“Con o sin los cambios tributarios de la reforma laboral, mantener el equilibrio fiscal implicará un fuerte recorte en el gasto discrecional en 2026”. Así titulan su advertencia los economistas Marcelo Capello y Gaspar Reyna, del Ieral/Fundación Mediterránea.

Tras los superávit primario (1,4% del PBI) y financiero (0,2%) del 2025 en las cuentas nacionales, los analistas abordan las proyecciones oficiales 2026 (inflación de 10,1% anual y aumento del PIB del 5,0%), con lo que proyectan recursos por 15,6% del PBI y erogaciones primarias por 14,1%, implicando un superávit primario de 1,5% del Producto Bruto Interno.

“El presupuesto 2026 no incluye los mayores gastos que generan las leyes aprobadas en 2025 en materia de educación y discapacidad. La ley de financiamiento universitario tendría un costo fiscal del orden del 0,23% del PBI, mientras que la de discapacidad de 0,36% (Oficina de Presupuesto del Congreso)”.

Los autores exponen que -con mayor inflación que la presupuestada- la recaudación tributaria “probablemente resulte superior a la prevista inicialmente”, por lo que estiman que crezca 33% en valores nominales, 4,7% superior en términos reales, respecto del 2025.

Pero de la misma manera subirían erogaciones que ajustan automáticamente con la inflación: jubilaciones, AUH, financiamiento universitario y discapacidad. Capello y Reyna estiman que con similares niveles de erogaciones discrecionales, el superávit primario en 2026 apuntaría a 1,9% del PBI -en lugar del 1,5% presupuestado- por el efecto inflacionario.

Más adelante los analistas del Ieral añaden la eventualidad de la sanción de la reforma tributaria contenida en la laboral. “Significarán menor recaudación de contribuciones patronales por aproximadamente 0,5% de PBI (todo el costo para el gobierno nacional), y también inferiores recursos tributarios por cambios en ganancias, internos y otros tributos, con un costo fiscal de 0,33% del PBI”.

En base a datos de la consulta Invecq detallan que, del costo, 0,14% del PBI es para la Nación y 0,19% para las provincias, al tratarse de impuestos coparticipables.

Y en ese supuesto estiman que el gasto discrecional del gobierno central “debería caer un 19% real anual para cumplir” con el superávit primario presupuestado.

Calculan que incluso si no se aprueba el capítulo tributario de la Modernización Laboral, debería existir un recorte del 9% real en el gasto discrecional (implica una suba nominal del 17%), para alcanzar en 2026 un superávit primario de 1,5% del PBI.

“La situación anterior se vuelve más desafiante, en materia de recortes de erogaciones, si las provincias consiguen que la Nación las compense por la caída de alrededor de 0,2% del PBI en los recursos de coparticipación que significaría la reforma en el impuesto a las ganancias, internos y otros”.

En este escenario, el recorte de erogaciones discrecionales por parte de Nación debería resultar del 22% real anual, para lograr el superávit primario de 1,5% del PIB, señalan los especialistas del Ieral.

“Está claro que, para la sustentabilidad del modelo a largo plazo, Argentina necesita, simultáneamente, equilibrio fiscal en Nación y Provincias, y una economía competitiva desde el punto de vista estructural, dado un tipo de cambio real que no es alto y difícilmente lo sea a largo plazo”.

Los autores señalan que el gasto primario nacional bajó un 27% real en Nación en el acumulado entre 2023 y 2025, versus 9% en provincias. “Aun así, el gasto primario en 2025 resulta un 51% mayor al del año 2005 en Nación, y 64% superior en el conjunto de Provincias (valores constantes), contra una población que aumentó 16% en dos décadas”.

Reseñan con relación a los recursos que, si bien entre 2023 y 2025 los ingresos de Nación cayeron 4,4% real y los de provincias 9,8% (valores reales), aún están 33% y 37% -respectivamente- por encima de los de 2005.

