La integración del Poder Legislativo, atribuciones de las cámaras y una mayor agilidad para la sanción de leyes son los ejes centrales del primer tema llevado al recinto y aprobado con amplia mayoría por la Convención Reformadora.

El sexto plenario de la Convención -bajo la figura honoraria de Estanislao López- fue el primero en aprobar cambios en la Constitución santafesina, cambios que terminarán de ser convalidados en la lectura final entre el 9 y 10 de septiembre y jurada por los tres poderes en días posteriores.

Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo -con la posibilidad de reelección a partir de 2027, y la cláusula transitoria que habilita al actual mandatario a tener un nuevo mandato y a los actuales legisladores a dos, son los ejes centrales de la reunión.

La Comisión Redactora comenzó con su misión en la Convención.

Fue Rodrigo Borla (Unidos), presidente de la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, el que expuso los cambios determinados por el trabajo del grupo, afinados por la Redactora.

Son 11 de los 31 artículos de la Constitución actual que se reforman con la aprobación.

El cambio más notorio es la integración futura de la Cámara de Diputados que dejará de tener una mayoría especial del ganador para estar integrada por 50 integrantes -con paridad de género- todos elegidos en forma proporcional. La edad mínima será de 21 años para llegar a la Cámara Baja y de 25 en la Cámara de Senadores.

Se quitaron los fueros, salvo para opinión, y se pasó de cinco a tres pasos para la sanción de la norma.

Borla (Unidos) expuso los cambios.

En cuanto a los cambios de la atribución legislativa, se llevó de 30 a 45 días el plazo para que los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo tengan sanción ficta aunque en el caso de los ministros de la Corte Suprema, fiscal general y defensor general no podrán tener aprobación de ese tipo.

Además, entre las nuevas atribuciones se estableció que la Legislatura recibirá durante el mes de abril de cada año el informe de gestión y la respectiva rendición de cuentas del Fiscal General, Defensor General y Presidente del Tribunal de Cuentas y cualquier otro órgano que tenga esta obligación según se establezca por ley.

Desde varios bloques se habló de la limitación de mandatos así como de la paridad -vigente por ley- llevada al texto constitucional.

El otro aspecto importante es que el período Ordinario se extienda desde el 15 de febrero al 30 de noviembre.

En cambio, Marcos Peyrano (La Libertad Avanza) consideró que se perdió una oportunidad de tener una Legislatura unicameral con la presencia de 19 representantes de cada departamento, con límites a los nombramientos de asesores y mayorías agravadas para sancionar normas tributarias.

Luego Lucila De Ponti (Más para Santa Fe) y Lionella Cattalini (Unidos) defendieron la paridad en el texto constitucional y lo calificaron como un avance con respecto a otras provincias.

El dictamen de mayoría en materia del Poder Legislativo tiene las firmas de integrantes de Unidos, Fe, Más para Santa Fe, Activemos y algunos integrantes de Somos Vida y Familia.

La sesión empezó con un homenaje al brigadier López y la votación de una serie de resoluciones.

(Por Emerio Agretti-Ivana Fux) – El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia fue contundente y categórico al momento de rechazar la declaración de inconstitucionalidad que el camarista José Luis Mascali formuló con respecto al art. 51 de la Constitución Provincial y el art. 27 del Código Procesal Penal, que son los que impiden citar a audiencia imputativa al senador Armando Traferri en el marco de una causa sobre narcotráfico, sin que antes haya sido despojado de sus fueros. Sin embargo, está lejos de clausurar la investigación como tal, y hay numerosas vías por las que el procedimiento puede seguir adelante, e incluso con la declaración de Traferri.

De hecho, el Ministerio Público de la Acusación analiza distintas vías: la presentación de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un nuevo pedido de desafuero, e incluso la posibilidad de volver a citar Traferri aún asistido por sus fueros.

“El fallo no es bueno, no estamos de acuerdo, aunque naturalmente lo respetamos. Pero no nos satisface, y en función de ello se va a estar analizando la interposición de un recurso exraordinario ante la Corte nacional”, sostuvo el titular del MPA, Jorge Baclini, al dia siguiente del pronunciamiento del Alto Tribunal.

“Pensamos que el criterio que planteó la mayoría es limitativo y demasiado restrictivo en una visión histórica, que no se adecua a la realidad actual y al estándar de la normativa nacional y las otras provincias. Creemos que el principio de igualdad ante la ley es supremo y está por encima de otras normas. Lo preferible, lo deseable, es que todas la personas podamos ser sometidas a proceso”, añadió.

