De los 2.302 proyectos ingresados al Congreso durante el 2024, apenas el 5% involucran al agro, según el Informe Legislativo de Septiembre elaborado por la Fundación Barbechando. Esto evidencia una baja participación del sector en el debate parlamentario, pese a que varios temas de importancia para el campo aún esperan tratamiento. Entre ellos, se destaca el Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial (RIDA), cuyo tratamiento quedó trunco en el último tiempo. "Desde la Comisión, volverán a la carga", adelanta el informe, pero sin una fecha concreta para la reactivación del debate.

Otro tema clave es el proyecto de biocombustibles. En este caso, el apoyo de la producción de bioetanol busca generar un acuerdo entre oficialismo y sectores de la oposición para avanzar en la suba del corte obligatorio e incorporar el abastecimiento mediante licitaciones. Las provincias tienen un rol crucial en la definición final de este proyecto, lo que complica el consenso necesario para su aprobación.

En cuanto a las economías regionales, un nuevo régimen impulsado por la oposición peronista propone incentivos fiscales para fortalecer el empleo y desarrollar las producciones del interior. Una de las claves del debate será la definición de "economía regional", lo que podría ampliar o restringir los alcances de la medida.

En términos generales, el informe revela que las orientaciones de los bloques no priorizan al agro. El oficialismo presenta pocas iniciativas propias, centrándose en proyectos de declaración en apoyo a las expresiones del presidente. Por su parte, el Pro enfoca su agenda en la seguridad y relaciones exteriores, mientras que la UCR y Hacemos Coalición Federal priorizan proyectos relacionados con justicia, cultura y temas penales. Unión por la Patria, en cambio, impulsa proyectos vinculados con discapacidad, transporte, salud, pymes y obra pública.

En el contexto legislativo, oficialismo y oposición se marcan la cancha mutuamente. Se aprobó la ley de Financiamiento Universitario, pero el gobierno evalúa cómo financiarla sin vetarla, y al mismo tiempo se planifica la privatización de Aerolíneas Argentinas. Mientras tanto, el Congreso se prepara para comenzar el debate del Presupuesto 2025, cuyo principal enfoque es el equilibrio fiscal, algo que ya se ha definido como "innegociable".

En un contexto de alta fragmentación política y necesidad de diálogo entre bloques, el Congreso Nacional ha retomado una dinámica de sesiones semanales, donde se empiezan a definir los temas que impactan directamente en el sector agropecuario. Según el informe mensual de la Fundación Barbechando, el oficialismo controla la agenda, mientras que la oposición presiona en diversos frentes, generando un escenario complejo y lleno de tensiones.

Entre los 2.095 proyectos legislativos presentados, solo 106 abordan cuestiones vinculadas al agro, lo que refleja, según la Fundación, la "diversificación de la agenda del sector". Estos proyectos abarcan una amplia gama de temáticas, desde economías regionales hasta cuestiones ambientales, pasando por la agricultura y la ganadería.

Uno de los proyectos más destacados es el Régimen de Inversiones al Desarrollo Agropecuario (RIDA), que ha comenzado a discutirse con una fuerte presencia de representantes del sector productivo. Este proyecto busca establecer herramientas fiscales, como la amortización acelerada y la revaluación de hacienda, para incentivar la inversión en el agro. La iniciativa aún busca aliados en el Congreso, pero ya ha captado la atención debido a su potencial impacto en la economía rural.

Otro tema de importancia es el de los biocombustibles, donde se presentaron dos proyectos idénticos que buscan aumentar el corte y desregular el mercado, impulsados por los gobernadores de las provincias productoras. Estos proyectos responden a una creciente demanda de la industria por mayor flexibilidad y apoyo estatal en el sector energético.

En cuanto al maltrato animal, la Fundación Barbechando señala que, aunque existen más de una quincena de proyectos en vigencia y un respaldo notable del Ejecutivo, todavía no se vislumbra un debate en comisión. A pesar de ser un tema transversal con amplio apoyo social, su tratamiento legislativo parece estancado.

Por último, persiste un conflicto latente relacionado con los humedales y el manejo del fuego. Aunque el debate sobre una nueva ley de humedales ha quedado momentáneamente superado, la llegada de la temporada de sequía y los incendios forestales reaviva la discusión sobre la derogación del artículo de la Ley de Manejo del Fuego que prohíbe la producción en tierras incendiadas. Este tema, como otros en la agenda agropecuaria, seguirá siendo una fuente de tensión en las próximas semanas.

El informe de la Fundación Barbechando evidencia cómo, en un Congreso fragmentado, el diálogo entre los distintos bloques será crucial para avanzar en estos y otros proyectos que son clave para el futuro del campo argentino.

Según manifestó la referente de la Fundación Barbecheando, Ángeles Naveyra, se viene una semana clave, donde se verán los frutos de meses de trabajo en el ámbito legislativo. "En el Senado, tanto la Ley de Bases como el Paquete Fiscal ya fueron aprobados por el Congreso de la Nación, y ahora solo resta conocer los textos finales, es decir qué terminará siendo incluido en la Ley de Bases", destacó.

Como se sabe, el Senado le realizó cambios al proyecto, principalmente al capítulo de las privatizaciones; al Régimen de Incentivo a las Grandes inversiones (RIGI), al blanqueo de capitales y al Monotributo. Por otro lado rechazó los cambios que le había realizado Diputados en el Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y en la Moratoria Previsional. "Entonces como tuvo modificaciones, ahora tiene que volver a la Cámara de Diputados". En ese sentido se preguntó qué opciones tienen los Diputados, ya que esta semana vuelve al recinto para tratar, por segunda vez, (tercera si se cuenta la sesión fallida de enero) la última para la Ley de Bases. "Pueden insistir con la redacción original, o aprobar algunos o todos los cambios pedidos por Senadores. Pero de ninguna manera pueden modificar esos cambios".

Naveyra explica que las negociaciones del Gobierno con la oposición dialoguista de Diputados (UCR; Hacemos Coalición Federal y otros) "se orientarán la aceptación de cambios de RIGI y privatizaciones que hizo el Senado. Pero, un capítulo aporte tiene ganancias. Es una herramienta fundamental para la gestión del presidente Milei, y el jefe de Gabinete Guillermo Francos negociando a contrarreloj con los gobernadores".

En lo referente a los aspectos relacionados con el agro, luego de un semestre de negociaciones y cambios, en el texto de las leyes solo habrían quedado unos pocos impactos directos: las reformas en materia laboral. "A pesar de esto, si la puesta en marcha de ambas leyes logra la previsibilidad y la estabilidad que los productores, empresas, Cooperativas, y Asociaciones de la Agroindustria exigimos y necesitamos, seguramente va a ser el primer paso en el camino al crecimiento, la inversión y el desarrollo del agro y de la Argentina. Porque como siempre decimos en Barbechando, si es bueno para a agro bio industria, es bueno para el país".

(Por Juan Manuel Fernández) - La decisión de 6 diputados y 3 senadores nacionales de sumarse a la idea de conformar una figura semejante al Frente Parlamentario Agropecuario de Brasil podría ser un "mojón" para el agro argentino, que desde hace años se la pasa "rumiando" cómo lograr incidir en las políticas para el sector. 

Así lo consideró Ángeles Naveyra, presidente de la Fundación Barbechando, entidad nacida al calor de la revuelta por la Resolución 125 en 2008 en un intento de darle presencia al campo en el Congreso Nacional. "Esto es un hito", dijo en referencia al acuerdo que alcanzaron con los diputados nacionales Juan Manuel López (Hacemos Coalición Federal), Fabio Quetglas (UCR JxC), Atilio Benedetti (UCR), Germana Figueroa Casas (PRO), Luis Picat (UCR) y Roberto Mirabella (PJ); y los senadores Edgardo Kueider (PJ), Alfredo De Ángeli (PRO) y Víctor Zimmermann (JxC). "Les preguntamos a ellos cuál era su agenda para el agro y lo increíble es que está en línea con la nuestra", anticipó.

Este primer grupo de legisladores, al que Barbechando aspira a sumar muchos más, se manifestó de acuerdo en impulsar en el Parlamento temas cruciales como la inserción de Argentina en el mundo, seguros y riesgo agrícola, propiedad intelectual de la biotecnología, derechos de exportación y buenas prácticas agropecuarias, entre otros. Incluso viajarán a Brasil para ver cómo trabajan los integrantes del Frente Parlamentario Agropecuario -que integran el 60% de los Diputados y el 59% de los senadores- en el diseño de la agenda legislativa pro-campo. 

Naveyra manifestó que este entendimiento con los legisladores generó "enorme expectativa" en el Congreso Nacional. "Nos muestra que es el camino correcto", se entusiasmó. Y explicó que fue consecuencia de un trabajo paciente que se inició en 2022, primero organizando desayunos de trabajo con representantes de todas las bancadas y al año siguiente con almuerzos. "Todos los partidos sentados a la mesa, mostrándoles el potencial del sector", fue el método para generar un bien escaso: confianza.

Esa sería la clave para el futuro funcionamiento de un posible émulo del frente brasileño en Argentina. Porque ¿cómo harían diputados y senadores para accionar en un sentido que no fuera el que les marca el partido político al que pertenecen? "Nuestra propuesta es: entiendan lo que Argentina gana y lo que podrá producir" con políticas de estado para un sector de la importancia de la agrobioindustria, indicó Naveyra. 

Al respecto, mencionó que en Brasil el Instituto Pensar Agro, donde se diseñan las estrategias parlamentarias del Frente plantea el "cuidado" de los legisladores. O sea: no exigirles un compromiso que pueda perjudicarlos dentro de su estructura partidaria; y si tienen que votar orgánicamente, no se los cuestiona. Un dato que remarcó Naveyra: 

Siguiendo ese modelo, el criterio en Argentina sería: "acá no se obliga a nadie, porque entendemos que la dependencia del partido político es enorme", definió la presidente de Barbechando. Lo que se propone, en base a la confianza y una metodología de trabajo consecuente, es que cada uno se comprometa con el interés de sus lugares de origen, así como del conjunto de los argentinos. "Tenemos mucha confianza, aunque el desafío es enorme, de que al momento de votar el legislador esté convencido más allá del lineamiento partidario", resumió. 

Naveyra se ilusionó relatando el caso brasileño. "Nos pareció una cosa fantástica", porque, al margen de la pertenencia partidaria de cada uno, "el foco de las políticas públicas es la agrobioindustria, porque entienden la importancia que tiene para sacar al país adelante". Y un dato no menor: el 92% de los integrantes del Frente Parlamentario Agropecuario son de origen urbano, sin relación directa con la vida rural.

Seis diputados y tres senadores de diferentes partidos (PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal y peronismo) comenzaron a trabajar en conjunto en iniciativas legislativas para el desarrollo del agro. El próximo paso será trabajar en mesas temáticas y viajar a Brasil para conocer la experiencia del Frente Parlamentario Agropecuario.

El impulso de políticas públicas para el desarrollo territorial y productivo fueron los principios comunes que plantearon los legisladores como puntapié inicial en una reunión de trabajo que tuvo lugar en la Fundación Barbechando.

Este primer grupo de nueve legisladores, que se irá ampliando, asumió el compromiso de trabajar en conjunto en una agenda común que incluye temas como insertar a la Argentina en el mundo, seguros y riesgo agrícola, propiedad intelectual de la biotecnología, derechos de exportación y buenas prácticas agropecuarias, entre otros.

La agenda fue consensuada con diferentes instituciones representativas de la agroindustria dispuestas a trabajar con la política, con foco en el Poder Legislativo. 

Los legisladores presentes, interesados en el desarrollo productivo, tendrán una próxima cita: viajar a Brasil a conocer el Frente Parlamentario Agropecuario, conformado por legisladores de diferentes partidos políticos, que hoy representa el 60% de las bancas de Diputados y el 59% del Senado brasileño.

Este primer encuentro marca una dinámica de trabajo a futuro, con reuniones periódicas de legisladores y asesores, para trabajar los aspectos técnicos y posicionar al agro en la agenda legislativa.

El espacio está trabajando en seguir sumando legisladores del oficialismo y de otros espacios políticos.

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto de ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos, con la presencia de organizaciones no gubernamentales y sectores de la sociedad civil.Se trata de la quinta reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto de la cámara baja que contará con la presencia de 65 expositores de forma virtual y presencial.Durante el plenario, exponen referentes de la Organización Mundial de Zonas Francas, la Federación Argentina de Productores de Tabacaleras, la Asociación Civil La Madre Marcha, Barbechando, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Argentores, despachantes de Aduana, Padres Organizados, representantes de jubilados, la Cámara de la Industria del Petróleo, la Unión Industrial Argentina, el Inadi, la Fundación Huésped y la jurista Aída Kemelmajer, entre otros.Al iniciar la reunión, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño, reclamó al oficialismo que brinde mayor información sobre el cronograma de debate del proyecto y pidió "extender" la discusión para permitir la presencia de sectores afectados eventualmente por la ley impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Foto: Pablo Añeli 

A su turno, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, reiteró su planteo para que concurran a exponer el jefe de gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo y el asesor presidencial, Federico Sturzenegger, y reclamó la presencia de constitucionalistas para que analicen la "constitucionalidad" del DNU de reforma del estado y la ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos."Hay que hacer una nueva jornada con los invitados que faltan. Acá no se podría avanzar en dictamen o en una sesión si no viene Sturzenegger o el jefe de gabinete", aseveró la diputada de Izquierda, Romina del Plá, quien reiteró la necesidad de conocer el cronograma que, dijo, "debería estar supeditado a expresiones que todavía están pendientes".Ante ese planteo, el presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), que lleva adelante el plenario, anticipó que los pedidos "los vamos a tratar con las autoridades" de las otras dos comisiones "para darle una respuesta a cada una de las solicitudes de ustedes".

Foto: Pablo Añeli 

El primer expositor fue el referente de la Organización Mundial de Zonas Francas, Lisandro Ganuza, sostuvo que el proyecto "no incluye a las zonas francas. No vemos acciones que generen competitividad para cumplir con un precepto de exportar más" y solicitó que se incorpore una alícuota para la producción y servicios del 15 por ciento "para generar competitividad a las provincias que promuevan nuevas inversiones y generen empleo".Desde Productores Tabacaleros, Pedro Pascutini, cuestionó el proyecto, al sostener que "si bien tiene cosas positivas como la eliminación de precio mínimo o el tema de lo que hace a la trazabilidad y control externo entendemos que eso no basta para nosotros. No vemos el beneficio para la producción".Por su parte, Claudia Pugliese, de la Asociación de Profesionales del Servicio Social, manifestó su "profundo rechazo" a los aspectos de salud mental incorporados en la ley, al sostener que "no sólo ha sido concebida a espaldas del Congreso sin participación de usuarios y trabajadores implica un retroceso, porque se volverá a modelos que han fracasado"."Es volver a la ausencia de abordajes interdisciplinarios y a la privación de la libertad; al encierro indiscriminado y destrucción de lazos sociales", apuntó.En tanto, desde Barbechando, Manuel Chiappe, dijo que "el campo está dispuesto a poner el hombro" aunque pidió incluir a las pymes en la ley, a la vez que reclamó reivindicar la división de poderes "su existencia garantiza el control del Estado, no deleguen sus facultades".

Foto: Pablo Añeli 

Por su parte, Marina Charpentier, madre del músico Chano Charpentier, celebró que la ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos "hable de prevención" pero sostuvo que la iniciativa "está hecha desde un escritorio" y pidió a los legisladores que "salgan a la calle y hablen con los pibes"."La ley será muy buena, pero es teórica, así como no se no se puede hacer desaparecer la inflación sin tomar medidas", aseveró Charpentier y se preguntó: "Qué derecho humano tiene un paciente enfermo mental que no puede trabajar ni criar un hijo", puntualizó.

(Télam)

Ante el inicio del tratamiento legislativo del proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, desde la Fundación Barbechando expusieron luces y sombras sobre su contenido, pero también acerca de las formas a las que recurre el Poder Ejecutivo Nacional para impulsar las amplias reformas que se incluyen en la iniciativa.“Queremos plantear propuestas de mejoras que contribuirán al desarrollo federal de la Argentina y advertir algunos riesgos que presenta el proyecto en consideración”, indicó la institución que trabaja en el seguimiento parlamentario de los temas de interés para el agro argentino.En ese sentido, proponen una ampliación al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para incluir a las pequeñas y medianas empresas; advierten sobre la pérdida de institucionalidad que implica la delegación de facultades; alertan que los derechos de exportación son un impuesto que impacta negativamente en la producción nacional, sobre todo en las economías regionales; y solicitan “que se visibilice un Plan Económico claro, en donde se reflejen los ajustes fiscales, los esfuerzos tributarios temporales y los plazos estipulados para cada período”.“Entendemos las medidas de urgencia que necesita nuestro país, pero necesitamos que el Congreso de la Nación cumpla su rol y legisle en miras del bien común, midiendo el impacto de las propuestas en estudio”, sostienen desde la institución. Y consideran fundamental el trabajo en comisiones y el intercambio entre los legisladores para lograr el texto “con el mayor acuerdo posible que otorgue previsibilidad a la producción”.

El extenso análisis, que se desarrolla en 8 páginas, comienza planteando la relevancia del sector agroindustrial para el país. Las 33 cadenas que lo integran contribuyen al 23,5 % del PBI Nacional (1 de cada 4 pesos); generan 3,9 millones de empleos directos e indirectos (23% del empleo privado); aportan 7 de cada 10 dólares de exportación (67% de las exportaciones en 2022; exportan a 155 países, generando un superávit comercial superior a 48.000 millones de dólares; y aportan el 97% de los DEX (derechos de exportación) que recauda el Estado.En particular, apuntan contra los impuestos nacionales que “se llevan la mayor tajada de la renta agrícola”. Sobre todo aquellos no coparticipables, como los DEX, que representan el 64,9% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. Junto al impuesto a los créditos y débitos bancarios “son responsables de este saqueo del Estado Nacional”.Luego del diagnóstico, el trabajo plantea propuestas. Tras considerar “urgente” la adopción de reformas estructurales -políticas, administrativas, económicas y sociales- que permitan encarar una “solución efectiva a la crisis actual y garantizar la estabilidad económica”, Barbechando declara: “Coincidimos plenamente con el espíritu del proyecto”.Pero, con el foco puesto en las MiPyMES, responsables del 64% del empleo registrado del país, advierten que en la Ley Ómnibus el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) pone el foco sólo en las grandes inversiones. “Es momento de empezar también apoyar a las pequeñas y medianas empresas”, dicen, por lo que sugieren que el esquema de incentivos “puede ser aplicado en paralelo para el segmento de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES)”. Incluir particularmente a las MiPyMES agroindustriales “aportaría dinamismo a las inversiones y presencia federal/territorial”.

Foto: Gentileza

En otro apartado, enfocado en el Alerta que enciende la delegación de facultades del Poder Legislativo la Ejecutivo, Barbechando plantea que se trata de un mecanismo recurrente que implica “la pérdida de institucionalidad de la Nación, en especial cuando esa delegación se utiliza para modificar impuestos que afectan el desarrollo federal y limitan la libertad productiva”. Si bien se comprende la necesidad de tomar decisiones urgentes, “es necesario trabajar el consenso de las leyes”.Y, por último, la crítica a los DEX, “un impuesto que hace daño a las provincias” ya que “el producido de las provincias se diluye en la ineficacia estatal nacional”. Además, penalizan a la producción en zonas que debe asumir largos tramos de fletes, sacan de juego a un sinnúmero de economías regionales cuyos márgenes son bajos y con un cambio de las reglas tributarias quedan fuera de la cancha, no por falta de competitividad, sino por ahogo fiscal.Frente a esa situación, Barbechando solicita: DEX cero a las Economías Regionales; plantear con claridad y transparencia la duración los esfuerzos tributarios extraordinarios aplicables al resto de producciones agropecuarias (cronograma de reducción de los DEX en el tiempo); enmarcar los esfuerzos tributarios en un Plan Económico Integral con metas y esfuerzos fiscales que deben realizar todos los sectores de la economía y por sobre todo el Estado Nacional; y solicitar al Poder Ejecutivo -a través del Congreso- que exponga el impacto real sobre los efectos de un aumento en DEX.Entre las conclusiones, Barbechado también pide “que se visibilice un Plan Económico claro en donde se reflejen los ajustes fiscales, los esfuerzos tributarios temporales y los plazos estipulados para cada período”. Y compara: “si en el proyecto de ley se incluyó un cronograma de baja para el impuesto a los Bienes Personales, ¿por qué no plantear un esquema similar para los Derechos de Exportación?”

Con la asunción de los nuevos legisladores en el Congreso de la Nación (24 senadores y 130 diputados), el mapa político en el parlamento muestra una nueva configuración, que podría ser el ámbito propicio para fortalecer las políticas públicas para el sector agropecuario.

Así lo entienden desde la Fundación Barbechando, entidad encargada de realizar el monitoreo y seguimiento de temas de interés para el agro en el Congreso Nacional. "Sin mayorías automáticas, la negociación será la clave para destrabar los proyectos de la agenda legislativa y una oportunidad para el agro, donde la amplitud política y territorial de los legisladores permite plantear el comienzo de un Frente Legislativo Agropecuario, es decir, un grupo coordinado de legisladores de todos los partidos políticos que impulsa políticas públicas agropecuarias", analizaron.

A todas luces, las reformas propuestas por el gobierno entrante van a requerir de duras negociaciones. Pese a haber obtenido más de un 55% del apoyo popular, pero sin gobernadores propios y con un Congreso dividido -con la primacía del peronismo; Juntos por el Cambio corriendo atrás y los liberales en minoría-, "la definición de las políticas públicas será en el Congreso de la Nación".

"Para nosotros es el mejor de los mundos: un Congreso de tercios que se tiene que sentar a negociar, un Poder Ejecutivo que entiende de lo que tenemos que hablar y Barbechando articulando de esa manera en el Congreso", aseguró Ángeles Naveyra, presidente de la Fundación Barbechando.

Además, Naveyra señaló que "la renovación de las cámaras trae sangre nueva y una oportunidad para conocer y empezar a trabajar con legisladores de todos los bloques en políticas públicas para el desarrollo del agro. La oxigenación en el poder legislativo es necesaria y vemos que en los últimos años hay legisladores con ideas nuevas y enfoques innovadores en el Congreso, eso es positivo para nuestro país."

La nueva conformación del Congreso tendrá 32 legisladores con vinculación directa al agro -familiar, actividad profesional o carrera política afín al sector- que representan menos del 10%.

Sin embargo, Naveyra asegura que si ampliamos ese universo a todos aquellos legisladores que prioricen el desarrollo federal y real de la Argentina, alcanzamos un potencial cuerpo de casi 40% legisladores, en cada cámara, que va a mirar al campo como oportunidad y no como amenaza.

Para Barbechando, el desafío de este nuevo Congreso -y no solo de Javier Milei y su equipo- será lograr los consensos que se enfoquen en solucionar los problemas de los argentinos. "El desafío del agro será impulsar una agenda común y propositiva, e incidir con una visión unificada en la agenda política. Eso se logra articulando transversalmente a todos los partidos, y junto a un Frente Legislativo Agropecuario", plantearon.

En esa línea, para la fundación resulta prioritario "medir el impacto de las leyes y transformar las voces aisladas en un frente coordinado, trabajando por el campo, ya que, si es bueno para el campo, será bueno para el país".

"Hay tierra fértil. Es el momento propicio y la oportunidad para un Frente Legislativo Agropecuario en el Congreso de la Nación", aseguró la Presidente de Barbechando y remató con la frase del escritor francés Víctor Hugo: "No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo".

La Fundación Barbechando advirtió en las últimas horas que el oficialismo convocó una jornada informativa en la Cámara de Diputados de la Nación para el análisis de la "separata del presupuesto", que planta suprimir la exención del pago de Impuesto a los Bienes Personales que rige para los establecimientos agropecuarios.

Al respecto, la entidad explicó que el Ministerio de Economía incluyó en el proyecto presupuestario un párrafo destinado a "promover el análisis y discusión parlamentaria de los gastos tributarios y de otros beneficios impositivos con impacto presupuestario en pos de dar sostenibilidad al sendero fiscal de la República". Esta es la mencionada "separata".

En uno de los anexos se detallan todos esos rubros a identificar para ser rebajados, entre ellos la exención de inmuebles rurales en el impuesto sobre los Bienes Personales que representa 0,48% del PIB.

La justificación de esto es porque las exenciones generan pérdidas de recaudación de un poco más del 5% del PBI y, tras el telón de la ley, porque se necesita compensar la pérdida de recaudación que originarán las recientes medidas de compensación a determinados sectores de trabajadores, jubilados y monotributistas.

Desde Barbechando alertaron: "es importante recordar que los inmuebles rurales están alcanzados por el impuesto inmobiliario provincial, y que también tributan por la red vial", por lo cual "se encuentran incorporados dentro de un proceso económico, por lo que quedan fuera del alcance del espíritu recaudatorio del impuesto a los bienes personales". 

"Nuevamente avalar una triple imposición es un ataque directo al desarrollo federal de nuestro país", sentenciaron desde la entidad.

(Por Juan Manuel Fernández) - Detrás del baldazo de agua fría para el sector agropecuario que significó la inesperada victoria del candidato oficialista a la presidencia, Sergio Massa, habría una luz de esperanza para la futura generación de políticas para el sector. La nueva composición de ambas cámaras en el Congreso de la Nación, en las que no habrá mayorías automáticas, anticipa una dinámica de consensos que podría facilitar el tratamiento de cuestiones agropecuarias. Además, serían cerca de un centenar los legisladores afines al sector, según anticiparon desde la Fundación Barbechando.

"Definitivamente; habrá más posibilidades de incorporar temas del sector", sostuvo el director general Manuel Chiappe, en virtud de los 38 diputados y 8 senadores que tendrá La Libertad Avanza, consolidando una estructura parlamentaria de tercios, sobre todo en la Cámara baja. "Se va a tener que negociar y consensuar; algo que lamentablemente en el último tiempo no lo hemos visto mucho", añadió. En Senadores, en cambio, el actual oficialismo mantuvo 35 bancas, que no alcanzan a quórum propio, pero sí al sumar aliados. "Lo que se pueda negociar en Diputados, en el Senado va a tener que pasar por el filtro de Unión por la Patria, que va a seguir teniendo el control como en los últimos cuatro años".

A esto sumó que hay muchos legisladores que se consideran afines al agro. "Tenemos mapeados casi 30, diputados o senadores, con un vínculo directo con el campo; es un número más que interesante para empezar a empujar políticas públicas desde adentro del Congreso de la Nación", reveló. Pero aclaró que, al considerar aquellos con una relación indirecta, "se amplía más la base, con lo cual habría unos 100 legisladores con los que podríamos trabajar".

En el tablero Chiappe colocó a los gobiernos provinciales, donde también hubo renovaciones. Desde diciembre serían unas 10 provincias gobernadas por Juntos por el Cambio, 7 de Unión por la Patria y 3 de aliados al oficialismo. "Hay un escenario bastante amplio", dijo, como para buscar consensos.

En este contexto, el directivo de Barbechando afirmó: "tenemos que trabajar fuerte en llevarle propuestas a la política para impulsar en conjunto; no esperar pasivamente que la política haga y resuelva, sino trabajar con la política". El objetivo sería abordar proyectos de ley en base a "una agenda consensuada y definida dentro del sector, para tener un impacto mayor en las políticas públicas".

En ese sentido, anticipó que ya trabajan junto a otras entidades del agro, como las cuatro cadenas (ACSOJA, MAIZAR, ASAGIR y ARGENTRIGO), Coninagro, Aapresid y Crea, para replicar el "modelo brasileño" de representación política del sector. "Empezamos a transitar este camino con mucha agresividad", dijo, y reveló: "comenzamos a trabajar con almuerzos mensuales en nuestras oficinas con legisladores para empezar a mostrarles el potencial del campo".

Chiappe explicó que "es un trabajo de relojería, de mucha paciencia; pero ya estamos empezando a ver algunos frutos". Al respecto, aseguró: "hay muchísimo interés de los legisladores en empezar a conformar un frente similar al de Brasil y es algo que tenemos que aprovechar". El recambio legislativo, sostuvo, "es una excelente oportunidad para darle más vigor".

Finalmente, conminó a los productores a "salir de esa espiral depresiva de quejarnos y enojarnos con la política", para pasar a "involucrarnos, meternos, defender nuestros intereses; y no necesariamente implica ser un candidato a nada". En tal sentido propuso relacionarse con instituciones como Barbechando, que hoy cuenta con 400 integrantes que aportan recursos económicos pero también conocimiento y experiencia para defender los intereses del sector. "Es imperioso; creemos que ya está madura la política para empezar a trabajar en esa línea", concluyó.

De una punta a la otra del espectro político, la Fundación Barbechando tomó nota de las propuestas para el agro que los candidatos a presidente de la Nación tienen en sus plataformas de gobierno o sobre las ideas que han expresado respecto de las cuestiones que interesan al sector.

Sobre los derechos de exportación (DEX), Milei, Bullrich y Schiaretti están alineados: eliminación, pero en forma gradual. Milei, amplía su propuesta y propone un pago a cuenta de Ganancias; mientras que el referente cordobés detalla la reducción gradual: 25% el 10 de diciembre y, luego, gradual en 4 años de gobierno. Todos ellos, a su vez coinciden con Derechos de Exportación cero a Economías Regionales.

La propuesta de Sergio Massa es limitada, pero podría ser capitalizada durante su gestión de gobierno: eliminar los derechos de exportación a las Economías Regionales, a partir del 1 de septiembre de 2023, pero sin definiciones respecto del resto de los cultivos.

Con respecto al tipo de cambio, de nuevo hay coincidencias generales entre los tres candidatos, ya que tanto Milei, Bullrich y Schiaretti apuntan a la unificación, pero, una vez más, el economista liberal explica cómo: primero se elimina el Banco Central y, luego, se unifica el tipo de cambio en 9 a 12 meses. Respecto de los otros candidatos, no han detallado el esquema.

Sergio Massa no se ha expedido sobre el tema, pero su gestión deja a la vista que no hay una propuesta para reducir la brecha.

Desde la izquierda, Myriam Bregman propone el control estatal del tipo de cambio, pero no dio detalles de derechos de exportación.

Peronismo, progresismo y liberalismo no parecieran ser tan distintos en materia económica. De nuevo, las coincidencias entre Milei, Bullrich y Schiaretti están a la vista: todos ellos apoyan la eliminación de las restricciones a las exportaciones.

Milei y Bullrich, además, proponen la apertura de nuevos mercados y la reinserción en el mundo; pero la referente de Juntos por el Cambio propone ir más allá y que se prohíban las nuevas intervenciones por ley -con intervención del Congreso-.

Yendo al oficialismo, Massa condiciona la apertura de mercados a la falta de dólares, es decir, las restricciones a las exportaciones se eliminarán cuando ingresen reservas.

Aún más extrema es la propuesta de la izquierda: nacionalizar el Comercio Exterior y que las exportaciones sean gestionadas por los trabajadores.

Los tres candidatos de centro, centro derecha y derecha concuerdan en la importancia de un plan de infraestructura.

Milei propone descentralizar la decisión de invertir en caminos, infraestructura y conectividad y generar un sistema de obras a cargo de los privados (como el modelo de Chile).

Bullrich apunta a un plan de infraestructura que desarrolle de nueva matriz de transporte que integre camiones, ferrocarriles e hidrovía y una estrategia de recursos hídricos; mientras que Schiaretti propone el trabajo público-privado a partir un Fondo para la Infraestructura Rural, instrumento que ya existe en la provincia mediterránea que lidera.

Sobre la macro, hay cierta sintonía en resolver los principales temas de fondo, pero en detalle las prioridades del agro para cada candidato son diferentes.

Barbechando, como en un informe anterior, destaca que cualquiera de los candidatos que acceda a la presidencia va a tener que consensuar sus propuestas en el Congreso de la Nación, desde las más estructurales hasta las más instrumentales -que no pueden aprobarse por Decreto-.

Una proyección de la futura conformación del Congreso anticipa un recinto dividido en tercios, donde Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y La Libertad Avanza no tendrán mayorías automáticas ni la posibilidad de lograr el quórum por cuenta propia. Ese nuevo Congreso tendría un 55% de los legisladores que coincidirían en las reformas de fondo que son necesarias.

Por eso, "el Congreso que viene será un semillero de negociaciones", dice la entidad, ya que al no existir mayorías automáticas todos deberán ceder algo para lograr la aprobación de las leyes.

En un mes serán las elecciones PASO que definirán las candidaturas presidenciales y los diputados y senadores nacionales definitivos, de cara a las elecciones nacionales del 22 de octubre.

Este año no sólo habrá recambio ejecutivo, sino también, legislativo: se renuevan 130 bancas de diputados -la mitad en cada una de las provincias- y 24 de senadores -Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz-. El próximo 22 de octubre, en la elección general, más allá de que haya o no balotaje, quedarán definidos los nuevos ingresantes al Congreso.

Según el análisis de la Fundación Barbechando, en las listas de diputados y senadores nacionales, que se cerraron el pasado 24 de junio, se oficializaron 27 precandidatos vinculados al agro con chances de ingreso. Se trata de “representantes que son productores agropecuarios o provienen de familia productora, ingenieros agrónomos o de carreras afines, o que han tenido una carrera política vinculada al sector“, como ex ministros de agricultura o producción.

“Ahora bien, poco más de una docena de esos precandidatos poseen reales chances de alcanzar sus bancas“, aclaró la entidad que se dedica a monitorear en el Congreso los temas de interés para el sector agropecuario.

También explicaron que -además- “hay un puñado que podrían ingresar, pero dependerá de la performance de la alianza que representan o de la interna a superar”.

Por último, hay un grupo con chances casi nulas, ya que los antecedentes electorales y la matemática le son adversos.

En el análisis general de las elecciones, Barbechando anticipa que se mantendría la paridad de fuerzas, pero Juntos por el Cambio sería primera minoría en ambas cámaras. “Desde el 10 de diciembre, Juntos por el Cambio tendría en su poder poco más de 120 diputados, transformándose así en la primera minoría de Diputados, pero sin quórum propio, ya que necesitaría 129 legisladores”, explicaron. En esa Cámara, los bloques de Consenso Federal, Provincias Unidas y la Libertad Avanza se volverían clave para lograr el quórum y alcanzar acuerdos.

En relación con el Senado, tendría lugar un hecho histórico: desde el regreso a la democracia, el peronismo dejaría de ser la primera minoría, que pasaría a manos de Juntos por el Cambio. Para ello serán cruciales los resultados electorales en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, San Juan y San Luis.

De concretarse los resultados proyectados, el bloque de senadores cambiemitas, con sus aliados, conformarán la primera minoría, pero no les alcanzará para el quórum propio, de 37 senadores. Las terceras vías -reducidas a un puñado de tres legisladores- seguirán siendo clave en las negociaciones para lograr sesiones y sancionar leyes.

Asimismo, podrían darse cambios en las presidencias de las comisiones, en especial en Diputados, donde Juntos por el Cambio se quedaría con el mayor número, sumado a potenciales presidencias de los liberales y la izquierda. En Senado, también habrá nueva repartición de comisiones, sólo que el sistema de asignación es por bloques, obligando a las fuerzas a mantenerse unidas.

El 2022 dejó un Congreso con menos sesiones, menos leyes y menos actividad en comisión. La mayoría de las leyes sancionadas fueron días nacionales, donaciones, expropiaciones y acuerdos. La principal causa que no permitió los consensos: la grieta. El agro, sin embargo, con un balance neutro. ¿Qué se espera para el 2023?

Desde Barbechando analizamos los ejes que llevaron a esta situación atípica:

1. Menos leyes y sesiones: sin ser año electoral, el nivel de productividad del Congreso tendió a la baja. Las sesiones se mantuvieron casi idénticas respecto del año anterior -una sesión por mes-, pero hubo una disminución de un tercio respecto de la sanción de leyes.

Además, la actividad en comisión fue dispar: algunas comisiones estuvieron más activas que años anteriores -a pesar de la demora histórica en conformarse-, como fue el caso de Agricultura, y otras, ni siquiera llegaron a tener una reunión en el año, como Energía y Combustibles o Vivienda y Ordenamiento Urbano.

2. Un congreso alejado de los problemas de la sociedad: las leyes sancionadas quedaron disociadas de parte de la agenda de la sociedad. De las 37 leyes que sancionó el Congreso, 49% fueron días nacionales, donaciones, expropiaciones y acuerdo; un 27% proyectos vinculados a Salud, Cultura, Seguridad, Capacitación y un 13% de Finanzas, incluido el aumento de impuestos. Sólo el 11% de las leyes sancionadas fueron regímenes o fomento de la producción.

3. El difícil camino hacia una ley: generar acuerdos para lograr la sanción de leyes con impacto de largo plazo no es tarea fácil. De los 3168 proyectos de ley que se presentaron en el 2022, sólo 57 lograron obtener media sanción; 37, su sanción definitiva; y casi 600 se trataron en comisión. Es decir, en promedio sólo el 1% de los proyectos logran su cometido de convertirse en ley.

4. Falta de consenso: las diferencias entre las dos principales bancadas son evidentes.

Cada sesión terminó siendo un espacio de cuestiones de privilegio, donde los diferentes espacios aprovecharon para comenzar a diferenciarse de cara a la elección presidencial del 2023. Aunque no sea oficial, la campaña electoral, ya empezó.

5. Sin mayorías automáticas: la falta de mayorías automáticas hay que remediarla con diálogo.

En Diputados, en particular, la existencia de dos bloques con casi idéntica cantidad de integrantes (118 Frente de Todos y 116 Juntos por el Cambio), mantuvo en vilo varias sesiones donde no se logró garantizar el quórum, ni siquiera con agenda de bajo conflicto y aparente consenso.

Los aliados de las dos principales fuerzas (Partidos provinciales y federales) no lograron su peso propio para quebrar la situación y, así, las terceras vías tampoco pudieron imponer su agenda para ser parte de las negociaciones.

El gobierno confirmó que convocará a sesiones extraordinarias a partir del 23 de enero.

El temario, a definición del Ejecutivo, incluiría dos agendas: la política (Juicio político a la Corte Suprema, reforma de la ley de coparticipación, blanqueo de capitales y moratoria previsional) y la productiva (monotributo tech, fomento exportaciones agroindustriales y energía).

El desafío del gobierno será, por un lado, lograr efectividad en la convocatoria, ya que en los últimos años no hubo avance entre el pedido del gobierno de que el Congreso sesione y la voluntad de los propios legisladores oficialistas; y por el otro, que la agenda política no paralice la agenda productiva.

Para lo que resta para el 2023 la campaña electoral nacional, que, a su vez, se suma el desdoblamiento de las elecciones provinciales, será otra limitante. La campaña arranca en febrero y, en promedio, habrá elecciones todos los meses, lo que dificulta la presencia de los legisladores en Buenos Aires.

El balance anual no tuvo grandes cambios respecto del semestral sobre las leyes sancionadas para el agro. Las medias sanciones a la promoción del cáñamo y cannabis medicinal, modificación de la ley de bio y nanotecnología y control de resistencia antimicrobiana lograron avanzar un paso más y convertirse en ley.

Este año el agro casi recibe un embate durante el debate del Presupuesto, a través de un artículo que, por medio de facultades delegadas, proponía aumentar algunos topes de Derechos de Exportación -con principal impacto en trigo, maíz, leche, carne y economías regionales-.

LEY DE FOMENTO DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES: siendo un proyecto del gobierno y una de las prioridades de Sergio Massa, el proyecto sería incluido en sesiones extraordinarias. De no serlo, pierde estado parlamentario, es decir, cae y debe comenzar su tratamiento de cero.

HUMEDALES: el proyecto cuenta con dictamen de comisión (en mayoría por JxC y minoría por el oficialismo) y está en condiciones de ser tratado en el recinto.

MAQUINARIA AGRÍCOLA: el régimen de fomento estaba por dictaminarse en plenario de comisiones, pero el asueto del 20 de diciembre truncó las chances. El 2023 puede complicar las posibilidades de encontrar quórum en comisiones.

EMERGENCIA AGROPECUARIA Y CRÉDITO AGROPECUARIO: se instaló el tema en comisión, con reuniones informativas y de debate, pero no logró mayor avance y pierde estado parlamentario.

Mientras tanto, los proyectos presentados vinculados a la AgroBioIndustria, representan menos del 10% del total de las iniciativas. El 70% de esa agenda está vinculada a: Ambiente, Economías Regionales, Emergencia agropecuaria, Derechos de Exportación y Agricultura. Con respecto a la autoría de los proyectos, casi el 50% provienen del Juntos por el Cambio, el 40% del Frente de Todos y el 10% de terceras vías.

Desde Barbechando apoyamos un Congreso activo y empoderado, que controle e impulse políticas públicas que nos brinde las reglas de juego que la sociedad necesita para los próximos 50 años, donde los gobiernos de turno se encarguen de gestionar la coyuntura, y no dejarle ese rol al Poder Legislativo, a cambio de delegación de facultades que le son propias.

Casi la mitad de la población en la pobreza es motivo suficiente para exigir grandes acuerdos políticos, donde los egos personales sean secundarios y la unión de los argentinos, para lograr un proyecto en común de desarrollo de país, sea la meta a alcanzar.

Por Florencia Richiutti, licenciada en Ciencia Política y directora ejecutiva de Fundación Barbechando