Ricardo A. Qüesta

Por este medio, al que agradezco sinceramente la oportunidad que me brinda, quisiera expresar que con la nueva Ley de Glaciares podría llegar a generarse -entre otras cosas- un desastre ecológico. Y a esto no lo digo yo únicamente, solo basta con escuchar alguna de las reflexiones y consideraciones de los científicos argentinos sobre las posibles consecuencias.

Ellos dan siempre una opinión basada en el conocimiento y defienden con honestidad los intereses de nuestro país. El único propósito de esa ley -a mi entender- es beneficiar a las empresas mineras que en su mayoría son extranjeras y a las cuales solo les interesa llevarse nuestros minerales al menor costo posible.

Con reglas poco exigentes en cuanto a la contaminación del ambiente, para evitar problemas legales y multas, como sucedió con esa minera que derramó cianuro -compuesto químico muy tóxico y contaminante- en el norte del país y pidió disculpas por la gravedad del hecho.

Tampoco habría que aprobar la privatización parcial del proyecto CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), es decir el de los reactores nucleares de baja potencia, como se explicó en nota anterior a la presente.

Es de público conocimiento que hay gestiones avanzadas para que esa obra sea privatizada, sin siquiera mediar una licitación pública, a IMPSA, la ex empresa Industria Metalúrgica Pescarmona de Mendoza, adquirida en su momento por capitales norteamericanos.

Al menos se hubiera intentado hacer una privatización exclusivamente con capitales argentinos para que Estados Unidos no interfiera en las decisiones estratégicas de la empresa. Como vislumbran la calidad tecnológica y el futuro económico promisorio del proyecto, lo quieren asociar a IMPSA.

Por eso creo que por todos los medios el Congreso de la Nación debe evitarlo y hacer una presentación ante la justicia. Es necesario que se escuche la opinión del físico argentino Diego Hurtado y la de los directores anteriores a los que designó el presidente Javier Milei.

Los gobernadores, por su parte, deben tener todo esto en cuenta, para poder pedirles a sus senadores y diputados que se opongan a esa privatización, y que no se dejen seducir por haber sido invitados al viaje a Estados Unidos para hacerlos cambiar de opinión.

Nuestro gobierno promociona con videos la compra por argentinos de acciones de YPF, pero se abstiene de hacer un llamado para que capitales argentinos compren acciones de las empresas mineras, o el Reactor Nuclear CAREM para su finalización (que bien podría concretarse con una mínima inversión del Estado nacional).

Sé que están haciendo gestiones por un fideicomiso para la finalización del CAREM con capitales exclusivamente nacionales, algo que sin duda va a constituir un estímulo poderoso para el desarrollo científico tecnológico de nuestro país.

Y con respecto a la inversión inicial que hace una de las mineras extranjeras, entiendo que no es de 45 mil millones de dólares sino de solo 8 mil, o tal vez menos, y el resto con la reinversión de las utilidades que la explotación de las minas vaya generando. Por lo tanto, se les debería exigir una mayor participación del Estado nacional y/o de capitales nacionales.

Además, se les debería requerir que, además de chilenos, contraten ingenieros argentinos, que están muy bien capacitados. Supongo que a esto último no lo hacen para evitar que se denuncie alguna irregularidad que puedan observar. Y también que compren insumos nacionales y no solo chilenos. Tantas ventajas no se les puede conceder.

Igualmente, tendrían que requerirles que obtengan puro el mineral que extraen por varias razones. Una de esas razones: en el caso del litio, en estado de pureza, vale ocho veces más que el mineral bruto. Otra razón: las mineras siempre se abusan y hacen figurar que el contenido del mineral puro es menor que el existente en realidad y eso, que es una defraudación que se le hace al país, tendría que corregirse.

A esta irregularidad la observó un ingeniero químico ya fallecido, profesor de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, quien justamente estaba haciendo una investigación para demostrarla.

Lamentablemente, el ingeniero no consiguió finalizar su investigación. Todas las organizaciones sin fines de lucro que cuidan los intereses de nuestro país tendrían que prestarle atención a este hecho, para reclamar que el mineral se procese en nuestro país y se obtenga en estado de pureza, para que así nos quede un mayor beneficio.

También deberían alentar que la minería sea explotada por las empresas nacionales, reuniendo capitales argentinos, de modo que las utilidades que deja una mina no sean remitidas en su totalidad al exterior (como hacen las firmas extranjeras), y el capital sea reinvertido en Argentina, fundamentalmente en el desarrollo de nuevos emprendimientos.

Tendrían que instalarse industrias exclusivamente de capital argentino, diseñadas con tecnología nacional para la obtención de los distintos minerales en estado de pureza (cobre, oro, litio), lo que contribuiría a desarrollar importantes fuentes de empleo y beneficios económicos adicionales.

Sobre la Ley de Tierras

Los legisladores nacionales no deberían aprobar una modificación de la llamada Ley de Tierras, que establece límites a los extranjeros para la compra de campos en Argentina. Más del diez por ciento del territorio nacional ya está, de acuerdo a la información ampliamente difundida, en manos de capitales extranjeros.

El pretexto que se argumenta es que suprimiendo esa normativa y aprobando otra que permita la compra de tierras sin límite alguno, van a incrementarse las inversiones extranjeras en el país, lo que a mí parecer es un elegante engaño.

La experiencia demuestra que lo del incremento de la inversión no es cierto y uno de los ejemplos de ello, entre tantos otros, es el caso de la firma Benetton, que tiene una inmensa extensión de tierras en nuestra Patagonia y nunca hizo inversión alguna. Hasta fue señalada de sacar la producción a través de Chile para evadir impuestos.

No solo no debería modificarse la Ley de Tierras, sino que tendría que profundizarse, prohibiéndole a los capitales extranjeros que puedan comprar indiscriminadamente grandes extensiones en nuestro país.

Asimismo, a quienes ya posean tierras en Argentina, reclamarles que las vendan fragmentadas en parcelas mínimas rentables a veterinarios e ingenieros agrónomos argentinos, para que ellos puedan trabajarlas y volverlas productivas.

En muchos países del mundo se prohíbe a extranjeros adquirir tierras en su territorio, entre otros Tailandia, Japón y hasta Estados Unidos, que tiene estados en donde se prohíbe a extranjeros dichas operaciones, y si alguien lo hace se le exige venderlas.

Luego de más de once horas de debate, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó en la madrugada de este jueves la reforma de la Ley de Glaciares, con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.

La votación se concretó cerca de las 2.30, tras una jornada atravesada por tensiones políticas, cuestionamientos reglamentarios y un fuerte debate sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental.

La sesión contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien siguió el desenlace desde uno de los balcones del recinto. El oficialismo logró avanzar con el proyecto gracias al respaldo de bloques aliados, en un escenario donde no cuenta con mayoría propia.

El resultado de la votación reflejó una coalición amplia en respaldo de la iniciativa impulsada por el espacio del presidente Javier Milei. Además de La Libertad Avanza, acompañaron el PRO, la UCR, Innovación Federal y bloques provinciales, junto con legisladores de distintos espacios que aportaron votos individuales.

Incluso, el oficialismo logró sumar apoyos provenientes de sectores de la oposición, como dos diputados de Unión por la Patria. En tanto, las abstenciones correspondieron a representantes del MID y de fuerzas provinciales.

En contra de la reforma se expresó la mayoría de Unión por la Patria, junto con legisladores de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y algunos integrantes de bloques federales. También hubo rechazos individuales dentro de espacios no alineados plenamente con el oficialismo.

Durante la jornada, el tratamiento legislativo estuvo precedido por varios intentos de la oposición de introducir otros temas en el debate mediante mociones de apartamiento de reglamento.

Entre ellos, se incluyeron propuestas vinculadas a pedidos de informes, interpelaciones a funcionarios y posicionamientos sobre política exterior, que no lograron reunir los votos necesarios para su incorporación.

El eje central de la discusión giró en torno a los cambios introducidos en la normativa vigente desde 2010. La reforma redefine los alcances de protección de los glaciares y de las zonas periglaciales, y habilita condiciones más flexibles para el desarrollo de actividades productivas, especialmente en regiones cordilleranas.

Desde el oficialismo, los miembros informantes defendieron el proyecto al sostener que busca “clarificar conceptos” y armonizar la legislación nacional con las facultades de las provincias sobre sus recursos naturales. En esa línea, remarcaron que la iniciativa no implica un retroceso en la protección ambiental, sino una actualización del marco regulatorio.

