El Gobierno de Santa Fe lanzó una nueva convocatoria para incorporar 1.400 nuevos policías a la fuerza provincial, con especial atención en los departamentos del sur, donde se registra un bajo nivel de reclutamiento en los últimos años.

Así lo explicó la secretaria de Coordinación Técnica y Administración del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, quien remarcó que la inscripción comenzó este 22 de junio y permanecerá abierta hasta el 15 de agosto inclusive.

El trámite será estrictamente digital y podrá realizarse a través de la página del Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe, donde los interesados encontrarán el formulario correspondiente para iniciar el proceso.

En este marco, Orciani señaló que uno de los principales objetivos de esta convocatoria es despertar mayor interés en los departamentos del sur provincial, entre ellos General López, Caseros y Constitución, entre otros departamentos del extremo sur santafesino.

En el caso de General López, la funcionaria marcó que se trata de un territorio con más de 200 mil habitantes, límites interprovinciales y ciudades importantes como Venado Tuerto, Firmat, Rufino y Villa Cañás, pero con bajo nivel de aspirantes a la carrera policial.

“Hay un déficit de reclutamiento muy marcado en la historia de la institución policial y particularmente los departamentos que adolecen de esta baja son los del sur”, explicó.

En ese marco, sostuvo que el Gobierno provincial trabaja en distintas herramientas para hacer más atractiva la carrera policial y garantizar recursos humanos suficientes en el futuro.

“No hay plan de seguridad posible si no tenemos personal, si no hay recursos humanos, si no hay policías en la calle. Comprar camionetas, autos, motos, armamento o chalecos es lo más fácil. Lo más difícil es formar hombres y mujeres preparados para defendernos”, remarcó.

Uno de los incentivos principales para los aspirantes del sur provincial será una beca mensual de 500 mil pesos durante la etapa de formación.

Además, quienes ingresen a la carrera tendrán cubierto el alojamiento y la comida, teniendo en cuenta que actualmente la formación se desarrolla en sedes como Rosario y Recreo.

Orciani explicó que la medida busca acompañar tanto a los aspirantes como a sus familias, especialmente cuando los jóvenes deben trasladarse fuera de su lugar de residencia para estudiar.

“Queremos llevar tranquilidad a los familiares, padres o tutores de que sus hijos tendrán un lugar preparado para pernoctar y también comida de calidad, acorde a las exigencias físicas de la formación policial”, indicó.

La funcionaria también señaló que la Provincia contempla beneficios vinculados al traslado, como el boleto gratuito, para facilitar la conexión con las localidades de origen durante el cursado.

Otro de los puntos planteados durante la entrevista fue la posibilidad de que los aspirantes del sur provincial puedan regresar luego a prestar servicio en sus ciudades o regiones de origen.

Orciani aclaró que el proyecto formativo contempla dos años de carrera, con una etapa de práctica en la Brigada de Orden Público en Rosario, por razones de estrategia formativa. Sin embargo, afirmó que el objetivo es que, siempre que sea posible, los nuevos agentes puedan retornar a sus localidades.

“La idea es que cada vez que tengamos la posibilidad puedan volver a sus lugares de origen, porque es una forma de devolver el compromiso que el ciudadano tiene al volcarse a esta carrera”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el gobernador Maximiliano Pullaro pidió trabajar en todas las herramientas posibles para que la carrera policial sea una opción educativa y laboral atractiva para hombres y mujeres del sur santafesino.

La funcionaria aclaró que actualmente la Provincia no se encuentra en una situación alarmante en cuanto a la cantidad de efectivos, pero sí advirtió que deben tomarse decisiones con anticipación para evitar problemas en los próximos años.

“Hoy no estamos en una situación de alarma, pero sí en una situación donde hay que tomar determinaciones de cara a una proyección de largo plazo”, afirmó.

Según planteó, si no se logra revertir la baja inscripción en el sur, en cinco o seis años podría generarse una situación compleja, con mayores dificultades logísticas y económicas para cubrir adecuadamente las necesidades de seguridad en esa región.

Los interesados en sumarse a la carrera policial deberán tener entre 18 y 30 años, edad que deberá estar cumplida al momento de la incorporación efectiva al Instituto, prevista para febrero de 2027.

También deberán contar con título secundario, reunir condiciones de salud y aptitudes psicofísicas, no haber sido condenados ni encontrarse procesados, no ser empleados de la administración pública y no haber sido destituidos o cesanteados del Estado.

Orciani aclaró además que quienes hayan sido destituidos de la institución policial no podrán volver a ingresar.

“Son requisitos flexibles y esperamos contar con el mayor caudal de aspirantes posible. Ojalá en esta convocatoria el departamento General López tenga un salto de calidad y, sobre todo, de cantidad en la inscripción”, concluyó.

Este viernes  se procedió en Venado Tuerto a la demolición de una construcción señalada como búnker de venta de estupefacientes, ubicada en República de Irlanda al 1500, en barrio Juan XXIII. El operativo forma parte de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe en un trabajo conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para inactivar puntos utilizados para actividades ilícitas.

En este marco, el delegado regional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Nahuel Pasquinelli, confirmó que el inmueble estaba identificado desde hacía tiempo por su vinculación con delitos y aclaró que no se trataba de una vivienda en condiciones de ser habitada.

“Yo más que vivienda lo llamaría precisamente búnker, porque era un lugar donde habitualmente se cometían ilícitos o pasaban cuestiones relacionadas a lo ilegal”, sostuvo en diálogo con "A Pesar de Todo" (LT29).

En ese sentido, remarcó que la construcción no podía ser recuperada para otro uso habitacional: “No sirve, no se puede utilizar o reutilizar como vivienda. Es una construcción que no presenta ninguna condición para ser habitada”.

Pasquinelli explicó que la investigación sobre el lugar venía desarrollándose desde hacía tiempo y que el inmueble estaba vinculado a hechos delictivos ocurridos durante varios años. Incluso recordó que en 2022, en ese mismo sector, se registró un homicidio con arma de fuego.

La denuncia que dio impulso al proceso fue presentada hace aproximadamente un año por el propio delegado regional junto al intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella y la senadora provincial Leticia Di Gregorio, a partir de reclamos acercados por vecinos del barrio.

“Las denuncias que hacemos junto al intendente y a la senadora son precisamente denuncias que nos acercan los vecinos, que prefieren preservar su identidad, y nosotros las hacemos en representación de ellos”, señaló.

A partir de esa presentación se realizaron tareas investigativas, donde se reunieron distintos elementos probatorios y la causa avanzó hasta derivar en personas con prisión preventiva. Dentro de ese expediente, la Justicia resolvió autorizar la inactivación y posterior derrumbe del inmueble.

“Se pudo comprobar, con la cantidad de denuncias que tenía ese lugar y la cantidad de llamadas al 911, que era un espacio utilizado específicamente para cometer ilícitos”, afirmó Pasquinelli.

El funcionario también marcó un dato significativo: el búnker se encontraba en la parte posterior de las instalaciones del Club Sacachispas, una institución barrial que cumple una tarea social y deportiva de contención.

Para Pasquinelli, la ubicación del inmueble le da al procedimiento un valor simbólico adicional. “Es ejemplificador que un lugar que se utiliza para contener jóvenes, para sacarlos de la adicción y demás, tuviera a su espalda un búnker. Tomar esta medida tan contundente me parece totalmente ejemplificador”, expresó.

Consultado sobre la situación legal del inmueble, el delegado regional indicó que la construcción estaba ubicada dentro de un terreno de mayores dimensiones y que no se pudo localizar a los propietarios. Además, las personas que estaban en el lugar no pudieron acreditar ningún tipo de vínculo jurídico con la propiedad.