Baclini se excusó de formular un análisis en detalle sobre el fallo como tal, dado que es muy reciente y extenso (suma 123 páginas). Pero tomando en cuenta las posiciones de los ministros, hizo notar que el resultado “no es un es un 5 a 1 estrictamente, hay coincidencias en distintos votos. Los del doctor Gutiérrez y el doctor Spuler validan la posición del senador, el del Dr. Erbetta está en la posición opuesta, y los otros tres votos (Falistocco, Netri, Gastaldi) tienen alguna coincidencia en que alguna actividad se podría realizar, como el llamado a declaración, sin pedido de desafuero”.

A partir de allí, consideró que “algunos entienden que esto queda en la potestad de la persona imputada (si acepta o no que este acto se realice), otros que la manfestacion que hizo al presentarse en su oportunidad ya daría por cumplido este paso, al decir que no queríaa declarar. Es un análisis que va a tener que hacer llegado el momento el camarista a quien se le asigne el dictado de la nueva resolución”, tal como ordena el fallo de la Corte tras dejar sin efecto la decisión de Mascali. En tanto, Baclini apuntó que “la investigacion de los fiscales en general sigue. En lo particular está detenida en que no se ha celebrado el acto de la declaracion imputativia del senador, pero el resto de las acciones de la investigacion siguen su curso”. Y en ese marco, no descartó la posibilidad de insistir ante el Senado con un nuevo pedido de desafuero para Traferri, dado que “han surgido nuevos elementos, nuevas evidencias que dan pie a los fiscales para que lo hagan”.

El Litoral La Corte Suprema de Justicia de la provincia, con mayoría de cinco de sus seis integrantes, validó la constitucionalidad plena de los fueros legislativos al rechazar una resolución del camarista penal rosarino José Luis Mascali quien había habilitado a dos fiscales de Rosario a citar a audiencia imputativa al senador Armando Traferri (PJ – San Lorenzo) como organizador de una red de juego ilegal en la provincia La decisión que se conoció a primera hora de la tarde de este martes y lleva la firma del presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez junto con la de los ministros Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler mientras que Daniel Erbetta se pronunció por respaldar la decisión del camarista rosarino. La resolución de la Corte declara “procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada” y en segundo término ordena “remitir los autos al tribunal que corresponda a los efectos de que dicte nueva sentencia”. Es decir, otro camarista será el encargado de dictar la nueva sentencia. De todas maneras, solo son tres los ministros que indican que se debe clausurar la persecución penal; otros dos entienden que debe proseguirse y un sexto voto entiende que debe proseguirse aunque ya se cumplió esa etapa. La Corte debió intervenir en este incidencia de la causa por una red de juego clandestino donde los fiscales rosarinos Luis Schiappa Pietra y Matías Edery entienden que el senador Traferri integraba esa organización junto a Luis Peiti -ya confeso y acordó la sentencia en juicio abreviado- así como el ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal y el fiscal destitutido Gustavo Ponce Asahad quien también acordó un abreviado. En diciembre de 2020, los fiscales rosarinos pidieron el desafuero de Traferri para imputarlo como integrante de la organización. A principios de 2021 la jueza Eleonora Verón rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los fiscales para citar a Traferri a audiencia imputativa sin que los senadores hubieran levantado los fueros de su colega. Meses después, el camarista Mascali dio la razón a los fiscales: desconoció la decisión de Verón señalando que el artículo de la Constitución de Santa Fe que impide investigar a un legislador es inconstitucional. Ante eso Traferri fue citado a audiencia imputativa el 23 de agosto pasado, pero no concurrió. Según dijeron sus defensores, como el fallo de Mascali estaba apelado, la Corte Suprema debía dirimir el caso. El expediente en la Corte tiene como cabeza el pedido de inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal de la provincia solicitado por los dos fiscales. El fallo de 121 páginas responde tres cuestiones: ¿es admisible el recurso interpuesto?; en su caso, ¿es procedente?, y en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. El ministro Falistocco tuvo el primer voto. Los seis ministros coincidieron en admitir el recurso, aunque con disidencias parciales en los votos. Es Falistocco el primero en votar que en el caso de los fueros “la interpretación que aquí se propone siempre estará condicionada -por los efectos de la inmunidad de arresto- a la voluntad de los actores políticos: ya sea del legislador – de comparecer o no-; sea del cuerpo legislativo al analizar si correspondiere en el caso el pedido de desafuero o no; y de la soberanía popular en los próximos comicios de renovación de mandato del funcionario”. Es así que considera que corresponde revocar la decisión del juez Mascali y remitir los autos al tribunal que corresponda a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento “conforme a la doctrina constitucional que expreso en mi voto, en el sentido de la validez constitucional del artículo 51 de la Constitución provincial y de la aplicabilidad en el caso del artículo 27, segundo párrafo, del Código Procesal Penal”. Con otros argumentos, a la misma conclusión llegó Netri. En cambio, Erbetta entiende que “cuando la cuestión consiste en dirimir la esencia y razón última de la inmunidad de proceso, no puede menos que señalarse la discusión en orden a la posibilidad de que esta Corte, como máxima autoridad del Poder Judicial de Santa Fe, revise la validez constitucional de una de las normas instituidas por el poder constituyente en el máximo estatuto provincial. Más allá de las opiniones, estimo que dicha posibilidad puede ser admitida, como recurso extremo y excepcional”. En su extenso voto negativo, Erbetta concluye que “ninguna de las alegaciones del presentante en su impugnación (por Traferri) logra descalificar constitucionalmente a la sentencia en cuanto dispuso la inaplicabilidad al caso de los artículos 51 de la Constitución provincial y 27 del Código Procesal Penal que regulan la inmunidad de proceso. Por tanto, corresponde rechazar el recurso interpuesto y habilitar el llamado a audiencia imputativa del senador Traferri y, eventualmente, la continuación del proceso penal”. También usan argumentos particulares para rechazar el llamado a imputativa los ministros Gastaldi, Spuler y Gutiérrez. El presidente empieza su voto señalando que ” se impone señalar que de acuerdo a inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el ejercicio del elevado control de constitucionalidad debe imponer la mayor mesura, pues la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional -por gozar las leyes de presunción de legitimidad- y, por tanto, dicha atribución debe ejercerse con sobriedad, prudencia y únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable”. Sobre la resolución que corresponde dictar, Falistocco dijo que “corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, revocar la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal que corresponda a los efectos de que dicte nueva sentencia. Los ministros Netri y Erbetta -quien deja a salvo su postura en disidencia-, la ministra Gastaldi, el presidente Gutiérrez y el ministro Spuler dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por Falistocco y así votaron”.

