En un esquema inusual de actividad continua, la Cámara de Senadores de la Nación celebró sesiones las últimas dos semanas, en las que dio curso a varios de los proyectos que el Gobierno de Javier Milei considera clave, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II, entre otros reclamados desde el Ejecutivo.

Allí, como es público y notorio, todavía resta dar cuenta de la que es en realidad la iniciativa que más desvela en Casa Rosada: la eliminación de las PASO. A priori, el proyecto sigue generando resistencias en aliados clave, lo que torna complicado llevarlo al recinto, y además, a juzgar por las advertencias que ha hecho la Cámara Nacional Electoral, se achican los tiempos, tal cual detalla el sitio especializado Parlamentario.com.

La CNE advirtió sobre la necesidad de que los temas electorales se resuelvan en los años pares. Claro que puede haber excepciones, no siempre esas prerrogativas son atendidas. El caso más reciente fue la suspensión de las últimas PASO, que se votó en el Senado el 20 de febrero de 2025. En extraordinarias, sí, pero en año electoral al fin.

En Diputados el panorama de aquí al final del período ordinario tiene un organigrama que contempla fundamentalmente la ley de leyes, prevista con el tiempo suficiente, cuestión de que pueda aprobarse en el Senado dentro del actual período ordinario. Con viento a favor.

Para las próximas semanas, las autoridades de la Cámara de Diputados diagramaron con los bloques aliados y dialoguistas un esquema que contempla, por ejemplo, algo que ya está en agenda para esta semana: una reunión informativa sobre el proyecto de ley de defensa de la soberanía.

La iniciativa, que llegó al Congreso el 17 de septiembre pasado será analizada en comisiones el miércoles próximo. Será a partir del mediodía, en una reunión informativa de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, presididas por los oficialistas Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.

La idea es que esa iniciativa tenga dictamen el martes 6 de octubre, cuestión de poder llevarla al recinto al día siguiente. A priori, cuando el presidente Javier Milei la anunció por cadena nacional, el 3 de septiembre pasado, dio por sentado que esperaba contar con un acuerdo amplio con la oposición para la aprobación de esa ley: "Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, pero este tema demanda una pausa, demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo", expresó. Y concluyó: "Malvinas es una de esas causas que están por encima de cualquier diferencia política".

El tema es que si bien no se esperan mayores reparos para lo que son sanciones más severas de las que tenía la ley original de 2011 -cuestionarán el término "derogación" de la Ley 26.659, en lugar de modificación, pues eso podría hacer caer las sanciones oportunamente dispuestas-, los agregados de ese proyecto son los que albergarán seguramente objeciones.

Sucede que el proyecto va más allá del tema Malvinas, pues incorpora un artículo al Código Penal de la Nación que reprime con prisión de 5 a 12 años a quien "actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva".

Ya muchos alertaron que estas medidas pueden ser utilizadas como herramientas de persecución contra la prensa. Incluso contra la sociedad civil, con el argumento de la existencia de "agentes extranjeros".

Para el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, el artículo 111 "crea un nuevo tipo penal inspirado en Putin, Orbán, Erdogan, Maduro y Bukele. El objetivo de Milei es tener una herramienta de persecución política penal, bajo la excusa de proteger a la Nación de campañas de desinformación promovidas o financiadas por actores extranjeros".

Varios juristas y representantes de ONG han advertido sobre la ilegalidad de la medida, lo que hace presumir una discusión intensa en el Congreso que echa dudas sobre la celeridad de su aprobación.

La intención oficial es llevar el texto a la sesión del 7 de octubre. Y ese mismo día tratarían el nuevo régimen para Discapacidad, que consiguió un trabajoso dictamen para la semana pasada. Deberán estar para entonces las garantías de que lo acordado vaya a figurar en el Presupuesto 2027, eso sí.

Depende de lo que suceda esta semana con los proyectos sobre endeudamiento, el tema podría sumarse a esa sesión. Y no habría que descartar un rápido tratamiento ese mismo día para el proyecto que vuelve del Senado sobre el Banco Central. A priori, eso no está en el organigrama original y debe recibir también dictamen.

Los tiempos del Presupuesto

Lo más importante a tratarse de aquí hasta fin de año es la ley de leyes, claro está.

Según se supo, las fechas de reuniones informativas sobre el tema son las siguientes: los días martes 13, miércoles 14, martes 20, miércoles 21 y martes 27 de octubre. La fecha del dictamen debería ser el 28 de octubre, reservándose el miércoles 4 de noviembre para la sesión en la que debería tener media sanción.

De cumplirse ese cronograma, les quedarían tres semanas a los senadores para dar cuenta del tema.

La Cámara de Diputados recibió el proyecto de ley de reforma integral del régimen de biocombustibles que obtuvo media sanción en el Senado el pasado 17 de septiembre. El expediente CD-76/26, que regula las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles en todo el territorio nacional, fue girado a las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda para su análisis.

La iniciativa llegó a la Cámara baja luego de un extenso debate en el Senado, donde fue aprobada el pasado 17 de septiembre por 41 votos a favor y 25 en contra, tras incorporar modificaciones consensuadas entre el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista. Según se destacó durante la discusión, el texto final recogió aportes de diversos proyectos presentados por senadores de distintos bloques y espacios políticos.

El proyecto establece un nuevo marco regulatorio para la actividad con una vigencia de 15 años y declara de interés público las actividades vinculadas a los biocombustibles por su contribución a la seguridad energética y a la transición hacia energías más limpias. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

Uno de los aspectos centrales es la modificación de los porcentajes mínimos obligatorios de mezcla. Para el gasoil, se mantiene inicialmente un corte de biodiésel del 7,5%, que se elevará al 10% a los doce meses de la sanción de la ley. En el caso de las naftas, el porcentaje obligatorio de bioetanol pasará del 12% al 15% al cabo de un año. Además, se preserva un piso del 6% para el bioetanol de caña de azúcar y otro 6% para el producido a partir de maíz, mientras que el porcentaje restante podrá abastecerse con otras materias primas autorizadas.

La iniciativa también crea un sistema de comercialización basado en un mercado electrónico de acceso público, donde elaboradores y mezcladores podrán negociar precios y volúmenes mediante mecanismos transparentes administrados por un organismo independiente. Asimismo, habilita la celebración de contratos a término para el abastecimiento destinado al cumplimiento de los cortes obligatorios.

Entre otras disposiciones, el texto autoriza cortes superiores a los mínimos obligatorios, promueve el uso de vehículos flex fuel, habilita la inyección de biometano en la red de gasoductos y libera la comercialización del combustible sostenible de aviación (SAF o Biojet). También contempla la importación de biocombustibles para mezclas superiores a las obligatorias o en casos de falta de abastecimiento interno.

En materia impositiva, mantiene la exención del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono para los biocombustibles habilitados, gravando únicamente la porción fósil cuando se trate de mezclas. Además, deroga la Ley 27.640 y crea un período de transición para el mercado de biodiésel que se extenderá hasta el 1 de enero de 2036.

Ahora será el turno de la Cámara de Diputados, donde las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda deberán emitir dictamen antes de que el proyecto pueda ser debatido en el recinto.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, fueron recibidos por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva para repasar la marcha de los operativos de seguridad, especialmente en Rosario y coordinar acciones para la temporada estival.

Luego de la reunión entre funcionarios políticos se sumaron al encuentro los jefes de las fuerzas federales de seguridad que participan de los operativos en Santa Fe.

"Fue una muy buena reunión" le dijo a EL Litoral el ministro Cococcioni al emprender el regreso a Santa Fe. En parte del encuentro se analizaron los indicadores de violencia, con eje en Rosario, donde se sigue dando una baja importante en heridos de armas de fuego y homicidios y un mayor secuestro de armas de fuego.