También destacaron que la modificación permite a las provincias avanzar en estudios más detallados sobre sus territorios, en casos donde organismos técnicos nacionales no han completado relevamientos específicos.

Por el contrario, legisladores opositores cuestionaron la iniciativa al advertir que podría debilitar los controles sobre áreas sensibles. Señalaron que la ley podría habilitar la exclusión de ciertos cuerpos del inventario oficial de glaciares, lo que implicaría riesgos para reservas estratégicas de agua dulce.

Durante el debate, se plantearon críticas sobre la base técnica del proyecto y sobre el proceso de discusión previo en comisiones. Algunos diputados anticiparon que la norma podría ser judicializada, al considerar que vulnera principios ambientales establecidos en la legislación vigente.

En paralelo, también se expusieron posturas intermedias. Algunos legisladores que acompañaron en general la iniciativa señalaron reparos puntuales, especialmente en relación con la posibilidad de modificar el inventario de glaciares o ampliar la intervención provincial en la evaluación de áreas protegidas.

El cierre del debate estuvo marcado por posicionamientos contrapuestos sobre el rol del Estado nacional y de las provincias en la gestión de los recursos naturales. Mientras el oficialismo defendió una mayor autonomía provincial para definir políticas de desarrollo, la oposición insistió en la necesidad de mantener criterios uniformes de protección ambiental a nivel nacional.

Con la sanción de la reforma, el Gobierno logró avanzar en uno de los proyectos incluidos en su agenda legislativa. No obstante, el tema seguirá generando debate en distintos ámbitos, tanto por su impacto en la actividad económica como por sus implicancias en la preservación de los recursos naturales.

Mauro Muñóz 

El oficialismo logró durante el plenario de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados de la Nación de este martes el dictamen de mayoría que deja el proyecto listo para ser tratado en el recinto.

De esta manera, la Cámara baja se apresta a tratar la Ley de Glaciares este miércoles 8 de abril en la sesión especial convocada para las 15 horas, con temario centrado en la reforma que ya cuenta con media sanción del Senado.

El dictamen mayoritario reunió 37 firmas, además del oficialismo tuvo el respaldo del PRO, un sector de la UCR y diputados de provincias mineras. Mientras que Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica firmaron despachos de rechazo.

Expusieron en el plenario de este martes únicamente representantes a favor de la iniciativa del Ejecutivo: el secretario nacional de Minería, Luis Lucero, y el subsecretario nacional de Ambiente, Fernando Brom. También, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y funcionarios mineros de las provincias de Catamarca, Jujuy, Mendoza y Salta.

El secretario de Minería fue cuestionado por parte de diputados de la oposición, señalando conflicto de intereses, por haber representado a distintas empresas mineras previamente a su función pública. El diputado de la CC Maximiliano Ferraro pidió “lo hagan retirar y se excuse de participar de esta reunión", ya que Lucero “acaba de ser denunciado por la Asociación de Abogados Ambientalistas".

Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, fue cuestionado por conflicto de intereses. Foto: HCDN.

Lucero, de todas maneras, expuso minutos después en defensa del Ejecutivo y cuestionó a la oposición por la utilización de imágenes del Glaciar Perito Moreno al manifestar que “los argentinos se van a quedar sin agua”. “El agua dulce no es un verdadero problema, tenemos que distribuirla mejor y no es algo que querramos atacar”, consignó.

Además, señaló que “los ataques al proyecto han implicado un menosprecio ofensivo a las capacidades provinciales”, y planteó: “¿Cómo se puede decir que vamos a dejar que las provincias manejen su agua? esto no es un ataque al IANIGLA”. Consideró que la oposición buscó “instalar miedo”, y aclaró que “por diversas razones, la búsqueda de este proyecto cooperativo es el intercambio de información”.

En otro aspecto, Lucero aseveró que “la minería no elige donde se hace, se hace donde la geología distribuyó los recursos”, y sumó que “muchos mineros quisieran elegir donde hacerla y no pueden”. También afirmó que “una de las cosas que la ley hace es un mejor conocimiento del territorio argentino que hoy no tenemos”.

El gobernador de San Juan expuso su apoyo a la reforma en formato virtual. Foto: HCDN.

En tanto, el gobernador sanjuanino expuso de forma virtual, en medio de reiteradas interrupciones de los miembros de la oposición que exigían la palabra para elevar cuestionamientos. Remarcó, asimismo, su postura a favor de la iniciativa y afirmó que “sin minería no va a haber futuro”.

Como argumento, Orrego sostuvo que la minería “puede ser sustentable y amigable con el medio ambiente”. En ese sentido, destacó los casos de países como Estados Unidos, Chile, Perú y Australia. “En definitiva recae en la coparticipación de cada provincia, la minería genera actividad enorme con creación de empleo directo e indirecto con cadena de proveedores reales”, sostuvo.

El texto con media sanción del Senado votado el pasado 26 de febrero redefine el objeto de la Ley, a la protección de glaciares y ambiente periglacial “para preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para recarga de cuencas”, con un listado de usos (consumo humano, agricultura, biodiversidad, ciencia y turismo).

Como se ha explicado, el giro central está en el Inventario Nacional de Glaciares: se individualizan glaciares y geoformas periglaciales que actúen como reservas/recarga de cuencas, y se incorpora un artículo (“3° bis”) que deja a todos los incluidos bajo tutela hasta que la autoridad competente verifique, con estudios técnico-científicos, que no cumplen esas funciones; en ese caso, dejan de quedar alcanzados por esta ley.

Además, la norma refuerza el rol de la autoridad con competencia ambiental de cada jurisdicción, que deberá identificar —con estudios— qué glaciares y ambiente periglacial de su territorio cumplen función hídrica, y notificar al IANIGLA para actualizar el inventario.

El texto mantiene un catálogo de actividades prohibidas (contaminantes, obras de infraestructura, explotación minera e hidrocarburífera, industrias), pero lo ata a los glaciares y ambiente periglacial identificados por la autoridad competente según el mecanismo del artículo 8.

También fija que las actividades proyectadas en glaciares y ambiente periglacial quedan sujetas a evaluación de impacto ambiental previa y participación ciudadana (con excepción de rescate, ciertas actividades científicas y deportes no motorizados).

El debate llegará al recinto después de una multitudinaria audiencia pública convocadas por la Cámara para tratar el expediente.

En el oficialismo y las provincias mineras empujan la reforma con argumento “aclarar alcances” para destrabar proyectos productivos. Del otro lado, los opositores sostienen que la modificación es regresiva y abre un campo de litigios por presupuestos mínimos ambientales y el carácter interjurisdiccional de las cuencas.

La Libertad Avanza junto a bloques dialoguistas pidieron una sesión especial para este miércoles a las 15 para debatir el proyecto de reforma de la ley de Glaciares en el Congreso y así cumplir con el pedido de gobernadores aliados que buscan con esta norma captar nuevas inversiones mineras.

La sesión especial fue solicitada por los presidentes del bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni, de la UCR, Pamela Verasay, de Independencia Gladys Medina, de Por Santa Cruz, José Luis Garrido, de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez, y de Innovación Federal, Alberto Arrúa.

El Senado Nacional otorgó media sanción a la Ley de Glaciares Archivo.

También firman el pedido los libertarios y titulares de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, de Peticiones Poderes y Reglamento, Giselle Castelnuovo, la secretaria parlamentaria de la LLA, Silvana Giudici, y el macrista Javier Sánchez Wrba.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de los gobernadores aliados para fomentar millonarias inversiones mineras en las provincias del norte y de la zona de Cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley de Bases sancionada en 2024.

Impulsan la ley los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tiene el mayor desarrollo minero.

Los mandatarios ya consiguieron dar su primer paso con la aprobación de la reforma en el Senado por 40 a 31 votos.

Pero para tratar el proyecto en el recinto de sesiones, el oficialismo y sus aliados deben conseguir un dictamen de mayoría este martes en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, que fue citado para las 14.

Hay sesión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales. Archivo

Para poder tener despacho de comisión, LLA y aliados deberán tener 18 firmas en Asuntos Constitucionales y 16 en Recursos Naturales, lo cual lo tiene garantizado junto a sus aliados provinciales, de la UCR y el PRO.

En primera instancia habrá una reunión informativa con la exposición de invitados, entre quienes se incluye a gobernadores de provincias, sobre todo de las que tienen explotaciones mineras, y en segundo término se pasará a la firma de los dictámenes.

