La fuga de cinco internos de una comisaría en la ciudad de Santa Fe el fin de semana volvió a dejar en evidencia el problema de superpoblación carcelaria en la provincia de Santa Fe. Cárceles atestadas de internos y dependencias policiales con una cantidad de presos que duplica la capacidad física de cada repartición. Y esos reclusos, al cuidado de un personal que es escaso y que no está preparado ni entrenado para la función penitenciaria.

Las autoridades confiaban en que la inauguración de la nueva Alcaidía que ya funciona en la cárcel de Las Flores permitiría descomprimir el panorama. Pero a juzgar por los hechos, la situación sigue siendo límite. Así lo confirmó, de hecho, el director del Servicio Penitenciario provincial, en diálogo con la prensa. “Estamos trabajando al tope permanentemente”, dijo Gabriel Leegstra. Y consultado por El Litoral, ratificó que “el desborde y colapso” por el que atraviesa el sistema carcelario con un “exceso promedio de 2300 internos”, repercute en las comisarías. “Al no tener ya más capacidad en los penales, los detenidos terminan siendo alojados en las comisarías”, admitió.

– ¿Es suficiente la capacidad de la Alcaidía para paliar la situación de las comisarías? – se le preguntó-

– La alcaidía es una puerta de entrada al Servicio Penitenciario. Tiene 240 plazas que son móviles. Hoy está lleno, mañana se derivan o salen con libertades algunos y se hace espacio. Permanentemente se mueve el ingreso a alcaidía pero estamos trabajando a tope permanentemente. Los detenidos que están allí son derivados a las restantes cárceles o en algunos casos recuperan la libertad. Eso da plazas que se vuelven a ocupar y es una especie de triaje.

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– ¿No hay manera de descomprimir las comisarías?

– Se trabaja permanentemente en eso. Todas las semanas estamos recibiendo detenidos de las comisarías. De hecho, el Servicio Penitenciario en si mismo está con toda su capacidad ocupada y tenemos más internos de los que deberíamos tener. Pero se está trabajando permanentemente con la Jefatura de Policía y Ministerio de Seguridad recibiendo todas las semanas detenidos que provienen de las comisarías y de los procedimientos policiales.

El Ministerio de Seguridad de la provincia, a través del Servicio Penitenciario, dispuso el cambio de las autoridades de las cárceles de Coronda, Las Flores, Cárcel de Mujeres Santa Fe, Rosario, Piñero y Complejo Penal Rosario.

El director general del Servicio Penitenciario, Gabriel Leegstra, puso en funciones esta semana a los siguientes directoras y directores: Alejandro Silva en la cárcel de Coronda; Mauricio Miriani y Alfredo Sánchez como director y subdirector, respectivamente, en Rosario; Alejandro Brondetta (director) y Martín Vivas (subdirector) en Piñero; Gabriela Tarnowski en la Dirección de Capacitación; Paola Suárez en el Complejo Penal Rosario; Natalia Castillo en la Cárcel de Mujeres de Santa Fe; Rodrigo Godoy (director) y Sergio Alvelo (subdirector) en Las Flores; y Gisela Pasini (directora) y Gustavo Tavisi (subdirector) en la Alcaidía de Santa Fe.

Al respecto, Leegstra expresó: “Estos cambios tienen que ver con un reordenamiento de personal y funciones que hacemos en la mayoría de las unidades. El objetivo es doble: por un lado que el personal, que son alcaides mayores en su mayoría, sigan aprendiendo, tomando experiencia con nuevos conocimientos en distintas unidades, perfilándolos para su próxima jerarquía que será pertenecer a la plana mayor; y por el otro lado, darle ritmo con conducciones nuevas, en diferentes lugares, con mandatos distintos. Son directoras, directores y también subdirectores los que decidimos asuman a los largo y ancho del servicio penitenciario provincial”.

Asimismo, respecto de las mejoras en las que se viene trabajando en materia de seguridad, Leegstra explicó que “hay nueva tecnología para control de ingreso, eso requirió una logística y una reorganización de funciones y horarios, y metodologías para amoldarnos a eso. Paleta, body scanner, escáner de bolsos y detector de metales. Todo eso el Ministerio de Salud lo autorizó junto con la Dirección de Radiofísica”. En ese sentido, agregó que “hemos detectado infinidad de elementos que no se podían encontrar, sobre todo porque venían en las zonas íntimas de la mujer. Droga, teléfonos, partes. Eso es parte de nuestro trabajo y así está funcionando”, concluyó.

Colapsados en sus funciones, sin autoestima y con una profunda crisis de identidad profesional. Escasos, frente a una población penal creciente. Desbordados y agotados, y en consecuencia, con una eficiencia que se resiente. Así describió Gabriel Leegstra a los agentes penitenciarios de la provincia, a un mes de haberse hecho cargo de la Dirección del Servicio. En diálogo con El Litoral, el ex Jefe de la Policía provincial y también ex director del Instituto de formación policial, habló de las falencias del sistema carcelario, de los desafíos y de los cambios que se proyectan.

