El Gobierno nacional aceleró las negociaciones con gobernadores y bloques aliados para intentar destrabar su proyecto de reforma electoral, aunque por estas horas reconoce que no cuenta con los votos necesarios para aprobar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los principales objetivos políticos de la administración de Javier Milei.

Esta posibilidad había sido advertida oportunamente por la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, que últimamente está marcando diferencias con el Poder Ejecutivo en cuestiones como la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, o el retiro del pliego judicial de María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

No obstante, en primera instancia el gobierno insistió con la versión original de la iniciativa, particularmente en lo que respecta a la eliminación de las PASO.

Karina Milei y Adorni encabezaron la reunión de Mesa Política para avanzar con nuevas reformas legislativas.

La discusión se reactivó en el marco del diseño de la estrategia parlamentaria de la mesa política del oficialismo, para fijar la hoja de ruta legislativa de cara a junio y activar la mayor cantidad de proyectos posibles antes de que empiece el Mundial de Fútbol, período en que la actividad legislativa suele decaer de manera significativa.

De esos encuentros participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; Adorni, los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

En aquellas oportunidades, la hermana del mandatario nacional remarcó la importancia de que se eliminen definitivamente las PASO, al argumentar que son un gasto innecesario por parte del Estado y no tienen buena imagen en la sociedad.

El Poder Ejecutivo ya dio esta discusión a finales del 2024, pero con una minoría mucho más marcada en el recinto, durante las sesiones extraordinarias del año pasado solamente pudo conseguir que se suspendieran por única vez. Ahora, la cúpula libertaria estaba decidida a ir a fondo para derogarlas, hasta que constató que no cuentan con los votos necesarios.

Más allá de eso, el proyecto contempla cambios en el financiamiento de los partidos políticos, la implementación de la Boleta Única de Papel, mayores exigencias para conservar la personería partidaria y la incorporación de Ficha Limpia al régimen electoral nacional; otra inclusión resistida por la oposición dialoguista, que prefiere sea tratada por separado.

Justamente, las resistencias registradas entre sectores del PRO, la UCR y representantes provinciales, obligaron al oficialismo a revisar su estrategia. Y comenzaron a barajarse alternativas como las de mantener las primarias, pero quitar la obligatoriedad para los electores, o bien incluso resucitar una suerte de ley de lemas, pero solamente para cargos legislativos.

En todos los casos, el objetivo es garantizar que nadie de los aliados dispute la candidatura presidencial a Javier Milei. Y que, finalmente, con listas legislativas propias, confluyan en apoyarla.

La ley de lemas, bien conocida y derogada en nuestra provincia, permite que cada frente presente varias listas. La que obtenga mayor cantidad de votos, suma la de todos los votantes de esa fuerza. En el caso de las nóminas parlamentarias, los puestos se distribuyen de manera proporcional por el sistema D’Hont. Este mecanismo aún se utiliza en Santa Cruz, Formosa y Misiones.

La otra variante, contra la de forzar a los partidos a dirimir sus candidatos por internas cerradas, es la de permitir que puedan seguir utilizando las primarias, pero con participación ciudadana voluntaria.

Desde la Casa Rosada sostienen que las PASO representan un gasto elevado para el Estado y consideran que, con el paso de los años, terminaron funcionando más como una gran encuesta nacional que como un mecanismo efectivo para seleccionar candidatos. También argumentan que fomentan disputas internas dentro de las coaliciones políticas.

Por eso es que hay sectores del oficialismo que continúan criticando la alternativa de que sean optativas, al entender que no soluciona el problema del gasto que conlleva el proceso, sino que solamente lo reduciría, en el mejor de los casos.

Patricia Bullrich, presidente del bloque LLA en el Senado.

Por lo pronto, Bullrich se concentra en la sesión que tendrá esta semana, en la que buscará la media sanción para el pago de la deuda a los holdouts y la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”, así como también -posiblemente- tratar los pliegos judiciales.

En este último punto, el inesperado punto de fricción política se produjo a partir de la repentina instrucción presidencial de retirar el pliego a jueza de Michelli, luego de haberlo enviado y de que obtuviese dictamen aprobatorio en comisión, junto con la profunda tanda de postulaciones remitida por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Luego de que Bullrich anticipara que no se plegará a la pretensión del Ejecutivo, haciendo uso de la “objeción de conciencia” y de que el bloque PRO adelantara el mismo temperamento, la senadora santafesina Carolina Losada salió a confirmar que votará “en contra” de retirar el pliego y que el bloque radical, de 10 miembros, votará igual.

Carolina Losada, senadora radical por Santa Fe, junto a Eduardo Galaretto.

“No encuentro ninguna razón para que no pueda ser jueza y la voy a apoyar”, dijo Losada. Y advirtió que “hasta que no haya una razón que esgrima el Ejecutivo, para mi es una candidata super válida, muy formada, que dio una entrevista brillante ante la Comisión de Acuerdos”.