La reunión de la comisión se hará luego de haber realizado el 25 y 26 de marzo las Audiencias Públicas donde expusieron unos 200 oradores en forma presencial y otros 200 en forma virtual de los 100 mil inscriptos, lo que generó el repudio de organizaciones ambientalistas y bloques opositores.

La Libertad Avanza es optimista en que tendrán los 129 diputados para abrir la sesión, habilitar el debate y al menos entre 130 y 134 votos convertir en ley el proyecto que ya fue aprobado el 26 de febrero por el Senado, según señalaron fuentes parlamentarias de la LLA a la Agencia Noticias Argentinas.

La Libertad Avanza tiene 94 votos –ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solo vota cuando se necesitan mayorías agravadas o para desempatar– y cuenta con el respaldo para sancionar esta ley de 11 diputados de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo, unos 21 de Fuerzas del Cambio-que integran la UCR, PRO, Por Santa Cruz,

También acompañarán el proyecto los 3 legisladores de Independencia, y por lo menos 2 cordobeses y el bonaerense Nicolás Massot, respaldarán el proyecto del Gobierno.

Listado de Expositores 7-04-26 by El Litoral

En las últimas horas y mientras se desarrollaba la primera jornada de audiencia pública por la reforma a la ley de Glaciares, se conoció un proyecto de convocatoria a consulta popular vinculante y obligatoria, cuya autoría encabeza el diputado nacional de UxP Diego Giuliano junto a su par Caren Tepp, ambos santafesinos. La consulta, cuya modalidad está prevista en el artículo 40° de la Constitución Nacional (luego de la reforma de 1994) y la Ley 25.432, se realizará a través de la siguiente pregunta: “Está usted de acuerdo con realizar proyectos mineros en áreas de glaciares y/o periglaciares?”

La respuesta deberá ser por “SI” o por “NO”. Para su realización la modalidad deberá tener la aprobación de ambas cámaras: Diputados y Senadores.

El proyecto lleva también la firma de Cecilia Moreau, Martín Aveiro, Guillermo Michel,Victoria Tolosa Paz, Lorena Pokoik, Andrea Freites, Sabrina Selva, Agustín Rossi, Jimena López, Ramiro Gutiérrez, Carlos Castagneto, Ana María Ianni, Pablo Todero y Agustina Propato.

Entre los argumentos, los legisladores de la oposición destacan que la convocatoria a audiencia pública que se decidiera en el plenario de Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales y conservación del Ambiente Humano, “registró una evolución extraordinaria en la cantidad de inscriptos (más de 100 mil), evidenciando un nivel de participación social sin precedentes en el ámbito parlamentario argentino”.

La audiencia se desarrolla previo al dictamen que se llevará al recinto una vez que se defina fecha de sesión. La modificación de la ley ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores.

“La magnitud de la convocatoria obligó a las comisiones intervinientes a reorganizar el esquema de la audiencia pública, incorporando modalidades de exposición presenciales, virtuales y presentaciones escritas, a fin de canalizar el volumen de intervenciones, lo que desnaturaliza, minimiza o debilita la participación ciudadana si no se logra materializarla en la práctica”, argumentan.

Como se informó oportunamente, el plenario de comisiones habilitó dos jornadas de exposición. La primera se cumplió de manera presencial el miércoles y la segunda el jueves con presentaciones de manera virtual. A ese esquema se llegó luego de poner un límite a la cantidad de participantes y el tiempo de exposición.

Sin embargo, si se diera participación a todos los inscriptos se requerirían varios meses de debate.

“Cuando una iniciativa legislativa convoca a decenas de miles de ciudadanos a participar activamente del proceso deliberativo, se configura una situación excepcional que justifica la utilización de mecanismos de democracia semidirecta”. Allí es cuando aparece, en opinión de los legisladores, la opción de la consulta popular vinculante.

Más adelante, explican los conceptos de glaciar y ambiente periglaciar y desarrollan la importancia de estas masas de hielo que operan como reservorios de agua dulce, fundamental para el desarrollo de la vida humana, la energía y la producción, no solo en la provincia o región en que se ubican sino en un territorio mucho más amplio.

Eso explica que, entre los inscriptos para participar en la audiencia pública, se cuenten referentes de provincias donde no hay glaciares pero sienten sus efectos porque, por ejemplo, en época de deshielo alimentan los caudales de sus ríos. Muchos de los testimonios escuchados en la primera jornada desarrollaron csos concretos de esos efectos.

Precisamente, los autores argumentan que “la preservación de los glaciares posee una dimensión federal que trasciende los intereses particulares de cada jurisdicción”.

“La participación ciudadana no constituye un elemento accesorio del derecho ambiental, sino una condición necesaria para la legitimidad democrática de las decisiones públicas que puedan afectar bienes naturales de carácter colectivo”, añaden.

“En el caso de los glaciares y del ambiente periglacial, la participación adquiere una importancia aún mayor debido a la naturaleza estratégica de los recursos involucrados", sostienen.

En consecuencia, "las decisiones sobre su protección o eventual explotación deben adoptarse con el mayor grado posible de deliberación pública”, sostienen los fundamentos que mencionan documentos que avalan esta posición. Entre ellos, el Acuerdo de Escazú, al que adhirió nuestro país si bien su aplicación efectiva para este caso fue cuestionada por varios participantes en la audiencia pública.

Cuando se trata de decidir sobre recursos naturales estratégicos, sobre el acceso al agua y sobre el equilibrio ambiental de las próximas décadas, la participación del pueblo no constituye una concesión política sino una exigencia propia del constitucionalismo democrático contemporáneo”. Sobre todo, advierten, “cuando se trata del sistema glaciar argentino que forma parte del patrimonio natural común de la Nación”.

Varios puntos van quedando en claro en la primera jornada de audiencia pública, previa al tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación Argentina.

Uno de ellos es que el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado nacional, supone otra grieta política y que el Ejecutivo deberá contar con apoyos provinciales, más allá de los propios de su partido, para lograr una mayoría en el recinto.

Otro es que “el agua no reconoce jurisdicción política”, por lo cual aquello que ocurre en una provincia o región tiene impacto en otra.

Y más allá de los reparos a las modificaciones que se quieren introducir a la norma vigente, el mecanismo en si para concretar la audiencia pública recibió numerosas críticas, ya que se habilitaron dos jornadas de exposición pero se inscribieron alrededor de 100 mil personas, para exponer en representación de organizaciones o a título personal.

Fueron 196 las voces habilitadas para este miércoles en la primera sesión que siguió adelante más allá de la impugnación presentada por los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías.

La presentación sostiene que la audiencia resulta inválida por las graves irregularidades en la metodología adoptada para su desarrollo, “las cuales restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)”.

La actividad estuvo liderada por los legisladores de LLA José Peluc (San Juan), presidente de la Comisión de Medio Ambiente, y Nicolás Mayoraz (Santa Fe), titular de Asuntos Constitucionales.

Con transmisión en vivo por el canal de youtube de la Cámara de Diputados de la Nación, la reunión comenzó puntualmente a las 10 y no tenía horario de conclusión. Se acotó el tiempo de exposición de 5 a 4 minutos, pero se obvió el tiempo de conclusión que estaba previsto para las 19.

“La audiencia va a seguir hasta que termine el último expositor”, anticiparon las autoridades.

Este jueves las presentaciones se harán de manera virtual y a todos quienes quedan por fuera de estas exposiciones se los invita a presentar un escrito o un video para explicar su punto de vista. “Todo va a formar parte del expediente”.

Abierta la sesión, se fueron escuchando los distintos testimonios: el de Marcelo Arteaga, trabajador petrolero de Chubut, que habló del “pasivo ambiental” que quedó luego de la explotación del petróleo. De Vanina Basso, secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, quien dejó en claro la oposición de su provincia a la reforma de la ley, y habló de “una memoria hídrica dolorosa vinculada al río Atuel”, en un territorio donde “el 70 % de la población depende del agua del río Colorado

También estuvo Gabriel Cabrera, Ingeniero Glaciólogo de Mendoza quien, “en representación de la ciencia”, dijo que la ley que se quiere aprobar “es defectuosa” y que “el ambiente periglaciar está mal definido en ese texto y es abstracto jurídicamente”.

También se pronunció Natalia Di Pace, presidenta comunal de Villa Cerro Azul (Córdoba) que es reserva de agua natural, quien anticipó que la ley, si se ratifican las modificaciones, va a tener amparos en la justicia.

