Una crisis de abastecimiento de gas, que no es producto del frío sino de la ausencia de inversiones y de políticas comerciales adecuadas a nivel nacional, viven por estas horas las actividades económicas que requieren de manera intensiva del uso de ese combustible.

Por primera vez en su historia, la interrupción del suministro llega a la llamada "demanda prioritaria", es decir, aquellas actividades industriales que por su volumen de consumo ya cuentan con contratos que les garantizan esa provisión, aún en meses fríos.

A diferencia de lo sucedido en otros períodos con bajas temperaturas, en los que es común que se les corte el gas a las industrias con contratos interrumpibles, esta vez el cierre de válvulas ordenado por el gobierno nacional alcanza a quienes pagan para tenerlo garantizado por lo crítico de las pausas en sus procesos productivos.

En las primeras horas de este miércoles 29 de mayo, empresas fabriles con contratos ininterrumpibles recibieron una nota de sus respectivas distribuidoras que les advirtieron que se ha declarado en el sector del transporte de gas una "Situación de Fuerza Mayor" que, en pocas palabras, significa que solo tienen los gasoductos troncales de la Argentina lo suficiente para atender la demanda de los hogares.

Junto a este texto se muestra el caso de una firma de la ciudad de Rosario a la que le llegó la orden de no consumir gas. La comunicación queda a cargo de Litoral Gas, pero (por tratarse de una distribuidora) la empresa explica que se trata de una decisión completamente ajena.

Cada invierno, que este año se adelantó unos días, el Estado Nacional a través de la empresa Enarsa debe comprar a buques con gas natural licuado (GNL) para cubrir el aumento estacional de la demanda en los hogares, producto de la calefacción.

Desde hace décadas, basta con suspender el abastecimiento a los contratos comunes de las industrias que compran ese insumo en el mercado mayorista. Pero ahora, se ha debido ordenar lo mismo a quienes tienen paga su prioridad.

Escobar cuenta con una planta regasificadora para inyectar gas natural licuado al gasoducto de Transportadora de Gas del Norte.

Lo sucedido muestra la debilidad de la Argentina para cubrir sus requerimientos energéticos, pese a contar con yacimientos de gas natural de extracción no convencional (por el método de fracking o fractura de rocas porosas que lo guardan) en Vaca Muerta. El gobierno nacional anterior no terminó la conexión de ese yacimiento con el resto del sistema troncal y, aunque faltaba una obra considerada menor frente al resto de la inversión, las autoridades nacionales actuales optaron por no continuar con esa licitación y revisarla. Las gestiones para volver a poner en marcha esos trabajos ya han terminado, pero recién para el frío de 2025 estarán en condiciones de ser aprovechadas.

Mientras tanto, la dependencia argentina del gas importado en buques solo puede suplir otros abastecimientos como el que antes proveía Bolivia o u otras cuencas en el territorio nacional que los expertos consideran en baja.

En la crisis actual, una diferencia comercial en una operación de compra hizo fracasar la adquisición de GNL a la empresa brasilera Petrobrás que decidió no descargar su valiosa carga de un buque en las instalaciones regasificadoras de la ciudad bonaerense de Escobar. La firma proveedora no aceptó como medio de pago una carta de crédito.

Sin gas a cambio de una promesa de pago, ni la chance de solicitar a las autoridades políticas brasileras el "fiado" como se hubiera resuelto en otras gestiones, tanto del justicialismo como de Cambiemos, la ausencia de gas puso en crisis a Transportadora de Gas del Norte, que declaró la alerta y la situación de fuerza mayor. El corte de suministro incluso le ocasionó un problema técnico en dos plantas compresoras de TGN.

De inmediato, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) formó un comité de emergencia y así han quedado sin producir por falta de gas las 100 industrias más grandes del país ubicadas sobre la ruta 9 en territorio bonaerense y junto la autopista Santa Fe-Rosario, en el territorio del mapa de la bota. Y lo mismo en empresas de Córdoba y Mendoza.

Pese al rechazo de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos consiguió hoy en la Cámara de Diputados la media sanción al proyecto de ley que crea un régimen promocional por 30 años para el desarrollo de toda la cadena de valor del Gas Natural Licuado (GNL), con fines a la exportación.

La iniciativa, que había sido pedida especialmente por el ministro de Economía, Sergio Massa, cosechó 126 votos afirmativos, siete negativos y 102 abstenciones.

Para construir la mayoría, el oficialismo contó con el apoyo de una parte del interbloque Federal, Provincias Unidas, el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa (MPN), y Aníbal Tortoriello del PRO.

En cambio, votaron en contra los liberales Javier Milei y Carolina Píparo, los diputados del Frente de Izquierda, y el legislador del PRO Gabriel Chumpitaz.

Cámara de Diputados de la Nación. Crédito: Juan Vargas / NA

La mayor parte de Juntos por el Cambio optó por la abstención, postura a la que se sumaron los socialistas Mónica Fein, Enrique Estévez, el cordobés Carlos Gutiérrez, y los diputados del bloque SER, Felipe Alvarez y Claudio Vidal.

La iniciativa, que había sido pedida especialmente por el ministro de Economía, Sergio Massa, fue enviada por el Poder Ejecutivo en mayo de este año, pero comenzó a ser tratado en el Congreso recién en julio.

Antes de votar, el oficialismo aceptó una serie de modificaciones que había previamente pactado con Identidad Bonaerense.

A instancias de un pedido de Graciela Camaño, se aceptaron cambios vinculados al cumplimiento estricto de las obligaciones ambientales por parte de los adquirientes de los proyectos transferidos.