“Podemos decir que estaba usurpado. No había una denuncia de usurpación, pero tampoco pudieron acreditar la titularidad de ningún modo”, precisó.

Pasquinelli aclaró que este procedimiento es el cuarto derribo de un búnker en Venado Tuerto durante la actual gestión provincial. Recordó que anteriormente se habían demolido dos construcciones precarias en calle Pavón, en el extremo sur de la ciudad, y luego otro inmueble en barrio San Martín.

Con este nuevo operativo, la provincia alcanza el búnker número 126 demolido en Santa Fe en el marco del programa impulsado por el Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Pablo Cococcioni.

El funcionario adelantó que existen otros domicilios bajo análisis, aunque evitó dar detalles para no interferir en las investigaciones en curso. “Tenemos varios lugares que están siendo investigados y que podrían encuadrar en esta situación”, indicó.

Tras emitir la resolución ministerial respectiva, el gobierno provincial comenzó a instrumentar el cobro del resarcimiento por las pintadas amenazantes en las escuelas de la provincia. En diálogo con El Litoral, Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, dijo que la medida apunta a "devolverle al Estado lo que el Estado erogó para poder cuidar a todos los santafesinos". "Y eso es así – amplió- porque estamos en presencia de un delito; no es un juego o una broma. Es una intimidación pública que intenta amedrentar y quebrar la paz social. Por lo tanto, el desafío de toda la policía de la provincia y del Ministerio de Justicia es cuidar a los santafesinos y esto tiene un costo; tiene una consecuencia económica. Y como sabemos, todos los argentinos reaccionamos y repensamos nuestro accionar cuando lo que nos duele es el bolsillo", expresó.

Según dijo, lo que se plantea es "el recupero de ese dinero, y que aquel irresponsable que comete un delito y que alerta a toda la sociedad y hace que el estado tenga que gastar recursos, los devuelva".

Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad.

- ¿Cuesta identificar a los responsables de las amenazas?¿O los adolescentes terminan confesando el hecho?

- Son distintos escenarios; en algunos casos es el propio autor el que por distintos mecanismos, particularmente a través del habla, lo expresa. En otros, se requiere una actividad investigativa más profunda. Pero la verdad es que estamos ante un fenómeno que incluso excede las fronteras de la provincia, y que se viene reflejando en todo el país. Son nuevas formas de cometer un delito; antes, lo normal era el llamado de amenaza de bomba y se podía rastrear rápidamente de dónde provenía. Hoy la situación es más compleja porque también los mecanismos de intimidación son distintos. En algunos casos tenemos pintadas, en otros son correos electrónicos; en algunos son mensajes por debajo de una puerta... En todos esos escenarios, las tareas investigativas son divergentes.

- ¿De los hechos de amenazas registrados, la mayoría fueron esclarecidos o la ecuación es al revés?

- De las 158 intervenciones que tenemos contabilizadas desde el 16 al 21 de abril, hasta acá se logró detener a siete personas. Pero los esfuerzos también están en tratar de avanzar en el recupero del dinero invertido en los operativos, el resguardo del patrimonio del estado (los edificios escolares) pero sobre todo, desacelerar y desalentar los llamados que se vienen haciendo.

- ¿En todos los casos de responsables identificados eran alumnos de las escuelas?

- Sí. Concurren a las instituciones que intentan amedrentar.

- ¿Qué información tiene sobre las amenazas en la Universidad Católica que fueron vía e-mail?

- Por la proximidad en el tiempo (fueron este martes), el hecho está en plena tarea investigativa. Se está tratando de identificar el origen del correo electrónico.

En la última semana aparecieron diversas amenazas en escuelas de Santa Fe y del país.

- Más allá del resarcimiento económico, ¿el alumno tiene algún tipo de sanción en el ámbito educativo?

- Ésa es una definición que debe adoptar el Ministerio de Educación de acuerdo a su normativa, pero recordemos que esto no es una cuestión meramente administrativa. Ese alumno si es un menor punible, termina con una causa penal y el registro en su legajo.

- Ahora, más allá de todas estas medidas, las amenazas se siguen multiplicando. ¿Qué lectura hacen de eso?

- Yo creo que esto es un fenómeno que atraviesa a todo el país y que el fervor de las redes sociales y la factibilidad de la viralización es un hecho. Por lo tanto, tenemos que seguir siendo muy consecuentes en el mensaje y tenemos que darle tiempo… El protocolo se anunció el viernes y se materializó este martes. Creo que cuando efectivamente llegue la primera notificación del cobro del resarcimiento, se va a ver el efecto. Igualmente, hay que seguir trabajando con el Ministerio de Educación en la necesidad de diálogo porque esto no se puede resolver solamente desde lo coercitivo o lo sancionatorio. Demanda un trabajo y un abordaje conjunto con las escuelas, familias y con todo el aparato gubernamental. El nivel de esclarecimiento es alto pero no se logra aún con este nivel de identificaciones desacelerar los llamados. Insisto, es un fenómeno que tiene que ver como retos de las redes sociales…

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves la entrega de 50 camionetas 0 km destinadas al Servicio Penitenciario, en un acto realizado en la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero. Las unidades forman parte de los 720 móviles adquiridos por la Provincia en 2025 en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.

La incorporación de estos vehículos refuerza la capacidad operativa del sistema penitenciario y se inscribe en la estrategia de fortalecimiento institucional que, según el Gobierno provincial, contribuyó a una baja histórica de la violencia en todo el territorio.

Durante el acto, Pullaro estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri; la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani; la presidenta comunal de Piñero, Carina Gaspari; autoridades provinciales y la plana mayor del Servicio Penitenciario y de la Policía de Santa Fe.

El gobernador destacó el trabajo conjunto del Servicio Penitenciario y la Policía al señalar que lograron “algo que en la provincia y en la República Argentina parecía impensado: reducir los niveles de delito y de violencia”.

Recordó que, años atrás, ciudades como Rosario y Santa Fe vivían bajo niveles extremos de violencia y que el Ejecutivo decidió intervenir con un plan integral de seguridad pública.

Con cifras concretas, Pullaro sostuvo que “en lo que va de 2026 se registran 16 homicidios en toda la provincia, frente a los 86 contabilizados en el mismo período de 2023”, y atribuyó esa reducción a “una política pública muy clara”.

El mandatario subrayó además que el ordenamiento del sistema penitenciario fue un eje central de la estrategia: “Entendimos que poniendo orden en las cárceles íbamos a poner orden en la calle, y estamos empezando a lograr esos objetivos”.

En ese sentido, advirtió que quienes intenten cometer delitos desde prisión “no lo van a poder hacer”.

El ministro Cococcioni afirmó que “los tiempos han cambiado” y existe una decisión firme de que las instituciones de seguridad cumplan estrictamente su función.

Explicó que las camionetas “serán utilizadas para preservar el orden penitenciario y la seguridad de todos los santafesinos”, y destacó que la compra unificada para todas las fuerzas permitió optimizar recursos públicos.

También remarcó que se trata de una entrega sin precedentes por su magnitud y que fue posible gracias al ordenamiento de las cuentas provinciales.

“Para nosotros no hay nada por encima de la seguridad, del bienestar de la gente y del funcionamiento del sistema penitenciario y policial”, concluyó.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, señaló que la incorporación de los móviles representa una decisión política de respaldo al personal penitenciario que trabaja en contextos complejos y de alto riesgo.