En cambio, Gustavo Fernández, ministro de la Producción de San Juan anticipó, en representación del gobernador Marcelo Orrego, el apoyo a la ley.

La rionegrina Marta Maffei, diputada mandato cumplido, habló como autora de la ley 26.639 que es la que ahora está en proceso de modificación. “Estuvimos un año trabajando en la ley, consultando a académicos, instituciones, entes especializados y comunidades originarias”.

En ese punto, fue crítica con los cambios introducidos por el Senado nacional que “omiten rigurosamente los recaudos legales y constitucionales establecidos”. Luego de anticipar acciones legales por la modalidad de la audiencia pública, advirtió que la norma tiene una “fachada de federalismo pero logra discrecionalidad para que cada provincia haga lo que quiera con el agua”, que es “escasa en territorios que viven crisis climáticas aceleradas”.

Adolfo Pérez Esquivel también estuvo entre los oradores del primer tramo de la audiencia. El Nobel de la Paz, reconocido por su defensa de los derechos humanos y el ambiente, pidió en su argumetación, preservar el agua y la vida de todo el país. Para quienes quieran conocer su opinión completa, dejó un escrito que podrá ser fuente de consulta antes de que la ley sea tratada en Diputados.

Greenpeace rechazó el intento de modificar la Ley de Glaciares y advirtió riesgos para las fuentes de agua dulce. Foto: Martin Katz / GreenpeaceCasi 200 expositores participaron en la audiencia por Ley de Glaciares. Foto: Martin Katz / Greenpeace

Sobre el resultado de esta posible aprobación, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni confió este miércoles en que sería sancionada en el marco de las reformas que impulsa el gobierno nacional.

Matías De Bueno, abogado y docente de la UNR, adelantó que, si se aprueba la ley, corre el riesgo de ser declarada inconstitucional.

Por ahora, falta mucho por escuchar en otra jornada de exposiciones prevista para este jueves. Y el debate aún no llegó al recinto.

María José Valdéz

La Cámara de Diputados pone en marcha una audiencia pública decisiva para el futuro de la Ley de Glaciares, en un contexto atravesado por tensiones políticas y cuestionamientos al mecanismo de participación. Aunque más de 105 mil personas se inscribieron para intervenir, solo 360 fueron seleccionadas para exponer, lo que desata críticas de sectores opositores y organizaciones ambientales que advierten sobre restricciones en el acceso al debate.

El esquema diseñado por el oficialismo establece dos jornadas intensas, con exposiciones presenciales el miércoles y modalidad virtual el jueves. Cada participante contará con apenas cinco minutos para fijar posición, en un formato que, según estimaciones, extenderá las sesiones durante más de 15 horas por día. La dinámica anticipa un tratamiento acelerado de un tema sensible, con impacto directo en la política ambiental y en la administración de recursos naturales.

Desde el oficialismo sostienen que el criterio de selección prioriza la representación federal, con participantes de todas las provincias. Sin embargo, la oposición cuestiona la metodología y advierte que el procedimiento limita la participación real de la ciudadanía en una discusión de alto impacto institucional.

El inicio del debate llega acompañado de una fuerte ofensiva opositora. Legisladores de distintos bloques preparan una impugnación formal contra la audiencia, al considerar que el esquema adoptado vulnera normas constitucionales y tratados internacionales vinculados al acceso a la información y la participación pública en cuestiones ambientales.

En ese planteo, se señala que la modalidad implementada resulta incompatible con el Acuerdo de Escazú y con la Ley General del Ambiente, al restringir el derecho a intervenir de manera efectiva. Además, advierten que el procedimiento contradice acuerdos previos alcanzados en comisiones y podría derivar en una serie de presentaciones judiciales si el proyecto avanza hacia su aprobación definitiva.

El oficialismo, por su parte, se apoya en un reciente fallo judicial que rechazó una medida cautelar que buscaba suspender la audiencia. Aunque la resolución no se pronuncia sobre el fondo del planteo, sirve como respaldo político para avanzar con el cronograma previsto. La discusión, sin embargo, permanece abierta y promete trasladarse también al terreno judicial.

Más allá de la disputa por la audiencia, el proyecto en discusión introduce cambios de fondo en el esquema de control ambiental. Uno de los puntos más sensibles es la redefinición del rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo clave en la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares.

La iniciativa otorga mayor protagonismo a las provincias en la delimitación de áreas periglaciares y en la evaluación de los estudios de impacto ambiental. Este cambio se fundamenta en el principio constitucional que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las jurisdicciones provinciales, pero genera preocupación en sectores científicos y ambientales que advierten sobre posibles flexibilizaciones en los controles.

En este escenario, el oficialismo busca acelerar el tratamiento legislativo con el objetivo de llevar el proyecto al recinto en las próximas semanas. Con un respaldo que estiman suficiente para su aprobación, la reforma avanza en medio de un clima de alta conflictividad política, donde el debate técnico convive con una disputa más amplia sobre el modelo de desarrollo y la protección del ambiente.

Mauro L. Muñoz

El Senado de la Nación dio este jueves media sanción a la reforma de la ley de Glaciares, una de las apuestas más sensibles del cierre de las sesiones extraordinarias, con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención.

El oficialismo consiguió de esta manera avanzar con un proyecto que modifica el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial, en un debate donde se colaron discusiones sobre la minería, el federalismo, el ambiente, la seguridad jurídica. Afuera del recinto, detuvieron a doce activistas de Greenpeace, quienes saltaron las rejas e irrumpieron en las escalinatas del Congreso en protesta contra la norma.

La Libertad Avanza contó con el apoyo de los aliados radicales, del Pro, provinciales y también integrantes del peronismo en provincias mineras como el sanjuanino Sergio Uñac y la catamarqueña Lucía Corpacci. En tanto, aportaron a los votos negativos Andrea Cristina y Victoria Huala del Pro; Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger de la UCR; Natalia Gadano y José María Carambia de Moveré por Santa Cruz; la chubutense Edith Terenzi; la cordobesa Alejandra Vigo; 19 integrantes del bloque Justicialista; los dos santiagueños del Frente Cívico; y los de Justicia Social Federal. La única abstención fue de la neuquina Julieta Corroza.

La sesión había comenzado a las 11.11 con quorum de 40 senadores. Antes del tema más resistido del día, la Cámara alta aprobó la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea y ratificó el Acuerdo Comercial Mercosur–Unión Europea. Recién cerca de las 16 empezó el tratamiento de la reforma glaciar, el expediente que ya venía marcado como el más áspero, incluso entre aliados habituales de La Libertad Avanza.

El Senado dio luz verde a la reforma de la ley de Glaciares.

El resultado en general le dio al Gobierno la media sanción que fue a buscar, bajo la presencia de la secretaria general de la presidencia Karina Milei, el titular de Diputados Martín Menem y el ministro de Interior Diego Santilli. Luego llegó la votación en particular, con modificaciones informadas en plena sesión y con una oposición que hizo de ese punto uno de sus principales ejes de reclamo por el modo en que se discutió una de las leyes ambientales más importantes del país.

El proyecto ahora seguirá su recorrido legislativo en Diputados, pero en como parte del temario en el período ordinario de sesiones que dejará inaugurado este domingo 1 de marzo el presidente Javier Milei al dar su discurso desde las 21 ante la Asamblea Legislativa.

La reforma apunta a modificar la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. En concreto, cambia el artículo 1 y agrega un segundo párrafo para establecer que la protección de glaciares y ambiente periglacial debe interpretarse de un modo compatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional y con el 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales.

Ese encuadre forma el corazón político del proyecto, luego de que el Gobierno nacional asumiera el compromiso con gobernadores de provincias cordilleranas que reclaman una norma “más dinámica y menos rígida” para destrabar inversiones en minería e hidrocarburos. Y esa fue la lógica que defendió el oficialismo: mantener la protección de los glaciares, pero abrir la posibilidad de desarrollar actividades económicas en áreas periglaciares que no tengan una función hídrica comprobable.

La ley vigente, sancionada en 2010, protege tanto glaciares visibles como formaciones periglaciares compuestas por suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos, como ecosistemas de alta montaña que cumplen un rol en la regulación hídrica y geomorfológica. El proyecto aprobado en el Senado introduce una distinción: separa las formas periglaciares que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente lo hacen y que, por lo tanto, podrían quedar habilitadas para un aprovechamiento económico.

