Gabriel Somaglia fue secretario de Justicia durante las gestiones justicialistas de Jorge Obeid y de Omar Perotti, pero también fue fiscal municipal en la ciudad de Santa Fe.

Hoy, de nuevo en su estudio jurídico y docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL habló con El Litoral sobre las reformas judiciales realizadas y las que están en marcha pero también sobre temas que hacen a la futura reforma constitucional.

- En primer lugar, el hecho que el Ejecutivo cuente con mayoría propia en el Legislativo facilita la articulación y producción de políticas legislativas de transformación, especialmente aquellas que afectan al Poder Judicial.

A mi juicio, son destacables aquellas leyes para otorgar mayor competencia y atribuciones al fiscal general del MPA, que permite a su titular no solo ejercer con más eficacia su poder, sino asumir mayores responsabilidades.

También la adhesión a la ley de narcomenudeo, la llamada ley de Inteligencia, la absorción del Registro Público de Comercio por Inspección General de Personas Jurídicas, la unipersonalización de algunos tribunales civiles de familia y daños, como así la llamada reforma judicial, que más que una reforma propiamente dicha, hizo hincapié en la edad de jubilación de los miembros del máximo tribunal.

Independiente de algunas críticas que podrían hacerse a esas normas, y más allá que muchas de ellas habían sido abordadas y luego truncadas en la gestión del gobierno anterior, las leyes sancionadas abonan un plan claro del Ejecutivo, que vio campo fértil en el legislativo.

Obteniendo así, sanciones inmediatas a consecuencia de una oposición atomizada, en especial del justicialismo, que no alcanza a ejercer, menos aún liderar, un contrapeso unívoco y eficaz en la política legislativa, y de una marcada distancia con el Poder Judicial.-

A éste Ejecutivo le quedan desafíos por abordar en el quehacer judicial. Por ejemplo proyectar una gran reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial; un nuevo Código Procesal Civil y Comercial; un Código de Defensa a los Consumidores.

Para ello, podrían aprovecharse los proyectos dejados en la gestión anterior, y poner mucho empeño en reglamentar las nuevas funciones de la IGPJ, en especial por los recursos humanos especializados que demandará el vínculo de dicha oficina con el quehacer empresario.

Sumo un debate que deberá abrirse acerca de un fuero electoral. Finalmente, las diferencias habidas en 2024 entre las cabezas de los Poderes Ejecutivo y Judicial no han sido institucionalmente satisfactorias, ambas han jugado sus roles, se han mantenido firmes en sus convicciones, viviéndose momentos de gravedad institucional.

En 2025 habrá que tender nuevos puentes que unan los extremos y el arco político no puede ser un mero espectador, ni portar la camiseta de su equipo preferido, sino ayudar a coser lo descosido.

- No conozco a la doctora Margarita Zabalza, sólo por referencias. En cambio a Jorge Baclini y a Rubén Weder los conozco mucho y desde hace tiempo. Son hombres con experiencia, probos e idóneos para ocupar una silla en la Corte.

Con ambos mantengo una gran relación. Al primero lo conocí hace 20 años cuando concursó y accedió a la magistratura e integraba el Colegio de Magistrados, supimos sostener la relación y ya en 2019 siendo él Fiscal General del MPA el vínculo fue, por momentos más tenso, pero siempre nos condujimos con respeto.

En cambió el vínculo con Weder se remonta a 40 años atrás cuando ambos trabajábamos y estudiábamos derecho acunando nuestros primeros hijos, luego el afecto por el derecho nos supo unir para concluir tiempo atrás compartiendo el gabinete de Perotti, sería un orgullo que su propuesta sea acogida.

- No soy afecto a los órganos extrapoder. En el caso de los ministerios públicos, deberían continuar ubicados en la esfera del Poder Judicial porque sus funciones resultan inherentes al quehacer de dicho poder, pero más allá de su autonomía funcional debería ser dotado de autonomía financiera en modo autárquico.

El Consejo de la Magistratura debería continuar en el ámbito del Ejecutivo. A su integración actual habría que sumar no sólo algún miembro del legislativo, sino además, un miembro de la Corte.

Las funciones deberían ser ad honoren, por plazos determinados, pero que de ninguna manera pueda tener injerencia en la economía del Poder Judicial. Su competencia debe limitarse a los procesos de selección y la terna que de él surja sea vinculante para el Ejecutivo.