El artículo 51 señala: Ningún miembro de ambas Cámaras puede ser acusado, perseguido o molestado por las opiniones o los votos que emita en el ejercicio de sus funciones. Sin autorización de la Cámara a que pertenece, acordada por dos tercios de los votos de los presentes, no puede ser sometido a proceso penal. Sin la misma autorización tampoco puede ser detenido, o de alguna  manera restringido en su libertad personal, salvo si es sorprendido en el acto de cometer un delito que no fuere excarcelable, en cuyo caso se comunicará a la Cámara respectiva, con sumaria información del hecho, a fin que resuelva sobre la inmunidad del detenido. La decisión de las Cámaras que disponga la suspensión de la inmunidad puede comprender también la suspensión en el ejercicio de las funciones del cargo”.

Luis Rodrigo

El Litoral

Tal como había adelantado en septiembre, cuando se conoció la declaración como arrepentido del empresario del juego ilegal Leonardo Peiti, el senador radical Lisandro Enrico (General López) confirmó por estas horas que no se quedará de brazos cruzados ante la grave acusación en su contra.

El Litoral consultó a los cuatro senadores a los que Peiti nombró en su declaración, que formó parte de su acuerdo como imputado colaborador ante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Dos de ellos han reaccionado públicamente ante el testimonio judicial que los involucra: Enrico manifestó que le iniciará un juicio a Peiti “por la absoluta falsedad de sus dichos” y por otra parte son conocidas las posiciones de Armando Traferri al denunciar ante la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa a ambos miembros del Ministerio Público de la Acusación, antes del fallo que validó los beneficios otorgados a Peiti en su condena.

En el caso de Enrico debe decirse que desde que su nombre fue parte de las acusaciones del empresario del juego ilegal ha hecho lo imposible para que esos dichos no queden solo en los medios. Reclama que se lo investigue, para lo que ofreció renunciar a sus fueros, además de presentarse (luego de una intervención quirúrgica) ante el MPA para que se indique si está o no bajo una pesquisa lo que fue negado por Edery y Schiappa Pietra.