Martín Menem, Karina Milei y Diego Santilli presenciaron el tramo final de la reforma de Glaciares en el Senado.

Además, crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento quedará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con coordinación de la Secretaría de Energía. Ese inventario deberá individualizar glaciares y formas periglaciares y, sobre estas últimas, distinguir cuáles cumplen función hídrica y cuáles no.

Entre las actividades prohibidas seguirán estando la liberación de sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales que alteren de modo relevante la condición natural o el valor hídrico de los glaciares. Las actividades permitidas continúan siendo investigaciones científicas, rescates de emergencia y deportes no motorizados como andinismo y escalada.

La miembro informante fue la senadora chubutense Edith Terenzi, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En el arranque hizo un repaso del tratamiento legislativo y defendió el procedimiento seguido en diciembre, cuando el proyecto ingresó ya iniciado el período de extraordinarias. “En forma conjunta con el senador Flavio Fama nos sentamos con todos los equipos de trabajo para cumplir con una convocatoria lo más amplia posible”, explicó, al enumerar que escucharon a funcionarios del Ejecutivo, ambientalistas, organizaciones, gobernadores, abogados y cámaras mineras. También detalló que el dictamen reunió 19 firmas, dos en disidencia.

Pero el tono del debate cambió rápido. Una parte de la oposición puso el foco en las modificaciones de último momento incorporadas al texto. Daniel Bensusán, del PJ pampeano, fue de los más duros: “Esto es un papel impreso que nos trajeron hace 5 minutos”, lanzó. Y remató: “Estamos cambiando una de las leyes más importantes que cuida al medio ambiente en Argentina, entre cuatro paredes, entre gallo y medianoche. Así no se legisla, así no se discute”. Según su mirada, la reforma se estaba haciendo “para favorecer la actividad económica de unos pocos en algunas provincias, en detrimento de defender el medio ambiente en la Argentina”.

Así votaron los senadores la reforma a la ley de glaciares.

Carlos Linares se sumó al reproche en la misma frecuencia. “No se puede cambiar una ley a la 1 y 35”, se quejó. Y fue más allá: “Nos están utilizando a todos acá”. Alicia Kirchner también machacó sobre ese punto y llevó la crítica hacia un terreno más institucional. Dijo que el dictamen parecía “un adorno” y se preguntó: “¿Pretenderán lavar estas torpezas con el agua de los glaciares?”. Para la senadora santacruceña, la reforma “producirá muchos litigios” y “no tiene seguridad jurídica”.

En la misma línea, Maximiliano Abad advirtió que, aunque consideraba que la ley debía modificarse por una “laguna jurídica” alrededor del inventario nacional, su voto sería “no positivo” porque el proyecto terminaba debilitando al IANIGLA y dejando en manos de las provincias la decisión de eliminar glaciares del inventario. “Si este proyecto se convierte en ley, va a ser pasible de muchos recursos de inconstitucionalidad”, señaló.

Adán Bahl también se plantó en esa línea. Reconoció que la ley vigente tuvo interpretaciones divergentes, pero sostuvo que la reforma “no resuelve ninguna de esas situaciones”. Por el contrario, dijo, “genera mayores grises que seguramente van a ser cuestionados desde su inconstitucionalidad”. Su razonamiento fue más político que retórico: una norma que se judicializa no protege ni el ambiente ni las inversiones. O sea, no cierra por ningún lado.

José María Carambia, desde Santa Cruz, se detuvo especialmente en el artículo 6. Dijo que ofrece “mucha libre interpretación” y dejó una imagen deliberadamente extrema para mostrar su preocupación: “El día de mañana en Santa Cruz, que somos de una provincia que hay pingüinos, se les ocurre y ponen minería en el glaciar Perito Moreno”. Para él, el espíritu del proyecto es “una autorización tácita encubierta para hacer lo que quieran donde sea”.

Del otro lado, el oficialismo y sus aliados defendieron la iniciativa con argumentos de federalismo, producción y corrección técnica. Agustín Coto fue quizá el más provocador. Apuntó contra la ley impulsada por Miguel Bonasso y la recordó como una norma redactada “dentro del frasco de empanadas en el barrio de Palermo por dos chetos”. También se burló del viejo lema “Planten un pino en el Senado” y añadió: “Pero no crece nada debajo de los pinos”. Ya sobre el proyecto en discusión, retrucó: “Si acá hay una concesión es a la ciencia, no a una industria en particular”.

Flavio Fama, radical catamarqueño, defendió la reforma desde la necesidad de darle salida productiva a provincias con menos alternativas. “En provincias pobres como la mía, la minería puede ser una solución, tal vez no una solución ideal pero es una solución”, dijo. Y agregó que la ley actual “genera incertidumbre y eso trae como consecuencia la paralización de las inversiones”. Para él, el problema es que la norma se volvió “rígida”, con “zonas grises” y “tensiones federales”.

Sonia Rojas Decut, desde Misiones, encuadró el debate en el “federalismo ambiental”. “Nadie está diciendo que el agua no se va a cuidar. Nación no tiene competencia para cuidarla, pero las provincias sí”, sostuvo. Flavia Royón, por su parte, salió al cruce de lo que definió como “terrorismo ambiental”. “Quiero dejar claro que acá no se está entregando el agua; al contrario, se refuerza la protección del recurso”, afirmó. Y remató con una fórmula que condensa la defensa oficialista y aliada: “La minería sí, dentro del cuidado sustentable”.

A medida que avanzó el debate, la discusión cobró un tinte más político. Martín Soria habló de una reforma “ideológica” y “servil”, diseñada “para un grupo de empresas privilegiadas, seguramente amigos de Milei, Toto Caputo y Sturzenegger”. Ana Marks cargó contra lo que describió como un Gobierno “flexibilizador”, “entreguista” y orientado al “saqueo” en beneficio de corporaciones. Anabel Fernández Sagasti, a cargo del cierre del bloque Justicialista, dijo que la modificación “no es una cuestión técnica” sino un retroceso ambiental, y denunció que la ley se está “rifando” por las urgencias de un Gobierno endeudado.

Luis Juez, ya incorporado a La Libertad Avanza, optó por explicar su cambio respecto a la votación de 2010, cuando él era diputado y votó por esa norma. Para ello, subrayó que el kirchnerismo entonces votó en contra de la ley que ahora defendía con vehemencia. “Hoy parecería que viven en un iglú en el medio de un glaciar, rodeado de pingüinos”, ironizó.

Luis Juez se integró esta semana al bloque de La Libertad Avanza que conduce Patricia Bullrich.

Terenzi, que había presentado el proyecto como miembro informante, cerró por Despierta Chubut pronunciándose por preservar íntegramente la ley vigente, enumerando objeciones constitucionales y fue terminante: impulsar “una reforma regresiva con visos de inconstitucionalidad no va a generar seguridad jurídica, sino más incertidumbre”.

El cierre del oficialismo estuvo a cargo de Patricia Bullrich. Para la presidenta del bloque libertario, la reforma “es profundamente política” porque enfrenta dos modelos de país: uno que busca crecer y construir riqueza, y otro que, según su mirada, “solo sabe crear Estado y, en consecuencia, la pobreza de los argentinos”. “No queremos más discutir esta lógica retrógrada entre ambiente y economía porque esa dicotomía hace pobre a los argentinos”, recalcó.

Mientras el Gobierno impulsa este jueves en el Senado de la Nación el tratamiento de la reforma de la ley de glaciares, un grupo de activistas protagonizó una protesta frente al Congreso de la Nación. Los manifestantes intentaron ingresar al edificio tras saltar una de las rejas perimetrales del Palacio Legislativo.

La situación derivó en la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad, que detuvieron a 12 activistas por disturbios en la vía pública.

Antes de ser demorados, los activistas realizaron una acción en las escaleras del Congreso, asegurando que se encontraban en el lugar para exigir que los senadores rechacen la reforma y mantengan la protección vigente. Definieron la intervención como una “acción de resistencia pacífica” destinada a advertir sobre los riesgos que la modificación implicaría para la seguridad hídrica del país.

También señalaron que la detención de manifestantes durante un debate parlamentario sobre el agua como derecho resulta “preocupante desde el punto de vista democrático”.

En medio del operativo policial, se registró un incidente con un trabajador de prensa. Un camarógrafo del canal A24, identificado como Facundo Tedeschini, fue empujado por efectivos mientras cubría los hechos y terminó cayendo al suelo, según se observa en imágenes registradas por testigos.

