Por Ramiro Huber (*)

El Programa Remediar ha sido una de las políticas sanitarias públicas más importantes yexitosas implementada por el entonces ministro de Salud, Ginés González García, a partir de la crisis del 2001, y que ha perdurado mejorando el acceso a los medicamentos esenciales a la población más vulnerable, carente de cobertura social.Durante 25 años, con el Programa Remediar se fortaleció un modelo de atención primaria y se amplió el acceso a los servicios de salud y a los medicamentos esenciales, incluso con la gestión participativa de la población sin cobertura de salud y en situación de pobreza.A poco de implementarse, con Remediar se logró la mayor cobertura en medicamentos de la historia de la Argentina, contribuyó al descenso de los precios, incrementó el acceso a los centros de atención primaria de la salud y se convirtió en un mecanismo eficaz de subsidio indirecto a la población de los quintiles más bajos.

Defender la salud implica conocer y sostener las políticas que impactan directamente sobre la posibilidad de sobrevivir de millones de personas en situación de vulnerabilidad. El programa Remediar es una de ellas. Remediar facilitó que la población sin cobertura médica (con necesidades básicas insatisfechas) accediera a medicamentos gratuitos, principalmente antibióticos, analgésicos y tratamientos para enfermedades crónicas.Numerosos estudios indicaron que las transferencias del programa generaron una mejora en la equidad, reduciendo la concentración del gasto en medicamentos entre los sectores de menores ingresos. Además, al distribuir los medicamentos directamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), facilitó la vinculación directa paciente-centro de salud y evitó en parte la saturación de los hospitales.En otra nueva demostración del Gobierno Nacional de su desapego e indiferencia por sostener políticas públicas dirigidas a mejorar la situación de los más vulnerables, con un grado de irresponsabilidad y perversión que impresiona, decidió dar de baja al Programa Remediar. La falta de medicamentos esenciales genera incertidumbre e incrementará el riesgo de que pacientes vulnerables interrumpan sus tratamientos, lo que va derivar en complicaciones de salud, un aumento en la presión sobre las guardias hospitalarias, y aumento de muertes evitables.Basados en los cuestionables valores morales que sostienen los libertarios, mientras los más pobres no podrán acceder a medicamentos, los funcionarios nacionales seguirán gozando con inmoral facilidad al acceso a créditos hipotecarios millonarios… ¿Hasta cuándo?

(*) Médico especialista en Medicina General y Familiar y Magíster en Salud Pública. Fue secretario de Salud provincial; subsecretario en Gestión de Procesos de Trabajo; subdirector de Entes Comunitarios y subdirector del Hospital Provincial de Rosario.

La Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó reabrir este lunes la causa por el vacunatorio vip en el Ministerio de Salud y el Hospital Posadas luego que fuese archivada parcialmente por la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

Los jueces hicieron lugar a un planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, puesto que el fiscal natural Eduardo Taiano no había apelado la decisión de la jueza de primera instancia.

La jueza había considerado que existieron dos grupos entre los vacunados: los prioritarios y los no prioritarios. En los primeros se encontraba efectivamente el personal de salud, pero también el personal estratégico, los adultos mayores de 60 años y los menores de ese rango con algún factor de riesgo – comorbilidades-.

Por ello, estableció que en estos casos no existió delito, porque no es algo que esté descripto en el Código Penal.

El archivo parcial de la causa había sido un total de 65 sobre un total de 70 personas vacunadas y, entre ellas estuvieron empresarios, periodistas como Horacio Verbitsky, familiares de funcionarios, y funcionarios como el Presidente de la Nación.

“No puede escapar a la más elemental lógica que la existencia -indiscutible- de un orden de prelación en la vacunación, dividido en grupos, obedece a criterios de necesidad, donde está en juego ni más ni menos que el valor vida y que la simultaneidad -que en algún supuesto se menciona- sólo puede estar habilitada por la disponibilidad de vacunas para satisfacer la prelación o en algún caso que estrictamente justifique el apartamiento de este criterio”, sostuvo el Tribunal.

Cuando hubieron más vacunas, allá por fines de 2020 y primeros meses de éste, los camaristas recordaron que desde el Gobierno se priorizó la vacunación para los maestros, para la vuelta a clases presencial que finalmente no sucedió de manera inmediata.

“Pero cuando el recurso fue insuficiente, ningún grupo se habilitó abiertamente. Incluso entre los mayores. Pese a que el límite se estableció en los 60 años, también se jerarquizaron las diversas franjas etarias. Comenzó con los mayores de 80 -aun con personal de la salud pendiente de vacunar- y de ahí avanzó en una afable pendiente que por lustros fue ampliando su alcance (mayores de 75, luego de 70, más tarde de 65 años y así continuó)”, replicaron.

En duros términos, los camaristas cuestionan: “¿Por qué ellos, y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea? Seguramente todos tendremos en mente a alguien que por edad o por alguna otra condición pudo haber sido favorecido en esa simultaneidad. Mas a ninguno de ellos les llegó la invitación”.

Además, cuestionaron el argumento de la jueza respecto a que el hecho pudo haber sido una cuestión ética, no delictiva. “La cuestión ética si bien tiene su cuota, ciertamente el manejo de bienes escasos bajo la exclusiva y excluyente gestión del Estado no fue un tema que pasara inadvertido”, fue la respuesta de los camaristas.

“La situación ética alegada, en base al análisis aquí efectuado, no permite descartar que sea producto de una conducta ilícita, que -por otro lado-siempre es antiética. Aquí se trató de decisiones particulares, que sólo atendieron a contadas situaciones. En ese terreno, el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal”, agregaron.

Para los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens se debe investigar “qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”, o sea los vacunados.

“Máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”, concluyeron.

“Sólo una vez revelados de forma completa los diversos hechos, cada uno en su propia dimensión y al mismo tiempo todos integrados bajo una mirada común, es que se estará en condiciones de poder definirlos jurídicamente”, determinaron en un duro fallo.

De esta manera, la causa judicial iniciada en enero pasado que tiene como imputados al exministro de Salud Ginés González García, y su sobrino Lisandro Bonelli, exfuncionario de dicha cartera, ahora deberá ser profundizada.

La jueza tenía tan sólo bajo investigación cinco casos pero ahora deberá investigar tal cual le impuso la cámara a los vacunados considerados vip como el presidente Alberto Fernández, el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el expresidente Eduardo Duhalde y su esposa, el diputado Eduardo Valdez, periodistas como Verbitsky y empresarios.