“Esto se explica principalmente por el hecho que entre 2016 y 2020 se eliminó la detracción del 15% a la coparticipación que financiaba a la ANSES desde el año 1993, aumentando así la participación provincial en la distribución de impuestos”.

“Queda claro que ambos niveles de gobierno deben seguir contribuyendo a la reforma tributaria y al resto de reformas estructurales, con un esfuerzo compartido, en algunos casos sustituyendo impuestos malos por otros menos malos.

“Pero en ambos casos -concluyen los autores- también bajando adicional y gradualmente el gasto, sin compensaciones entre fiscos de diferente nivel, para dar espacio fiscal a reducciones tributarias extras, que pongan en competencia a la producción local”.

El gobierno de Santa Fe proyecta cerrar el ejercicio fiscal 2025 con equilibrio en sus cuentas públicas, según estimaciones difundidas por el Ministerio de Economía. El cálculo prevé ingresos por $11.790,96 millones y gastos totales por $11.783,94 millones.

El dato se sostiene, además, en una inversión récord en gastos de capital, que alcanzaría los $1.136,33 millones en términos reales. El monto incluye partidas para patrulleros, ambulancias, equipamiento hospitalario y obras vinculadas a la educación.

La provincia proyecta una inversión real récord en gastos de capital para 2025. Créditos: Flavio Raina

La administración provincial destacó que, de confirmarse las proyecciones, se revertirá el resultado negativo registrado en noviembre, cuando se acumuló un déficit de $96.234,92 millones.

Según explicaron, ese rojo obedeció al uso de recursos propios para cubrir el faltante de aportes del Estado nacional al déficit de la Caja de Jubilaciones. Si esos fondos hubieran sido transferidos, el mes habría cerrado con un superávit de $125.375,55 millones.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, valoró el resultado proyectado y subrayó la “austeridad y eficiencia” en la administración: “Nos permitió mantener el equilibrio fiscal y generar un ambicioso plan de inversión pública”, afirmó.

Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe. Créditos: Manuel Fabatía

Olivares también aseguró que la provincia cumplió con las metas definidas por el gobernador Maximiliano Pullaro: “Si el Gobierno nacional hubiese cumplido con los aportes comprometidos, el superávit sería más amplio y podríamos haber concretado aún más inversiones”.

Desde el Ejecutivo provincial reiteraron que los gastos de capital no se vieron resentidos pese a la situación fiscal adversa, y que se priorizaron compras clave en materia de seguridad, salud y educación.

De esta manera, Santa Fe consolida un cierre de ejercicio con equilibrio financiero y récord histórico de inversión real, en un contexto nacional atravesado por ajustes, recortes y restricciones presupuestarias.

El vicerrector de la UBA y ex diputado nacional por la UCR, Emiliano Yacobitti, advirtió que el gobierno central publicó los montos de las transferencia de gastos de funcionamiento para universidades del mes de febrero." Será exactamente el mismo monto congelado que el de febrero 2023.

"Esta transferencia tiene una caída real del 72% en el valor de la transferencia mensual, representando menos de un tercio respecto de la de febrero 2023", dijo el político de Evolución Radical.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, en base devengado, a las universidades nacionales correspondieron partidas en enero (por todos los conceptos) por $146.850 millones, lo que a valores constantes supone una pérdida del 16,5%.

Para Nadin Argañaraz (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) "las transferencias a universidades nacionales fueron las menores de los últimos 9 años. Respecto al punto máximo de la serie en 2018, estuvieron un 41% abajo. En relación al promedio, la baja fue del 32%".

Yacobitti apuntó que "los gastos de funcionamiento representan las erogaciones esenciales para mantener el funcionamiento básico de los edificios (luz, agua, limpieza, mantenimiento mínimo) y conceptos entre otros como, por ejemplo, becas.

"No incluye programas especiales, ni obras de infraestructura. Tampoco incluye el funcionamiento de los hospitales universitarios, que afecta particularmente a Universidades como la UBA, siendo que la inflación en salud supera ampliamente a la inflación general".