Posteriormente, el trabajador fue detenido durante el traslado de los manifestantes. El episodio generó repercusiones en el ámbito periodístico y motivó el repudio del conductor Antonio Laje, quien calificó la situación como “inentendible e increíble”.

El oficialismo cuenta con los votos justos para avanzar con la iniciativa, siempre que acompañen algunos senadores del peronismo de provincias cordilleranas. El proyecto busca redefinir el alcance de las áreas protegidas, diferenciando el ambiente periglaciar de las geoformas periglaciales que cumplan una función hídrica estratégica.

En la práctica, la reforma limitaría la protección solo a aquellas formaciones con una función de reserva de agua comprobada, a diferencia de la ley vigente, que protege tanto glaciares visibles como cuerpos cubiertos o mezclados con roca y prohíbe allí actividades industriales. Este punto concentra el mayor rechazo de organizaciones ambientalistas y sectores científicos.

Otro eje de debate es la autoridad que resolverá eventuales conflictos entre las provincias y el Ianigla, encargado del Inventario Nacional de Glaciares. Una de las alternativas en análisis es otorgar esa definición a la Secretaría de Energía.

Desde el Gobierno se sostiene que la redefinición del ambiente periglacial permitirá atraer inversiones vinculadas a la megaminería y a los hidrocarburos. En esa línea, La Libertad Avanza impulsa cambios en artículos clave para otorgar mayor potestad a las provincias sobre sus recursos naturales.

En medio del impacto económico e institucional del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el debate por la agenda de reformas estructurales del gobierno nacional y, particularmente, el tironeo por la modernización laboral, el temario del período de sesiones extraordinarias del Congreso incluye a la Ley de Glaciares.

Con un nivel de exposición pública más bajo que las demás discusiones parlamentarias, pese a su vital trascendencia, la modificación de la ley 26.639 desató reacciones en los sectores vinculados al medio ambiente, junto al respaldo de los que ven allí una oportunidad de explotación productiva.

En este contexto, la Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial requiere un debate de fondo, capaz de contemplar y conciliar parámetros de desarrollo, ambiente y federalismo.

Y la clave es hasta qué punto y bajo qué condiciones es posible integrar crecimiento económico sin poner en riesgo reservas de agua clave para las futuras generaciones.

La propuesta, impulsada por el Poder Ejecutivo, cuenta con el apoyo de los gobernadores de las provincias mineras (indistintamente de su político), y apunta a introducir cambios en la normativa sancionada en 2010, que establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial en todo el territorio nacional.

Según consigna el sitio especializado Futuro Sustentable, el proyecto propone otorgar mayor control a las provincias sobre sus territorios, particularmente en lo referido a la posibilidad de avanzar en contratos para la explotación de minerales estratégicos, como el cobre.

La iniciativa ya cuenta con dictamen y uno de sus puntos más sensibles es la modificación del rol del Inventario Nacional de Glaciares.

Según el texto, los equipos técnicos de las gestiones provinciales podrían determinar que un glaciar o ambiente periglacial quede excluido del inventario oficial si consideran que no cumple la función de reserva estratégica de agua. En esos casos, el IANIGLIA -organismo científico responsable del relevamiento- estaría obligado a eliminarlo del registro.

En tal sentido, la Cámara Argentina de Empresas Mineras manifiestó “su total acuerdo y compromiso con el objetivo de proteger los Glaciares y el ambiente Periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos”.

Citando el artículo 1° de la Ley 26.639 (“Ley de Glaciares”) y “el espíritu de los debates legislativos que precedieron a la sanción de dicha ley”, entienden que “no hay dudas y el consenso es unánime: los glaciares y el ambiente periglacial que constituyan ‘reservas estratégicas de recursos hídricos’ deben protegerse”.

Pero que, a la vez, esa condición no aplica a todos los casos. “Así, la ley debe aclarar que la determinación de los glaciares y ambiente periglacial que cumplen dicho recaudo debe realizarse, de acuerdo con la opinión de expertos, caso por caso y en base a estudios específicos que lo sustenten”. Y que ese rol cabe a las provincias.

Numerosas organizaciones ecologistas han hecho sentir su oposición. Entre ellas, la Fundacion Vida Silvestre entiende que la propuesta de modificación es “regresiva” respecto a los estándares ambientales, desde el momento en que no alcanza a todos los glaciares y ambientes periglaciares, sino solo a los que demuestren ser reserva estratégica.

Por otro lado, marcan que el proyecto desconoce la Constitución Nacional e incumple el concepto de “presupuestos mínimos” ya que el Estado Nacional reniega de su rol de garantizar una tutela ambiental uniforme en todo el país.

“Ante esta situación, si el proyecto fuera aprobado, la nueva ley podría ser considerada inconstitucional y emprendimientos desarrollados en esas áreas afrontar una inseguridad jurídica que comprometa el recupero de las inversiones”, advierten.

Por lo pronto, y sobre la base del texto actual, la Corte Suprema de Justicia tuvo oportunidad de expedirse en junio de 2019, cuando rechazó por unanimidad los planteos de Barrick Gold, Minera Argentina Gold y de la provincia de San Juan que tenían en suspenso la aplicación de la norma.

La decisión fue firmada por sus cinco miembros de entonces (Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz), y a la vez estableció una serie de parámetros.

Así, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti advirtieron que la protección de los glaciares en un estado federal “implica una densa y compleja tarea política que deben cumplir conjuntamente el Estado Nacional y las provincias para coordinar eficazmente sus diversos intereses”.

“Ninguna interpretación -añadieron los ministros- es constitucionalmente admisible si vacía de contenido el modelo federal del Estado o el proyecto ambiental de la Constitución".

También hicieron mención al derecho al agua y, en ese sentido, destacaron la importancia de la norma en cuanto protege a "los glaciares y al ambiente periglacial, como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas".

En suma, los ministros concluyeron que "el régimen de protección de glaciares debe ser analizado en el contexto de ponderación de las reglas del federalismo con aquellas que ordenan la protección del ambiente".

La ley -sancionada en 2010- define como glaciar a toda masa de hielo, estable o que fluye lentamente, con o sin agua en su interior. Según la norma, en alta montaña, el ambiente periglacial comprende áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico, y en media y baja montaña a las zonas con suelos saturados en hielo que también cumplen funciones de reserva del agua.

En el artículo 6, la ley impide la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la construcción de obras o infraestructura que pueda modificar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, y el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas.

Además, con el objetivo de individualizar todas las reservas hídricas existentes, la norma creó el Inventario Nacional de Glaciares, que debe actualizarse cada 5 años como máximo. Esta tarea es del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), un organismo que depende del Conicet.

Bernardo Parizek, biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en Evaluación de Impacto Ambiental de la Universidad de Málaga, sostuvo a ADN Sur que la creación del inventario fue un acierto, pero cuestionó que la norma incluyera una amplia protección a un ambiente periglacial al que califica de “indefinido”.

Interpreta que ello generó que esas áreas se conviertan “en terreno fértil para que abogados no especializados y organizaciones puedan bloquear cualquier proyecto”.

En cambio, Agostina Rossi Serra, especialista en Biodiversidad de Greenpeace Argentina, subraya que en la Ley General de Ambiente se habla del principio precautorio. “Eso quiere decir que si vos tenés dudas, no podés destruir, por precaución”, sostuvo.

“El ambiente periglacial está compuesto por glaciares de escombros y distintas geoformas de las cuales una es el suelo congelado. Lo que está en debate es si ese suelo congelado tiene un aporte real o no a las cuencas. Y la respuesta es sí: hay estudios que indican que en años de sequía pueden hacer un aporte de entre 25 y 30% a los ríos que nacen de la cordillera”, remarcó.

Así las cosas, uno de los principales desafíos que plantea la reforma es equilibrar el desarrollo minero con la protección ambiental. La minería del cobre es clave para la transición energética global, pero su avance en zonas sensibles reabre preguntas sobre los límites del aprovechamiento de los recursos naturales.

Otro punto crítico es el jurisdiccional: trasladar mayor poder de decisión a las provincias puede fortalecer el federalismo, pero también generar asimetrías en los estándares de protección, dependiendo de las urgencias económicas y políticas de cada distrito.

A la vez, está en juego la credibilidad del sistema de evaluación ambiental. El rol del IANIGLIA como organismo técnico-científico independiente es central para garantizar decisiones basadas en evidencia. Cualquier modificación que debilite esa función podría impactar en la confianza pública y en la seguridad jurídica de largo plazo.