"Es importante coordinar la continuidad de operativos en época estival, donde habitualmente recrudecen los hechos de violencia urbana" señaló Cococcioni. La afirmación se fundamenta en estadísticas y para ello acordaron mantener los operativos durante diciembre, enero y febrero.

Sobre esta situación se habló de las licencias al personal tanto de fuerzas provinciales como federales. El otro punto acordado es que salvo casos de fuerza mayor, durante ese tiempo no se producirán cambios en las conducciones de las fuerzas que participan de los operativos.

La propia Monteoliva informó en redes sociales. "Junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, repasamos los resultados del Plan Bandera". Enseguida agregó que "Rosario cambió. Los resultados están a la vista. Ahora toca sostenerlos, y garantizar que el orden que recuperamos no se pierda nunca más. Ni un paso atrás contra el crimen organizado", afirmó.

Junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, repasamos los resultados del Plan Bandera.Rosario cambió. Los resultados están a la vista. Ahora toca sostenerlos, y garantizar que el orden que recuperamos no se… pic.twitter.com/24ucZK6GRU

La razón del encuentro es anticiparse en la planificación de la operatividad policial para los meses de verano. El gobernador dice estar muy conforme con los resultados históricos que, en materia de seguridad pública, se dan hasta esta parte del año. Para Santa Fe fue muy satisfactorio como se trabajó en los meses de diciembre, enero y febrero pasado, consecuencia de trabajar con planificación previa. El objetivo es repetir el método y eso fue acordado en el encuentro.

La Secretaría de Trabajo de la Nación ordenó la conciliación obligatoria entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), además de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Sucedió tras una serie de anuncios de medidas de fuerza que amenazaban con afectar vuelos nacionales e internacionales durante las vacaciones de invierno.

La medida, dictada bajo el amparo de la Ley N.º 14.786, se extenderá por 15 días, es decir, hasta el 25 de julio inclusive. Durante ese período, los trabajadores deben prestar servicios de manera habitual, mientras que las autoridades empresariales deben abstenerse de aplicar sanciones o despidos relacionados al conflicto.

El conflicto se desató por el estancamiento salarial que denuncian los trabajadores, quienes afirman que sus haberes están congelados desde hace más de un año. A eso se suma una fuerte crítica por la falta de inversión en infraestructura operativa, que según el gremio compromete la seguridad aérea.

ATEPSA también denunció despidos en EANA, que ahora deben ser suspendidos conforme a lo dispuesto por la conciliación. El gremio había anunciado un esquema de paros escalonados desde el 11 al 30 de julio, afectando vuelos en horarios específicos durante 24 días consecutivos.

Desde ATEPSA confirmaron que acatarán la conciliación obligatoria, aunque la calificaron como “ilegal” y anticiparon que recurrirán a la Justicia para impugnarla. Además, preparan movilizaciones en distintos puntos del país, entre ellos el aeropuerto internacional de Ezeiza, en rechazo al ajuste que denuncian en el sector.

A la par del conflicto con los controladores, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció un paro nacional para el viernes 19 de julio. El motivo: el rechazo al Decreto 378/2025, que permite operar con licencias extranjeras sin revalidación local, algo que los pilotos consideran un riesgo para la seguridad aérea.

De concretarse la medida, el paro podría paralizar la actividad en plena temporada alta, cuando se espera un pico de operaciones por las vacaciones escolares en varias provincias.

La conciliación obligatoria garantiza, por ahora, que los vuelos seguirán operando con normalidad, lo que lleva tranquilidad a miles de pasajeros que planeaban viajar en los próximos días. No obstante, el clima de tensión se mantiene, y si no hay avances en las negociaciones, el conflicto podría reactivarse con fuerza a partir del 25 de julio.

Desde el Gobierno remarcaron la necesidad de “preservar la paz social” y “garantizar la continuidad del servicio esencial de transporte aéreo”, especialmente durante un período crítico para el turismo interno y regional.

Aunque la medida de conciliación ha desactivado temporalmente el paro de controladores aéreos, el escenario sigue siendo incierto. Los gremios mantienen sus reclamos vigentes y el conflicto podría escalar si no hay respuestas concretas.

En paralelo, el anunciado paro de pilotos del 19 de julio suma una nueva preocupación a un sector clave en plena temporada de vacaciones. Las próximas semanas serán decisivas para evitar un colapso del transporte aéreo en Argentina.

En la antesala del paro general convocado por la CGT para este jueves 10 de abril, el Gobierno bajó el tono al reclamo y lo encuadró dentro de una estrategia “política”. En los pasillos de Casa Rosada aseguran que “arrancó la campaña” y apuntan a un supuesto vínculo entre la central y candidatos opositores.

“Es el paro de los amigos de Santoro”, deslizó una fuente con acceso al despacho presidencial, en alusión al legislador porteño de Es Ahora Buenos Aires. La frase resume el intento del oficialismo por restarle legitimidad a la protesta, que incluirá cortes y la suspensión de trenes, subtes y premetro.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no logró acercar posiciones. Su intención de abrir un canal de diálogo con Azopardo fue rechazada. Desde el Gobierno cuestionan el temario del paro: “Es un poco difuso”, dijo el funcionario, y señaló que “la sociedad juzgará” si los sindicatos siguen teniendo representatividad.

Desde la CGT, en cambio, ratificaron la medida tras la movilización por los jubilados. En un comunicado, señalaron que “el ajuste cayó sobre trabajadores y jubilados”, y acusaron al Ejecutivo de beneficiar al sector financiero. La central insiste en que hay razones concretas para protestar.

En redes, el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, acusó a la CGT de perjudicar a los trabajadores. “El paro no daña a Milei. Daña a la gente”, escribió. El funcionario, alineado con el discurso libertario, cuestionó a “la mafia sindical” y dijo que “atentan contra el funcionamiento del país”.

En el Ejecutivo celebran que los colectivos circularán con normalidad en el AMBA, gracias a la conciliación obligatoria que acató la UTA. Desde el oficialismo hablan de un “triunfo de Pettovello” y vaticinan un acatamiento “bajo”. “No mueven el amperímetro”, afirman.

Mientras en Balcarce 50 insisten en que la protesta “les sirve políticamente” a los gremios, la CGT refuerza su mensaje contra el modelo económico de Milei. En ese cruce, el paro aparece no solo como un reclamo sectorial, sino también como un nuevo capítulo de la puja entre el Gobierno y el sindicalismo.

La Oficina del Presidente Javier Milei repudió este jueves la decisión del Senado de la Nación de rechazar los pliegos propuestos para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la negativa se fundamenta en intereses políticos y no en la idoneidad de los candidatos.

Comunicado

Comunicado by adeluca.ellitoral

“Durante el último año los senadores tuvieron a disposición los pliegos de los Dres. Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, participando en toda instancia del proceso de selección establecida por la normativa vigente”, señaló el comunicado oficial difundido desde Casa Rosada.

La administración libertaria acusó a los legisladores de haber “dilatado la votación durante meses” y de haber antepuesto “la preocupación por sus causas judiciales y las de sus dirigentes” a la normalización del máximo tribunal, afectando de ese modo el funcionamiento institucional del Poder Judicial.

El Gobierno remarcó que se trata de la primera vez en la historia que el Senado rechaza pliegos presidenciales para la Corte “por motivos meramente políticos”, lo que a su juicio “evidencia una vez más que la Cámara Alta es el refugio de la casta política en el Congreso de la Nación”.

“Convertido en una máquina de impedir, el Senado no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la Nación Argentina”, disparó el comunicado, en línea con la retórica confrontativa del oficialismo hacia el Congreso.