Indicó además que la Provincia viene realizando inversiones en infraestructura, equipamiento, armamento, chalecos y modernización de los mecanismos de trabajo. “La seguridad no es improvisación: es una tarea permanente basada en decisiones sostenidas”, afirmó.

Las camionetas entregadas -marca Chevrolet, modelo Montana- cuentan con tracción 4x2, paragolpes reforzados, rejas de protección para luces, pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores. Están totalmente equipadas para tareas operativas dentro del sistema penitenciario.

Los vehículos integran el plan de renovación de la flota de seguridad provincial, orientado a fortalecer el control penitenciario y consolidar la política pública de reducción de la violencia.

El Gobierno de la Provincia, a través de los ministerios de Justicia y Seguridad, de Salud y de Economía, anunció la implementación de las nuevas acciones destinadas a fortalecer las condiciones laborales del personal policial y penitenciario, con eje en el bienestar integral, la accesibilidad a los destinos de servicio y la cobertura sanitaria.En la sede de Gobierno en Rosario, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, explicó que se trata del fortalecimiento y mejora de programas ya existentes. “Hemos trabajado en optimizar la frecuencia del transporte, entendiendo que existe un desequilibrio geográfico entre los lugares de reclutamiento y los destinos de servicio. La zona sur presenta mayor demanda de efectivos, mientras que el mayor reclutamiento se concentra en el norte provincial”, señaló.En ese marco, anunció la incorporación de dos nuevas unidades que conectan la ciudad de Santa Fe con el departamento Castellanos, facilitando el acceso a Rafaela y Frontera. Además, se reforzaron los traslados entre Rosario y Venado Tuerto, y desde la ciudad de Santa Fe hacia Vera y San Javier.Asimismo, se sumaron paradas intermedias para optimizar los recorridos: en el trayecto Santa Fe-Rosario se incorpora una parada en el kilómetro 141 mediante una unidad tipo Trafic de la Policía; mientras que en el recorrido Rosario-Santa Fe se establecen paradas en los kilómetros 0, 11 (zona del peaje) y 141. Estas modificaciones buscan reducir la necesidad de concurrir a las terminales de ómnibus y minimizar los inconvenientes derivados de los traslados. 

Otra de las medidas apunta a resolver el hospedaje del personal que presta servicio en Rosario y que proviene de otros departamentos. A partir del 1 de marzo, el Gobierno Provincial implementará un sistema de alojamiento destinado a los efectivos de Vera que se desempeñan en las Unidades Regionales II, IV, VI y VIII.La iniciativa permitirá que los agentes que lo requieran puedan pernoctar en la ciudad, en una primera etapa focalizada en Rosario debido a su alta concentración de personal. 

En materia sanitaria, Orciani anunció la conformación de una unidad de gestión tripartita integrada por los ministerios de Economía -a través de Iapos-, de Salud y de Justicia y Seguridad, orientada a diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas de salud mental destinadas al personal de seguridad.Entre las medidas en desarrollo se encuentra la garantía de cobertura del 100 % en medicamentos vinculados a tratamientos de salud mental para los efectivos incluidos en el programa de Iapos, así como para quienes se incorporen en el futuro.Además, el programa ampliará su alcance al grupo familiar de los agentes, permitiendo el acceso a asistencia terapéutica. “El objetivo es abordar integralmente la salud mental del entorno familiar, entendiendo que el bienestar del agente también depende de su núcleo cercano”, indicó la funcionaria.Por su parte, el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud, Gonzalo Chiesa, destacó que el abordaje tripartito permitirá construir una política pública integral. Explicó que se trabajará en dos líneas principales: la capacitación de los equipos que se desempeñan en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad y el fortalecimiento de estrategias de prevención.Finalmente, el coordinador del Programa de Prevención y Detección Temprana de Enfermedades de Iapos, Pablo Ríos, subrayó la relevancia de incluir a las familias en el esquema de asistencia: “No es posible que un agente desempeñe plenamente su servicio si un familiar directo atraviesa un padecimiento de salud mental. Por eso, resulta fundamental garantizar el acceso a la atención para todo el grupo familiar”, concluyó.

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Georgina Orciani, puso el foco en la realidad crítica y la necesidad urgente de cubrir vacantes de personal policial en el sur santafesino, especialmente en el departamento General López, tras el reciente egreso de 817 nuevos agentes del Instituto de Seguridad Pública (ISEP).

En este marco, la funcionaria explicó que el último viernes se llevó adelante el acto de egreso de 420 mujeres y 397 varones, quienes culminaron el cursado de 28 materias académicas y operacionales, obteniendo el título de auxiliares en Seguridad Pública, condición necesaria para su futura incorporación a la Policía de la Provincia.

“El ingreso efectivo como agentes del Estado provincial se va a materializar en el mes de febrero, cuando se complete todo el proceso administrativo y se cuente con el decreto de designación del gobernador Maximiliano Pullaro”, detalló la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera. En ese sentido, aclaró que el egreso académico y el ingreso formal “transitan carriles distintos”, aunque remarcó que el trabajo administrativo comenzó incluso antes del egreso para agilizar los tiempos.

Consultada sobre la llegada de nuevos agentes a Venado Tuerto y la región, Georgina Orciani señaló que los 817 egresados continuarán durante un año su formación práctica en la ciudad de Rosario, una decisión adoptada por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Sin embargo, explicó que este esquema permitirá redistribuir al personal que egresó en 2024, que ya cumplió su año de capacitación en esa ciudad.

“Entendemos que es una necesidad imperante en la Unidad Regional VIII, en Venado Tuerto y en todo el departamento General López. Es una realidad que se repite en los 19 departamentos de la provincia: hay faltante de personal policial”, sostuvo la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, al tiempo que afirmó que este nuevo egreso “nos da el oxígeno necesario para iniciar un proceso de redistribución”.

En ese marco, confirmó que la Unidad Regional VIII recibirá un refuerzo de personal acorde a las necesidades y demandas planteadas por su jefatura, una vez que se concrete el ingreso formal del nuevo contingente.

Orciani, reconoció que, aun con este importante egreso, la demanda de personal continúa siendo alta. “Jamás vamos a decir que el personal disponible cubre todas las expectativas y necesidades”, afirmó, al destacar que la formación de recursos humanos es el aspecto más complejo de cualquier plan de seguridad.

“No hay una fábrica automática de policías. Es mucho más sencillo comprar patrulleros o equipamiento que formar personal capacitado para cuidar la vida y los bienes de las personas. Este proceso demanda al menos dos años”, explicó, y contextualizó la situación en una tendencia nacional de baja en las vocaciones para las fuerzas de seguridad.

Aun así, valoró que 817 ciudadanos hayan sostenido su vocación de servicio y culminado una carrera que para la provincia tiene un altísimo prestigio, remarcando el esfuerzo del Estado santafesino en garantizar condiciones dignas de trabajo.

La funcionaria del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública también se refirió a las políticas de incentivo implementadas para revertir el bajo número de aspirantes del sur santafesino. Detalló que quienes se inscriban en esta región perciben una beca mensual de 450.000 pesos, además de contar con alojamiento y racionamiento garantizados por el Estado provincial.

A partir del próximo ciclo, sumó, los aspirantes también recibirán indumentaria deportiva, una medida que se suma al sistema de becas reforzado. “Son decisiones que no muestran resultados inmediatos. Estamos corrigiendo desequilibrios históricos en términos geográficos y de género, algo que se evalúa en plazos de cinco a diez años”, señaló Georgina Orciani.