En los cálculos de Yacobitti, "mientras estas partidas no se actualizan, la inflación interanual va por encima del 254%. Nunca una asignación tuvo tan poco poder adquisitivo como ésta que acaba de aprobarse.

"Es importante remarcar que la misma podría mejorarse reasignando partidas discrecionales del mismo presupuesto de universidades (2023) ya prorrogado", sugirió.

Enrique Mammarella, el rector de la UNL, le dijo horas atrás a El Litoral que los rectores no cortan el diálogo pero reclaman "que nos digan medianamente" cuál va a ser el presupuesto. Apuntó que "el presupuesto nuestro a valores reales es como tener un tercio de lo que percibíamos en enero del 2023".

La puja por la necesidad real de funcionamiento de las universidades, viene enmarcada en una fuerte disputa política e institucional. Horas atrás el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la decisión de "revisar y auditar la creación de universidades de Madres de Plaza de Mayo, Ezeiza, Delta, Río Tercero y Pilar". La Casa Rosada suspendió la designación de los rectores y reclamó conocer el destino de unos $800 millones que ya habían sido transferidos.

Yacobitti fue uno de los impulsores de la creación de esa universidades. Y en la última campaña presidencial -siendo diputado por el radicalismo y referente de la FUA- cuestionó fuertemente la propuesta de vouchers para la educación pública de Javier Milei.

El diputado nacional del PRO, Diego Santilli, sostuvo que "la creación de las universidades que impulsaba el kirchnerismo era para hacer caja apolítica. Por eso nos opusimos. Sabían que se iban y se querían refugiar en algún lado, como lo hacen hoy en la Provincia. La creación de universidades no puede responder a intereses militantes", advirtió.

Según la resolución de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la revisión busca "determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido, si las condiciones allí establecidas fueron realmente satisfechas y se encuentren debidamente documentadas y si la pertinencia, oportunidad y la previsión del crédito presupuestario correspondiente, en base a un estudio de factibilidad, avaló la iniciativa".

El gasto nacional de enero revela la magnitud y morfología del ajuste de la administración de Javier Milei. En el rubro de jubilaciones y pensiones ejecutó presupuestariamente 32,8% menos que en el mismo mes de 2022 a valores reales; en asignaciones familiares la caída fue del 32,5%; en programas sociales 59,6%; en gastos en personal 18%; en transferencias a provincias 53,3%; en transferencias a universidades 16,5% y en gastos de capital (básicamente obras públicas) 75,6%.

Los datos surgen del valioso informe que ofrece la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre la ejecución presupuestaria y en base a datos oficiales. "Durante el mes de enero de 2024, los ingresos de la Administración Nacional totalizaron $5.664.109 millones, mostrando una caída de 1,3% en términos reales respecto a igual período del año anterior", detalla el organismo que asesora a los legisladores nacionales.

No necesitó Milei de la motosierra. La inflación hizo la mayor parte del trabajo al licuar el valor de cada peso que reciben los destinatarios del presupuesto nacional.

El organismo a cargo de Gabriel Esterelles ratificó un anticipo de Luis Caputo. Incluso con menores recursos, el gobierno central logró un superávit financiero de 0,2% del PBI, a un costo social y territorial alto más allá de los "recortes por corrupción" que puedan justificarse en casos como los de 9 mil planes sociales detectados por la justicia a favor de empleados públicos.

Los números explican la tensión política y la incertidumbre sobre la tolerancia social al ajuste. Al tablero de la administración central hay que añadirle que el Impuesto al Valor Agregado creció 13,1% interanual en el primer mes del año, lo que supone inferir que la inflación mejoró la recaudación más de lo que le restó la recesión.