En ese marco, la Oficina del Presidente sostuvo que “la politización de la justicia representa una amenaza para la democracia” y advirtió que mientras la dirigencia política busque protegerse penalmente, “el derecho a la justicia continuará limitado”.

Finalmente, el Ejecutivo ratificó que el presidente Milei “continuará trabajando incansablemente para garantizar la independencia judicial y restaurar la confianza del pueblo en las instituciones, utilizando todas las herramientas que la Constitución Nacional y el voto popular han puesto en sus manos”.

Tras la aprobación de la ley Bases y la firma del Pacto de Mayo, el Gobierno concentra sus energías en la ampliación y composición de la Corte Suprema de Justicia.

Luego de proponer a los jueces federales Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para reemplazara a Elena Highton de Nolasco y a Juan Carlos Maqueda, ahora el Poder Ejecutivo evalúa la posibilidad de ampliar a nueve el número de miembros del Máximo Tribunal.

Según sostiene la agencia Noticias Argentinas, remitiéndose a uno de los máximos asesores del presidente Javier Milei, "es más sano una Corte de 9 miembros que de 7", y se acerca a la idea de "federalismo" que se busca en la composición. Además, se descarta la posibilidad de dividir el máximo tribunal en salas temáticas y por jurisdicciones.

En esa tarea trabaja el secretario de Justicia y miembro del Consejo de la Magistratura, Sebastián Amerio, quien a su vez tiene la compleja tarea de destrabar en el Congreso los pliegos de Lijo y Mansilla para el mes agosto.

Lo hace en tándem con el jefe y el vicejefe de Gabinete, Guillermo Francos y José Rolandi, quienes siguen al pie de la letra las directivas del alfil libertario Santiago Caputo.

Una vez cumplida la voluntad de Milei con Lijo y García Mansilla, la intención es avanzar con la ampliación de la Corte de cinco a nueve miembros para antes de fin de año.

Para eso están abiertas las conversaciones con senadores que responden a los intereses de los gobernadores que presionan para que la expansión se concrete.

En junio de 2022, un grupo de mandatarios provinciales peronistas y aliados presentaron al aquel entonces presidente Alberto Fernández la propuesta para conformar un tribunal supremo de 25 miembros (uno por provincia más un representante nacional y que cumpla con la paridad de género).

Algunos meses después, la Cámara de Senadores le otorgó media sanción al dictamen de mayoría, pero con modificaciones acordadas previamente que reducían a 15 el número de jueces.

Con la lupa en la región, los países limítrofes funcionan de modelo para la administración libertaria ya que, en el mayor de los casos, los Tribunales Supremos exceden los cinco miembros.

Si bien aún no hay nombres ni jueces para integrar el número, la idea es que una vez aprobada la propuesta del Gobierno para que Lijo y Mansilla reemplacen a Highton de Nolasco y a Maqueda, se designen además otros cuatro miembros que se sumarán a la Corte integrada por su titular, Horacio Rosatti; el vice, Carlos Rosenkrantz, y el ministro, Ricardo Lorenzetti.

"La velocidad de la Corte depende del más lento de sus miembros que del número", planteó un conocedor en la materia que respalda el número electo por el mandatario.

El oficialismo sabe que las negociaciones por la aprobación de ambos jueces configura una tarea compleja aunque aseguran que contarán con los votos necesarios para aprobar ambos nombres.

El mandatario ya anticipó que no es uno sin el otro, por lo que el debate por el paquete Lijo-García Mansilla traccionan a los indecisos en la elección.

A los rechazos públicos se les suman los detractores en las filas libertarias: la vicepresidenta Victoria Villarruel dio a entender que el magistrado de Comodoro Py no es de su elección. Lo propio anticipó el senador Francisco Paoltroni.

"En las charlas cada bloque no responde en tándem, no es que negociás con los jefes de bloque y ya está. Al interior de cada espacio hay pensamientos diferenciados, incluso libertad de acción", confesó uno de los encargados de tender puentes con la oposición, y pese a que descartó haber entablado diálogo con la dos veces presidenta Cristina Kirchner, admitió contacto con los senadores de Unión por la Patria (UxP).

A pesar de la polémica, es García Mansilla, a diferencia de Lijo, el que cuenta con menos adeptos debido a que reemplazará a la primera mujer en llegar al máximo tribunal desde la restauración democrática, y anulará así el único contrapeso de género entre los magistrados. También encontraría escollos en el Congreso por su postura contra la ley de interrupción legal del embarazo.

Ante este panorama, el oficialismo deberá intensificar el trabajo, cosechar 48 apoyos, y cumplir con el primer paso camino a la modernización de la justicia.

Se limitaron las comunicaciones telefónicas desde prisión para los narcos rosarinos Esteban Lindor Alvarado y Claudio “Morocho” Mansilla.

Alvarado se encuentra alojado en los pabellones de la Unidad Regional VI de la cárcel de Ezeiza. Había sido capturado en un camping de Córdoba y protagonizó un cinematográfico intento de fuga con un helicóptero.

Mansilla, al cual Alvarado le prometió venganza luego de un traslado desde Piñero, fue recapturado en un departamento del barrio Fontanarrosa de la ciudad de Rosario y actualmente se encuentra en Marcos Paz.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 298/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación publicada este martes en el Boletín Oficial.

El documento cuenta con la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En el texto se detalla que por el término de 30 días se suspendieron las comunicaciones telefónicas de ambos líderes narcos “a excepción de aquellas que cursen con sus abogados defensores debidamente acreditados en los expedientes judiciales; con los abogados que hubieran designado en carácter de defensores y dentro del plazo previsto para la formal aceptación del cargo y con los organismos de control”.

“Al término del plazo previsto, se formulará una consulta a la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe respecto de la continuidad de la medida”, agrega la Resolución.

La misma se da en el marco del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal que tiene como objetivo enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas alojados en el Servicio Penitenciario Federal.

Resolución 298/2024 by El Litoral

Por Gonzalo Fracchia

Tras recibir la distinción de “Embajadores Internacionales de la Luz”, en el marco de una cena organizada por la comunidad Jabad Lubavitch en Miami y visitar en una cumbre inédita a Elon Musk en Texas, Javier Milei emprende viaje a Europa, donde cerrará su nueva gira internacional.

El destino principal, que contará con escala previa en Francia, será Dinamarca, donde el presidente de la Nación Argentina concretaría la compra de 24 aviones caza F-16 Fighting Falcon para reforzar las Fuerzas Armadas.

Luego de un encuentro bilateral con Mette Frederiksen, primera ministra danesa, Milei sellará el acuerdo iniciado por la gestión actual a fines de marzo con una carta de intención que contaba con las rúbricas del ministro de Defensa Luis Petri y su par danés, Troels Lund Poulsen.

“La inversión en defensa vuelve a ser una prioridad. Estamos equipando a nuestras Fuerzas y recuperando la capacidad supersónica del país”, indicó el pasado 26 de marzo el ministerio.

Las conversaciones entre ambos países, con Estados Unidos de por medio aprobando la compra, habían iniciado en octubre de 2023, luego de que Argentina optara por los F-16 estadounidenses fabricados por General Dynamics y Lockheed/Lockheed Martin, por encima de los JF-17 de Pakistán que ofrecía China.

