

Mahiques dispuso una revisión integral del borrador con el criterio de simplificar su estructura, reducir la extensión y otorgarle mayor precisión técnica antes de su tratamiento legislativo.

Por lo demás, el nuevo esquema buscará mantener la esencia del proyecto original, pero con modificaciones sustanciales en su diseño. La intención del Ejecutivo es contar con una normativa más clara y operativa, alineada con los principios del actual gobierno y adaptada a los desafíos contemporáneos en materia penal.

En ese sentido es que los cambios en análisis apuntan al endurecimiento de penas para delitos económicos, narcotráfico, terrorismo y ciberdelitos, así como la incorporación de nuevas figuras vinculadas a problemáticas emergentes. También se prevé una actualización en delitos informáticos, incluyendo hackeos, accesos ilegítimos y ataques a sistemas críticos.

El proyecto contempla además adecuaciones vinculadas a compromisos internacionales, en particular en materia de propiedad intelectual e industrial, y la inclusión de herramientas más estrictas para el combate del crimen organizado. En paralelo, se mantendrían figuras orientadas a sancionar conductas de funcionarios que afecten la estabilidad fiscal y monetaria.

Según se supo, la redacción del texto reduciría la cantidad de artículos, de los 912 actuales a medio millar aproximadamente. Además de las nuevas figuras y el criterio de endurecimiento del volumen de las penas, se ampliaría la cantidad de delitos que no prescribirían.

El Gobierno nacional difunde este martes un video institucional en el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una fecha atravesada por la memoria colectiva y la reflexión histórica. La pieza, que se publica a través del canal oficial de YouTube, fue anticipada horas antes en redes sociales y llega acompañada de un mensaje que marca el eje conceptual elegido por la administración nacional.

El contenido plantea la necesidad de revisar el pasado reciente bajo la consigna de conocer “la historia completa”, en una formulación que ya genera repercusiones en distintos sectores políticos y sociales. El adelanto difundido incluye fragmentos de testimonios que apuntan en esa dirección y buscan reforzar una mirada que cuestiona las narrativas instaladas en torno a la última dictadura militar.

Entre las voces que aparecen en el video se encuentra la de Miriam Fernández, quien recuperó su identidad luego de haber sido apropiada durante el terrorismo de Estado. En su intervención, plantea la importancia de revisar los relatos construidos a lo largo del tiempo y sostiene que existen aspectos de la historia que no fueron visibilizados.

Desde esa experiencia personal, el mensaje propone una mirada que atraviesa distintas dimensiones del pasado reciente y que busca poner en discusión las versiones predominantes. La inclusión de este tipo de testimonios no es casual: forman parte de una estrategia discursiva que intenta ampliar el enfoque sobre los años más oscuros de la Argentina.

En ese mismo sentido, el adelanto incorpora el relato de un familiar del coronel Argentino del Valle Larrabure, quien fue secuestrado en la década del setenta. El testimonio recupera ese episodio como parte de un contexto más amplio y plantea la necesidad de avanzar hacia una instancia de reconciliación nacional.

La difusión del video se da en una jornada particularmente significativa para la sociedad argentina. Cada 24 de marzo, miles de personas se movilizan en todo el país para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y reafirmar las consignas de memoria, verdad y justicia.

En ese contexto, el posicionamiento del Gobierno introduce un elemento adicional en la discusión pública. La idea de revisar la historia desde una perspectiva más amplia convive con las críticas de organismos de derechos humanos, que advierten sobre posibles retrocesos en la construcción de memoria colectiva.

El lanzamiento del video se inscribe así en un escenario de alta sensibilidad, donde las interpretaciones sobre el pasado no solo remiten a hechos históricos, sino también a disputas actuales sobre el sentido de la memoria. Con esta intervención, el Gobierno busca fijar su postura en una fecha cargada de simbolismo, reabriendo un debate que atraviesa a la sociedad argentina desde hace décadas.

El Gobierno nacional oficializó este jueves la salida definitiva de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La medida, que ya había sido anticipada hace apenas 48 horas por el canciller Pablo Quirno, marca un precedente histórico en la diplomacia del país y profundiza el alineamiento con posturas de soberanía nacional frente a los organismos multilaterales.

La formalización del retiro llega tras las declaraciones del titular del Palacio San Martín, quien hace dos días ratificó el rumbo de la gestión.

Según explicó Quirno, la permanencia en la OMS no solo representaba un costo financiero innecesario para las arcas públicas en un contexto de ajuste fiscal, sino que también sometía al país a normativas internacionales que el Gobierno considera "obsoletas e intrusivas".