En la "caja" de MIlei y Caputo entraron $391,4 mil millones del impuesto País -411,6% más que en enero de 2023- y $606,4 mil millones por derechos de exportación. Son cifras que "embolsa" la administración central, mientras que Ganancias (la rebaja fue en sintonía con la financiación de la campaña de Sergio Massa) cayó 40,3% en su volumen a valores reales. Es plata que dejó de coparticiparse a las provincias.

Si la presidencia de Milei fue votada para recortar gastos de un país inviable, el Congreso opositor tiene mandato de representar sectores sociales y porciones territoriales cuyas necesidades no son menos imperiosas. Es un dilema: no hay país sin ajuste, como tampoco hay ajuste sin país.

Es en esa tensión donde se dirime -en el corto plazo- si el éxito de la baja de inflación producto del ajuste fiscal, llegará antes que las angustias políticas y sociales interpelen de manera liminar al presidente Milei.

Los números señalan que los gastos primarios sumaron $3.111.184 millones, lo cual implica una caída de 30,8% en términos reales. Con excepción de los subsidios al transporte (que crecieron 144,9% año contra año).

La OPC destaca que "todos los conceptos mostraron disminuciones reales en la comparación interanual, siendo las más significativas las observadas en los gastos de capital (-75,6% a/a), programas sociales (-59,6% a/a), transferencias corrientes a provincias (-53,3% a/a), jubilaciones y pensiones (-32,5% a/a), gastos en personal (-18,0% a/a), asignaciones familiares (-17,7% a/a) y transferencias a universidades (-16,5% a/a)".

Rigen los nuevos valores a partir de los cuales el organismo exige a bancos y billeteras virtuales que informe sobre sus clientes. Tienen que detallar acreditaciones, extracciones, saldos de las cuentas y depósitos a plazo fijo

Se actualizaron los valores mínimos a partir de los cuales los bancos y billeteras virtuales deben informar los movimientos en las cuentas bancarias y tarjetas de contribuyentes de todo el país. La última actualización se había realizado en 2022.

La decisión de la AFIP incrementó de $30.000 a $120.000 el monto mínimo a partir del cual las entidades financieras deben reportar consumos con tarjeta de débito. Asimismo, la Resolución General elevó de $90.000 a $200.000 la cifra mínima para informar las acreditaciones mensuales, extracciones mensuales, saldos de las cuentas y los depósitos a plazo fijo.

Desde Economía anuncian que se modificarán los límites de compra con tarjetas de crédito

En ese sentido, las entidades financieras comprendidas en la Ley N.º 21.526 y sus modificaciones deben informar las altas, bajas y modificaciones respecto de la nómina de cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas sueldo o de la seguridad social y cuentas especiales.

Asimismo, las entidades financieras deben informar el monto total acumulado de las acreditaciones mensuales efectuadas en las cuentas mencionadas, el monto total acumulado de las extracciones mensuales en efectivo efectuadas; los saldos de las cuentas mencionadas que al último día hábil del período mensual informado resulten iguales o superiores a $200.000; el monto total acumulado de los depósitos a plazo constituidos en el período mensual de información, los consumos con tarjetas de débito del titular y/o adicionales.

Las entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526 y sus modificaciones, deberán informar:

a) Las altas, bajas y modificaciones que se produzcan dentro de cada mes calendario, respecto de la nómina de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas sueldo o de la seguridad social y cuentas especiales -todas abiertas de conformidad con lo dispuesto por el Banco Central de la República Argentina en los textos ordenados denominados “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales”, “Cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas” y “Reglamentación de la cuenta corriente bancaria”-, así como cualquier otro tipo de cuenta que dicha autoridad establezca en el futuro, constituidas en sus casas matrices, filiales y sucursales, ubicadas en el país.

b) El monto total acumulado de las acreditaciones mensuales efectuadas en las cuentas indicadas en el inciso anterior, en moneda argentina o extranjera, cuando el mismo resulte igual o superior a DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000.-).