Recibimos la visita del Ministro de Defensa de Dinamarca @troelslundp, con quien firmamos una carta de intención para la adquisición de las aeronaves F-16 y el equipamiento de apoyo. Estamos sentando las bases para la cooperación en el área de defensa entre Dinamarca, EEUU y… pic.twitter.com/ZNHqw6TO0k

El presidente, en un nuevo y llamativo episodio de su tradicional puesta en escena que inició durante la campaña con el uso de elementos como la simbólica motosierra, volaría a bordo de un caza F-16 como "copiloto". No cumplirá literalmente dicha función ya que no deberá manipular comandos al haber sido entrenado (el sitio oficial de las fuerzas armadas estadounidenses indica que se requieren al menos cuatro años), sino que sería un pasajero.

Emulando al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pero sin conflicto bélico de por medio, el libertario realizó chequeos médicos con resultados positivos para el testeo de los aviones militares en la demostración aérea de este martes 16 de abril en Copenhague.

Siendo un hecho que no sorprendería teniendo en cuenta la agenda actual de todo el espectro político, las pruebas de su condición física fueron confirmadas desde el seno del gobierno nacional a periodistas acreditados en Casa Rosada de diferentes medios.

“Los estudios (de salud) dieron bien, está en condiciones de ser copiloto”, le indicaron a Ignacio Ortelli de La Nación y "Entiendo que sí", le respondieron a Fabián Waldman de FM La Patriada ante la consulta. Sin confirmación oficial, cuentas de las “fuerza paralelas de X” hicieron alusión al eventual episodio.

Lo concreto es que la postura de Milei representa la apertura y deseo de su gestión de ingresar a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) como Socio Global. El único en la región es Colombia.

Con un pago inicial de 30 millones de dólares en el marco de un pago global de 300 millones de dólares, comenzará el proceso de entrega de los 24 aviones F-16 Fighting Falcon, los cuales la Fuerza Aérea Argentina recibirá de cuatro por año, en base al proyecto del Ministerio de Defensa de Dinamarca.

Teniendo en cuenta la existencia de este plan de pago, la oferta estadounidense corría con ventaja al poseer una tasa anual del 2% de intereses, en comparación con la de 6% de los chinos.

En base a los estudios oficiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el F-16 es “un avión de combate compacto y multifunción. Es muy maniobrable y ha demostrado su eficacia en combates aire-aire y ataques aire-tierra. Proporciona un sistema de armas de alto rendimiento y costo relativamente bajo para Estados Unidos y las naciones aliadas”.

También describen que puede volar más de 2.400 km/h y en función de aire/tierra lo puede hacer a 860 kilómetros, con un cañón multicañón M-61A1 de 20 mm con 500 balas maniobrable desde una cabina y cubierta de burbujas le dan al piloto una visión sin obstáculos hacia adelante y hacia arriba, y una visión muy mejorada hacia los lados y hacia atrás.

La adquisición de este equipo brinda un salto de relevancia para un sistema de defensa argentino que no poseía aviones supersónicos desde 2015, cuando se dieron de baja los Mirage III.

No obstante, la venta aprobada sin objeciones por el Congreso estadounidense, se trata de un proceso de renovación danesa. Desde Copenhague oficializaron en 2020 la intención de reemplazarlos con nuevos aviones F-35 Joint Strike Fighter, motivo por el cual también se donarán 19 unidades de F-16 a Ucrania.

El equipamiento de la Fuerza Aérea danesa con este modelo inició en 1970 y se activó en 1978, con nuevas compras durante la siguientes décadas y actualización “continua” que “corresponden en gran medida a la última versión del avión F-16 en términos de instrumentos y sistemas de armas”, según el sitio oficial de Defensa del país escandinavo.

“Desde 1999, los aviones daneses F-16 han estado desplegados varias veces en operaciones internacionales en los Balcanes, así como en Afganistán, Siria e Irak, donde han participado en distintos tipos de operaciones, incluidas operaciones en las que patrullaban el espacio aéreo, lanzaban bombas y soldados apoyados en el terreno”, agrega la plataforma oficial.

Conrado Solari Yirigoyen, embajador argentino en Dinamarca desde 2016, fue removido el pasado miércoles 10 de abril

Se trata del hijo de Hipólito Solari Yrigoyen, quien es sobrino bisnieto de Leandro Alem y sobrino nieto del presidente Hipólito Yrigoyen.

El diplomático también había cumplido labores en Francia, entre 1985 y 1991; Singapur, entre 1996 y 2002; y Estados Unidos, 2008 y 2013. Aún no se designó reemplazante.

Por Federico Aguer

Será una Expoagro atravesada por la política, no caben dudas. El lunes por la noche, en la tradicional cena de expositores, esta tendencia se confirmó con la presencia de los gobernadores de las provincias más "agrícolas" del país. Axel Kicillof, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio intercambiaron sus miradas sobre el sector con los referentes de la Mesa de Enlace y con los empresarios del agro; y adhirieron, con reservas, a la convocatoria del Pacto de Mayo del presidente Milei.

La cena fue la antesala de Expoagro 2024 edición YPF Agro, que se desarrollará entre este 5 y el 8 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.

A la hora de los discursos, fue el gobernador anfitrión, Axel Kicillof, quien realizó un extenso análisis sobre la importancia del Estado. “Siempre nos llevamos de acá una serie de inquietudes, de propuestas, de ideas que luego hemos podido en muchos casos aplicar a la política del gobierno”.

También citó que “la columna vertebral de la provincia de Buenos Aires, es la producción y el trabajo. Buenos Aires es la principal provincia industrial, 52% de la producción industrial, tiene su base, su origen en nuestra provincia, pero es cierto también que somos la principal provincia agropecuaria de la Argentina”.

El mandatario recordó las consecuencias de la sequía y cómo se superó: “la provincia dio respuesta con crédito y dio respuesta incluso cambiando la regla de la emergencia, empezando a tomar al productor arrendatario, también como sujeto de esta política, además del productor propietario”, indicó.

Al final de su mensaje, el gobernador admitió falencias en infraestructura y comprometió: “Tenemos que seguir pensando en lo que se está pensando aquí, en cómo industrializar la producción agropecuaria; en cómo podemos también con industria nacional y producción nacional alentar y acompañar un sector que es tan competitivo y que es tan pujante”.

Previamente, el secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella, expresó: “Vamos a un sistema que promueve la iniciativa privada y la apertura al mundo, aumentando las exportaciones y recibiendo inversiones. Tenemos con qué hacerlo y no solo con la agrobioindustria, nuestra Vaca Viva, que hoy explica el 70% de las actuales exportaciones, a esto hay que sumar la energía, la minería, la economía del conocimiento y el turismo receptivo de calidad. Estamos en el parto de la nueva Argentina y es doloroso, pero si todos cooperamos en máxima co-creación lo que resulte será mejor para todos y sostenible en el tiempo”, remarcó el funcionario.

Vilella invitó a visitar el stand de la Secretaría, para mensurar “los senderos de la Bioeconomía, con el ejemplo de la cadena del maíz. Ese maíz se exporta en un 70 % como grano, el resto produce proteínas animales como carnes (bovina, porcina, aves, leche, huevos y algo de peces), diversos alimentos, jarabe de fructosa, etanol, CO2 biológico”.

Para finalizar, sostuvo: “Tenemos una estrategia basada en devolverle la rentabilidad a todos los productores y a los distintos eslabones de las cadenas, donde cada una de ellas crezca sin parasitar a otra. Es el único camino real para aumentar sustantivamente las exportaciones maximizando la sostenibilidad de los negocios”.

Cabe destacar que también participaron de la cena, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; su par de Salta, Martín De Los Ríos; Sergio Busso, ministro de Bio Agroindustria de Córdoba; y Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de provincia de Buenos Aires.