No creo que deba contar con potestades sancionatorias o de enjuiciamiento, para esto deberá regularse en un nuevo tribunal o jurys de enjuiciamiento, no sólo para jueces, sino también para fiscales y defensores, abandonando el actual régimen de punición.

- La discusión es de vieja data. El 123 de la Constitución Nacional dice cada provincia dicta su propia Constitución asegurando la autonomía municipal reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

Tanto la Corte provincial como el ámbito político técnico han expresado sobre diversos grados de autonomía de los municipios.

Por ejemplo, en lo político, al poder elegirse sus autoridades con base democrática; en lo administrativo con su propia estructura de gobierno y de servicios públicos; en la autonomía económica y financiera traducida en la potestad de recaudar e invertir fondos para cometidos esenciales.

Y todo ello compete a las provincias determinar el contenido político y la extensión de la autonomía, sea vía reforma constitucional o legislación local.

En Santa Fe, la autonomía es semi plena, se carece de autonomía institucional o plena, o autonormatividad constituyente, como dice Rosatti. Hoy los municipios no pueden dictar sus propias cartas orgánicas. Y ello no es inconstitucional.

Se insiste que los municipios santafesinos deben alcanzar autonomía plena o institucional de poder darse sus propias cartas orgánicas. Tal decisión es política, y así ha sido solicitada tal autonomía. Pero a la hora de conferir un mayor grado de poder local y mayor control de ése orden habrá que establecer pautas claras.

¿Hay reglas o realidades uniformes en los municipios santafesinos? ¿Es oportuno o posible abrir la puerta para que cada Municipalidad dicte su propia carta orgánica, o que sólo algunas puedan hacerlo conforme con su propia realidad?.

Cada municipio constituye una comunidad con vida propia dice el 106 de la Constitución provincial, pero aunque con realidades heterogéneas, deben encontrarse puntos comunes de estrategias de región, cultura, situación física y demográfica, industrialización, etc. que permitan normativizar su realidad.

Pero ello no es privativo de cada municipalidad, sino del legislador, o ahora del constituyente, a quien compete definir el alcance y contenido de la autonomía municipal local, que podrá ser igual o distinta en cada municipio.

Este debate deberá ser muy serio y racional, y no podrá pasar desapercibido el tema de los recursos. La mera posibilidad que los municipios puedan dictar sus propios códigos tributarios sin sujeción a reglas básicas generará un riesgo potencial.

Deberán establecerse pautas objetivas y uniformes de una organización tributaria correspondiente con el sistema provincial, de modo de no caer en alícuotas tributarias diferentes en áreas regionales similares que una vaya en desmedro de otro municipio. Esto debe ser el que debe quedar más claro.

El secretario de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, decidió apartarse de su función en el gabinete de Omar Perotti. Según pudo confirmar El Litoral, el funcionario ya presentó la renuncia, que será aceptada el próximo martes. Su reemplazante sería Eduardo Massot, actualmente secretario de Trabajo.

En cuanto a las razones del alejamiento, están cifradas fundamentalmente en razones de salud. Durante sus últimos meses, su gestión se vio afectada y sometida a desgaste, por cuestiones vinculadas al concurso para cargos del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de Defensa.

Aunque el gobierno defendió categóricamente la seriedad y transparencia del proceso frente a las críticas de la oposición y distintos actores vinculados al quehacer judicial, Somaglia se excusó de seguir interviniendo tras la difusión de una serie de audios que lo vinculaban con el supuesto encubrimiento de acciones cuestionadas del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain.

Desde entonces, el trámite del concurso quedó en manos de la ministra de Gobierno, Celia Arena, y se redujo notoriamente la participación pública del propio Somaglia.

De acuerdo a lo que pudo establecer este diario, la decisión era formalizar la renuncia en el curso de la próxima semana, pero finalmente se decidió adelantarla ante los rumores que ya habían trascendido.