Desde el Poder Ejecutivo se fundamenta el retiro en la necesidad de recuperar la autonomía en la toma de decisiones estratégicas. El canciller subrayó que la gestión de la última pandemia fue el detonante para evaluar la utilidad de pertenecer a un organismo que, a juicio del oficialismo, ha respondido a intereses globales por encima de las realidades locales y las libertades individuales.

Esta decisión no es un hecho aislado en el tablero internacional, sino que responde a un alineamiento directo con la política de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos ya firmó el retiro de su país de la OMS, denunciando una supuesta falta de transparencia y el sesgo político de la institución.

Argentina, bajo este nuevo esquema de relaciones carnales con Washington, se convierte en el principal aliado regional en cuestionar la gobernanza de las Naciones Unidas.

Al igual que en la visión de Trump, el gobierno argentino sostiene que los fondos destinados a estos organismos serán redirigidos a prioridades nacionales. El impacto financiero para la OMS es significativo, ya que pierde el respaldo de dos de las economías más relevantes del continente, lo que obligará al organismo con sede en Ginebra a reestructurar sus presupuestos de cooperación técnica.

Mientras que los sectores que apoyan al oficialismo celebran la medida como un "acto de libertad", la oposición y diversos organismos de la sociedad civil expresaron su preocupación por el posible aislamiento de la Argentina en materia de vigilancia epidemiológica.

Especialistas en política exterior adviertieron que esta decisión podría dificultar la coordinación con países vecinos en caso de brotes transfronterizos.

No obstante, desde Cancillería aseguraron que el país mantendrá acuerdos bilaterales de cooperación sanitaria con naciones aliadas, priorizando las relaciones directas —especialmente con la nueva administración republicana— por sobre la mediación de entidades globales.

Entre diciembre de 2023 y enero de 2026, Nación contabilizó un “ahorro” el equivalente a 10.700 millones de dólares en erogaciones salariales, impulsado principalmente por una fuerte caída en el poder adquisitivo de los sueldos y un recorte del 18% en la cantidad de empleados.

El análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal especifica que el 63,5% del ajuste se debió a la pérdida salarial real, mientras que el resto fue resultado de la supresión de más de 62.000 puestos de trabajo.

Instituciones como el INADI y el INCAA figuran entre las más afectadas, reflejando una transformación profunda en la estructura del Estado en la era MiIei, en contraste con la última gestión kirchnerista. El gasto salarial pasó de representar el 2,62% al 1,9% del PBI en poco más de dos años.

La reducción de la cantidad de sueldos que paga el Estado nacional explicó el 36,5% de la caída total del gasto salarial. Esto equivale a una disminución equivalente a US$3.900 millones (o $4,3 billones de pesos constantes a febrero de 2026) según las estimaciones del Iaraf.

Pero la reducción del salario real se llevó la mayor tajada del ajuste. Representó el 63,5% restante de la reducción. En términos monetarios, esto significó un ahorro de US$ 6.800 millones (o $7,4 billones de pesos constantes).

En total, la reducción acumulada en pesos alcanzó los $11,7 billones. Esta contracción se debe a que, por un lado, hubo una merma del 18% en la cantidad de cargos (pasando de 341.473 a 278.705) y, por otro, los empleados públicos nacionales sufrieron una pérdida del salario real del 27% respecto a diciembre de 2023.

De acuerdo con los documentos relevados por Iaraf, la reducción de personal se puede analizar tanto por la cantidad absoluta de cargos eliminados como por la intensidad (porcentaje) de la reducción en cada institución.

Las mayores reducciones en términos absolutos se registraron en la administración central; fue la que registró la contracción más importante, con una pérdida de 15.105 cargos.

Otros organismos y empresas con reducciones significativas de personal fueron el Correo oficial: 5.290 cargos; Operadora Ferroviaria S.E.: 3.615 cargos; ARCA: 3.221 cargos; CONICET: 2.261 ocupaciones; Banco de la Nación Argentina: 2.116 cargos y Aerolíneas Argentinas: 1.899 cargos.

A su vez, las mayores reducciones por intensidad (porcentaje sobre el total de cada planta), la evaluación muestra a cuatro organismos que desaparecieron por completo (reducción del 100%).

n esa lista están el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo); INAFCI (Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena); Desarrollo de Capital Humano Ferroviario SACPEM y ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).

Además, sufrieron recortes muy profundos en su dotación la Agencia de Publicidad del Estado: -78%; el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales): reducción del 56%; Casa de la Moneda: baja del 49%.

En términos generales, entre diciembre de 2023 y enero de 2026, la planta del sector público nacional no financiero se redujo en un 18%, lo que representa un total de 62.768 cargos menos