No obstante, destacó que en la última convocatoria “la incidencia de aspirantes del sur fue considerable”, lo que consideró una señal positiva y un primer resultado de las medidas adoptadas.

Finalmente, Georgina Orciani, defendió la reorganización de las sedes de formación, que implicó el cierre de Murphy, Rafaela y Reconquista, concentrando el cursado en Rosario y Recreo. Explicó que la decisión respondió a razones logísticas, administrativas y de costos, y permitió garantizar un régimen de internado permanente.

“Necesitamos que quienes ingresan se apropien del sentido de pertenencia a la institución desde el primer día. El proceso formativo es puertas adentro, con un régimen cerrado y de internado, algo fundamental para la carrera policial”, concluyó.

El Gobierno de Santa Fe encabezó este viernes el acto de egreso de 817 auxiliares en seguridad correspondientes a la promoción 2024-2025 de la Escuela de Policía del Instituto de Seguridad Pública (Isep). La ceremonia se desarrolló en el estadio cubierto “Ángel Malvicino” del Club Atlético Unión, en la ciudad de Santa Fe, y marcó el cierre de una etapa clave en la formación de nuevos integrantes de la Policía provincial, que comenzarán a incorporarse al patrullaje en distintos puntos del territorio.

Los egresados forman parte de los 1.100 cadetes que ingresaron al ISEP en dos instancias -febrero y mayo de 2024- y realizaron su cursado en las sedes de Recreo y Rosario. La cohorte está integrada por 420 mujeres y 397 varones, quienes completaron un plan de estudios compuesto por 28 materias académicas y operativas, orientadas a una formación integral para el desempeño en tareas de seguridad pública.

Desde este año, la carrera se dicta bajo un régimen de internado. Tras tres años de servicio como suboficiales de Policía, los agentes podrán acceder al tercer año de formación y obtener el título de Técnicos Superiores en Seguridad Pública y Ciudadana, en el marco de un esquema de capacitación continua.

Jura de policías este viernes. Crédito: Gobierno de la provincia de Santa Fe.

Durante el acto, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, subrayó que los nuevos egresados “son el resultado del esfuerzo y del compromiso que el Gobierno provincial sostiene para que cada vez más mujeres y hombres se pongan al servicio de la ciudadanía y cuiden a los santafesinos”. En ese sentido, remarcó que el objetivo central es “contar con una fuerza de seguridad más profesionalizada y preparada, acorde a las demandas de una sociedad cada vez más compleja, diversa y exigente”.

En la misma línea, el secretario de Seguridad, Omar Pereira, expresó su “orgullo y satisfacción” por el ingreso de nuevos efectivos a la Policía de Santa Fe. Destacó que se trata de jóvenes que inician su carrera “con nuevas herramientas, objetivos y lineamientos”, y afirmó que este proceso “consolida un modelo de seguridad que tiene como base la capacitación, la formación y la educación”.

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani. Crédito: Gobierno de la provincia de Santa Fe.

La actividad contó además con la presencia de la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; la diputada nacional Gisela Scaglia; el fiscal regional Jorge Nessier; el secretario de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo; el jefe de Policía de la provincia, Luis Maldonado; el subjefe Daniel Filcher; el director general del Isep, Mario Goyenechea; además de intendentes y presidentes comunales.

Al dirigirse a los egresados, Scaglia afirmó que eligieron “una vocación que habla de servicio, honor y cuidado del otro”, y recordó que, en momentos críticos, la Policía de Santa Fe “arriesgó todo para devolver la paz y la seguridad a la provincia”, un compromiso que señaló como ejemplo para los nuevos agentes.

Jura de policías este viernes. Crédito: Gobierno de la provincia de Santa Fe.

Por su parte, el jefe de Policía, Luis Maldonado, instó a los flamantes auxiliares a guiar su labor por tres principios fundamentales: la legalidad, el profesionalismo y el trabajo en equipo. Asimismo, los exhortó a mantener siempre un trato respetuoso con la sociedad.

El director del Isep, Mario Goyenechea, sostuvo que con este egreso “comienza la misión más trascendente en la vida de los cadetes: servir y proteger a la comunidad santafesina”, y destacó la conducción y la visión estratégica del Gobierno provincial para fortalecer y modernizar de manera sostenida la formación policial.

Familiares y amigos presentes en las tribunas del estadio Ángel Malvicino. Crédito: Gobierno de la provincia de Santa Fe.

En representación de los egresados, Julio Vivas señaló que el uniforme “no solo representa una insignia, sino meses de sacrificio, crecimiento y hermandad”, y aseguró que la escuela “no solo enseñó tácticas y leyes, sino que forjó el carácter”, preparando a los nuevos agentes para ejercer la autoridad “con amabilidad, respeto y ejemplo hacia los ciudadanos”.

En la mañana de este lunes, en la localidad de Melincué, la Jefatura Departamental de la Unidad Regional VIII fue escenario de una significativa ceremonia de asunción, que marcó el comienzo de una nueva etapa en la conducción de la fuerza de seguridad local. 

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani, presidió el acto, acompañada por importantes funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, entre ellos la senadora provincial Leticia Di Gregorio y el jefe de Policía de la Provincia, Director General Luis Maldonado.

El evento dio paso a la oficialización de los nuevos cargos. El Director General Luis Maldonado, en su rol de jefe de Policía, tomó la decisión de poner en funciones al nuevo jefe de la Unidad Regional VIII, el Director de Policía Ernesto Gaudenzio. A su vez, el flamante jefe de la Unidad Regional hizo lo propio con el Director de Policía, Luis Monzón, quien asumió como subjefe de la dependencia regional.

Durante su intervención, la senadora provincial Leticia Di Gregorio dirigió un discurso a los presentes, destacando la importancia de la seguridad en la región y el trabajo conjunto entre las autoridades provinciales y locales para garantizar el bienestar de la comunidad.

La ceremonia también contó con la presencia de jefes de Plana Mayor, Plana Mayor Especial, Jefes de Agrupaciones y Jefes Zonales, quienes acompañaron este importante acto institucional, que sin dudas marcará el rumbo de la seguridad en el Departamento General López.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni; el fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo; y el fiscal José Luis Caterina; brindaron detalles de los procedimientos realizados por la Unidad Especial de Asuntos Internos, en relación a la causa de defraudación con combustible que investiga a ex altos mandos policiales de la Unidad Regional II de Rosario, por impulso del Gobierno santafesino. Terminaron detenidos nueve uniformados este jueves, entre ellos el exjefe de la Unidad Regional; otros exfuncionarios y una persona más.

En la sede del Ministerio en Rosario, Cococcioni manifestó en primer turno que se trata del “esclarecimiento de una causa que para nosotros tiene prioridad número uno, porque se trata de la institución policial, de su correcto funcionamiento, pero también del esfuerzo que están haciendo los santafesinos para solventar el funcionamiento policial y de cuidar cada peso que va a seguridad y de que nadie se lo robe en el camino”.

El ministro valoró el trabajo conjunto entre el MPA, la Subsecretaría de Control y la Secretaría de Coordinación Técnica, las dos últimas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino. Y explicó que este jueves finalizó la intervención de seis meses a la UR II, producto de la cual “la secretaría Georgina Orciani concluyó un trabajo exhaustivo de auditoría logística, administrativa y de combustible sobre la UR II, que fue entregado a las autoridades del MPA, a mi persona, y se lo llevó en mano al gobernador Maximiliano Pullaro para examinar las medidas administrativas de carácter estructural que se han adoptado y que hay que seguir adoptando para reducir el riesgo de que estas maniobras puedan pasar sin ser detectadas”.