“Tengo un testimonio de años de denuncias contra el juego ilegal, y al ex fiscal Ponce Asahad yo lo denuncié hace cinco años. Tengo el cuero duro y el corazón tranquilo porque cumplo con lo que debo”, había dicho visiblemente enojado en octubre, a poco de conocerse la acusación en su contra.

Para Enrico se debe investigar “la verdadera ruta del dinero” a partir de las afirmaciones de Peiti en el sentido de que había puesto “unos 200 mil dólares” para la campaña electoral del peronismo en 2019.

“No conozco a esta gente, jamás estuve algún tipo de contacto con alguno de ellos, no les conozco la cara, nunca les pedí nada, nunca me dieron nada; solo tengo contra el juego clandestino denuncias que he realizado y un juicio que me inició el abogado del señor Peiti”, recordó Enrico.

Tras confirmar que iniciará acciones legales contra el zar del juego “por haber dicho en una declaración judicial que le envió dinero para facilitar el juego clandestino a través de un dirigente justicialista” pidió que se compare esa acusación con su trayectoria. “Tengo un testimonio de años denunciando, luchando y legislando contra el delito y sus autores como para ser mencionado por gente con la que nunca tuve nada que ver”.

Dijo que Peiti confesó que tenía “una verdadera expectativa ante el triunfo de Perotti” y el senador agregó que también como colaborador el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad “dice que el peronismo financió históricamente con fondos del juego ilegal sus campañas electorales”.

“Pareciera surgir de esta investigación que hay una ruta del dinero que fluía a campañas políticas del peronismo que se utilizó en la elección del año 2019, creo que también eso debe ser objeto de investigación penal”, remarcó.

“Si es un vuelto político por las viejas disputas o una operación, no lo sé. Pero tal como anticipé, hoy solicito que se abra una investigación a los fines de que se investigue cuál fue la supuesta ruta del dinero para lo cual vuelvo a enfatizar que pongo mis fueros parlamentarios sobre la mesa a disposición plena de la justicia”, prometió.

Además informó sobre su presentación espontánea en la justicia penal donde se brindó la información y la iniciación de acciones judiciales contra Leonardo Peiti por mencionar una relación que nunca existió y por decir que le entregó dinero que nadie le había pedido. Para ello solicitó la asistencia profesional de los abogados Maximiliano Toricelli y Jorge Ilharrescondo en las presentaciones civiles y penales que hacen a su desempeño.

Con su declaración como arrepentido, Peiti colaboró en probar lo que ya se sabía respecto de los ex fiscales sorprendidos con dinero de coimas, además de involucrar a legisladores y al financiamiento de la campaña electoral de Omar Perotti, a quien nombra en 14 ocasiones, así como al juego en la ciudad de Rafaela, en sociedades con el ya fallecido por Covid 19 David Perona. También dijo al nombrar a Traferri que esperaba con sus supuestos aportes en dólares a la campaña del PJ lograr la concesión del llamado juego on line, lo que finalmente no se concretó. La Casa Gris habilitó esa modalidad de apuestas por decreto.

El legislador pide que se investiguen a fondo las denuncias del empresario preso, que con su declaración judicial contra tres senadores provinciales logró reducir notablemente su condena.

Sobre esos beneficios a Peiti acordados por los fiscales y validados por la justicia (que son parte de las denuncias de Traferri ante Acuerdos) Enrico fue categórico: “Creo que hay una coincidencia generalizada en cuanto a que es mucho el descuento de la pena que consiguió, frente a la cantidad de delitos que se le probaron y que confesó”.

“No voy a pedir el amparo de ningún tipo de fueros. Tengo decidido ir a la justicia por las acusaciones en mi contra, que sé que son una mentira maliciosa”, repitió el legislador.

La Legislatura de Córdoba tratará en los próximos días un proyecto de legisladores de Juntos por el Cambio para habilitar el juego on line y autorizar sitios de apuestas virtuales. El proyecto de la oposición tiene el apoyo del oficialismo para 0 habilitar el debate.

Actualmente, Lotería de Córdoba, como ente de control del juego en la provincia, no cuenta con una normativa que le permita actuar como ente de aplicación y de seguimiento del funcionamiento de estos sitios digitales. La ley vigente (Nº 8837) alcanza las apuestas ya tradicionales en agencias o en casinos. El resto, a esos efectos, son juegos clandestinos que de hecho motivaron diferentes denuncias judiciales por parte de Lotería.

En cuanto al proyecto, la presentación desde el bloque Juntos por el Cambio para regular esta actividad que tomó estado parlamentario la semana pasada, reavivó el debate respecto al tema.