El Banco Central permite pagos con tarjetas de crédito a través del QR interoperable

c) El monto total acumulado de las extracciones mensuales en efectivo efectuadas de las cuentas indicadas en el inciso a), en moneda argentina o extranjera, cuando el mismo resulte igual o superior a DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000.-).

d) Los saldos de las cuentas mencionadas en el inciso a) que, al último día hábil del período mensual informado, resulten iguales o superiores en el mes -en valores absolutos- a DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000.-). Por lo expuesto, deberán considerarse los importes positivos y negativos.

e) El monto total acumulado de los depósitos a plazo constituidos en el período mensual de información, cuando el mismo resulte igual o superior a DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000.-).

f) Los consumos con tarjetas de débito del titular y/o adicionales -excluyendo los montos de extracciones en efectivo y cualquier otro monto que no implique consumo- en el país, cuando los montos acumulados sean iguales o superiores a CIENTO VEINTE MIL PESOS ($ 120.000.-) mensuales en cada cuenta informada en el inciso a).

Creció un 6,7% el uso de tarjetas de crédito en pesos durante abril

g) Los consumos con tarjetas de débito en el exterior, realizados por el titular y/o adicionales.

h) Las cobranzas de cheques por honorarios profesionales emitidos por juzgados u organismos del Poder Judicial, ya sea que se cobren mediante la acreditación en cuenta, transferencia bancaria o en efectivo por ventanilla.

i) Los datos identificatorios de los sujetos intervinientes en las operaciones aludidas en los incisos precedentes.

j) De tratarse de las cuentas denominadas ‘Cuenta especial repatriación de fondos – Resolución General AFIP Nº 4816/2020 y sus modificatorias’, ‘Cuenta especial repatriación de fondos – Aporte solidario y extraordinario. Ley 27.605′, ‘Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la Construcción Argentina (CECON.Ar). Ley 27.613′, ‘Caja de Ahorros Repatriación – Ley Nº 27.541′, ‘Cuenta Especial para Titulares con Actividad Agrícola – Comunicación ‘A’ 7556′ y ‘Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la Inversión y Producción Argentina (CEPRO.Ar). Ley 27.701′, además de la información requerida en los incisos precedentes, deberán informarse los datos indicados en el Apartado IX del Anexo con relación a todos los créditos y débitos efectuados en dichas cuentas, sin considerar los montos mínimos previstos en los incisos de este artículo.

Según la información del Banco Central, a diciembre de 2022 había en vigencia 51.657.757 de tarjetas de débito emitidas por entidades financieras en manos del público. Además, existen 86 millones de cuentas de caja de ahorro abiertas en bancos.

Desde este miércoles se incrementa de $30.000 a $120.000 el monto mínimo a partir del cual las entidades financieras deben reportar consumos con tarjeta de débito. Asimismo, la Resolución General 5338 llevó de $90.000 a $200.000 la cifra mínima para informar las acreditaciones mensuales, extracciones mensuales, saldos de las cuentas y los depósitos a plazo fijo

La resolución también aumentó los montos en el caso de los administradores de sistemas de procesamiento de pagos a través de plataformas de gestión electrónica o digital, incluyendo los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) -conocidas como billeteras virtuales- que fueron incorporadas a dicho régimen de información en julio de 2021.

Además, el régimen aplica cuando el tipo de operación, ya sea de ingreso o egreso (de efectivo, transferencia bancaria, en moneda extranjera, moneda digital) sea una transferencia bancaria o virtual, y ésta iguale o supere los $ 400.000.

El gasto en subsidios en los primeros cinco meses del año creció en términos nominales 130% en comparación con el mismo lapso de 2021, lo que representa, descontando el efecto de la inflación, un salto en términos reales cercano al 50 por ciento. El Gobierno asegura que una parte relevante de ese avance está explicado por el shock de precios internacionales por la guerra en Ucrania, que encareció el costo de la energía. 

De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Energía, desde enero hasta mayo de este año la cuenta presupuestaria de subsidios energéticos redondeó $572.982 millones, cuando un año antes, en el acumulado de los primeros cinco meses del año habían sido de $248.754 millones, lo que implica un salto de 130% nominal. En términos reales, según una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), representaría una suba de casi 50 por ciento. 