El ministro Cococcioni anticipó que en los próximos días se anunciarán las nuevas autoridades. Foto: GSF

Además, indicó que “la otra medida es que a raíz de esto se van a hacer efectivos en los próximos días y se van a anunciar una serie de cambios en algunas conducciones de la Policía, que precisamente estaban en carpeta, pero tuvimos la precaución de no anteponer el ordenamiento administrativo a la investigación penal”.

Finalmente, Cococcioni expresó: “En principio, ya estamos detectando mensualmente ahorros en combustibles no inferiores a 25 millones de pesos, pero este es el piso de ahorro que se ha logrado a partir de estas medidas”, al tiempo que adelantó que la nueva conducción de la UR II ya está definida y que se dará a conocer en los próximos días.

El fiscal Merlo detalló que “este jueves se realizaron un total de 11 allanamientos en diferentes puntos de la ciudad de Rosario, en relación con la causa de combustibles y que es una derivación de los allanamientos que se hicieron en marzo, de los cuales hay diferentes personas detenidas”. Y destacó el “trabajo en conjunto que se viene haciendo con el Ministerio de Justicia y Seguridad de Provincia y también con la Unidad Especial de Asuntos Internos a los fines de poder detectar estas maniobras de corrupción que afectan a la institución y dar una respuesta en ese sentido”. 

Por su parte, Caterina amplió más detalles: “Dijimos en su momento que esta investigación era dinámica, compleja. Hoy sumamos una decena de detenciones aproximadamente, prácticamente todos jefes que se desempeñaban dentro de lo que era la Agrupación Cuerpos de la UR II”.

El fiscal indicó que se trata de: “D.A., ex jefe de la UR II; A.B., ex jefe de Caballería y Perros; F.B., ex jefe del Grupo Táctico Multipropósito; R.B., ex jefe de Biologística de la UR II; N.C., ex jefe de policía adicional; D.A.S., ex jefe de Comando Radioeléctrico Rosario; R.S., ex interventor de Medicina Legal; H.D.S., ex jefe de Brigada Motorizada. Son los cargos al momento de los allanamientos”. Además, en uno de los domicilios allanados fue detenido L.G., ya que se le secuestró un arma de fuego tipo fusil.

“Estas personas, además de ser allanadas, ya están formalmente detenidas y en pocos días más vamos a tener una audiencia imputativa donde se van a especificar los cargos, la evidencia, pero sobre todo toda la evidencia nueva que hemos reunido en estos 6 meses”, finalizó el fiscal Caterina.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe continúa con los narcotest sorpresivos y periódicos a funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y a integrantes de las fuerzas de seguridad, tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario.

Durante la última jornada de testeos, fue el turno del personal de la conducción de la Policía de Investigaciones (PDI) en la ciudad de Rosario donde se analizó a 35 agentes, y dieron negativos. Al respecto, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, indicó que el testeo del personal de PDI es de vital importante ya que “se trata de un área muy ligada a la investigación de lo que nosotros queremos combatir, que es el narcotráfico”.

El inicio de esta medida se dio en julio pasado con el testeo realizado al gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Pablo Cococcioni. “Es una forma de predicar con el ejemplo. Lo que buscamos con esto es desnudar una realidad ya que nuestro país y nuestra provincia no están exentas a los consumos problemáticos y mucho menos las fuerzas de seguridad, por lo que es importante tener un estado real de situación respecto al consumo de sustancias prohibidas”, remarcó Orciani.

Por otra parte, la funcionaria aclaró que “en el caso que un resultado positivo se produzca en los estratos de conducción, se tomarán las medidas necesarias. Si no es en la conducción, se dará un abordaje de la salud desde su perspectiva más integral”.

Desde que se puso en marcha el programa, ya fueron testeados los funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, altos mandos de la Policía de Santa Fe y el Servicio Penitenciario. “Hemos cubierto la totalidad de los empleados de carácter político de la conducción ministerial, casi la totalidad de los agentes penitenciarios como así también con funciones de conducción. También testeamos a las conducciones de la plana de la Policía, por lo cual tenemos habilitado el camino para darle continuidad a la jornada de testeos con las policías especiales y poder continuar con todo el personal, además de hacer un relevamiento en cuanto a los consumos problemáticos”, finalizó Orciani.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, junto con el Instituto de Seguridad Pública (ISEP), informaron que continúa abierta la inscripción para la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, destinada a aspirantes a suboficiales de la Policía de la Provincia.

La tecnicatura tiene una duración de tres años, con los dos primeros de cursado presencial. Al finalizar el segundo año, los estudiantes obtendrán el título intermedio de “Auxiliar en Seguridad”, e ingresarán a la fuerza policial. Tras dos años de servicio activo, deberán completar el tercer año para graduarse como Técnicos Superiores en Seguridad Pública y Ciudadana.

La secretaria de Formación y Capacitación del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, sostuvo que “abrimos una segunda etapa de la convocatoria para la policía, esta vez el reclutamiento es solo para hombres que deseen cursar la carrera de Auxiliar en Seguridad Pública debido a que queda un remanente de cupos”.

En ese sentido, remarcó que “para llevar adelante el Plan de Seguridad Pública, el recurso humano es uno de los pilares fundamentales, y el Gobierno va a disponer de todos los medios operativos y logísticos para formar a la mejor policía especializada y profesional del país”.

1. Ser argentino.

2. Tener entre 18 y 30 años al 2 de febrero de 2026.

3. Poseer título secundario completo, registrado por el Ministerio de Educación de Santa Fe.

4. Cumplir con las condiciones de aptitudes psicofísicas requeridas, superando los exámenes correspondientes.

5. No haber sido condenado ni estar procesado por delitos o contravenciones.

6. No ser empleado de la administración pública nacional, provincial o municipal.

7. No haber sido destituido, cesanteado o exonerado de la administración pública.

8. Presentar la documentación solicitada en tiempo y forma.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 10 de noviembre de 2025 inclusive. Los interesados deben poseer una ID Ciudadana que se obtiene registrándose en el portal oficial de la provincia. Una vez creada la cuenta, se enviará un correo electrónico para confirmar el registro, el cual debe ser validado dentro de las 24 horas.

Para más detalles y acceder al formulario de inscripción, visite el sitio web oficial del Gobierno de Santa Fe: https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/full/255353/(subtema)/239105.

Para más consultas sobre la inscripción se puede escribir a la Subsecretaría de Formación y Carrera Policial (s.formacionycarrera@santafe.gov.ar), o al Instituto de Seguridad Pública (prensaydifusion@isepsantafe.edu.ar).