También estuvieron el presidente y la vicepresidenta del INTA, Juan Cruz Molina y María Beatriz Giraudo, respectivamente; el presidente de Banco Nación, Daniel Tillard; el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; el presidente de John Deere, Sergio Fernández; el presidente ejecutivo de Ternium Argentina, Martín Berardi; el presidente institucional del Grupo Techint, David Uriburu; el presidente de Mirgor, José Luis Alonso; el presidente de Aapresid, Marcelo Torres; el director ejecutivo del CFI, Ignacio Lamothe, entre otros referentes de empresas, entidades, periodistas.

El Ministerio de Capital Humano, con Sandra Pettovello a la cabeza, emprendió un plan de "optimización de recursos" que posibilitará un ahorro de 25.150 millones de pesos este año a través de la "baja de contratos" y la "reducción del 40% de la flota de autos", entre otros gastos.

Además, se está buscando eliminar intermediarios en el proceso de envío de alimentos a los comedores.

Sobre las protestas anunciadas por organizaciones sociales para esta semana frente a los supermercados, Adorni advirtió´: "No vamos a aceptar la extorsión, que se actúe fuera de la ley ni que se movilice gente que no se quiera movilizar".

Aseguró que las protestas son convocadas por "personajes que están en contra del trabajo que estamos llevando adelante para transparentar el esquema de ayuda a comedores", y que buscan impedir que los alimentos "efectivamente lleguen a quienes les tenga que llegar".

El Ministerio de Capital Humano emprendió un plan de optimización de recursos que en una primera etapa permitirá ahorrar 8.300 millones de pesos, y en la segunda otros 16.850 millones de pesos adicionales.

"La primera etapa incluye la baja de 758 contratos, mientras que hay otros 6.400 que están en revisión. Se va a reducir un 40% la flota de autos, con un ahorro de casi mil millones de pesos, y además se recortarán servicios e insumos por 500 millones de pesos y los celulares de las Secretarías (un gasto de 217 millones de pesos)", precisó Adorni.

Dijo que "en una segunda etapa habrá un recorte equivalente a 16.850 millones de pesos adicionales por la optimización de contrataciones y compras diversas que venían haciendo las diferentes dependencias de la cartera sin un criterio razonable".

Según el vocero presidencial, "en el proceso de envío de alimentos a los comedores había un sistema con el cual claramente no compatibilizamos, que es la discrecionalidad. Va a llevar unos días más, pero va a haber un método innovador para que la ayuda le llegue a quien le tenga que llegar y no que ande en un pasamanos con intermediarios y que sigan existiendo los negocios con la pobreza".

Y recordó que "sigue abierta la línea anónima y gratuita 134 para cualquier tipo de extorsión que pueda existir. Siéntanse libres de hacer la denuncia y ponernos en conocimiento".

Sobre las protestas en supermercados para reclamar comida, Adorni advirtió que "representantes de determinados grupos sociales han anunciado para esta semana alguna especie de marcha o de protesta frente a supermercados. No vamos a aceptar la extorsión, que se actúe fuera de la ley ni que se movilice gente que no se quiera movilizar".

"Muchos de estos personajes tenían relación con el gobierno anterior y entendemos que están en contra del trabajo que estamos llevando adelante para transparentar el esquema de ayuda a comedores evitando cualquier tipo de intermediación y la compra directa, que presupone algún manejo no debido", lamentó.

El Gobierno Nacional prorrogó hasta el próximo 10 de diciembre e incrementó el tipo de cambio diferencial que rige para todo el complejo exportador.

El esquema, fijado el pasado 24 de octubre, fue extendido hasta el final del mandato de la actual administración nacional a través del Decreto 597/2023, publicado este martes en el Boletín Oficial.

En lugar de permitir liquidar el 30% de divisas a tipo de cambio financiero contado con liquidación (CCL) y el 70% restante a precio del dólar oficial; el dólar exportador ahora será calculado en partes iguales, es decir, permitirá liquidar 50% a valor CCL (que cotizaba ayer a $ 876,27) y 50% en valor oficial ($ 351,50).

De esta forma, el valor del dólar exportador pasará de $ 508,93 a $ 613,88, con una mejora del 30,9%.

La medida establece, por otra parte, que los exportadores alcanzados "efectuarán el pago de los derechos, tributos y demás conceptos" como es el caso de los Derechos a las Exportaciones en las condiciones que establezca la AFIP, "no debiendo superar dicha fecha el 31 de diciembre de 2023".

Esto implica "aplicar la alícuota del Derecho de Exportación respectivo, considerando el contravalor excepcional y transitorio".

Hasta octubre rigieron esquemas similares de estímulo a las exportaciones y de entrada de divisas pero sólo para determinados sectores (como soja, industria automotriz, minería y economías regionales) y con un límite de liquidación al valor del CCL del 25%.

Por el contrario, el dólar exportador aplicado desde el mes pasado abarca todas las exportaciones, incluyendo bienes primarios, intermedios, terminados; y servicios, abarcando desde el agro y la industria hasta la economía del conocimiento.

Los exportadores, con el esquema, reciben una mayor cantidad de pesos que los que obtendrían si tuvieran que liquidar el 100% de sus ventas al tipo de cambio oficial.

Por ejemplo, en el caso de liquidar el 100% de US$ 1 al tipo de cambio oficial, recibirían $ 351,50, mientras que, con el esquema, al valor actual del tipo de cambio CCL, reciben $ 613,88 por cada dólar liquidado.

El Gobierno promulgó este martes la Ley de Alquileres, cuyas modificaciones fueron aprobadas la semana pasada en la Cámara de Diputados. Lo hizo a través del decreto 533/2023, publicado en el Boletín Oficial y entrará en vigencia a partir del miércoles 18 de octubre.

Una de las reformas más destacadas es la sustitución del artículo 1.198 del Código Civil y Comercial de la Nación, estableciendo un plazo mínimo de tres (3) años para los contratos de locación de inmuebles sin un plazo expreso y determinado. Sin embargo, se introdujeron excepciones para casos específicos, como propiedades destinadas a embajadas u organismos internacionales, alojamientos temporarios con fines turísticos, entre otros.

El locador debe conservar la propiedad en condiciones adecuadas

El artículo 1.201 fue modificado para establecer que el locador debe conservar la propiedad en condiciones adecuadas para el uso acordado y realizar reparaciones necesarias. En casos de negativa o silencio del locador ante reclamos de reparación, se otorga al locatario la posibilidad de llevar a cabo las reparaciones, cargando los costos al locador.

Además, se introdujo la posibilidad de rescisión anticipada del contrato por parte del locatario, con condiciones específicas basadas en el tiempo de vigencia del contrato y el tipo de propiedad.

Se introdujo la posibilidad de rescisión anticipada del contrato

Se implementaron ajustes en la forma en que se fija el precio del alquiler, especificando que debe ser en moneda nacional y por períodos mensuales. Además, se establecieron criterios para los ajustes periódicos basados en la variación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Asimismo, se incorporó el artículo 14 bis, que prohíbe la publicidad en cualquier medio o plataforma que incluya precios de alquiler en moneda extranjera.

Como parte de estas reformas, se introdujeron incentivos fiscales destinados a los propietarios que alquilan hasta dos (2) inmuebles, eximiéndose del pago del Monotributo. También se establecen exenciones en el impuesto sobre los bienes personales y en el impuesto a los débitos y créditos bancarios para aquellos propietarios con contratos debidamente registrados.

El Gobierno Nacional dispuso nuevas restricciones para frenar la escalada de los dólares financieros, a raíz de la fuerte suba de los precios que se produjeron en las jornadas.

Los bonos con legislación extranjera deberán permanecer cómo cinco días en las carteras de los clientes para luego ser vendidos, según una norma de la Comisión Nacional de Valores publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Esta disposición hace más riesgosa la operación con estos títulos dados los movimientos que pueden producirse durante el plazo de tenencia conocido en el mercado financiero como parking.