También se subsanó un error advertido por la diputada Pamela Verasay referido al cálculo de la retención, "cuando cambia el precio de referencia, y aplica el porcentaje que le corresponde a ese precio de referencia, es una retención escalonada escalonada, en vez de ser progresiva".

El presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Santiago Igón (Chubut), admitió la falla y aceptó modificar el artículo correspondiente.

Como miembro informante del oficialismo, el chubutense explicó que la norma "declara de interés público nacional todo lo que es la licuefacción del gas para la exportación del GNL", además de crear "un régimen promocional que está comprendido aquellas inversiones en bienes y obras de infraestructura que están relacionadas con el GNL".

El diputado kirchnerista destacó que ya habían sido aceptadas modificaciones, como el establecimiento de una inversión mínima de mil millones de dólares, o la capacidad para generar un mínimo de millón de toneladas de GNL por año.

Sobre los beneficios, precisó que los emprendimientos recién comenzarán a pagar en materia de derechos de exportación cuando el millón de BTU supere el precio de 15 dólares, al considerarse que por menos de ese monto la rentabilidad no está garantizada.

"Entre los 15 y 20 dólares empezamos a contar con una escala que va de 0 a 8% de derecho de exportación. Pero cuando tenemos la posibilidad de que este valor aumente los 20 dólares, entre los 20 y 25 dólares, ese porcentaje va a ser de 12%. Cuando ese valor supere los 25 dólares, y esté entre los 25 y 30 dólares, el porcentaje va a ser entre el 12 y 14%; y a partir de que supere los 35 dólares, va a ser del 15% y a partir de ahí queda fijo", detalló.

Según Igón, "esta es una actividad que viene a cambiar una matriz productiva" y "va a generar los dólares necesarios".

"No solamente va a ser la zona núcleo del país la que esté aportando en su gran mayoría esos dólares, sino que es una actividad encabezada por las provincias patagónicas, particularmente Neuquén, que le va a estar dando esa posibilidad también a la República Argentina. Por eso digo que esto contiene a todo el país y el Estado nacional", estimó.

(Por César Rodriguez) – Comienza el 2023, y si bien se mantiene el mismo panorama político que el año pasado, se intensifica al ingresar de lleno en la temporada de campañas electorales de cara a las elecciones con fecha en agosto y octubre.

El Congreso de la Nación será reflejo durante los próximos meses del intenso debate entre oficialismo y oposición, potenciado con las propias discusiones internas.

El Ministerio de Economía de la Nación conducido por Sergio Massa implementó distintos programas tendientes a estabilizar las variables macroeconómicas: negociaciones con el FMI, pago de deuda, Precios Justos y dólar soja, entre otros.

En medio de un contexto nacional e internacional complejo, algunos temas han quedado en el tintero.

Los proyectos que quedan pendientes para 2023 y que podrían ser tratados en sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación durante la segunda mitad de enero son:

Aquellos que decidan exteriorizar activos hasta el 31 de marzo pagarán una alícuota de apenas 2,5% sobre el monto exteriorizado. En el caso de cuentas en el exterior, si deciden repatriar los fondos se mantendrá ese nivel y se los mantienen fuera del país se aplicará el doble de alícuota, es decir 5%, en línea con lo establecido en el acuerdo de intercambio de información tributaria que el Gobierno firmó con Estados Unidos. Además, habrá un régimen simplificado para que pequeños y medianos inversores puedan exteriorizar activos no declarados, cuando el monto máximo no supere los 50.000 dólares. En este caso la alícuota será de solo 1,5%. Para ingresar en este régimen simplemente habrá que presentar una declaración jurada informativa.

Premio para cumplidores: Se constituirá un fondo de reserva y a fin de año se utilizará parte de la recaudación como incentivo a quienes mantengan sus cuentas en orden y se acaten a los vencimientos.

Se trata de un programa a largo plazo que otorga 30 años de estabilidad fiscal y de reglas económicas claras para el sector para aprovechar de la mejor manera posible los recursos naturales.

La iniciativa relacionada con el GNL es clave para atraer inversiones extranjeras, como el acuerdo de Petronas con YPF, para desarrollar la infraestructura necesaria para exportar el gas de Vaca Muerta.

En cuanto a la ley de hidrógeno verde, se pone el foco en la producción dentro del país, su utilización en procesos industriales, desarrollo de cadenas de valor y la consolidación de focos productivos, de transporte, logística y exportación.

Tiene como objetivo integrar las cadenas productivas del sector agropecuario para incrementar el porcentaje de valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología, como semillas, fertilizantes, y genética; generar puestos de trabajo; apuntalar el crecimiento inclusivo de las economías regionales; y generar más ingreso de divisas para el país y el sector.

Busca establecer un mecanismo de adhesión voluntaria que permite a las personas prever y reparar la falta o insuficiencia de aportes.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, este nuevo plan de pagos permitirá a las personas realizar el esfuerzo contributivo para regularizar sus aportes previsionales faltantes y así, obtener el derecho a la Prestación Básica Universal.

Este plan constará de dos componentes que buscan dar respuesta, el primero, a una situación de urgencia, como es la de las personas que ya tienen la edad jubilatoria y se quedan sin instrumentos jurídicos para poder jubilarse; y el segundo, busca abordar una situación de mediano plazo que, según los datos con los que ya se cuenta en los registros administrativos de la seguridad social, hace prever que durante los próximos años subsistirán dificultades estructurales para que las personas puedan jubilarse.

El proyecto de ley se tratará en sesiones extraordinarias del Congreso para compensar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la coparticipación. El objetivo es conseguir $200.000 millones que el Gobierno Nacional deberá enviar a la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto prevé un incremento de la alícuota que paga el juego online y, por otro lado, extender temporalmente a todo el país el impuesto a los intereses de las Leliq que cobra la Ciudad.