Los autores del proyecto, los legisladores Silvia Paleo y Orlando Arduh, se apoyaron en un texto legal similar ya aprobado en la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal.

La regulación del juego on line no cuenta con un apoyo unánime, ni siquiera del propio bloque de Juntos por el Cambio. También en el oficialismo hay voces a favor y en contra, aunque la idea es habilitar el debate en comisión.

Luis Rodrigo El Litoral “La Corte no se va a apartar del marco constitucional, no tengo dudas de ello. Y estoy convencido que va a ratificar que es constitucional el artículo 51 de la Constitución de Santa Fe”, sostuvo el senador Joaquín Gramajo respecto del “fallo ejemplar” que vaticinó apoyado en su lectura del derecho y la trayectoria de los pronunciamientos del máximo tribunal de Santa Fe. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales redobló la apuesta respecto de su predicción y pidió que su anticipo “conste en la versión taquigráfica”, algo que más allá de su declamada solicitud de todas formas iba a suceder. Así lo hizo constar también en las libretas de apuntes de los cronistas parlamentarios que pronto advirtieron que no estaban frente a un discurso de rutina Debe decirse que Gramajo no ha hablado con el diario del lunes para adelantarse a lo que cree que va a ocurrir, sino con la lectura de años y años de estas ediciones. Y que es su forma de entender el derecho la que lo lleva a asegurar que no puede ocurrir otra cosa que ese resultado. En la Corte, el tema recién está en manos del procurador Jorge Barraguirre, que tiene diez días para emitir su dictamen, que luego los seis ministros de la Corte podrán tomar o no.

La mano y el codo El representante por 9 de Julio ha criticado con dureza el fallo del juez José Luis Mascali que, en segunda instancia en el fuero Penal de Rosario, declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo de la Constitución de Santa Fe y así derogó los llamados fueros absolutos, por los que la justicia no puede imputar ni indagar a un legislador sin la autorización de la Cámara que integra, votada por una mayoría calificada de los dos tercios de los presentes. Sostuvo que si cada juez puede interpretar a su gusto la Constitución, “¿quién sabe cuántas constituciones tendríamos en la provincia? Sería un caos”, aseguró. Y recordó que el propio texto constitucional fija el mecanismo para su reforma, mediante una ley con una mayoría especial difícil de alcanzar que fije sus plazos y alcances, y con la elección de diputados constituyentes mediante el sufragio popular. “No por fallos judiciales”. Gramajo dijo que al aceptar el mismo jueves en el que sesionó Mascali que su polémico fallo sea revisado por la Corte “no se va a poder seguir adelante con ese proceso inquisitivo que tenían los fiscales en relación a la causa del senador Traferri. Y no me quiero constituir en el abogado defensor de un par y de un amigo. Simplemente hablo basado en la ley y la Constitución, tal cual lo definimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales. En ese dictamen al que el fiscal (Matías) Edery calificó de ‘papelucho’ en los medios se condensaba nada más y nada menos que la letra y el espíritu del artículo 51 de la Constitución: aquello que habíamos votado por dos tercios y con dos abstenciones que rechazó el desafuero”. Luego explicó que los fueros “no son un derecho personalísimo de cada senador, sino una garantía constitucional que se le otorga al Poder Legislativo. Por eso es que cada Cámara debe resolver sobre el tema y no el legislador cuyo desafuero ha sido solicitado”. “Yo se los aseguro: la Corte va a ratificar el fallo de primera instancia de la Dra. Verón (que les ordenó a los fiscales archivar las actuaciones contra Traferri por haberse ya expedido el Senado sobre sus fueros), porque la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe es el máximo altar que tenemos para defender las cuestiones de derecho público provincial. Y va a demostrar a todos, a los que estuvimos imbuidos de considerar que había que defender los principios constitucionales y a los que de alguna manera miraron para un costado, que va a declarar constitucional el artículo 51 de la Constitución de Santa Fe y al mismo tiempo su correlato en el Código Procesal Penal en sus artículos 27 y 29″, contra los que habían ido los fiscales Edery y Schippa Pietra para no archivar el caso. “No hemos estado en defensa de un senador sino de la Constitución, somos legisladores que hemos jurado esta Constitución y la vamos a defender le guste o no le guste a los señores fiscales y al señor juez que tuvo que hoy borrar con el codo lo que había escrito con la mano, porque tuvo que conceder este recurso (ante la Corte)”, aseguró.