Mas Restricciones a Los Dol... by El Litoral

El gobierno de Argentina propuso pagar 15.100 millones de dólares al buffet de abogados Burford, que obtuvo una sentencia favorable por US$16.000 millones en el juicio en el que se discutió la expropiación de YPF.

El país debía presentarse para evitar que el fallo quedara firme habiéndose negado a dialogar por un acuerdo, con lo cual asumía el riesgo que la sentencia de US$16.000 se convierta en un piso que podía incrementarse.

Pero por otra parte, esta presentación es un reconocimiento del fallo de su monto que ahora deberá negociar.

Buford había denunciado que Argentina no quería sentarse a negociar, pero finalmente se conoció la presentación hecha por los abogados que representan al país en Estados Unidos y se abre una nueva instancia.

De todas formas, debido a las características del juicio aún restan varias etapas procesales hasta que el país deba pagarle a Burford.

Crédito: Matias Baglietto/Reuters

La semana pasada la jueza del distrito sur de Manhattan Loretta Preska dictaminó que el Estado argentino –no la compañía- debía resarcir a los demandantes por la forma en que el gobierno de Cristina Fernández, junto a Axel Kicillof, expropió la petrolera en 2012.

En las últimas horas, un artículo del influyente diario Financial Times publicó un artículo bajo el título “Después del fallo la próxima batalla de Burford será lograr que la Argentina pague”.

De acuerdo al especialista, Sebastián Maril de Latin Advisor, el monto a pagar por la Argentina tiene una tasa variable que por estos días es de 5,4%, que obviamente ya están corriendo y obligan al país a plantear una estrategia para cerrar el caso.

El Estado argentino fue condenado por no cumplir con los estatutos de la compañía, que se alcanzaban un estatus jurídico mayor a las decisiones soberanas por su cotización en la Bolsa de Nueva York.

Si bien la cara visible de los demandantes es el estudio Burford, la sentencia también incluye al pool judicial Eton Park, cuya participación es menor.

Tras conocerse la decisión de Preska que lleva al país a sumar deuda por US$16.000 Cristina Kirchner y Kicillof la cuestionaron duramente y volvieron a apelar a la calificación de “buitres” para describir a quienes llevaron adelante el litigio.

El Gobierno a través de la Resolución 1550, puso en marcha el “Programa de Apoyo a la Registración (PAR)” en el marco del “Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT).” Esta iniciativa busca brindar asistencia a los trabajadores no registrados, llevando a cabo acciones de fiscalización para regularizar su situación laboral y protegerlos ante posibles despidos.

Uno de los componentes fundamentales del programa es el “Seguro por Desempleo,” el cual fue detallado en la Resolución N° RESOL-2023-596-APN-MT del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Este seguro tiene como destinatarios/as a aquellos/as trabajadores/as que hayan sido detectados/as en situaciones laborales informales durante las inspecciones realizadas en el marco del PNRT y que, posteriormente, sean despedidos/as por sus empleadores/as.

El acceso al Seguro por Desempleo requerirá que los trabajadores presenten ante la “Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)” la copia del acta de inspección realizada, el telegrama Ley Nº 23.789 enviado al empleador y la constancia de denuncia correspondiente en la “Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”. Estos documentos servirán para demostrar que el trabajador o trabajadora fue parte del Programa de Apoyo a la Registración y, en caso de ser despedidos/as, podrán acceder a la prestación por desempleo.

Se definió el aumento de agosto de la Asignación Universal por Hijo: ¿cuándo se cobra?

Para facilitar la implementación del Seguro por Desempleo, se aprobó un modelo de “Constancia de Inspección.” Esta constancia será emitida por el organismo que haya realizado la fiscalización y contendrá información relevante que identificará la actuación llevada a cabo, así como los datos sobre el empleador y el trabajador o trabajadora en cuestión.

Es importante destacar que el plazo para obtener la Constancia de Inspección es de 90 días hábiles, contados desde la finalización de la relación laboral. Durante este período, el trabajador o trabajadora deberá solicitar personalmente dicha constancia ante el organismo que realizó la fiscalización en su caso particular.

Con estas medidas, el Gobierno busca promover la formalización del empleo y brindar una red de contención para aquellos/as trabajadores/as que hayan sido regularizados/as dentro del Programa de Apoyo a la Registración y, lamentablemente, enfrenten la situación de desempleo posteriormente.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social comunicó la implementación de esta medida, que entra en vigor de manera inmediata. Se espera que el programa beneficie a una significativa cantidad de trabajadores y contribuya al mejoramiento de las condiciones laborales en el país.

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El Seguro de Desempleo o Prestación por Desempleo es un beneficio a través de la cual el Ministerio de Trabajo se propone contrarrestar la caída abrupta de ingresos generada por la pérdida involuntaria del empleo, reducir el riesgo al desaliento y ayudar a la búsqueda y selección de un nuevo trabajo, según repasa en su sitio web.

Está dirigido a los trabajadores asalariados registrados, legalmente despedidos “sin justa causa” o “por fuerza mayor”, o bien que hayan perdido su puesto laboral por quiebre de la empresa.

Todas las personas que acceden al seguro de desempleo reciben:

“Producto de un recorte en el gasto público y a pesar de una merma en los ingresos totales, durante el primer cuatrimestre del año los déficits financiero y primario de la Administración Pública Nacional cayeron 2,2% y 9,3% en términos reales, respectivamente, en relación al mismo período del año anterior”.

El dato oficial es un respaldo a la gestión de Sergio Massa ante el FMI, que sin embargo exhibe incumplimientos de metas de reservas e incluso sigue lejos del objetivo de un rojo primario del 1,9% del PBI este año, lo que lo lleva -sequía mediante- a la renegociación ante el organismo multilateral de crédito.

Diciembre fue un mes decisivo para el ajuste del gasto público

Según revela un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, “los ingresos se contrajeron 9,1% y los gastos totales retrocedieron 7,6% en términos reales. El resultado primario fue negativo en $1.035.318 millones, lo que implicó una disminución de 9,3% a/a en relación con el déficit alcanzado un año atrás.

“El gasto primario -añadió el organismo revisor de las cuentas públicas- cayó 9,2%, con una disminución más pronunciada en asignaciones familiares (29,9%), subsidios a la energía (29,5% a/a) y los gastos de capital (26,0% a/a)”.

Aclara el sumario del informe que “en sentido contrario, los intereses de la deuda crecieron 9,1% a/a, los gastos en personal 9,2% a/a, los subsidios al transporte 24,8% a/a y las pensiones no contributivas 9,3% a/a. El gasto destinado a las jubilaciones y pensiones se contrajo 2,5%. Desde enero de 2022, los haberes jubilatorios que reciben bonos subieron 2,4% y los que no, cayeron 18,4%.

“La ejecución de los gastos -detalla- equivale al 27% del crédito, 11,8 puntos porcentuales por debajo que el del año anterior”. en lo que va del año. .

A pesar del ajuste, las “políticas Alimentarias y el Potenciar Trabajo presentan los niveles más elevados: 47,0% y 40,5%, respectivamente”, lo que plantea el interrogante del crédito a estas cuentas para el total del año.

Por el otro lado, las transferencias de capital a empresas públicas y a fondos fiduciarios para la ejecución de obras, ejecutaron el 17,9% y 19,6%, respectivamente”, lo que revela niveles de inversión por debajo de lo presupuestado, siempre en el primer cuatrimestre del año.