Pero finalmente, como casi todo debate político en Argentina su desarrollo en el ámbito parlamentario estará determinado en buena parte por pulseadas de cuño ideológico, y por consideraciones más de coyuntura (e incluso laterales) que referidas a la cuestión de fondo. Y, sobre todo, por tiempos que no se condicen con sus implicancias para el futuro.

El Gobierno anunció este lunes que envió al Congreso el proyecto de reforma de Protección de Glaciares, en medio del período de sesiones extraordinarias que rige hasta el 30 de diciembre.

Así lo anunció la Oficina del Presidente. La iniciativa tiene como objetivo ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución Nacional.

Según el comunicado oficial, a más de 15 años de su sanción, "la mal llamada 'Ley de Glaciares' demostró graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.

El comunicado de presidencia.

La reforma propone reglas claras que protejan los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalezcan los estándares ambientales vigentes y eliminen la discrecionalidad que “bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”.

El proyecto reafirma el mandato constitucional del artículo 41, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales.

En esa línea, fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares.

Gobierno impulsa reforma de protección de glaciares en sesiones extraordinarias.

El documento oficial define esta iniciativa como “una verdadera reforma de federalismo ambiental” que da cumplimiento a los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo.

La reforma responde al rumbo trazado por el presidente Javier Milei desde el primer día: “Terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas de la Argentina”.

Además, da cumplimiento al reclamo realizado por las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan), que solicitaron avanzar hacia un modelo federal responsable y sostenible en el tiempo.

El gobierno de Javier Milei solicitó al Congreso que dé pronto tratamiento a este proyecto y que, en el proceso de sanción de la ley, asegure la correcta participación de la ciudadanía.

El Gobierno nacional está convencido de que esta reforma representa “un paso decisivo para poner a la Argentina de pie, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico”.

La iniciativa busca ordenar una normativa que, según el Ejecutivo, generó durante más de una década incertidumbre jurídica y trabó el aprovechamiento de recursos naturales en las provincias cordilleranas.

"El 3% de las emisiones de CO2 viene de los humanos, el resto, de los océanos", insistió al ser consultado por las conclusiones del Grupo de Trabajo II al Sexto Informe de Evaluación del IPCC, donde se atribuye a las descontroladas emisiones de carbono las olas de calor, las tormentas, las sequías y las inundaciones, así como a los cambios de evolución lenta, incluido el aumento del nivel del mar, que afectan la salud, la vida y los medios de subsistencia de las personas, así como los bienes y las infraestructuras críticas, incluidos los sistemas de energía y transporte.

El diagnóstico apoya una dramática exhortación a que el mundo las reduzca un 45 % para 2030 y lograr un valor cero neto para 2050. Hace hincapié en que el carbón y otros combustibles fósiles están ahogando a la humanidad.

Aunque se resigna a que, a la luz de los compromisos actuales, las emisiones mundiales aumenten casi un 14 % en la década actual.

El geólogo es contundente al respecto: "Si estás argumentando deshacernos de los combustibles fósiles, estás justificando que matamos a la mitad de la población mundial, y lo que estás haciendo es abogar por el genocidio", opinó sobre la agenda Net Zero de ONU.

En sus últimas declaraciones a la TV, Plimer fundamentó su posición "negacionista" en que "tenemos la belleza de los satélites y podemos medir cosas, como la cantidad de árboles en el planeta, y la hemos contado, podemos medir cuánto dióxido de carbono se emite al quemar carbón y petróleo porque se pueden calcular las toneladas ya que sabemos la cantidad el dióxido de carbono que se funde, de acuerdo con las toneladas se producen. Y entonces descubrimos que el planeta está en cero de emisiones netas".

Afirmó que la vegetación está absorbiendo más dióxido de carbono del que emiten los humanos, con lo que "ya tenemos el cero neto".

A partir de esos resultados estadísticos, aparece un problema científico: ¿de dónde viene el exceso de dióxido de carbono?

La respuesta que plantea Plimer es que procede de los océanos. "Aproximadamente el 3% de todas las emisiones del planeta tierra provienen de los humanos, el resto es de los océano -enfatiza-. Algunas salen de mamíferos, que respiran como nosotros. (Ahora mismo estoy exhalando un 4% de dióxido de carbono), y parte la generan los volcanes", desgrana.

Y sentencia: "Se pueden hacer algunos cálculos muy sencillos para demostrar que nos están alimentando con una enorme carga de basura".

Es coincidente, en tal sentido, el cuestionamiento que realizara el presidente argentino, Javier Milei, a la precisión de las predicciones científicas sobre el cambio climático.

Aseguraba, en principio, que la Tierra experimentó ciclos naturales de calentamiento y enfriamiento a lo largo de su historia, y que el calentamiento actual es parte de ese ciclo.

Como el geólogo australiano, atacó las políticas internacionales con las que se busca combatirlo.

El académico fundamentó: "Y si miramos al pasado, podemos ver que cada vez que hubo una edad de hielo, hemos tenido más dióxido de carbono en la atmósfera que ahora", lo cual lo llevó a concluir que "está claro que el dióxido de carbono no puede impulsar el calentamiento global".

Como las leyes de la física y la química del pasado eran diferentes a las de ahora, "en realidad estamos ante la mayor estafa científica y financiera que nos han contado", puso de relieve.

Y remató diciendo que "perjudicará a la persona promedio que ahora sufre terriblemente por la inflación y el alto costo de vida. Y gran parte de eso es un simple costo de la energía pero la energía hace que todo sea barato o caro".

Trajo a colación que seis de las seis grandes glaciaciones comenzaron cuando había más CO2 en la atmósfera que en la actualidad.

Sin embargo, señaló la importancia de que la composición atmosférica haya cambiado significativamente a lo largo de la historia geológica.

Uno de los puntos de fricción científica reside en que las glaciaciones son parte natural de la historia climática de la Tierra, pero como el aumento rápido de las temperaturas en los últimos tiempos es motivo de preocupación, se lo relaciona con la actividad humana y los niveles de CO2 en la atmósfera.

Es que la relación entre las glaciaciones y los fenómenos climáticos es un área de estudio compleja y vital para comprender mejor el clima y su evolución, y de su esclarecimiento depende que se encuentren soluciones más contundentes.

Por ahora, Plimer también cuestionó la validez de las afirmaciones del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) y sus hallazgos, y que esa sea la razón que empuja a la población más vulnerable del mundo a un camino de destrucción.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, fue más elocuente aún, al afirmar, tras ese último informe del IPCC sobre el cambio climático, que había visto muchos reportes científicos durante su carrera pero ninguno como éste.

Señaló que los Gobiernos del G20 acordaron dejar de financiar la energía basada en el carbón en el extranjero y que ahora deberán hacer lo mismo, y de forma urgente, en su propio país, desmantelando las instalaciones que operan con carbón.

Y que, en vez de frenar la descarbonización de la economía mundial, es el momento de acelerar la transición energética a un futuro basado en energías renovables.

Calificó a los combustibles fósiles de "callejón sin salida para nuestro planeta, para la humanidad y también para las economías".

El IPCC sostiene que desde la década de 1970 se viene experimentando un desequilibrio energético, donde se gana más energía de la que se pierde, lo cual lleva a que la tierra, el hielo, el océano y la atmósfera absorban el exceso de energía.

Perú, donde se concentra el 68% de los glaciares tropicales del mundo, perdió el 56% de esos ecosistemas frágiles, lo que originó la formación de nuevas lagunas, informó este Ministerio de Ambiente. "De acuerdo a los resultados del último inventario, desde 1962 los andes peruanos han perdido 1.348 kilómetros cuadrados de superficie glaciar, lo que representa el 56 % de pérdida", indicó un reporte el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Perú.

📢 #NotasMinam | Los resultados del inventario revelan un total de 2084 glaciares libres y cubiertos por escombros de rocas, que ocupan una superficie de 1050,32 km². Asimismo, se han registrado 8466 lagunas de origen glaciar, que representa una superficie total de 1081,31 km². pic.twitter.com/TnV7vATiKO

El nevado Pastoruri, de 5.200 metros y ubicado en la región de Ancash (norte), una de las joyas del turismo de montaña en Perú, es uno de los afectados con más del 50% de su superficie derretida por el calentamiento global.