“Ella estuvo en la Comisión y no sabíamos si es cuñada de alguien, solo la valoramos por sus propias cualidades, porque no se puede evaluar a una persona porque es cuñada de alguien, ella es una persona con una carrera y con cualidades suficientes”, resaltó Losada.

Por Carlos Felice (*)

En los últimos años, la salud mental dejó de ser un tema periférico para ocupar un lugar central en la conversación pública. La pandemia, el deterioro económico y los cambios sociales aceleraron una demanda que los sistemas de salud ya venían absorbiendo con dificultad. Sin embargo, cuando se observa cómo los Estados asignan sus recursos, aparece una pregunta incómoda: ¿la prioridad discursiva se refleja realmente en los presupuestos?

La comparación entre Estados Unidos y Argentina permite iluminar esta tensión con bastante claridad. A primera vista, la distancia es abrumadora. Estados Unidos destina cientos de miles de millones de dólares a salud mental, canalizados en gran parte a través de programas como Medicaid y Medicare. La escala de recursos ha permitido desarrollar una red amplia de servicios, con innovación en áreas como la telesalud y la atención en crisis.

Pero ese volumen de financiamiento convive con problemas estructurales difíciles de ignorar. El acceso sigue siendo desigual, los costos de bolsillo continúan siendo una barrera para muchos pacientes y la fragmentación del sistema conspira contra la continuidad de los tratamientos. En otras palabras, Estados Unidos muestra que gastar mucho no necesariamente implica resolver el problema. La abundancia de recursos no corrige, por sí sola, las fallas de diseño.

Argentina, en el extremo opuesto, enfrenta una limitación más básica: la escasez. La inversión en salud mental ronda el 2% del gasto total en salud, muy por debajo de las recomendaciones internacionales. Esta cifra no es solo un dato técnico; es, en los hechos, una señal de prioridad relativa dentro de un sistema tensionado por múltiples urgencias.

Lo paradójico es que el país cuenta desde hace más de una década con un marco normativo avanzado, que propone un cambio de paradigma hacia la atención comunitaria y la integración social de las personas con padecimientos mentales. Sin embargo, esa arquitectura legal convive con una implementación incompleta y desigual. La falta de financiamiento sostenido, sumada a la fragmentación entre niveles de gobierno y subsistemas, termina diluyendo el impacto de políticas que, en el papel, resultan razonables e incluso ambiciosas.

En la práctica, esto se traduce en un sistema donde el hospital psiquiátrico sigue ocupando un lugar predominante, mientras que los dispositivos comunitarios avanzan con lentitud. También se expresa en brechas territoriales marcadas: no es lo mismo acceder a atención en un gran centro urbano que en muchas regiones del interior. Y, como suele ocurrir en Argentina, las restricciones macroeconómicas terminan condicionando cualquier intento de planificación de mediano plazo.

El aumento de casos expone las debilidades estructurales de los sistemas de salud mental.

La comparación entre ambos países deja una enseñanza menos obvia de lo que parece. No se trata simplemente de cuánto se gasta, sino de cómo se organiza ese gasto. Estados Unidos enfrenta el desafío de ordenar un sistema caro y fragmentado; Argentina, el de fortalecer uno que es insuficiente y también fragmentado. En ambos casos, la palabra clave es la misma: coherencia.

Porque la salud mental tiene una particularidad que la distingue de otras áreas sanitarias: requiere continuidad, coordinación y cercanía. No alcanza con financiar prestaciones aisladas si no existe una red que acompañe al paciente en el tiempo. Tampoco alcanza con leyes bien redactadas si no hay recursos para sostenerlas.

En la Argentina, la discusión pendiente no debería limitarse a reclamar más presupuesto —aunque claramente es necesario—, sino a preguntarse cómo se asigna lo poco que hay. Priorizar la atención comunitaria, integrar los distintos subsistemas y reducir las desigualdades territoriales no son objetivos incompatibles con la restricción fiscal; son, en todo caso, condiciones para usar mejor los recursos disponibles.

Estados Unidos, por su parte, ofrece una advertencia útil: incluso con financiamiento abundante, un sistema puede fallar si no logra articular sus componentes. La lección, entonces, es doble. Ni el gasto elevado garantiza resultados, ni la escasez justifica la inacción.

En un contexto donde la demanda de atención en salud mental seguirá creciendo, ambos países —cada uno desde su realidad— enfrentan el mismo desafío de fondo: transformar recursos en resultados. Y para eso, más que gastar más o menos, la cuestión decisiva es cómo hacerlo.

