El gobierno de Chile analiza la crear una cárcel especial para presos de pueblos originarios.

La propuesta se destaca como “transversal” a todas las fuerzas políticas, y con la que aspira a ajustarse a las normas del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La información fue confirmada por el propio subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, quien admitió que el Gobierno está “evaluando aquello” y la vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, afirmó que “se trata de una propuesta transversal y que hay que estudiar”.

El subsecretario aseguró que en la administración anterior de Sebastián Piñera ” se comenzó a abordar y se dictó la resolución 3.925″, que atiende algunas cuestiones sobre la materia en base a la “pertenencia cultural y religiosa” de los presos.

Por ello, el Ejecutivo solo tendría que dictar un decreto supremo para crear el nuevo penal.

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Sin embargo, aclaró que están realizando una serie de pasos previos, como establecer puentes de diálogo con las bancadas oficialistas y opositoras y con organizaciones de derechos humanos.

Dentro la administración del presidente Gabriel Boric coinciden en que “es necesario adaptar nuestro sistema penitenciario al Convenio 169 de la OIT, que establece normas específicas para el cumplimiento de la prisión en el caso de pueblos indígenas”.

En septiembre pasado, el diputado socialista Leonardo Soto y sus pares Lorena Pizarro (comunista) y Gonzalo Winter (Convergencia Social) conversaron con la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el subsecretario Gajardo sobre los beneficios carcelarios concedidos a comuneros mapuches.

“¿Por qué no avanzar en habilitar una cárcel sólo para personas de origen mapuche?”, propuso entonces el legislador socialista, dejando en claro que esto “no implicaría un trato especial ni una discriminación”.

Miguel Mellado, diputado del derechista planteó que se debería pedir un terreno en las afueras de alguna ciudad de la región de La Araucanía, para instalar allí una cárcel de alta seguridad exclusiva para imputados por delitos vinculados a la denominada violencia rural.

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Mellado estimó que hasta “podrían tener allí su rewe (altar ceremonial utilizado por los mapuches), lo que quieran, pero lo importante es que esto esté fuera del radio urbano”.

La vocera Vallejo dejó en claro que no se trata de un plan del Ejecutivo, sino que “hay varios parlamentarios que han levantado esta propuesta de manera transversal, no solo un sector político”.

“Por lo tanto, lo que ha señalado el subsecretario de Justicia y el ministerio es que se toma esta propuesta y que se va a evaluar. Considerando que ha sido una propuesta que se ha levantado de manera transversal, por cierto hay que estudiarla”, insistió.

El Gobierno del presidente chileno Gabriel Boric dará urgencia a un proyecto de ley que busca reducir gradualmente la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales dentro de los próximos cinco años, una de las promesas de su campaña electoral. 

El proyecto de ley está en el Congreso desde 2017, cuando fue impulsado entre otros legisladores por la entonces diputada Camila Vallejo, actual ministra portavoz del gobierno, pero su discusión había quedado detenida. 

Ahora, los legisladores revisarán una serie de indicaciones introducidas por el actual gobierno, como la reducción gradual de la jornada y que ésta también alcance a trabajadores de categorías especiales como conductores del transporte público o empleadas domésticas, entre otros. 

“Estas mejoras son medios indispensables para acercarnos a un nuevo Chile, que sea más justo”, dijo Boric el martes al anunciar la reactivación del proyecto en una ceremonia en el palacio presidencial. 

El gobierno progresista promovió diálogos con sindicatos y federaciones de trabajadores junto a representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas, en momentos que la economía del mayor productor global de cobre se desacelera y enfrenta fuertes presiones inflacionarias tras la rápida recuperación pospandemia. 

Una asociación de grandes empresas junto a algunas agrupaciones sindicales, por ejemplo, plantearon al gobierno a inicios de mes que la reducción de la jornada y el aumento de los costos para las empresas no afecte la productividad, insistiendo en la gradualidad del proceso. 

A mediados de 2021 se había presentado formalmente desde el núcleo duro del kirchnerismo con características similares. La diferencia con Chile recae que en la actualidad la jornada laboral argentina es de 48 horas como máximo, según la ley 11.544. 

El diputado Hugo Yasky, dirigente de la CTA, había propuesto reducirla a 40 como atajo para formalizar miles de empleos. Su par ClaudiaOrmaechea, directiva de la Asociación Bancaria, había planteado, en cambio, llevarla a 36, con el argumento de “bajar el ausentismo y cuidar la salud y el estrés de los trabajadores”. 

Ambas ideas fueron rechazadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) y por el entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien lo había definido como “impensado”.