– ¿Con qué Servicio Penitenciario se encontró?

– En principio, con un Servicio Penitenciario colapsado. Colapsado en sus funciones, a raíz de la superpoblación carcelaria que viene creciendo desde hace años pero particularmente, desde que entró en vigencia el nuevo Código Penal. Pocas incorporaciones en los años anteriores han significado que hoy tengamos personal en actividad (el que tiene trato directo con los internos) trabajando con recargo de servicio, esencialmente en las unidades más grandes como Coronda y Las Flores. Hay personal que ha trabajado hasta 48 horas con sólo 24 de descanso.

– ¿La cantidad de internos es inversamente proporcional a la cantidad de penitenciarios?

– Es exactamente así. Y este exceso de horas de trabajo en el personal va en detrimento de la calidad del trabajo que desempeñan. Es un hombre que obviamente está cansado, por más acompañamiento que se le dé; un hombre que está separado de su familia y que requiere de tiempos en su casa… Es positivo, ahora, el ingreso de 284 agentes penitenciarios que entran en la jerarquía de sub ayudantes, que es la primera dentro de los suboficiales. Eso le va a dar una brisa de aire fresco a esta recarga permanente que están teniendo sobre todo los cuadros bajos.

– ¿Cuál es el déficit de personal en términos numéricos?

– Deberíamos tener entre un 25 a 30% más para que nuestro personal pueda al menos tener las horas de descanso que necesita y que corresponden por derecho. Se ha hecho un plan de ingreso durante la gestión que implica estos 284 ingresos recientes; hemos sido bastante duros en la selección interna y sólo ingresan los que aprobaron los cursos. Preferimos perder un hombre a ganar un dolor de cabeza en todo sentido. Iniciamos la selección para incorporar 300 más que estarían ingresando a cursar en noviembre y trabajando en junio, porque realizan un curso de seis meses para egresar. Y están previstos otros dos ingresos para 2023, con lo cual estaríamos cubriendo estos espacios que tenemos vacantes y que se producen también por los retiros. Desde diciembre de 2023 debe elaborarse, además, un sistema que sea relativo a los retiros de manera tal de no perder la planta.

– ¿Son muchos los retiros que se producen?

– Son muchos teniendo en cuenta la cantidad de personal. La provincia cuenta con 3800 agentes. El retiro anual representa entre un 8 y 10%; fluctúa según el año y tiene que ver con las dificultades. Hoy con el servicio colapsado, tenemos personal que no sólo que no puede prestar bien su servicio, sino que además no puede alcanzar el grado de profesionalidad que necesitamos. Yo encontré un servicio con una crisis de identidad profesional acentuada, producida sin dudas por los últimos años en los cuales se llevó a la institución por caminos que no son los que debe transitar en esto del espíritu de servicio, la identificación profesional, los valores; todo aquello que es simbólico en una fuerza que debe estar prestando un servicio público y alineada en el cumplimiento de órdenes, a los fines también de cumplir con las leyes como se exige.

– ¿Faltó verticalidad?

– Sin dudas. Falta verticalidad en algunos sectores y falta fundamentalmente identificación con los valores penitenciarios. Es un trabajo que estamos haciendo desde el primer día con la plana mayor y con los jefes de las unidades penitenciarias.

– ¿Hay una autoestima muy baja del penitenciario?

– Exacto. Es exactamente así.

– ¿Eso lo lleva a estar casi de brazos caídos?

– No digo eso, pero sí le impide o no lo lleva a cumplir su función con hidalguía y con las ganas que la cumple una persona que está orgullosa de su uniforme, de su institución y del rol que desempeña.

– ¿Cómo se llega a esa situación? ¿Se descuidó al Servicio Penitenciario?

– Creo que hay varios factores que confluyeron. Uno es el relajamiento de la disciplina. Otro es el poco respeto por el uniforme. Otro es la falta de acentuación de los deberes de cada jerarquía y de cada puesto de trabajo; cuál es la función que debe cumplirse, cómo debe ser cumplida y qué pasa si no se cumple. Y en la misma línea, va la capacitación. Entendemos que hay que llevarlos al aula; hay que sentarlos a estudiar y hay que profesionalizarlos. Hay que motivarlos para el estudio porque la única manera de que tengamos servidores públicos eficientes en su trabajo, es si tienen bien claro lo que tienen que hacer y con qué deben cumplir.

– Se comprende el diagnóstico pero ello redunda en una situación muy grave como cárceles con controles vulnerables y delitos que se planifican desde el propio penal. ¿Cómo se contrarresta esto?