Las erogaciones para subvenciones energéticas serían, de esta manera, uno de los rubros del gasto que más incremento experimentaron en lo que va del año, junto con las Becas Progresar (196%), el Potenciar Trabajo (60,8% real), políticas alimentarias (27%), transferencias a provincias (23%) y transferencias a provincias (15,2 por ciento), siempre según la OPC. 

De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Energía, desde enero hasta mayo de este año la cuenta presupuestaria de subsidios energéticos redondeó $572.982 millones, cuando un año antes, lo que implica un salto de 130% nominal 

El gasto en subsidios no está explicado solamente por la cobertura de los precios de las boletas al consumidor, sino también por transferencias a la empresa de distribución mayorista de electricidad Cammesa ($407.000 millones, un 53,4% de aumento interanual) y para el Plan Gas ($15.000 millones). 

“El Gobierno parece querer utilizar el anuncio de la demorada segmentación tarifaria para poner al gasto público en una trayectoria compatible con la meta del FMI. También en el marco de las señales, Economía aclaró que el resultado fiscal del primer semestre estuvo afectado por aumentos transitorios en las prestaciones sociales debido a la aceleración de la inflación producto del shock internacional. Sin embargo, a priori no parece que la reducción de los subsidios vaya a ser suficiente para alcanzar la meta fiscal de -2,5% para 2022″, mencionó un informe de PxQ. 

“Teniendo en cuenta lo anterior se tiene que el ahorro de subsidios estimado para 2022 alcanza los USD 133 millones. Sobe una base estimada de subsidios a la energía de 2,9% del PIB para el año en curso, ese ahorro equivale al 0,03% del PIB. Si se simula el impacto en base anual, el ahorro anualizado debido al nuevo esquema de segmentación sería de 0,07% del PIB”, continuó. 

Desde el Poder Ejecutivo aseguraron que “hay un factor de estacionalidad desde marzo y abril”, en las cuentas públicas, en relación al impacto de los subsidios, y aseguraron que “en mayo se moderó esa estacionalidad”. “Lo que tenemos que esperar para estos meses es una concentración del gasto. Si pudiéramos ver solo los subsidios a la energía se nota la estacionalidad por mayor cantidad de buques por precios que escalaron por la guerra en Ucrania”, mencionaron. 

El primer pago del refuerzo salarial para sectores vulnerables del mercado laboral y para jubilados, que insumió unos $125.000 millones al Tesoro, provocó en mayo un incremento en el ritmo del gasto público de casi 90% interanual, mientras los ingresos del Estado avanzaron a 58 por ciento. Con esta diferencia, el déficit primario del quinto mes del año fue de $191.000 millones, mientras hace un año había registrado el sector público un superávit de $25.714 millones. 

El gasto público tuvo un pronunciado salto de 88,6% al analizar el gasto primario corriente. Dentro de ese rubro se destacaron las prestaciones sociales que casi se duplicaron: pasaron de $384.000 millones en mayo de 2021 a $747.000 millones el mes pasado (+94 por ciento). Según explicaron fuentes oficiales, se trató del impacto en las cuentas públicas del paquete de asistencia salarial que lanzó el Gobierno tras el pico inflacionario de marzo, que tendrá -dividido entre mayo y junio- un costo fiscal cercano a los $210.000 millones. 

De todas formas, admitieron que todavía están en revisión cómo serán los nuevos objetivos trimestrales en términos nominales, por la recalibración que se negoció entre la Casa Rosada y el Fondo Monetario, que incluyen además proyecciones de inflación y de crecimiento del PBI. Por esa razón, reconocieron, el Ministerio de Economía evitó estimar a qué porcentaje del PBI equivalen los $191.000 millones de déficit primario alcanzado hasta mayo. Según calculó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), esa cifra sería de 0,76% del Producto.