En el marco del programa de Infraestructura para la Seguridad Vial, autoridades provinciales entregaron este viernes fondos por $ 992.485.924 a 63 localidades que resultaron seleccionadas en la convocatoria que realizó el Gobierno Provincial.La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) realizó una convocatoria pública en noviembre pasado para que los interesados presenten sus proyectos, que fueron evaluados considerándose su ajuste a las bases y condiciones requeridas, la factibilidad de su realización, calidad, impacto y otros indicadores. Posteriormente, se publicó en la misma página web del gobierno de Santa Fe el orden de mérito con los puntajes otorgados a cada postulación, indicando las solicitudes elegidas y los montos a financiar.Las localidades seleccionadas en esta primera etapa son: Desvío Arijón, Franck, Rafaela, Hersilia, Helvecia, Nelson, Pujato, Ricardone, Vera, Ceres, Elisa, Reconquista, San Jerónimo del Sauce, Villa Amelia, Carcarañá, Frontera, Monje, Pueblo Esther, San Jerónimo Norte, Villa Saralegui, Coronda, El Trébol, Fuentes, Juan B. Molina, Nuevo Torino, Peyrano, Roldán, San Guillermo, Totoras, Villa Gobernador Gálvez, Wheelwright, Guadalupe Norte, Chañar Ladeado, Elortondo, Emilia, Gaboto, Gessler, Hipatia, Humboldt, Murphy, San Agustín, San Carlos Sud, San Jerónimo Sud, Santa Rosa de Calchines, Sarmiento, Tostado, Ambrosetti, Bouquet, Díaz, Godoy, La Lucila, Las Parejas, Loma Alta, Luis Palacios, Pilar, San José de la Esquina, Sastre y Ortiz, Correa, Máximo Paz, Uranga, Arroyo Leyes y Cabal.Durante la actividad, llevada a cabo en la sede de Gobierno en Rosario, el secretario General, Juan Cruz Cándido, marcó que “este programa surgió por iniciativa del propio gobernador Maximiliano Pullaro. Nuestra concepción es que los recursos están para tener como destino el crecimiento en infraestructuras, en desarrollo y en posibilidades que repercutan en el cuidado de la vida. Por eso es una buena noticia que se haya podido reactivar este programa y que hoy concretemos esta primera etapa de proyectos aprobados que van a ser financiados con recursos de la Agencia”.“Para hacer que las cosas pasen hay mucha gente trabajando atrás para que se puedan concretar. Vemos el trabajo que hace cada municipio y cada comuna; les pedimos que con la misma responsabilidad ahora ejecuten estos fondos, fruto de la recaudación de la propia Agencia”, finalizó Cándido.

En tanto, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Georgina Orciani, manifestó que “este programa es una muestra cabal que las multas que se abonan en el territorio de la Provincia vuelven a Santa Fe en obras. Los gobiernos locales no están solos en el diseño de políticas públicas en materia de justicia y seguridad: como en todas las otras áreas, hay un Gobierno provincial que los acompaña, respalda y asesora”.Por otro lado, el secretario de Seguridad Vial, Carlos Torres, sostuvo que “priorizar la seguridad vial habla bien de todos nosotros. Estamos en la función pública para solucionar los problemas e intentar resolver las cuestiones que se nos presentan. Durante el año 2024 hemos logrado bajar la siniestralidad vial y la cantidad de fallecidos en siniestros viales en más de un 15 %. Esto se debe a todas estas acciones y a nuestra presencia controlando en rutas”.Por último, la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Clara García, explicó que “el control, la eficiencia de la gestión y la descentralización territorial es central en esta gestión de gobierno. Nuestra seguridad vial provincial, a través del Operativo Verano, ha tenido una presencia extraordinaria. Por eso es importante continuar estas políticas públicas”.

El programa de Infraestructura para la Seguridad Vial en Gobiernos Locales del Ministerio de Justicia y Seguridad tiene por objetivo el rediseño y renovación del espacio público, adaptándolo a las necesidades de movilidad de la población que habita cada localidad, a través de obras de infraestructura de bajo costo, financiadas con fondos propios de la Agencia de Provincial de Seguridad Vial.Además, se busca mejorar la circulación vial; disminuir los índices de siniestralidad; impulsar iniciativas para la prevención y el cuidado de los ciudadanos; consolidar el trabajo en común entre los distintos estamentos del Estado y su diálogo con la sociedad civil; y visibilizar las necesidades y realidades propias de cada territorio.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe comienza una compactación de vehículos en desuso, con el objetivo de optimizar el uso del espacio, reducir la contaminación ambiental y fortalecer la gestión del patrimonio estatal. Incluye todos los autos y motos fabricados hasta el 31 de diciembre de 2013, que se encuentran fuera de servicio en el territorio provincial.

En el marco de esta iniciativa, comenzará la compactación de unidades que han cumplido su ciclo operativo dentro de la cartera de Seguridad. Este procedimiento permite disponer de manera eficiente de vehículos que se encuentran fuera de servicio, garantizando su correcta disposición final y contribuyendo a una gestión más eficiente de los recursos públicos.

El proceso de compactación se realiza conforme a la normativa vigente, asegurando el cumplimiento de los requisitos ambientales y administrativos establecidos. A través de esta acción, se busca reducir el impacto ambiental generado por la acumulación de automotores en desuso y optimizar el uso de predios destinados al resguardo de estos bienes.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron la importancia de esta iniciativa en el marco de la modernización y reorganización de la flota vehicular de las fuerzas de seguridad provinciales. Asimismo, se continuará avanzando en medidas que permitan mejorar la operatividad y eficiencia de los recursos del Estado en beneficio de la comunidad.

Al respecto, la secretaria de Administración Técnica y Financiera, Georgina Orciani indicó que “esta iniciativa se ve reforzada con un novedoso instrumento administrativo que el Gobierno de la Provincia ha dispuesto posibilitando la compactación masiva y de esta manera acelerar los plazos administrativos para generar las bajas respectivas de los móviles que están en situación de desuso y que resulta antieconómico su reparación. Una situación que encuentra antecedentes como, por ejemplo, en la provincia de Mendoza y ha posibilitado que, independientemente de la gestión que detente el poder, no se genere el acumulamiento de unidades”.

“Esto es a los efectos de dar cumplimiento a lo que nos encomendó el gobernador Maximiliano Pullaro de llevar adelante gestiones eficientes que resuelvan los problemas a la gente en el menor tiempo posible” señaló Orciani.

El Gobierno de Santa Fe decidió cerrar la Escuela de Policía de Murphy y concentrar la formación de nuevos agentes en Rosario y Recreo. Según Georgina Orciani, funcionaria del Ministerio de Seguridad, la medida responde a la necesidad de unificar criterios y garantizar estándares de excelencia en la capacitación policial.

Un diagnóstico realizado por la actual gestión reveló marcadas diferencias en la calidad de formación según la sede. "Nos encontramos con cinco policías distintos", advirtió Orciani, en referencia a las escuelas de Rosario, Recreo, Rafaela, Reconquista y Murphy.

Asimismo, sostuvo que el plan de descentralización, que buscaba acercar la capacitación a distintas regiones, no logró el impacto esperado. En 2024, de los 76 cadetes egresados de Murphy, 67 provenían del centro-norte, evidenciando una escasa participación del sur santafesino.

Otro factor clave fue la falta de infraestructura adecuada. "Basta hablar con cualquier vecino de Murphy para que nos diga que los cadetes hacían actividad física en la calle", señaló la funcionaria, resaltando la necesidad de espacios aptos para entrenamiento y prácticas de tiro. Además, muchos aspirantes debían alquilar en condiciones precarias. "No podíamos admitir que la beca se destinara íntegramente al pago de una pensión", agregó.

Ante este panorama, el Gobierno resolvió trasladar la formación inicial a Rosario y Recreo, donde se ofrecen mejores instalaciones y un régimen de internado con alimentación.

La funcionaria oriunda de Santa Isabel aclaró que la medida no es transitoria, sino que forma parte del Plan de Seguridad Provincial. “La formación policial inicial se radicará en Rosario y Recreo de manera permanente”, afirmó.

Mientras que la sede de Reconquista se mantendrá como escuela de especialidad, Murphy y Rafaela fueron cerradas definitivamente. Los cadetes fueron trasladados a Rosario sin inconvenientes ni deserciones. "Al contrario, las mejoras económicas y administrativas han favorecido la permanencia de los aspirantes", aseguró la funcionaria.