(*) Presidente de OSPAT

(Télam) - El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (La Libertad Avanza-La Rioja), afirmó que se inicia "un proceso de revisión" en la Cámara baja para recortar gastos y aseguró que "se respira un aire de apoyo" dentro de ese cuerpo legislativo."Hemos tomado algunas decisiones. A partir de esta gestión no va a haber más pauta publicitaria y pasan a revisión todos los viajes al exterior que se venían haciendo para ver cuáles son realmente los que tienen alguna trascendencia importante para el Poder Legislativo y cuáles no", afirmó Menem en declaraciones a radio CNN.Sobre su función como titular de la Cámara Baja, Menem añadió que "se inicia un proceso de revisión" en el organigrama y otros datos para "ver dónde se puede achicar y recortar el gasto."No obstante, el legislador aclaró que se tendrá en cuenta a "mucha gente que trabaja y presta un servicio espectacular dentro del Poder Legislativo".Además, Menem sostuvo que, por un lado, estará enfocado en "ser el árbitro en los debates de las leyes" que se tratarán en la Cámara baja, y por el otro en "administrar los recursos que recibe el Poder Legislativo de parte de la Nación"."Se respira un aire de apoyo. Tengamos en cuenta que es la Cámara de Diputados más fragmentada de la historia. Hay voluntad de apoyar las reformas económicas que plantea el Poder Ejecutivo porque todos saben que el camino que venía llevando adelante la Argentina es el que nos trajo hasta acá", afirmó.Por otro lado, sostuvo que la gestión de Milei recibió "una bomba de tiempo", pero aseguró que la convicción del Presidente "es terminar con la inflación" y anticipó que las consecuencias de la gestión anterior "las estamos pagando ahora y las vamos a pagar los próximos 18 o 24 meses".En tanto, destacó que "es la primera vez que el Gobierno está haciendo un ajuste que va a arriesgar en una gran parte en el sector público, muy por encima del sector privado" y que las medidas tomadas que perjudican al sector privado "van a ser transitorias".

Foto: archivo."La protesta es un derecho constitucional, pero no debe colisionar con otros derechos establecidos también en la Constitución, como es transitar libremente por el país. Hay que ser respetuoso de la voluntad popular", expresó.Agregó que el presidente "tiene una legitimación política total" ya que la mayoría de los argentinos "no eligió ir a manifestarse a la plaza" sino que "eligió a Javier Milei y una transformación" y que lo electores "sabían que era duro"."Ojalá que todo sea de manera pacífica y que la Argentina se encamine rápidamente hacia las reformas que tenía que hacer para salir adelante", subrayó.Finalmente señaló que su tío y expresidente, Carlos Saúl Menem, "estaría muy contento" por la reivindicación de su figura y aseguró que "no hubiera tenido ninguna duda " de votar a Javier Milei" y que el modelo de país que plantea "es el correcto"."Milei tuvo que aplicar medidas de emergencia. Era un paciente que entró en la guardia con todos los males que puede tener y hay que atacar rápidamente la enfermedad para salir adelante. Va a llevar tiempo, sí. Duele, sí sabemos que duele, pero la convicción es lo más importante que tiene el presidente. A la larga va a terminar beneficiando a todos los argentinos", completó.

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El Gobierno confirmó este martes que gastará más de 942 millones de pesos en servicios de logística para las elecciones de este 2023, en concepto de impresión de padrones electorales y fajas de seguridad, entre otras cosas.

La cifra quedó oficializada a través de la Decisión Administrativa 51/2023, que fue publicada en la última edición del Boletín Oficial y que llevó la firma del jefe de Gabinete, Juan Luis Manzur, y del ministro del Interior, Wado de Pedro.

“Adjudícase la Contratación Directa por Adjudicación Simple Interadministrativa N° 81-0025-CDI22 a la Sociedad de Estado Casa de la Moneda (CUIT N° 30-54667697-4), por un monto total de $942.134.800”, detalló el artículo 2° de esa normativa.

El servicio de logística en cuestión, que contempla $942.134.800, incluye “procesamiento de archivos maestros, impresión de padrones electorales y provisión de elementos autoadhesivos de seguridad para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y Generales a Presidente”, así como también para una “eventual segunda vuelta, para Legisladores Nacionales y para parlamentarios del Mercosur”.

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En específico, el convenio con la Casa de la Moneda destinará 811 millones de pesos para la impresión de 50.500.000 de padrones, 352 mil pesos para el multicopiado de 650 DVD’s y 30 millones de pesos para la provisión de 2.175.000 fajas y rótulos autoadhesivos de seguridad.

Las fajas de seguridad serán utilizadas para “cerrar urnas de cartón corrugado, razón por la cual deberán adherirse al LINER o cara del cartón haciendo evidente su remoción e imposibilitando la reutilización de la faja”.

Por su parte, el ministro del Interior queda autorizado para “aprobar la ampliación, disminución, resolución, rescisión, declaración de caducidad y aplicación de penalidades al adjudicatario y/o cocontratante, respecto de la Contratación Directa que por este acto se adjudica”.

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