– Hay que aclarar algo y esto también incidió en la falta de autoestima; esto de responsabilizar al personal de los delitos que ocurren en la calle… Es imposible impedir la planificación del delito desde el interior de una cárcel. ¿Por qué? Porque el derecho de comunicación que tiene el interno es un derecho fundamental que no sólo está establecido en la ley de ejecución penal, sino previsto en normativas internacionales que nuestra Constitución recepta. Todo ello va en línea con la obligatoriedad que tiene el estado de satisfacer la comunicación del interno con la sociedad y su familia. Hay tres vías previstas: la correspondencia que ya no se usa; la visita y la telefonía. Respecto de la visita se hacen controles con sistema de turnos. Respecto de los teléfonos, la ley obliga a que todas las unidades tengan telefonía pública. Piñero, por ejemplo, tiene 75 líneas públicas. Además de ello, sin ninguna duda ingresan celulares. La telefonía celular está prohibida por ley; en agosto sólo en Piñero se secuestraron cien teléfonos. La pregunta es cómo entran. Por eso ni bien asumí, creé una Dirección de Control y Análisis Interno. Lo que hacemos es revisar todos esos procesos con personal calificado del mismo Servicio para detectar errores e infidelidades.

– Es que, de hecho, se sabe que existe una suerte de tarifario que implica cuánto debe pagar el interno al penitenciario según el celular del que se trate…

– Eso ha surgido de algunos expedientes judiciales y es en lo que estamos trabajando. Los operativos de agosto nos ayudan a minimizar el daño que se pueden causar, y a establecer las líneas de ingreso de esos aparatos al penal. Toda la atención está puesta en eso. No obstante, a propósito de la administración del delito desde las cárceles, el Pájaro Cantero en uno de los procedimientos de agosto, nos dio un mensaje claro porque quedó en evidencia que manejaba todo a través de las visitas básicamente de sus familiares.

– Sobre esa base, se plantearon hipótesis para endurecer y restringir las visitas a presos de alto perfil… ¿Se va avanzar en esa línea?

– Se está trabajando en distintas líneas. Una de ellas es con los inhibidores de señales para impedir la comunicación telefónica ilegal. De hecho, decidimos inhibir todo Piñero en el sector de presos de alto perfil.

– ¿A cuánto estamos de que esa inhibición pueda ser una realidad? Porque también hace meses que venimos hablando de ello…

– Hay términos administrativos que a veces estiran las resoluciones pero estimo que en 60 días deberíamos tener novedades. Hay tres líneas claras que nuestro gobierno lleva adelante: obras (la intención es sumar 480 plazas), incorporación de personal e incorporación de tecnología. La nueva alcaidía de Las Flores tendrá body scanner, scanners de bultos y detectores de metales. Eso, aplicado a la visita, reducirá el trabajo manual que hacía el personal penitenciario. Ya se iniciaron los expedientes para trasladar esa tecnología al resto de los penales.

– ¿Las visitas pueden ser condicionadas, entonces, para los presos de alto perfil?

– No podemos transgredir la ley; tenemos que trabajar con la ley vigente. La visita es un derecho del interno; lo que se hace es registrarla, establecerle turnos, darle tiempos y esos tiempos son muchas veces consensuados con la misma justicia. A partir de allí todo lo que es tecnología se va sumando. Colocar un blindex no significa que no hablen, y no sé cuál sería la utilidad si esa conversación no se puede grabar. Hay derechos que tienen los internos que no se pueden violar desde el servicio y que tampoco los jueces los autorizarían.

– Utilizó en algún momento la palabra “empleados infieles”. ¿Es más negocio hoy ser un empleado infiel que un buen penitenciario, por las condiciones en las que están trabajando?

– Creo que nunca va a ser más negocio porque están expuestos a perder su libertad y su trabajo. Nunca va a ser mejor negocio; pueden tener una satisfacción momentánea pero a la corta o a la larga, van a terminar presos porque estamos en esa línea. Estamos verificando hacia adentro y tratando de separar la paja del trigo. Tenemos una cantidad de personal que trabaja con distingo, a destajo, que viene a los recargos, que presta sus servicios con la diligencia que hay que prestarla; y hay unos pocos que terminan manchando el uniforme.

– ¿Van a blindar los vehículos del Servicio Penitenciario?

– Sí, no sólo se van a blindar los vehículos de traslado, sino que se está trabajando en la compra de un camión blindado para el traslado de los detenidos de alto perfil.

– ¿Qué se hizo para evitar la vulnerabilidad del sistema, demostrada con las fugas cinematográficas que se produjeron en los últimos años?

– Los sumarios internos y la investigación judicial permitieron encontrar las vulnerabilidades y trabajar sobre dichas causas. En estos casos concretos se hallaron actitudes individuales del personal de desatención a la función que tenían que realizar en forma diaria.

– Había también cámaras de vigilancia que no funcionaban, un cerco perimetral que se rompió fácilmente…

– Esas cuestiones ya se analizaron y corrigieron y tienen que ver con la gran infraestructura que tiene el servicio y con la diligencia que hay que tener para estar en los detalles, que a veces parecen que no son importantes, pero al momento de una fuga pueden ser decisivos.