Para revertir la escasa participación del sur provincial, el Gobierno implementó un esquema de incentivos económicos. La beca estándar de $90.000 mensuales se elevó a $450.000 en zonas con alta vacancia, como el departamento General López.

Gracias a esta estrategia, la cantidad de inscriptos provenientes del sur santafesino creció de 27 a 74 en 2025. Sin embargo, Orciani reconoció que aún es una cifra baja considerando la población de la región.

A su vez y como parte de la reestructuración, la provincia trabaja en la redistribución de efectivos en las 19 unidades regionales. Se prevé que en las próximas semanas General López reciba un refuerzo de personal, una de las zonas más afectadas por la falta de policías.

Con la centralización de la formación en Rosario y Recreo, junto con incentivos económicos, Santa Fe busca profesionalizar a sus fuerzas de seguridad y garantizar mejores condiciones para los cadetes. El desafío ahora será consolidar este modelo y asegurar que las unidades regionales cuenten con el personal necesario para atender la demanda de seguridad en cada territorio.

El intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe para reforzar los controles de motovehículos y mejorar la seguridad vial en la ciudad.

El acuerdo, enmarcado en el Decreto N°460, establece un trabajo coordinado entre el Municipio y la policía local con el objetivo de fomentar un tránsito más ordenado y seguro. Como parte de esta iniciativa, los agentes podrán retener motos en la vía pública cuando los conductores no puedan acreditar la titularidad del dominio, la legítima posesión o la autorización de uso del vehículo.

Además, se implementará un protocolo de comunicación inmediata con las autoridades locales para que se tomen las medidas correspondientes en cada caso.

El acto de firma contó con la presencia de diversas autoridades provinciales y locales, entre ellas la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, Georgina Orciani; el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino; el secretario de Vinculación Regional, Roberto Vergé; el delegado del Ministerio de Seguridad en el Departamento General López, Nahuel Pasquinelli; la senadora Leticia Di Gregorio y el diputado Leo Calaianov, además de representantes de la Unidad Regional VIII de Policía.

Este convenio representa un paso significativo en la lucha contra la circulación irregular de motovehículos, un problema que afecta a muchas localidades de la provincia y que impacta directamente en la seguridad de los ciudadanos.

En el marco del plan de seguridad que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, encabezó la entrega de 16 motos 0 km para distintas unidades regionales del sur provincial. 

De esta forma, recibieron: la UR VI del Departamento Constitución 4 motos; la UR VIII del Departamento General López 8 y la UR XVII del departamento San Lorenzo 4. Las unidades forman parte de la compra de 600 motos tipo enduro, de entre 245 y 275 cm3 de cilindrada, que fueron adquiridas por la actual gestión provincial mediante licitación pública. Cada unidad cuenta con el equipamiento lumínico, de protección personal, baulera y ploteados.

Durante las actividades (llevadas a cabo en las localidades de San Lorenzo, Rueda y Villa Cañás), Orciani expresó: “Estas motos se suman a todo el equipamiento que el Ministerio de Justicia y Seguridad entregó. Son producto de un proceso de extrema eficiencia en el manejo de los recursos públicos que ha permitido que, por el precio de los procesos de licitación, podamos adquirir 100 motos equipadas más de las 500 que originalmente estaban presupuestadas. La inversión para adquirir las 600 motos equipadas para el patrullaje preventivo supera los $7.000 millones. Estas unidades se suman a los 940 patrulleros que compramos en el ejercicio 2024 y las 300 camionetas equipadas que estamos próximo a entregar”. 

“Veníamos de una Policía devastada en equipamiento. No alcanza sólo con comprar móviles, necesitamos mayor personal. Ahí está el esfuerzo de todos los referentes políticos del sur de la provincia para que colaboren en la difusión de las convocatorias que realiza el Ministerio de Justicia y Seguridad para que podamos trabajar más mancomunadamente. Buscamos equilibrar la composición de la fuerza de seguridad, necesitamos más agentes policiales en el sur de la provincia. Necesitamos que más hombres y mujeres opten por la carrera policial”, afirmó la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera. 

De las actividades también participó el secretario de Vinculación Regional del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Roberto Vergé, quien destacó cómo “el gobierno invierte fuertemente en seguridad y en equipamiento para la Policía, poniendo cientos de móviles para que cada uno de los santafesinos podamos vivir en paz. Para eso el gobernador Maximiliano Pullaro está trabajando fuertemente de norte a sur en la provincia”. 

Decisión política

El senador por el departamento Constitución, Germán Giacomino, afirmó: “La presencia policial y tener más vehículos sirvió para bajar los índices de inseguridad. Gracias a todos y cada uno de nuestros efectivos policiales por el gran compromiso que tienen, la vocación de servicio y por cuidarnos permanentemente”. La senadora de General López, Leticia Di Gregorio, agradeció a “los hombres y mujeres de la Policía por el trabajo incansable que hacen día y noche para cuidar de cada uno de los habitantes del departamento”. La diputada provincial Silvina Distéfano destacó “la necesidad de estos vehículos para el trabajo diario que hace la policía. Agradecemos la predisposición y la decisión política del gobierno provincial. Desde la Legislatura, a principios del año pasado colaboramos con las leyes que se necesitaban para que pudieran dotar a la policía de herramientas. Ustedes, los policías, son los que nos cuidan”.

De los actos de entrega participaron el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo; el presidente comunal de Rueda, Pablo Risso; el intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi; y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Seguridad, firmó el fin de semana último un convenio con la Comuna de Elortondo para que las fuerzas policiales puedan retener motovehículos en operativos de identificación de personas que circulen en ellos y no puedan acreditar titularidad del dominio, legítima posesión o autorización de uso.

De la actividad, encabezada por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, participaron la senadora provincial Leticia Di Gregorio; la presidente comunal, María Isabel Bosco; y los funcionarios de la cartera de Seguridad, Georgina Orciani y Nahuel Pasquinelli. 

En ese marco, se establece que cuando la autoridad policial disponga la retención preventiva de una moto, se labrará el acta de retención correspondiente y el rodado será remitido al depósito comunal. Este convenio, que ya rige en muchas localidades provinciales, tuvo un resultado positivo donde ya se aplica.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, dio a conocer un nuevo sistema de becas para los ingresantes a la carrera de “Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana Orientada a la Formación Policial - Ciclo lectivo 2025-2026”. La propuesta consiste en un pago diferenciado de la beca que perciben los cadetes, beneficiando económicamente a aquellos que tengan domicilio en los departamentos del sur de la provincia de Santa Fe.En este sentido, desde la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, se informó que el monto base de beca será de $90.000; y que los suplementos estímulo serán de $360.000 para los departamentos Rosario, Constitución y General López; $270.000 para San Lorenzo, Belgrano, Iriondo, Caseros y Castellanos; y $180.000 para Las Colonias y San Martín. Además, otra de las decisiones de la actual gestión de gobierno, es que la totalidad de los cadetes contarán con internado pleno, racionamiento y uniforme mientras cursen la carrera.

Al respecto, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani, explicó que: "la nueva propuesta del Gobierno de la Provincia tiene por objetivo poder lograr una mayor convocatoria en el sur provincial, entendiendo que es la zona de mayor vacancia, por lo cual se estipula un sistema de becas previstas que hoy ronda los $90.000, un sistema diferenciado para aquellas zonas donde hay mucha más vacancia y menor nivel de inscripción"."Adoptamos estas medidas para lograr que la población del sur de la provincia pueda verse más atraída por esta propuesta económica que tiende a poder equilibrar la composición de la fuerza, y esto se traduce en una mejora en la prestación del servicio por parte de los agentes y en una mejor distribución en términos de logística", concluyó Orciani.Cabe recordar que el cupo de ingresantes para 2025, que egresarán con el grado de Suboficial de policía, Escalafón General - Subescalafón Seguridad, es de 1.200 aspirantes, 350 mujeres y 850 hombres.