En las últimas horas se presentó un pedido a la fiscalía para que se notifiquen los derechos del imputado a Roberto Mirabella y Héctor Somaglia, diputado nacional kirchnerista y secretario de Justicia de Santa Fe respectivamente, ambos cercanos al gobernador Omar Perotti. La presentación la hizo el abogado del diputado Maximiliano Pullaro, quien figura como querellante en la causa por entender que es víctima de una operación sobre su persona llevada adelante por Sain junto a su equipo y orquestada por el diputado Mirabella, de acuerdo a lo que surge en uno de los varios audios que figuran en la causa. En otro, se lo escucha a Somaglia admitir que había intervenido para dar viso legal a una actividad que no lo era. “He decidido pedir a la Justicia que avance en la notificación de los derechos a Mirabella y Somaglia por los audios en los que hablan de dar cobertura a actividades de inteligencia ilegal y en el que Saín menciona que Mirabella le habría encargado información para intentar manchar mi nombre”, señaló Pullaro. El doctor Pablo Cococcioni, letrado del legislador expresó: “Es presumible que esa información haya estado destinada a una campaña de desprestigio sobre la persona de Maximiliano Pullaro. Hacia la fecha del audio de Saín, aparecen publinotas tendenciosas en distintos medios y perfiles pagos”. “El delito es grave, pero se agrava aún más si pensamos que estos individuos están en la función pública para solucionarles los problemas a la gente. Mientras las bandas criminales hacen lo que quieren, ellos se dedican a espiar empresarios, trabajadores y opositores”, enfatizó el legislador radical de Juntos por el Cambio. La notificación o comunicación de derechos es una medida que asegura garantías de las personas a su legítima defensa y a su vez evita que quienes vayan a ser imputados presten testimonios como testigos o intenten ingresar en la causa como querellantes o víctimas.

El abogado Arsenio Domínguez, cuestionado por la oposición por haber fijado domicilio en la dirección del estudio jurídico del secretario de Justicia Gabriel Somaglia, presentó este jueves su dimisión a integrar el jurado para el concurso de nuevas autoridades del Ministerio Público de la Acusación.

Con la renuncia de Domínguez (ex presidente del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción), ya son nueve las bajas que se producen en ese cuerpo y en el de evaluadores para el Servicio Provincial de Defensa, entre titulares y suplentes, y por distinto tipo de razones.

La lista incluye, también como titulares del jurado para fiscales, al juez Alejandro Slokar (presidente de la Cámara de Casación Penal) y a la jueza Ana María Figueroa (camarista de Rosario). A estas tres renuncias se suma, en ese mismo cuerpo, la excusación de Sandra Valenti (camarista penal de Santa Fe). Con lo cual el único miembro que queda de los titulares de ese jurado es Darío Vezzaro (docente universitario y ex fiscal General de la provincia de Córdoba).

En el jurado para defensores, renunciaron la académica Ángela Ledesma y la camarista penal Martha Feijoó. Por otra parte, el jurista mexicano Sergio García Ramírez nunca respondió a la convocatoria. Con lo cual, de los titulares siguen en pie el camarista Gustavo Salvador (que está recusado, pero aún sin resolución) y el abogado Rodolfo Zehnder. En tanto, presentaron sus renuncias como suplentes Danilo Kilibarda y la presidenta de la Cámara Federal de Rosario, Élida Vidal.

Esta instancia, considerando la decisión del gobierno provincial de salvar los inconvenientes y seguir adelante con el proceso, requerirá cubrir con los suplentes los puestos de los titulares, y luego sortear a nuevos integrantes del cuerpo en carácter de suplentes.

Mediante el decreto Nro. 1888 con fecha 26 de setiembre, el Poder Ejecutivo resolvió apartar al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, del concurso que se lleva adelante para renovar las autoridades del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa (MPA y MPD). La decisión se conoció tras la difusión de un audio que sería parte de la evidencia de la causa en la que se lo investiga a Marcelo Sain por presunto espionaje ilegal, y en la que se reconoce la voz del propio Somaglia. Sin embargo, la fundamentación del decreto es otra.

El texto plantea en sus considerandos que la excusación del funcionario responde al pronunciamiento de legisladores de la oposición que la semana pasada reclamaron públicamente mayor transparencia en el proceso.

El jueves último, de hecho, diputados de prácticamente todos los bloques no oficialistas advirtieron en una conferencia de prensa que el procedimiento para seleccionar a los futuros fiscales y defensores regionales, además de fiscal y defensor general, no brindaba garantías de transparencia e imparcialidad. Y lo argumentaban apuntando que a días de que se abriese la inscripción de postulantes se cambiaba por decreto la composición del Consejo de la Magistratura; que un día de paro de estatales y casi sin testigos se realizaba el sorteo para constituir el cuerpo evaluador; y que en los criterios para la elaboración de los planes de trabajo que deben presentar los concursantes para ser evaluados, poco y nada se requería respecto de las políticas de persecución penal a instrumentar. Sobre la base de todo ello es que la oposición avisaba que se reservaba la potestad de rechazar los pliegos que fuesen enviados a la Legislatura como resultante de esos concursos.

En respuesta a ese planteo – o al menos eso es lo que expresamente se hace constar en los considerandos- es que el gobernador por decreto decide apartar a Somaglia de este concurso puntual. La antesala de la determinación fue una serie de conversaciones mantenidas entre Omar Perotti y algunos referentes de la oposición, que no pasaron por alto los audios privados difundidos este fin de semana en los que el actual secretario de Justicia aparece reportando a Sain supuestas acciones para brindarle “protección” al ex ministro. Por eso hecho, ya hay legisladores que han solicitado la renuncia del secretario de Justicia.

De todos modos, el decreto alude pura y exclusivamente al reclamo de la oposición de la semana pasada. En los considerandos se remite directamente a “las apreciaciones formuladas por legisladores pertenecientes a distintos sectores políticos en relación al proceso de selección” de autoridades del MPA y MPD. Y se aclara que dichas objeciones no son compartidas por el gobierno puesto que “se ha cumplido con los recaudos legales, usos y costumbres que desde hace años rigen el funcionamiento del Consejo de la Magistratura”. Aun así, sigue diciendo el decreto, a los fines de “despejar dudas y sospechas”, es que se acepta la excusación de Somaglia como conductor del proceso de selección. Su lugar será ocupado por la actual ministra de Gobierno, Celia Arena, con “la asistencia” y el asesoramiento permanente del Fiscal de Estado, Rubén Weder.

El concurso en cuestión es sensible en términos institucionales porque definirá a los responsables de conducir desde abril próximo tanto el Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, como las fiscalías y defensorías regionales. Ello será a apenas nueve meses de la finalización de la actual gestión provincial.

Esta modificación es una consecuencia del pedido de legisladores opositores de mayor transparencia en el proceso de selección en el MPA y la posterior solicitud de excusación del mismo Somaglia con el fin de que dicho procedimiento “llegue a su fin despejado de toda duda y sospecha”, según indica el documento publicado este lunes.

El contexto de la filtración de audios del ex ministro de Seguridad santafesino, Marcelo Saín, junto a los de otros funcionarios, colaboró en esta medida del Poder Ejecutivo. En ellos se lo escucha detallar que va a “enjaular” a una persona por violar la cuarentena.

Maximiliano Pullaro, diputado provincial radical, había manifestado al respecto: “Yo esperaría una reacción muy fuerte del gobierno provincial si esto es real y si los audios son reales. Es un funcionario que hoy tiene la máxima responsabilidad de llevar adelante los concursos para fiscales del Ministerio Público de la Acusación (y de defensores públicos), en el Consejo de la Magistratura”.

(Por Ivana Fux) – Mediante el decreto N° 1888, con fecha 26 de setiembre, el Poder Ejecutivo resolvió apartar al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, del concurso que se lleva adelante para renovar las autoridades del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa (MPA y MPD). La decisión se conoció tras la difusión de un audio que sería parte de la evidencia de la causa en la que se lo investiga a Marcelo Sain por presunto espionaje ilegal, y en la que se reconoce la voz del propio Somaglia. Sin embargo, la fundamentación del decreto es otra.

El jueves último, de hecho, diputados de prácticamente todos los bloques no oficialistas advirtieron en una conferencia de prensa que el procedimiento para seleccionar a los futuros fiscales y defensores regionales, además de fiscal y defensor general, no brindaba garantías de transparencia e imparcialidad. Y lo argumentaban apuntando que a días de que se abriese la inscripción de postulantes se cambiaba por decreto la composición del Consejo de la Magistratura; que un día de paro de estatales y casi sin testigos se realizaba el sorteo para constituir el cuerpo evaluador; y que en los criterios para la elaboración de los planes de trabajo que deben presentar los concursantes para ser evaluados, poco y nada se requería respecto de las políticas de persecución penal a instrumentar. Sobre la base de todo ello es que la oposición avisaba que se reservaba la potestad de rechazar los pliegos que fuesen enviados a la Legislatura como resultante de esos concursos.

En respuesta a ese planteo -o al menos eso es lo que expresamente se hace constar en los considerandos- es que el gobernador por decreto decide apartar a Somaglia de este concurso puntual. La antesala de la determinación fue una serie de conversaciones mantenidas entre Omar Perotti y algunos referentes de la oposición, que no pasaron por alto los audios privados difundidos este fin de semana en los que el actual secretario de Justicia aparece reportando a Sain supuestas acciones para brindarle “protección” al ex ministro. Por eso hecho, ya hay legisladores que han solicitado la renuncia del secretario de Justicia.

De todos modos, el decreto alude pura y exclusivamente al reclamo de la oposición de la semana pasada. En los considerandos se remite directamente a “las apreciaciones formuladas por legisladores pertenecientes a distintos sectores políticos en relación al proceso de selección” de autoridades del MPA y MPD. Y se aclara que dichas objeciones no son compartidas por el gobierno puesto que “se ha cumplido con los recaudos legales, usos y costumbres que desde hace años rigen el funcionamiento del Consejo de la Magistratura”. Aun así, sigue diciendo el decreto, a los fines de “despejar dudas y sospechas”, es que se acepta la excusación de Somaglia como conductor del proceso de selección. Su lugar será ocupado por la actual ministra de Gobierno, Celia Arena, con “la asistencia” y el asesoramiento permanente del Fiscal de Estado, Rubén Weder.

Esta modificación es una consecuencia del pedido de legisladores opositores de mayor transparencia en el proceso de selección en el MPA y la posterior solicitud de excusación del mismo Somaglia con el fin de que dicho procedimiento “llegue a su fin despejado de toda duda y sospecha”, según indica el documento publicado este lunes.

El contexto de la filtración de audios del ex ministro de Seguridad santafesino, Marcelo Saín, junto a los de otros funcionarios, colaboró en esta medida del Poder Ejecutivo. En ellos se lo escucha detallar que va a “enjaular” a una persona por violar la cuarentena.

Maximiliano Pullaro, diputado provincial radical, había manifestado al respecto: “Yo esperaría una reacción muy fuerte del gobierno provincial si esto es real y si los audios son reales. Es un funcionario que hoy tiene la máxima responsabilidad de llevar adelante los concursos para fiscales del Ministerio Público de la Acusación (y de defensores públicos), en el Consejo de la Magistratura”.

El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, admitió que la provincia “sigue con expectativa” el proceso de la firma Vicentin, después de que el presidente de la Corte aceptase el planteo de uno de los acreedores – la corredora de cereales Grassi S.A.- reclamando el avocamiento del máximo tribunal en la causa. Hasta aquí, Rafael Gutiérrez dictó la medida administrativa dentro del ejercicio de sus facultades, pero es la Corte en pleno la que debe decidir sobre la cuestión de fondo y aceptar o desestimar el avocamiento. Se aguarda, además, que el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, responsable de llevar adelante el proceso de concurso, se expida sobre el traslado corrido por Gutiérrez. 

“Lo único que sabemos hoy es que la Corte (a través de su presidente) resolvió suspender los plazos procesales que estaban corriendo y le ha corrido vista al juez de Reconquista para que responda sobre el pedido de avocación, a fin de que después la Corte en su conjunto pueda decidir si se avoca o no, atento a las irregularidades que, descuento, tiene que haber planteado el acreedor que solicitó la intervención del máximo tribunal”, dijo Somaglia en diálogo con El Litoral. 

El funcionario recordó que la provincia siempre bregó por el salvataje de la empresa, aunque aclaró que después de que esta instancia fracasara, el gobierno que encabeza Omar Perotti no tiene injerencia pero sigue atentamente todo el proceso. “La provincia siempre ha estado expectante y ha tenido un interés en que la empresa se salve y siga adelante. Descontamos que si la Corte dispuso lo que dispuso, tiene que haber algún planteo serio para que se suspenda el trámite y se avoque. Hay que conocer también el motivo por el que el acreedor pidió la avocación; cuál es el sujeto de ese pedido. Eso lo desconocemos. Pero somos respetuosos de la decisión que vaya a tomar el máximo tribunal”, planteó. 

El secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia. Crédito: Manuel Fabatía.

Somaglia prefirió quedarse en el terreno de las hipótesis a la hora de referirse a las causas que motivaron el pedido del avocamiento. “No conozco el escrito del acreedor pero descuento que se trata de lo que se ha hecho público en los últimos días, en relación a la venta de las acciones de Vicentin en la firma Renova, que era uno de sus principales activos. Sin embargo, Vicentin se estaba desprendiendo de ellas, y esto podría causar un serio perjuicio a los acreedores. Pero estoy hablando en el terreno de las hipótesis – insistió-, y a partir de lo que dio lugar a la detención del actual presidente de Vicentin puesto que en su momento, algunos magistrados en el marco de las investigaciones penales, habían dispuesto como medida de no innovar la prohibición de disposición de bienes. Hablo en el terreno de las hipótesis porque desconocemos la especificidad del escrito del acreedor”, volvió a decir. 

En cuanto a la posición actual de la provincia frente al proceso, Somaglia sostuvo que “se mantiene expectante en la defensa del crédito que tiene por la deuda impositiva de Vicentin. Después de la intervención que le cupo en aquel momento – recordó- con el fin del salvataje, no expropiación, la provincia decidió apartarse aunque sigue de cerca la evolución de los acontecimientos”. 

Por último y consultado sobre el accionar del juez Lorenzini, Somaglia consideró que “la Corte, al avocarse, revisará si la denuncia que formulara el acreedor tiene viso de seriedad o no; y en función de ello, si se entendiese que hubiese existido alguna irregularidad, acudirá a los mecanismos disciplinarios que correspondan para evaluar la conducta del magistrado”, concluyó. 

El ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, y el secretario de Justicia Gabriel Somaglia, junto al presidente de la Cámara de Casación Penal Federal, Alejandro Slokar, y el vicepresidente, Mariano Borinsky, se reunieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde abordaron la situación de la justicia federal santafesina, en particular en la ciudad de Rosario.

Los funcionarios provinciales y nacionales, analizaron el fenómeno del narcotráfico y la necesidad de fortalecer la estructura de recursos humanos e instrumentales. Coincidieron, en la productividad de la reunión y en la necesidad de instar y acompañar gestiones para la cobertura inmediata de las vacantes existentes de fiscales y jueces, en el fuero santafesino, como así también de la creación de una delegación federal de la oficina encargada de supervisar a las personas con prisión domiciliaria y libertad condicional sometidas a la justicia federal, que hoy en Santa Fe son más de 700.

Finalmente, se comprometieron en sostener con frecuencia el diálogo sobre la temática que hoy hace eje en Santa Fe.

Más tarde en reunión con Juan Olima, secretario de Coordinación Institucional del Ministerio Público Fiscal Federal, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, coordinaron acciones de la nueva unidad especial para delitos complejos y narcocriminalidad creada dís atras junto a fiscales provinciales, y Procunar para abordar conjuntamente dicha problemática.

Por último, trataron el rol de los nuevos fiscales auxiliares para Rosario, y la necesidad e importancia de concretar el sistema acusatorio federal en Santa Fe, y proveer a otros estamentos estatales, de instrumental necesario para investigar.

Ivana Fux 

La provincia de Santa Fe solicitó formalmente constituirse como querellante en la causa en la que se lo investiga a Marcelo Sain por el presunto delito de espionaje ilegal y asociación ilícita. Las supuestas irregularidades habrían sido cometidas mientras se desempeñaba como ministro de Seguridad de Santa Fe. 

Según confirmó a El Litoral el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, el escrito con la solicitud redactado por el fiscal de Estado, Rubén Weder, fue ingresado ya ante la Fiscalía de Delitos Complejos. A partir de ahora, es el Ministerio Público de la Acusación quien deberá actuar. Los fiscales intervinientes (Mariela Giménez y Ezequiel Hernández) remitirán con el dictamen respectivo, las actuaciones a la Oficina de Gestión Judicial. Se deberá constituir, luego, un tribunal para resolver. 

Las partes intervinientes serán notificadas; si ninguna presenta oposición al pedido de la provincia, el juez deberá resolver y permitir que el estado santafesino se constituya como querellante. De lo contrario, si alguno de los actores presentara objeción, deberá convocarse a una audiencia para dirimir en ese marco la situación. Según pudo saber El Litoral, no sería intención de los fiscales oponerse a la posibilidad de que la provincia intervenga. En el caso de la defensa del principal imputado – Marcelo Sain-, esperaban leer con mayor detenimiento el escrito. A priori, el abogado Hernán Martínez adelantó a El Litoral que no correspondería desde el punto de vista técnico la figura que la provincia solicita, sobre la base de que ya está representada a través de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación. “Habría una duplicación de figuras, “, advirtió. 

Sin embargo, atentos a la envergadura de la causa y a “las dificultades” de la defensa para poder acceder al expediente, el letrado no destacó que aceptar a la provincia como querellante aporte “un mayor marco institucional y pueda ser positivo”. La situación es evaluada y no existe todavía una definición. 

La decisión del gobernador Omar Perotti plasmada a través de un decreto firmado a principios de enero generó un sinfín de especulaciones. El mandatario instruyó mediante ese acto administrativo al fiscal de Estado, Rubén Weder, para que formulase el correspondiente pedido. Fue una determinación probablemente precipitada por la difusión que a comienzos de año se conoció de un listado de nombres de cientos de empresarios e instituciones sobre los que también el Ministerio de Seguridad a cargo de Sain habría recabado información. En el decreto se fundamentaba la decisión “en mérito a que en el proceso judicial mencionado se estarían investigando hechos que, de ser ciertos de acuerdo a una legal comprobación, afectarían el regular funcionamiento de la Administración Pública, por cuanto este Poder Ejecutivo encuadra su accionar en el marco del principio de legalidad y así propende su respecto como de los otros poderes estatales, y que a la luz de los trascendidos estaría siendo cuestionado”. Eso es lo que textualmente se escribió. 

Si bien las lecturas políticas fueron en el sentido de interpretar que el gobernador apuntaría con este accionar a “despegarse” de los eventuales coletazos que podrían derivar de esta causa, desde el punto de vista técnico se sostiene que la decisión apunta a “proteger el regular funcionamiento de la administración pública y cumplir el principio de legalidad de las personas y de los poderes del estado”. Esencialmente, si se la acepta como querellante, la provincia podría acceder a una causa sobre la que hasta aquí sólo tiene trascendidos. 

Mientras tanto, avanza en el ámbito de Fiscalía de Estado la investigación administrativa que, también por decreto, ordenara el año pasado el gobernador para intentar desentrañar qué fue lo que sucedió en el Ministerio de Seguridad mientras lo conducía Marcelo Sain 

En la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de la ciudad de Santa Fe, se realizan las pruebas de oposición para el Concurso de Jueces Comunitarios de Pequeñas Causas, destinado a cubrir vacantes en 36 Juzgados de la Provincia de Santa Fe.

El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, recorrió las aulas de la UTN en las que se desarrollan las pruebas de oposición y señaló que “hoy pudimos definitivamente concretar el examen para los pretensos jueces comunitarios, hoy se le van a tomar 300 postulantes y así se hará también este martes y el miércoles”.

“Es un evento trascendente, porque es la primera vez que en la provincia hay más de mil postulantes para cubrir 36 vacantes de jueces, por lo tanto es todo un desafío haber concretado estos exámenes”, agregó Somaglia.

Mientras, el subsecretario del Consejo de la Magistratura, José Fernández Vigil, expresó que “hoy hablamos de algo inédito porque son 36 juzgados vacantes, con 926 inscriptos admitidos, que rendirán el aula Moodle con un resultado que se conocerá en el momento, y todo esto lleva una organización más compleja de lo que venimos utilizando”.

“Tomar examen a esta cantidad de personas es algo superador, porque no pasó nunca, y solo se puede realizar a través del aula virtual”, explicó Fernández Vigil. “Las pruebas se hacen en tres días, con cuatro turnos el lunes, cinco turnos el martes y el  miércoles, lo que nos plantea un gran desafío”.

Al respecto, los funcionarios indicaron que el último concurso de jueces comunitarios y de pequeñas causas fue en 2014, con 450 concursantes.

En esta oportunidad, los juzgados con más inscriptos fueron Llambi Campbell con 142, La Criolla con 143, en Recreo y San José del Rincón se anotaron más de 100 postulantes, y en Fighiera 130. Al respecto, Fernández Vigil remarcó que “no hay relación entre la cantidad de población con la cantidad de personas que se presentan para concursar para los diferentes juzgados”.

El examen que deben realizar los aspirantes se realiza a través de la plataforma Moodle -aula virtual de la Secretaria de Tecnología para la Gestión de la Provincia-. Los participantes sólo podrán ingresar con DNI y tendrá una duración de 60 minutos.

El cuestionario contendrá 50 preguntas en total. Aprobarán la prueba de oposición aquellos que obtuvieren un mínimo de sesenta 60 puntos.

La calificación resultará de asignar a cada respuesta correcta un valor de dos puntos; por cada respuesta incorrecta se descontará un punto, y la falta de respuesta no sumará ni descontará puntaje. El resultado obtenido en la oposición será verificado y visualizado por cada concursante inmediatamente al concluir el examen.