La salud de las cuentas públicas irrumpió en el escenario electoral

Las transferencias a provincias totalizaron $223.069, lo que implica una caída a valores reales de -27,9%. Para las universidades se destinaron $268.401 millones, con un crecimiento interanual del 2,2% en el período analizado.

Los subsidios a la energía sumaron en 4 meses $603.895 millones, un -29,5 respecto del primer cuatrimestre de 2022 a valores reales. Por lo contrario, en el mismo período comparado, los subsidios al transporte significaron $211.904 millones, 24,8% más.

$834.036 fue el gasto en personal de la administración nacional. A pesar de los anunciados congelamientos, las erogaciones en el rubro crecieron 9,2% en el cuatrimestre, en comparación interanual y a valores reales.

Las prestaciones sociales sumaron $4.231.885 millones en el año, una variación real de -5,2% respecto de lo sucedido en 2022. De ese rubro, la erogación del cuatrimestre en jubilaciones y pensiones fue de $2.919.023 millones, con un retroceso de -2,5% a valores reales (descontada la inflación) mientras que las Asignaciones Familiares (AUH y otras) erogaron $420.334 millones, con una fuerte caída del -29,9%.

También fue magra la suerte de las políticas alimentarias, a las que se destinaron $167.374 millones, un retroceso del 7,3% en términos reales.

Los planes Potenciar Trabajo fueron una excepción del rubro de gastos sociales; sumaron $236.643 millones, una suba de 2,7%; la otra fueron las becas Progresar, a las que se destinaron $51.638 millones, 14,5% más en comparación con el primer cuatrimestre del 2021.

Se habilitarán las inscripciones para la nueva convocatoria de Argentina Programa 4.0, el martes 22 de noviembre desde las 12 horas. La nueva versión del curso masivo que aspira a capacitar 70.000 personas en herramientas relacionadas al software para promover la inserción laboral en el sector tecnológico.

Impulsada por la Secretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía de la Nación, esta edición ofrecerá diversos cursos de Programación y Testing para los que se abrirán 250 mil vacantes a quienes obtengan un puntaje igual o mayor a 6 en el examen de ingreso.

Los que no lleguen al puntaje mínimo, podrán elegir otros cursos dentro de la gama de “habilidades digitales básicas’’. Todos los cursos serán dictados a través de plataformas brindadas por 40 Unidades Académicas que participan del programa.

En tanto, los estudiantes que estén realizando la segunda etapa del nivel de formación #YoProgramo, podrán acceder a cursos de inglés orientados al sector tecnológico en el Centro Universitario de Idiomas (CUI).

Los interesados solo deberán inscribirse y completar el formulario con los datos personales. Este proceso es gratuito y la convocatoria tendrá vigencia hasta diciembre

Este primer periodo de convocatoria corresponde a un calendario de inscripciones que se extenderá durante el año 2023 de manera tal que la mayor cantidad de estudiantes puedan anotarse a los distintos cursos ofertados de acuerdo a los cronogramas que planifique cada unidad académica, explicó la cartera de Economía.

Para acceder al proceso de inscripción hay que ingresar a la web de la iniciativa desde el momento en que se habiliten las solicitudes. La página oficial es www.argentina.gob.ar/economia/conocimiento/argentina-programa

Argentina Programa 4.0 ofrece cursos gratuitos por los que no se recibe pago alguno. Sin embargo, para ciertos cursantes que reúnen requisitos específicos existe la posibilidad de solicitar la Tarjeta Argentina Programa 4.0 y obtener hasta $150.000 para adquirir una computadora disponible en la Tienda BNA (el sitio de venta online del Banco Nación) dentro de la línea especial para la Tarjeta Argentina Programa 4.0.

Quien resulte beneficiario de la tarjeta debe utilizar el monto en un plazo máximo de 6 meses desde su acreditación.

Tiene como destinatarios a personas inscriptas en un curso de la segunda etapa de Argentina Programa 4.0. Actualmente el único curso disponible de la segunda etapa es #YoProgramo.

Requisitos para acceder a la tarjeta

Para poder solicitar el apoyo de $150.000 se debe estar realizando un curso de la segunda etapa de Argentina Programa 4.0. Y encontrarse en alguna de las siguientes condiciones de empleo:

▪️ No contar con un empleo formal en relación de dependencia.

▪️ Estar adherido/a al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) en las categorías A o B y no perciban ingresos en relación de dependencia.

▪️ Contar con un trabajo registrado por el cual se perciba ingresos menores a dos salarios mínimos, vitales y móviles según lo establecido por la Resolución 4/2021.

▪️ Declarar no contar con los requisitos suficientes para la adquirir una computadora.

Fuentes del Palacio de Hacienda indicaron que la denominada Ley de Leyes ingresará por la Cámara de Diputados, tal como lo establecen las normas. 

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, aseguró que el proyecto de Presupuesto 2023 mantiene “el compromiso con el pueblo argentino de aumentar la inversión en cuestiones estratégicas” en áreas como la obra pública, la educación, la ciencia y la tecnología, y le pidió a la oposición debatirlo con una “visión constructiva”. 

“Puedo asegurarles que, en un contexto internacional muy difícil, mantenemos nuestro compromiso con el pueblo argentino de aumentar la inversión en cuestiones estratégicas para nuestro país como la obra pública, la educación, la ciencia y la tecnología”, afirmó Manzur al exponer su informe de gestión ante la Cámara de Diputados. 

La inflación de agosto fue del 7% y acumuló 78,5% en el último año

Tras recordar que “el año pasado vivimos una situación amarga que nos impidió contar con una ley de presupuesto”, en referencia a la decisión de la oposición de no acompañar el texto enviado en 2021 por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, el jefe de Gabinete convocó a los diputados “a debatir y deliberar con una visión constructiva”. 

“Estamos abiertos, como lo estuvimos en aquella oportunidad, a revisar y modificar el proyecto de presupuesto para lograr los amplios acuerdos que el país necesita. Millones de argentinos y argentinas que esperan un futuro de paz y prosperidad nos están mirando”, aseveró. 

Inflación en Venado: en agosto fue de 6.5% y acumula 44.1% en lo que va del año

Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo cuando asumió, el pasado 3 de agosto, que en materia de orden fiscal “vamos a cumplir con la meta del 2,5% de déficit primario del sistema público nacional, establecida por el presupuesto que tuvimos que sacar por DNU tras el rechazo del Congreso”. 

“Vamos a hacer todas las correcciones necesarias para honrar nuestra palabra empeñada” en el acuerdo suscripto en marzo con el Fondo Monetario Internacional, que establece un 1,9% de déficit público para el 2023, dijo el ministro. 

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Nación, Cecilia Todesca Bocco, aseguró este miércoles que la Argentina alcanzó “un récord histórico de exportaciones durante el primer semestre (enero-junio) de 2022 en términos de recaudación”, con un acumulado de US$ 52.151 millones, casi US$ 5.500 millones más que el pico que se había registrado en ese mismo período de 2011. 

La funcionaria, cercana al presidente Alberto Fernández, se expresó en estos términos durante un desayuno de prensa que brindó en el Palacio San Martín, en el barrio porteño de Retiro, con la participación de la agencia NA. 

En ese contexto, explicó que la nueva marca histórica se produjo principalmente a causa de los aumentos de los precios internacionales (20,9%), apalancados sobre un “boom de commodities” en el sector de combustibles y lubricantes, además de las subas registradas en los valores de bienes intermedios, de bienes de capital y vehículos automotores de pasajeros. En cambio, también hubo un aumento de las cantidades exportadas (1,1%), pero fue menor que en 2011. 

Reabren las exportaciones de harina y aceite de soja

“Estamos satisfechos con los números. Es decir, más allá de la política pública, ya podemos identificar lo que funciona para la economía real”, destacó Todesca, que agregó que “la política industrial hoy tiene tres patas: desarrollo del mercado interno con más empleo, más consumo y más industrias; la agregación de ciencia y tecnología, ya que la Argentina tiene un sistema amplio y diversificado; y la internalización de la producción para que más empresas se posicionen en el mundo”. 

En ese sentido, indicó que “el período de 2021-2022 podría marcar la primera vez en una década que el país aumente las ventas al exterior por segundo año consecutivo”, algo que no pasaba desde los años 2010-2011. Y, por otro lado, adelantó que “el Gobierno aspira a que la recaudación de la exportación anual de bienes y servicios alcance en diciembre de 2022 los US$ 100 mil millones”. 

Durante la exposición también hizo hincapié en las relaciones comerciales con China desde la Cancillería, a cargo de Santiago Cafiero desde septiembre del 2021. “Nosotros pusimos al día todos los mecanismos bilaterales con China. Cerramos obras de infraestructura, luego el viaje presidencial y el acuerdo de la Franja y Ruta de la Seda”, enumeró y agregó que “la exportación de productos primarios y manifacturas agropecuarias” con el país asiático. 

En el ámbito de las importaciones, por otra parte, NA le preguntó a Todesca qué iba a pasar con las nuevas restricciones a 34 bienes, que saldrían de las licencias automáticas por decisión del Ministerio de Economía. 

Entre ellos, figuran productos variados como whisky, teclados, mouses, altavoces, fibrones, máquinas para realizar criptominería, tragamonedas, semen bovino, yates y aviones de lujos. 

“Aún no tengo detalles, pero para nosotros las importaciones son estratégicas, ya que definen el proceso productivo. Hubo un adelantamiento de las cantidades y, en ese sentido, nosotros de lo que nos ocupamos es de ordenarlo y suavizarlo a través de los meses”, apuntó, sin brindar más detalles. 

Según el último informe de Cancillería, el saldo comercial fue superavitario en US$ 2.540 millones, US$ 5.770 millones menos que el resultado positivo del período entre enero-julio de 2021, producto del mayor ritmo de crecimiento de las importaciones que de las exportaciones. 

Las exportaciones santafesinas crecieron más del 18% en junio

Sobre este punto, Todesca dijo que “hay tres desafíos: aumentar las capacitaciones de especialistas en comercio exterior, la internalización de pymes y la ampliación de las empresas que ya son exportadoras”. 

Secundada por Guillermo Merediz, especialista en Economía Política y quien se sumó la semana pasada como subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones, durante el encuentro Todesca celebró los índices alcanzados por la macroeconomía, pero reconoció que “ahora es momento de resolver las otras cosas que no funcionan” para “acompañar este crecimiento de las empresas”. 

“Todos los datos del mercado del trabajo son buenos. Las cantidades vienen muy bien, entre registrado y no registrado. Lo que sí sucedió con el impacto de la pandemia y la guerra -en Ucrania- es un efecto regresivo sobre la discusión de los ingresos. Lo que nosotros hicimos hasta acá fue dar lugar a la apertura y el adelantamiento de paritarias, pero es un fenómeno mundial que la discusión del ingreso se sesga hacia el capital y pierden participación los trabajadores”, detalló. 

Al respecto, NA consultó por las tareas que se están llevando a cabo para que ese crecimiento de la macroeconomía del país repercuta en las clases populares. 

En la Argentina, el trabajo “en negro” hoy supera –según datos oficiales– el 35% de la masa laboral y el salario básico está entre los últimos puestos en la región. 

Todesca Bocco: “El Gobierno espera que la inflación baje este mes y el que viene”

Además, la oferta de nuevos empleos hoy carece entre los extractos sociales más bajos, que incluye un gran volumen de personas dependientes de asistencias del Estado. 

“En la economía global de hoy, un trabajador tiene que capacitarse constantemente y nuestra política pública al respecto es el plan Argentina Programa, que permite capacitar trabajadores en cortos plazos y satisfacer las demandas de los sectores empresariales que requieren puestos de trabajos. Eso representa una gran oportunidad para aquellas familias de las clases populares que no cuentan con la posibilidad de realizar una carrera universitaria”, respondió la funcionaria. 

En la actualidad, el aumento de la informalidad y la pérdida del poder adquisitivo del peso por la inflación ha traído consecuencias sobre la actualización del capital humano, con los sectores más empobrecidos como grandes damnificados. En ciencia y tecnología, uno de los rubros con mayor proyección en el mercado laboral global, los argentinos sufren grandes complicaciones a la hora no solo de capacitarse sino de adquirir el equipamiento adecuado (fijado por precios internacionales) para realizarse. 

De acuerdo con Merediz, ese rubro ha crecido en términos industriales y –en paralelo– marcó la creación de políticas públicas para la capacitación de empleados. 

“Este sector viene creando puestos de trabajo todos los meses e, incluso, las empresas tienen déficit para cubrir los puestos de trabajo. Como respuesta, nosotros apuntamos a un esquema de formación muy masivo para la capacitación al menos mínima de nuevos trabajadores que permita satisfacer esa demanda”, dijo y destacó que “la Ley de Software, lanzada en 2004, permitió la creación de miles de empresas del rubro”. 

El presidente Alberto Fernández se refirió este sábado a los incendios en el Delta del Paraná y aseguró que el Gobierno “no va a permanecer pasivo ante acciones descalificables que generan desastres ecológicos”. 

“No podemos tolerar que continúe habiendo incendios en el Delta que afectan al ambiente y a la salud de millones de argentinos y argentinas. No vamos a permanecer pasivos ante acciones descalificables que generan desastres ecológicos”, resaltó Fernández. 

No podemos tolerar que continúe habiendo incendios en el Delta que afectan al ambiente y a la salud de millones de argentinos y argentinas.

No vamos a permanecer pasivos ante acciones descalificables que generan desastres ecológicos. pic.twitter.com/UMdFJmCPQX

— Alberto Fernández (@alferdez) August 20, 2022

A través de su cuenta de la red social Twitter, el jefe de Estado precisó que por esa razón dispuso “la actuación inmediata de las Fuerzas Armadas para frenar los incendios”. 

“Activamos el Comando Conjunto de Zona de Emergencia de Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires. La Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias y un equipo de asesores militares ya se encuentran en el lugar evaluando la situación y organizando las tareas de apoyo”, remarcó Fernández. 

Incendios en el Delta del Paraná: Entre Ríos envió a la Justicia los datos de los propietarios de las islas

En esa línea, el Presidente puntualizó que “se desplegaron tres helicópteros Buey II, 1600 brigadistas, unidades de apoyo naval fluvial de la Armada, Batallón de Ingenieros Anfibio 121, Batallón de Ingenieros 1, Batallón de Ingenieros 2 de Concepción del Uruguay, Compañía de Ingenieros y Agrupación de Ingenieros 601”. 

Además, el mandatario destacó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, comandado por Juan Cabandié, “ya ha realizado las denuncias correspondientes y está colaborando con la Justicia para determinar responsabilidades”. 

“El Estado debe estar presente para proteger a los argentinos y argentinas”, concluyó el jefe de Estado respecto de la situación del Delta del Paraná, escenario de incendios. 

Santa Fe realizó una nueva presentación judicial por los focos ígneos en el Delta del Paraná

En medio del avance de las llamas, el Gobierno ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas para combatir los incendios en las islas del Delta del Río Paraná, luego de que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, le enviara una carta a Fernández con ese pedido de auxilio. 

Casi 100.000 hectáreas ya se quemaron en las islas del Delta del Paraná, según un relevamiento realizado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), que además alertó sobre la presencia de contaminantes en el aire.