La vicegobernadora Gisela Scaglia, y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, entregaron este lunes siete patrulleros 0 Km a la Unidad Regional XVIII de la Policía de la Provincia, en el departamento San Martín. Además, firmaron convenios en el marco del Programa Vínculos con 9 localidades por un total de 62 millones de pesos.

Durante la actividad, llevada a cabo en el Centro Cultural de la ciudad de San Jorge, la vicegobernadora destacó que “hace siete meses que estamos en gestión y que el Gobierno de la provincia reconoce el trabajo de la Policía. Son ustedes los responsables de dar tranquilidad y llevar adelante el plan de Seguridad de la Provincia. Tenemos el desafío de lograr que la gente vuelva a confiar en nuestra Policía y volvamos a revalorizar la fuerza. Creemos que es importante porque es el pilar de nuestra política pública de nuestro Gobierno. Es un pedido que la ciudadanía nos hizo: devolverle la tranquilidad a nuestros pueblos y ciudades”.

“Vamos a seguir por ese camino de trabajar con eficiencia, con austeridad y de cuidar cada peso de los santafesinos. A los intendentes y presidentes comunales decirles que estos móviles están para cuidar a cada santafesino”, finalizó la vicegobernadora.

Por su parte, Cococcioni manifestó que “la seguridad no es para nosotros uno de los principales temas, sino que es el mayor problema y la mayor preocupación de los ciudadanos de la provincia de Santa Fe. Por ende, es la mayor preocupación del gobernador Maximiliano Pullaro y su equipo”.

“Poder estar haciendo entrega estos días de estos patrulleros 0 Km implica no sólo tener las herramientas jurídicas y administrativas para hacerlo en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad, sino también tener un programa integral para devolverle la tranquilidad a los santafesinos. Esta Ley de Emergencia se va a pagar con transparencia absoluta. Mediante el Instituto de Mejoramiento de Oferta se ha conseguido una rebaja del 20 % en el precio de la licitación, con lo cual por el mismo monto compramos 840 patrulleros, que se suman a los 100 que ya habíamos comprado por gestión directa, haciendo un total de 940 patrulleros 0 Km en el lapso de 4 meses”, precisó el ministro de Justicia y Seguridad.

En tanto, el intendente de San Jorge, Juan Pablo Pellegrino, manifestó su apoyo “a esta política efectiva que lleva adelante el gobernador Pullaro. Sabemos que en materia de seguridad todo es complejo, por eso creemos firmemente en acompañar esta política que ha tomado el Gobierno de la provincia de Santa Fe. Estamos para colaborar, queremos tranquilidad para nuestros pueblos, por eso fortalecer la prevención es fundamental”.

Por último, el senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, sostuvo que “la entrega de móviles es una forma de fortalecer el rol de las fuerzas. Necesitamos llevar adelante un combate férreo en el cual cuentan con nuestro respaldo. Gracias al gobierno provincial por estas herramientas. Las estadísticas demuestran que este gobierno está dando una gran batalla contra el delito y necesitamos fortalecernos en los territorios”.

Posteriormente, las autoridades firmaron convenios para entrega de aportes económicos a través del Programa Vínculos por un total de 62 millones de pesos y que tendrán como beneficiarios a los gobiernos de San Jorge, El Trébol, Los Cardos, Sastre, Carlos Pellegrini, Cañada Rosquín, Traill, María Susana y San Martín de las Escobas y el Club Atlético y Deportivo Piamonte y Mutual. Los montos serán destinados para infraestructura urbana para la seguridad, e infraestructura tecnológica para el control.

Participaron también de la actividad la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani; el subsecretario de Monitoreo de Programas Estratégicos, Juan Manuel Musuruama; el jefe de Policía de la provincia, Luis Maldonado; el jefe y subjefe de la Unidad Regional XVIII departamento San Martín, José Luis Molinelis y Daniel Almada; los intendentes de San Jorge, Juan Pablo Pellegrino; El Trébol, Natalia Sánchez; de Sastre, María del Carmen Amero de Brunazzo; de Carlos Pellegrini, Rodolfo Palloti; y de Cañada Rosquín, María Eugenia Racciatti; y los presidentes comunales de Los Cardos, Alan Tramannoni; de Traill, Pablo Pérez; de María Susana, Omar José Arce; y de San Martín de las Escobas, Marcos Alarcón, entre otras autoridades.

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, y el intendente Leonel Chiarella inauguraron el viernes último un Centro de Denuncias que funcionará en dependencias de la Terminal de Ómnibus “Arturo Illia”, una nueva herramienta en seguridad pública que estará al alcance de siete barrios de la zona norte de la ciudad.

Además de la posibilidad de recibir denuncias directas, en el lugar se instaló un Buzón de la Vida donde los vecinos podrán acercar información relacionada con posibles delitos federales -venta de drogas, trata de personas-, que luego será analizada por la Fiscalía del fuero.

Por otro lado, el ministerio provincial firmó con el gobierno de Venado Tuerto un convenio que permitirá a los operadores del Centro de Monitoreo municipal transmitir directamente a la Central de Emergencias 911 cualquier incidencia, una coordinación de acciones que redundará en mayor eficiencia.

Entre las novedades que dejó la presencia del ministro Cococcioni y parte de su gabinete, se anunció además que la próxima semana se recibirán fondos provinciales en el marco del programa “Vínculos”, que serán destinados a la ampliación de cámaras del sistema de videovigilancia local.

El intendente Chiarella fue elocuente en su pleno apoyo a la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Cococcioni en políticas de seguridad, y aseguró que “con el Gobierno provincial venimos trabajando en acciones conjuntas para seguir avanzando contra el delito, contra los delincuentes y contra la venta y distribución de drogas, que para nosotros es el principal desafío que nos planteamos como gobierno. Estos son más recursos que ponemos para que nuestros vecinos puedan vivir más seguros y tranquilos”.

Por su parte, el ministro Cococcioni sostuvo que “estos Centros de Denuncias cumplen una doble finalidad, son el acceso a la Justicia para que la persona víctima de un delito pueda denunciar y es otra asistencia estatal en servicios y trámites administrativos; pero también le saca a la policía funciones ajenas a su misión fundamental de brindar seguridad mediante el patrullaje preventivo y la investigación criminal. Cada policía abocado a funciones burocráticas es un policía menos en la calle y un desperdicio de recursos”.

Tras enumerar los avances logrados en indicadores de seguridad pública y los desafíos pendientes, el funcionario señaló que “aquí en Venado Tuerto tenemos que aprovechar que hay un intendente que denuncia, que va al frente y que pone Buzones de la Vida en todos lados, con lo cual toda esa información debe volcarse en una contundente respuesta estatal, demoler los bunkers denunciados y detener a sus ocupantes”.

En tanto, la senadora Leticia Di Gregorio agradeció la visita ministerial al Departamento General López y afirmó que “abrir en esta Terminal un nuevo Centro de Denuncias fue una buena idea del intendente Chiarella y su equipo, es acercarle a la gente que sufrió un delito esta posibilidad. Es un lugar de mucho tránsito al cual siete barrios de la zona norte tienen fácil acceso, y es descentralizar en un espacio que será atendido por personal capacitado”.

Acompañaron al ministro Cococcioni durante su visita a la ciudad los secretarios de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani; de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; y de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino.