Con el objetivo de profundizar el compromiso del Gobierno de la Provincia con el cuidado ambiental, continúa implementándose la Ley Yolanda -sancionada el 17 de noviembre de 2020- mediante la cual se trabaja en la formación integral de funcionarios públicos en materia de conciencia ambiental.

Esta semana el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático realizó las mesas de trabajo con representantes de organizaciones sociales, universidades y ONGs, paso previo a la puesta en marcha de la etapa formativa.

"La colaboración de todos los actores es imprescindible para poder recibir aportes que enriquezcan la formación", aseguró el ministro Enrique Estévez, para luego completar: "Esta formación es muy importante porque nos ayuda a tener una mirada transversal del ambiente, tal como nos pidió el gobernador Maximiliano Pullaro. Desde el Estado tenemos que adelantarnos y pensar estratégicamente cómo mitigar el cambio climático y abordar las consecuencias que genera".

Cabe señalar que si bien cada provincia desarrolla su propia implementación de la Ley, las capacitaciones deberán contemplar los siguientes ejes: Concepto del desarrollo sostenible y contribución de los objetivos de desarrollo sustentable nacionales; Gestión de residuos sólidos urbanos; Cambio climático; Problemáticas ambientales; Recursos naturales y biodiversidad; Eficiencia energética; Derecho ambiental; Economía circular; Impacto ambiental de las políticas públicas.

La Comisión de Discapacidad trabajará en el Proyecto sobre Capacitación obligatoria en Lengua de Señas Argentina –LSA– en los tres poderes del Estado nacional. Dicha capacitación en LSA se pronunciará como idioma viso-gestual para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías.

El Proyecto, que será tratado en Diputados, ya cuenta con media sanción del Senado desde abril pasado.

La Comisión de Discapacidad también abordará: Capacitación obligatoria en temática de discapacidad para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Creación de un Programa de reconocimiento a las empresas que incluyen prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad “Sello nacional de equidad laboral (SENELDIS)”. Creación de un Sistema integral de prioridad y contención para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y síndromes relacionados en los medios de transporte terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial. Régimen de capacitación de personal para tratar con personas con Trastorno del Espectro Autista. Turismo accesible para personas con capacidades restringidas –Ley 25.643–, modificaciones. Protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes –Ley 26.061– modificaciones. Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad –Ley 24.901–, modificaciones. Proyectos de declaración y resolución.

Por Luis Rodrigo 

La existencia de una carrera profesional dentro de la Policía y de una instancia previa de formación que les devuelva jerarquía a sus oficiales son los ejes de un debate que, este miércoles 11 de mayo contó con una reunión clave. 

En el recinto del Senado de la Provincia de Santa Fe, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación general recibió a funcionarios de tres ministerios del gobierno provincial, a jefes de esa fuerza y otros legisladores. El encuentro giró sobre un proyecto de ley que ha ingresado Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) que plantea recrear la Escuela de Oficiales de la Policía de la Provincia de Santa Fe. 

Así, otra vez habría en la fuerza dos escalafones diferenciados de suboficiales y de oficiales. Producto del debate y de algunas observaciones previas del presidente de esa comisión, hubo acuerdo en que -además volver a la formación de oficiales de la policía-, será necesario reformar el actual Instituto de Seguridad Pública para que sea quien forme a los suboficiales. Ese paso requerirá de otro proyecto de ley para la modificación de la 12.333 que creó ese instituto en 2004, durante el gobierno de Jorge Obeid, cuando se creyó conveniente unificar los grados. 

Ahora se plantea, a la luz de los resultados, dar marcha atrás con aquellos cambios. “Desde la política nos debemos un debate, porque es necesario tomar una decisión política, para que haya una política de Estado y asegurar que será por fin mejor la formación de los cuadros de la Policía. Necesitamos tener una fuerza más profesional, con una escuela que nuevamente forme a sus oficiales, para estar a la altura de lo que la situación exige. Está claro que combatir la inseguridad requiere de muchos más esfuerzos y de una actitud firme de los tres Poderes, pero mejorar a la policía es un primer paso”, dijo Gramajo a El Litoral, satisfecho con la convocatoria y con los aportes que hicieron “los funcionarios del Poder Ejecutivo que han brindado su apoyo, los jefes policiales y los expertos en seguridad que hemos convocado”. 

Hubo funcionarios de la Casa Gris de segundas y terceras líneas, aunque del tema Gramajo ha hablado ya con el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, quien ha mostrado su acuerdo. Asistieron el secretario de Gobierno, Oscar Urruty; el subsecretario de Registros sobre Personas Humanas y Jurídicas, Dr. Francisco Dallo; el subsecretario de Coordinación de Gabinete y Articulación Institucional, Homero Domínguez de Soto y la asesora de esa oficina, Gabriela Lascurain. 

Cabe destacar que en términos personales asistió el juez, Cristian Pablo Fiz presidente de la Cámara Penal de Rafaela y que, del mismo modo, el también camarista, José Antonio Mántaras, de Vera, envió su adhesión a la reunión. También estuvo el comisario retirado, Jose Luis Giacometti y otros ex uniformados. 

“Creemos que fue un error haber cerrado la Escuela de Oficiales y pensamos que debemos remediarlo”, sintetizó Gramajo. Piensa que es fundamental “restablecer las jerarquías” en la fuerza. Comentó que las policías provinciales “no son instituciones militares, pero tampoco civiles”. Y destacó que la concibe “como auxiliar a la Justicia”. 

El encuentro fue coordinado por el presidente provisional del Senado, Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias) y también contó con la participación de los senadores justicialistas Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo), José Baucero (PJ-Nes-San Javier), Osvaldo Sosa (PJ-Nes-Vera) y los radicales Germán Giacomino (UCR-Constitución) y Lisandro Enrico (UCR-General López). El último habló en nombre del radicalismo para dejar constancia del apoyo de la bancada a la iniciativa. 

El proyecto de Gramajo tiene que madurar en comisiones y el paso que dio esta semana consiste en demostrar que tiene el visto bueno de funcionarios del Poder Ejecutivo y policías. De todos modos, cabe advertir que a la invitación cada ministerio respondió con segundas y terceras líneas. No con sus titulares. 

El objetivo de recrear una escuela para los grados de oficiales que componen la escala jerárquica policial, cuente con carreras de nivel terciario y con una formación especializada. Se pretende jerarquizar la función policial, a través de la modernización y profesionalización de los agentes. 

El bloque Juan Domingo Perón del Senado recibió a dirigentes de cooperativas que prestan el servicio de agua potable en gran parte del territorio provincial, para buscar condiciones más equitativas para ese sector respecto de la prestadora estatal Aguas Santafesinas que recibe importantes ayudas del tesoro provincial. 

Se trata de analizar las actividades realizadas en el marco del Decreto 186/21 y la Resolución 286/21 que establecen los mecanismos participativos para lograr una reforma a la Ley 11.220 que regula la actividad desde la década de los ’90, cuando se privatizó la ex Dipos y se creó el Ente Regulador de los Servicios Sanitarios entre otros cambios de fondo. 

El objetivo planteado por los representantes de Federación Nacional de Cooperativas de Agua Portable (Fencap) es buscar equidad entre cooperativas y Assa en cuanto a los subsidios que reciben del Estado, en las tarifas que llegan a sus socios cooperativos frente a los que atiende la prestadora más importante. También el sector plantea la necesidad de que el Estado intervenga para hacer más justo el esfuerzo que deben hacer los prestadores que están más cercanos a la captación de agua dulce del río Paraná y quienes, en cambio, deben proveerse por otros medios de las fuentes de captación liquido elemento. 

En la reunión con la bancada de los senadores del Nuevo Espacio Santafesino se destacó que en el territorio provincial existen 117 cooperativas de provisión de agua potable, que asisten a 273.216 hogares y constituyen en conjunto el segundo prestador del servicio luego de Assa. 

Participaron del encuentro Darío Chapini, presidente de Fencap (Cooperativa de Armstrong); Hugo Gozzi , tesorero de esa federación (Cooperativa El Trébol); Silvia Mateo, auditora de esa entidad (Cooperativa de Timbúes); y Patricia Leiva, secretaria de Fencap (Cooperativa de Timbúes).