"Este proceso origina la formación de nuevas lagunas", agregó el documento, consignado por la agencia AFP.

Según el inventario, en Perú existen un total de 2.084 glaciares libres y cubiertos por escombros de rocas, que ocupan una superficie de 1.050 kilómetros cuadrados.

"Los glaciares tropicales poseen gran importancia e interés por cuanto son excelentes y muy sensibles indicadores del cambio climático", aseguró el instituto.

El informe enumeró 8.466 lagunas de origen glaciar, que representa una superficie total de 1.081 kilómetros cuadrados.

Estas lagunas son depósitos de agua formados como resultado de una deglaciación reciente o antigua. Se forman próximas al borde de los glaciares o en depresiones descubiertas de hielo.

"Es una realidad del cambio climático", aseveró la ministra del Ambiente, Albina Ruiz, quien instó a generar menos contaminación, cuidar las montañas, evitar incendios y sembrar más áreas verdes para reducir la velocidad con la que desaparecen los glaciares.

El inventario se realizó en 20 cordilleras glaciares que se encuentran distribuidas en 14 de los 25 departamentos del país.

Perú tiene la cadena de montañas tropical de mayor superficie, el 71% de los glaciares tropicales del mundo y 27 de los 32 climas del mundo, según la Autoridad Nacional del Agua.

El retroceso de los grandes glaciares, el desprendimiento de icebergs y otros efectos del calentamiento global han obligado a rediseñar los mapas de las regiones polares de la Tierra que produce la institución del Reino Unido British Antarctic Survey (BAS).

Los “dramáticos cambios” que han sufrido tanto el Ártico como la Antártida quedan reflejados en la nueva edición de los mapas, que recoge los nuevos contornos de las plataformas de hielo y actualiza sus datos sobre asentamientos y aeropuertos en esas zonas.

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La representación cartográfica del Ártico, que cubre la tierra y el océano por encima del paralelo 60 norte, ha sido en particular “completamente actualizada”, señala en un comunicado la institución británica.

“Los cambios físicos apreciables en la actualización incluyen nuevos frentes de hielo que reflejan el retroceso de muchos grandes glaciares que fluyen desde Groenlandia y Svalbard, así como cambios en la extensión de lagos”, indica el BAS.

Los nuevos mapas muestran asimismo “el permafrost y la cobertura terrestre de la región, aspectos importantes del paisaje ártico que cambian rápidamente”.

Las cartografías del British Antarctic Survey reflejan también la extensión promedio del hielo marino en dos periodos, de treinta y diez años, lo que permite comparar la evolución de los cambios.

La institución británica alerta de que los modelos climáticos predicen que el Océano Ártico no tendrá hielo durante el verano antes del año 2050.

“La incertidumbre sobre la fecha exacta es considerable debido a las variaciones del clima que ocurren de manera natural. Algunos modelos sugieren que esto podría ocurrir, al menos una vez, en la década de 2030”, avisa el BAS.

En los Alpes, desde hace algunas temporadas, se registra una ausencia muy inusual de nieve. Una situación que nadie puede dejar de relacionar con el cambio climático y que impactará este año también a la región, según las predicciones meteorológicas.

La falta de nieve ya está teniendo impactos muy severos. El profesor de Geopolítica de la Universidad Royal Holloway de Londres, Klaus Dods reveló que “el pequeño pueblo francés de Saint-Firmin retiró recientemente su telesilla (que data de 1964) simplemente porque ha faltado nieve durante más de una década”.

Las temperaturas en los Alpes que datan de los últimos años no son buenas. En promedio, aumentaron 2 grados a lo largo de los siglos, una cifra extremadamente preocupante, ya que es el doble del promedio mundial.

La suba de temperaturas debido al cambio climático impactan directamente en la reserva de nieve de los Alpes. “Dado que el hielo y la nieve son más reflectantes que la roca y el suelo subyacentes, con menos cantidad en el suelo, se absorbe más calor y no se irradia desde la tierra. A su vez, un suelo más cálido dificulta que la nieve se acumule y permanezca congelada, y así sucesivamente”, explicó Dods.

El 2022 fue un año muy crítico para los glaciares suizos. En ciudades como Basilea o Ginebra, el termómetro subió hasta los 17 o 18 grados centígrados el fin de semana de Año Nuevo. Y no solo terminó con altas temperaturas, si no que también arrancó de la misma manera. “La arena del Sahara fue arrastrada por el viento e incluso cubrió la nieve alpina a mediados de marzo, volviéndola de un espeluznante naranja como el de Marte y haciendo que absorba aún más calor”, afirmó el profesor.

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Los glaciares del mundo están reduciéndose y desapareciendo más rápido de lo que pensaban los científicos y se pronostica que dos tercios de ellos desaparecerán a finales de siglo si se mantienen las tendencias actuales del cambio climático, de acuerdo con un nuevo estudio.

El estudio, publicado el 5 de enero pasado, en la revista especializada Science, examinó los 215.000 glaciares del planeta que están sobre tierra—sin contar los que se encuentran encima de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida— de una forma más exhaustiva que en investigaciones anteriores. Luego los científicos utilizaron simulaciones computarizadas para calcular, con distintos niveles de calentamiento, cuántos glaciares desaparecerían, cuántos billones de toneladas de hielo se derretirían y cuánto contribuirían al aumento del nivel del mar.

Actualmente, el mundo se encamina a registrar un aumento de temperatura de 2,7 grados centígrados (4,9 grados Fahrenheit) con respecto a la época preindustrial, lo que para el año 2100 supondría la pérdida del 32% de la masa mundial de glaciares, es decir, 48,5 billones de toneladas de hielo, así como la desaparición del 68% de los glaciares. Esto incrementaría el nivel del mar en 115 milímetros (4,5 pulgadas), que se sumarían a los mares que ya están creciendo por el derretimiento de las capas de hielo y el agua más cálida, según David Rounce, autor principal del estudio.

El deshielo de los glaciares reveló el paso de Tsanfleuron, Suiza, que no había estado al descubierto desde hace unos 2.000 años, y creen que el pasado invierno seco y las olas de calor ocurridas en Europa lograron exponerlo a la intemperie, se informó este martes.

La lengua de tierra que conforma el paso de Tsanfleuron está totalmente descubierta pese a que en 2021 una medición había revelado un espesor del hielo de unos 15 metros en ese pasaje, señaló en un cable la agencia AFP.

El paso se encuentra a unos 2.800 metros de altura, entre el cantón de Vaud y el de Valais, en el sudoeste de Suiza, que se encuentra en la estación de esquí Glacier 3000, indicó la agencia AFP.

Para Mauro Fischer, glaciólogo de la Universidad de Berna, “la pérdida de espesor de los glaciares en la región de los Diablerets será, de media, tres veces superior este año en comparación con los últimos 10 años”.

El fenómeno de los deshielos no se produce únicamente en Suiza, los glaciares han perdido un 50% de su volumen desde 1931, según un estudio publicado en agosto en la revista científica La Cryosphère por investigadores que lograron reconstruir, por primera vez, el retroceso de los glaciares en el siglo XX.

El fundido del hielo en los Alpes, que los expertos atribuyen al cambio climático, está siendo observado con atención desde principios de los años 2000, pero hasta ahora no se sabía gran cosa de su evolución en las décadas precedentes.

En el estudio los glaciólogosutilizaron 21.700 fotografías tomadas entre 1916 y 1947 que cubren el 86% de la superficie glacial suiza y estereofotogrametría, una técnica que determina la naturaleza, forma y posición de un objeto utilizando imágenes.

Según los expertos de la Escuela Politécnica de Zúrich (EPFZ)y del Instituto Federal de Investigaciones sobre Bosques, Nieve y Paisajes (WSL), comparando con los datos de los años 2000, se había reducido a la mitad entre 1931 y 2016.

A su vez, los autores del estudio hallaron que los glaciares “no recularon de forma continua en el último siglo”, y hubo épocas de aumento de su masa en los años 1920 y 1980.

En la actualidad, el hielo se funde cada vez más rápido: en solo seis años (entre 2016 y 2022), perdieron un 12% de su volumen, según la red de monitoreo de glaciares suizos Glamos.

Matthias Huss, director de Glamos, destacó la gravedad de la situación este año.

“Otros años, como el 2011, 2015, 2018 o incluso 2019 ya vimos un deshielo muy fuerte. Pero el año 2022 es realmente distinto y bate todos los récords”, declaró a la agencia ATS-Keystone.

Con información de Telam